Compromiso con el transporte rural de viajeros en la provincia de Albacete

La Diputación de Albacete, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Subdelegación del Gobierno de Albacete han valorado muy positivamente el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Fomento para el mantenimiento del Servicio Público Regular de Transporte de Viajeros por Carretera en el territorio provincial.

Los máximos representantes de las tres instituciones en Albacete han aunado fuerzas para trabajar, de manera conjunta, en facilitar la consecución de este acuerdo que se ha logrado en apenas 48 horas, y del que se ha dado cumplida información a los alcaldes y alcaldesas de las localidades afectadas en una reunión que se ha celebrado en la sede de la máxima institución provincial.

En este encuentro han participado el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el delegado provincial de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos; el director provincial de Fomento, César López Ballesteros, y el subdelegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, ha informado la Diputación en un comunicado.

Para todos ellos, era imprescindible hallar una solución rápida que permitiera el mantenimiento de forma temporal de las líneas VAC- 212 y VAC 114 (que discurren entre Puertollano-Albacete-Valencia y Cuenca-Ciudad Real-Albacete, respectivamente), cuya eliminación habría afectado a los vecinos y vecinas de 31 núcleos de población de 17 municipios albacetenses.

Los representantes de las tres administraciones han subrayado la importancia de esta "rapidez en la búsqueda de una solución temporal", hasta que se produzca la licitación definitiva. Una agilidad fruto de la colaboración institucional y de una interlocución mucho más fluida con la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento.

"El cambio en la predisposición a conversar por parte de los diferentes interlocutores implicados ha venido a romper con las relaciones, mucho más tensas, que se habían venido presentando desde 2012, entre el Ministerio y la empresa, cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia que anuló la adjudicación del contrato, siendo ratificada por el Tribunal Supremo en enero de 2013", han indicado.

El presidente de la Diputación de Albacete ha manifestado a los alcaldes presentes en este encuentro informativo celebrado en la institución provincial que "el transporte público es un derecho ciudadano que es fundamental ofrecer, sobre todo, en las zonas rurales, porque supone un pilar básico en materia de igualdad de oportunidades".

Además, les ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" porque "el servicio se va a seguir prestando" y porque "la vocación de alcanzar la solución definitiva es absoluta". El presidente de la Diputación ha reiterado que "garantizar este servicio público es vital en la lucha contra la despoblación y una herramienta eficaz para favorecer el desarrollo económico de nuestras zonas rurales a través del acercamiento de servicios y (algo no menos importante) del mantenimiento del empleo que está vinculado al transporte de viajeros".

GARANTÍA EN LA PRESTACIÓN

El delegado de la Junta en Albacete ha subrayado "la voluntad política de que, cuando se produzca la nueva licitación para estos servicios intercomunitarios en los próximos meses, el Gobierno regional asumirá el tráfico autonómico", después de realizar un estudio técnico previo y un mapa de necesidades adaptado a los diferentes pueblos de la provincia de Albacete, "tras una época de siete años con recortes en paradas y frecuencias".

Ruiz Santos ha trasladado "la garantía de que este transporte rural seguirá prestándose sin destrucción de empleo, y la seguridad de que los ciudadanos podrán seguir cogiendo el autobús para desplazarse y acceder a otros servicios públicos esenciales como hospitales, residencias de mayores, centros educativos y otras infraestructuras sociales".

De su lado, el subdelegado del Gobierno ha destacado la rapidez y voluntad de cooperación institucional entre todas las administraciones implicadas: Gobierno central, Junta de Comunidades y Diputación Provincial, para ofrecer una solución a todos los municipios afectados y que en su opinión, tiene que ser estable y duradera en el tiempo para garantizar y consolidar el derecho de los ciudadanos al transporte público en la provincia de Albacete.

En este sentido, Tierraseca ha afirmado que existe una firme voluntad por parte de todos para solucionar de forma definitiva un conflicto que se viene arrastrando desde el 2012 con un paulatino deterioro del servicio que no preserva la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y que afecta especialmente a los municipios más necesitados de la ayuda de las administraciones públicas.