Urge reactivar la Comisión de Discapacidad de la Función Pública

Es inaudito que, tras más de treinta años, el cumplimiento de la LISMI sea algo esporádico en las Administraciones Públicas y algo casi utópico en las entidades privadas.

Desde la Asociación para la Integración de los Discapacitados propugnamos una unidad real de todos los colectivos de discapacitados así como una mayor discriminación positiva ante un sector especialmente castigado por la grave crisis económica y social.

Si la ley de Función Pública establece que el 2% de contratos para personas con discapacidad debe cumplirse y nuestra Región fue pionera en la Ley de Acceso a las personas con discapacidad, ¿por qué no se cumple? La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública, en su disposición decimonovena dice: “En las ofertas de Empleo público se reservará un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 %, de modo que, progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales de la Administración del Estado.”

Según el CERMI, no se está alcanzando ese cupo del 2% ni en la JCCM, ni en Ayuntamientos, Diputaciones ni UCLM.
Las medidas que propugnamos y reivindicamos son sencillas y ya se están aplicando en otras Comunidades Autónomas:
- Solicitamos a las diversas Administraciones que den a conocer los datos acerca del número de discapacitados que actualmente están contratados en las distintas entidades públicas y que se vuelva a activar el Consejo Asesor de la Discapacidad en función pública.

- Requerimos a los CEE y Centros Ocupacionales para que negocien con la Administración para que el 6’5% de ciertos contratos de la JCCM estén reservados a personas con discapacidad a través de los Centros Especiales de Empleo. Profesiones concretas y relacionados con limpieza, lavandería y planchado, hostelería, transporte, imprenta, servicios sociales, logística de almacenamiento y reparto, hospedaje, tareas administrativas, gestión, correo y publicidad, mantenimiento en general o venta o distribución de productos son las actividades que podrán ser objeto del
acuerdo. Es la única vía para mantener e incrementar el empleo en estos centros de cientos de personas discapacitadas, como ya se está haciendo en Castilla León.

- Solicitamos al CERMI, COCEMFE o a FUNDOSA, para que firmen acuerdos con empresas privadas que gestionan servicios públicos, tales como la residencias de ancianos con 15.000 trabajadores, o el sector de la discapacidad con 10.000 trabajadores. Con un 10% de trabajadores en las residencias con minusvalía, se alcanzaría la nada despreciable cifra de 1.500 contrataciones. Artículo 45.¨” Colaboración y cooperación con otras entidades.

Con la finalidad de conseguir la plena integración de las personas con discapacidad en el empleo público de Castilla-La Mancha, se pueden firmar acuerdos con organizaciones, asociaciones o entidades cuya actividad consista en la promoción y defensa de las personas con discapacidad”.

Las personas con discapacidad representan un 10 por ciento de la población y se antoja incomprensible e inaudito que la Comisión de Discapacidad de Función Pública esté inactiva así como incomprensible e injustificable que, después de 30 años, todavía no se haya cumplido con la Ley. Por una verdadera, real y efectiva integración social y laboral de las personas con discapacidad, reconocida en el artículo 49 de nuestra Constitución, es turno de la Administración. El día de hoy, es el mañana de ayer. Por los derechos de los discapacitados, cumplimiento inmediato de la Ley.


Junta Directiva Aidiscam

Francisco J.Cebrian. Presidente.