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El 0,2 por ciento de las ovejas y cabras de Castilla-La Mancha se han visto afectadas por la viruela y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha indicado que es "una cifra relevante" pero con un impacto "no tan grande", por lo que ha pedido que no se generen alertas y preocupaciones "innecesarias". "Se ha hecho todo perfecto", ha defendido.
Así se ha pronunciado Arroyo durante su intervención en el pleno de las Cortes durante el debate general relativo a las medidas de prevención y actuaciones adoptadas por el Gobierno regional con relación a la viruela ovina y caprina.
Arroyo ha querido transmitir tres mensajes "claros y contundentes" tanto a los ganaderos de ovino y caprino de la región como a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, como son que esta enfermedad
no se transmite a los humanos, que todo se ha hecho en "cumplimiento estricto" de la normativa vigente y mucha prudencia a los ganaderos para que el problema "deje de serlo lo antes posible".
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
El consejero ha hecho una cronología de las actuaciones de la Junta en este sentido, desde el 19 de septiembre de 2022 cuando se declaró un foco en una explotación de Baza (Granada) con contactos con otra en Villaescusa de Haro (Cuenca), y señalando que, además, las otras explotaciones afectadas están en Tébar, La Alberca de Záncara y Alcázar de San Juan.
Por el camino, ha recordado que se tomó "una decisión drástica" como fue la limitación de movimiento para todo el ganado caprino y ovino de Castilla-La Mancha, menos en Guadalajara. "Desde entonces se han enviado muestras de 137 explotaciones ganaderas de Castilla-La Mancha, que tenían relación con el cebadero de Alcázar y otras cuyos animales mostraban síntomas y ni una sola ha sido positiva. Creo que hemos hecho bien, nadie puede comprar lo contrario".
Es por todo ello por lo que el titular de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha pedido que "entre todos" se haga "todo lo posible" para que los afectados sigan siendo competitivos "como lo son" y se cree en un sector con "grandes posibilidades de futuro".
SE HA PRODUCIDO "UN GRAN DAÑO"
De su parte, la diputada de Cs Elena Jaime, que ha mostrado su alegría por el hecho de que todos los controles que se están haciendo estén dando negativo, ha dicho que aunque la cabaña afectada sea poca hay "un gran daño hecho" y que la indemnizaciones que ha puesto de manifiesto el consejero no cubren todos los costes.
En su resolución, CS solicita aumentar los controles en cuestión de sanidad animal que permitan detectar de forma inmediata cualquier enfermedad que pueda afectar a nuestra cabaña ganadera e incentivar un estudio que determine el origen de la cepa de viruela ovina y caprina.
Asimismo, pide incrementar las ayudas directas a los ganaderos afectados, de forma que cubran no sólo el sacrificio del animal y parte de su precio, sino que también cubran parte de los gastos fijos que tendrán que soportar hasta la reposición de la explotación, siempre que se dé esta.
Por su parte, el diputado del PP Benjamín Prieto ha dicho que la Administración regional no ha abordado el problema con la trascendencia que tenía y que las indemnizaciones necesarias para cada uno de los casos no son insuficientes.
En su resolución, el PP solicita determinar urgentemente la cantidad económica a indemnizar por los animales sacrificados y que ésta se adapte al valor real de mercado, y habilitar ayudas para la adquisición de víveres y otros elementos necesarios para paliar los efectos directos e indirectos de la enfermedad.
Del mismo modo, solicita ampliar los chequeos y estudios, la creación de nuevos centros de desinfección, medidas económicas de compensación para los ganaderos afectados por el confinamiento en caso de inmovilización del ganado y adoptar medidas basadas en criterios técnicos y fijar un órgano o grupo técnico de referencia, sin adoptar medidas desproporcionadas, estableciendo un sistema de vigilancia adecuado.
