DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Sociedad
El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, se ha mostrado confiado en que la ley contra la ocupación de viviendas aprobada en el Parlamento castellanomanchego y derivada al Gobierno de España para su tramitación pueda ser tomada en consideración en un corto espacio de tiempo.
A preguntas de los medios tras una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de la Memoria de la Fiscalía de 2022, Fernández ha dicho al respecto del problema de la ocupación en la Comunidad Autónoma que la mayoría se producen en zonas de Toledo y Guadalajara, y por norma general no se producen en viviendas de particulares.
Tras recordar que la legislación actual ya garantiza de forma suficiente a los titulares de las viviendas ocupadas que el desalojo de los ocupantes pueda realizarse por la vía rápida, ha incidido en que esta problemática afecta principalmente a viviendas "de entidades bancarias o de fondos de inversión".
"La actuación de la jurisdicción es rápida y hay desalojo inmediato de los ocupantes, y hay un movimiento legislativo en ciernes, auspiciado en parte por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que parece que va a ser tomada en consideración", ha vaticinado.
El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha apuntado que los casos de sumisión química sufridos por mujeres que han sufridos pinchazos en la Comunidad Autónoma no son una preocupación debido a que los pocos denunciados se deben a "actuaciones de bromistas" y que en ningún caso han culminado con abuso sexual.
A preguntas de los medios, durante su comparecencia para informar sobre la Memoria 2022, Fernández ha indicado que estos casos de pinchazos de "bromistas" no han derivado en "introducción de sustancias o elementos químicos" en los cuerpos de las mujeres "que pudieran tener propósito y un ataque ulterior a la libertad sexual".
Por ello, considera que la legislación "es suficiente", tras lo que ha pedido a la población "no caer en miedo injustificado", ya que "hay otras formas de sumisión más frecuentes que las del pinchazo", como el abuso de alcohol.
El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha expuesto algunas de las reivindicaciones del cuerpo en la Comunidad Autónoma, apuntando como ejemplos a la necesidad de crear una nueva sección en Illescas o la falta de personal, sobre todo en las provincias de Albacete y Toledo.
En rueda de prensa previa a presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2021 en el Parlamento castellanomanchego, Fernández ha abundado en que la evolución de la plantilla judicial "no va acompañada de los incrementos poblacionales" que registran las provincias de la región.
Así, ha indicado que el incremento de plantilla requerido en el Ministerio Fiscal pasaba por ampliar en, como mínimo, dos fiscales más las secciones de Albacete, Toledo y Ciudad Real; si bien ya se ganaron dos puestos en Ciudad Real y la sección de Manzanares en 2019.
"Entendemos que hay dificultades presupuestarias de todo tipo pero somos una región muy extensa, y entendemos que en sucesivas ampliaciones de plantilla deberíamos tener acceso al menos a más plazas en Albacete y Toledo", ha señalado.
Sobre la necesidad de ampliar con una sección en Illescas, ha recordado que es una reclamación "de hace diez o quince años", y el entorno de esa población "debería merecer una sección territorial", teniendo en cuenta que "absorbe un gran número de hechos delictivos cercanos a la Comunidad de Madrid, con una delincuencia particular, que se parece más a la madrileña".
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