CONSEJO DE GOBIERNO. Tiempos de espera en sanidad, trasvase y universidad, tres de los asuntos principales

“Castilla-La Mancha continúa disminuyendo el tiempo de espera para una intervención quirúrgica estando por debajo de la media nacional”, de este modo ha valorado la consejera Portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa, los datos de listas de espera de cierre del año 2023 que ayer hizo públicos el Ministerio de Sanidad en referencia a su último informe del ‘Sistema de Información Sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud’.

De este modo, Esther Padilla ha explicado que en diciembre de 2022 se esperaba una media de 106 días para la realización de una intervención quirúrgica “y al cierre de 2023 la espera se ha reducido en cuatro, pasando a 102 días”. Además, ha hecho hincapié en que la media nacional de espera para una intervención quirúrgica es de 128 días, 26 días más que en nuestra región.

Como ejemplo de la “buena tendencia” de la espera para una intervención quirúrgica en Castilla-La Mancha, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que, al cierre de 2019, etapa prepandemia, la espera era de 163 días, subiendo en plena pandemia, en 2020, a 286 días de espera por razones derivadas por el Covid-19 y las numerosas medidas que se tuvieron que tomar en aquellos momentos.

Al final el año 2021, tal y como ha recalcado la consejera, “los datos de espera para una operación eran de 113 días, mientras 2022 cerraba en 106 días llegando a finales del año pasado a los 102 días, lo que demuestra que estamos ahora en mejor situación que antes de la pandemia”.

Por lo que respecta a la lista de espera para una primera consulta, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad donde menos se espera, sólo superada por La Rioja. Así, en nuestra región se espera una media de 60 días para una primera consulta, mientras la media nacional es de 101 días, es decir 41 días más.

Padilla ha resaltado también que Castilla-La Mancha es una de las tres únicas comunidades españolas, junto al País Vasco y las Islas Canarias, en las que se reducido el tiempo medio de espera, a la vez que ha hecho hincapié en que “estamos ahora en mejor situación que antes de la pandemia”.

• Castilla-La Mancha pide, con carácter inmediato, la apertura de la consulta pública para que se puedan modificar las reglas del trasvase Tajo-Segura

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado de manera urgente, que tenga lugar la apertura de la consulta pública que permita poder modificar las reglas del trasvase Tajo-Segura “para iniciar el plazo de alegaciones y que este cambio normativo llegue al Consejo de Ministros cuanto antes”, tal y como ha aseverado hoy la consejera Portavoz, Esther Padilla.

Padilla ha hecho hincapié en que “ha llegado el momento de revertir esa herida profunda que el trasvase Tajo-Segura ha hecho en nuestra región durante más de 40 años”, a la vez que ha considerado que es necesario “seguir avanzando, porque cada día que pasa se está perjudicando a los intereses de Castilla-La Mancha”.

La portavoz del Ejecutivo de Emiliano García-Page ha puntualizado de forma contundente que “hace más de una semana que nosotros presentamos ya ese informe para que se pueda abrir por parte del Ministerio de manera inmediata dicha consulta pública”. Por lo que ha solicitado celeridad ya que, de lo contario, “nunca llegará la documentación al Consejo Nacional del Agua si no vamos dando pasos para conseguir avanzar en la modificación de dichas reglas de explotación”.

La consejera ha advertido que actualmente “no hay más solución que optar al 100 por cien en la desalación en el Levante”, ya que, tal y como ha explicado, si en esta zona de España “se ponen en funcionamiento todas las desaladoras, no necesitan agua del trasvase. Y no entendemos por qué no lo hacen”.

Durante su discurso en defensa del río Tajo, Esther Padilla ha reiterado también que la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha “es muy firme”, ya que “cada vez habrá menos recursos hídricos y hay que trabajar para hacer más eficiente el uso del agua”, ha advertido.

• Poner conciencia en la emergencia climática

En relación a las declaraciones del presidente de la Comunidad Valencia, Carlos Mazón, en las que ha afirmado que es necesario sentarse a hablar, Padilla ha respondido que “en Castilla-La Mancha estamos sentándonos, estamos hablando y estamos trabajando”. De este modo, ha repetido que ese diálogo tiene que producirse para alcanzar la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura”, situación que, a su modo de ver, “es ineludible y por lo que no se puede seguir mareando la perdiz”.

Ha recordado también Padilla que en febrero de 2023 se aprobó el Plan Hidrológico del Tajo, un decreto que establecía un plazo de un año para hacer una modificación de las reglas de explotación. Cumplido ese año el pasado mes de febrero de 2024, “no tenemos noticia ninguna, y estamos en abril”, a lo que ha añadido de forma tajante que “no estamos dispuestos a seguir esperando de manera injustificada, llevamos haciéndolo ya 40 años”.

Por último, la consejera ha explicado que la cantidad de agua alcanzada en los embalses por las últimas lluvias “es algo excepcional” porque, tal y como ha recordado, vivimos “una emergencia climática de la que todas las comunidades autónomas deben de ser conscientes”, situación que, a su juicio, el Ejecutivo central debe tener en cuenta ya que “el hecho de que tengamos una situación de emergencia y un Gobierno ecologista hace totalmente injustificable que se haya producido un parón en la modificación de esas reglas de explotación”.