Finalmente, la diputada del PSOE Joaquina Saiz ha defendido que el Gobierno regional ha actuado con valentía para tomar decisiones de acuerdo a la normativa y el protocolo vigente, así como de la mano del sector; rechazando "el ruido" del PP porque a los ganaderos de la región "no les aporta nada".
Con todo, el PSOE solicita que se incremente la dotación de fondos públicos en los Presupuestos Generales del Estado para facilitar la contratación de seguros agrarios, un nuevo paquete de ayudas para financiar la compra de cabezas de ganado para los productores cuya cabaña haya sido sacrificada por la aparición de focos de viruela ovina y caprina.
Al Gobierno regional solicita ayudas dirigidas al sector agroalimentario para que los productos ganaderos puedan ser comercializados con distintivos de calidad, continuar con el apoyo a la ganadería extensiva de la región, apoyar a los ganaderos en la lucha contra las enfermedades a través de ayudas y seguir fomentando el consumo de productos claves en la dieta mediterránea.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido en el pleno de las Cortes regionales la Ley por la que se modifica la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, con la finalidad de adaptarla “a la realidad actual de este Cuerpo Policial” y de que la Comunidad Autónoma pueda contar con una Policía Local “más moderna, cercana, profesionalizada y adaptada a las necesidades y demandas de la ciudadanía”.
Durante el debate en el Parlamento autonómico, donde hoy se votará la norma, Ruiz Molina ha explicado que esta modificación es consecuencia de la labor desarrollada previamente en el seno de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Castilla-La Mancha, en la que se encuentran representados los ayuntamientos, los sindicatos y la propia Administración autonómica. Por tanto, ha continuado, las medidas que recoge “han sido consensuadas entre todas las partes implicadas, respetando la autonomía municipal en este ámbito”.
PRINCIPALES MEDIDAS QUE INCORPORA LA NORMA
Entre las principales medidas que incorpora la Ley, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado las relacionadas con la protección de las mujeres policías en sus condiciones de trabajo durante los periodos de gestación, maternidad y lactancia, con el fin de evitar situaciones de riesgo para ellas, para el feto o el lactante. En consecuencia, no manejarán máquinas, utensilios, instrumentos de trabajo, sustancias o productos que puedan resultar perjudiciales y, si es necesario, se les eximirá del trabajo nocturno o a turnos o se les adscribirá a otro servicio. Además, las funcionarias que se encuentren en estado de gestación podrán utilizar una uniformidad adecuada a su situación.
Otra de las modificaciones más importantes a las que se ha referido el consejero ha sido la eliminación del requisito relativo a poseer una estatura mínima para acceder a la Policía Local, con lo que se facilita la incorporación al Cuerpo, principalmente de las mujeres, que en la actualidad representan el diez por ciento del total de efectivos en la región.
Ruiz Molina también ha hecho hincapié en el establecimiento de un número mínimo de efectivos para crear un Cuerpo de Policía Local, que se ha fijado en cuatro, un oficial y tres policías, “con el objetivo de garantizar, con una plantilla suficiente, un servicio mínimo eficaz”. No obstante, ha precisado que “se prevé como excepción el supuesto de que su creación tenga como finalidad la asociación de cuerpos de Policía Local entre municipios”.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado, asimismo, que se regula la movilidad de tal manera que para proveer puestos por este sistema es necesario haber convocado previamente en el mismo ejercicio al menos el mismo número de puestos de trabajo por acceso libre, o en su caso, por promoción interna.
De esta forma, el municipio que necesite incrementar la plantilla de policías locales habrá de hacerlo a través de la convocatoria y celebración de oposiciones y no utilizando la plantilla de policías locales de otros municipios. Con ello, se consigue limitar el exceso de utilización de este procedimiento como forma de provisión de puestos.
COLABORACIÓN ENTRE MUNICIPIOS
Además, para facilitar la colaboración entre municipios, en los supuestos de necesidades extraordinarias del servicio, se flexibilizan las denominadas comisiones de servicio funcionales que, con la regulación actual, no pueden tener una duración superior a 15 días al año ni se puede recurrir a ellas más de dos veces en este periodo. Si bien, como ha indicado el consejero, “con esta modificación, se elimina el número de veces que se puede recurrir a ellas, con el límite de 30 días al año”.
