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El comisario de Justicia de la Unión Europea, el belga Didier Reynders, ha reiterado en una misiva enviada a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) su "llamamiento a todas las partes implicadas para que apliquen las recomendaciones formuladas en los informes sobre el Estado de Derecho en 2022 y 2023", en referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que permanece en funciones desde diciembre de 2018 ante la incapacidad de los partidos políticos de llegar a un acuerdo para elegir a los 20 vocales del órgano.
Cabe recordar que la renovación del CGPJ corresponde a los partidos políticos representados en las Cortes General que, desde el pasado 29 de mayo se encuentran disueltas tras el adelanto electoral anunciado por el presidente Pedro Sánchez y a la espera de su constitución, prevista para el próximo 17 de agosto.
Reynders, en una carta firmada el 4 de agosto difundida por JJpD, responde al escrito que la asociación de jueces le envió el pasado 30 de junio en el que expresaba su "preocupación por la situación del CGPJ y el abuso que se está haciendo de las comisiones de servicio".
PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE AVANCES
El comisario europeo ha recordado que "el informe sobre el Estado de Derecho en 2023 refleja que la situación del CGPJ suscita serias preocupaciones". Ello porque, según ha explicado, "no ha habido avances en cuanto a su renovación a pesar de la urgencia" y "no se han tomado medidas para adaptar el proceso de nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados teniendo en cuenta las normas europeas".
Al hilo, ha recalcado que dicho informe también subraya que "la falta de renovación" del órgano de gobierno de los jueces "repercute en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y en el sistema judicial en su conjunto".
Sobre los nombramientos que efectúa el CGPJ, la carta vuelve a remitirse al informe de este año, que recoge que las vacantes están siendo "cubiertas por jueces sustitutos y magistrados suplentes" que pueden ejercer funciones jurisdiccionales "a pesar de no estar sujetos al mismo procedimiento de selección y al mismo programa de formación que los jueces de carrera".
El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el vocal conservador Vicente Guilarte, ha aprovechado su primer Pleno, celebrado este martes, para reorganizar todas las comisiones, incluida la Permanente --el órgano ejecutivo del CGPJ--, ante la nueva etapa que se ha abierto tras la jubilación de su antecesor en el cargo, el progresista Rafael Mozo.
Hasta ahora, la Comisión Permanente, cuya configuración ha ido cambiando en los más de 9 años que lleva funcionando este Consejo, estaba formada por Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y José Antonio Ballestero, por el turno judicial; y Álvaro Cuesta, Nuria Díaz y Pilar Sepúlveda, por el turno reservado a juristas.
Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, Guilarte ha propuesto mantener a Sepúlveda y Ballestero, sacar a Cuesta, Martínez Moya, Fernández y Díaz e incluir a Roser Bach, Mar Cabrejas, Carmen Llombart y Ángeles Carmona.
El Pleno ha aprobado su propuesta, por lo que la Comisión Permanente mantiene la mayoría conservadora entre sus miembros, los cuales se distinguen del resto por su "dedicación exclusiva", que les impide compatibilizar el cargo con otras tareas.
De hecho, este requisito ha sido el principal escollo para que Guilarte accediera a sustituir a Mozo, ya que debía renunciar a sus trabajos como profesor y abogado. La semana pasada accedió a hacerlo y hoy ha remitido a sus compañeros la documentación que acredita que ha iniciado los trámites para ello.
PUGNA INTESTINA
Algunas voces defienden que la jubilación de Mozo abocaba a una remodelación de la Comisión Permanente para introducir un nuevo miembro por el turno de jueces y magistrados, y reorganizar el turno de juristas, en el que se ubica Guilarte, a fin de mantener la proporción.
Sin embargo, otras voces rechazan que se trate de un movimiento "habitual" ante la llegada de un nuevo presidente interino, achacando la reordenación interna a una iniciativa personal de Guilarte.
Se da la casualidad de que los cuatro vocales que salen de la Comisión Permanente son los mismos que en una tensa reunión celebrada el pasado lunes reclamaron a Guilarte que acreditara que había iniciado los trámites para renunciar a sus otras actividades.
Además de con dicha comisión, Guilarte también ha ideado una reconfiguración de las restantes comisiones --Igualdad, Disciplinaria y Asuntos Económicos--, que ha sido igualmente aceptada por el Pleno.
La Disciplinaria y la de Igualdad seguirán estando presididas por Wenceslao Olea y Clara Martínez de Careaga, respectivamente, aunque cambien los vocales que las integran, mientras que Gerardo Martínez Tristán encabezará la de Asuntos Económicos.
UN CONSEJO MENGUANTE
El CGPJ inicia así un nuevo capítulo durante el cual se espera que el próximo 4 de diciembre cumpla cinco años en funciones, los mismos que con el mandato vigente, una situación inédita.
La expectativa de cambio político tras las elecciones generales del pasado domingo había avivado la esperanza de renovación en el seno del Consejo, si bien la incertidumbre que ha seguido al 23-J ha disipado estas esperanzas.
Los vaivenes que ha sufrido en estos casi diez años han propiciado que, en 2013, comenzara su andadura con 20 vocales más su entonces presidente, Carlos Lesmes, y que ahora cuente solo con 16 vocales, entre ellos su presidente interino.
Por el camino, ha sufrido las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Mozo, las dimisiones del propio Lesmes --con la intención de forzar el acuerdo político-- y Concepción Sáez y el fallecimiento de Victoria Cinto.
El vocal conservador Vicente Guilarte asumirá a partir de este jueves la presidencia interina del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al tratarse de su miembro de mayor edad después de que el actual mandatario en funciones, el progresista Rafael Mozo, se haya jubilado este miércoles.
Abogado, catedrático de derecho civil en la Universidad de Valladolid y letrado-director de la Asesoría Jurídica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Guilarte entró al CGPJ por el turno reservado para los juristas a propuesta del PP en el Senado.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces precisan a Europa Press que ha renunciado a sus trabajos como abogado y profesor para dedicarse de forma exclusiva a esta tarea, lo que zanja el debate sucesorio que se había abierto en el seno del Consejo.
Desde que los vocales decidieron situar a Mozo como presidente interino del CGPJ tras la dimisión de Carlos Lesmes, por ser entonces el vocal de mayor edad, estaba claro que Guilarte era el siguiente en la lista sucesoria, por tratarse del segundo más antiguo.
Sin embargo, las fuentes consultadas apuntaban que el principal escollo para que Guilarte asumiera la presidencia interina era la "dedicación exclusiva" que exige el cargo, ya que hasta ahora venía ejerciendo también como abogado y profesor.
Algunas voces plantearon incluso la posibilidad de buscar fórmulas para que Guilarte pudiera compatibilizar todas sus responsabilidades. Entonces, seis vocales --tanto del ala progresista como conservadora-- sometieron un escrito al Pleno celebrado este miércoles, precisamente, para fijar que la "dedicación exclusiva" de quien capitanea el CGPJ está fuera de toda duda.
Los seis firmantes se apoyaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por la que se rige el actual CGPJ, conforme a la cual los vocales que integran la Comisión Permanente "desempeñarán su cargo con carácter exclusivo". Los vocales ponían de relieve que "entre las atribuciones del presidente está la de convocar y presidir las sesiones de la Comisión Permanente".
NUEVO PLENO
Las citadas fuentes señalan que Guilarte se ha avenido a la propuesta de estos seis vocales. Tras ello, el Pleno "ha acordado unánimemente, y sin necesidad de votación, que el cargo debe ejercerse de manera exclusiva", ha detallado el Consejo en un comunicado.
Con ello, Guilarte ha quedado entronizado como nuevo jefe en funciones del CGPJ, aunque técnicamente, no lo será hasta el 20 de julio porque Mozo, que cumple hoy 72 años, la edad a la que se jubilan forzosamente los jueces y magistrados, permanecerá en el cargo hasta las 23.59 horas de este 19 de julio.
El próximo 25 de julio se celebrará un Pleno extraordinario, ya con Guilarte a la cabeza, "para abordar la situación del CGPJ en la nueva etapa". Las fuentes apuntan que se analizarán aspectos organizativos, entre los que podría contarse una reorganización de la Comisión Permanente, órgano ejecutivo del CGPJ.
UNA MINORÍA MENGUANTE
La baja de Mozo es la quinta de un CGPJ que comenzó su andadura el 4 de diciembre 2013 y debía haberse renovado cinco años después, pero está a punto de llevar el mismo tiempo con el mandato vigente que caducado por la falta de acuerdo político entre PSOE y PP para nombrar nuevos vocales.
Así, el CGPJ ha pasado de tener 20 vocales más el presidente a tan solo 16 vocales, entre ellos el mandatario interino. En estos años, el Consejo ha sufrido la jubilación de Rafael Fernández Valverde, el fallecimiento de Victoria Cinto y las dimisiones de Concepción Sáez y Lesmes. La salida voluntaria de éste el pasado 9 de octubre, con el frustrado objetivo de animar al acuerdo político, fue la que propició el ascenso de Mozo.
Cabe recordar que la renuncia de Lesmes dio lugar a una situación de bicefalia en el Poder Judicial que aún continua. Los vocales se negaron a aceptar al hasta ese momento vicepresidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, como nuevo jefe en funciones de ambas casas y acordaron promocionar a Mozo como presidente suplente del CGPJ. Guilarte se convertirá, por tanto, en su tercer presidente, el segundo interino.
Esta nueva jubilación deja a la minoría progresista aún más reducida, con 6 vocales frente a los 10 del sector conservador, que además recuperan la Presidencia del Consejo, aumentando con ello su poder sobre el órgano de gobierno de los jueces.
El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, se jubilará este 19 de julio, mismo día en el que se celebrará un Pleno ordinario donde se iniciará el debate sobre los requisitos que debe cumplir su sucesor. Según las normas fijadas en su día por los propios vocales, debería ser Vicente Guilarte por ser su miembro de mayor edad.
En un principio, el Pleno estaba previsto para el día 20 pero Mozo acordó adelantarlo con la "idea" de que sea su despedida oficial de un órgano que, con la suya, sumará cinco bajas en los casi diez años que lleva operativo --desde el 4 de diciembre de 2018 en funciones, a causa de la falta de acuerdo político entre PSOE y PP para renovarlo--.
La de Mozo es una baja inevitable por cuanto entró al CGPJ por el turno reservado para jueces y magistrados, de modo que, una vez llegado a la edad de jubilación obligatoria para éstos, los 72 años, y perdida, por tanto, la condición que le dio derecho a acceder al Consejo, debe abandonar también su asiento en el órgano de gobierno.
Con ello, el CGPJ pasará de tener 20 vocales más el presidente a tan solo 16 vocales, entre ellos el mandatario interino. En estos años, el Consejo ha sufrido la jubilación de Rafael Fernández Valverde, el fallecimiento de Victoria Cinto y las dimisiones de Concepción Sáez y Carlos Lesmes. La salida voluntaria de éste el pasado 9 de octubre, con el frustrado objetivo de animar al acuerdo político, fue la que propició el ascenso de Mozo, por ser entonces el vocal de mayor edad.
Cabe recordar que la renuncia de Lesmes dio lugar a una situación de bicefalia en el Poder Judicial que aún continua. Los vocales se negaron a aceptar al hasta ese momento vicepresidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, como nuevo jefe en funciones de ambas casas y entronizaron a Mozo como presidente suplente del CGPJ.
EL DEBATE SUCESORIO
Conforme decidieron entonces los vocales --esa vez sin fisuras entre los bloques conservador y progresista--, la Presidencia interina del CGPJ debe recaer en el vocal de mayor edad, que con la jubilación de Mozo será Guilarte.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indican que Guilarte, del sector conservador, ha fluctuado desde un no rotundo a un posible sí. El principal obstáculo para que releve a Mozo --del ala progresista-- es que buena parte de los vocales entienden que el cargo exige una dedicación exclusiva, por lo que debería renunciar a su próspero bufete y a su labor docente. No obstante, un grupo defiende que es posible que siga compatibilizando.
En este contexto, en el orden del día del Pleno consta una propuesta firmada por vocales tanto progresistas como conservadores --Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda, Juan Manuel Fernández, Clara Martínez de Careaga, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz-- para que se "debata y se pronuncie acerca de las condiciones para el desempeño de la Presidencia de este órgano constitucional por sustitución, tras el cese por jubilación del actual presidente".
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, estos seis vocales acotan que "la cuestión controvertida, sobre la que el Pleno habría de pronunciarse", es si el régimen de compatibilidad del que Guilarte ha venido disfrutando hasta ahora "puede mantenerse ostentando la Presidencia por sustitución". A su juicio, el Pleno debe declarar que el puesto requiere "dedicación exclusiva".
Se basan en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por la que se rige el actual CGPJ, conforme a la cual los vocales que integran la Comisión Permanente --el órgano ejecutivo del Consejo-- "desempeñarán su cargo con carácter exclusivo". Los firmantes ponen de relieve que, "entre las atribuciones del presidente está la de convocar y presidir las sesiones de la Comisión Permanente".
Si Guilarte optara por no aceptar la suplencia, algunas voces avisan de que implicaría también su cese como vocal. El siguiente en la lista es el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Wenceslao Olea, que llevó la situación de bicefalia ante el propio TS al considerar que Marín Castán debía ser quien reemplazara a Lesmes en todos su cargos, si bien acabó desistiendo del recurso. Así, de recaer en él la Presidencia interina del CGPJ, acabaría ocupando un puesto que impugnó.
DESPUÉS DEL 23-J
Sea quien sea su sucesor, lo cierto es que la partida de Mozo hará menguar aún más el bloque progresista, que sumaría 6 vocales, dando mayor poder al ala conservadora, con 10 vocales.
Además, para el sector conservador el ascenso de Guilarte supondría recuperar la Presidencia del Consejo, a lo que las fuentes añaden que, previsiblemente, se llevaría a cabo una reorganización de la Comisión Permanente, lo que daría al bloque conservador un control casi total.
La intención de Mozo era dejar resuelta su sucesión en el Pleno de este miércoles, conforme indican las citadas fuentes. Pero lo más probable es que no sea así porque, técnicamente, el vocal progresista permanecerá en el cargo hasta las 23:59 horas del 19 de julio, por lo que se espera que haya que convocar un cónclave extraordinario para despejar la incógnita. Hacerlo antes sería "impropio", avisan desde el sector conservador.
En este sentido, algunas voces del CGPJ entienden que lo más apropiado es dejar pasar las elecciones generales del 23 de julio para celebrar este segundo Pleno y que, hasta entonces, Guilarte se ocupe de las urgencias que puedan surgir. La reunión extraordinaria podría tener lugar el mismo lunes después de la cita con las urnas, el día 24, precisan.
El cambio en la Presidencia será la última convulsión del CGPJ antes de que, superado el 23-J, se abra otra "ventana de oportunidad" para renovarlo, ventana que las fuentes atisban ante la llegada de un nuevo Gobierno; las más de 80 vacantes en la cúpula judicial, por la imposibilidad legal de que un Consejo caducado haga nombramientos discrecionales; y por el hecho "grave" de que el 4 de diciembre de 2023 llevará ya los mismos años con un mandato vigente que con uno expirado.
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se ha ofrecido este miércoles a reunirse con el nuevo Gobierno que resulte de las elecciones generales del próximo 23 de julio para tratar de facilitar el acuerdo que permita una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un proceso que la Comisión Europea urge a culminar seguido de una reforma "inmediatamente después" del método de elección.
Esta situación plantea a Bruselas "serias preocupaciones", ya que no se ha renovado el Consejo a pesar de la "urgencia" ni se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus miembros, según consta en la evaluación anual del Estado de derecho que el Ejecutivo comunitario hace del conjunto de los Estados miembro.
Reynders se ha mostrado "abierto" a mantener un encuentro con el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas para abordar la posibilidad de lograr una mayoría que desbloquee esta renovación al tiempo que ha insistido en la necesidad de que la secuencia empiece por la renovación del CGPJ que después podrá proponer una reforma del proceso de elección de sus miembros.
De hecho, el comisario ha recordado que viajará a España justo antes de las elecciones, los próximos 20 y 21 de julio con motivo de la reunión informal de ministros de Justicia que se celebrará en La Rioja, ya bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y, de nuevo, una vez superados los comicios, para el Consejo de Competencia, el 24 y 25 de julio en Bilbao.
Según ha reconocido Reynders, "a falta de la renovación del CGPJ, hay cada vez menos nombramientos de jueces en el Tribunal Supremo" y, por lo tanto, "menos capacidades para dictar algunas sentencias".
En este sentido, ha reconocido que aunque a Bruselas no le preocupa la independencia de los jueces, cree que la lucha política da una "impresión equivocada", por lo que ha insistido en la necesidad de llegar a un acuerdo entre los principales partidos políticos en España que hasta ahora ha sido "imposible".
No obstante, ha señalado que Bruselas reiniciará las negociaciones con el Gobierno resultante dada la "prioridad" que supone la renovación del CGPJ y se ha puesto a disposición de las autoridades españolas.
La Comisión Europea publicará este miércoles, 5 de julio, su nueva evaluación sobre la salud democrática de los países de la Unión Europea en donde se da por hecho que volverá a reclamar a España que emprenda con carácter de urgencia la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue bloqueado pese a las llamadas de atención de Bruselas.
Desde hace varios años los servicios comunitarios alertan del riesgo de que la falta de renovación en el órgano de gobierno de los jueces en España sea percibida como una vulnerabilidad de este órgano a su "politización", pero fue en su análisis anual del pasado año cuando por primera vez emitió una recomendación específica instando a su renovación.
El Ejecutivo comunitario llamó, además, a que España iniciara "inmediatamente después" una reforma del sistema de designación para que al menos la mitad de los vocales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
En la edición de este año, la Comisión Europea constatará que no se han producido avances en la situación del CGPJ, cuyo bloqueo sigue enfrentando al Gobierno con el principal partido de la oposición. Fuentes comunitarias afirman a Europa Press que el adelanto electoral "no cambia nada" en sus conclusiones, que se ceñirán a la evolución de las recomendaciones durante el último año.
El trabajo comunitario hará balance de otras recomendaciones dirigidas a España, por ejemplo la necesidad de "reforzar" la independencia del fiscal general del Estado y desvincular la duración de su mandato respecto al periodo de legislatura del Gobierno, en línea con los estándares europeos sobre independencia y autonomía del Ministerio Público.
Asimismo evaluará los progresos en otros elementos sometidos a examen por ser considerados clave para la estabilidad del Estado de Derecho como la digitalización de la justicia, la lucha contra la corrupción o medidas para reforzar la libertad de prensa y la pluralidad de los medios.
LA REFORMA PENAL
Queda por ver el modo en que Bruselas ha observado cambios sustanciales en el último año, como la reforma del Código Penal que supuso la derogación del delito de sedición y cambios respecto al de malversación.
Hasta ahora, el Ejecutivo comunitario se ha resistido a tomar posición sobre este asunto por considerar que el marco de evaluación debía ser el informe que presenta este miércoles.
No obstante, cabe recordar que el pasado mayo la Comisión Europea propuso una armonización penal que obligaría a España a endurecer los nuevos tipos de la malversación, al señalar una pena máxima de al menos 5 años.
La magistrada española María Elósegui --que forma parte del grupo de magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha fallado a favor de los aspirantes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-- ha avisado de que las consecuencias derivadas de la "disfunción" en la renovación del órgano de gobierno de los jueces "son enormes" en lo que respecta al funcionamiento ordinario del Poder Judicial español y que el bloqueo por parte de las Cortes no es conforme a Derecho.
"El hecho de que el Parlamento tenga un margen de discrecionalidad en relación a los resultados y al hecho de que esta elección no se basa únicamente en criterios de capacidad y mérito, sino en la evaluación de otras capacidades que los partidos políticos consideren conveniente incluir, no significa que el bloqueo de esos nombramientos es conforme a derecho, porque la renovación de este órgano es obligatorio conforme a la Constitución y la Ley Institucional del Poder Judicial", precisa.
Elósegui se ha pronunciado así en el marco de la sentencia del tribunal europeo que ha dado la razón a los seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AFJV) que aspiraban a ser miembros del CGPJ, al tiempo que ha reconocido sus derechos a participar en tiempo y forma en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, así como a acceder a un tribunal --en este caso el Constitucional-- para solicitar amparo.
En uno de los votos particulares adjuntados a la sentencia, el concurrente, la magistrada Elósegui explica que está "totalmente de acuerdo" con las conclusiones alcanzadas por la mayoría del tribunal que ha examinado el caso. Así, aplaude que el TEDH determine que los candidatos al CGPJ tienen derecho a una decisión sobre su nombramiento y coincide en que el Tribunal Constitucional --que inadmitió el recurso de amparo de los aspirantes al Consejo-- era el órgano competente para estudiar el caso.
LAS CONSECUENCIAS "ENORMES" DE LA NO RENOVACIÓN
La magistrada subraya, sin embargo, que la denuncia de los miembros de la AJFV, si bien aborda una cuestión sobre el funcionamiento del CGPJ, "va mucho más allá porque toca la esencia misma de la independencia del Poder Judicial".
En su voto concurrente, Elósegui hace hincapié en que las consecuencias derivadas de la "disfunción" en la renovación de la CGPJ "son enormes" en lo que respecta al funcionamiento ordinario del Poder Judicial. Y recuerda que la situación actual genera una "cadena de interrupción de todo el sistema judicial".
Sobre este extremo, incide en que en la actualidad "solo quedan" 17 de los 21 miembros que fueron elegidos para integrar el CGPJ, en referencia a la jubilación de Rafael Fernández Valverde, la muerte de Victoria Cinto, la renuncia de Carlos Lesmes y la dimisión de Concepción Sáez.
La magistrada recuerda, además, que el CGPJ está a cargo de realizar los nombramientos de la cúpula judicial y que, ahora que está en funciones y en virtud de una ley aprobada en 2021, no puede hacerlos. "En total, hay 80 vacantes en estos tribunales superiores", señala.
Al hilo, afea que el Gobierno de España no explicara de "manera convincente" ante el TEDH por qué la disputa, que a su juicio "surge de la manifiestamente prolongada", "ilícita e injustificada", sobre la omisión de ciertas actuaciones con miras a proseguir el proceso de elección de los vocales al CGPJ no ameritaba tutela judicial.
