Si no hay acuerdo, un juez fijará la responsabilidad del Estado en autopistas quebradas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha avanzado que aunque la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por la reversión de las autopistas en quiebra lo fijará el Gobierno, en caso de conflicto y de falta de acuerdo con los titulares de las concesiones, el coste definitivo será determinado por un juez.

"El valor de la RPA no se sabe aún, será fijado por la Adminsitración. Cada adjudicatario de aquellos contratos planteará su valor, el que considere que sea el adecuado y el conflicto seguramente lo tenga que resolver un tercero y en ese momento se sabrá con seguridad el valor definitivo", ha explicado el ministro.

No obstante, De la Serna ha insistido en que la RPA que va a aplicar el Gobierno, que es el que se corresponde con la Administración General del Estado, es "sensiblemente menor del que en este momento se está proclamando y que seguramente pedirán los propios concesionarios". El sector ha cifrado el coste en 3.500 millones de euros.

El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes, en la última reunión antes de las vacaciones de verano, un convenio que permitirá a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, asumir la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra y preparar su relicitación para que vuelvan a manos privadas a finales de 2018.

Íñigo de la Serna ha explicado que esta medida no supone en ningún caso un 'rescate' de las autopistas. "El rescate de las autopistas no existe, sino que se trata de un proceso de reversión de las autopistas con dificultades que se va a producir hagamos o no hagamos nada, porque hay un proceso judicial que establece que estas autopistas se liquidan y eso revierte al Estado, que tiene que hacerse con esa infraestructura, y por eso estamos dando los pasos para recibir las infraestructuras y volverlas a poner al mercado con un proceso de relicitación para que haya unos ingresos y la responsabilidad patrimonial del Estado sea la menor", ha reiterado.

Para ello, el Gobierno tiene que encomendar a Seittsa la gestión de todo el proceso, que incluirá la recepción de las infraestructuras y la preparación de los documentos administrativos para su relicitación, los pliegos para la licitación, etc.

Preguntado sobre cuándo se producirá la relicitación, De la Serna ha respondido que no hay una fecha fija, porque son procedimientos judiciales distintos y oscilan de unas concesiones a otras, "pero el horizonte es 2018 tanto para la reversión como para los primeros pasos para la licitación".

El convenio que aprobará este viernes el Gobierno permitirá que Seittsa realice los estudios de tráfico y de demanda de las autopistas en quiebra, así como de viabilidad, que se someterán a información pública; después elaborará los pliegos y la auditoría de situación de cada una de las autopistas para preparar a partir de ahí las condiciones de la relicitación, de forma que a finales de 2018 puedan volver a ponerse en el mercado.

En la actualidad, un total de nueve autopistas se encuentran en concurso de acreedores. Estas son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.