Por otra parte, Ruiz Molina ha recalcado que se ha dotado de homogeneidad al conjunto de policías locales en la región estableciendo que el régimen disciplinario del personal funcionario de los Cuerpos de Policía Local sea el correspondiente al de personal funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Del mismo modo, ha explicado que se ha introducido un apartado que supone un reconocimiento a las y los policías que se jubilen, al posibilitar que puedan vestir el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes.
Finalmente, el consejero ha subrayado que aumentan los participantes en la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Castilla-La Mancha, incorporando a la misma a tres representantes de las jefaturas de los Cuerpos de Policía Local, que se suman al representante de la Escala Técnica designado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, “con el fin de enriquecer el debate y de tener una visión más completa de la realidad”.
Esta actualización de la Ley beneficiará a los más de 2.100 policías con los que cuenta la región, con presencia efectiva en 166 municipios y que aglutinan a más del 80 por ciento de la población, ha apuntado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, quien ha agregado que como Ejecutivo autonómico “no escatimamos esfuerzos a la hora de realizar las modificaciones normativas que sean necesarias para facilitar la labor que lleva a cabo la Policía Local en Castilla-La Mancha” y que “en esta línea seguiremos trabajando, siempre con el diálogo como premisa y procurando alcanzar el máximo consenso posible en todas las cuestiones que afecten al funcionamiento de este Cuerpo”.
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha debatido este jueves la nueva Ley de Vías Pecuarias promovida por la Consejería de Desarrollo Sostenible, una normativa que buscar actualizar la anterior Ley 9/2003. La ley ha recibido el rechazo de los grupos parlamentarios del Partido Popular y Ciudadanos, que han defendido una serie de enmiendas enfocadas en plazos administrativos y competencias.
El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha defendido el contenido de la ley, que permite "actualizar esta ley para adaptarla a la normativa actual y, al mismo tiempo, sumarle otro tipo de usos".
Asimismo, ha planteado que mejora "el mantenimiento y la protección del uso tradicional de estas vías, para el paso de ganado", destacando que "aún existen muchas familias que se dedican a la trashumancia".
Escudero ha destacado la importancia de estas vías, que cuentan con 14.000 kilómetros de trazado en más de 57.000 hectáreas de superficie.
"Castilla-La Mancha se configura a través de sus vías pecuarias".
Sin embargo, ha apuntado que "solo un 6% de las vías pecuarias figuran en el registro de la propiedad", indicando la importancia de la nueva norma para consolidar su clasificación y mejorar así su protección.
Entre las principales novedades de la nueva ley, Escudero ha destacado la "formalización de un fondo que vamos a crear para seguir invirtiendo en la conservación de todas las vías".
Asimismo, ha apuntado a varios artículos destinados a "mejorar las cuestiones relativas al cruce de esas vías con otras infraestructuras en materia de señalización y la ocupación de este dominio público".
En este sentido, ha destacado el establecimiento de "un canon por la ocupación de este patrimonio público, que también revertirá en ese fondo de conservación".
Por último, ha señalado el contenido destinado a legislar los "usos complementarios como el senderismo, tránsito de bicicletas o de maquinaria agroganadera se contemplan sin ningún tipo de excepcionalidad".
En la misma línea del consejero, el parlamentario del Grupo Socialista, Julián Martínez Lizán, ha defendido la necesidad de actualizar la legislación, dado que "se han producido importantes cambios estructurales, culturales y legislativos que afectan a las vías pecuarias".
Según Lizán, los 24 artículos modificados en la nueva ley facilitan "mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos públicos".
En este mismo sentido, ha apuntado que la nueva ley "se ajusta al principio de eficiencia", no estableciendo nuevas cargas innecesarias a la administración pública en su cumplimiento.
