Las CCAA gestionan 10.000 viviendas de protección pública vacías y disponibles

Las comunidades autónomas gestionan, al menos, 10.000 viviendas de protección públicas desocupadas que estarían disponibles, según ha avanzado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presentará en breve ante el Parlamento un informe de viviendas públicas vacías.

Becerril ha indicado, durante su intervención este martes ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados, que en este estudio se han analizado las causas del desajuste entre la necesidad de vivienda y el número de viviendas protegidas sin uso.

Para ello, se han pedido datos e informaciones a las consejerías y organismos de Vivienda de todas las Comunidades y de Ceuta y Melilla, lo que ha determinado que las regiones gestionan "más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública, de las que aproximadamente 13.500 están vacías, y de éstas 9.752 pueden considerarse disponibles".

Además, se ha obtenido esta mismas información de diez ayuntamientos de capitales con una población superior a 350.000 habitantes. En este caso, los núcleos de población gestionan 24.055 viviendas protegidas, de las cuales estarían vacías y disponibles por lo menos 427.

Becerril ha indicado que la Institución cree que "ineficiente y poco aceptable" que haya viviendas públicas vacías cuando hay decenas de miles de personas que padecen la falta de una vivienda adecuada. Además, ha denunciado que hay muchas autonomías que "no tienen los datos puestos al día o que no disponen de ellos".

MÁS DE 330.000 DEMANDANTES

A su juicio, "el número de viviendas vacías es alto" y "con las medidas apropiadas podrían estar a disposición, en régimen de alquiler, para familias que hoy en día necesitan una vivienda". Concretamente, en la Institución estima que actualmente existen 332.529 demandantes de una vivienda en el país.

Entre las recomendaciones que Becerril ha comentado durante su intervención para estos casos, está "crear o mejorar los registros de vivienda protegida, con datos que proporcionen las comunidades autónomas y los municipios utilizando parámetros similares que hagan posible evaluaciones de ámbito nacional".

Además, propone aumentar la colaboración y coordinación entre las administraciones implicadas; implantar una inspección más eficiente; perfeccionar los procedimientos de adjudicación de viviendas; y favorecer el alquiler de las viviendas públicas frente a la venta.