DCLM.ES · Castilla-La Mancha · La Ventana de CLM
El Partido Animalista Pacma ha manifestado este lunes, a través de un comunicado de prensa, su "enérgica condena" ante la muerte de un joven de 20 años ocurrida durante los encierros celebrados el pasado sábado en El Casar, provincia de Guadalajara, a causa de una cornada. Este suceso se suma a la muerte de otro hombre, ocurrida hace apenas dos semanas en la pedanía de Mesones, también en el marco de los festejos taurinos organizados en la misma localidad.
La formación política responsabiliza directamente a la Junta de Castilla-La Mancha por autorizar este tipo de eventos, así como al Ayuntamiento de El Casar por su organización, subrayando que estas actividades "no solo suponen un trato cruel y violento" hacia los animales, sino que también representan "un grave riesgo" para la seguridad de personas "de todas las edades" porque, afirman "los controles de acceso suelen brillar por su ausencia".
"Los encierros son peligrosos e inútiles, y en ningún caso merecen la pena, porque si no cuesta la vida a los animales, acaba costándole a las personas", añaden.
Pacma remarca, a colación de la cantidad de encierros infantiles celebrados este verano, que encierros como los de El Casar serán frecuentados por jóvenes ante quienes "se ha normalizado la tauromaquia como una forma más de ocio". "Estos mismos niños que hoy corren inocentemente delante de becerros, mañana podrían estar jugándose la vida sin ningún propósito en encierros para adultos".
El Partido Animalista también critica el "doble rasero" del Ayuntamiento de El Casar por decretar tres días de luto por estas muertes. "La responsabilidad recae directamente sobre el Consistorio por organizar los encierros y sobre la Junta de Castilla La Mancha por autorizarlos, por lo que resulta contradictorio lamentarse cuando eran conscientes de que es muy fácil que estas cosas ocurran, máxime cuando venían de otra muerte apenas unos días atrás por el mismo motivo".
La Fundación Franz Weber pide reconducir las políticas de fiestas de los municipios y dejar de lado la tauromaquia
El coste social y sanitario de los encierros debería hacer recapacitar a la Junta, las Diputaciones y los Ayuntamientos
Menores de edad están presentes en estas convocatorias y visualizan tanto la violencia sobre animales como las cogidas
La Fundación Franz Weber ha llamado este lunes a una profunda reflexión política y ciudadana tras el fallecimiento de un joven durante los encierros de El Casar, que incluso fue trasladado al Hospital de La Paz (Comunidad de Madrid) por la gravedad de las lesiones provocadas en el momento de la cogida.
Los naturalistas recuerdan que durante los encierros, también en novilladas o corridas, la presencia de personas menores de edad es habitual, con lo que pueden visualizar tanto la violencia ejercida sobre los animales como su respuesta ante las personas participantes.
Así, estos niños y niñas acaban contemplando escenas realmente dramáticas, como lesiones invalidantes o la muerte de personas en un contexto para el que son reforzados: comentarios positivos, actividades amparadas en ritos culturales o tradicionales o imitación de personas adultas.
FFW considera que la Junta de Comunidades podría tomar una primera decisión: vetar el acceso de menores a actos taurinos, precisamente cumpliendo con las objeciones de 2018 y 2023 realizadas por el Comité de los Derechos del Niño (CDN), que pide alejar a estos grupos vulnerables de la violencia ejercida sobre animales.
De este modo, mientras que delante de un televisor o una tablet existen condicionantes de edad y advertencias según el contenido, en las convocatorias taurinas no hay cortapisa alguna.
En apenas dos semanas el municipio del Casar ha vivido dos cornadas mortales sin que tampoco se realizara reflexión alguna e incluso se mantuvieran los encierros tras el primer hecho luctuoso.
El PP llevará a votación esta semana al Pleno del Congreso una iniciativa sobre las elecciones presidenciales en Venezuela con la busca que España reconozca al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, como ganador y nuevo presidente del país, asi como una condena de la represión del régimen de Nicolás Maduro y una reprobación del silencio del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha participado en tareas de mediación entre Gobierno y oposición.
La proposición no de ley, que se debatirá el martes, podría salir adelante en su integridad o varios de sus puntos, ya que no sólo el PP y Vox reclaman el reconocimiento de la victoria de la oposición venezolana, sino también aliados del gobierno como el PNV y Coalición Canaria.
