¿Hay motivos para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución?

Estimado/a lector/a:

Más que responder directamente a esa pregunta lo que quiero es hacer presente mi reflexión en la suya, si acaso el asunto pudiera interesarle.
Por eso le ruego que fije su atención en el dato que traigo al frontispicio de este artículo. Quizá le sorprenda: la Constitución española, tan exaltada en su actual 40 aniversario,no fue celebrada en sus primeros años. Dato incontrovertible. A no pocos sedicentes defensores de la Constitución no les hará gracia. ¡Maldita hemeroteca!
Ni siquiera se cambió de criterio oficial en 1981. Aquel fue el año del 23F, en el que –tras el fracaso del golpe militar asociado a esa fecha– se produjo una manifestación de un millón de personas en Madrid a favor de la Constitución. Ni aun así se enmendó.
Es más: el Ejecutivo declaró fiesta nacional el 12 de octubre. ¿Festivo el 6 de diciembre? ¿Por qué, para qué, debieron pensar los gobernantes ucederos? ¡Y qué decir de lo que estaba a su derecha! El mismo Fraga –que no convenció para el sí a su propio grupo parlamentario– daba el suyo a la par que exigía una inmediata reforma institucional. Le parecía que iba mucho más allá de donde prometía la ley para la reforma política de 1976.
Parece claro que para la derecha la aprobación de la Constitución y su refrendo ciudadano el 6 de diciembre de 1978 no tenía que entrar en los días de fastos sino en los ne-fastos. ¿Por qué fue así (al menos hasta que dejó de serlo)?
Quien no sea capaz de explicarlo sabe poco del porqué y del origen de nuestra democracia constitucionalizada. O tiene poco interés en que se sepa.
En ese dato, en su comprensión y explicación, se revelan más verdades sobre el origen y circunstancias de nuestra actual democracia que en las toneladas de propaganda vacía sobre el espíritu de la Constitución y la generosidad de los políticos de entonces.
Aquel es el hecho incontrovertible sobre el que convendría proyectar la memoria si se trata de celebrar actos conmemorativos.
Pero los continuadores de aquella derecha semi ucedera y popular no lo harán. ¿Cómo va a recordar Casado, por ejemplo, que el fantasmón de su mentor Aznar era un encendido partidario de la abstención ante el referéndum constitucional?
Se me podrá objetar el siguiente dato: en su reunión conjunta del 20 de septiembre de 2017, las Mesas del Congreso y del Senado, gobernadas por la derecha, acordaron un programa de actos conmemorativos para celebrar el cuarenta aniversario. Podrán argüir, pues, que nunca, en los pasados 39 años, se celebraron tantos actos conmemorativos como se celebran en el presente.
Pero preguntémonos: ¿qué guió este impulso oficial? ¿Un llamamiento a la renovación y relegitimación institucional? ¿Aprovechar la ocasión para mostrar la capacidad inclusiva de la Constitución? ¿Una apuesta por el debate parlamentario serio entre posiciones tan confrontadas como las que hoy se enseñorean del espacio público? ¿Una puerta abierta a la reforma constitucional?
A mi parecer esa ideación tan temprana –con más de un año de antelación, en el septiembre del año pasado– de conmemorar la Constitución por todo lo alto en 2018 respondía a otro propósito.
¿Cuál? Sencillamente al de levantar un símbolo ante el independentismo catalán. Este, en los días 6 y 7 de septiembre, con la tortuosa aprobación de las leyes del referéndum y de la transitoriedad, había dado su golpe parlamentario contra la Constitución y se disponía a llevar a su final la guerra de leyes, instituciones y autoridades declarada en la Resolución 1-XI de 9 de noviembre de 2015. Si iban de farol, como después contaron algunos, no sólo asustaron a muchos sino que engañaron a su propia tropa, lanzándola a soportar la torpe y rechazable agresividad de Zoido (nada de zanahorias, solo palos).
El Gobierno de Rajoy había venido mostrando, desde hacía años, su reducida capacidad de respuesta política y se acogía al amparo de las togas y a las puñetas judiciales. Magistrados del Supremo creyeron que, ante la defección del Ejecutivo, al poder judicial le tocaba salvar a España de la rebelión independentista.
Y después vino lo que vino: la evidencia, en masivas movilizaciones (contrarias en su significación emocional) de que también Cataluña (no sólo España) es una realidad política plurinacional; el desastroso 1-O; el discurso del rey (problemático sucedáneo de las omisiones del Ejecutivo); la aplicación del 155 y la derrota del procés con la celebración legítima de nuevas elecciones autonómicas; un Cs convertido en el partido con mayor apoyo electoral en Cataluña; y un molt rar president el Sr Torrademont, con un Govern independentista sin guía de ruta hacia la independencia.
Y también vino, por lo que al propósito de este artículo interesa, el despliegue general de las tan recurrentes guerras de banderas, de lazos, en suma, la guerra de símbolos. Ese tipo de luchas en las que el debate y el diálogo brillan por su ausencia; y en el que las mejores cabezas son las que topan más duramente, aunque sea con tuits.
Para hacer su aportación a esas tan poco parlamentarias luchas, las Mesas del Congreso y del Senado tuvieron la idea de que había que conmemorar más que nunca el 40 aniversario de la Constitución. De ese modo podría desplegarse, durante todo un año, y frente al independentismo (tan hábil en componer imágenes) la Constitución como un símbolo.
La ocurrencia no es torpe. Puede calificarse hasta de oportuna.
