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El octavo investigado en la presunta trama de fraude electoral ligada al voto por correo en Mojácar (Almería), en este caso por "beneficiar" supuestamente al PP, es funcionario municipal, además de tener "vinculación al partido".
Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que su arresto el pasado domingo se debe a la requisitoria que pesaba sobre él y que se activó al ser "identificado" cuando acudió, previa citación, a declarar ante los agentes de la Guardia Civil.
La orden de busca y captura la emitió el Juzgado de lo Penal 1 de Almería en agosto de 2020 a raíz de ser condenado a seis meses de prisión como autor de un delito de receptación, y le fuera denegada la suspensión de la pena ya que, en el momento de esos hechos, contaba con diferentes antecedentes penales por delitos de amenazas, robo con violencia, falsedad en documento público y apropiación indebida.
Fuentes del caso han precisado que la condena que ha llevado a prisión al investigado, que ejercería de sepulturero en el municipio, fue por adquirir un saxofón que había sido robado por terceras personas en un establecimiento hostelero de Mojácar y, posteriormente, hacer entrega por "250 euros" el instrumento musical a su legítima dueña.
El nuevo imputado, que responde a las iniciales L.M.L.R., había quedado "fuera del radar" de los investigadores de la UCO en el transcurso de las diligencias practicadas por orden del juez que explotaron el día 25 con la detención de siete personas, entre ellas los números 2 y 5 de la candidatura del PSOE en Mojácar.
Fue uno de los arrestados el que le señaló como "implicado" en la supuesta compra de votos, pero a "beneficio del PP" en declaración que hizo en el juzgado de instrucción, y después de negarse a prestar testimonio ante la Guardia Civil.
El juez ofició entonces a la UCO para que lo citase a declarar como investigado y, una vez compareció, se comprobó que le constaba la requisitoria que le ha llevado a prisión.
PIEZA SEPARADA AÚN BAJO SECRETO SUMARIAL
Fuentes de la investigación han precisado que el juez mantiene el secreto de actuaciones en la pieza separada que ha incoado a raíz de estas nuevas revelaciones y que la investigación para que se esclarezcan los hechos está aún en marcha y "abierta".
No obstante, si ha alzado el secreto de sumario de las diligencias abiertas en relación al PSOE por la que están investigadas diez personas, seis de nacionalidad española y tres ciudadanos de Paraguay, Ecuador y Colombia.
De los siete primeros detenidos, seis pasaron a disposición judicial el viernes antes de las elecciones locales y fueron puestos en libertad provisional como investigados después de que se negaran a declarar. El primero de ellos, el exconcejal del ya extinto PA Pedro Montoya declaró el jueves anterior ante el juez y también quedó en libertad provisional. Los tres investigados restantes aún están pendientes de ser citados por el órgano judicial.
Por otra parte, el titular del Juzgado de Vera 4 acordó en días anteriores la retirada de un determinado número de sobres de voto por correo con el fin de que la Policía pudiera llevar a cabo diligencias de investigación dentro de la causa. Los votos sí fueron depositados en las urnas y únicamente fueron recogidos los sobres vacíos.
La actuación se desarrolló durante la jornada electoral cuando la Guardia Civil intervino un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio. Previamente, el candidato del PSOE a la Alcaldía, Manuel Zamora, había dirigido un escrito a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Vera ese mismo domingo para pedir que se custodiaran los sobres de cara a su "análisis pericial y judicial".
Zamora incidía en su denuncia en el "extraordinario" número de votos por correo en estas elecciones locales en Mojácar, con diferencias "notables porcentuales" con las nacionales y autonómicas, lo que se unía a los "acontecimientos acaecidos", por lo que consideraba esta medida podía "constituir una aval para la determinación del esclarecimiento de estos hechos denunciados por la alcaldesa".
Cabe recordar que el candidato del PSOE también interpuso una denuncia el pasado 16 de mayo en relación a otro presunto fraude ligado a las votaciones, esta vez, en relación al PP no solo a través del voto por correo sino también por supuestos beneficios a través de cestas de comida para los usuarios de los Servicios Sociales, conforme al escrito presentado ante la Guardia Civil.
Al respecto, el titular del mismo juzgado, en el que ha recaído la denuncia al estar en funciones de guardia, ha acordado remitir al Decanato de los Juzgados de este partido judicial la denuncia presentada por el PSOE contra el PP. La denuncia será adjudicada a un Juzgado de Vera en los próximos días para que continúe la investigación al respecto.
UNA DENUNCIA DEL PP
La investigación se inició a raíz de la denuncia de la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, a la que posteriormente se sumaron otras de particulares. Así, en el marco de la misma el juez que autorizó la intervención del teléfono de, al menos, Cristóbal Vizcaíno, quien aparece señalado directamente con nombre y apellido en la denuncia germen de la operación.
La desarticulación de una supuesta trama para la compra de voto por correo entre residentes de origen latinoamericano en el municipio se saldaba con el arresto de siete personas, la imputación a otras tres, y la incautación de "abundante" documentación indiciaria en la decena de registros que se practicaron en domicilios y locales.
En las primeras horas, buena parte de las pesquisas se orientaron a esclarecer los contactos que durante estas semanas los principales sospechosos habían mantenido con vecinos del municipio, en ocasiones acompañados también militantes o simpatizantes socialistas, a fin de determinar si se condicionaba la emisión de votos por correo a cambio de beneficios.
Las actuaciones, que se han prolongado durante un mes y en las que se han practicado numerosas diligencias encaminadas a constatar si se esta produciendo o no fraude electoral en este municipio habría recabado "indicios claros" sobre la de captación previo pago económico o prebendas del voto por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano.
Entre los investigados constan seis personas de nacionalidad española, mientras que también figuran ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador que habrían actuado como mediadores.
En los registros, los agentes se incautaron de votos por correo y también de listas censales en las que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos. Los implicados en la presunta trama habrían estado ofertando cifras que rondan los 100 euros, aunque en algunos casos esta se elevaría a 200 euros.
