Los nuevos riesgos de la Administración digital

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas impulsará la difusión de la nueva normativa de protección de datos entre los diferentes órganos gestores de la Administración regional, incidiendo en las medidas técnicas y organizativas a llevar a cabo para garantizar la protección de datos en el tratamiento de datos personales.
 
Así lo ha resaltado la viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa, Pilar Cuevas, en la inauguración de la jornada ‘Novedades en Materia de Protección de Datos’, que ha organizado la Escuela de Administración Regional (EAR) y la Agencia Española de Protección de Datos.
 
Esta jornada, que ha contado con la asistencia de 90 empleados públicos, ha versado sobre el nuevo marco normativo de protección de datos, el impacto del Reglamento General de Protección de Datos en las administraciones públicas y la figura del delegado de protección de datos.
 
Una jornada “necesaria y oportuna”, en opinión de Cuevas, que ha agradecido a todos los empleados públicos asistentes el interés y la profesionalidad que demuestran al formarse en los cambios que implica el Reglamento General de Protección de Datos.
 
Cuevas ha destacado que, en el marco de la labor de impulso a la nueva normativa desde el Gobierno regional, se trabajará para identificar, junto con los análisis de riesgos, las medidas de seguridad y protección de datos aplicables a cada tratamiento de datos.
 
En este sentido, Cuevas ha puesto en valor que en la Administración regional el número de tratamientos de datos personales en los que se utilizan las tecnologías cada vez es mayor, gracias al empuje que desde todos los órganos del Ejecutivo se está dando a la implantación de la administración electrónica.
 
Así, la viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa ha recordado que el 54 por ciento de los 1.575 procedimientos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se pueden tramitar de manera íntegramente electrónica, un porcentaje que aumenta hasta más del 97 por ciento si se tienen en cuenta aquellos que se pueden iniciar de forma telemática.
 
La informatización de la Administración regional supone beneficios tangibles para los ciudadanos, que ya no necesitan realizar sus gestiones de manera presencial y tienen cada vez más servicios accesibles desde sus hogares o empresas y también supone una posibilidad de mejora en la prestación de los servicios públicos, como, por ejemplo, la reducción del tiempo de tramitación, ha explicado Cuevas.
 
A esos beneficios se encuentran asociados nuevos riesgos para la protección de datos de las personas, entre los que Cuevas ha mencionado la solicitud de datos excesivos en un procedimiento administrativo, la cesión de datos a terceros sin consentimiento del afectado o la utilización de datos personales para una finalidad distinta a la que se recogieron.
 
El importante reto que ante este nuevo escenario se le presenta a las administraciones públicas es avanzar en la administración electrónica, garantizando a la misma vez los derechos de la ciudadanía, ha resalado la viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa.