DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Agricultura y ganadería
La coordinadora de agentes medioambientales de CCOO-FSC ha querido rememorar este sábado a los dos agentes rurales, Francesc Xavier Ribas y David Iglesias, que el 21 de enero de 2017 fueron asesinados en Aspa (Lleida) con un arma de caza a manos de un cazador que finalmente fue condenado a 45 años de cárcel por este doble asesinato, y ha aprovechado para recordar al Gobierno regional que hay que "seguir avanzando en las medidas de protección, para evitar que algo así vuelva a ocurrir".
En un comunicado, ha señalado que tras los asesinatos solicitaron al Gobierno de Castilla-La Mancha la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad de los agentes medioambientales; en especial en escenarios potencialmente peligrosos, en situaciones conflictivas o en actuaciones que requieran interacción con personas que portan armas.
"Mientras que en Cataluña, a raíz del suceso, se elaboraron e implantaron medidas organizativas eficaces y se dotó a los agentes rurales de elementos de protección personal; en Castilla-La Mancha, en la práctica, poco o nada ha cambiado desde aquel 21 de enero de 2017", ha lamentado el sindicato.
"En todo este tiempo, lo único que ha hecho nuestra administración autonómica es ir emitiendo diferente documentación en forma de protocolos o instrucciones que no llevan aparejadas medidas efectivas y reales".
A raíz de las denuncias de este sindicato, ya en 2016 la Inspección de Trabajo, tras sucesivos requerimientos, prorrogas y ampliaciones de plazos dados a la Junta para el cumplimiento real de las medidas preventivas, decidió elevar a definitivo el informe de fecha 04 de julio de 2016; en el que, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto (TRLISOS) tipificó como "graves" hasta tres infracciones cometidas por la Junta relacionadas la ausencia de medidas preventivas, organizativas y psicosociales ante los riesgos de agresión, acoso y trabajo aislado que sufre el Cuerpo de Agentes Medioambientales.
Como son la delimitación, información y formación de tareas peligrosas; la implementación de medios y medidas para que los agentes tengan una permanente comunicación y localización en el desempeño de su labor, especialmente en tareas peligrosas; y la implementación de protocolos de actuación y la dotación de medios de autodefensa, pero el Gobierno regional "sigue sin atender esos requerimientos de la Inspección".
En 2017, continúa el sindicato, la Junta contrató los servicios de una empresa privada relacionada con la seguridad y salud laboral (AC2 Systems Consultancy) y su dictamen "subrayaba la necesidad de implantar una serie de medidas preventivas, pero la Junta prefirió hacer caso omiso de estas recomendaciones", pero "tampoco a ellos se les hizo caso".
Según CCOO, ninguna medida se ha adoptado para paliar los riesgos reflejados en aquel informe de riesgos psicosociales, a excepción de la formación parcial del colectivo.
En 2021, el Gobierno regional publicó la Orden 162/2021, de 28 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se regula la acreditación, uniformidad e imagen institucional del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha.
En su artículo 15, dedicado a la equipación de seguridad personal, establece que "será obligatoria en las labores y tareas de extinción de incendios forestales o en aquellas otras en que así de determine por su peligrosidad" pero a 21 de enero de 2023, y a pesar de la referencia normativa, "aún no se ha dotado a los agentes medioambientales de medios y equipos para afrontar con seguridad las tareas peligrosas".
CCOO ha asegurado que el Gobierno autonómico "es más que consciente de la necesidad de dotar de medios y de adoptar medidas organizativas para garantizar la seguridad de sus agentes medioambientales" pero todo lo anterior no ha sido "suficiente para que el Gobierno de Castilla-La Mancha cumpla con sus obligaciones en materia de Salud y Seguridad del colectivo de agentes medioambientales".
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