La Audiencia Nacional se ha visto obligada a suspender por tercera vez el juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la 'Gürtel', debido a la huelga de funcionarios de Justicia.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, ha acordado suspender la vista oral, que se reanudará el próximo 1 de junio en la sede del tribunal en la calle Génova.
Se trata de la tercera vez que la huelga de trabajadores de la administración de Justicia obliga a suspender este juicio después de que el tribunal se viese forzado a anunciar un parón 'sine die' el pasado 18 de abril.
La segunda suspensión llegó el pasado 10 de mayo, obligando al tribunal a posponer la vista oral hasta este lunes, cuando se reanudó con la declaración de testigos.
Cabe recordar que Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.
Los 45.000 funcionarios exigen mejoras retributivas y su participación en la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa; todo ello, en el marco de la huelga con paros parciales y de jornada completa que empezaron el pasado 17 de abril para conseguir una subida salarial "en línea" con la de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que lograron un incremento de hasta 450 euros al mes.
El edil del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares Marcelo Isoldi ha renunciado a su acta de concejal después de que el Juzgado de lo Penal número 3 del municipio le condenase este mismo mes a un año y medio de cárcel y a ocho de inhabilitación especial como cargo público por un delito de prevaricación ambiental, según han confirmado fuentes municipales.
Según la sentencia, el concejal permitió junto al exedil Francisco Javier Fernández, bajo el mandato del excalde 'popular' Bartolomé González, que la estación de autobuses de la calle Brihuega de la localidad siguiera funcionando durante 24 horas al día sin licencia de actividad y funcionamiento, "contando únicamente con licencia municipal para el ejercicio de la actividad de despacho de billetes, sala de espera, cafetería y administrador de autobuses".
Isoldi, que no va en la lista del PP a la Alcaldía para los comicios del 28M, tomó posesión como edil en 2001, siendo alcalde Manuel Peinado Lorca. Desde entonces ha sido concejal en el municipio, llegando a ocupar varias delegaciones en las legislaturas de los regidores Bartolomé González y Javier Bello.
PSOE LO VE "UNA VICTORIA"
Por su parte, desde el PSOE de Alcalá de Henares han calificado de "victoria" para su partido y para la ciudad esta dimisión, que consideran que debería haberse producido el 9 de mayo cuando "se conoció la sentencia". Apuntan a que finalmente se ha producido para "evitar" que se celebrase un Pleno convocado para este lunes que tenía como objetivo "presionar para la dimisión".
"Esta sentencia representa una condena a los años del 'bartolismo' en Alcalá de Henares, a los años de gobiernos del Partido Popular con numerosas sospechas de presunta corrupción y mala praxis, que actualmente están en los juzgados", han señalado a través de un comunicado.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condenado de diez años y cuatro meses al expresidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, por los delitos de administración desleal, apropiación indebida agravada por el valor de lo defraudado, y por falsedad de documento mercantil.
La sentencia del Supremo, recogida por Europa Press, absuelve por contra a la esposa, Ana de la Fuente, que fue condenada a dos años de cárcel por delito de falsedad en concurso con estafa, al considerar que el tribunal sentenciador presumió su colaboración por el mero hecho de ser su mujer pero sin prueba de peso.
La pena más elevada por la denominada 'Operación Cebada', un total de diez años y cuatro meses, recayó en Lino Rodríguez, mientras que su esposa, ahora absuelta, y el exvicepresidente de Asaja, Gerardo Rico, fueron condenados a dos años--ha sido confirmada-- y el exgerente de la citada OPA, Fernando Redondo, a cuatro meses--no recurrió el fallo--, todo ello en la causa que investigaba la gestión económica de la asociación entre 1990 y 2014, periodo que la acusación pública y las particulares, ejercidas por la propia organización y la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Patata Industrial y Consumo (Indycons), denunciaron que estuvo plagado de irregularidades.
El primero, además, deberá abonar indemnizaciones que superan los 1,2 millones de euros, de ellos 28.731 a Asaja; 646.111 a Ifycar, 136.000 a Productores de Patatas y 388.648 a Derco. En el capítulo indemnizatorio se incluía en algunas partidas a su esposa, de forma conjunta y solidaria, de las que ahora no tendrá que responder, y al exvicepresidente de Asaja, Gerardo Rico.
Los cuatro se enfrentaban a penas que en su conjunto sumaban más de 26 años de cárcel y casi cuatro millones de indemnización, con la petición más elevada, trece años y medio, para el expresidente, Lino Rodríguez, por delito continuado de administración desleal, otro continuado de falsedad documental en concurso medial con otro continuado de apropiación indebida y un delito de falsedad en documento mercantil, mientras que para su esposa, Ana de la Fuente, como cooperadora necesaria en el segundo y tercer delitos a través de la gestoría Sodeprin, el fiscal había pedido dos años de cárcel.
Otros dos de los acusados, el exgerente Fernando Redondo se enfrentaba a seis años y el ex vicepresidente de Asaja Valladolid, Gerardo Rico, a cinco por administración desleal, falsedad en documento público y mercantil y apropiación indebida.
Durante el juicio, el principal condenado mantuvo que todas las trasferencias de dinero entre las sectoriales de la organización entre 1990 y 2014, el salario que empezó a percibir desde 2004 y los gastos contraídos con tarjetas de crédito "están debidamente justificados y soportados", entre los que figuran la compra de joyas, perfumes y muebles, viajes, comidas, reparaciones dentales y hasta alguna adquisición en un sexshop.
A lo largo de su testimonio, Lino Rodríguez insistió en que todos y cada uno de los movimientos económicos entre Asaja y distintas sectoriales de la organización, que "eran totalmente autónomas", así como los gastos con tarjetas expedidas por dos estas últimas, Remolacheros y Derco, jamás tuvieron por destino su lucro personal sino que los mismos estaban relacionados con la actividad propia de la OPA y estaban "debidamente justificados y soportados".
El exsindicalista recordó que cuando llegó al cargo los trabajadores de la plantilla de Asaja llevaban un año sin cobrar y que por ello asumió una ingente "actividad laboral" impropia de su cargo, que era meramente "representativo", y que permitió en poco tiempo generar ingresos y subsanar esta situación.