Sobre la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso de amparo de los candidatos, Elósegui considera que el órgano de garantías "obstaculizó" la posibilidad de profundizar en el fondo de la denuncia, "utilizando un argumento formalista poco convincente y rechazando el caso por haber presentado la denuncia fuera de plazo".
Finalmente, la magistrada española insiste en que aunque la sentencia del TEDH concluye claramente que ha habido un violación del derecho a un proceso justo y/o de acceso a los tribunales, en la medida en que los demandantes fueron no puede acceder al TC para que se lleve a cabo el procedimiento de nombramiento, "en realidad es claro que de lo que se trata es de la vulneración de un principio sustantivo derecho fundamental y constitucional".
Elósegui llega esta conclusión toda vez que considera que los candidatos tienen derecho a una decisión sobre su nombramiento al CGPJ. Y reitera que la "inobservancia" de las leyes procedimiento de renovación de la composición del órgano de gobierno de los jueces puede tener un impacto significativo en el funcionamiento de el sistema de justicia y el cumplimiento por parte del Estado demandado de sus responsabilidades dentro del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
A su juicio, cualquier bloqueo que afecte a la renovación de las instituciones se considera "particularmente preocupante, en particular desde la perspectiva del estado de Derecho".
TRES MAGISTRADOS VEN "DEPLORABLE" LA NO RENOVACIÓN
En el marco de la sentencia, consta también un voto particular discrepante firmado por los magistrados Carlo Ranzoni (Liechtenstein), Mattias Guyomar (Francia) y Mykola Gnatovskyy (Ucrania).
Los firmantes se muestran en contra de la sentencia aprobada por la mayoría al considerar que no se ha vulnerado el derecho de los seis magistrados de la AJFV a un proceso justo. Aunque consideran que los hechos denunciados son "deplorables" y "afectan negativamente" el funcionamiento del Poder Judicial español, consideran que no ha habido una violación de derechos.
"Consideramos que una situación de esta naturaleza no puede resolverse instrumentalizando el mecanismo de protección de los derechos humanos creado por la Unión Europea y, en particular, con base en el derecho a un juicio justo", apuntan.
Los tres discrepantes señalan que la sentencia del TEDH se excede al sugerir que cuando a un Parlamento se le encomienda la elección de los miembros de un consejo judicial y no lo hace debido a un estancamiento político, el artículo 6.1 requeriría que los candidatos para ese consejo tuviesen acceso a un juzgado.
Según explican, no pueden estar de acuerdo con la conclusión de que "desafiar" la inacción parlamentaria podría entenderse como una "genuina y grave" controversia, o con la apreciación de que el resultado del amparo procedimiento ante la Corte Constitucional sería "directamente decisivo" para la designación de los candidatos solicitantes al CGPJ.
Además, insisten en que en la elección de los vocales por parte de las Cortes "hay un elemento político inevitable". Y aseguran que incluso si el resultado del proceso de amparo en el Constitucional hubiese sido positivo para los candidatos, no es posible que fuese "directamente decisivo" para el derecho en cuestión porque "ningún tribunal podría obligar a los miembros del Parlamento a votar en absoluto y mucho menos en apoyo de cualquiera de los solicitantes".
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado en favor de los seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AFJV) que aspiraban a ser miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al tiempo que ha reconocido sus derechos a participar en tiempo y forma en la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Estrasburgo ha concluido que el Convenio Europeo no garantiza el derecho a "ser nombrado" o ser "promovido" a miembro de un puesto dentro del servicio civil, pero que sí garantiza el derecho a un procedimiento legal para el examen oportuno de sus candidaturas.
"Lo que estaba en juego en el proceso presentado por los solicitantes no era su derecho a convertirse en miembros del GCJ, sino su derecho a un procedimiento legal para el examen oportuno de sus candidaturas", ha apuntado el tribunal.
En este sentido, el tribunal ha fijado que los candidatos de la AJFV tenían derecho a participar en el procedimiento para ser elegidos miembro del CGPJ y a que sus candidaturas fuesen examinadas por las Cámaras de una manera "oportuna".
El TEDH ha contestado así a la demanda presentada en octubre de 2021 por seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AFJV) para denunciar el bloqueo en la renovación del CGPJ a causa de la inactividad del Congreso y el Senado.
Los seis que presentaron la demanda son miembros de la AJFV que fueron avalados por la asociación judicial en 2018 como candidatos para formar parte del CGPJ. Por ello, alegaron ante Estrasburgo que son "víctimas directas de la infracción de su derecho a acceder a cargo público y a la tutela judicial efectiva", lo que a su juicio representa una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El portavoz nacional de la asociación, Jorge Fernández Vaquero, explicó al presentarse la demanda que la renovación del CGPJ era competencia "única y exclusiva" de ambas cámaras, denunciando que no habían hecho "nada" en tres años por estar "supeditadas" a los intereses de PP y PSOE.
Además, desde la asociación indicaron que acudían al TEDH porque el Tribunal Constitucional (TC) no admitió a trámite el recurso de amparo presentado por esos seis magistrados "sin entrar en su contenido".
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contestará este jueves, a las 10.00 horas, a la demanda presentada en octubre de 2021 por seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AFJV) para denunciar el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a causa de la inactividad del Congreso y el Senado.
Se trata de miembros de la AJFV que fueron avalados por la asociación judicial en 2018 como candidatos para formar parte del CGPJ. Por ello, alegan ante Estrasburgo que son "víctimas directas de la infracción de su derecho a acceder a cargo público y a la tutela judicial efectiva", lo que a su juicio representa una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Fuentes jurídicas explican a Europa Press que en realidad dichas listas habrían perdido efectividad por el paso del tiempo --casi cinco años--, por lo que, si se pusiera en marcha el proceso de renovación del CGPJ, habría que confeccionar unas nuevas.
El portavoz nacional de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, explicó al presentarse la demanda que la renovación del CGPJ es competencia "única y exclusiva" de ambas cámaras, denunciando que no habían hecho "nada" en tres años por estar "supeditadas" a los intereses de PP y PSOE.
Además, desde la asociación indicaron que acudían al TEDH porque el Tribunal Constitucional (TC) no admitió a trámite el recurso de amparo presentado por esos seis magistrados "sin entrar en su contenido".
UN SISTEMA DE ELECCIÓN "VICIADO"
"Lo que pretendíamos al acudir al TC era que el tribunal aplicase las consecuencias de su propia doctrina, en la que decía que sería contrario a la Constitución un reparto partidista del CGPJ como el que de hecho de ha venido produciendo", señalaron.
Ahora esperan que el TEDH les dé la razón y ponga de relieve "la necesidad de despolitizar el CGPJ", además de dejar en evidencia "el grave incumplimiento" por parte de las Cortes Generales de "sus obligaciones", algo que a su juicio es "el síntoma más evidente de que el sistema de designación actual está viciado".
En este contexto, Fernández Vaquero incidió en que es "imprescindible reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ" para "desbloquear y despolitizar la Justicia".
Al hilo, la AJFV recordó en un comunicado que continúa reclamando un cambio en "el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ" para que se ajuste a los "estándares europeos" con el fin de "salvaguardar la independencia judicial y evitar la intervención política".
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves tomar en consideración la proposición de ley del PP para cambiar el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En la votación, el PP ha sumado el apoyo de Vox, Ciudadanos y sus aliados de Foro Asturias y Navarra Suma, pero se ha impuesto la mayoría absoluta (176 votos) que han formado PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Bildu, Más País-Compromís, Junts y PDeCAT, entre otras formaciones.
En el debate de la iniciativa, que tuvo lugar el pasado martes, los partidos del Gobierno y sus socios parlamentarios ya anunciaron su rechazo a la reforma del PP tachándola de "electoralista, falsa y oportunista". "Es una tomadura de pelo", llegó a decir el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens.
Es más, recriminaron al PP el bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces en vez de "empezar la casa por el tejado". "Son prisioneros de su miedo: quieren controlar la Justicia por si un día acaban en ella", resumió el diputado socialista Francisco Aranda.
El Pleno del Congreso decidirá este martes si acepta tramitar la proposición de ley del PP para cambiar el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una modificación que los 'populares' ponen como condición para acceder a la renovación del órgano de gobierno de los jueces que tiene su mandato caducado desde hace casi cuatro años y medio.
El PP decidió llevar este asunto a debate en el Congreso después de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, asegurase la semana pasada que sería "positivo" que se procediera a la renovación del CGPJ antes de que España asuma la Presidencia de turno de la UE el próximo 1 de julio.
El principal partido de la oposición comparte ese objetivo y por eso, según avanzó su secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, pedirá que, de aceptarse, la tramitación de su proposición de ley ésta se haga por el procedimiento de urgencia.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió el pasado miércoles la necesidad de impulsar esa reforma para que "los jueces elijan a los jueces". "Estoy a favor de una reforma inmediata de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en base a esa reforma, inmediatamente renovar y actualizar el CGPJ", dijo.
Lo que propone el PP es que de que de los 20 miembros del CGPJ, ocho de ellos --que son juristas de reconocido prestigio-- los elijan como ahora el Congreso y el Senado y que los otros 12 sean elegidos entre "los 5.000 jueces y magistrados en España".
FEIJÓO NO SE FÍA DE SÁNCHEZ
Fuentes de la cúpula del PP admiten "no se fían" de Sánchez y que por eso han optado por marcar de forma clara las condiciones para poder proceder a la renovación del CGPJ a través de esta iniciativa legislativa.
Según la versión del PP, las negociaciones para la renovación estaban avanzadas en octubre pero saltaron por los aires tras conocer "la bomba" de la reforma de los delitos de sedición y malversación. En principio, ambos partidos habrían acordado también que los políticos no pudieran entrar en la carrera judicial hasta cinco años después de dejar sus cargos pero que el Ejecutivo se descolgó colocando al exministro Juan Carlos Campo y a un alto cargo de Moncloa en el Tribunal Constitucional.
Esa falta de confianza en el Gobierno es lo que, según explican, les ha llevado a querer negociar la renovación del CGPJ con la ley que el PP ha registrado en el Congreso. "Queremos que la ley esté en el BOE", recalcan fuentes del equipo de Feijóo.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha acusado al Partido Popular (PP) de querer "despistar y engañar" a los ciudadanos con la presentación de una iniciativa parlamentaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así ha respondido al portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Luis Santamaría, durante la sesión de control al Gobierno, quien le ha acusado a su vez de no escuchar las advertencias que llegan desde la Unión Europea: "Europa está cansada de repetirles que son los jueces quienes deben elegir a los jueces".
Si bien la pregunta parlamentaria versaba sobre si el Gobierno debía reformar de nuevo el delito de malversación para adecuarlo a las nuevas exigencias europeas, la ministra ha rehusado contestar directamente a esa pregunta y ha respondido al PP echándole en cara una vez más que bloquee la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
"Póngase a trabajar por este país, la puerta del Ministerio y del grupo --socialista-- está abierta para que vengan con los nombres de los jueces (...). Hágalo hoy mismo y tendrá ese acuerdo para renovar el CGPJ, y no presente una ley para despistar y para engañar a los ciudadanos", ha resaltado Llop.
Santamaría ha cargado contra la ministra acusándole de ser la responsable de la rebaja de penas "a más de 1.000 violadores y pederastas" por las reformas introducidas en el Código Penal por la ley del 'sólo sí es sí' --norma impulsada por el Ministerio de Igualdad--, y ha apuntado que en la UE ya "les han sacado tarjeta amarilla" por eso y porque "criticar a los jueces no es el camino".
La Fiscalía General del Estado (FGE) ve con "enorme preocupación" la reunión mantenida el pasado abril por el presidente del Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo con miembros de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- por el "daño" que cree que causa a la imagen del Ministerio Público y a la independencia con la que trabajan sus miembros, según las fuentes consultadas por Europa Press.
La reunión fue en realidad una cena que tuvo lugar el pasado 18 de abril en Madrid. Según reveló 'El Mundo' días después, Feijóo descartó renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que acabara esta legislatura, a lo que 'El País' añadió ayer que algunos fiscales animaron al líder 'popular' a derogar varias leyes del Gobierno de Pedro Sánchez.
Feijóo defendió el martes que dicha cena fue "absolutamente correcta e institucional", detallando que en ella abogó por la "independencia de los fiscales". Desde el Gobierno, por contra, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, tildó de "gravísimo" el encuentro y acusó al PP de "maniobrar en la oscuridad" con el Poder Judicial.
La Asociación de Fiscales emitió un comunicado donde explicó que estos encuentros se vienen celebrando desde hace siete años con "diferentes personalidades del ámbito jurídico, político, intelectual y cultural de nuestro país" para "promover el conocimiento mutuo a través del debate". En este sentido, precisó que el pasado octubre hubo otra reunión en Madrid con el dirigente de Ciudadanos Edmundo Bal y que ha habido otras con, por ejemplo, el ex ministro socialista Miquel Iceta.
En este contexto, rechazó "todo intento de utilización política de las actividades que se desarrollan por la Asociación de Fiscales", subrayando que esta es tan solo "una más de muchas". "Si con ello se pretende actuar a modo de tiralíneas, de trazo gordo sin duda, para dibujar a la AF como una recta paralela de un concreto partido político, la realidad de las cosas evidencia que se han obviado los extremos que no favorecen tal postura y que dejan al descubierto la estrategia", dijo.
En este sentido, avisó de que, "si se trata de deslegitimar la posición hecha pública por la AF en relación a la convocatoria de huelga para el próximo día 16 de mayo, mediante la insinuación de un seguidismo al partido político que encabeza la oposición al Gobierno de la nación, entonces no sólo los hechos sino también la cronología les es desfavorable". "En esta postura, la misma de siempre, se nos encuentra desde hace años", recalcó.
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) emitió otro comunicado para expresar su "preocupación" por el "marcado carácter partidista" del contenido de dicha cena.
CHOQUE ENTRE ASOCIACIONES DE FISCALES
A su juicio, "es absolutamente indiscutible" que vulnera la norma del Código Ético de la carrera fiscal que recuerda a los fiscales que "deben comprometerse a mantener lealtad institucional, fortalecer la confianza en la Justicia y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad y que vaya en demérito de la consideración que la ciudadanía debería dispensar a la administración de justicia".
"Por ello, y dado que a la misma asistió, realizando manifestaciones de carácter partidista, la presidenta de la Comisión Ética Consuelo Madrigal, interesamos su inmediata dimisión", reclamó la UPF.
La Asociación de Fiscales reprochó a UPF este paso, reivindicando que "las opiniones de la citada señora sobre técnica legislativa integran el ejercicio de la sana crítica".
En concreto, afeó a UPF lo que interpreta como un cambio de postura. "Para defender" la participación del ahora fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un "laboratorio de ideas" con socialistas gallegos, "es decir, participación de un fiscal en un acto de un partido político", la UPF alegó que "los fiscales tiene derecho efectivo a la libertad de expresión, de creencias, de asociación y de reunión", recordó la AF.
Con todo, la AF "considera que la finalidad esencial de sacar la información en el día de hoy y no cuando sucedió la cena/coloquio no tiene otro objeto que crear cortinas de humo ante las justas reivindicaciones de jueces y fiscales en la mesa de retribuciones", que se reúne este miércoles en el Ministerio de Justicia para negociar una subida salarial.
Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha manifestado este miércoles, en una entrevista en RNE, que hay un "poco de manipulación" en las críticas a la cena de Feijóo y AF, si bien al mismo tiempo ha señalado que el encuentro se produjo en un momento que "no es el más oportuno, en plena precampaña electoral".
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves nombrar a la vocal Mar Cabrejas como miembro de la Comisión de Igualdad en sustitución de Concepción Sáez, la vocal que dimitió de su cargo ante la "insostenible" situación del Consejo. En la actualidad es magistrada de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Toledo.
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, esta medida ha sido impulsada por el presidente interino del Consejo, el vocal Rafael Mozo, y sigue el criterio de antigüedad con el que ya se han cubierto vacantes en otras comisiones del CGPJ.
Tras el acuerdo adoptado por el Pleno, la Comisión de Igualdad queda integrada por la vocal y magistrada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga, que la preside; por el vocal y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional Gerardo Martínez Tristán y por la vocal Mar Cabrejas.
Cabrejas, que también es miembro de la Comisión de Asuntos Económicos, ingresó en la Carrera Judicial en 1990 y ha ejercido en Aranda de Duero (Burgos), Tarragona y Madrid, donde era titular del Juzgado de Primera Instancia número 55 en el momento de incorporarse como vocal al CGPJ.
Desde el CGPJ han recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la Comisión de Igualdad, entre otras funciones, el asesoramiento al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces, la elaboración de los informes previos sobre impacto de género de los Reglamentos y la propuesta de medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la Carrera Judicial.
LA SALIDA DE SÁEZ
Concepción Sáez, nombrada a propuesta de Izquierda Unida, presentó su dimisión el 13 de marzo al presidente interino del CGPJ ante la "insostenible" situación del órgano de gobierno de los jueces. Trasladó su decisión a Mozo a través de una carta.
En su texto, Sáez apuntó a la "degradación" del CGPJ como motivo para su renuncia, tanto por su situación de interinidad --lleva más de cuatro años caducado-- como por la "incapacidad" de tomar las decisiones que le competen.
Mozo no aceptó la renuncia de la vocal hasta el 31 de ese mismo mes, después de llevar el asunto al Pleno, donde varios de los vocales aseguraron que no veían justificadas las razones que aducía Sáez para su partida, mientras que otros discreparon pero respetando su libertad para dar este paso.
La Comisión Europea esperará hasta el próximo mes de julio para evaluar de manera "objetiva" los esfuerzos asumidos por el Gobierno y la oposición para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando publique su informe anual sobre la salud democrática en los Veintisiete; un mes en el que ha advertido de que la presidencia de turno de la UE que asumirá España funcionará a modo de "escaparate".
"En julio reflejaremos de manera objetiva la realidad (...) preguntamos a España qué podemos esperar, dónde estaremos este año. Además, la presidencia española puede ser un pequeño escaparate", ha razonado la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, en una entrevista a Europa Press junto a otras agencias europeas en la 'European Newsroom'.
De este modo, la vicepresidenta comunitaria ha evitado comentar sus impresiones sobre el punto en muerto en que se encuentra la renovación del órgano de gobierno de los jueces, más allá de recordar que, en su última evaluación anual, el Ejecutivo comunitario instó a España a renovar con carácter de urgencia el CGPJ y proceder "inmediatamente después" a la reforma del sistema de selección de vocales para garantizar, como piden los estándares europeos, que al menos la mitad de los miembros son elegidos por sus pares.
Jourova ha recordado también que a lo largo del último año ha mantenido contactos tanto con el Gobierno español como con los partidos de la oposición y que, en ese contexto, ha recibido "muchas garantías" de que las partes implicadas están "trabajando" en las recomendaciones de Bruselas para desbloquear la falta de avances.
De este modo, la vicepresidenta comunitaria ha evitado responder directamente a la pregunta de si Bruselas debería abrir ya un procedimiento de infracción por la falta de avances en la renovación del CGPJ y ha insistido en que los servicios comunitarios realizan una evaluación "muy seria" y "con cuidado" de la situación en cada Estado miembro.
A los partidos implicados, Jourova les ha preguntado qué van a hacer para tratar de desbloquear la situación, en punto muerto desde hace varios años, pero Bruselas se mantiene cauta a la espera de concluir su análisis anual que, previsiblemente, se publicará el próximo mes de julio.
Además, Jourova se ha mostrado consciente del condicionante que supone el calendario electoral y, sin entrar en detalles sobre su impacto en el bloqueo, sí ha aventurado que desde Bruselas esperan "grandes debates sobre asuntos sensibles", como es el caso del CGPJ.
"El CGPJ será uno de los asuntos más sensibles, imagino, en el debate político en España", ha declarado a las agencias europeas, antes de subrayar que Bruselas tendrá una posición "sobria y parca" a la espera de que sus servicios concluyan y publiquen su informe anual sobre el Estado de derecho
Jourova tampoco ha querido contestar a si cree que la Comisión debería reaccionar a la falta de avances en la renovación del CGJ con un expediente sancionador, Jourova se ha mostrado muy caita al considerar que es una reflexión "teórica" sobre la que no puede aventurarse.
Ocho vocales conservadores han pedido al Consejo General del Poder Judicial que aborde en su próximo Pleno del jueves 27 de abril la amenaza de huelga indefinida a partir del 16 de mayo --que han anunciado este lunes los jueces ante la "falta de propuesta concretas" y de "verdadero propósito de negociar" de los ministerios de Justicia y Hacienda para mejorar sus salarios y reducir la carga de trabajo--, según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
Las asociaciones ponen de manifiesto que los Presupuestos Generales del Estado "son insuficientes" y critican que "en la administración general del Estado la administración de Justicia es la cenicienta".
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha ratificado este lunes su "voluntad negociadora", tras el anuncio de la huelga, si no llegan a un acuerdo en la Mesa de Retribuciones, si bien ha subrayado que esa disposición debe estar en las dos partes, algo que "casa mal" con la medida de presión anunciada, según fuentes de Justicia consultadas por Europa Press.
El CGPJ está conformado por 17 vocales, ocho conservadores que son los firmantes del escrito y siete progresistas entre los que está incluido el presidente en funciones del órgano, Rafael Mozo.
La renuncia de Concepción Sáez como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya es efectiva, al haberse publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto por el que se dispone su cese por marcha voluntaria, después de alegar que se iba por la "insostenible" situación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva con el mandato caducado desde diciembre de 2018.
Cabe recordar que el pasado 31 de marzo se dio a conocer que el presidente interino del órgano, Rafael Mozo, había dado el visto bueno a la petición de Sáez, presentada el 13 de marzo, pero desde el CGPJ se explicó que era necesario que la renuncia apareciera en el BOE para materializarse.
Y así ha ocurrido hoy, cuando se ha publicado el Real Decreto del Ministerio de Justicia, firmado por la ministra Pilar Llop y firmado por el Rey, "agradeciéndole los servicios prestados".
En la carta enviada a Mozo el 13 de marzo, Sáez justificaba su renuncia en la "insostenible" situación del Consejo, tanto por la interinidad que sufre desde hace cuatro años como por las tensiones internas entre vocales progresistas y conservadores.
