La Agencia Europa Press, Diario de Mallorca y los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou presentan una querella contra el juez de Instrucción número 6 de Palma

Más de 200 personas se han concentrado a las 20.00 horas de este jueves en la Plaza de Cort de Palma por la libertad de prensa y de información y en apoyo a los periodistas de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca, a quienes la Policía Nacional ha requisado móviles y ordenadores y que, además, han asistido al encuentro.

La Asociación de Periodistas y el Sindicato de Periodistas de Baleares, que han sido quienes han convocado la concentración, han manifestado su "rechazo a la intervención policial ordenada por un juez de instrucción con el aval de la Fiscalía Anticorrupción" en el marco de la investigación por la trama Cursach.

En concreto, la secretaria general del Sindicato de Periodistas, María Amengual, ha leído un manifiesto en el que ha asegurado que "esta acción contra profesionales de Diario de Mallorca y Europa Press es un ataque directo al ejercicio libre del periodismo, garantía del derecho a la información de la ciudadanía".

"Si la Constitución española y las leyes y la jurisprudencia en todas las democracias avanzadas del mundo amparan el derecho al secreto profesional de los periodistas no es para concederles impunidad a los informadores, que responden de sus actos como cualquier profesional, sino para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder, político y económico, y para preservar el papel de los medios de comunicación como garantes del derecho básico a la información", ha señalado.

Por ello, han exigido a la fiscalía, a los jueces y a las fuerzas de seguridad que "respeten y hagan respetar el derecho fundamental a la libertad de información y a los políticos que cumplan el precepto constitucional de desarrollar una ley que proteja el secreto profesional de abusos intolerables como el que han sufrido nuestros compañeros".

Por su parte, el vocal del Sindicato de Periodistas, Tomás Andújar, ha apuntado que el objetivo de la concentración es "protestar por lo que se considera un atropello inédito al derecho al secreto profesional de dos compañeros ordenado por un juez a instancias de la Fiscalía".

"Consideramos que esto atenta completamente contra un derecho constitucional que además es una garantía para el derecho a la información que tienen los ciudadanos, es una herramienta imprescindible para que los periodistas hagamos nuestro trabajo con libertad", ha añadido.

UNA QUERELLA

La Agencia Europa Press, Diario de Mallorca y los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou han presentado este jueves una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra el juez de Instrucción número 6 de Palma, Miguel Jesús Florit Mullet.

La querella considera que el auto del juez Florit constituye "un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia" y que se ha producido una conculcación del secreto profesional del periodista "disparatada e insólita".

La acción penal se presenta por los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas y se pide que la investigación se amplíe a "las demás personas que resulten ser partícipes de los hechos", que han merecido la condena mayoritaria de la profesión periodística en nuestro país.

DISPARATADA E INSÓLITA

Respecto al delito de prevaricación, la querella defiende que el auto de entrada y registro e incautación de material periodístico constituye "una arbitraria conculcación del derecho al secreto profesional del periodista, disparatada e insólita, que resulta increíble que haya podido ser dictada por un integrante de un Poder Judicial, como el español, que ha de actuar en todo momento comprometido con el cumplimiento de la Constitución y de la Ley y, muy especialmente, con pleno respeto por las garantías esenciales que permiten reconocer un sistema legal como plenamente democrático, entre los cuales la libertad de prensa se encuentra en primera línea".

Los abogados recuerdan, 40 años después de la entrada en vigor de la Constitución, que el derecho al secreto profesional del periodista, que cubre las fuentes de conocimiento de los hechos sobre los que se proyecta su trabajo, se encuentra reconocido por el artículo 10.1 d) de nuestra Carta Magna, "el cual constituye un pilar esencial del derecho fundamental a la información veraz en un Estado democrático, derecho fundamental que es no solo del periodista y de los medios de difusión , "sino que se establece en interés de la ciudadanía".

Este derecho se consagra además en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y viene definido, "en su standard mínimo e inexcusable de protección por el Estado, por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la materia".

Se recuerda además que aunque el TEDH acepta la posible limitación del secreto profesional en casos excepcionales en los que el interés público lo exigiera, en su jurisprudencia ha rechazado que pudiera existir una injerencia estatal en el derecho para descubrir o desenmascarar empleados desleales.

La querella señala que un breve y somero repaso de la jurisprudencia europea sobre el derecho al secreto profesional del periodista para subrayar que ello "resulta más que suficiente para situar el auto dictado por el magistrado querellado como un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia"

AUTO "GROSERAMENTE ANTIJURÍDICO"

Además se destaca que el auto del juez Florit "es groseramente antijurídico y carece de justificación alguna", porque además se dicta en un proceso penal destinado a investigar la autoría de filtraciones de material reservado relativo a otra causa penal, el cual, por fuerza se dirige contra autoridades o funcionarios públicos y no contra los periodistas, que no son investigados, como expresamente se les advirtió a los agentes.

Así, consideran los querellantes que el juez "ha tratado de burlar el secreto profesional 'jibarizando' artificiosamente su contenido mediante su reducción a un mero derecho a rehusar el testimonio, absolutamente inútil para alcanzar el fin de protección de la norma constitucional" si los dispositivos en los que los periodistas introducen su material de trabajo pueden ser registrados o incautados.

En cuanto a la inviolabilidad del domicilio se considera conculcada "dada la grosera antijuricidad de la entrada y registro domiciliario" acordada en el auto dictado por el magistrado, que es lesiva del derecho fundamental al secreto del periodista.

Además, la concurrencia del delito es clara, "por cuanto se ha impedido a los periodistas requeridos y a los medios de comunicación afectados ejercer el derecho al secreto profesional mediante una auto de entrada y registro e incautación arbitrario, que viola el derecho fundamental concernido en su núcleo esencial".

HECHOS DENUNCIADOS

El relato de hechos denunciados parte de un auto dictado el pasado 11 de diciembre en el marco de la averiguación de un delito de revelación de secretos en el que el juez Florit acuerda la entrada y registro en las redacciones de Europa Press en Baleares y el Diario de Mallorca, así como el "volcado y estudio" del contenido de los teléfonos móviles de los dos periodistas. Al encontrarse el asunto bajo secreto sumarial, a los periodistas únicamente se les entregó un mandamiento con la parte dispositiva de dicho auto, que no incluye la motivación de tan "gravosa" medida.

Las diligencias secretas, dirigidas a averiguar la revelación de secretos del caso Cursach, se abrieron a raíz de la publicación de una noticia que llevaba por título "La Policía acusa al Grupo Cursach de defraudar 51 millones a Hacienda y otros 14 a la Seguridad Social", difundida por Europa Press y Diario de Mallorca el 5 de julio de este año.