"¡HE QUEMADO DOS COCHES!"
"¡He quemado dos coches con esta labor, sin poder atender mi explotación!", destacó Rodríguez, quien por ello relató que pasados diez años se plantó y comunicó al sindicato que a partir de entonces se iba a limitar a su labor de representación, de ahí que directivos de Asaja, tal y como esgrimió, le ofrecieran remunerar ese esfuerzo desde 2004 en virtud de un contrato laboral.
En el polémico contrato se hizo contar la categoría profesional de ingeniero técnico agrícola, pese a reconocer que carece de la misma y que percibía unos emolumentos muy superiores a los regulados por el convenio de oficinas, inicialmente de 1.770 euros pero más tarde doblado a los casi 4.000 euros.
Además de dar por justificados todos y cada uno de los movimientos realizados entre las sectoriales de Asaja, Lino Rodríguez también defendió como legales los numerosos cheques cobrados por él en distintas entidades de ahorro--136.000, 91.000 ó 66.111 euros...-- y las diferentes transferencias recibidas en su cuenta.
Justificó también la contratación de la sociedad Sodeprín, de la que eran socios tanto él como su esposa, para tramitar todo lo relacionado con los contratos de los trabajadores ante la Seguridad Social y se mostró mostrado algo menos preciso a la hora de explicar los gastos realizados con tarjetas de débito y crédito de las sectoriales Remolacheros y Derco.
Al respecto, el exlíder de Asaja Valladolid, sin explicar muy bien por qué manejaba dichos plásticos expedidos por ambas sectoriales y no por el sindicato, tarjetas de las que también disponían los igualmente acusados Gerardo Rico y Fernando Redondo, mantuvo que las mismas las usaba para "pagar todo aquello relacionado con la organización agraria".
Entre esos cargos figuran la compra de joyas y perfumes, viajes a Escocia, Italia y EE.UU, uno a Disneyland París, un banquete por 1.850 euros en un restaurante coincidiendo con la comunión de uno de sus hijos, cenas en Jueves Santo y Viernes Santo, adquisiciones de ropa y electrodomésticos, entradas de cine, arreglos dentales....y hasta un gasto en un sexshop, este último el 3 de julio de 2009.
En el lado opuesto, el fiscal del caso resumió los hechos afirmando que "Lino Rodríguez tuvo el control total de Asaja, incluida la contabilidad, e hizo y deshizo a su antojo", a la vez que consideró probado que, tras ganarse la confianza de los asociados, dispuso en beneficio propio de las subvenciones públicas de las distintas sectoriales a través de un laberinto de movimientos de dinero entre unas y otras "con el único propósito de esconder el origen del mismo".
También sitúo desde el año 2000, como partícipe a título lucrativo, a la esposa del sindicalista, Ana de la Fuente, al frente de la sociedad Sodeprin SL, de la que eran socios ambos y que fue contratada inicialmente para elaborar las nóminas de los trabajadores de Asaja.
CONTRATO NULO
El polémico contrato, inicialmente suscrito con Derco y años después asumido por Asaja y que ha sido declarado nulo, fue tildado de "falso", ya que se hizo sin conocimiento ni consentimiento de la junta directiva de la OPA, y a pesar de ello el acusado estuvo percibiendo mensualidades por importe de hasta casi 4.000 euros, sin haber justificado tampoco actividad alguna.
Con respecto al exgerente de Asaja, Fernando Redondo, y el que fuera vicepresidente, Gerardo Rico, en el primer caso el acusador público le imputó los gastos de adquisición de fichas con una tarjeta realizados en un casino en 2008 y 2009 y por los que le pidió seis años de cárcel, al entender que incurrió en un delito de apropiación indebida, en el que estimó la atenuante muy cualificada de reparación del daño--devolvió en su día más de 5.700 euros y hace dos días otros 11.450--.
El segundo, según la petición del fiscal, se enfrentaba a una posible condena de cinco años, también por apropiación indebida, en relación con sendas transferencias por importe global de 80.000 euros que fueron a parar de Indycons a la sociedad Campo de Peñafiel, de la que Gerardo Rico era presidente.
El exalcalde de Andratx, Toni Mir (PSIB), ha afirmado este viernes que el archivo de la causa abierta por presunta prevaricación contra varios ediles demuestra que el PP utiliza la justicia "para obtener rédito político".
En un comunicado, Mir ha añadido que la formación no acepta "esta manera de juego sucio de hacer política" y ha lamentado que sea "una práctica habitual del PP".
El actual candidato socialista a la alcaldía de Andratx ha lamentado la "dinámica" de denuncias, que produce "efectos negativos" en la política del municipio y crea "desafección".
Mir ha recordado que ahora, con el sobreseimiento, el Consistorio tendrá que asumir los aproximadamente 40.000 euros de costes del proceso judicial.
"Los socialistas reivindicamos otra manera de hacer las cosas, otra manera de gobernar. Estoy convencido de que los vecinos de Andratx el 28 de mayo escogerán otra manera de hacer las cosas", ha añadido.
Por su parte, el vicesecretario general de la Federación Socialista de Mallorca, Javier de Juan, ha aprovechado para dar las gracias a todos los compañeros por "su valentía durante este proceso".
De Juan también ha criticado "las prácticas que, tanto la derecha como la ultra derecha, están haciendo para acceder al poder y demostrar que están dispuestos a todo para gobernar".
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que la Audiencia Nacional investiga en una macrocausa de corrupción, ha defendido este miércoles en el Congreso que la 'Operación Cataluña' la dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y fue ideada desde las "entrañas" de Presidencia del Gobierno en la etapa de Mariano Rajoy (PP).
Según Villarejo, las "directrices fundamentales" las daba directamente el CNI, entonces liderado por el general Félix Sanz Roldán. "Ni el CNI ni la Guardia Civil aparecen en esta causa. En mi caso no hay ningún chocho volador, ninguna 'coca', ningunos generales que se llevan el dinero y, sin embargo, estoy aquí, que me piden 1.200 años, imagínese lo absurdo", ha lamentado, en alusión al 'caso Mediador' que afecta al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'.