Sáez fue nombrada vocal a propuesta de Izquierda Unida en diciembre de 2013, fecha de la última renovación del CGPJ. De los 20 vocales que tomaron entonces posesión ya solo quedan 17, puesto que uno de ellos, Rafael Fernández, se jubiló; otra, Victoria Cinto, murió, y el año pasado dimitió Carlos Lesmes como presidente precisamente para forzar una renovación que sigue sin producirse. Con todo, la situación podría empeorar, ya que Mozo se jubilará el próximo verano, lo que además de seguir reduciendo el número de vocales provocará una nueva sucesión interna al frente del Consejo.
El presidente interino del Consejo General del Poder General (CGPJ), Rafael Mozo, ha aceptado la renuncia de la vocal progresista Concepción Sáez, en su día designada a propuesta de Izquierda Unida, lo que aumenta la brecha entre el ala progresista, que se queda con siete vocales --Mozo incluido--, y el bloque conservadora, con diez.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han confirmado a Europa Press que Mozo ha dado el visto bueno a la petición de Sáez, que tenía sobre la mesa desde el pasado 13 de marzo.
Las mismas fuentes han explicado que la decisión del presidente interino del CGPJ deberá remitirse al Ministerio de Justicia para que se redacte un Real Decreto, que deberá ser firmado por el Rey y refrendado por la ministra Pilar Llop, para su eventual publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según han precisado, hasta entonces no se hará efectiva la dimisión.
La decisión tiene lugar después de que ayer quedara sin resolver la solicitud de Sáez, pese a que en el orden del día del Pleno ordinario celebrado ayer se contemplaba la "dación de cuenta" de la renuncia individual presentada por la vocal y el "análisis de la situación actual" del CGPJ tras la iniciativa lanzada por el vocal Álvaro Cuesta para propiciar una dimisión en bloque del grupo progresista con la que forzar la renovación del Consejo, pendiente desde hace cuatro años.
DIMISIÓN ENTRE REPROCHES
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, el debate de ayer giró en torno a la renuncia de Sáez, que se encontró con los reproches de varios compañeros que no veían justificadas las razones que aducía para su partida.
En la carta enviada a Mozo el 13 de marzo, que se conoció la semana pasada, Sáez apuntaba a la "insostenible" situación del Consejo, tanto por la interinidad que sufre desde el 4 de diciembre de 2018 como por las tensiones internas.
En las opiniones expresadas ayer jueves hubo matices, ya que mientras algunos criticaron directamente su dimisión, otros discreparon pero respetando su libertad para dar este paso.
Desde el bloque progresista, algunos vocales aprovecharon el debate plenario para manifestar lo que ya dijeron en la reunión del pasado martes --cuando se descartó la renuncia colectiva--, esto es, que no abandonarán el cargo.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordará en su Pleno ordinario de este jueves su "situación actual" tras el fracaso de la iniciativa que buscaba una dimisión en bloque de los ocho vocales progresistas para forzar la renovación del CGPJ.
El orden del día contempla la "dación de cuenta" de la renuncia individual presentada por la vocal progresista Concepción Sáez y el "análisis de la situación actual del Consejo General del Poder Judicial".
La semana pasada se conoció que Sáez presentó el 13 de marzo una carta de renuncia al presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, ante la "insostenible" situación del Consejo, tanto por la interinidad que sufre desde hace cuatro años como por las tensiones internas.
El movimiento de Sáez propició que su compañero Álvaro Cuesta planteara la posibilidad de que los otros siete vocales progresistas presentaran también su dimisión para empujar a Gobierno y PP a pactar la renovación del CGPJ, pendiente desde el 4 de diciembre de 2018.
Tras dos reuniones, una el viernes y otra el pasado martes, el bloque progresista no logró llegar a un acuerdo interno, dando así por zanjado el debate sobre la posible renuncia colectiva, según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press.
En este contexto, Mozo incluyó, a petición de Cuesta, ese análisis de la "situación actual" del Consejo. No obstante, desechada la vía de la dimisión en bloque, la única renuncia que hay sobre la mesa es la de Sáez, que será aceptada por el presidente interino, de acuerdo con las citadas fuentes.
La salida de Sáez, designada en su día a propuesta de Izquierda Unida, aumentará la brecha entre el ala progresista, que se quedará con siete vocales --Mozo incluido--, y la conservadora, con diez.
REFUERZOS PARA EL SUPREMO
Por otro lado, el CGPJ estudiará la propuesta del Tribunal Supremo (TS) de prorrogar el nombramiento por periodo de tres años de dos letrados titulares, del área contencioso-administrativa, del Gabinete Técnico del TS.
Actualmente, el Supremo cuenta 21 vacantes ante la imposibilidad legal de que el CGPJ realice nombramientos discrecionales estando en funciones, lo que también llevó al tribunal a reclamar 15 letrados de refuerzo para su Gabinete Técnico --siete para la Sala de lo Social y ocho para la Sala de lo Contencioso-Administrativo--.
El Ministerio de Justicia ya ha avanzado que aceptará esos 15 refuerzos, según consta en la contestación del CGPJ a las preguntas planteadas por la Comisión Europea en el marco de la elaboración del informe anual sobre el Estado de Derecho en España.
Además, los vocales estudiarán los informes a los anteproyectos de las leyes de familias, información clasificada, contra la trata y explotación de los seres humanos y del procedimiento de evaluación de la edad
Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han celebrado este martes una reunión para valorar una posible dimisión en bloque, con el objetivo de forzar la renovación del CGPJ --caducado desde el 4 de diciembre de 2018--, pero ha acabado sin acuerdo porque algunos vocales siguen sin estar conformes con esta medida de presión.
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, el encuentro ha servido básicamente para que los ocho vocales que integran el denominado bloque progresista del CGPJ discutan por primera vez entre todos este asunto, pero sin que quienes apoyan la renuncia colectiva hayan logrado convencer a los que se muestran reacios, de modo que las diferencias persisten.
La iniciativa partió el pasado jueves del vocal progresista Álvaro Cuesta, un día después de que se conociera que su compañera Concepción Sáez había presentado su renuncia al presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, el 13 de marzo ante la "insostenible" situación del Consejo, tanto por la interinidad como por las tensiones internas.
La idea era que los otros 7 vocales progresistas --los seis designados a propuesta del PSOE más Enrique Lucas, nominado por el PNV pero que suele alinearse con este grupo-- se sumaran a Sáez para poner en peligro el 'quorum' del Pleno y empujar así a Gobierno y PP a pactar la renovación del CGPJ.
Sin embargo, las fuentes indican que desde entonces la teoría inicial se ha ido desmoronando por las crecientes dudas de que la partida de los ocho vocales progresistas puedan llegar a maniatar al CGPJ.
El viernes, ya hubo una primera reunión con cinco vocales --Cuesta, Mozo, Sáez, Pilar Sepúlveda y Clara Martínez de Careaga-- que sirvió para abrir la "reflexión", ya que los tres restantes --Mar Cabrejas, Roser Bach y Lucas-- no pudieron asistir ni telemáticamente. De ahí que se citaran los ocho para este martes.
El objetivo de la reunión de este 28 de marzo era intentar pactar una postura común que llevar al Pleno ordinario del jueves, donde ya figura en el orden del día una "dación de cuenta" de la renuncia presentada por Sáez y un "análisis de la situación actual del Consejo General del Poder Judicial".
EL 'PLAN B' DE LA COMISIÓN PERMANENTE
En todo caso, las fuentes subrayan que la dimisión en bloque de los ocho progresistas sería más una medida simbólica que práctica porque parece claro que el CGPJ podría seguir funcionando.
El primer escollo sería el 'quorum' del Pleno, el máximo órgano del CGPJ. Actualmente, es de 11 (diez más el presidente), por lo que la partida de los vocales progresistas podría impedir que se constituyera. Sin embargo, desde el ala conservadora se avisa de que, puesto que Mozo es un presidente interino, podría interpretarse que con los diez miembros conservadores es posible seguir trabajando.
El segundo resorte que evitaría la parálisis del CGPJ es la Comisión Permanente, su órgano ejecutivo. Las fuentes consultadas se muestran seguras de que, incluso en el caso de que fuera imposible formar Pleno, dicha comisión --para la que solo se requieren siete vocales-- podría continuar operando.
Así las cosas, la salida de los ocho progresistas dejaría el CGPJ en manos de los diez conservadores, que por ahora descartan dimitir alegando, por un lado, la necesidad de seguir resolviendo los problemas del día a día del Poder Judicial (bajas, libranzas, etc) y, por otro, que la solución a la no renovación deben aportarla las fuerzas políticas.
El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá a las 19.00 horas de este martes para valorar su posible dimisión en bloque con el objetivo último de forzar la renovación del órgano --que lleva más de cuatro años caducado--, una decisión sobre la que sigue sin haber consenso entre estos 8 vocales.
La iniciativa partió el pasado jueves del vocal progresista Álvaro Cuesta, un día después de que se conociera que su compañera Concepción Sáez había presentado su renuncia al presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, el 13 de marzo ante la "insostenible" situación del Consejo, tanto por la interinidad como por las tensiones internas.
La idea era que los otros 7 vocales progresistas --los designados a propuesta del PSOE más Enrique Lucas, nominado por el PNV pero que suele alinearse con este bloque-- se sumaran a Sáez para poner en peligro el 'quorum' del Pleno y empujar a Gobierno y PP a pactar la renovación, pendiente desde el 4 de diciembre de 2018.
Sin embargo, las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indican que desde entonces la teoría inicial se ha ido desmoronando por las crecientes dudas de que la partida de los 8 vocales progresistas puedan llegar a maniatar al CGPJ.
Así las cosas, las mismas fuentes aclaran que los vocales progresistas asistirán a la reunión de mañana sin una postura unánime, por lo que la maniobra planteada por Cuesta -advierten algunas voces-- podría "quedar en nada".
El viernes, hubo una primera reunión con 5 vocales --Cuesta, Mozo, Sáez, Pilar Sepúlveda y Clara Martínez de Careaga-- que sirvió para abrir la "reflexión", ya que los 3 restantes --Mar Cabrejas, Roser Bach y Lucas-- no pudieron asistir ni telemáticamente.
Dado que aún no hay una postura unánime, de la cita de este 28 de marzo se espera más un intercambio de opiniones entre los vocales progresistas que una decisión definitiva sobre la eventual dimisión conjunta.
No obstante, desde el ala progresista apuntan que la intención es llevar al menos una postura clara al Pleno ordinario del jueves, donde ya figura en el orden del día una "dación de cuenta" de la renuncia presentada por Sáez y un "análisis de la situación actual del Consejo General del Poder Judicial".
EL 'PLAN B' DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Los interrogantes giran en torno a las consecuencias prácticas de esta hipotética dimisión colectiva. En primer lugar, por el 'quorum' del Pleno. Actualmente, es de 11 (diez más el presidente), por lo que la partida de los vocales progresistas podría impedir que se constituyera. Sin embargo, desde el ala conservadora se avisa de que, puesto que Mozo es un presidente interino, podría interpretarse que con los 10 miembros conservadores es posible seguir trabajando.
Además, la citadas fuentes recalcan que, incluso en el caso de que fuera imposible formar Pleno, la Comisión Permanente --para la que solo se requieren 7 vocales-- podría continuar funcionando, manteniendo así activo el CGPJ.
Los conservadores alertan también de que la renuncia conjunta podría constituir un delito de abandono de la función pública, si bien la corriente progresista descarta este escenario, porque llevan cuatro años ocupando el cargo de forma interina y por el precedente de Carlos Lesmes, que renunció a la Presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS) el pasado 9 de octubre para propiciar, precisamente, una renovación que no llega.
Con todo, desde ambos bandos reconocen numerosas dudas de índole jurídica, aunque coinciden en que la dimisión de los 8 vocales progresistas sería un golpe de efecto en el contexto de un CGPJ cada vez más deteriorado.
El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planea reunirse para valorar una posible dimisión en bloque que pondría en peligro el 'quorum' de 11 vocales que se necesita para que las decisiones del Consejo sean válidas, tras la espita abierta por la renuncia de su compañera Concepción Sáez, que aún no ha sido aceptada por el presidente interino de la institución, Rafael Mozo.
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, hay vocales progresistas dispuestos a seguir los pasos de Sáez si es una decisión conjunta, al considerar que un goteo de dimisiones supondría dejar el Consejo en manos del bloque conservador, mientras que una salida de los 8 vocales progresistas arriesgaría el 'quorum' y, por tanto, podría paralizar el CGPJ.
No obstante, desde el mismo sector algunas voces subrayan que se trata solamente de contactos internos para escuchar la opinión de todos los miembros del bloque progresista. "No hay nada definitivo", afirman.
En cualquier caso, el movimiento tectónico se produciría después de que el CGPJ hubiera finalizado la designación de los miembros judiciales de las audiencias de las juntas electorales provinciales de cara a los comicios del 28 de mayo.
La salida de los 8 vocales progresistas podría desatar una nueva batalla interna, ya que algunas fuentes advierten de que el 'quorum' de 11 es discutible. Y ello porque la normativa establece que es de 10 vocales más el presidente, pero como Mozo es un presidente suplente podría interpretarse que con una decena de vocales es posible operar.
Actualmente, el CGPJ está formado por 18 vocales, 8 progresistas --incluido Mozo-- y 10 conservadores, dos menos de los que debería tener porque durante los cuatro años de interinidad del Consejo el vocal Rafael Fernández Valverde se jubiló y Victoria Cinto falleció, a lo que se suma la dimisión de Carlos Lesmes el pasado 9 de octubre para forzar un acuerdo político de renovación que sigue sin llegar.
SÁEZ, EL DETONANTE
De momento, Mozo tiene sobre la mesa la carta de renuncia que Sáez le envió el 13 de marzo y que tiene previsto abordar en el Pleno ordinario del próximo 30 de marzo para decidir si la acepta o la rechaza.
En la carta, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Sáez plantea su renuncia como "ineludible". En primer lugar, porque el CGPJ lleva caducado más de cuatro años.
Sáez explica que, "por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad", ha venido "aguantando el transcurrir de los meses y de los años no sin inquietud ni incomodidad", pero que "en este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esa larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial".
En segundo lugar, la vocal señala a "la incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones", algo que dice ha terminado por "agotar" su "paciencia".
"Estimo inútil jurídica y políticamente mi continuidad en este escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución", concluye Sáez, nombrada a propuesta de Izquierda Unida.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha declarado este viernes que "el PP tiene un interés evidente en no renovar el Consejo General del Poder Judicial", tras ser preguntada por los mensajes entre el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el anterior Gobierno del PP durante la investigación del caso 'Kitchen'.
En declaraciones a los medios en Palma, la ministra ha remarcado que corresponde al CGPJ, "un órgano independiente", actuar "si observa que ha habido algún tipo de responsabilidad disciplinaria".
Llop ha llamado la atención sobre que en este caso se trata de "conversaciones de un presidente de la Audiencia Nacional, nada más y nada menos, y un cargo del PP imputado, ya acusado, en un procedimiento penal por unos hechos muy graves". "Me lleva a pensar que el PP tiene un interés evidente en no renovar el CGPJ"
El presidente del Senado, Ander Gil, ha citado este miércoles a las 13.00 horas al portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto, para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cubrir la vacante que le corresponde en el Tribunal Constitucional (TC), según han informado a Europa Press fuentes de la Cámara.
Este encuentro será el primero de la ronda de contactos que mantendrá Ander Gil con los portavoces parlamentarios del Senado para tratar la renovación de estos órganos constitucionales que dependen de la Cámara Alta.
De este modo, tras verse con Maroto, el presidente del Senado mantendrá nuevos contactos en las próximas semanas con el resto de los grupos con representación en la Cámara Alta: ERC-EH Bildu, PNV, Grupo Nacionalista, Izquierda Confederal, Grupo Democrático, Grupo Mixto y el Grupo Socialista.
Según estas fuentes, Ander Gil ha apremiado a los grupos hasta en una treintena de veces a que hicieran sus propuestas para la renovación de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial que le corresponden al Senado, sin que hasta el momento las formaciones se hayan pronunciado.
LA VACANTE DEL TC
Por ello, ha citado mañana a las 13.00 horas al portavoz parlamentario del PP para tratar la renovación del CGPJ y también de la vacante del Tribunal Constitucional que corresponde al Senado y que está libre desde la marcha en verano del magistrado Alfredo Montoya.
Tras esta marcha de Alfredo Montoya --de sensibilidad conservadora--, el Senado habilitó una fecha para que los Parlamentos autonómicos propusieran sus candidatos, pero este plazo se ha prorrogado hasta en tres ocasiones --actualmente está ampliado hasta el 14 de abril-- ya que, por el momento, solo han llegado tres nombres.
En concreto, solamente han mandado sus candidatos las Asambleas de Aragón, Extremadura y Galicia. En el caso de las dos primeras, se han enviado dos nombres a propuesta del PSOE, José Ricardo de Prada (Aragón) y Aurelio Blanco (Extremadura), mientras que el Parlamento gallego ha planteado la candidatura del actual presidente del Consejo Consultivo, José Luis Costa Pillado, a propuesta del PP.
El Partido Popular de Feijóo decidió a finales de octubre romper las negociaciones con el Gobierno para renovar el CGPJ y el TC alegando un "cambio de posición" del PSOE por la derogación del delito de sedición.
LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE
Asimismo, el presidente del Senado tratará otros temas con los portavoces de los grupos en la Cámara Alta, como las reuniones de alto nivel que le corresponderá organizar a la institución en el marco de la Presidencia española de la Unión Europea, que se producirá en el segundo semestre del año.
En concreto, serán dos reuniones sectoriales sobre Igualdad y Transición Ecológica que se desarrollarán en el mes de septiembre, y que Ander Gil quiere abordar con todos los grupos de la Cámara, empezando por el líder de la oposición.
También quiere debatir con ellos sobre el ajuste del calendario de este período de sesiones en el Senado que producirá esta presidencia española, así como el período electoral de los comicios autonómicos y locales del próximo 28 de mayo.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este jueves un Pleno extraordinario de carácter monográfico para abordar las "disfunciones" que está provocando su interinidad, en base a un borrador donde se insta al Congreso de los Diputados y al Senado a hacer "lo necesario" para su renovación "inmediata", así como a devolverle del todo su capacidad para realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, subrayando la "grave" situación del Tribunal Supremo (TS).
Estaba previsto que el CGPJ abordara este asunto en su Pleno ordinario del 26 de enero, pero por falta de tiempo en esa sesión decidió convocar uno extraordinario para el 9 de febrero a fin de abordar de forma monográfica las "disfunciones" que está provocando su interinidad, después de que el Supremo le pidiera urgir a las Cortes Generales a dar una solución "inmediata" a la "situación insostenible" que atraviesa el alto tribunal por sus 19 vacantes sin cubrir.
En el borrador que estudiarán mañana, al que ha tenido acceso Europa Press, se propone "instar al Congreso y al Senado a que provean lo necesario, en el ámbito de sus funciones y obligaciones, para la inmediata renovación de este CGPJ, en los términos establecidos por nuestra Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)".
En este punto, el texto recuerda que "ningún Poder del Estado puede ignorar dichas disposiciones, ni seguir permitiendo la suspensión temporal de nuestra Constitución en relación a la obligada renovación de los órganos constitucionales".
Además, toma conocimiento del informe aprobado el 16 de enero por la Sala de Gobierno del Supremo --con el que hizo suyo el informe elaborado por el director del Gabinete Técnico del TS, que a su vez encargó el propio CGPJ--, donde alertó de que a lo largo de este año las vacantes en el alto tribunal podrían llegar a suponer el 30% de sus efectivos.
En dicho informe, la Sala de Gobierno detalló el impacto que ha tenido en sus cinco salas la reforma realizada en 2021 a la LOPJ para impedir que un CGPJ caducado, como el actual --que lleva más de cuatro años en funciones--, haga nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, en cuya cúspide se sitúa el Supremo.
El borrador también toma nota del informe de sus propios servicios técnicos concerniente a las plazas vacantes que se hallan pendientes de provisión en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional (AN). Los puestos por cubrir en la cúpula judicial ascienden ya a 72, según fuentes jurídicas.
El documento plantea "remitir ambos informes al Congreso y al Senado, para su conocimiento, por ser imprescindible que conozcan la situación creada de grave impacto en el funcionamiento de la Justicia, en aras a que promuevan lo necesario para remover los obstáculos creados, en el ejercicio de sus competencias".
Así, aboga por dirigirse también a los presidentes de ambas cámaras para que trasladen a los grupos parlamentarios "la urgente necesidad" de acometer otra reforma para devolver al CGPJ su capacidad para nombrar presidentes de audiencias provinciales, TSJ y AN y presidentes de sala y magistrados del Supremo.
"NO RESULTA COHERENTE"
El borrador recuerda que la LOPJ ya se reformó el pasado mes de julio para que el CGPJ pudiera nombrar a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC), algo que hizo el 27 de diciembre, permitiendo con ello que la corte de garantías completara su renovación parcial, pendiente desde el 12 de junio, a principio de año: el 9 de enero.
"Devuelta la atribución para efectuar nombramientos, siquiera reducida a los magistrados del Tribunal Constitucional, no resulta coherente negar la legitimidad para hacer lo propio con los restantes nombramientos", expone.
El texto recalca que "la situación es particularmente grave en el Tribunal Supremo", reivindicando que su "carácter de órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, le hace acreedor de recibir el mismo trato susceptible de remover los obstáculos que impiden su normal funcionamiento, desbloqueando la imposibilidad de cubrir las vacantes que en el mismo se vienen produciendo".
"Dicha situación queda evidenciada en el informe remitido por la Sala de Gobierno del alto tribunal, constatándose los gravísimos perjuicios que está originando a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos", resalta.
LO SOCIAL Y LO CONTENCIOSO, AL LÍMITE
El informe de la Sala de Gobierno recordó que el Supremo debe contar por previsión legal con un presidente y 79 magistrados, alertando de que, sin embargo, las cifras actuales distan de ser ideales: se encuentra sin presidente titular y con un total de 19 vacantes.
La sede judicial estimó que en 2023 en sus salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo --que son las dos más afectadas-- se dictarán unas 1.230 sentencias menos --570 menos en Contencioso y 660 en Social--, "con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone", y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al "colapso" de ambas salas.
