De Cospedal defrauda

La comparecencia de María Dolores de Cospedal en la Audiencia Nacional, donde fue llamada a declarar por el juez Ruz en el asunto del llamado "Caso Bárcenas", ha defraudado todas las expectativas, si es que alguien esperaba que la secretaria general del Partido Popular aportara alguna luz a este escándalo mayúsculo.

La también presidenta de Castilla-La Mancha se pronunció muy ufana cuando se anunció que era citada como testigo, y se declaró "encantada" de colaborar con la justicia y poder desmentir lo que calificó de calumnias sobre ella misma y su partido.

Pero lo cierto es que estamos como estábamos antes de que la señora De Cospedal llegara en un flamante Audi a la madrileña calle Prim jaleada por los cachorros del PP y abucheada por los 'preferentistas'. Como dato relevante es de destacar la confesión en el sentido de que la fantasmagórica –por inexistente en la legislación laboral- indemnización "en diferido" fue pactada por Rajoy y Javier Arenas en la reunión que estos mantuvieron con Bárcenas y su mujer, y que Arenas dijo el martes al juez Ruz que se trató más bien de una reunión de amigos. ¡Y tan amigos que debían ser para llegar a esos acuerdos!

Y poco más. Su declaración ha seguido una línea muy parecida a la de Álvarez Cascos y Arenas, como si se hubiera ajustado al mismo guión, y esa ocasión que parecía ansiar tanto la ha empleado en reiterar que nunca cobró sobresueldos –ella se empeña en llamarlos complementos- y que el Partido Popular no se ha financiado ilegalmente. Ello a pesar de sostener ante el juez Ruz que los secretarios generales de su partido no tienen competencia en la tesorería ni en su financiación, aunque los estatutos del PP digan que secretario general "ostenta la dirección de todos los servicios del partido, entre ellas ordenar y controlar todas las actividades".

La parte mollar de la declaración, que estaba en el supuesto pago de 200.000 euros que Bárcenas dijo al juez que habría pagado el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, al PP de Castilla La Mancha por una contrata en el ayuntamiento de Toledo, ha quedado oculto entre los legajos de la causa. El juez Ruz ha entendido que eran improcedentes las cinco preguntas que han formulado los abogados por la condición de aforados de la compareciente y otros presuntos implicados.

Pero nadie impide a la señora De Cospedal comparecer ante la opinión pública y explicar dónde están esos 200.000 euros. De lo contrario, el fraude a los castellano-manchegos continuará aumentando cada día que pasa sin una explicación.