Así lo ha explicado en la comparecencia que ha abierto la comisión de investigación sobre la trama supuestamente parapolicial que Villarejo ha relacionado con una labor de "inteligencia" para frenar el desafío independentista en Cataluña, negando que el objetivo fuera fabricar pruebas falsas contra políticos soberanistas.
UNA OPERACIÓN DE ESTADO
"La Operación Cataluña no se entiende sin que le pregunten ustedes al CNI --ha dicho--. Es una de las muchas operaciones en las que en mi condición de agente de inteligencia trabajé para el Gobierno".
El comisario jubilado ha hablado de una "operación de Estado" y ha calificado de "esperpento" que pidan más años de cárcel a él por la pieza 'Kitchen' que para el que fue ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
A preguntas del PSOE, Villarejo ha dicho que las "directrices puntuales" las recibía de Fernández Díaz, aunque también despachaba con su secretario de Estado de Seguridad, el director de la Policía o el director adjunto operativo (DAO).
Según ha explicado, la Operación Cataluña arrancó en 2012 y lo que le encargaron fue "averiguar cosas que tuvieran interés para desmontar el proceso independentista". En ese sentido, el entonces presidente, Artur Mas, "era uno de los objetivos fundamentales" porque entendían que "en realidad era casi una marioneta que manejaba todavía el expresidente Pujol".
LAS CUENTAS DE ANDORRA Y EL REY JUAN CARLOS
En otro momento, a preguntas del PP, se ha referido a las informaciones que se publicaron vinculando a independentistas con cuentas opacas en Andorra, a raíz de la evasión de capitales reconocida por Jordi Pujol, y ha precisado que este asunto el CNI lo encargó a la Guardia Civil porque "nunca" se han fiado de la Policía. Ha afirmado igualmente que "jamás" se vio con el directivo de la Banda Andorrana, Higini Cierco, también citado en la comisión del Congreso.
También ERC y Junts le han preguntado por su implicación en los informes sobre políticos catalanes como Xavier Trias o la familia Pujol, pero el comisario jubilado ha reiterado que no tuvo "ninguna" relación sobre las indagaciones en Andorra, más allá de una nota de inteligencia "aclaratoria sobre los errores de utilizar a policías en activo".
Según ha explicado, en su nota mencionó también a personas vinculadas al rey Juan Carlos, lo que provocó una noticia en la que se acusaba a los policías de tratar de implicar al monarca en el 'caso Pujol'. Villarejo ha alegado que aquello provocó que fuera "boicoteado" y detenido poco después, porque "el CNI siempre acepta un órdago", y por eso no ha querido profundizar en el tema. "Me pone su señoría en el compromiso de que me repriman, en cualquier momento me van a volver a meter en prisión si vuelvo a hablar o dar más detalles", ha señalado.
SANZ ROLDÁN DESPACHA CON EL EMÉRITO CADA DOS MESES EN ABU DABI
A su juicio, a la Corona se la protege "corrigiendo los errores, no encubriéndolos ni ocultándolos". "Y ese ha sido mi error, porque había otras personas que no entendían eso", ha comentado. ERC le ha preguntado de nombre Soleado, pero el comisario ha evitado hablar de esta cuestión repitiendo la misma frase: "Cuando el CNI recibe un órdago, dice quiero".
En su intervención en el Congreso, Villarejo se ha presentado como víctima del CNI y de determinados "poderes", a los que se ha referido como "cobardes y felones", sin dar nombres salvo cuando ha mencionado al que fue director del servicio de inteligencia, el general Félix Sanz Roldán.
De forma indirecta ha relacionado las "cuentas opacas" en el exterior del Rey emérito y el contacto que como comisario tuvo con Corinna Larsen con la decisión del CNI de "reprimirle". En este sentido, Villarejo ha hablado de "fondos súper reservados" --sin ningún control-- y de reuniones de Sanz Roldán con Juan Carlos I, apuntando que ambos se ven "cada dos meses" en Abu Dabi.
LA UNIDAD DEL CNI PARA "ELIMINAR" A GENTE MOLESTA
En su 'cruzada' contra el CNI, Villarejo ha vuelto a sugerir que los Servicios de Inteligencia cuentan con una unidad dedicada a "eliminar físicamente" a personas que considera "incómodas" o que tienen información que es mejor ocultar.
El portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, le ha pedido que pusiera algún ejemplo y Villarejo ha mencionado a personas que "han muerto de una manera muy sorprendente" como el que fuera fiscal general del Estado José Manuel de la Maza, fallecido en 2017 en Buenos Aires, o el "señor Jambrina" (por el coronel Emilio Jambrina, mano derecha del general Emilio Alonso Manglano en el CESID), que estaba "enfermo" (murió de coronavirus) tras haber manifestado su deseo de "hablar".
También se ha referido a sí mismo, incidiendo en que intentaron matarle en 2018 estando en la cárcel. "Yo casi estiro la pata porque tenía información molesta", ha indicado, felicitándose de que "calcularon mal la dosis" y luego alegaron que había sido una reacción alérgica a un medicamento.
Villarejo ha insinuando que fue idea del Gobierno del PP pero fallaron algo que, cree, no le habría pasado al PSOE que considera un partido "mucho más serio". "Cuando los resortes del Estado deciden eliminarte, poco se puede hacer. He sido más observador que protagonista", le ha soltado en otro momento a Gabriel Rufián.
La diputada de la CUP, Mireia Vehí, le ha preguntado directamente si el "Estado mata por encargo" y él le ha respondido que los servicios de inteligencia de todos los países "si entienden que hay que tomar decisiones drásticas, actúan" y si consideran que "la mejor solución a una crisis es la eliminación física, lo ejecutan".
La Audiencia Nacional se ha visto obligada a suspender este miércoles el juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la 'Gürtel', debido a la huelga de funcionarios de Justicia.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el tribunal presidido por el magistrado José Antonio Mora Alarcón ha anunciado esta decisión sin llegar a abrir la sesión que estaba prevista que se celebrase en la sede de San Fernando de Henares. En este sentido, la vista oral se reanudará el próximo 23 de mayo.