El Supremo avisó de la "situación crítica" en la que se encuentran actualmente la Sala de lo Social --con 5 vacantes en una plantilla de 13-- y la Sala de lo Contencioso-Administrativo --con 10 vacantes en una plantilla de 33--. Por ello, reclamó una dotación de 15 plazas de letrado del Gabinete Técnico con retribución de letrado coordinador y para ser cubiertas preferentemente por magistrados.
En este contexto, los magistrados del TS consideraron necesario que el Parlamento establezca un "remedio inmediato de este estado de cosas y promueva cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avisado a Bruselas de que "la única solución para normalizar la situación de crisis" que atraviesa pasa por "la urgente renovación" del órgano de gobierno de los jueces "y, en su caso, por una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Así consta en un documento denominado borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, pero que según las fuentes del CGPJ consultadas ha sido aprobado por la Comisión Permanente del Consejo y enviado a la Comisión Europea para dar respuestas a las preguntas planteadas por Bruselas para elaborar su informe anual sobre el Estado de Derecho en cada Estado miembro.
En el texto, los vocales recuerdan que aunque el pasado octubre --a raíz de la dimisión de Carlos Lesmes al cargo de presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ-- se reanudaron las conversaciones entre los dos representantes de los los grupos parlamentarios para intentar alcanzar un acuerdo que permitiese renovar el órgano, finalmente se interrumpieron las negociaciones y no hay aún horizonte para el acuerdo.
Además, desde la Comisión Permanente subrayan que, como el CGPJ no puede hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial por una reforma aprobada en marzo de 2021, el cargo de presidente del Consejo está ocupado de forma interina por el vocal de más edad, mientras que la presidencia del Supremo está a cargo del presidente de Sala más antiguo.
REFORMA LEGAL
Al margen, en el apartado sobre "medidas adoptadas para implementar las recomendaciones recibidas", el Consejo recalca que en Congreso se han presentado varias iniciativas legislativas. Entre ellas, la proposición de ley orgánica interpuesta por los diputados del PP para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo para que los vocales judiciales sean elegidos por los jueces.
En el texto, sin embargo, el CGPJ recuerda que la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró ante el Parlamento Europeo el pasado 12 de enero que rechazaba dicha modificación y que defendía el modelo actual.
Asimismo, hace referencia a la iniciativa "sobre el modelo de elección y desbloqueo de la renovación del CGPJ, presentadas por los Grupos Socialista y Podemos, y Más País y Equo, entre otros Grupos", y avisa de que "esta cuestión formará parte de los debates del Parlamento español a lo largo del presente año".
Así las cosas, la Comisión Permanente concluye que "hoy por hoy la única solución para normalizar la situación de crisis del Consejo pasa por la urgente renovación del mismo y, en su caso, por una reforma de la LOPJ".
VACANTES EN LOS TRIBUNALES
En el marco del texto, el CGPJ avisa a Bruselas de que han "iniciado un estudio para prevenir los efectos que tendrán en la judicatura las jubilaciones masivas de jueces que se producirán en los próximos años, y las dificultades para cubrir esas vacantes con el tradicional sistema de acceso".
En este sentido, insiste en que no puede hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial y que hasta ahora uno de los órganos más afectados es el Supremo. Y, al hilo, subraya que otros tribunales cuentan también con presidencias interinas.
"De momento, esta situación afecta al presidente de la Audiencia Nacional, a 7 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, a 21 presidentes de Audiencias Provinciales y a 25 presidentes de Salas", precisan.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
En el apartado relativo a las "novedades significativas susceptibles de influir en la percepción del público en general sobre la independencia del poder judicial", el CGPJ responde que "en España la independencia del Poder Judicial está garantizada con medios de control de legalidad suficientes".
"No se ha producido ningún pronunciamiento judicial o sancionador en el que se haya constatado la violación o atentado perturbador contra la independencia judicial o de algún Juez o Magistrado en concreto en menoscabo de su independencia", señala el documento.
Sin embargo, el Consejo considera que "es imprescindible" su renovación porque, a su juicio, "la actual situación de mandato caducado después de más de cuatro años puede afectar a la percepción de los ciudadanos de una falta de independencia del poder judicial".
Al margen, la Comisión Permanente indica que en los últimos meses se han producido "descalificaciones del Poder Judicial por responsables políticos, incluido algún miembro del Gobierno, tanto como consecuencia del proceso de nombramiento de los magistrados del TC, como con motivo de la aplicación de una ley de reforma del Código Penal concerniente a los delitos contra la libertad sexual".
PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA
En el texto, en el apartado relativo a "normas y uso de los procedimientos acelerados y de los procedimientos de urgencia", el CGPJ señala que en 2022 recibió 30 solicitudes de informes de proyectos normativos, de ellas 11 por el procedimiento de urgencia y en 7 casos en que se pidió prórroga ésta fue denegada.
Al hilo, advierte de que algunos grupos parlamentarios han impulsado de manera "frecuente" tramitaciones urgentes de determinadas reformas normativas "obviando" la obligación de someter a informe del CGPJ dichas iniciativas.
En este sentido, incide en que el pasado 24 de noviembre el propio Pleno del CGPJ debatió sobre esta práctica, "porque una parte de este Consejo, no todos sus miembros, la consideran que pudiera ser, contraria a los estándares europeos". "La cuestión no es pacífica porque puede atentar contra la autonomía e independencia de la función parlamentaria", añade.
RESPUESTA "COMPLEMENTARIA"
Al margen de este documento, cinco vocales de los 18 que integran actualmente el CGPJ se han dirigido a la Comisión Europea para dar respuestas "complementarias" a las enviadas por la Comisión Permanente.
En el texto, al que también ha tenido acceso Europa Press, los cinco explican que han recurrido a esta "fórmula inusual" de comunicación con Bruselas porque el borrador con las respuestas del CGPJ se entregó a los vocales que no forman parte de su Comisión Permanente con "un tiempo insuficiente para su análisis" y se envió sin que hubiese debate previo en el Pleno sobre las mismas.
Entre otras cuestiones, estos vocales --del ala conservadora-- alertan sobre un "grave" debilitamiento de la independencia judicial por las reformas sobre el CGPJ.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en su Pleno ordinario de este jueves celebrar un cónclave extraordinario el próximo martes para celebrar una segunda votación a fin de elegir a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) con los magistrados del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y María Luisa Segoviano como aspirantes.
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, así se ha acordado a propuesta del sector conservador del CGPJ, que ha sido quien ha lanzado a Tolosa y Segoviano como candidatos.
Cabe recordar que Tolosa ya fue uno de los votados en el Pleno extraordinario del pasado martes, también a propuesta de los vocales conservadores, obteniendo solo sus diez votos, uno menos de los necesarios.
En el caso de Segoviano, aunque su nombre lo lanza ahora el bloque conservador, estaba en la primera lista de nueve candidatos que comunicó el bloque progresista el pasado mes de octubre.
El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha señalado este martes que la confianza en la Justicia por parte de los ciudadanos es el mejor indicador de su calidad, por lo que ha insistido en que se debe trabajar por ofrecer un servicio público que esté a la altura de lo que la sociedad demanda.
Durante su intervención en el acto de entrega de los X Premios a la Calidad de la Justicia, ha sostenido que por eso, los profesionales de la Administración de Justicia deben trabajar por lograr una Justicia "más cercana a los ciudadanos", más comprensible y "reconocible como propia".
Mozo ha destacado que estos galardones suponen un reconocimiento a un servicio público ejemplar y a la disposición activa a mejorar que muestran los premiados, integrantes de un colectivo que trabaja de manera "discreta y callada" pero "por y para los ciudadanos, conscientes de su deber y de su importante misión como servicio público".
Por su parte, el presidente del jurado y vocal del CGPJ, Gerardo Martínez Tristán, ha agradecido la "vocación de servicio público" de los premiados y, en el caso de los tres gobiernos autonómicos, ha destacado la importancia de que hayan comprendido que cubrir las necesidades de la Justicia se traduce en un beneficio para los ciudadanos.
LOS PREMIADOS
En esta edición, los premios en la modalidad de 'Justicia más eficaz' han recaído en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por su proyecto 'Ética profesional y justicia eficaz' y en el Servicio de ejecución penal y justicia restaurativa de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra por su proyecto 'Protocolo de colaboración en materia de atención a la salud mental y protocolo marco de justicia restaurativa en Navarra'.
Los galardones a la 'Justicia más transparente' han sido otorgados ex aequo al área de Contencioso-Administrativo del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo por su proyecto 'Elaboración y difusión de cuadernos de jurisprudencia y boletines' y a la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial de Alicante por su proyecto 'Comparecencias previas para la posible conformidad en el ámbito del Tribunal del Jurado'.
Por último, en la categoría de 'Justicia más accesible', han resultado premiados el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria por su proyecto 'Desarrollo piloto de Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia' y, ex aequo, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco por su proyecto 'Programa de acompañamiento a víctimas de violencia de género en el ámbito judicial: Zurekin' y la Viceconsejería de Justicia y víctimas de la Comunidad de Madrid por su proyecto 'Programa integral de atención a la infancia en las sedes judiciales'.
Los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional (TC) amenazaron con no participar en el Pleno extraordinario convocado para este jueves --lo que habría impedido el quórum necesario para deliberar y votar--, si no se les daba más tiempo para estudiar a fondo el recurso de amparo presentado por el PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio TC, razón por la cual finalmente el presidente, Pedro González-Trevijano, aplazó el cónclave al lunes.
Según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press, la sucesión de acontecimientos comenzó el miércoles por la mañana, cuando el PP presentó su recurso de amparo con la petición de suspensión. A partir de ahí, la maquinaría del TC se puso en marcha, decidiéndose, tras una conversación entre González-Trevijano y el vicepresidente, Antonio Xiol, convocar un Pleno extraordinario para este jueves a fin de evitar que las medidas cautelarísimas perdieran su objeto.
La ponencia recayó sobre el magistrado Enrique Arnaldo y, a lo largo de la jornada, los magistrados fueron encargando a sus respectivos letrados los informes pertinentes, que empezaron a llegar a última hora de la tarde del miércoles y en sentido contradictorio, unos a favor y otros en contra de la suspensión cautelar, estando el de Arnaldo entre los favorables.
Ya en horas de la noche, entraban en el tribunal los escritos de PSOE y Unidas Podemos pidiendo rechazar la paralización preventiva de la tramitación parlamentaria y, en el caso de los 'morados', recusando además a González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez bajo el argumento de que, como son los dos magistrados llamados a ser reemplazados por los dos candidatos del Gobierno, tienen un "interés directo" en las enmiendas impugnadas, que buscan renovar el TC.
Las fuentes explican que los magistrados no tuvieron conocimiento de los escritos de PSOE y Unidas Podemos, así como del recurso de Vox --en la misma línea que el del PP--, hasta este mismo jueves por la mañana. Con tan poca antelación, Xiol planteó a González-Trevijano que los cinco magistrados del bloque progresista necesitaban tiempo para estudiar todos los recursos y escritos antes de poder deliberar y votar. En consecuencia, el inicio se pospuso a las 12.00.
Pero llegada la hora, los magistrados progresistas volvieron a transmitir al presidente que no era tiempo suficiente para analizar a fondo asuntos de tal importancia, por lo que no sentían cómodos votando en esas condiciones. Así las cosas, trasladaron a González-Trevijano que, si no se aplazaba el Pleno, se levantarían de la mesa y se irían sin votar.
DOS PAPELES Y UNA DECISIÓN
De haberse producido la escena descrita, --que algunas fuentes definen como "circo"--, el Pleno no se podría haber celebrado porque se necesita un mínimo de 8 magistrados --de los 11 que lo integran actualmente-- para constituirlo válidamente. En esta coyuntura, González-Trevijano les pidió que dejaran constancia por escrito de la situación.
Poco después, la magistrada María Luisa Balaguer, le entregaba un escrito que el presidente rechazó, por no plasmar expresamente que, si no se aplazaba el Pleno, se marcharían. En consecuencia, la misma magistrada volvió con una segunda versión donde se dejaba constancia de que la "complejidad" y "relevancia" del asunto requería un "estudio completo" y, sin "el tiempo indispensable" para ello, se les imposibilitaba "poder participar en la deliberación y votación".
González-Trevijano aceptó este segundo escrito y accedió a aplazar el Pleno al próximo lunes. Pese a ello, los 11 magistrados se reunieron más de una hora para analizar la situación en conjunto. Desde el bloque conservador, se manifestó la disposición a deliberar y votar, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Con todo, la decisión sobre la admisión del recurso del PP, sus medidas cautelarísimas y la eventual admisión del recurso de Vox y posible personación de PSOE y Unidas Podemos, así como las recusaciones contra el presidente y Narváez, han quedado pospuestas, al menos, hasta el 19 de diciembre.
El diputado del PSOE por Guipúzcoa Odón Elorza, ha recordado este jueves que él se desmarcó de la directriz marcada por el PSOE y no apoyó con su voto la elección de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, una discrepancia que le conllevó multa en el Grupo Socialista, y ahora ese magistrado es el ponente de recurso que los 'populares' han presentado para intentar paralizar la tramitación parlamentario de la reforma que busca desbloquear la renovación del Alto Tribunal.
"Confío mucho en el ponente, señor Arnaldo, por eso no le voté", ha ironizado Elorza en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre la posibilidad de que el Alto Tribunal acabe frenando el debate de las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos para facilitar la elección de los candidatos a magistrados del TC que corresponde al Gobierno, el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.
Elorza, que ha sido crítico con la celeridad con la que se ha tramitado la ley para la supresión del delito de sedición y, especialmente la reforma del de malversación, no ha querido extenderse sobre la situación planteada a raíz del recurso que el PP ha presentado ante el TC.
En este sentido, se ha limitado a señalar que, pase lo que pase "pierde la democracia" y ha aprovechado para recordar su decisión de no apoyar el nombramiento de Arnaldo que el Gobierno había pactado con el PP.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará un Pleno extraordinario el próximo 20 de diciembre, a las 17.00 horas, para votar a los candidatos que le corresponde designar para el Tribunal Constitucional.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han confirmado a Europa Press que en el orden del día consta el punto relativo al nombramiento de los magistrados al tribunal de garantías que han sido propuestos, en referencia a los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Lucas, pero podrán sumarse más aspirantes.
La convocatoria tiene lugar después de que ayer miércoles el bloque conservador del propusiera a Tolosa y Lucas para conseguir que el presidente interino, Rafael Mozo, convocara un Pleno extraordinario que permita votar y elegir a los dos nombres que debe designar el órgano de gobierno de los jueces antes del 22 de diciembre, cuando se prevé que quedará aprobada la reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos que favorecería al actual aspirante del sector progresista: José Manuel Bandrés.
César Tolosa es magistrado del Tribunal Supremo desde 2014. Actualmente, preside la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ingresó en la Carrera Judicial en 1982 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Molina de Aragón (Guadalajara). En 2004 fue elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cargo en el que permaneció hasta su nombramiento para el Supremo.
Pablo Lucas es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desde noviembre de 2001, fecha en la que ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio. Es el encargado de controlar la actividad del CNI y estaba en el primer listado de nueve candidatos dado a conocer por los vocales progresistas el pasado octubre.
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, ha convocado un Pleno extraordinario para mañana a las 10 horas para decidir si se admite el recurso del Partido Popular donde pide paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las enmiendas por las que se modifica el Poder Judicial.
Según ha informado este miércoles el TC, el objetivo de este Pleno es estudiar la admisibilidad del recurso en sí mismo y las medidas cautelarísimas que reclama el Partido Popular.
La impugnación de los 'populares' se dirige contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia adoptado el pasado lunes por el que se admitieron a trámite las enmiendas parciales 61 y 62 planteadas en el seno de la proposición de ley destinada a derogar la sedición y reformar la malversación.
También se dirige contra el acuerdo del presidente de la Comisión de Justicia del pasado martes con el que decidió no convocar a la Mesa para resolver la reconsideración planteada el día anterior por los diputados del PP contra el acuerdo de admisión a trámite de ambas enmiendas.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha señalado sobre la posibilidad de que cambien las mayorías para elegir en el Parlamento al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "están trabajando" para que no se puedan producir bloqueos en la renovación de los miembros.
"Estamos trabajando para que no se puedan producir estos bloqueos a los que antes me estaba refiriendo", ha trasladado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de si cambiarán las mayorías tal y como lo solicitan desde Unidas Podemos.
Concretamente, sobre si valoran un cambio normativo más allá del Tribunal Constitucional que afecte a la forma de elección desde el Congreso al Poder Judicial, la ministra portavoz ha señalado que de momento van "a dar solución al problema que tiene que ver con el TC", que "no es algo abstracto".
"Tiene que ver con los derechos y las libertades fundamentales, con el análisis de las leyes y su constitucionalidad", ha añadido a renglón seguido la ministra, que asegura que esta situación es una "absoluta anomalía".
En relación con los motivos que han llevado al Gobierno a cambiar las mayorías del TC, Isabel Rodríguez ha apuntado que el 6 de diciembre el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo en el Congreso que "iba a mantener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial decía para proteger a los jueces del Gobierno de España". Estas afirmaciones, según la portavoz, son muy "graves" y "denotan una falta de sentido de Estado absoluto".
"Lo que estábamos evidenciando en el seno también del propio Tribunal Constitucional, era la falta de voluntad y, por tanto, de la dilación. También el cumplimiento en la designación de los distintos vocales", ha añadido. Así, ha insistido que el Gobierno ha cumplido con su obligación proponiendo a sus dos magistrados al TC y ha recalcado que "nunca se contempló que hubiera una oposición que se negara a cumplir con la ley" al igual que "nunca se contempló que hubiera magistrados, operadores jurídicos, en este caso conservadores, que se negaran también a cumplir la ley".
Las negociaciones en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para designar a los dos aspirantes al Tribunal Constitucional (TC) que competen al CGPJ han encallado por cuanto los vocales progresistas insisten en mantener la candidatura del magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés y sus pares conservadores en reclamar otros nombres, lo que supone que, por ahora, el único acuerdo es celebrar una primera votación el próximo 22 de diciembre.
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, la serie de reuniones que se han sucedido desde que el Gobierno designara el pasado martes a sus dos aspirantes al Constitucional --el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-- han servido para que los portavoces progresistas y conservadores confirmen a la otra parte que se mantienen en las posiciones fijadas el 16 de noviembre.
Ese día, los vocales conservadores manifestaron a sus interlocutores la necesidad de cambiar el método de negociación. Planteaban que, en lugar de que cada bloque propusiera un candidato que fuera asumido automáticamente por el otro, ambas corrientes pusieran varios nombres sobre la mesa para elegir los dos aspirantes al TC de forma conjunta.
Este movimiento se produjo después de que el 3 de noviembre los vocales progresistas postularan a Bandrés, reduciendo así la lista de nueve candidatos que lanzaron el pasado octubre, por lo que desde este sector el cambio de reglas propuesto por los negociadores conservadores se percibe como un veto encubierto al magistrado del TS, ya que formalmente --apuntan-- no han formulado tacha alguna.
En esta coyuntura, la comisión negociadora --integrada por José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador; y Álvaro Cuesta y Roser Bach, del lado progresista-- se citó para el 30 de noviembre, el pasado miércoles, para intentar desatascar las conversaciones, pero dicho encuentro quedó eclipsado por la designación de Campo y Díez.
Los conservadores pidieron más tiempo a los progresistas para valorar el impacto de los nombramientos de Moncloa en las negociaciones del CGPJ y ese mismo día por la noche celebraron un cónclave interno en el que acordaron dejar la cuestión de Campo y Díez al margen --aunque algunos vocales creen que son perfiles excesivamente politizados que el Consejo debería compensar enviando al TC candidatos intachables desde la óptica de la imparcialidad--.
Resuelto el asunto de Campo y Díez, la comisión negociadora volvió a verse el jueves por la mañana. Los conservadores incidieron en reclamar a los progresistas más nombres, además de Bandrés, y estos últimos lo debatieron en una reunión interna esa misma tarde que acabó con la decisión de mantener la candidatura única de este magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
Así, este mismo viernes los vocales progresistas han trasladado a sus compañeros conservadores que no están dispuestos a debatir la "idoneidad y oportunidad" de la candidatura de Bandrés, ni tampoco la "idoneidad y oportunidad" de los aspirantes que pueda anunciar el sector conservador.
PRIMERA VOTACIÓN, EL 22 DE DICIEMBRE
Con todo, el único punto en el que ambos bloques coinciden a estas alturas es que el próximo 22 de diciembre habrá un Pleno ordinario en el CGPJ en el que se celebrará la primera votación sobre los nombramientos al Constitucional.
Los dos sectores del Consejo están dispuestos a votar, si bien desde ambas corrientes se advierte de que es posible que ese día no haya fumata blanca, lo que supondría postergar el eventual acuerdo a 2023. De ese Pleno, se espera que cada vocal proponga y vote lo que considere oportuno sin previo consenso, aclaran las citadas fuentes.
Aunque los vocales conservadores aún no han formalizado ningún nombre, según ha podido saber Europa Press manejan seis: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
No obstante, las fuentes consultadas indican que en realidad los mejor posicionados para conseguir el aval del conjunto del CGPJ son Tolosa y Pablo Lucas, el magistrado del TS encargado de controlar la actividad del CNI y que estaba en ese primer listado de nueve candidatos dado a conocer por los vocales progresistas.
LA RENOVACIÓN DEL TC
Entretanto, el Constitucional ha optado por esperar a que el CGPJ celebre su Pleno ordinario del 22 de diciembre, descartando así examinar ya por separado a los dos aspirantes del Ejecutivo para comprobar si cumplen los requisitos legales para acceder a la corte de garantías.
Campo y Díez vendrían a sustituir al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y a Antonio Narváez, pero aún quedaría por reemplazar al vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y a Santiago Martínez-Vares, ya que estos cuatro magistrados forman el tercio que la Constitución encomienda renovar a Gobierno y CGPJ y cuya renovación está pendiente desde el pasado 12 de junio.
