El Gobierno destina más de 10,3 millones de euros a Castilla-La Mancha para la protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha autorizado la distribución de 10.368.554 euros a Castilla-La Mancha para la protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil.

El Gobierno ha aprobado este martes el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre comunidades autónomas del crédito para la financiación en 2024 del programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil. Se trata de una línea de crédito que gestiona el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. Este año, tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, este crédito tendrá un importe cercano a los 200 millones de euros (198.704.000 €) y será distribuido y transferido a las Comunidades Autónomas (a excepción de País Vasco y Navarra) y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que puedan ejecutarlo en virtud de sus competencias en servicios sociales.

El ministerio dirigido por Pablo Bustinduy acordó con los gobiernos autonómicos el reparto de estos casi 200 millones de euros, y ha reafirmado su compromiso de seguir aumentando la dotación presupuestaria para este ámbito en los años sucesivos. "Nuestra hoja de ruta es retomar el incremento en la financiación que inició el Gobierno de coalición en este ámbito", ha dicho Pablo Bustinduy. El ministro también ha puesto en valor que esta cifra que se ha prorrogado es la más alta que se ha dado en esta área, aunque ha asegurado que es necesario seguir aumentando esta dotación presupuestaria “para hacer frente a los retos que tiene nuestro país en la protección de las familias y de los niños y niñas”.

El acuerdo autorizado en el Consejo de Ministros fue previamente abordado por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión de 17 de junio de 2024. Una vez aprobado por el Gobierno de España, este acuerdo volverá al Consejo Territorial para que sea aprobado y pueda resultar efectivo.

Tres programas que gestionan los gobiernos autonómicos

De este crédito dependen tres programas fundamentales para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que gestionan los gobiernos autonómicos:

1. El primer programa está dotado con más de 108 millones de euros, de los que a Castilla-La Mancha le corresponden 5.437.352 euros. Financia proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas a nivel municipal como las de ayuda a domicilio, las de alojamiento alternativo, o las de prevención e inserción social.
2. El segundo programa cuenta con una financiación de 65 millones de euros, de ellos 3.695.702 euros para Castilla-La Mancha. Se centra en la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, específicamente a unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social. El programa incluye una línea para cofinanciar  proyectos de alimentación, ocio y cultura, y para garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. De esta manera, se reforzarán iniciativas desarrolladas por comunidades autónomas y ayuntamientos.
3. El tercer programa, dotado con 25 millones de euros, de los cuales 1.235.500 euros son para Castilla-La Mancha, se destina a reforzar equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Se trata de cofinanciar proyectos de refuerzo de servicios sociales que permitan la prevención y detección precoz de posibles riesgos de violencia hacia la infancia, en coherencia con lo previsto en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021.

Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales establece que el reparto territorial de los fondos se realiza atendiendo a diversos criterios desglosados en el acuerdo, como la población de cada territorio, su superficie o la tasa AROPE (que mide el riesgo de pobreza o exclusión). Este año, con la prórroga de los presupuestos, la distribución territorial que se ha propuesto es idéntica a la de 2023. A este respecto, Pablo Bustinduy ha resaltado que el objetivo de incremento presupuestario "trata de corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido este sistema y que se vio agravada en la década pasada con los recortes". Así mismo, el ministro ha recordado el necesario compromiso por parte de los gobiernos autonómicos de mantener su inversión en Servicios Sociales y ha reclamado a todas las administraciones y partidos "una política de Estado que construya amplios consensos para blindar los recursos y evitar nuevos recortes".

El Gobierno aprobará hoy la Oferta de Empleo Público de 2024, con una reserva del 10% para discapacitados

El Consejo de Ministros de este martes aprobará la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024, que consta de un total aproximado de 40.121 plazas, de las que reservará un 10% a personas con discapacidad. En concreto, más de 3.000 plazas de la OEP de este año irán destinadas a este colectivo y, de ellas, 600 se reservarán para personas con discapacidad intelectual, según ha anunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá.

La OEP de 2024 propuesta por el Ministerio a los sindicatos consta de un total de 40.121 plazas, de las que 20.840 corresponden al turno libre, 10.600 a promoción interna y 8.681 a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.520 en turno libre y 2.161 a promoción interna).

Pese a que la oferta de empleo público es mayor a la aprobada por el Gobierno en 2023, cuando se convocaron 39.574 plazas, sólo cuenta con el apoyo de UGT y ni CSIF ni CCOO han suscrito al acuerdo.

Desde CSIF, han rechazado la oferta por no solucionar el déficit en las plantillas, ser insuficiente, mantener la tasa de reposición, reducir la creación de empleo neto y las plazas de personal laboral respecto al año anterior, no garantizar la ejecución de los plazos y suponer un abuso de las contrataciones temporales, al mantenerse los límites a la reposición de efectivos que se jubilan.

Por su parte, Comisiones Obreras no ha suscrito al acuerdo porque la oferta es "pobre" en términos cuantitativos y cualitativos, y por no conocerse los datos de la tasa de reposición por la negativa de la Administración a facilitárnoslos. Así, el sindicato ha denunciado que el Gobierno "no solo apenas ha modificado la propuesta inicial del acuerdo, sino que la ha empeorado con respecto a la de 2023".

De su lado, UGT Servicios Públicos se ha mostrado satisfecha con los criterios generales para la preparación de la OEP para 2024, pues considera que avanza en la creación de empleo neto, "tan necesario para rejuvenecer plantillas en la Administración General del Estado", y ha recalcado que este será el último año en el que se aplique la tasa de reposición, uno de los motivos por los que sí han ratificado el acuerdo.