Se trata de la segunda vez que la huelga de trabajadores de la administración de Justicia obliga a suspender este juicio después de que el tribunal se viese forzado a anunciar un parón 'sine die' el pasado 18 de abril.
La vista oral se reanudó este martes con la declaración de testigos y estaba previsto que las sesiones se extendiesen durante este mes de mayo.
Cabe recordar que Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.
Los 45.000 funcionarios exigen mejoras retributivas y su participación en la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa; todo ello, en el marco de la huelga con paros parciales y de jornada completa que empezaron el pasado 17 de abril para conseguir una subida salarial "en línea" con la de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que lograron un incremento de hasta 450 euros al mes.
El Senado tendrá que decidir en plena campaña de las elecciones si la alcaldesa de Marbella y senadora del PP, Ángeles Muñoz, vulneró el Código de Conducta de las Cortes Generales, en base al informe que tendrá que realizar la Comisión de Incompatibilidades en el seno de la investigación sobre su patrimonio.
Según ha confirmado la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, el grupo de trabajo encargado de elaborar este informe tendrá que diseñar este texto con "el poco material" que ha remitido la alcaldesa de Marbella, que rechazó acudir en audiencia a someterse a las preguntas de los grupos.
"La Comisión tiene que hacer su responsabilidad y seguir el Código de Conducta", ha proclamado Eva Granados. Tal y como está fijado en el calendario que maneja la Cámara, será el 18 de mayo cuando se reúna la Comisión para elaborar el informe.
Y a partir de ahí, será elevado a la Mesa del Senado para que determine en base a ese informe si la alcaldesa de Marbella vulneró el Código de Conducta. Según estas fechas, probablemente sea en la reunión de la Mesa del 23 de mayo --a escasos días de las elecciones-- cuando se decida sobre este asunto.
En cualquier caso, la portavoz socialista, además de acusar a Ángeles Muñoz de "mentir" en puntos de su escrito, también ha puesto el foco en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha culpado de "encubrir" las posibles irregularidades en el patrimonio de la senadora 'popular'.
La juez del denominado 'caso Cuarteles' ha acordado ampliar la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de obras de al menos 13 comandancias de la Guardia Civil después de que la Fiscalía apreciase indicios de presuntos delitos de cohecho que habrían sido cometidos por los cuatro investigados.
Así, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid ha estimado pertinente sumar este delito a la lista que ya incluye otros, como falsedad continuada en documento oficial y malversación de caudales públicos, atribuidos al teniente general Pedro Vázquez Jarava, quien fuera subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil; al exjefe de la Comandancia de Ávila entre 2015 y 2017, al teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez; al empresario Ángel Ramón Tejera, alias 'Mon'; y al trabajador por cuenta propia Salvador Gutiérrez.
En un auto firmado el 5 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Isabel Durantez les ha citado a todos para que comparezcan el próximo 17 de mayo, a las 12.45 horas, al tiempo que ha acordado mantener la citación que ya tenía prevista para Alonso Rodríguez ese mismo día, a las 13.00 horas.
La instructora ha adoptado esta decisión tras aceptar la solicitud del Ministerio Público de transformar la causa para que en caso de ser procesados sean juzgados por un tribunal del jurado; ello dado el tipo de delitos que se investigan: "un delito de falsedad continuada en documento oficial, en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos y, en su caso, un delito de cohecho".
En el marco de la resolución, la titular del Juzgado ha llamado a comparecer también a los peritos recién designados por la Dirección General del Patrimonio del Estado para que aceptar el encargo relativo al informe pericial que desde hace unos nueve meses esperan en el Juzgado para esclarecer las obras efectuadas en 13 comandancias: las de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.
En este caso, que se empezó a instruir en Ávila en 2019 y fue remitido a Madrid en 2021, Asuntos Internos cifra en 3,3 millones de euros el importe de las obras adjudicadas entre 2008 y 2019 por al menos 13 comandancias de la Benemérita a las empresas administradas por 'Mon', pese a constar que algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, "lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación".
EL EXJEFE DE LA COMANDANCIA DE ÁVILA
Cabe recordar que la titular del Juzgado ya había aplazado al 17 de mayo, a las 13.00 horas, la declaración del exjefe de la Comandancia de Ávila, a quien en un principio había citado para el 17 de abril después de que éste le pidiera comparecer de manera voluntaria para demostrar su "falta de conocimiento y participación" en las presuntas irregularidades investigadas.
La decisión de la juez tuvo lugar después de que la defensa de Alonso Rodríguez presentara un escrito en el que solicitaba que se le tomase declaración de nuevo, ya que llegó a comparecer en sede judicial cuando el procedimiento se investigaba en los juzgados de Ávila, antes de que el caso se enviara a Madrid.
El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil asegura en uno de los atestados --a los que ha tenido Europa Press-- aportados al procedimiento que Alonso Rodríguez, como exjefe de la Comandancia de Ávila, pidió, autorizó y ordenó pagar varias obras antes de que estas se realizaran. Según precisa, muchos de esos trabajos ni siquiera eran necesarios.
Los investigadores subrayan que "en un mismo día" y "con escasa diferencia horaria" solicitó, autorizó y ordenó el pago de varias facturas emitidas por empresas de Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', quien también figura como investigado en el procedimiento, para trabajos en varios acuartelamientos de la provincia de Ávila.
EL INFORME PATRIMONIAL DE ALONSO RODRÍGUEZ
Asuntos Internos también alertó en octubre de 2020 en un informe de que el teniente coronel en los años 2016 y 2017 ingresó en sus cuentas bancarias distintas partidas de dinero en efectivo por importe de 21.500 euros "cuyo origen (...) no ha podido ser determinado".
El objetivo de dicho informe patrimonial, al que tuvo Europa Press, era determinar el capital inmobiliario y mobiliario que pudiera poseer el teniente coronel que entre abril de 2015 y noviembre de 2017 fue jefe de la Comandancia de Ávila y que --según Asuntos Internos-- adjudicó a empresas de ese contratista "obras finalmente cobradas pero no ejecutadas o ejecutadas únicamente de manera parcial".
