Castilla-La Mancha gana la batalla "Antifraking"

Hemos visto en los titulares la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la Ley 1/2017 de 9 de marzo, de las Cortes de Castilla-La Mancha, que establece las medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica. 

Contemplado desde el prisma político tiene la apariencia de ser el triunfo del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, frente a las pretensiones del Gobierno popular del Estado en relación a la técnica conocida como fracking y concretamente a la ley aprobada en las Cortes regionales, llamada Ley Antifraking. Sin embargo si profundizamos en la argumentación de la misma podremos comprobar cuáles eran las pretensiones de cada una de las partes.  

El abogado del Estado interpuso, en representación del presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, recurso contra el artículo 3, las disposiciones transitorias 1 y 2, así como la disposición final de la mencionada ley porque, a su juicio, el establecimiento de zonas de restricción y exclusión, para la realización de esta actividad, implica la prohibición de la utilización de la fractura hidráulica en dichas zonas. Esto provocaría que la competencia de ejecución de la autorización de estos proyectos atribuida al Estado se ejerza en realidad por la comunidad autónoma, al establecer la admisibilidad o no del fracking en cada uno de los emplazamientos de su territorio. Como conclusión del Abogado del Estado, la disposición transitoria primera "prohíbe a la Administración General del Estado, el otorgamiento de autorizaciones, permisos y concesiones que son de su competencia".

Por su parte, el letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha argumentó que "la Ley se limita, sin alterar el ordenamiento jurídico básico y de forma razonable y proporcionada, al fin propuesto, para establecer medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente". 

Todo ello ha dado lugar al fallo del Tribunal Constitucional, declarando que la ley no vulnera la Constitución, en los preceptos recurridos y desestima en todo lo demás el resto del recurso del Abogado del Estado. 

Es evidente, que esta sentencia no es únicamente el triunfo del Gobierno regional frente al anterior Gobierno de la Nación sino también el triunfo de los castellano-manchegos, frente a quienes pretenden colocar toda la basura del país en esta tierra, aunque de momento, esto solo es una batalla porque aún nos quedan la del agua y la de la basura nuclear. 

Dclm.es