Las "puertas giratorias" de Agustín Conde

El ex-Secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, ha fichado como director general de la compañía Escribano Mechanical and Engineering, especializada en defensa y seguridad. En febrero, Conde, recibió la autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses por "No haber adoptado ninguna decisión en relación a dicha compañía durante su función pública", aunque los datos parecen ser diferentes.

La empresa de capital repartido entre España y Omán presta servicio al Ministerio de Defensa y en abril del pasado año, Cospedal visitó sus instalaciones. Al parecer, según publica El País, en noviembre de 201, cuando Conde aún ostentaba el cargo de Secretario de Estado, el entonces Consejo de Ministros aprobó una modificación del programa del nuevo blindado 8X8 del ejército para que se probara la estación de armas de Escribano. Ese cambio elevó el presupuesto en 2.6 millones y lo prorrogó desde 2017 a 2018, todo ello ocurrió cuando Agustín Conde era responsable legalmente de la dirección, impulso y gestión de las políticas de armamento y material, investigación, desarrollo e innovación del Ministerio de Defensa. 

Esta modificación del convenio,  sobre los programas tecnológicos del 8X8, obligó a firmar un nuevo contrato, pero en este caso se suscribió con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Santa Bárbara, Indra y Sapa que debía probar la estación de armas. 

Esta modificación se realizó por el sub-director general de adquisiciones de la Dirección de Armamento y Material, que es el órgano de contratación de la Secretaría de Estado que en aquel momento dirigía Agustín Conde. El convenio finalmente no lo realizó Defensa sino Industria, aunque siguiendo las instrucciones dadas desde el Ministerio de Defensa. 

La ley fija un periodo de incompatibilidad de dos años después del cese, periodo en los que los altos cargos “no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”, por esta razón Conde ha tenido que pedir permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ha considerado que su caso no vulnera el régimen de incompatibilidades.  Al parecer la oficina se ha limitado a aplicar, textualmente, lo previsto en la ley de 2015, que solo ve conflicto de intereses si el alto cargo ha intervenido en la firma de informes preceptivos, resoluciones administrativas o actos equivalentes; o en órganos colegiados en los que se hubiera adoptado una decisión que afecte a la empresa que le contrate.

Las únicas manifestaciones hechas por Agustín Conde, hasta el momento, son para definirse como  "ciudadano privado que tiene derecho al trabajo".  

DCLM