Esta votación llega después de que el tribunal de Venezuela haya emitido una orden de arresto contra Edmundo González por los supuestos delitos de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas" y "asociación".
ELEVAR LA PRESIÓN SOBRE MADURO
En la iniciativa, recogida por Europa Press, los 'populares' señalan que según las actas presentadas por las fuerzas democráticas y avaladas por instancias internacionales, el candidato Edmundo González obtuvo 7.303.480 votos (el 67% del total), lo que refleja el "deseo inequívoco del pueblo venezolano de un cambio en la conducción del país: de la dictadura a la democracia, de la servidumbre a la libertad".
Por ello, consideran que ante el régimen de Nicolás Maduro que intenta "imponer una perversa narrativa", es una "obligación política y moral" que el Gobierno de España reconozca al líder de la oposición como el "presidente electo y legítimo" de Venezuela. "Es un acto de justicia y de respeto a la verdad", inciden.
Además, según defienden, esta decisión tiene implícitas dos consecuencias "imprescindibles". La primera, "elevar la presión sobre Maduro y sus secuaces", en un momento en el que la "represión arrecia" y la segunda, es enviar un mensaje "nítido" a la "dictadura" para que "asuma la realidad y ceda el poder".
"Frente a la dictadura, el fraude y la represión en Venezuela no caben la equidistancia ni las vacilaciones", advierten y censuran el "silencio" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a quien reprochan además su "inaceptable" falta de compromiso con la verdad y la justicia y sitúan como "apoyo explícito" de Maduro.
Por todo ello, en los nueve puntos que incluye la iniciativa, exigen no solo el reconocimiendo de Edmundo González como presidente "legítimo", sino que también en otro de los puntos instan al Ejecutivo a "liderar" el este reconocimiento en las instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente venezolano.
También reclaman que se exija al régimen de Maduro el cese "inmediato" de la represión contra las protestas pacíficas y la liberación de todos los presos políticos.
UN SISTEMA DEMOCRÁTICO PARA VENEZUELA
Al hilo de esta cuestión, urgen a contribuir a reforzar las medidas de seguridad personal de los dirigentes de la oposición como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia ante las "amenazas por su lucha en defensa de la democracia" en Venezuela. A los que piden también respaldarles como los "únicos interlocutores legítimos" en las negociaciones para la transición democrática.
A nivel internacional, los 'populares' reclaman al Ejecutivo que lidere iniciativas para garantizar que el voto de los venezolanos sea respetado, y que se inicie un proceso de transición hacia un sistema de derechos y libertades basado en el reconocimiento de los resultados del 28 de julio.
Pero también que promueva ante la Unión Europea la reinstauración de las sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro que fueron levantadas antes de las elecciones como "presunto y a todas luces inútil" gesto de "buena voluntad", y ampliar estas sanciones, dirigiéndolas especialmente a los intereses económicos de los "colaboradores de la dictadura".
Finalmente, en los dos últimos puntos del texto, el PP reclama apoyar en primer lugar la comparecencia en el Congreso de la dirección del Centro Carter para que explique con detalle las conclusiones de sus informes sobre las elecciones venezolanas y en segundo lugar, apoyar todas aquellas iniciativas de las fuerzas democráticas venezolanas y en especial, aquellas dirigidas a mantener viva la movilización en defensa del resultado electoral.
El opositor venezolano Edmundo González, principal rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha partido de Venezuela rumbo a España en condición de asilado político, han informado los gobiernos de ambos países.
"Edmundo González ha despegado de Caracas en dirección a España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. El Gobierno de España ha dispuesto los medios diplomáticos y materiales necesarios para su traslado, realizado a solicitud suya", reza el comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El titular de la cartera, José Manuel Albares, ha confirmado esta información en su cuenta de la red social X, donde ha reiterado el "compromiso" de las autoridades españolas "con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos".
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, también ha anunciado que González Urrutia había abandonado el país con un salvoconducto concedido "en aras de la tranquilidad y paz política".
"El día de hoy, 7 de septiembre, ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien habiéndose refugiado voluntariamente en la Embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político", ha señalado en su cuenta de la red social Instagram.