Esto escribió el eminente García Pelayo en su Ensayo de una teoría de los símbolos políticos: "El acierto en el hallazgo de un símbolo es en determinadas circunstancias históricas un poderoso factor para promover adhesiones y generar entusiasmos por la causa que representa".
En verdad la democracia española actual desde su origen no podía contar con otro símbolo que no fuera la Constitución.
Pero el hecho cierto es que hasta el presente ha cumplido limitadamente ese papel simbólico.
En su origen fue un símbolo oscurecido y después pasó a ser un símbolo mudo.
Fue oscurecido por la versión rosa de la Transición, en la que el rey Juan Carlos I era ensalzado como el motor de la democracia.
Fue devaluado por la versión negra de la Transición, cuando se abrió, necesariamente, su revisión histórica.
Enmudeció desde hace tiempo cuando su mejor servicio a la ciudadanía y a las instituciones no dependía ya del mero durar sino de modificarse.
Y así sigue. Sin que las fuerzas políticas del presente le den de nuevo la circunstancia histórica de brillar como símbolo efectivo de democracia y de libertad. Como expresión de la soberanía del pueblo español, por encima del poder legislativo. Solo los hoy mayores de 58 años tuvieron la oportunidad de votarla. La nuestra es "la Constitución de un tiempo inmemorial". 
Vuelvo a citar a quien fuera el primer presidente del Tribunal Constitucional: "Pero el éxito del símbolo dependerá, sobre todo, de la lealtad con que sirvan a sus significaciones aquellos que lo han promovido y de las significaciones valiosas que vaya acumulando a lo largo del tiempo". 
Si ahora se pretende avivar la fuerza simbólica de la Constitución, bien se haría en atender a esa advertencia. Bien haría la derecha en reflexionar sobre su relación histórica con la Constitución. No lo hará. Ahí tienen a Casado acusando al presidente de Gobierno de complicidad con los enemigos de España en un golpe de Estado.
La Constitución fundó su legitimidad de origen en posibilitar la convivencia, en un régimen de libertades públicas, entre quienes gobernaron durante la dictadura franquista y quienes lucharon contra ella. Aquella línea de confrontación superada por la Constitución es ya lejana, aunque, en cierto modo, puede verse como antecedente de la actual. La nueva, la que ha ido alzando el PP, después de Fraga, es la que dinamita la convivencia democrática cuando no gobierna.
Por eso la iniciativa de las Mesas del Congreso y del Senado difícilmente ganará credibilidad más allá de los creyentes en que la única forma de defensa de la Constitución es a maza y martillo. Es decir más allá de quienes poco hicieron para que la Constitución sea "un símbolo de la democracia y de la libertad" (en la expresión del rey Felipe VI en el acto de entrega de los premios Princesa de Asturias).
No es extraño que al crear un Consejo Asesor (para la programación de los actos conmemorativos) el PP no quisiera dar mucha relevancia a Cs y se opusiera a integrar a las personas que proponía Podemos. Como si el monedero de estos estuviera vacío y el pedigrí democrático rebosara la bolsa pepeísta. ¡Valiente forma de incluir a las nuevas fuerzas políticas en la conmemoración de una Constitución cuya significación positiva se ha mostrado en su fuerza inclusiva!
No es extraño el oportunista apartamiento, en los actos conmemorativos, del rey que abdicó. Tan oportunista como los vivas de Casado al rey actual. Quizá lo que están buscando estos estrategas de la tensión es levantar como si fuera real una línea de confrontación entre ellos, los defensores de la monarquía constitucional y los otros: el frente popular rojo y secesionista que llevó, con la moción de censura, a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno de España, ocupada así ilegítimamente. ¿Valdrá de algo el dato de que Rajoy pudo evitar su triunfo? No; mejor dicho, sí: serviría para acusar, si se tercia, a Rajoy de colaborador con los enemigos de España, por blandengue.
En fin, todo un concierto de autopropaganda para defender su posición de que no hay que abrir un procedimiento de reforma constitucional; mientras practican un estilo de oposición desleal con las instituciones y, cuanto menos, contrario al "espíritu deconcordia y generosidad" de ese tiempo político pasado que dicen conmemorar.
Termino con otro dato; también incontrovertible y paradójico. Nunca como en el presente hay, por un lado, tanta confluencia desde el punto de vista de los juristas en la necesidad de reformar la Constitución para darle más fuerza normativa, es decir más vitalidad; y por otro, más pesimismo ante su posibilidad política por el hecho de la obstinada negativa del PP.
Ante lo cual bien parece que el Gobierno y el PSOE promuevan la celebración de actos sobre el cuarenta aniversario. Y mejor parecería que cuantos más tuvieran este objetivo: difundir la idea de la necesaria reforma constitucional, dando libre juego a la opinión y a la participación de la ciudadanía. Lo que no se hizo cuando se modificó el artículo 135. Y cuya gran mayoría no votó en el referéndum constitucional.

¿Por qué los actos conmemorativos deberían tener ese objetivo fundamental? Porque hoy, en 2018, la mejor si no la única forma de defender y respetar la significación democrática de la Constitución es reivindicar su reforma. Cada cual con su propia opinión política.

José Sanroma Aldea formó parte del equipo de expertos designados por el PSOE para elaborar la propuesta de reforma de la Constitución