Ante el informe de la Benemérita, la defensa de Alonso Rodríguez presentó escrito ante el juzgado en el que insistió en que resultaba "evidente y constatable" que no tenía ingreso alguno que no correspondiese a su "nivel de ingresos declarados". "No existe incremento patrimonial significativo", añadió al tiempo que recordó el principio de presunción de inocencia.
Entre otros argumentos, el agente explicó que él y su mujer empezaron a ahorrar en metálico en junio de 2010 y que su suegra --que falleció ese año-- "en vida (le) entregó dinero en efectivo para gastos".
Además, la representación letrada del teniente coronel incidió en que nada tenía que ver con los hechos que se investigan en otras comandancias ajenas a la de Ávila y que la instrucción le había causado un "daño gratuito" a su "imagen personal y a la de su mujer". En aquella ocasión solicitó que se le apartase de la causa como investigado y que cambiara su condición a la de testigo. Hasta el momento, permanece investigado.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, de archivar por completo las diligencias correspondientes a la investigación de los avales y préstamos concedidos desde la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), perteneciente a la Administración andaluza, a la empresa malagueña Isofotón, declarada en concurso de acreedores tras los fondos públicos recibidos.
En un auto de fecha 22 de febrero, la Sección Primera de la Audiencia aborda un recurso de apelación de la Fiscalía, contra el auto emitido por dicha instancia el 3 de octubre de 2022, acordando el archivo del conjunto de las actuaciones correspondiente a la investigación de los avales y préstamos de IDEA a Isofotón, por posibles delitos continuados de malversación y prevaricación, así como por un supuesto delito de falsedad en documento público.
Previamente, la Audiencia había resuelto archivar estas diligencias que tramitaba el Juzgado de Instrucción número tres, respecto a Bienvenido Martínez, quien fuera director de Inversiones Estratégicas de IDEA y otrora miembro del consejo de administración de Invercaria, defendido por el letrado Juan Carlos Alférez, del despacho Constitución 23.
En concreto, en un auto emitido el 8 de septiembre de 2022, la Sección Primera de la Audiencia estimó parcialmente el recurso de apelación promovido por la defensa de Bienvenido Martínez, contra los autos emitidos en julio y octubre de 2020 por el Juzgado de Instrucción número tres, primero citando como investigado a dicho exdirectivo de IDEA y después desestimando su recurso inicial de reforma contra dicha decisión.
Además de Bienvenido Martínez, figuraban como investigados en la causa su sucesor en el cargo, Francisco A.J.; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; dos subdirectores de IDEA, un jefe de departamento, el que fuera presidente de la Isofotón, Ángel Luis Serrano Serrano, o el hermano de este último, Diego Serrano, entre otros.
PRÓRROGA "EXTEMPORÁNEA"
La defensa de Bienvenido Martínez, en su recurso de reforma ante la decisión del Juzgado de Instrucción número tres de citarle como investigado, alegó falta de motivación y ausencia de indicios incriminatorios, para después, en su recurso de apelación ante la Audiencia, añadir la prórroga o ampliación extemporánea del plazo instructor establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesando el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto a su patrocinado.
En este sentido, la Audiencia señalaba que el recurso de apelación de la defensa de Martínez "debe prosperar parcialmente, siquiera por el último motivo aducido", conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre la que cita la sentencia 455/2021, que "resulta inequívoca y contundente" cuando, entre otras consideraciones, concluye que "las consecuencias procesales de la práctica de diligencias fuera del plazo fijado ex lege son que no serán válidas, y ello arrastra todas las consecuencias que dimanan de esa nulidad acordada en la sentencia recurrida, como lo es la nulidad de lo actuado y la consiguiente absolución en el caso de que se llegue a juicio oral con esta quiebra procesal en el procedimiento".
Al hilo, la Sección Primera argumentaba que, en este caso concreto, el plazo de instrucción se amplió en dos ocasiones vencido el anterior, así como que la declaración como investigado del recurrente se acordó con posterioridad mediante el recurrido auto de 24 de julio de 2020. Más al detalle, en junio de 2020 fue ampliado por segunda vez el plazo de instrucción, "pese a que legalmente no cabía adoptar más" prórrogas, y ya en julio fue citado Bienvenido Marínez como investigado.
CITACIÓN SIN "VALIDEZ"
Por ello, "no cabe sino concluir que dicha declaración no fue válidamente acordada, y que la misma también carece de validez", un "defecto insubsanable causante de una crisis procesal que conlleva la consecuencia postulada" en la sentencia del Tribunal Supremo aludida, donde se establece igualmente que "no era posible continuar las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado (... por lo que...) debió dictarse el archivo de la causa".
Así, la Sección Primera de la Audiencia decretó el archivo de las actuaciones respecto al recurrente Bienvenido Martínez, tras lo cual el 3 de octubre de 2022, el Juzgado de Instrucción número tres acordó el archivo del conjunto de actuaciones de esta causa, bajo la misma premisa.
Ante el recurso de apelación de la Fiscalía contra dicho auto de fecha 3 de octubre de 2022, la Sección Primera de la Audiencia indica que "si la declaración de los investigados se acordó una vez vencido el plazo instructorio, no cabía sino proceder conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo, acordando el archivo de la causa, tal como ha resuelto la magistrada instructora".
Y es que, "no parece aceptable que, bajo tal excusa de salvaguarda procesal, se llame al proceso a quien, a la postre, resultaría absuelto como consecuencia de la crisis o quiebra procesal ocasionada por su declaración extemporánea, como postula el Tribunal Supremo", argumenta la Sección Primera de la Audiencia, que desestima así el recurso de apelación de la Fiscalía y confirma la decisión del juzgado de archivar el conjunto de las diligencias.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha fijado el 8 de junio la declaración como investigado del empresario y exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) David Madí en el marco de la investigación que se sigue por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos a la empresa Ambulancias Egara por parte de la Generalitat de Cataluña, una derivada del conocido como 'caso 3%'.