Además, también ha puesto énfasis en las nuevas realidades y usos que se reconoce a las vías pecuarias, destacando el reconocimiento de las mismas en la categoría de "infraestructuras verdes", aludiendo a su gran utilidad en la protección ambiental.
La portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha afirmado que "esta ley no soluciona el problema de protección de las vías pecuarias, sino que consideramos que lo puede llegar a enquistar".
"Nuestras enmiendas buscan defender nuestras vías pecuarias y buscan agilizar los expedientes administrativos que nunca cumplen", ha afirmado Picazo.
Las mismas se han centrado en la reducción de plazos de ocupación de las vías por parte de propietarios privados, señalando que establece "plazos excesivos de ocupación para que se cumpla una excepcionalidad innecesaria".
Por otra parte, ha manifestado el rechazo que los propietarios sean los responsables de asumir el coste de delimitación, deslinde y amojonamiento de las vías "cuando es la administración la que ejerce la custodia y cuidado de estas vías".
Por último, ha señalado la falta de competencias otorgadas a las corporaciones municipales. "Su empecinamiento en no incluirlas es inexplicable cuando vemos que nuestras vías pecuarias sufren de falta de mantenimiento, mal uso e, incluso, acumulación de basuras", ha afirmado en este sentido.
De su lado, el parlamentario del Grupo Popular, Benjamín Prieto, ha señalado igualmente que la nueva ley no viene a solucionar la "falta de identificación y protección" de las vías.
Prieto ha señalado "la necesidad de no alargar los procesos de clasificación, amojonamiento y deslinde de estas vías".
En este sentido, ha exigido la reducción de los plazos de identificación y clasificación a "un máximo de un año" y los de deslinde y amojonamiento a "dos años", respecto a los dos y tres años que figuran en el texto.
Además, ha reclamado que se elimine la obligación a las corporaciones municipales del coste de mantenimiento de estas vías. "Entendemos que la administración regional tiene suficientes recursos", ha afirmado.
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado con los votos a favor de PSOE y PP y la abstención de CS la modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda, trámite que se ha realizado por la vía de lectura única en los primeros compases de la sesión plenaria de este jueves y en virtud de la cual se elimina un párrafo concreto del artículo 67 en relación a técnica normativa en materia de concesión de subvenciones, un retoque provocado por un "error" en la redacción de la recientemente aprobada Ley de Medidas Administrativas, tal y como ha admitido el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.
"Es un error desde el principio, lo reconozco, cometido por todos los filtros a los que un proyecto de ley se somete, también por el Consejo Consultivo. Nadie advirtió que ese párrafo tendría que haberse derogado", ha abundado Ruiz Molina, quien ha justificado este ajuste asegurando que se evitarán así contradicciones en el futuro.
Al corregir este error se agilizará, según ha explicado, "poner el broche final a la Ley de Medidas Administrativas", que se tramitó con "todos los expedientes y participación de órganos técnicos".
"No hay mano negra, hay errores cometidos a pesar del trabajo de los técnicos de la Consejería, que advirtieron del error cometido por ellos y por todos los que han analizado el texto"
Una ley que, según ha explicado el socialista Fernando Mora, se trata de un texto técnico que lo que pretende es "alentar la simplificación administrativa en determinados trámites de gestión".
Una norma que tiene "poco debate", razón por la que ha pedido al conjunto de la Cámara su apoyo unánime, que finalmente no ha recabado.
Esta ley, ha dicho, "no sería necesaria si se hubiera reformado el Estatuto de Autonomía" y la puerta a retocar estos extremos por la vía del decreto ley fuera una posibilidad.
El diputado de CS David Muñoz Zapata, de su lado, sí se ha mostrado crítico con el fondo de la cuestión, ya que es una norma que afectará a la forma de repartir más de 3.600 millones de euros en subvenciones.
Aunque al parlamentario toledano le parece bien "que se elimine burocracia", cambiar esta ley para "solucionar un olvido es una forma poco responsable de legislar", ya que el legislativo no está "para cubrir las espaldas del Ejecutivo".
