DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Una ventana abierta a la historia
El 31 de marzo de 1767, el rey Carlos III decreta la expulsión de los Jesuitas en una operación que debía ser rápida, secreta, eficaz y tendría que culminar el 2 de abril.
La denuncia vino de la mano de Campomanes, uno de esos políticos que hacen política de todo, que insistió en la creencia de que estos representaban la oposición al Gobierno de Carlos III.
La Orden había sido acusada de instigar la oleada de motines que se habían desarrollado durante el año anterior. Uno de ellos, tal vez el más grave, el conocido como “Motín de Esquilache”, cuando el pueblo se reveló, llegando incluso a temerse por la seguridad del propio rey, y se pidió la expulsión del Gobierno del ministro italiano Esquilache, principal ministro del rey, al que se culpaba de la subida del precio del pan y la prohibición del uso de capa y sombreros grandes a la ciudadanía.
La salida de los jesuitas debía ser secreta, para evitar las muestras de simpatía del pueblo, y además para evitar que pudieran llevarse consigo los bienes que poseían, ya que el decreto incluía la confiscación de los mismos.
De esta manera, en tan solo dos días, todas las Casas Jesuitas fueron clausuradas y sus miembros incomunicados en toda la geografía española, de manera simultánea.
El decreto no aclaraba por qué razón se tomaba esta decisión. El texto era poco preciso y se limitaba a acusar a los miembros de la Orden, de manera indirecta, de alterar el orden público y establecía que sus bienes pasarían al patrimonio del Estado para “ser dedicados a obras pías”. Poco más se decía en el mandato del rey que sacara de la duda a los afectados.
Todos los jesuitas fueron dirigidos a diferentes puertos para tomar los barcos que les llevarían a sus nuevos destinos. Los jesuitas de Castilla fueron hasta Santiago de Compostela; los de Aragón a Salou; los de Toledo a Cartagena y los de Andalucía al Puerto de Santa María.
Todos ellos realizaron este viaje totalmente incomunicados, con la prohibición de parar en los pueblos, para no recibir muestras de apoyo por parte de la ciudadanía.
Aún hoy sigue siendo difícil explicar esta orden a pesar de que fue la primera vez, pero no fue la única que los Jesuitas se vieron obligados a abandonar el país, porque los hechos se repetirían hasta en dos ocasiones más (en 1835 y 1932).
P. Moratilla
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