En una providencia del pasado jueves, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 señala a partir de las 10.00 horas la citación de Madí. Ese mismo día el magistrado también escuchará a la empresaria María José Cordovilla.
Se trata de la segunda vez que el instructor aplaza la declaración de Madí. El magistrado le citó inicialmente el 26 de abril y posteriormente señaló el 3 de mayo. Finalmente, el exdirigente de CDC declarará el próximo 8 de junio.
Unos días antes, el 31 de mayo, el juez Pedraz interrogará a partir de las 10.00 horas como investigados a los empresarios Fermí Ferrán y Alejandro García-Gascón.
El magistrado interrogó el pasado jueves al propietario de Ambulancias Egara, Oscar Simón, que reconoció que mantuvo contactos con Madí al tiempo que negó cualquier tipo de irregularidad en la adjudicación de contratos públicos, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Ese mismo día, el juez también escuchó como investigado al empresario Juan Alberto Arqués.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
La decisión de Pedraz de imputar a todos ellos atendía a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que interesó esas imputaciones apoyándose en el atestado policial que obra en la causa y en las entradas y registros acordados con anterioridad en la sede de la empresa sanitaria.
Según pudo confirmar en fuentes Europa Press, el magistrado acordó la entrada y registro el pasado 2 de marzo en la sede de Ambulancias Egara en Terrassa, en las dependencias de una unión temporal de empresas (UTE) en Lleida, y en una consultora de Barcelona, para localizar documentación sobre esas presuntas adjudicaciones irregulares del servicio de transporte de pacientes cuando estaba al frente del Govern CDC.
Las pesquisas se centran en hallar indicios relativos a la adjudicación de tres lotes del concurso sanitario de Cataluña en 2015 a una UTE de la que participaba Ambulancias Egara.
Se da la circunstancia de que Madí ya fue condenado en octubre de 2022 en el marco del 'caso Triacom' por el Juzgado Penal 23 de Barcelona a 14 meses de prisión y una multa de 219.750 euros tras el juicio contra él y otros siete acusados por una trama de facturas falsas en 2011 en la que participó como cooperador necesario para defraudar a Hacienda
Los jueces españoles abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 164 personas físicas y a 36 personas jurídicas en 2022 al dar por concluidos 38 procedimientos por este tipo de delitos, según ha informado este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Andalucía ha sido la comunidad autónoma en la que se finalizaron más procedimientos relativos a la corrupción con un total de 16 durante el año pasado. También ha destacado por contar con la mayor cantidad de personas acusadas en este tipo de casos: 93 en todo 2022.
En la lista le sigue la Comunidad Valenciana con 6 procedimientos concluidos y 45 personas acusadas --incluidas físicas y jurídicas-- por corrupción; Madrid con 6 casos finalizados y 18 acusados; Murcia con 3 procedimientos y 7 acusados; Cataluña con 2 casos y 10 acusados; y Aragón, Asturias, Extremadura y Galicia con un procedimiento cada uno y con menos de 5 acusados. La Audiencia Nacional figura también en la lista con un caso y 13 personas investigadas.
Desde el órgano de gobierno de los jueces, han precisado que estos datos se corresponden con la denominada "corrupción pública", que está en los "más altos índices de preocupación" en la sociedad, e involucra a "funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos.
El Consejo ha detallado que los casos contabilizados contemplan tanto la corrupción administrativa como la política y que recoge delitos como el de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad de la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
61 SENTENCIAS, 45 DE ELLAS CONDENATORIAS
Según los datos facilitados por el CGPJ, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los juzgados y tribunales dictaron un total de 61 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 45 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8% de las dictadas por los distintos órganos judiciales.
Al hilo, el órgano de los jueces ha detallado de que las 45 sentencias condenatorias, 20 lo fueron con conformidad, 20 sin conformidad y 5 fueron "parcialmente condenatorias".
De las 61 sentencias dictadas en 2022 por corrupción, 16 de ellas --es decir, el 26,2% del total-- fueron absolutorias.
Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del CGPJ tras la incorporación de la información correspondiente al año 2022 y a su último trimestre. El repositorio, que fue presentado en enero de 2017, es de acceso público en la web del Poder Judicial y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró (Barcelona) ha citado a declarar en diciembre como investigada a la exconcejal de Joventut de Vilassar de Mar (Barcelona) Montse Gual por la ginacana para jóvenes de entre 12 y 30 años con contenido relacionado con la sexualidad en alguna de sus pruebas.
Así, el juzgado ha admitido a trámite la querella presentada por Abogados Cristianos en representación de la madre de uno de los participantes en la prueba, según el auto de diligencias previas consultado por Europa Press.
A Gual se le atribuye la presunta autoría de delitos de exhibicionismo y de revelación y descubrimiento de secretos en soporte electrónico de menores de edad. La concejala renunció voluntariamente a su cargo por la "controversia generada", si bien subrayó que desconocía las actividades concretas.
El juzgado ha citado a declarar como testigos al alcalde de la localidad, Damià del Clot, y al técnico de Joventut Esteve Torrent.
GINCANA
La gincana, celebrada en julio de 2022, incluía colocar un preservativo con la boca en un plátano o un palo, untarlo con miel y nata y lamerlo; escenificar posturas del Kamasutra, y simular posturas sexuales, entre otros.
Además, los menores de entre 12 y 14 años fueron fotografiados durante la actividad, y las imágenes se distribuyeron a los medios de comunicación sin pixelar.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha criticado en un comunicado este miércoles el "intento de hipersexualización, de corrupción" de los menores.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 una denuncia contra el que fuera cuñado de Rodrigo Rato --quien fuera ministro de Economía en la etapa de José María Aznar como presidente--, Santiago Alarcó Canosa, en la que da cuenta del entramado financiero internacional por medio del cual habría ocultado al fisco español una fortuna millonaria.
Esta investigación de la Fiscalía, avanzada por El Confidencial y que ha podido confirmar Europa Press en fuentes jurídicas, se ha materializado en la presentación la semana pasada de una denuncia por parte del Ministerio Público ante la Audiencia Nacional. En la misma, Anticorrupción daría cuenta del objetivo de esa ocultación de dinero: evitar tener que hacer frente al pago de las fianzas dictadas por los tribunales y los posibles embargos derivados.