"Pretenden solucionar una contradicción y piensan que eliminando un párrafo ya lo tienen hecho. Pretenden eliminar el trámite de ejecución presupuestaria dentro de las concesiones de una subvención", ha alertado Muñoz Zapata. "El fin no está mal, pero las formas no son las adecuadas, y por hacer leyes rápido y mal hay consecuencias indeseadas".
Por parte del Partido Popular, el diputado ciudadrealeño Miguel Ángel Rodríguez ha expresado la opinión de su grupo para recordar que no hace ni un mes de la última aprobación legislativa al respecto que ahora tiene que ser corregida con esta tramitación exprés.
"Ustedes tenían prisa en aprobar la Ley de Acompañamiento para dejar solucionados algunos temas antes de las elecciones. Es humano, ven cerca el fin de su ciclo electoral y quieren solucionar cosas aún sabiendo que era una chapuza legislativa".
Ahora, se intenta modificar un artículo porque un punto es incompatible con dos artículos de la Ley de Medidas Administrativas, Fiscales y Tributarias, según ha explicado Rodríguez, quien ha negado la premisa de Fernando Mora en la que pedía ni siquiera debatir.
Fernando Mora ha matizado que la Ley de Medidas Administrativas que ahora se corrige con este retoque no se aprobó "por la puerta de atrás" como aseguraba la oposición.
Dirigiéndose al PP, le ha recordado que ellos no fueron "puros y castos", y simplemente ahora toca "acompasar" la ley. Se trata de una corrección que "pone en concordancia la Ley de Medidas Presupuestarias con la Ley de Hacienda".
"No hay que ir más allá. Creo que esta puntualización a la Ley de Hacienda es la correcta para gestionar con eficacia y transparencia".
PLENO EN LAS CORTES DE CLM
El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha de este jueves debatirá y votará los proyectos de ley de modificación de las leyes de coordinación de policías locales de la región y de vías pecuarias, dentro de un orden del día que incluye además una proposición socialista para modificar la Ley de Haciendas, así como tres debates generales y cuatro preguntas orales a propuesta de los grupos.
La sesión arrancará a las diez de la mañana en el Convento de San Gil de Toledo con la toma en consideración y la votación por lectura única de la Proposición de ‘Ley para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto legislativo 1/2002’, a propuesta del Grupo Socialista.
Tras el debate de esta iniciativa, el Gobierno regional y los grupos acometerán el debate de los dos proyectos de ley cuyo dictamen estaba listo para debate en Pleno tras su paso por comisión. En primer lugar, el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Policías Locales de Castilla-La Mancha impulsado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que llega a Pleno después de su paso por comisión el 2 de febrero, donde se eligió a la diputada socialista Ana Isabel Abengózar como ponente para la defensa la iniciativa.
A continuación, será el turno para el Proyecto de ‘Modificación de la Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha’, impulsado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, que quedó listo para ir a Pleno tras la comisión del 25 de enero en la que se incorporó la enmienda que había presentado el PSOE y otra más de Ciudadanos, designando además al diputado socialista Julián Martínez como ponente.
Tras este primer bloque de iniciativas legislativas, que de aprobarse sumarán 42 en lo que va de X Legislatura, será el turno para tres debates generales presentados por los grupos. El primero de ellos tendrá como objeto la afectación en la región de la enfermedad de viruela ovina, que aúna en un mismo punto dos iniciativas de los grupos Socialista y Popular. Después se debatirá sobre custodia compartida, a iniciativa de Ciudadanos, para dar paso después a un debate general a iniciativa del Grupo Popular sobre la plaga de conejos.
Ya en el bloque de control al Gobierno, el PP formulará cuatro preguntas orales relativas a la inflación en la región; el tribunal de oposiciones en Albacete; inversiones para la provincia de Cuenca; e instalaciones deportivas en la provincia de Albacete.
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