Autopistas de peaje en CLM: En quiebra, apenas recuperan tráfico y las pagaremos todos

Las nueve autopistas de peaje en quiebra elevaron su tráfico entre un 4,20% y un 18,7% en enero en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior, según los datos oficiales del Ministerio de Fomento.

Estas vías arrancan así el ejercicio con un crecimiento igual o superior al aumento medio del 4,39% que se anotó el conjunto de la red de pago, que saldó enero con un tráfico de 14.572 vehículos diarios.

De esta forma, la red de autopistas española mantiene la tendencia de incremento del número de usuarios después de que cerrara 2016 con un aumento del 5,68% y encadenando tres ejercicios al alza.

En cuando a las vías en riesgo de liquidación y que finalmente tendrá que ir quedándose el Ministerio de Fomento, la que empezó el año con un mayor crecimiento es precisamente una de las que primero tendrá que asumir, la radial R-5 Madrid-Navalcarnero. Esta vía contabilizó 6.953 vehículos diarios en enero, un 18,7% más que un año antes.

Después se situó la circunvalación de Alicante, que elevó un 14,05% su tráfico, hasta registrar 4.433 usuarios al día, la radial R4- Madrid-Ocaña, con un aumento del 12% (3.434 vehículos), y la AP-41 Madrid-Toledo, que creció un 10,1%, si bien sigue siendo la que menor volumen de tráfico tiene en términos absolutos, de unos 807 vehículos al día.

Asimismo, la autopista Cartagena-Vera elevó un 8,66% el número de usuarios, hasta los 2.698, y la M-12 Madrid-Aeropuerto un 7,14%, lo que la consolida como la que más vehículos registra, con unos 19.734 tránsitos diarios.

Por su parte, la radial R-2 Madrid-Guadalajara incrementó un 6% su volumen de tráfico, hasta 4.409 vehículos diarios, y la R-3 Madrid-Arganda, un 4,49%, hasta 9.095 usuarios. La AP-36 Ocaña-La Roda registró 1.537 tránsitos al día y es la que menos creció de entre las vías en problemas, un 4,20%.

AUTOPISTAS MÁS MADURAS

De esta forma, las autopistas quebradas, que coinciden con las de más reciente construcción y puesta en servicio, crecen por encima del resto de las más maduras.

Entre estas, los mayores aumentos de tráfico en enero se contabilizan en el tramo de la AP-7 que une Valencia y Alicante, que soportó 13.318 vehículos diarios, un 8,7% más, y la AP-61 Segovia-San Rafael, que elevó un 7,1% el número de usuarios, hasta 6.840.

En el lado opuesto, los aumentos más moderados se registraron en la veterana AP-1 Burgos-Armiñón, que registró el tránsito de 14.087 vehículos, un 0,8% más.

En términos absolutos, el tramo de la AP-7 entre Montmeló y El Papiol es el que más tráfico registró, con 103.030 vehículos al día, un 4,5% más. Después figuran el trazado de esta vía entre Barcelona-Tarragona (41.531 usuarios, un 1,5% más) y el que enlaza Montmeló y La Junquera (35.706 vehículos, un 2,5% más).

LAS AUTOPISTAS DE PAGO DE CASTILLA-LA MANCHA

Autopista AP-41 (Madrid-Toledo). Se abrió en diciembre de 2006 y fue la primera en entrar en quiebra mayo de 2012 tras arrastrar una deuda de 530 millones de euros (380 millones a los bancos y 150 a los expropiados). Entre sus propietarios están Isolux, Comsa y Sando. Ya cuando empezó a funcionar hubo polémica en Toledo capital porque nunca se construyeron los accesos prometidos para los vecinos del barrio de Azucaica que aún siguen sin comunicación posible con esta vía que está libre de pago hasta un poco antes de Mocejón.

Radial 4 (Madrid-Ocaña). En concurso de acreedores desde octubre de 2012, ya que las sociedades concesionarias no pudieron hacer frente a la deuda de 575 millones de euros. Las constructoras Cintra-Ferrovial y Sacyr y la antigua Caja Castilla-La Mancha fueron los principales inversores. 

Radial 2 (Madrid-Guadalajara). Henarsa fue declarada en concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2013 tras una deuda financiera de al menos 450 millones de euros. Está participada por Abertis, ACS, Acciona y Globalvía. Es la autopista que más tráfico perdió en 2013, un 22,5%.

Autopista AP-36 Ocaña-La Roda. La concesionaria (integrada por Ferrovial, Sacyr y Kutxa) entró el concurso voluntario de acreedores en diciembre de 2012 con una deduda de 522 millones de euros que vencía a finales de ese año. En su momento se justificó su construcción por ser la alternativa de pago para llegar al Mediterráneo. En diciembre del año pasado, el Ministerio de Fomento se vio obligado por los tribunales a quedarse con la titularidad y la gestión de esta autopista.  

La Audiencia Provincial de Madrid emitió un auto que convierte en firme la liquidación de esta vía al rechazar el recurso que el Ministerio de Fomento presentó contra la dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid hace casi dos años, en febrero de 2015. Además, le impone el pago de las costas.

Se trata de la tercera autopista que los tribunales obligan a asumir a Fomento, después de las radiales de Madrid, R-3 y la R-5. En este caso, el Ministerio acordó con el juez contar con un plazo para quedarse con las vías, un periodo que concluye en julio de este 2017.

El Gobierno de Aznar, que fue el impulsor de su construcción y conexión de las llamadas radiales, defendió las obras por las previsiones muy altas de tráfico que nunca se han cumplido. La nacionalización es una consecuencia de la cláusula de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Así, el Estado tiene que asumir una infraestructura en caso de quiebra, y abonar a las empresas concesionarias el importe de la inversión que aún no han recuperado.

Ahora todas estas vías están controladas por cuatro fondos oportunistas, también conocidos como buitres (Taconic Capital, Kingstreet Capital, Strategic Value Partners y Atlestor). A ellos se unen, con menores cantidades, Deutsche Bank, JP Morgan y Goldman Sasch, entre otros, sumando en total cerca del 80% de la deuda. El resto queda en poder del ICO (en torno al 9%), Bankia y pequeñas entidades financieras. A esa cantidad hay que añadir otros 2.000 millones, correspondientes a la inversión de las concesionarias, propiedad de las constructoras (500 millones), y los costes de las expropiaciones (1.800), todavía pendientes de pago. Es decir, un total de unos 5.800 millones que debe asumir el Gobierno, es decir todos los contribuyentes.