Las autoridades de Venezuela concedieron el salvoconducto al opositor después de haber mantenido los "contactos pertinentes" con el Gobierno español y "una vez cumplidos los extremos del caso y en apego a la legalidad internacional". La vicepresidenta ha defendido que esta actuación "reafirma el respeto" de las autoridades venezolanas por el Derecho internacional.
ORDEN DE ARRESTO
Sobre Edmundo González pesaba una orden de arresto dictada a instancias de la Fiscalía, que le había convocado en tres ocasiones en el marco de una investigación por presuntos delitos vinculados a la publicación en Internet de documentación que acreditaría la derrota de Maduro y desmontaría los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
González, un antiguo diplomático de 74 años, permanecía en paradero desconocido, "resguardado" en palabras de otros dirigentes opositores y no participó en la movilización convocada por la disidencia el 28 de agosto, a la que sí asistió su compañera María Corina Machado.
En España ya residen otros líderes de la oposición venezolana, como el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma o el miembro de Voluntad Popular Leopoldo López, que escapó en octubre de 2020 de Caracas tras permanecer refugiado en la Embajada española.
La Policía Local de Sanxenxo tuvo que prestar asistencia a última hora de este viernes al conductor de un vehículo que quedó encajado en unas escaleras al seguir las indicaciones erróneas del GPS.
En concreto, según han informado fuentes municipales, tuvo lugar en las escaleras que unen la calle Madrid, donde hay una plataforma única para peatones y tráfico, y la calle Sol.
Al parecer, fue el GPS el que condujo al vehículo hasta allí y le indicó que descendiese por las escaleras, con lo que quedó encajado. Fue necesario retirarlo con una grúa, pero no hubo heridos.
El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su acuerdo con la Fundación del Toro de Lidia para "mantener viva la llama del espíritu taurino", con la creación de otro galardón en colaboración con otras comunidades autónomas.
Así lo ha indicado el vicepresidente primero del Ejecutivo castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, preguntado sobre la supresión del Premio Nacional de Tauromaquía, que publica este viernes el Boletín Oficial del Estado, durante la inauguración en Cuenca de la exposición de los 25 años del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.
"Es un error que no se debía haber cometido", ha considerado Martínez Guijarro, después de que el Ministerio de Cultura haya suprimido este galardón, ante el aumento de la "preocupación" por el bienestar animal.
El PSOE ha pedido al Tribunal Supremo que anule la sentencia de la conocida como 'caja B' del Partido Popular y que ordena a la Audiencia Nacional celebrar un nuevo juicio que tenga en cuenta los correos electrónicos que obran en la causa sobre el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, Equipo Económico.
En un escrito, recogido por Europa Press, la acusación ejercida por las exdiputadas socialistas Carmen Ninet y Cristina Moreno en el caso en que juzgó el pago en 'b' de la sede del PP en Génova ha solicitado al alto tribunal que requiera esos documentos al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona así como los informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y por la Unidad de Auxilio de Fiscalía Anticorrupción.
Esos mensajes, recoge el escrito, "revelan maniobras del Ministerio de Hacienda tendente a evitar la imputación del PP en el caso de la contabilidad b (financiación ilegal), introduciendo argumentos tributarios para lograr la exculpación del PP del delito fiscal del Impuesto de Sociedad del 2008, por el que finalmente la sentencia de la Audiencia Nacional les absolvió".
Los socialistas sostienen que los correos electrónicos, revelados por 'El Periódico de España', dan cuenta "de un control sobre las respuestas preparadas para contestar al requerimiento" del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, entonces instructor de la causa de la 'caja b'.
En concreto, los mails intercambiados "por responsables del Ministerio de Hacienda", con Montoro a la cabeza, "delatan una intervención" de su departamento "en los informes que la ONIF o la Oficina de Auxilio Judicial" remitían por aquellas fechas al magistrado.
La formación insta al Supremo a analizar la "relevancia y certeza" de esos correos y, en caso de que lo considere, anule la sentencia y nombre un nuevo tribunal para una vista oral en la que puedan "ser introducidos en el juicio y sometidos a contradicción".
"Pues precisamente la ignorancia de su existencia no permitió adentrarse en una línea de interrogatorio que abordara la posible falta de objetividad de los peritos y su falta de servicio a los intereses generales para defender unos particulares, los del Partido (Popular), al que se exoneraba de responsabilidad penal fiscal", apunta el escrito.