Fuentes jurídicas señalan que en estos momentos hay posturas enfrentadas dentro del TC, con una que ve posible que los dos de Moncloa superen solos el 'placet' del Constitucional y renovar el tercio por mitades (de dos a dos); y otra que entiende que la Carta Magna impone que la renovación se haga con el tercio completo (los cuatro a la vez).
El Consejo de Ministros aprobará este martes los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), según ha adelantado El País y han confirmado fuentes del Gobierno y fuentes jurídicas a Europa Press.
El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a los dos candidatos al TC que le corresponde por cuota sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación.
En estos meses, el Ejecutivo ha fluctuado desde posiciones que, en un primer momento, contemplaban designar a sus dos candidatos para el TC, aunque el CGPJ no pudiera hacer lo mismo porque entonces la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se lo impedía, hasta otras en las que abogaba por dar un tiempo prudencial al órgano de gobierno de los jueces para que, ya recuperada la capacidad legal para hacerlo, nominara a su dupla para el TC.
Ahora que Moncloa ha optado por avanzar sin el CGPJ, deberá despejar la incógnita el Pleno del TC, ya que es quien debe dar el 'placet' a los seleccionados. En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los dos aspirantes del Ejecutivo superaran el filtro del Pleno sin los dos del CGPJ, porque --explicaban-- el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la LOPJ operada en marzo de 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.
Sin embargo, las mismas fuentes subrayan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.
DE UNA MAYORÍA CONSERVADORA A OTRA PROGRESISTA
Frente a esta tesis, otras fuentes consultadas por Europa Press sostienen que la Constitución no permite más interpretación que la de que la renovación se haga con el tercio completo (los 4 magistrados), porque lo contrario supondría 'de facto' hacerlo por sextos (2 magistrados).
Así las cosas, la llave del Pleno la tendrá la actual mayoría conservadora del TC, de 6 a 5, ya que la plaza del magistrado Alfredo Montoya --que debe cubrir el Senado-- sigue vacante.
Cabe recordar que, si el Gobierno finalmente decide nombrar por su cuenta, y logra el visto bueno del Pleno, la mayoría del Tribunal Constitucional cambiará porque González-Trevijano y Narváez, en su día postulados por el Ejecutivo de Rajoy, serían sustituidos por los dos que enviara el Gabinete de Sánchez, configurando una mayoría progresista de 7 a 4, a falta de los dos del CGPJ.
CAMPO Y DÍEZ
Campo salió del Gobierno tras la remodelación de Gobierno en la que Pedro Sánchez decidió prescindir de sus servicios en el Ministerio de Justicia para poner en su lugar a Pilar Llop y tras una época convulsa marcada por los indultos concedidos a los nueve condenados por sedición y malversación a causa del 'procés' y por las frustradas negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un asunto aún pendiente.
Una vez formalizado su cese como ministro de Justicia, Campo solicitó su reincorporación a la Audiencia Nacional para ocupar su plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, funciones que retomó el septiembre del año pasado. Eso sí, durante estos meses se ha apartado de las causas políticas por su anterior cargo político.
Díez Bueso ocupó hasta el pasado mes de abril el cargo de Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática tras haber pasado por el puesto de Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
El Tribunal Supremo (TS) ha acordado rechazar la medida cautelar en la que se solicitaba suspender a Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según ha informado el alto tribunal.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ya rechazó las medidas cautelarísimas solicitadas por el vocal Wenceslao Olea y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito, en sus respectivos recursos contra la entronización de Mozo.
El vocal y el secretario del CGPJ impugnaron el acuerdo adoptado el pasado 13 de octubre por el Pleno del CGPJ, con el que 16 de los 18 vocales ascendieron a Mozo como "presidente suplente" del Consejo por ser el vocal de mayor edad.
Esta decisión provocó una bicefalia en el Poder Judicial, ya que mientras Mozo ejerce de presidente interino del CGPJ el magistrado Francisco Marín Castán hace lo propio en el TS, dos cargos que en circunstancias normales ejerce la misma persona.
El conflicto sucesorio se desató el domingo 9 de octubre, cuando Carlos Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y del TS ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había advertido durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.
El Tribunal Supremo (TS) decidirá este miércoles si suspende a Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como pedía de forma cautelar el único vocal que votó en contra de su designación, Wenceslao Olea, y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito.
Está previsto que los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronuncien sobre la medida cautelar --y no aún sobre el fondo del asunto-- después de que el pasado octubre rechazaran la medida cautelarísima solicitada por Olea y De Benito en sus recursos.
Fuentes jurídicas señalan a Europa Press que justo antes de abordar las medidas cautelares la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidirá si ratifica la abstención de José Manuel Bandrés, que hizo este movimiento tras sufrir una especie de recusación por parte de De Benito, el cual apuntó a un posible conflicto de interés con este magistrado por ser el candidato de los vocales progresistas del CGPJ al Tribunal Constitucional (TC).
Olea y De Benito impugnaron el acuerdo alcanzado por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces para designar a Mozo --el vocal de mayor edad-- su "presidente suplente", por cuanto supuso dividir la jefatura del Poder Judicial, por cuanto el magistrado Francisco Marín Castán ejerce en funciones la Presidencia del TS desde que la renuncia de Carlos Lesmes de ambos cargos surtió efecto.
El conflicto sucesorio se desató el domingo 9 de octubre, cuando Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y del TS --cargos que ejerce la misma persona-- ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había advertido durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.
Lesmes intentó dejar atada su sucesión encargando al Gabinete Técnico del Supremo un informe en el que se avisaba que Marín Castán le reemplazaría automáticamente una vez consumada su renuncia, al ser él quien ejerce la Vicepresidencia del TS.
El CGPJ, sin embargo, designó a su propio presidente al considerar que Marín Castán carecía de legitimidad para asumir ambas presidencias porque ocupa la Vicepresidencia del Supremo de forma interina desde 2019. Por las mismas razones, los vocales concedieron que Mozo tampoco podrá actuar como máxima autoridad del TS.
EL ACUERDO DEL CGPJ IMPUGNADO
El acuerdo del Pleno que ha sido impugnado ante el Supremo salió adelante con 16 de los 18 votos en juego. Solamente contó con el rechazo expreso de Olea, que emitió un voto particular, mientras que la vocal Mar Cabrejas se ausentó específicamente de esta votación por no estar de acuerdo con la entronización de Mozo.
En su voto particular, Olea ya explicaba que, a su juicio, desdoblar las presidencias del CGPJ y del TS era ilegal porque la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) imponen que quien ejerza la del Supremo debe desempeñar también la del Consejo.
"Se está vulnerando nada más y nada menos que la Constitución", avisó Olea, que además de vocal del actual CGPJ es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Asimismo, puso de manifiesto que Mozo "no reúne ninguna" de las condiciones legales para erigirse como presidente, esto es, ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del TS y reunir los requisitos exigidos para ser presidente de Sala del mismo, o ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
Además, Olea advirtió de que con la designación de Mozo se ponía en juego la "legalidad" de los acuerdos que adopte el Consejo con esta presidencia. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han asegurado que este es uno de los factores que está pesando en las negociaciones para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces.
CON LA VISTA EN EL CONSTITUCIONAL
Según han explicado, si el Supremo optara por suspender cautelarmente la entronización de Mozo supondría cuestionar la legitimidad del Pleno encabezado por él y, por ende la validez de los nombramientos al Constitucional.
Los portavoces progresistas y conservadores del CGPJ postergaron hasta el mismo miércoles en el que se pronuncia el Supremo su encuentro para continuar las negociaciones relativas a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar al Consejo, aunque las fuentes consultadas descartan que haya acuerdo.
Justo un día después, el jueves, el CGPJ tiene previsto celebrar su Pleno ordinario de noviembre. En su orden del día figura el asunto de los nombramientos, pero las citadas fuentes han asegurado que es "difícil" que el 24 se llegue a un acuerdo porque los conservadores han puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar el método de negociación para evitar lo que perciben como un "reparto de cromos".
Las mismas fuentes han indicado que la expectativa es que el CGPJ pueda nombrar a sus candidatos al Constitucional a lo largo de diciembre y, en todo caso, antes de Navidad.
Hasta ahora, el bloque progresista había lanzado una primera lista con nueve candidatos que redujo a uno: Bandrés. Los vocales conservadores manejan otro seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de lo Contencioso-Administrativo.
Las fuentes consultadas han apuntado que los mejor posicionados hasta ahora son Pablo Lucas, el juez encargado de controlar al CNI, y Tolosa, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS.
El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ha criticado el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha considerado que refleja "un claro síntoma de apagón intelectual".
Así se ha expresado el presidente durante el acto inaugural de la Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, celebrado este miércoles en Palma.
Durante su discurso, Marín Castán ha criticado las "anomalías" que se están produciendo respecto a la renovación del CGPJ y se ha referido a que la elección de los vocales se confíe a dos personas, "cada una representante de un partido político".
"Que estas anomalías se consideren como algo normal puede interpretarse como un claro síntoma de apagón intelectual, que se traduce en la división en dos bloques --progresistas y conservadores--, que se traslada al poder judicial, con la grave consecuencia de dar una imagen de politización de la justicia que genera desconfianza", ha dicho durante el acto.
Asimismo, ha lamentado que este bloqueo del CGPJ "deteriora la imagen de la justicia y menosprecia a la sociedad y a los ciudadanos".
"Es una división radical que supone no entender la independencia ideológica", ha continuado el presidente en funciones, que ha reivindicado que la reforma "más urgente y necesaria" es que, "a falta de una renovación a tiempo del Consejo, se establezca una renovación automática".
El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, ha señalado que el "actual" Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está incumpliendo la normativa al tener un "déficit" de 300 plazas de jueces sin convocar desde el año 2013 por el cuarto turno, el acceso destinado para juristas de reconocida competencia, porque las "debería haber convocado durante estos nueve años si respetara la ley".
Durante su intervención este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso, Olmedo ha subrayado que "la competencia" para la convocatoria final y la selección de jueces no es del Ministerio, sino del CGPJ, que lleva --ha enfatizado-- "nueve años de mandato".
"Según nuestros cálculos, el actual CGPJ tiene un déficit de 300 plazas que debería haber convocado durante estos nueve años si respetara la ley orgánica del Poder Judicial, es decir, si convocara una de cada cuatro plazas vacantes en la categoría de magistrado", ha precisado Olmedo al referirse al "cuarto turno", el ingreso en la carrera judicial mediante concurso para juristas de reconocida competencia que tengan más de diez años de experiencia profesional.
Lo ha dicho en respuesta al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha afeado a Justicia que se convoquen pocas plazas para jueces y fiscales. A esto, Olmedo ha recordado que en 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez ha convocado 200 y que en 2023 serán 300, frente a las cero que hubo en 2012, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.
Desde Ciudadanos y también desde Vox han insistido, como en anteriores ocasiones, en que el problema no es tanto de inversión, sino de gestión de los recursos, ya que en España hay 11 jueces operativos por cada 100.000 habitantes y el promedio europeo es de 17, cuando España invierte más dinero que la media en Justicia.
Para el secretario de innovación, esos datos comparativos con Europa "no hacen referencia al grado de sustitución por parte de jueces sustitutos y magistrados suplentes que hay en España". "Si los tuviéramos en cuenta se acercarían a la media europea", ha dicho.
Con todo, Olmedo ha replicado a los portavoces parlamentarios que "no se pueden crear plazas sin más", porque crear una plaza de juez "significa crear una unidad judicial, que cuesta mucho dinero".
"Si el atasco lo tenemos en los jueces, lo primero que tenemos que hacer es transitar y transformar nuestra actual primera instancia en un tribunal de instancia, donde será muchísimo más sencillo crear una plaza de juez sin tener que crear más plazas para letrados, funcionarios...", ha añadido Olmedo, que ha considerado "necesario" que salgan adelante los proyectos de ley del plan Justicia 2030.
CONDENAR EN COSTAS SI SE EVITA LA MEDIACIÓN
Olmedo, que ha comparecido para exponer el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, ha expresado que la Justicia española tiene dos grandes problemas, a mejorar con estos proyectos: la "nefasta" organización judicial y la alta litigiosidad.
Ha abogado por "intensificar los esfuerzos por alentar el recurso de la mediación" y de otros medios adecuados de solución de controversias, los denominados MASC --de los que se prevé constituir 54 unidades--, antes de que se acuda finalmente a los tribunales.
Olmedo ha explicado que estos medios suponen un "cambio de paradigma cultural" en la actuación de los tribunales y son una "medida imprescindible" para que la Justicia sea "sostenible".
Ha detallado que este proyecto de ley pretende cambiar la "cultura de la judicialización" por la de "la negociación y el acuerdo". Así, se podrá condenar "en costas cuando se detecte la existencia de un abuso del servicio público de justicia, aunque la parte haya visto estimadas todas sus pretensiones en el juicio".
Y ha dicho que es un concepto novedoso que puede solapar en algunos aspectos otros conceptos tradicionales como la temeridad, la mala fe o el abuso del Derecho, pero que "tiene un ámbito de actuación propio y la jurisprudencia lo decantará oportunamente".
Esta condena, según ha precisado Olmedo, se aplicará cuando una parte evite "injustificadamente" el recurso a un medio adecuado de solución para resolver su conflicto antes de acudir a los tribunales.
La normativa propuesta establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles que exige haber intentado una solución consensuada antes de interponer una demanda judicial. Para ello, las partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa, la opinión de un experto independiente, la conciliación, la mediación o una oferta vinculante confidencial.
Durante la Comisión, el director general de la Asociación Española de Mediación (ASEMED), Jesús Lorenzo, se ha posicionado en contra de que los medios alternativos de resolución pasen a ser obligatorios y ha apostado por que sean de "absoluta voluntariedad mitigada".
Lorenzo ha abogado por que las personas que van a enfrentarse en un proceso judicial acudan antes a un mediador y reciban una sesión informativa sobre esta alternativa, ya que sus estadísticas indican que "entre el 70 y 75 por ciento de las veces llegan a un acuerdo".
"Estamos preparados y deseando ayudar a la ciudadanía", ha resaltado el dirigente de ASEMED, que ha comentado que trabaja en un programa de mediación en las cárceles con presos peligrosos y con el que recientemente ha logrado un acuerdo de paz entre bandas latinas.
EL FUTURO DE LA VIDEOCONFERENCIA
Por otra parte, y a preguntas de la diputada de Podemos Martina Velarde, el secretario del Ministerio ha reconocido que existe preocupación en los operadores jurídicos sobre la regulación de la videoconferencia tras su normalización como consecuencia de la pandemia, pero ha puntualizado que la propuesta del Gobierno exige la presencia física del acusado en el juicio "en determinados casos".
Serán, ha añadido, "los juicios por delito grave y a petición suya o de su defensa en la audiencia cuando se solicite la prisión y en los juicios cuando se solicita pena de prisión superior a dos años".
Olmedo ha respondido a Podemos que hay órganos jurisdiccionales donde la presencialidad "no es tan delicada como en el orden penal", apuntando que en el civil "muchas veces solo van los abogados".
"No veo ningún inconveniente en que se pueda realizar telemáticamente, pero en todo caso, en la mayor parte de los supuestos se deja la decisión final en manos del juez o tribunal", ha zanjado el secretario de innovación, no sin antes señalar que la identidad de quien comparezca por videoconferencia se va a garantizar con un sistema de firma electrónica, para así tener la "absoluta certeza" de que la persona que haya al otro lado "es quien dice ser".
Por otra parte, y en la jurisdicción civil, Olmedo ha explicado que se amplían las materias que, con independencia de su cuantía, se tramitan por las normas del juicio verbal, se deja en manos del juez celebrar o no una vista tras valorar la prueba que ha de practicarse, y se posibilitan las sentencias orales.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha pedido este viernes sentarse a negociar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) con un "interlocutor válido" ya que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "no es quien manda" y ha lamentado que no tenga "fuerza" para cumplir la Constitución Española.
"Yo quisiera sentarme con el interlocutor válido y no lo es el señor Feijóo. No es quien manda, me tendré que sentar con alguna presidenta autonómica, con algún locutor radiofónico o con algún director de periódico, que son las personas que deciden sorbe la posición final del PP", ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.
Desde que se rompieron las negociaciones para renovar el órgano de elección de los jueces la semana pasada, el ministro ha asegurado que no ha tenido contacto con el negociador del PP, Esteban González Pons, y que tampoco se han emplazado a verse.
Eso sí, ha insistido en que están dispuestos a volver a las negociaciones en cualquier momento porque la situación es "muy lamentable". "Ya nos gustaría que el PP respetara el pacto constitucional que obliga a un gran consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias para renovar el órganos de los jueces, no para ver quiénes son los jueces, que eso es objeto de otras decisiones", ha añadido.
Así, ha lamentado que las "fuerzas extremistas" de la derecha le hayan doblado el pulso al dirigente 'popular' quien, según Bolaños, tiene su liderazgo en "horas muy bajas".
Preguntado acerca de las alternativas que baraja el Gobierno y, concretamente, por la posibilidad de reducir las mayorías, Bolaños no ha dado detalles en este sentido y ha hecho hincapié en que el plan del Gobierno es que se dé cumplimiento a la Carta Magna.
"Ese es el plan", ha apuntado, a la par que ha vuelto a hacer un nuevo llamamiento a las personas que "toman decisiones en el PP" porque es de "patriotismo" que la formación de Feijóo cumpla la Constitución y la ley, aunque "lamentablemente no tiene fuerza para hacerlo", ha zanjado.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el partido no aboga en estos momentos por cambiar las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al tiempo que ha pedido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "sentido democrático" para superar el bloqueo y elegir los vocales en el órgano de gobierno de los jueces.
"Ahora no estamos en eso", ha respondido en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si el PSOE baraja como opción cambiar las mayorías en el Parlamento para renovar el CGPJ si el PP no acuerda con el PSOE.
En este sentido, ha calificado de "radicalmente antidemocrático lo que está haciendo el PP" tras romper las negociaciones con el PSOE. "Mantener en el Poder Judicial una mayoría de los que consideran suyos para, probablemente, conseguir a través de los tribunales lo que no han conseguido en las urnas", ha censurado.
Al respecto, ha reiterado que para el PSOE "no está encima de la mesa" cambiar las mayorías parlamentarias respondiendo así a Unidas Podemos, que ha defendido como única opción para superar el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ cambiar el sistema de mayorías.
En relación a la carta escrita por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que aseguró que fueron a verle emisarios del PSOE para proponerle una reforma del Código Penal que rebajara la sedición a cambio de que se personara en el Tribunal Supremo para ser juzgado, López lo ha desmentido tajantemente y ha asegurado que "nadie" ha ido a verle a Waterloo (Bélgica) donde se encuentra viviendo tras el 1-O.
"Puigdemont está donde está y nadie ha ido a negociar con él", ha sentenciado el portavoz socialista en el Congreso que, además, ha utilizado este argumento para cargar contra el PP que, asegura, ha sacado a "pasear espantajos" para "evadir su responsabilidad" con respecto a la renovación del CGPJ.
López ha negado que fuese un "error táctico" o una "novedad" las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sobre la reforma del delito de sedición antes de que se firmara el acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del órgano de los jueces.
"No era ninguna novedad. La ministra lo hizo con la naturalidad de algo ya sabido", ha aseverado el socialista, que ha achacado al PP que "cada vez que se queda sin argumentos, saca a pasear un espantajo".
"Hasta ahora era ETA, pero parece que ya no le sale tan rentable (...) hoy era Puigdemont", ha espetado el portavoz del PSOE instándole al tiempo a cumplir con la Constitución.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado la "decepcionante actitud" del PP en la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, afeando que se intente mezclar ahora la postura al respecto de los delitos de sedición con la reformulación de un órgano que lleva cuatro años bloqueado.
En declaraciones a los medios desde Guadalajara, García-Page ha apuntado que se puede tener "la opinión que sea del independentismo", pero eso "no lo tiene que pagar ni el TC ni el CGPJ". "Hay que cumplir y ser formales y el PP tiene la misma obligación del resto de separar intereses electorales de estabilidad institucional".
Según ha dicho, nadie duda en España de la razón por la cual se retrasa desde hace cuatro años la renovación del Poder Judicial.
Por ello, ha pedido responsabilidad al PP, así como "cumplir a rajatabala" con un acuerdo que "estaba cerrado" para así "cumplir con España".
Sobre la rebaja o no de las penas por delitos de sedición, ha dicho que cualquier país tiene que saber defenderse de "quebrantos institucionales"; pero eso debate, "siendo legítimo e importante, no puede ser una más de las piedras que se ponen en el camino".
"Hay que separar intereses electorales de los del país, y sinceramente, si el mismo PP dice que esto no preocupa a nadie... pues apruébenlo, que tampoco va a beneficiar al Gobierno", ha dicho, apuntando que quizá los 'populares' piensen que con este movimiento están "haciendo daño al Gobierno", pero se lo hacen al poder judicial.
En todo caso, los delitos de sedición "son graves", pero apelando a la coherencia, ha evitado mezclar debates. "Si no, nos ponemos todos en el mismo nivel. Tienen que arrimar el hombro para arreglar un problema formal de primer orden, la responsabilidad incumbe a los dos grandes partidos, PP y PSOE. Si no, el modelo revienta".
La Comisión Europea ha subrayado de nuevo este viernes la urgencia de que España cumpla con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un día después de que el PSOE y el Partido Popular dieran por rotas las negociaciones para desbloquear la designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
"El informe sobre el Estado de derecho expresa muy claramente la posición (de la Comisión Europea) respecto a que es muy importante emprender la renovación del CGPJ como un asunto prioritario", ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas una portavoz comunitaria, quien ha añadido que es igual de urgente "cubrir el vacío" de los nombramientos.
El portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Éric Mamer, ha recalcado que los servicios comunitarios mantienen sin cambios el mensaje "coherente" que desde hace tiempo trasladan a las autoridades españolas, mientras que la portavoz de Interior, Anitta Hipper, ha recordado que el comisario de Justicia, Didier Reynders, estuvo recientemente en Madrid para tratar el asunto con los distintos actores.
"Estamos en contacto con las autoridades españolas, a las que dirigimos una clara recomendación y, una vez más, subrayamos la importancia de reducir la influencia de los poderes legislativo y ejecutivo sobre la judicatura, con el objetivo de fortalecer la independencia judicial", ha resumido Anitta.
