El PP de Murcia exige a Sánchez que "cese el castigo" al Levante por "su obsesión con cerrar el trasvase Tajo-Segura"

El senador del PP por la Región de Murcia Antonio Luengo ha exigido este martes al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que "cese, de una vez, el castigo permanente que está ejerciendo contra el Levante español por su obsesión permanente con cerrar el trasvase Tajo-Segura".

Luengo ha alertado de que "las fincas agrícolas que dependen de las aportaciones que llegan del trasvase están sufriendo graves problemas de sequía por culpa de los recortes impuestos por el Gobierno por mero interés político".

Para el parlamentario del PP, resulta "gravísimo que la ministra Teresa Ribera haya recortado el trasvase, desde el año 2018, hasta en 26 ocasiones, lo que ha supuesto que la Región de Murcia y el Levante hayan recibido 190 hectómetros cúbicos menos de agua de lo que deberían haber recibido. Esto condena a nuestros agricultores y regantes".

Ha asegurado que "ahora el Gobierno de Sánchez prepara un nuevo ataque al trasvase y lo pretende recortar en otros 100 hectómetros cúbicos con la próxima publicación de las nuevas reglas de explotación que regirán los envíos al Levante, derivadas del incremento de caudales recogido en el Plan Hidrológico del Tajo".

"Esta cifra no está motivada ni fundamentada con ninguna justificación técnica, por lo que está claro que obedece a una estrategia política".

Luengo ha denunciado que "el PSOE no ha parado de dar pasos para acabar con una infraestructura básica para la Región, como es el trasvase, símbolo de solidaridad, crecimiento, desarrollo y riqueza. Además, no ha acometido ninguna inversión para mejorar y ampliar las infraestructuras hídricas".

Para "poner orden en la deriva de Sánchez", el senador ha reivindicado la necesidad de acometer una nueva planificación hídrica que "esté articulada con un Pacto Nacional del Agua que dote de lógica y rigor a la política de agua en España, sin presiones políticas ni territoriales".

Se ha referido a la Cumbre del Agua celebrada en Murcia el pasado 29 de julio, donde los gobiernos de la Región, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana cerraron filas para el mantenimiento del trasvase.

"Estas cuatro comunidades representan a una población de 22 millones de personas que merece un trato justo por parte del Gobierno de España y que no se ataque a una infraestructura básica para el sector agrario, un ámbito vital para la economía de estas regiones".