Las CCAA asumirán más de la mitad del coste de la subida salarial a funcionarios

El Gobierno calcula que la subida salarial de este año a los empleados públicos costará aproximadamente 3.625 millones de euros, de los que casi 2.100 millones serán asumidos por las comunidades autónomas, en las que trabaja más de la mitad del total de funcionarios de España.

Estos 3.625 millones de euros son el coste que tendrá la subida en todo el sector público e incluyen tanto el aumento fijo del sueldo, que asciende al 2,25%, como el 0,25% procedente de fondos adicionales y el variable, que será como máximo del 0,25%, aunque su importe exacto dependerá del cumplimiento del objetivo de déficit.

Así lo explica el Gobierno de Pedro Sánchez en la memoria económica del Real Decreto-ley que aprobó el pasado 21 de diciembre para aprobar la subida salarial de los funcionarios y a la que ha tenido acceso Europa Press. Este incremento salarial es fruto del acuerdo con los sindicatos que alcanzó el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El 57,8% del gasto (2.098 millones de euros) que implicará esta subida salarial será asumido por las comunidades autónomas, que concentran a más de la mitad de los funcionarios. Según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a cierre de junio de 2018 trabajaban en los gobiernos autonómicos más de 1,34 millones de empleados públicos, el 51,9% del total de España.

A las corporaciones locales, por su parte, esta subida salarial les costará unos 630 millones de euros, por encima de los 606 millones que el Gobierno calcula que gastará la Administración Central en pagar a sus funcionarios este aumento de sus retribuciones.

Al finalizar la primera mitad de 2018 trabajaba en la Administración General del Estado (AGE) un total de 512.577 funcionarios (el 19,8% del total), menos de los 572.867 que trabajaban en las corporaciones locales.

El coste de la subida salarial será de 70 millones de euros en lo concerniente a los funcionarios de la Seguridad Social y de 219 millones de euros en el caso de las empresas públicas, de acuerdo con los datos recogidos en la memoria económica.