El pasado julio, Bruselas incluyó en su informe anual sobre la salud democrática en los Estados miembro una recomendación específica dirigida a España para llamar a la renovación inmediata del CGPJ, al tiempo que instaba a emprender "inmediatamente después" la revisión del sistema de elección de sus vocales para asegurar que la mayoría de ellos son nombrados por sus pares, en línea con los estándares del Consejo de Europa.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado este viernes que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, airease la conversación telefónica que mantuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que "no hay nada que negociar" sino que el Partido Popular tiene que cumplir con la Constitución y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Le puedo decir que en política, como en la vida misma, las conversaciones privadas no se tienen por qué airear y mucho más en asuntos de Estado. Estamos hablando de líderes políticos que tienen que tener un sentido de la responsabilidad con algo tan importante como es CGPJ", ha trasladado la ministra en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de si le ha molestado a Sánchez que Feijóo hiciera pública esta conversación tras suspender las negociaciones para renovar el órgano de elección de los jueces salvo que el PSOE reconsidere la reforma del delito de sedición.
Así, ha asegurado que es "innecesario" que haya dado cuenta de la llamada entre los líderes de los dos principales partidos con el ánimo de "quedar bien con no se sabe qué sector de sus votantes o de su propio partido".
Robles ha trasladado el sentimiento de "absoluta indignación" de todos los miembros del Gobierno porque "ayer fue un día negro par el Estado de derecho". Esta decisión, para la ministra, demuestra que el líder 'popular' "no tiene sentido de Estado" ni "altura política", sino que está "jugando" con el Poder Judicial y "atacando uno de los cimientos básicos de la democracia".
Preguntada acerca de si el pacto estaba cerrado, después de que el PP trasladara en su comunicado que quedaban asuntos por negociar, la ministra ha señalado que Sánchez dijo "clarísimamente" que llevaban días negociando y que así lo había "reconocido el propio Feijóo".
Sobre la suspensión de las negociaciones, la ministra ha apostillado que habrá que preguntarle al dirigente gallego qué significa esto. No obstante, la ministra ha apuntado que "no hay nada que negociar" porque "hay que cumplir la Constitución". "¿Cómo alguien puede aspirar a ser una alternativa de Gobierno cuando está incumpliendo la Constitución?", se ha preguntado, as la par que ha asegurado que Feijóo "nunca quiso renovar" el CGPJ. "No sé las razones. No sé si es por presiones de la extrema derecha o si es porque él no cree en el Estado de derecho", ha añadido a renglón seguido.
El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha mostrado su indignación después de que el Partido Popular haya suspendido las negociaciones con el PSOE para renovar el órgano de los jueces --que lleva cuatro años caduco-- y ha exigido a ambos partidos reanudarlas para así cumplir con la Constitución.
"Me ha extrañado enormemente y mi preocupación a lo largo de estos días y meses se ha agudizado", ha expresado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que además ha reiterado que esta situación "daña el funcionamiento de la Justicia", algo que ha calificado de "muy grave" asegurando que la "crisis institucional es profunda".
Al respecto, Mozo ha recordado que "por encima de todo está el cumplimiento de la Justicia" y la Constitución, sin entrar a valorar si el argumento que el Partido Popular ha utilizado sobre la rebaja de los delitos de sedición anunciada por el presidente Pedro Sánchez para la suspensión de las negociaciones ha sido o no el correcto.
"En cuestiones políticas no quiero entrar, ha habido ocasiones en que han podido renovar ya", ha indicado. Dicho esto, ha vuelto a incidir en que "por encima de todo está el cumplimiento de la Justicia y está que las leyes se cumplan". "Las instituciones tienen que estar más afianzadas".
En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el anuncio del PP de que suspendía las negociaciones con el Gobierno sobre la renovación del CGPJ por la polémica reforma del delito de sedición ha caído como un "jarro de agua fría" porque esta vez sí consideraban factible el acuerdo y, aunque ven difícil reencauzar la situación, apelan al "sentido de Estado" de 'populares' y socialistas para hacerlo posible.
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press explican que la información que los vocales habían ido recibiendo estos días les hacía pensar que el acuerdo entre PP y PSOE para elegir a los 20 vocales --después de casi cuatro años-- estaba cerca, tanto como para ver sellada su salida esta misma semana.
Sin embargo, admiten que en las últimas horas han pasado de la ilusión a la preocupación. El desencadenante han sido las declaraciones realizadas este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que ha asegurado a ERC, durante el debate presupuestario en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno llevaría a la Cámara Baja la reforma de la sedición para ajustar este delito a los estándares europeos.
La sucesión de acontecimientos --con declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez incluidas-- hasta que PP y PSOE han lanzado sendos comunicados ya en horario nocturno no ha hecho más que disparar su preocupación, indican las citadas fuentes. Por eso, apuntan que más que sorprendidos están decepcionados. Ha caído "como un jarro de agua fría", ilustran.
Desde el CGPJ se resisten a dar por finiquitado este nuevo episodio de acercamientos entre Génova y Ferraz para renovar pero al mismo tiempo asumen que será "difícil" resucitar las negociaciones.
Así las cosas, las fuentes confían en que "impere el sentido de Estado" tanto en el PP como en el PSOE, de modo que vuelvan a la mesa de negociaciones y desbloqueen una situación que tachan ya de insostenible.
EL ACICATE DE LESMES
Cabe recordar que 'populares' y socialistas retomaron las conversaciones sobre el CGPJ después de que Carlos Lesmes dimitiera el 9 de octubre como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo (TS) ante la falta de avances tangibles hacia el acuerdo, tal y como prometió durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.
Lesmes dijo entonces que, "aunque la renuncia individual puede resultar admisible, la renuncia colectiva no lo es, pues llevaría a la paralización total del Consejo con la imposibilidad material y jurídica de desarrollar su misión constitucional".
A pesar de este último revés, en el órgano de gobierno de los jueces consideran prematuro valorar medidas drásticas. Algunos vocales recalcan directamente su compromiso de continuar en el cargo hasta que llegue la renovación.
CASI CUATRO AÑOS ESPERANDO
En estos casi cuatro años que han transcurrido desde el 4 de diciembre de 2018, cuando venció el mandato del actual Consejo, ha habido varias tentativas frustradas.
El 12 de noviembre de ese año se anunció un acuerdo que saltó por los aires días después por el ya famoso mensaje enviado por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el chat de WhatsApp de los 146 senadores 'populares' del momento.
Desde entonces se han producido numerosos acercamientos, algunos dirigidos a la búsqueda de candidatos de consenso que se fueron descartando a sí mismos. Aunque ahora parecía haber verdadera voluntad negociadora, subrayan las fuentes consultadas por esta agencia de noticias, el Gobierno temía que cualquier imprevisto hiciera naufragar el acuerdo retrasándolo hasta después de las siguientes elecciones generales.
El PSOE ha cargado este jueves contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "utilizar una nueva excusa" para romper las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y le ha acusado de "no resistir" a las presiones "de la derecha más reaccionaria" que, a su juicio, han estado "boicoteando" las conversaciones entre los dos partidos.
Comunicado íntegro del PSOE:
1. A punto de cumplirse cuatro años de bloqueo de la derecha en la renovación del CGPJ, el PP ha vuelto a romper las negociaciones, una vez más, en esta ocasión con un acuerdo listo y preparado para ser firmado.
2. La crisis institucional en un poder del Estado que está provocando el PP con su actitud obstruccionista es muy grave y está dañando el funcionamiento normal de la justicia, así como la reputación de nuestro país en la UE.
3. El presidente del gobierno llamó al Sr. Feijóo en el día de hoy para formalizar un acuerdo que ya estaba negociado y listo para ser firmado por el PSOE y el PP. Sin embargo, hoy el Sr. Feijóo ha utilizado una nueva excusa para bloquear la renovación del CGPJ, rompiendo así la negociación e incumpliendo con la Constitución una vez más.
4. El Sr. Feijóo demuestra una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto.
5. El cumplimiento de la Constitución no admite condiciones ni chantajes. La agenda legislativa del Gobierno no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas. Y, desde luego, no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución Española.
El PSOE ha cargado este jueves contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "utilizar una nueva excusa" para romper las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y le ha acusado de "no resistir" a las presiones "de la derecha más reaccionaria" que, a su juicio, han estado "boicoteando" las conversaciones entre los dos partidos.
"A punto de cumplirse cuatro años de bloqueo de la derecha en la
renovación del CGPJ, el PP ha vuelto a romper las negociaciones, una vez más, en esta ocasión con un acuerdo listo y preparado para ser firmado", ha asegurado el PSOE en un comunicado.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha aplaudido este jueves que se suspendan las negociaciones entre PSOE y PP por su "infame pasteleo" en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha insistido en defender la propuesta del partido naranja para establecer un sistema de elección en el que "los jueces elijan a los jueces".
"Es una buena noticia que PSOE y PP suspendan su infame pasteleo en torno al CGPJ y el TC. Ya está bien de manchar el nombre de la Justicia y la democracia españolas", ha valorado la líder de Ciudadanos en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha insistido a los dos partidos que "ahora deben rectificar del todo y aceptar de una vez" la propuesta de Cs "para que los jueces elijan a los jueces".
El Partido Popular ha decidido suspender las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) y ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "abordar juntos cualquier reforma" del Código Penal, entre las que ha incluido las que afecten a los delitos de rebelión y sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal.
Así lo ha informado el PP en un comunicado después de que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, haya mantenido una conversación telefónica con Sánchez para actualizar el estado de las conversaciones para la renovación de los órganos pendientes y en la que, han explicado los 'populares', el presidente del Gobierno le confirmó la reforma del delito de sedición.
En la conversación, según el PP, Feijóo ha criticado que el jefe del Ejecutivo anunciara "erróneamente" que el acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueves "estaba hecho" mientras que todavía estaban abiertos "varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular". En rueda de prensa, Sánchez adelantó este jueves que el acuerdo sobre el CGPJ "está listo" a falta de que PP "diga sí".
La dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, el pasado 9 de octubre --un mes después de que amenazara con irse si no había avances tangibles para renovar un CGPJ que lleva casi cuatro años caducado--, fue el punto de inflexión para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión en aras de pactar un acuerdo para desbloquear el órgano de los jueces.
El Partido Popular ha decidido suspender las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) y ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "abordar juntos cualquier reforma" del Código Penal, entre las que ha incluido las que afecten a los delitos de rebelión y sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal.
Así lo ha informado el PP en un comunicado después de que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, haya mantenido una conversación telefónica con Sánchez para actualizar el estado de las conversaciones para la renovación de los órganos pendientes.
"Las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE
decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido
constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional", ha anunciado el PP.
COMUNICADO ÍNTEGRO DEL PARTIDO POPULAR
1. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido esta tarde una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para actualizar el estado de las conversaciones respecto a un cambio legislativo para garantizar la independencia judicial, así como para la renovación de los órganos pendientes.
2. Aunque el presidente Sánchez era plenamente consciente de ello cuando anunció erróneamente que el acuerdo estaba hecho, presidente Feijóo le ha recordado que todavía estaba abierto en varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular.
3. En relación con esto, Feijóo le ha trasladado su extrañeza ante el cambio de posición del PSOE en lo relativo a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición. El Partido Socialista, a través del interlocutor designado por el presidente Sánchez para abordar las conversaciones, había trasladado que no estaba en sus planes acometer esa modificación.
4. Pese a las diferentes versiones trasladadas pública y privadamente por distintos miembros del Gobierno, esta tarde el presidente Sánchez ha confirmado a Feijóo que su agenda legislativa incluye esa reforma del Código Penal y en consecuencia no va a renunciar a su modificación.
5. Es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo. Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España.
6. Es importante señalar que para aquellas personas con causas abiertas por delito de sedición actualmente las penas ya pueden verse reducidas con la única condición del arrepentimiento y el compromiso de no reincidir. Luego entonces, el único propósito del Partido Socialista con esta modificación, todo parece indicar, es un compromiso unilateral con el independentismo.
7. La decisión de incorporar a la agenda política la reforma del Código Penal en este momento sólo puede obedecer a dos motivos: o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno.
8. El Partido Popular es un partido de Estado, que no antepone el interés general a ningún interés personal o partidista. En este sentido, anunciar de forma solemne un acuerdo que todavía no existe, modificar oralmente y en los medios un criterio manifestado de forma contraria durante las negociaciones, o confirmar que el Código Penal es una herramienta que está dispuesto a entregar al independentismo no es aceptable.
9. Nuestra vocación de acuerdo es tan firme como nuestra convicción de que no podemos seguir avanzando mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo.
10. En este sentido, le ha ofrecido al presidente Sánchez abordar juntos cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, tal y como el propio presidente Sánchez prometió a los españoles cuando se presentó a las últimas elecciones.
11. Las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional.
12. El presidente y todo el Partido Popular sigue a disposición del presidente del Gobierno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reafirmado en su voluntad de proceder a reformar el delito de sedición, expresada en su discurso de investidura, y lo ha separado de la negociación en curso con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Desde Pretoria, donde se encuentra de visita oficial, ha dejado claro que una cosa es "la agenda legislativa", en la que entra la sedición, y otra el cumplimiento de la Constitución.
"El acuerdo está listo, está preparado, falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiestan los grupos parlamentarios", ha incidido, respecto a la renovación del CGPJ. "El Gobierno dice sí de manera rotunda".
Podemos ha trasladado al PSOE que la juez y delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, debe ser una de las candidatas elegidas para formar parte en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y han avisado de que se descolgarán de un posible acuerdo de renovación del organismo si no forma parte de la nueva terna de vocales.
Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la formación morada para aseverar que incluir el nombre de Rosell es condición necesaria para poder apoyar un acuerdo con el PP para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. Desde Podemos han defendido que en esta negociación no pueden darse vetos y que en los contactos con sus socio se pactó que les corresponden proponer a dos vocales del CGPJ.
En consecuencia, insisten en que "no van a participar en ningún acuerdo" si se excluye el perfil de la exdiputada de Unidas Podemos y se incurre en un "reparto bipartidista" del máximo órgano del poder judicial, donde solo PP y PSOE deciden "quién esta y quién no". Precisamente el nombre de Rosell y el del juez José Ricardo de Prada generaron oposición en el PP en la anterior negociación frustrada.
ROSELL ES LA MEJOR CANDIDATA
Por tanto, el partido morado ha dejado claro su apuesta decidida por Rosell, cuyo nombre transcendió esta semana como la candidata predilecta para el relevo en esta institución, al ensalzar su excelente trayectoria profesional al ser la magistrada idónea para contribuir a "mejorar la calidad de la democracia".
También han aludido a que la delegada del Gobierno contra la violencia de género ha sufrido una "conspiración" de forma "mafiosa" por parte del exjuez Salvador Alba para tratar de "arruinar su vida y su carrera política por ser precisamente de Podemos", pero que finalmente la magistrada ha luchado contra este 'lawfare' (guerra judicial) y consiguió que el exmagistrado fuera expulsado de la carerra judicial y condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental. "Vicky Rosell ha conseguido vencer a esas prácticas corruptas del PP y sus jueces amigos", enfatizan desde la formación morada.
FEIJÓO DESLIZÓ QUE ROSELL ESTABA FUERA
Precisamente ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó desde Bruselas que el acuerdo para renovar el Poder Judicial es "posible", pero dejó claro que cumplir el "requisito de la despolitización" deja fuera a perfiles políticos, entre los que se encontraría la juez Victoria Rosell.
Así, el jefe de la oposición señaló que en la negociación han hablado de "requisitos, no de personas". "Si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del CGPJ Y uno de los requisitos es la despolitización del Poder Judicial", ha manifestado.
Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se mostró "optimista" respecto a las negociaciones para conseguir un acuerdo de renovación del Poder Judicial y rechazó hablar de nombres de posibles candidatos a entrar en la institución.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado suspender de forma urgente el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una medida cautelarísima que pedían en sus respectivos recursos el único vocal que votó en contra de dicha designación, Wenceslao Olea, y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la Sección Sexta de la Sala Tercera ha rechazado las medidas cautelarísimas pero ha acordado al mismo tiempo tramitar la petición de suspensión como medida cautelar para decidir después si la rechaza igualmente o la acepta, todo ello sin entrar a valorar el fondo de dichos recursos.
Olea y De Benito han impugnado el acuerdo alcanzado el pasado jueves por el Pleno del CGPJ para nombrar a Mozo --el vocal de mayor edad-- su "presidente suplente", lo que supuso dividir la jefatura del Poder Judicial, por cuanto el magistrado Francisco Marín Castán ejerce en funciones la Presidencia del Tribunales Supremo desde que la renuncia de Carlos Lesmes de ambos cargos surtió efecto.
El conflicto sucesorio se desató el pasado 9 de octubre, cuando Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y TS --cargos que ejerce la misma persona-- ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había advertido durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.
Lesmes intentó dejar atada su sucesión encargando al Gabinete Técnico del TS dicho informe, conforme al cual Marín Castán le reemplazaría automáticamente una vez consumada la renuncia porque es quien ejerce la Vicepresidencia del Supremo.
Sin embargo, el CGPJ designó a su propio presidente esgrimiendo Marín Castán carece de legitimidad para asumir ambas presidencias porque ocupa la Vicepresidencia del Supremo de forma interina desde 2019. Por las mismas razones, los vocales concedieron que Mozo tampoco podrá actuar como máxima autoridad del TS.
EL VOTO PARTICULAR DE OLEA
El acuerdo del Pleno salió adelante con 16 de los 18 votos en juego. Solamente contó con el rechazo expreso de Olea, que emitió un voto particular, mientras que la vocal Mar Cabrejas se ausentó específicamente de esta votación por no estar de acuerdo con la entronización de Mozo.
En su voto particular, Olea ya avanzaba que, a su juicio, desdoblar las presidencias del CGPJ y del TS es ilegal porque la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) imponen que quien ejerza la del Supremo desempeñe también la del Consejo.
"Se está vulnerando nada más y nada menos que la Constitución", avisó Olea, que además de vocal del actual CGPJ es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Asimismo, puso de manifiesto que Mozo "no reúne ninguna" de las condiciones legales para erigirse como presidente, esto es, ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del TS y reunir los requisitos exigidos para ser presidente de Sala del mismo, o ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
Olea advirtió además de que con el nombramiento de Mozo se ponía en juego la "legalidad" de los acuerdos que adoptara a partir de ahora el Consejo, anticipando así una judicialización del conflicto que finalmente ha materializado él esta semana.
También quiso subrayar la "desastrosa situación jurídica" que se ha provocado y, en particular, la "indeseable, confusa y torticera situación" que atraviesa el CGPJ a causa de "un legislador irreflexivo que ha actuado con intereses espurios e inminentes de partidos", aludiendo de esta forma a la reforma impulsada por el Gobierno que prohíbe al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Wenceslao Olea ha recurrido el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del CGPJ pidiendo la suspensión del mismo, un asunto que estudia ya el Tribunal Supremo (TS) y que supone judicializar la situación de bicefalia a la que abocó dicha designación, ya que el magistrado Francisco Marín Castán ejerce las funciones de la Presidencia del TS desde la dimisión de Carlos Lesmes.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el recurso de Olea ya se encuentra en el TS y está en estudio sin que aún haya decisión alguna. El primer paso será abrir una pieza separada para pronunciarse sobre esas medidas cautelarísimas de suspensión, que se deben resolver en las próximas 48 horas.
El asunto ha recaído sobre la Sección Sexta, una sección especial dentro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, que es la llamada a resolver los recursos contra las decisiones del Pleno y la Comisión Permanente del CGPJ.
En esta ocasión estará conformada por Eduardo Espín, Octavio Juan Herrero, José Antonio Montero, César Pico y José María Bandrés. Estos dos últimos entran en sustitución de Pablo Lucas y César Tolosa, que han tenido que abstenerse porque respaldaron el informe del Gabinete Técnico del TS que apuntaba a Marín Castán como la persona que debía reemplazar a Lesmes en ambos cargos.
Wenceslao Olea, el único vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha votado en contra de elegir al vocal Rafael Mozo como presidente interino del órgano, ha asegurado que la votación de este jueves es contraria a la ley y ha defendido que "solo puede existir un único presidente" del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, por lo que "no pueden existir bicefalias en el actual sistema legal".
Olea ha mostrado su oposición a la decisión del Pleno del CGPJ, que ha designado a Rafael Mozo -su vocal de mayor edad-- como presidente interino tras la dimisión de Carlos Lesmes, lo que supone 'de facto' que el liderazgo del Poder Judicial queda dividido, ya que el magistrado Francisco Marín Castán es quien ejerce las funciones de la Presidencia del Tribunal Supremo (TS) desde que la renuncia de Lesmes se hizo efectiva.
En un voto particular, recogido por Europa Press, el magistrado del Tribunal Supremo ha hecho constar su discrepancia de la mayoría del Pleno que, a su juicio, "carece de competencia para realizar el nombramiento de un presidente del Consejo con independencia de quien ejercite la Presidencia del Tribunal Supremo".
La votación de este jueves ha salido adelante con una amplia mayoría, 16 votos a favor y solo uno en contra --el del vocal Wenceslao Olea--, mientras que la vocal Mar Cabrejas se ha ausentado, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Para Olea, pretender establecer una Presidencia autónoma y separada del Consejo, con independencia de quien ostenta la Presidencia del Tribunal Supremo, "es manifiestamente contrario a los mandatos legales constitucionales reseñados".
El vocal ha considerado que el CGPJ atraviesa una "desastrosa situación jurídica". Según ha indicado, ante la vacante en la Presidencia del Consejo "no es posible, dada la legislación vigente, acudir a los mecanismos ordinarios de suplencia". Ha subrayado, sin embargo, que "es necesario que el Consejo tenga un presidente como uno de los órganos que lo integra".
Olea ha incidido en que, a su juicio, "lo más relevante" del debate es que en la elección del suplente de Lesmes se pone en juego la "legalidad" de los acuerdos que se adopten por el CGPJ, "entre los cuales, además de la relevancia que tiene la gestión ordinaria, está la importante competencia de designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional".
