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El complejo de macrogranja, incineradora y gestor de residuos de Balsa de Ves ha obtenido la resolución favorable de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con fecha de 17 de agosto de 2021, para la construcción de tres nuevas naves de recría externas de 1.536 cerdas de 20 a 110 kg, como modificación sustancial de la autorización ambiental integrada existente.
Este macrocomplejo de ganadería industrial y gestión de residuos pertenece al Grupo Sanchiz, de actualidad en las últimas semanas por el controvertido nombramiento de su gerente, Leticia Sanchiz, como directora general de Producción Ganadera de la Generalitat Valenciana.
Empresa sancionada por “vertido excesivo de purines”
El temor entre los vecinos de La Pared, pedanía de la localidad albaceteña de Balsa de Ves, se debe principalmente a los efectos que supone los vertidos de purines de la macrogranja, algo que los vecinos afirman “sufrir día a día” y que ha sido objeto de sanciones.
La Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha sancionó en julio de 2020 con 3.000 euros a esta explotación por una falta grave al verter los purines en parcelas cercanas a su macrogranja. La sanción acredita “alta dosis de aplicación de purines, que puede ocasionar contaminación por nitratos, produciendo encharcamientos en las parcelas”. El nivel de vertido de purines fue tal que los agentes medioambientales confirmaron que “el lugar se encontraba encharcado a pesar de haber transcurrido 25 días sin llover en la zona”, según el expediente sancionador.
La empresa sancionada interpuso recurso contencioso-administrativo contra esta sanción, que fue desestimado en 2021 por el Juzgado Contencioso Administrativo de Albacete, cuya sentencia confirmó la sanción.
Instalación controvertida
No es la primera vez que se amplía esta macrogranja de madres reproductoras, ya que anteriormente se instaló una incineradora de cadáveres y una planta de biogás en 2010. Estas ampliaciones se realizaron a través de modificaciones no sustanciales del proyecto inicial, lo cual ha permitido a Grupo Sanchiz acelerar los plazos y simplificar al mínimo las exigencias administrativas y de impacto ambiental.
Una vez en funcionamiento los problemas con el ayuntamiento han sido continuos al igual que las denuncias de irregularidades por parte de Ecologistas en Acción de la Manchuela que indican que “la opacidad de la empresa es total y no proporcionan los datos que se les solicitan”. Añaden que “lo último que contestó el Gobierno de Castilla-La Mancha respecto al plan de gestión de purines es que no se podía hacer público porque la empresa no lo había entregado desde el 2010, lo que supone una inadmisible irregularidad”.
Además, esta macrogranja de cerdas reproductoras de Balsa de Ves también ha sido acusada de irregularidades en las condiciones laborales y de bienestar animal. Una extrabajadora denunció en 2018 en Radio Albacete "el maltrato que sufren estos animales". Aseguró que "no existía control veterinario alguno" y que ella, sin formación, "debía asistir a los animales, a los que administraba antibióticos o vacunaba". A veces, incluso, "los atendía en los partos".
11 años con una dotación de agua insuficiente
La macrogranja fue puesta en marcha en el año 2006 con una dotación de agua autorizada por la Confederación Hidrográfica del Júcar de 7.000 metros cúbicos anuales para abastecer a 2.500 madres y 66.000 lechones, según datos del propio proyecto. Aplicando las ratios de consumo de agua que establece la propia Confederación en el Real Decreto 1/2016, 7,30 litros día para las madres y 1,83 para los lechones, resulta un consumo aproximado de 50.745 metros cúbicos, muy alejados de los 7.000 del permiso inicial.
Según datos facilitados por la propia Confederación Hidrográfica del Júcar la macrogranja de Balsa de Ves funcionó durante 11 años con tan escasa dotación, hasta que en diciembre de 2017 solicitó una dotación de 30.665 metros cúbicos.
Ante una diferencia tan llamativa entre las necesidades de la macrogranja y la dotación de agua concedida Ecologistas de la Manchuela solicitó más información a la Consejería de Desarrollo Sostenible, que afirmó que las inspecciones no habían revelado extracciones fraudulentas de agua en la macrogranja.
Esta organización conservacionista alerta del “escaso control que ejercen las confederaciones hidrográficas sobre los recursos hídricos y las extracciones ilegales, en muchos casos procedentes de macrogranjas”. Ponen como ejemplo la reciente imputación judicial del comisario de aguas y otro directivo de la Confederación Hidrográfica del Segura por la desecación del río Turrilla como consecuencia de la presunta captación irregular de caudales por parte de una empresa de ganadería industrial.
Indignación de los vecinos por el uso del agua
Los vecinos de la pedanía de La Pared celebraron una reunión el pasado 15 de septiembre debido a la inquietud generada ante la ampliación del complejo de ganadería industrial. Uno de los puntos que más irrita a los vecinos es que la macrogranja del Grupo Sanchiz cuente con una dotación de 30.665 metros cúbicos mientras que la población de La Pared lleva dos años sufriendo restricciones de agua en agosto y se tienen que abastecer mediante camiones cisterna. Durante la reunión los vecinos cuestionaban la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar: “¿Quién tienen prioridad, los cerdos o las personas?”.
Las vecinas y vecinos de la pedanía se han empezado a movilizar con el apoyo de Stop Ganadería Industiral y se están recogiendo firmas para presentarlas ante la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Rechazo ante la nueva nave
Según Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial,: “la ley facilita despropósitos como los de Balsa de Ves, que se pueda construir una planta de biogás con una modificación no sustancial , o que ahora se apruebe una nave de recría externa que en realidad parece ser una nave de engorde”. Añade que “a pesar de que hay estudios oficiales que demuestran la responsabilidad de la ganadería industrial en la contaminación de los acuíferos las administraciones públicas siguen fomentando este modelo y beneficiando a grandes grupos empresariales como el grupo Sanchiz, que, aparte de su poder económico ahora suma el poder político mediante la figura de Leticia Sanchiz”.
¿Quiénes somos?
La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, formada por más de 70 movimientos vecinales repartidas por diez comunidades autónomas y trabaja junto a organizaciones nacionales e internacionales como son Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Justicia Alimentaria, ADDA y Equalia. Su objetivo es denunciar los perjuicios ambientales y sociales que conllevan las explotaciones industriales y luchar por un modelo de ganadería alternativo, respetuoso con el medio, las personas y los animales.
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