Según detalla este digital, el Ministerio Público ha encontrado cuentas en varios paraísos fiscales cuyos fondos tienen procedencia de origen desconocido y además ha localizado una transferencia de 250.000 euros con destino a una sociedad instrumental irlandesa que está vinculada a Rato.
En su denuncia, Anticorrupción le acusa de hechos que encajarían en los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, y frustración de la ejecución.
La Audiencia Nacional (AN) ha suspendido 'sine die' el juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la 'Gürtel', debido a la huelga de funcionarios de Justicia.
Así lo ha anunciado este martes el tribunal que ha explicado que su intención es reanudar la vista oral la próxima semana si el parón lo permite.
Estaba previsto que el juicio se reanudase este martes con la declaración de una serie de testigos, entre los que se cuenta el que fuera gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte Cesar Tomás Martín Morales, juzgado en otras piezas de Gürtel.
Cabe recordar que Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.
Este lunes se produjeron los primeros paros parciales como consecuencia de la huelga convocada por CSIF, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) para reclamar a la ministra una subida salarial en línea con la aprobada para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) --de hasta unos 450 euros--.
Además del incremento salarial, los sindicatos instan a paralizar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque, a su juicio, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación, así como una "redefinición" de las funciones de los empleados públicos de la administración de justicia.
La Guardia Civil ha aprobado este lunes en el primer Consejo presidido por su nueva directora, Mercedes González, la puesta en marcha de un Plan de Acción de Ética Profesional que incluye crear un Observatorio dependiente del Mando de Personal y un "sistema interno de información" para proteger a personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. También se ha acordado eliminar el requisito de estatura mínima para el ingreso en el Cuerpo.
Las medidas se han anunciado tras la primera reunión de Mercedes González con las asociaciones profesionales tras sustituir a María Gámez, que dejó el cargo tras la imputación de su marido en una derivada del caso ERE de Andalucía. En su toma de posesión, la nueva directora ya prometió ser "inflexible" frente a la corrupción en un contexto con varios exgenerales y mandos imputados en casos como 'Mediador' o 'Cuarteles'.
En un comunicado, la Guardia Civil ha destacado que la directora ha puesto en valor que el Instituto Armado está a la vanguardia en la lucha contra la corrupción, recordando la aprobación en marzo de 2022 del real decreto que desarrolla su Código de Conducta. Lo que se busca ahora es que no se queda en una "mera declaración de intenciones".
Para poder llevar a cabo la supervisión de todos los proyectos en desarrollo, la centralización de la información relevante y la emisión y difusión de los informes que se determinen, se ha considerado también la constitución de un Observatorio de Conducta Ética en el seno del Mando de Personal de la Guardia Civil, que está previsto que comience su actividad en este segundo trimestre del año.
EN EL BUEN CAMINO, PERO QUEDA MUCHO POR HACER
"Aunque se ha hecho mucho queda también mucho por hacer, por regular y por aprender, pero se está en el buen camino", ha sostenido González, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado al término de la reunión ordinaria del Consejo del Instituto Armado.
Además, se ha mostrado convencida de que esto redundará en el "fortalecimiento y robustez de una institución que es querida por la ciudadanía porque sus miembros realizan un brillante y honesto trabajo diario".
"Entre estas iniciativas previstas, una de las más importantes es la implantación de un Plan de Acción de Ética Profesional, que abarcará un conjunto de medidas en diferentes ámbitos de la actuación profesional, cuyo eje central será la aprobación de un Protocolo de buenas prácticas", ha indicado la Guardia Civil.
En este sentido, se creará un "Sistema Interno de información" para aplicar internamente las disposiciones de la Ley de Protección del Informante y Sistemas Internos de Información, derivada de la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937, conocida como Directiva de Whistleblowers, y que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
"Se establece la obligación de crear un Sistema Interno de información, al cual se unirán los canales previos que ya existen en Guardia Civil, para reforzar la implementación de las medidas relativas al Código de Conducta", ha indicado el Instituto Armado.
ELIMINAR ESTATURA MÍNIMA
Durante esta sesión también se han tratado varios proyectos para cambiar diferentes reglamentos y órdenes generales de la Guardia Civil, entre ellas la que eliminará el requisito de una estatura mínima para el ingreso en el Cuerpo en la escala de guardias civiles, así como la norma del Ministerio de Defensa que también afecta al acceso a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.
También se han valorado modificaciones en la Orden General sobre emblemas, divisas y distintivos; la Orden General sobre tipos, modalidades y normas de utilización de los uniformes específicos en la Guardia Civil; y el Proyecto de Instrucción sobre las consecuencias inherentes a la concesión del empleo honorífico.
Entre otros asuntos tratados se ha abordado que todo el personal de Ceuta y Melilla en funciones de seguridad ciudadana obtenga la especialidad de Fiscal y Fronteras, así como la tramitación de un expediente de 400 vacantes para personal en reserva para especialidades de todos los empleos, y que se espera que esté aprobado antes del verano.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al exalcalde 'popular' de Gandía (Valencia) Arturo Torró a la pena de tres años y medio de prisión por malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015 en el consistorio, el conocido caso Tele7.
Así se desprende de la sentencia, en la que el tribunal le condena como autor de un delito de malversación y, junto a la pena de cárcel, le reclama el pago de una indemnización solidaria junto a Ricardo Manuel Faura, exadministrador de la mercantil Comarques Central Televisió, de 135.812,50 euros al Ayuntamiento de Gandia. Faura también ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión como cooperador de la malversación.
Además, la Audiencia impone a Arturo Torró, también expresidente del Consejo de Administración de IPG, una inhabilitación absoluta de seis años y seis meses. Por otro lado, el tribunal absuelve de los hechos delictivos a las otras cinco personas acusadas en el procedimiento.
Durante la vista, Torró se mostró inocente y destacó que nadie puso jamás ninguna pega a la gestión de las televisiones: "Todo era aplausos porque se veía más la televisión que antes y a menos de la mitad del coste que antes".
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