• Apuesta por reforzar la Sanidad pública

La portavoz regional ha significado que en esta evolución “tiene mucho que ver con el enorme esfuerzo inversor del presidente Emiliano García-Page en la Sanidad Pública”, que ha permitido contratar más personal y dotarla de más infraestructuras, como la construcción de los nuevos hospitales, así como de más medios tecnológicos y nuevas pruebas diagnósticas.

Unas medidas que, a su juicio, “redundan en la mejora de los datos de listas de espera al cierre de los últimos años y que van a permitir que sigamos encaminados en esa tendencia positiva, atendiendo a nuestros pacientes mucho más rápido”.

• Dialogo y consenso para la nueva Ley de Universidades 

El Gobierno de Emiliano García-Page blindará la universidad pública en la región gracias a la Ley de Universidades prevista para el curso 2025-2026, una norma que será consensuada y dialogada, y en cuya elaboración participará tanto el alumnado y profesorado, como los rectores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Así lo ha anunciado su consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha comenzado su alocución incidiendo en que el Ejecutivo autonómico “defiende un modelo de universidad pública y de calidad, necesaria para el progreso del conocimiento, así como garante de la igualdad de oportunidades”.

Tal y como ha adelantado, la nueva legislación determinará cuál es la relación de las instituciones universitarias con la Administración y cómo será la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). “Además, queremos defender su labor formadora e investigadora, ya que las universidades son agentes fundamentales para el desarrollo regional por el valor añadido que aportan a la sociedad”, ha continuado la portavoz, motivo por el que ha insistido en que esta nueva norma también establecerá cuáles son los criterios mínimos exigibles para la universidad privada.

• Auge de la universidad privada en otras CCAA

En este sentido, Padilla ha apuntado que “el sistema educativo y sanitario nunca debe regirse por criterios de rentabilidad, si bien hemos visto como en otras regiones gobernadas por la derecha se ha extendido el modelo privado en detrimento del público”. A este respecto, la portavoz ha criticado que el Gobierno de Andalucía haya multiplicado la oferta de universidades privadas, “pese a las numerosas objeciones que han recibido las iniciativas por su escasa calidad y opacidad”. Asimismo, ha recordado que la universidad pública andaluza ha denunciado desigualdad de trato por parte de la Junta de Andalucía, además de ciertos vetos a sus rectores.

A continuación, ha reprobado a la Comunidad de Madrid que continúe tramitando expedientes de creación de cuatro nuevas universidades privadas -con las que se elevarían a 17 los centros de este tipo en la región- mientras que el número de universidades públicas se mantiene en seis desde hace 28 años.

Además, ha puesto el ejemplo de la Comunidad Valenciana, en la que la derecha ha recortado las ayudas a las universidades públicas en favor de las privadas. “Les aseguro que nada de esto va a pasar en Castilla- La Mancha, una región en la que protegemos lo nuestro, defendiendo a ultranza la universidad pública y trabajando para que la educación superior sea un derecho y no un privilegio”, ha sentenciado Padilla.

• Estándares de calidad para la universidad privada

A lo largo de su alocución, Padilla ha asegurado que la ley regional obligará a que las privadas cumplan estándares de calidad, así como que dediquen un porcentaje de gasto a investigación. “Se trata de un aspecto en el que nos encontramos en sintonía con el Gobierno de España, quien también se encuentra trabajando en el aumento de los requisitos para las universidades de nueva creación”, ha añadido.

La portavoz ha querido aclarar que el Gobierno regional no se opone a la enseñanza privada “las universidades públicas y privadas pueden convivir, pero siempre que cumplan las mismas normas”. En este sentido, ha precisado que, por ejemplo, “si un centro carece de investigación, no se trata de una universidad, sino de otra clase de entidad, por ser la labor científica un elemento vertebrador de la identidad universitaria con enorme impacto en sus demás actividades”. Además, ha incidido en que “se trata de la mejor inversión y la más rentable a largo plazo que puede llevar a cabo una institución, puesto que contribuye a dar respuesta a las problemáticas culturales y humanas, con el horizonte puesto siempre en la evolución y bienestar de la sociedad”.

A este respecto, la portavoz ha resaltado la voluntad del Gobierno de García-Page por posicionar la universidad regional como agente investigador de vanguardia para contribuir al desarrollo de la Comunidad Autónoma “y que el talento de las aulas castellanomanchegas se quede en esta tierra, así como atraer el de otros lugares”.

• Doble de financiación para apoyar la pública

La portavoz ha querido demostrar el compromiso del Gobierno regional con la universidad pública con datos de la última década. Por un lado, la Universidad de Castilla-La Mancha ha pasado de contar con una inversión de 105 millones de euros en 2015, a 215 millones en el curso 2023-2024, casi el doble. “Esta inversión también ha repercutido en la oferta educativa: hay 27 másteres y 14 grados más desde 2015”, ha señalado.

En cuanto a la universidad de Alcalá de Henares con campus en Guadalajara, también se ha destinado más del doble a su financiación, pasando de casi seis millones en 2015, frente a los 13,6 millones actuales.

Por otro lado, tal y como ha destacado, la reorientación de la política de precios públicos se inició en el curso 2016-2017, reduciendo un 45 por ciento el precio del máster e igualándolo al precio del grado que, además, quedó congelado.