Así las cosas, ha insistido en que es el presidente del Tribunal Supremo el que ha de presidir el CGPJ.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará el jueves un Pleno que se centrará en abordar las consecuencias de la dimisión de Carlos Lesmes como su presidente y el del Tribunal Supremo (TS), particularmente en el debate sobre quién debe ocupar su cargo de forma interina, ya que buena parte de los vocales se niegan a aceptar al sucesor designado por el Gabinete Técnico del TS, el magistrado Francisco Marín Castán.
Señalado para las 16.30 horas, este Pleno extraordinario lo convocó el propio Lesmes la semana pasada con el único objetivo de afrontar la parálisis en las negociaciones entre los sectores conservador y progresista del CGPJ para nombrar a los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que compete designar al órgano de gobierno de los jueces.
Sin embargo, su dimisión, anunciada el domingo y formalizada el lunes, debido a la falta de avances en las conversaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ --que lleva ya casi cuatro años caducado-- ha desplazado a un segundo plano el problema de los dos nombramientos al TC para poner sobre la mesa cuestiones más urgentes.
Así, los vocales progresistas han introducido un nuevo punto en el orden del día para valorar y, en su caso, adoptar las decisiones que "legalmente procedan" tras la marcha de Lesmes.
Las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press indican que este segundo asunto será el que centre el Pleno, ya que en estos momentos los vocales ven prioritario resolver quién debe reemplazar a Lesmes.
El Gabinete Técnico del TS, en un informe encargado por el propio Lesmes a fin de dejar atada la cuestión sucesoria, ha establecido que debe ser sustituido en ambos cargos por una misma persona: el vicepresidente del Supremo, cargo que ocupa de forma interina Marín Castán.
Lesmes defendió esta tesis tanto en el Supremo como en el Consejo y se ratificó en ella al comunicar su dimisión al Rey Felipe VI por cuanto también le trasladó que, "ante la imposibilidad legal de proceder al nombramiento de un nuevo presidente del TS y del CGPJ, (...) se activará el mecanismo de sustitución del presidente previsto en la ley".
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) determina, en su artículo 590, que "el vicepresidente (del Tribunal Supremo) ejercerá en funciones el cargo de presidente del TS y del CGPJ en los casos legalmente previstos de cese anticipado del presidente y hasta el nombramiento de un nuevo presidente".
POSIBLE BICEFALIA
Pese a ello, la mayoría de los 18 vocales que actualmente conforman el CGPJ se resisten a lo que consideran una imposición del Supremo que priva al Consejo de participar en la elección del nuevo jefe del Poder Judicial.
Los vocales críticos creen que otra posibilidad es que el miembro de mayor edad del CGPJ, Rafael Mozo --de corte progresista--, ocupe interinamente el vacío dejado por Lesmes.
De arraigar ambas posiciones, el Poder Judicial podría verse abocado a una bicefalia, con Marín Castán al frente del Supremo y Mozo a los mandos del CGPJ, una situación que no sería inédita pero que sí ahondaría en la crisis institucional.
El pulso entre Supremo y Consejo podría terminar incluso judicializado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, que sería la encargada de decantar la balanza.
No obstante, lo cierto es que, si bien el bloque crítico con Marín Castán era prácticamente unánime cuando la amenaza de dimisión de Lesmes empezó a cobrar fuerza, en los últimos días algunos vocales han rebajado el tono apostando por encontrar una vía "institucional".
De entrada, lo más probable es que Mozo presida este primer Pleno de la era post Lesmes, aunque solo sea a nivel gubernativo, hasta que el CGPJ fije posición sobre el desembarco de Marín Castán.
LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL TC, CONGELADAS
Las citadas fuentes indican asimismo que hasta que no se resuelva la cuestión sucesoria no se avanzará en las negociaciones para proponer dos aspirantes al Constitucional que cubran la mitad de las cuatro vacantes surgidas el pasado 12 de junio en la corte de garantías.
Las conversaciones entre los interlocutores progresistas y conservadores sobre este asunto colapsaron la semana pasada, tras una tercera reunión fallida. Entonces, la parte progresista anunció que se abriría a negociar con otros vocales --más allá de los formalmente designados-- con miras a convencer a algunos 'moderados' y sumar así los cuatro votos que necesita para sumar los 12 requeridos.
Al estancamiento en el seno del Consejo, se suma el hecho de que la dimisión de Lesmes ha provocado que PSOE y PP hayan retomado los contactos encaminados a pactar un nuevo CGPJ, lo que podría impactar de lleno en la renovación parcial del TC.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el real decreto por el que se dispone el cese "por renuncia" de Carlos Lesmes Serrano como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS).
Lesmes formalizó el lunes su dimisión como presidente del CGPJ y del Supremo tras anunciarla el domingo debido a la falta de avances en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ.
Lesmes ya había anunciado este martes que no acudiría a los actos de la Fiesta Nacional pese a que su cese todavía no se había publicado en el BOE, cosa que ha sucedido este miércoles.
Esto no significa que el Poder Judicial no vaya a estar representado el 12 de octubre, ya que siempre están invitados los vocales del CGPJ, los miembros de la Sala de Gobierno del TS y los presidentes de los distintos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).
Ello implica que las dos personas que parecen disputarse la jefatura del Poder Judicial podrían acudir a los festejos: Marín Castán en calidad de miembro de la Sala de Gobierno del TS y Rafael Mozo como vocal del CGPJ.
Tanto Lesmes como el Gabinete Técnico del TS sostienen que el sucesor debe ser el vicepresidente del Supremo, cargo que ocupa de forma interina el magistrado Francisco Marín Castán, pero desde el CGPJ consideran que es una imposición y amenazan con resistirse entronizando al vocal de mayor edad, Rafael Mozo.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado este martes que aspiran a proponer a sus candidatos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha asegurado que participan en conversaciones permanentes de máximo nivel con sus socios de Gobierno.
Así se ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de si la formación 'morada' aspira a que los nombres que puedan proponer desde Unidas Podemos estén sentados en el CGPJ si finalmente se logra un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
"Hombre, solo faltaría", ha señalado el diputado de Podemos, que ha subrayado que "evidentemente" todos los partidos tienen derecho a proponer candidato. "Esto no es más ni menos que la democracia", ha puntualizado.
Sobre la forma en la que los de la formación 'morada' están participando de la negociación, Echenique ha explicado que el Gobierno ha designado como negociador principal al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y que ellos tienen "conversaciones al máximo nivel todos los días para hacer parte de ese acuerdo como miembros del Gobierno".
En relación con los plazos que manejan para intentar retomar la negociación, Echenique ha apuntado que esto depende como "siempre" de los 'populares'. "Creo que todo el mundo en España sabe por qué está bloqueado el máximo órgano de los jueces desde hace casi 4 años y es porque el PP no reconoce el resultado de las elecciones", ha argüido.
En esta línea, ha tachado al PP mantener una "actitud sediciosa" con el objetivo de "proteger a los suyos en los juicios de corrupción" que les afectan y "utilizar la judicatura para perseguir a sus adversarios políticos". "Esto no es opinión, es un hecho, lo sabe toda España", ha añadido.
Con todo, ha hecho hincapié en que esta situación de bloqueo se resolverá cuando el PP "deponga su actitud sediciosa y acepte que no tiene la mayoría democrática".
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado hoy que la principal conclusión de la reunión de hoy entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es hacer un "último intento" para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC).
"Se ha acordado dar un último intento a la negociación para dar una solución rápida al bloqueo y superar de esta manera la crisis profunda del CPGJ y del TC" ha explicado Bolaños.
Para ello, ha dicho, el presidente del Gobierno ha designado al ministro de la Presidencia como interlocutor y Feijóo ha hecho lo propio con, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. "Nos ponemos desde ya a intentar un acuerdo rápido" para desbloquear una situación "muy grave que dura ya más de cuatro años".
A este respecto ha indicado que la reunión ha durado alrededor de tres horas y en la segunda mitad de la misma se han incorporado González Pons y él mismo.
NEGOCIAR "YA EN SERIO"
En otro momento de su intervención, el ministro ha precisado que se pondrán a negociar "ya en serio" y de manera "inmediata". Pero no ha aclarado cuál será el modelo para la citada renovación, si el que plantea el Gobierno, que es el que está en vigor, o el que propone el Partido Popular, que plantea dejar en manos de los jueces la elección.
Al ser cuestionado sobre el sistema de elección de los vocales, si han abordado ese asunto y si es el punto que ha impedido acometer hoy mismo la renovación, después de casi cuatro años de bloqueo, Bolaños ha respondido que son conocidas las "distintas posiciones" a este respecto.
A continuación ha indicado que, a su juicio, el hecho de que sea una asunto "que el PP plantea de manera pública", quiere decir que "mantendrán esa posición sin ninguna duda" y que por tanto es una cuestión que se le debe hacer al PP.
NO SE HA PUESTO NINGÚN PLAZO
Esta misma mañana, antes del inicio de la reunión, Feijóo avisó a Sánchez de que no aceptará un simple "cambio de cromos" para renovar el CGPJ sin cambiar nada en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.
Hasta el momento, el ministro Bolaños había venido defendiendo en varias declaraciones el actual sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, señalando que era el modelo del Gobierno, que era fruto de un consenso y que había permitido la renovación del órgano constitucional durante tres décadas con gobiernos de uno y otro color político.
Bolaños también ha afirmado este lunes que no se han puesto "ningún plazo concreto" para llevar a cabo el desbloqueo, pero que existe la "voluntad compartida" de que sea "lo antes posible".
En la misma línea ha sostenido que todas las partes, --tanto el Gobierno como el PP-- son conscientes de "la enorme gravedad de esta crisis institucional", según la ha calificado, que a su juicio se ha producido con el bloqueo desde hace cuatro años pero que se ha agravado tras la dimisión de Lesmes anunciada el domingo por la tarde.
Así, ha trasladado que tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición han coincidido en definir como "muy grave" la situación en la que está sumida el Poder Judicial, y por tanto "desde esa base", según ha apuntado, se han comprometido a negociar --"ojalá en serio", ha puntualizado-- para tener un acuerdo "lo antes posible".
CONVERSACIÓN CON YOLANDA DÍAZ
A continuación , al ser cuestionado de nuevo sobre si el Gobierno se abre a cambiar el modelo de elección, ha señalado que quiere ser "discreto" sobre el contenido de la reunión, que trabajarán "con intensidad y discreción" y que "cuando haya acuerdos para comunicar", así lo harán.
Por otro lado, al ser cuestionado sobre si han informado a Unidas Podemos --socio minoritario del Gobierno de coalición-- sobre el resultado de la reunión, ha afirmado que tuvo una conversación "hace unos minutos" con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la que le explicó el contenido de la reunión y para "estar coordinados" en la negociación.
Carlos Lesmes ha convocado a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) y a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dar cuenta a ambos de su anunciada renunciada, que no surtirá efecto hasta que formalice su dimisión como presidente de ambas instituciones y sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indican que Lesmes ha convocado la Sala de Gobierno para las 13.00 y media hora después a la Comisión Permanente del CGPJ. De momento, las mismas fuentes subrayan que la renuncia aún no se ha formalizado.
Una vez rubrique su marcha, el protocolo marca que debe comunicarlo a Casa Real y Gobierno, aunque no entrará en vigor hasta que sea publicada en el BOE, algo que se espera que suceda mañana.
Cuando ocurra, la sucesión se producirá de forma automática en la persona del vicepresidente del Tribunal Supremo, el magistrado Francisco Marín Castán, según las fuentes preguntadas por esta agencia de noticias.
No obstante, las mismas fuentes advierten de que los vocales del CGPJ podrían resistirse al ascenso de Marín Castán, lo que podría abocar a una situación de bicefalia en el Poder Judicial.
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha pedido a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sigan los pasos de su presidente, Carlos Lesmes, dimitan "inmediatamente" y faciliten la renovación del órgano de gobierno de los jueces, instalado en una "insostenible situación de ilegalidad".
Horas después de que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo anunciara que hoy va a presentar su renuncia al cargo, el secretariado de JJpD ha instado a los vocales a hacer lo mismo que Lesmes para "dejar de dañar la imagen y la dignidad tanto de la justicia como servicio público, como el de un poder al que no representan y al que hace demasiado tiempo que dejaron de servir".
En una nota recogida por Europa Press, la asociación de jueces señala que la dimisión de Lesmes era la "única solución y decisión posible" que esperaban. "No había ni hay otra salida", añaden, para recordar que esa petición la habían hecho ya en repetidas ocasiones.
QUE NO SEAN "CÓMPLICES"
JJpD, que dice que no se comprenderá que los 18 vocales tengan "cautivo" a un Consejo de unos intereses ajenos a la Justicia, reclama que la renuncia de su presidente sea la "ocasión" para terminar "de una vez por todas" con la "anormalidad democrática" de un CGPJ que acumula casi cuatro años con su mandato caducado.
"Esperamos por ello que el resto de los vocales de un órgano institucional y democrático, como es el CGPJ, dimitan inmediatamente", emplaza, al tiempo que incide en el papel del órgano de gobierno de los jueces como garante de la imparcialidad.
Para JJpD, que califica de "ataque frontal" a la neutralidad del Poder Judicial la falta de renovación alentada por "las actuaciones de algunos vocales", los miembros que componen el CGPJ tienen que dejar de ser "cómplices" --como se refirió a sí mismo Lesmes al explicar ayer los motivos de su salida-- de una "campaña de desprestigio" que está causando "daño" a las instituciones.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no aceptará un simple cambio de cromos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "sin cambiar nada" en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.
Así lo ha afirmado hoy en una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, una hora antes de reunirse con el jefe del Ejecutivo para discutir la renovación del CGPJ tras las dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, en la tarde noche de ayer.
En este sentido, Feijóo ha precisado que no va a estar de acuerdo "si el presidente pretende un cambio de cromos, yo tengo más porque soy el Gobierno y tu menos por que estas en la oposicón y no vamos a modificar nada".
Así, ha rechazado que el Gobierno pueda cesar hoy a un ministro y mandarle mañana a presidir el CPGJ y a una ministra y nombrarla Fiscal General. También que, cuando tienen un pacto en RTVE, el presidente haga que dimita el presidetne de la Corporación y ponga a una persona de confianza o de una instrucción a directora del CNI y por cumplir esa instrucción y tener problemas con los independentistas la cese o nombre a un militante del PSOE como director del CIS.
"Este tipo de asalto a las instituciones nunca se había dado en democracia", ha exclamado Feijóo y ha pedido "cuidado con hacer lo mismo en el CGPJ y en el TC, porque estos temas son muy serios".
Feijóo ha recordado que él ha "cumplido" con sus obligaciones al enviar una propuesta a Moncloa en julio para la renovación del CGPJ de la que aún no ha obtenido respuesta.
El presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS), el magistrado Francisco Marín Castán, es el juez que, según el Gabinete Técnico del alto tribunal, debe asumir la Presidencia de la corte de casación y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la dimisión de Carlos Lesmes, que este domingo ha anunciado su renuncia ante la falta de acuerdo entre Gobierno y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi cuatro años caducado.
Así lo explicó el propio Lesmes a la Sala de Gobierno del Supremo y al Pleno del CGPJ a finales de septiembre, cuando comenzó a preparar su salida tras haber anunciado durante la apertura del año judicial, el día 7 de ese mes, que abandonaría en "semanas" si no había progresos en la renovación del Consejo.
El informe elaborado por el Gabinete Técnico descartó la posibilidad de que Lesmes fuera sustituido por dos personas, una al frente del CGPJ y otra en el Supremo, y apuntó a Marín Castán como su heredero por ejercer de forma interina la Vicepresidencia del alto tribunal.
Marín Castán ascendió a 'número dos' del TS en 2019, cuando el magistrado Ángel Juanes abandonó el cargo por llegar a la edad de jubilación. Desde entonces, ha ocupado el cargo de forma interina por ser el presidente de sala más antiguo.
A pesar de que para el Gabinete Técnico la sucesión es clara, las fuentes consultadas por Europa Press avisan de que el CGPJ podría ofrecer resistencia porque la mayoría de sus vocales cree que, al ejercer de vicepresidente en funciones, Marín Castán no está plenamente legitimado para auparse como jefe del Poder Judicial.
Las mismas fuentes advierten de que, si los vocales no aceptan a Marín Castán, esto podría abocar a una situación de bicefalia, con él al mando del Supremo y Rafael Mozo como presidente del CGPJ, por ser el miembro de mayor edad.
En esa coyuntura, las fuentes alertan de que el pulso entre ambos podría acabar judicializado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio Supremo, abriendo una "crisis constitucional sin precedentes".
PRESIDENTE DE LA SALA CIVIL DEL SUPREMO
Marín Castán (Segovia, 1952) fue designado en 2014, por amplia mayoría, como presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo en sustitución de Juan Antonio Xiol Ríos, actual vicepresidente del Tribunal Constitucional.
El magistrado ingresó en la carrera judicial en 1977 como número uno de su promoción. Su primer destino, según recoge el perfil publicado en la web de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Roda (Albacete) entre enero de 1978 y febrero de 1980.
Precisamente Marín está considerado prácticamente cofundador de la asociación, de la que fue portavoz durante los años 1988 y 1989. La AJFV destaca su "carácter amable y cercano", poniendo el foco en su "gran prestigio profesional" y elogiando la "claridad, cercanía y facilidad con la que transmite conocimientos de forma amena".
Su segundo destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Roque (Cádiz), donde permaneció entre febrero de 1980 y octubre de 1981. En ese año, además, ascendió a la categoría de magistrado y ocupó plaza en el Juzgado de Instrucción Número 3 de San Sebastián hasta marzo de 1982.
En abril de ese mismo año Marín concursó a la Audiencia Provincial de Huelva, con competencias tanto en civil como en penal, donde permaneció hasta diciembre de 1991.
Ya en enero de 1992 el magistrado concursó a la Audiencia Provincial de Madrid tan solo unos meses, hasta abril del mismo año. Después, pasó a desempeñar plaza en la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid hasta mayo de 1992.
FAMILIA VINCULADA A LA JUSTICIA
Desde ese mes y hasta enero de 2000, Marín formó parte del Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo. Desde allí fue promovido a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo para ocupar plaza en la Sala Primera en enero de 2000, su última parada antes de llegar a la Presidencia de la Sala Civil.
Los vínculos de Marín con la Justicia se extienden en su árbol genealógico. Un tío bisabuelo suyo llegó a ser presidente del Tribunal Supremo, mientras que su padre fue magistrado y catedrático de Derecho Civil.
Pero, además, su hermano es fiscal jefe de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, su hija y su yerno son magistrados y su hijo abogado especialista en propiedad intelectual e industrial.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión este lunes en La Moncloa tras el anuncio de renuncia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes, según ha informado Moncloa.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha anunciado que renunciará el lunes a su cargo como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al amparo de lo establecido en el artículo 588.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para no ser "cómplice" de la parálisis en torno al CGPJ.
Finalizado este domingo el plazo anunciado por él mismo a los vocales del Consejo en el Pleno del pasado 29 de septiembre sin que Gobierno y oposición hayan alcanzado un acuerdo para la renovación o la devolución de competencias al órgano de gobierno de los jueces, Lesmes ha decidido cesar de inmediato en las funciones que le corresponden legalmente.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha anunciado que renunciará el lunes a su cargo como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al amparo de lo establecido en el artículo 588.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para no ser "cómplice" de la parálisis en torno al CGPJ.
Finalizado este domingo el plazo anunciado por él mismo a los vocales del Consejo en el Pleno del pasado 29 de septiembre sin que Gobierno y oposición hayan alcanzado un acuerdo para la renovación o la devolución de competencias al órgano de gobierno de los jueces, Lesmes ha decidido cesar de inmediato en las funciones que le corresponden legalmente, según ha señalado en una declaración, consultada por Europa Press.
Según expone, después del llamamiento realizado durante el discurso de apertura del Año Judicial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para que pusieran solución definitiva a la "insostenible situación" en la que se encuentran el Tribunal Supremo y el CGPJ y de las exhortaciones en el mismo sentido hechas por el comisario de Justicia de la Unión Europea, "los contactos desarrollados estos últimos días, de los que he sido informado", no han dado resultado positivo alguno, ha expuesto.
El magistrado ha señalado en su declaración que ha perdido "toda esperanza de rectificación" y que, ante el "patente deterioro" del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, su presencia al frente de estas instituciones "carece" ya de utilidad y sería además contraria a su propia conciencia profesional. "Por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable", ha explicado.
Así, Lesmes solicitará de forma inmediata volver al servicio activo en la Carrera Judicial y se incorporará a su destino en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ya cuenta con nueve vacantes y que de este modo, ante la próxima jubilación de uno de sus magistrados, podrá mantener al menos por un tiempo el mínimo imprescindible de integrantes para constituir sus secciones de enjuiciamiento.
"INFRUCTUOSA VISITA" DE REYNDERS
En su declaración Lesmes también hace referencia a la "infructuosa visita" del Comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, quien, tras diversos encuentros con autoridades españolas, exhortó al Gobierno y a la oposición para que, de forma inmediata, se resolviera la situación de bloqueo y se abordara a continuación la reforma del modelo de elección de Vocales de procedencia judicial, sin que hayan dado "resultados positivos".
"Ante esta reiterada indiferencia a mis llamamientos, la expectativa que se abre no parece ser otra que el mantenimiento de una situación, quizás durante años, que debilita y erosiona cada vez más a las principales instituciones de la Justicia española y, por ende, de nuestro Estado de Derecho", ha apostillado.
Lesmes ha asegurado que adopta esta decisión por respeto a la dignidad de las instituciones que preside y por respeto también a los jueces españoles, "que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la Justicia entera".
Los negociadores de los sectores progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen previsto reunirse este miércoles para abordar una vez más la cuestión de los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que compete realizar al órgano de gobierno de los jueces, al mismo tiempo que la amenaza de dimitir verbalizada por su presidente, Carlos Lesmes, para forzar la renovación del CGPJ cobra fuerza hasta el punto de que su partida podría ser inminente.
El Pleno acordó la semana pasada que los interlocutores conservadores --José Antonio Ballestero y Carmen Llombart-- y progresistas --Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach-- se verían este 5 de octubre para intentar decantar dos candidatos que llevar a un nuevo Pleno al día siguiente y que, en caso de fracasar, se convocaría otro Pleno extraordinario el día 13 "para que los miembros de la comisión negociadora den cuenta de las gestiones realizadas".