El PP ha pedido retirar del Diario de Sesiones del Senado los gritos de "traidora" pronunciados por algunos parlamentarios del Grupo Popular durante la comparecencia de la vicepresidenta María Jesús Montero para explicar la financiación singular para Cataluña pactada por PSC y ERC.
Los insultos fueron recriminados en el mismo momento por el presidente del Senado, Pedro Rollán, del PP, y tras el discurso de Montero ha sido el PSOE quien ha reprochado ese comportamiento, pidiendo bajar el tono.
Y el secretario general del Grupo Popular, Javier Arenas, ha admitido que desde sus filas salió el insulto de "traidora" y ha pedido retirarlo, instando al PSOE a hacer lo mismo en circunstancias similares.
Lo que Arenas ha negado es que también se haya llamado "sinvergüenza" a la ministra de Hacienda, como ha deslizado el socialista Alfonso Gil. "Otra cosa es que se haya dicho 'Qué vergüenza'"
La magistrada Isabel Perelló ha prometido este miércoles ante el Rey Felipe VI su nuevo cargo como presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras haber sido elegida la víspera.
Perelló, primera mujer en ocupar este cargo, ha prometido en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela en el que han estado presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así como los presidentes de Congreso y Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán Ojeda, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
La magistrada, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), tomará ahora posesión de su cargo en un acto previsto en el Salón de Plenos del Supremo a las 13.00 horas.
La magistrada Isabel Perelló tomará posesión este miércoles como nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, convirtiéndose en la primera mujer al frente del Poder Judicial.
El acto de toma de posesión se celebrará en el Salón de Plenos del Supremo a las 13.00 horas, ha anunciado este martes el alto tribunal.
Antes, a partir de las 09.30 horas, Perelló jurará o prometerá el cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, según ha comunicado la Casa del Rey.
También este miércoles, Felipe VI recibirá en audiencia al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, a las 10.00 horas, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las 10.45.
El motivo de sendos encuentros es entregar al monarca una copia de las memorias anuales tanto del Constitucional como de la Fiscalía General, un día antes del acto de apertura del año judicial que presidirá el propio Felipe VI en el Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto diligencias tras recibir el testimonio de la causa que investiga un juzgado de Navalcarnero contra la exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid Ana Millán por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares.
Hace unas semanas, el juzgado hizo llegar a la Sala de lo Civil y Penal "bastantes cajas" de documentación (agendas, CD's, cuadernos, etc), el mayor volumen que se recuerda en los últimos años en esta sede judicial, según informan a Europa Press fuentes jurídicas. Lo hizo para que se procediera a la apertura de diligencias de ordenación por aforamiento.
En un auto dictado el pasado 2 de agosto, al que tuvo acceso Europa Press, el Alto Tribunal madrileño abre las citadas diligencias y designa al magistrado Francisco Goyena para su tramitación.
Ahora, se dará traslado a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid para que se pronuncie sobre la admisión o no de la causa seguida contra la 'número tres' del PP de Madrid. El ponente de dicha admisión o inadmisión será el magistrado Goyena. En caso de que se admitiera, habría que nombrar un magistrado instructor, según apuntan las mismas fuentes.
El pasado junio, la jueza de Instrucción número 6 de Navalcarnero se inhibió a favor del TSJM en la investigación que seguía contra la exalcaldesa de Arroyomolinos por la condición de Millán de ser aforada al ser vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.
Y lo hizo al deducir conforme a las diligencias indiciariamente que los investigados, tanto Millán como un empresario, pueden ser "autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública".
La causa se inició en octubre de 2020 aceptando la inhibición del Juzgado Central de Instrucción Número 6 por presuntos delitos de corrupción detectados en una pieza del caso 'Púnica' y del que no guardaba relación alguna.
IRREGULARIDADES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
La magistrada exponía que existen "una serie de circunstancias, que vincularían a Ana Millán, en la época en que era concejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y su entorno con Grupo Educativo, las cuales pudieran tener relación con posibles irregularidades en materia de contratación o con supuesta contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos del Ayuntamiento de Arroyomolinos al citado grupo empresarial, dirigido por Francisco Roselló".
Y lo afirmaba en base a "las diligencias que obran en el mismo, primero de carácter policial concretándose en los informes y diligencias llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa, en especial el Informe Final de fecha 8 de abril de 2024 y asimismo las diligencias judiciales acordadas con diversas declaraciones y documental recabada".
Detallaba que en base al análisis llevado a cabo por la Unidad Central Operativa, Delincuencia Económica, de la Dirección General de la Guardia Civil, se ha podido analizar y extraer que "por el Consistorio antedicho se adjudicaron nueve contratos (7 mayores y 2 menores) a varias de las empresas de Francisco Roselló entre 2005 y 2011.
En la resolución se aludía a una declaración de la auxiliar administrativo de la Concejalía de Ana Millán, quien "destaca la diferencia de trato otorgado por la exconcejal en la contratación y en la forma de interactuar con Grupo Educativo, que habría sido distinta a la de con el resto de empresas que fueron adjudicatarias desde su Concejalía".
"Esa confidencialidad, reserva y trato personal por parte de Ana Millán es significativo, más si se considera que de forma paralela a esta participación aludida, se sucedieron una serie de circunstancias que relacionarían a Ana Millán con Grupo Educativo y Francisco Roselló como el hecho de recibir pagos por un valor global de 51.104,67 euros", señala el auto.
"El motivo de los mismos se fundamentaría en el pago del alquiler de un ático de Arroyomolinos, con opción a compra, por el valor de la hipoteca, la comunidad y los suministros. Durante este tiempo, Neverland Eventos habría realquilado el inmueble. Los mismos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2012", señala el auto.
Agregaba igualmente que la hermana de la exconcejal, recibió "pagos por un valor global de 88.642,42 euros de GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social, en concepto de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, por su desempeño profesional en estas sociedades". Los mismos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2011.
Y a la pareja de la exconcejal, le fueron imputados "rendimientos del trabajo y de actividades económicas" por un importe total de 37.578,04 euros de una UTE conformada por las mercantiles GE Escuela de Ocio y GE Escuelas Urbanas. Los últimos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2011".
Recordaba la jueza que tras el análisis llevado a cabo sobre las cuentas bancarias de Ana Millán, se localizaron "numerosos ingresos en efectivo de origen desconocido con inicio también en 2008". En relación a los mismos, considerando las justificaciones dadas por la exconcejal en sede judicial, ascenderían a 42.650,00 euros entre 2008 y 2014", agrega.
Ante ello, la magistrada señalaba que de lo actuado "se deduce indiciariamente que los investigados pueden ser autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública".
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes 2 de septiembre la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que estuvo a cargo de estudiar cómo afecta la amnistía a los investigados de 'Tsunami Democràtic' hasta que archivó la causa, después de que el magistrado solicitara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adelantar a este día desde el 16 de octubre, cuando cumple 72 años.
En concreto, el BOE ha publicado el acuerdo del pasado 20 de junio de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara "la jubilación forzosa por edad" del magistrado Manuel García Castellón, hasta ayer titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El decreto está firmado por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.
El CGPJ aprobó el pasado mes de junio la petición del juez de la Audiencia Nacional de adelantar su jubilación del 16 de octubre --cuando cumple 72 años-- al 2 de septiembre. Desde el Central de Instrucción Seis, García Castellón ha sido el encargado de dirigir las investigaciones de casos como el de 'Tsunami Democràtic', 'Púnica', 'Lezo' o el denominado 'caso Villarejo'.
El pasado 9 de julio decidió archivar la causa de 'Tsunami Democràtic' tras conocer el auto de la Sala de lo Penal que invalida todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo.
En el auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó también remitir testimonio de su resolución, así como la de la Sala de lo Penal, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo "para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial".
Cabe recordar que, después de que el juez remitiera en 2023 exposición razonada al alto tribunal, este acordó investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg.
LA JUEZ TARDÓN ASUMIRÁ SUS CAUSAS
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón asumirá las causas de su compañero Manuel García Castellón --cuya jubilación se ha hecho efectiva este lunes-- hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a su sustituto.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el órgano de gobierno de los jueces deberá convocar la plaza para elegir un nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, a la que podrán concurrir un número indefinido de magistrados.
Cuando se analicen las distintas candidaturas, el CGPJ escogerá en función de los diversos méritos y trayectoria al que será el reemplazo de García Castellón en la Audiencia Nacional.
Hasta entonces, será su compañera María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, la que se hará cargo de las diversas causas que dirigía hasta este lunes el juez.
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