Desde entonces, los contactos entre ambas corrientes y en el seno de las mismas se han sucedido. El bloque conservador celebró el martes por la tarde una reunión que se prolongó hasta altas horas de la noche para fijar posición de cara a la cita del miércoles. El cónclave interno terminó con un acuerdo "unánime" sobre cómo afrontar las conversaciones con sus colegas progresistas.
Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan a una fractura en el bloque conservador por la cual algunos vocales 'moderados' estarían dispuestos a pactar los dos candidatos al TC, pero aún está por ver si los progresistas --que ya pusieron nueve nombres sobre la mesa-- logran sumar los cuatro apoyos que necesitan del otro bando.
En ello juega un papel clave Lesmes, que está decidido a redoblar esfuerzos para dejar atados los nombramientos al TC antes de materializar su renuncia, tal y como manifestó durante la apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre, cuando avisó de que se iría en "semanas", no "meses" si no había progresos entre PSOE y PP para renovar el Consejo, aunque matizando que no renunciaría hasta dejar encarrilado el asunto del Tribunal Constitucional.
Las citadas fuentes indican que Lesmes pretende agotar los contactos oficiales y oficiosos a lo largo de esta semana con la idea de cumplir el cronograma acordado, que alcanza hasta el día 13. Si ve posibilidad de designar a la dupla para el Constitucional, postergará su partida hasta que haya fumata blanca, exponen. Pero, si pasados estos días concluye que las negociaciones continúan bloqueadas, podría abandonar el cargo este mismo viernes, añaden.
Así las cosas, una de las principales preocupaciones del Consejo en estos momentos es el escenario al que daría paso la dimisión de Lesmes. Algunas de las fuentes preguntadas por esta agencia de noticias hablan directamente de "caos".
'HOJA DE RUTA' DE UNA DIMISIÓN
Lesmes ha intentado preparar su salida por cuanto encargó al Gabinete Técnico del TS un informe para que determinara cómo se le debe reemplazar en los dos cargos que ostenta: presidente del CGPJ y del Supremo. Los expertos señalaron que, llegado el momento, debe sustituirle quien ocupe la Vicepresidencia del alto tribunal, que ahora desempeña interinamente el magistrado Francisco Marín Castán.
Sin embargo, este es otro punto de fricción. Las fuentes advierten de que desde el CGPJ no ven con buenos ojos que Marín Castán recoja el testigo de Lesmes estando en funciones sin que --apostillan-- el Consejo haya intervenido en la elección de su presidente. Por eso, sopesan desmarcarse del informe técnico entronizando al miembro de mayor edad del CGPJ, Rafael Mozo, como presidente interino.
Las mismas fuentes avanzan que, de enrocarse ambas posiciones, podrían abocar al Poder Judicial a una bicefalia, así como a un intenso debate jurídico que podría acabar judicializado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS. Se trataría de una "crisis constitucional" sin precedentes, anudan.
REYNDERS, EL PUNTO DE INFLEXIÓN
Los acontecimientos se han precipitado tras la visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, que estuvo en España entre el 28 y el 30 de septiembre para protagonizar una ronda de conversaciones con todos los actores implicados en la crisis del Poder Judicial, PP y PSOE incluidos.
Los vocales congelaron sus negociaciones a la espera de los resultados que obtuviera Reynders, el cual se fue sosteniendo que había arrancado un "compromiso claro" a Gobierno y PP para renovar ya el CGPJ y reformar "inmediatamente después" el sistema de elección de sus miembros, pero ambas partes rebajaron posteriormente dicho compromiso. Lesmes recalcó entonces que, si no había avances concretos, su continuidad como jefe del Poder Judicial "carecería de sentido".
La presión sobre el CGPJ empezó aumentar el pasado 12 de junio, cuando venció el mandato del presidente del TC, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente; Juan Antonio Xiol; y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, y con ello la necesidad de que --conforme dicta la Constitución-- Gobierno y CGPJ propusieran cada uno dos aspirantes a cubrir las vacantes.
Ante las dudas jurídicas de que Moncloa pueda designar los suyos sin esperar al Consejo, el Gobierno impulsó una segunda reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que devolvió al CGPJ sus poderes para realizar nombramientos pero solo para los dos del TC, imponiendo además una fecha límite para ello: el 13 de septiembre, ya ampliamente superada.
El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este lunes que espera una llamada del Gobierno de Pedro Sánchez para sentarse a renovar tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Tribunal Constitucional, en línea con el emplazamiento que ha realizado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en su visita a España hace unos días.
"Si recibimos una llamada del Gobierno, nos vamos a sentar a negociar porque creemos que esto es clave", ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, donde ha asegurado que este asunto "no se habla en el metro" --en alusión a las palabras de la ministra de Justicia-- pero "afecta a la arquitectura constitucional" de España.
González Pons ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo lleva solo cinco meses al frente de la Presidencia del PP mientras que el CGPJ lleva más de tres años y medio caducado. y ha añadido que en estos meses el PP ha hecho "todos los esfuerzos posibles para desenquistar el nudo".
Tras defender que se elijan a la vez el CGPJ y el Tribunal Constitucional, el dirigente del PP ha emplazado al Gobierno a "jugar limpio" y decir cuáles son sus propuestas para el TC. A su juicio, no es "aceptable" que el Gobierno siga "presionando" al CGPJ para que elija a sus vocales cuando el Gobierno no ha dado a conocer los suyos, algo que, a su juicio, evidencia que "ahí hay cierta maldad política de fondo".
PP y PSOE se han enfrentado este jueves en el Congreso ante el comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, por la situación de bloqueo que atraviesa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que permanece en funciones desde diciembre de 2018 ante la incapacidad de las formaciones de llegar a un acuerdo para nombrar a los vocales del órgano.
El senador del PP Rubén Moreno ha asegurado que "el Gobierno sigue empeñado" en hacer de esta situación "un intercambio de cromos". "Uno puede pensar que es especulación de la oposición, pero no lo es", ha dicho, mientras que el diputado del PSOE Pere Joan Pons ha incidido en que todo se trata de "un boicot constante por parte del primer partido de la oposición", en referencia a los 'populares'.
Los de Alberto Núñez Feijóo han dicho que "el PP sigue dispuesto a sentarse con el Gobierno a reformar y a renovar conjuntamente el CGPJ". Los de Pedro Sánchez, por su parte, han señalado que la formación 'popular' trabaja en "una estrategia de acoso y derribo" y "una retahíla de excusas" para mantener el bloqueo. "El CGPJ está bloqueado por los señores que están ahí enfrente", ha espetado Pons, señalando a la bancada del PP.
Desde el Grupo Confederal Unidas Podemos, el diputado Enrique Santiago ha aprovechado para alinearse con su socio de Gobierno y, delante de Reynders, ha acusado al PP de negarse a cumplir la ley y la Constitución desde hace cuatro años. "Siempre ha sido el PP quien ha efectuado ese bloqueo", ha indicado el dirigente de la formación 'morada', que ha precisado que "nunca se había llegado a la situación actual".
Santiago ha subrayado, además, que España se encuentra ante "otro incumplimiento de la Constitución y de la ley", en referencia a los vocales del CGPJ que han decidido "incumplir la ley porque opinan que no es adecuada". Así, ha señalado a algunos vocales de la denominada ala conservadora que "coinciden" con "la posición del PP".
Al hilo, también ha incidido en que el PP reclama una reforma legal "que no es apoyada por una mayoría parlamentaria", al tiempo que ha asegurado que "no es cierto que la elección del CGPJ se haga al margen de los jueces". "Las asociaciones recogen los avales necesarios. Los jueces eligen a los jueces", ha señalado.
El intercambio de acusaciones entre las formaciones ha tenido lugar en el marco de la Comisión Mixta de la UE del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido Reynders esta tarde tras una jornada de reuniones con asociaciones de jueces, representantes de partidos políticos y miembros del Ejecutivo, como la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Reynders se encuentra en Madrid en una visita que durará hasta mañana viernes, cuando también tiene previsto reunirse con el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
REYNDERS VE CON PREOCUPACIÓN LA NO RENOVACIÓN
En su intervención, el comisario de Justicia ha asegurado que en las reuniones que ha mantenido entre ayer y hoy ha visto "voluntad" para la renovación del CGPJ y de iniciar un "procedimiento para organizar la reforma", al tiempo que ha advertido de que Bruselas vigilará cómo evoluciona la aplicación de sus recomendaciones.
"La principal preocupación es que no haya renovación del CGPJ. Cada vez hay más plazas vacantes en el Supremo. Es más difícil conseguir que haya sentencias", ha alertado el comisario.
Reynders ha incidido en la necesidad que se proceda "de forma prioritaria" a la renovación del CGPJ y que "inmediatamente" después se inicie el procedimiento para reformar el modelo de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
El comisario, que ha recordado que la Comisión Europea ya recomendó a España en 2010 reformar el modelo de elección del CGPJ, ha destacado que en el caso de España lo que más atención ha generado para la UE es el "bloqueo" del Consejo, si bien ha puntualizado que no solo le prestan atención a la situación española, sino también "al conjunto de los Estados miembros".
Además, ha incidido en que si algún país decide poner en marcha un consejo general de jueces tiene que respetar una serie de "normas" para que se garantice la independencia de los jueces y el derecho de los ciudadanos a tener acceso a un juez imparcial.
"La idea de que el CGPJ tenga que estar compuesto por una mayoría de jueces elegidos por sus pares no es una imposición de la Comisión Europea, sino que es una decisión del comité de ministros del Consejo de Europa", ha remarcado, para señalar que España pertenece a este organismo.
EL RESTO DE PARTIDOS DENUNCIA LA "ANOMALÍA"
Durante la Comisión Mixta en el Congreso, el resto de grupos parlamentarios se ha dirigido a Reynders para pedirle, entre otras cosas, que ayude a desbloquear el órgano de gobierno de los jueces.
Por parte de Vox, José María Sánchez ha criticado la "refriega" entre el PP y el PSOE por la renovación del CGPJ, que se sustenta sobre un modelo de elección, en su opinión, "escandalosamente fracasado", por la lucha del "bipartidismo" para "controlar el Poder Judicial" además de los otros dos, el Ejecutivo y el Legislativo.
El diputado ha trasladado a Reynders que con este problema no se ha "avanzado nada" porque se lleva arrastrando desde la entrada en vigor, en 1985, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Acto seguido, ha apostado por reformar primero la ley y después elegir al Consejo.
La diputada María Muñoz, de Ciudadanos, ha considerado "esencial" que el comisario europeo "tenga perfecto conocimiento de la situación del CGPJ" y ha defendido que "no basta exigir que se desbloquee hoy" el órgano de gobierno de los jueces, sino que se reforme el modelo de elección de los vocales.
"Sabemos que después de ese desbloqueo nada cambiará y todo seguirá igual", ha señalado Muñoz para luego pedir que se inste desde Europa a "modificar la ley". "Después de 40 años haciéndolo mal es momento de hacerlo bien", ha señalado. "No creemos que la Comisión Europea deba ceder y mantenernos en el problema. No podemos seguir conduciendo un coche viejo que contamina cambiando al conductor", ha añadido.
Asimismo, el diputado de UPN Sergio Sayas ha insistido en que España no puede "prolongar más tiempo" esta "anomalía". "Hay que empezar a hacerlo bien", ha dicho tras subrayar que rechaza "cualquier intento de dilación por parte del Gobierno".
Por su parte, Mikel Legarda, del PNV, le ha preguntado a Reynders por qué desde la UE se le exige a España y "no a otros" países miembros cumplir unas "condiciones" a la hora de elegir a los vocales al CGPJ, cuando el modelo de consejo de magistratura como el español no es el "generalizado" a nivel europeo y hay casos con menor proporción de jueces representados e injerencia también del poder político.
Al margen, el diputado de Junts Josep Pagès ha reprochado al comisario europeo que haya "negado reunirse con entidades independentistas, como Òmnium" y con los eurodiputados del movimiento separatista catalán. "Sinceramente, lo que parece es que usted ha venido a una fiesta como DJ contratado a pinchar el disco de González Pons", ha dicho.
Desde Esquerra Republicana (ERC), Marta Rosique ha manifestado a Reynders que la "mayoría de los partidos" no tienen ninguna intención de aplicar recomendaciones de Bruselas y ha expresado que en España los jueces "hacen interpretaciones tan propias de la ley que gobiernan más que el Ejecutivo o el Legislativo".
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha expresado que Didier Reynders sabe "perfectamente" la "situación crítica" que atraviesa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha emplazado a dimitir a su presidente, Carlos Lesmes, a la salida de la reunión que ha mantenido con el comisario europeo de Justicia, de visita en Madrid.
"Hay que renovar y cambiar ya la ley" para que los jueces tengan voz en la elección de los vocales del Consejo, ha pedido Del Barco en declaraciones a los medios, antes de reclamar a los partidos políticos que cumplan lo que ha pedido varias veces Bruselas.
A esto, ha recordado que Bruselas "exige fortalecer el Estado de derecho y eso solo es posible si se cambia la ley orgánica y se devuelve a los jueces la facultad de elegir a los vocales judiciales". "Pero primero, lo urgente, es renovar", ha resaltado.
Para Del Barco, que a Reynders le preocupe este "grave problema" a ella le tranquiliza "como ciudadana y como jueza", al tiempo que ha deseado que las recomendaciones hechas por la Comisión Europea "sean cumplidas y el año que viene no" continúe "esta situación".
LESMES NO PUEDE RECULAR
Y preguntada por si los vocales denominados conservadores del órgano de los jueces deberían hacer algo para parar la posible dimisión del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, la presidenta de la APM, la asociación mayoritaria en la carrera judicial, ha sostenido que Lesmes no puede retroceder si esa es su intención.
"Creo que el presidente ha anunciado su dimisión y lo que corresponde es que dimita", ha asegurado Del Barco, antes de decir que cree que "lo contrario afectaría y dañaría a la imagen ya bastante deteriorada por desgracia ya del actual Consejo", que acumula casi cuatro años sin acometer su renovación por la falta de acuerdo de los partidos políticos para nombrar a los nuevos vocales.
En su opinión, "cuando uno anuncia que se va de un cargo de responsabilidad como ser presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, no puede tener marcha atrás".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este jueves a las 10.00 horas un Pleno que, por segunda vez, lleva en el orden del día proponer dos candidatos para cubrir las vacantes en el Tribunal Constitucional (TC), aunque lo más probable es que concluya sin acuerdo, ya que las negociaciones entre los sectores conservador y progresista siguen paralizadas a la espera de los frutos que dé la visita a España del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders.
Los vocales ya se reunieron en Pleno el pasado 8 de septiembre con el mandato expreso del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, de llevar a cabo dichos nombramientos, algo que no pudo ser, ya que los denominados sectores progresista y conservador se limitaron entonces a pactar las "reglas del juego": que los dos aspirantes deben elegirse entre magistrados del Tribunal Supremo (TS) y que no volverían a llevar este asunto a Pleno hasta que hubiera dos candidatos claros.
Desde entonces, los interlocutores de ambas corrientes --José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador; y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach, del progresista-- han mantenido contactos informales para intentar alcanzar un consenso sobre esos dos candidatos iniciales, a los que una vez convocado Pleno podrían sumarse otros.
La semana pasada, ratificaron su voluntad de cumplir con su obligación constitucional de postular a dos magistrados para el TC, pero hasta ahí las coincidencias. Los progresistas acudieron con nueve nombres, si bien los conservadores no presentaron candidatos asegurando que ningún miembro del Supremo se les había ofrecido para la corte de garantías.
Otro de los puntos de controversia fue precisamente el 'tempo'. Los progresistas abogaron por pactar "en el plazo más breve posible y siempre antes del Pleno convocado para el día 29 de septiembre", pero los conservadores les trasladaron que no consideran que la designación deba hacerse mañana, aduciendo que "la relevancia de estos nombramientos exige que rija el principio de eficiencia y no el de urgencia".
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran a Europa Press que apenas ha habido movimientos, por lo que, aunque en el orden del día figure la propuesta de dos candidatos al TC, prácticamente descartan que haya fumata blanca.
LA VISITA DE REYNDERS
De hecho, los vocales conservadores han tenido una reunión la víspera del Pleno en la que, según las fuentes consultadas, han ratificado su postura de no avanzar en las negociaciones con sus colegas progresistas hasta poder evaluar los resultados de la ronda de contactos que Reynders tiene previsto realizar entre miércoles y viernes.
Las esperanzas están puestas en Reynders porque antes de aterrizar en Madrid avanzó que venía con la intención de implicarse en la solución a la crisis del Poder Judicial, que hunde sus raíces en la incapacidad de PP y PSOE para pactar la renovación del CGPJ, pendiente desde el 4 de diciembre de 2018.
Reynders tiene previsto verse a las 9.30 con el vicesecretario de Institucional del PP, el eurodiputado Esteban González Pons, que le expondrá de nuevo la propuesta judicial que Alberto Núñez Feijóo envió a Moncloa; y a las 13.30 con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ya ha avisado desde el Congreso de los Diputados de que la renovación del CGPJ no depende del comisario europeo, sino de los 'populares', que a su juicio llevan "cuatro años" con excusas.
A pesar del optimismo que algunas fuentes reconocen en el CGPJ por el impacto que pueda tener Reynders --logrando en el mejor de los escenarios un acuerdo global que resuelva los bloqueos concatenados en Consejo y Constitucional--, al mismo tiempo rebajan las posibilidades de éxito al apreciar cierta reticencia en las palabras de Bolaños.
LA AMENAZA DE LESMES
El Pleno servirá también para que Lesmes dé cuenta del informe elaborado por el Gabinete Técnico del TS sobre cómo sustituirlo en ambos cargos, el de presidente del CGPJ y del Supremo, si finalmente cumple su amenaza de dimitir.
Los expertos del TS aclararon que, en caso de que abandone, Lesmes debe ser reemplazado como jefe del Consejo y del alto tribunal por el vicepresidente del Supremo, cargo que ocupa interinamente el presidente de sala más antiguo, el magistrado Francisco Marín.
No obstante, las referidas fuentes subrayan que Lesmes planea jugar una última carta convocando otro Pleno para el 3 de octubre, ya superada la visita de Reynders, que también se verá con los presidentes del CGPJ y del TC, Pedro González-Trevijano, en dos encuentros previstos para el 30 de septiembre.
Lesmes verbalizó su intención de dimitir durante la apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre. En declaraciones a la prensa reveló que, si no había acuerdo para renovar el CGPJ, renunciaría al cargo como medida de presión, pero no sin dejar al menos encarrilados los nombramientos al TC.
FUERA DE PLAZO
Cabe recordar que la mencionada designación se hará ya fuera de plazo, dado que la segunda reforma operada por el Gobierno sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que devolvía al Consejo su poder para hacer nombramientos en los altos tribunales pero solo para el TC, imponía como fecha límite el 13 de septiembre.
El problema de fondo es que el 12 de junio venció el mandato de González-Trevijano, del vicepresidente del TC, Juan Antonio Xiol, y de Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ, con dos cada uno.
En un principio, el Gobierno deslizó la posibilidad de efectuar sus nombramientos sin esperar al CGPJ, si bien las fuentes jurídicas preguntadas por Europa Press arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos aspirantes del Ejecutivo puedan tomar posesión sin la dupla del Consejo.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que Moncloa aguardará a que el CGPJ tenga sus dos candidatos para acometer la renovación parcial del TC, si bien rehusó precisar hasta cuándo está dispuesta a esperar.
El comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), el liberal belga Didier Reynderes, llegará este miércoles a Madrid para elevar la presión sobre el Gobierno y el Partido Popular (PP) e intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante un viaje de tres días que incluirá contactos políticos para desencallar las negociaciones, pero también reuniones con asociaciones de jueces e instituciones judiciales.
Así, la agenda que le tendrá en Madrid hasta el viernes 30 incluye encuentros con cinco miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, incluidos la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, según han informado a Europa Press distintas fuentes oficiales.
Se reunirá también con el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, y con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todos estos encuentros tendrán lugar el viernes. Ese mismo día, por la mañana, protagonizará un desayuno informativo.
El jueves por la mañana se verá con dos de las cuatro asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), para abordar la situación de bloqueo que atraviesa el CGPJ, que permanece en funciones desde diciembre de 2018.
Por la tarde, intervendrá en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea y hablará con los principales grupos de la oposición parlamentaria, incluidos PP y Ciudadanos.
Con Inés Arrimadas y Edmundo Bal (presidenta y vicesecretario general del partido 'naranja') se verá a las 15.00 horas en el Congreso, mientras que, en el caso del PP, el comisario se reunirá con el vicesecretario de Institucional de ese partido, el eurodiputado Esteban González Pons, quien le expondrá de nuevo la propuesta judicial que Alberto Núñez Feijóo envió a Moncloa y que busca, según los 'populares', "avanzar" en una mayor profesionalización e independencia de la Justicia.
Aunque en 'Génova' no tienen constancia de que el comisario europeo de Justicia haya solicitado un encuentro a tres (Gobierno-PP-Comisión Europea), fuentes del PP han señalado a Europa Press que ellos no ponen reparos. "Si lo pide, ahí estaremos", añaden.
AVISOS ANTERIORES
El viaje de Reynders se produce apenas dos semanas después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourová, que ya estuvo en Madrid en junio, respaldara en una carta a Lesmes y avisara de que el "correcto funcionamiento de las instituciones del Estado" --como el órgano de gobierno de los jueces-- "no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate".
La renovación del CGPJ es una "prioridad" desde hace años para Bruselas, que también considera urgente que "inmediatamente después" se reforme el sistema de designación de los vocales del órgano, de modo que sean elegidos en su mayoría por los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
Así figura cada año en el informe en el que el Ejecutivo comunitario evalúa la salud democrática en la Unión Europea y así lo han dicho --en público y en sus contactos directos con el Gobierno, oposición y asociaciones de jueces-- tanto el propio Reynders como Jourová.
Pese a las reiteradas llamadas al diálogo desde Bruselas, la falta de avances ha llevado a los servicios comunitarios a notificar su preocupación en una "recomendación" específica dentro del informe anual sobre España.
Ello permitirá evaluar el próximo verano si se han dado pasos suficientes antes de decidir si son necesarios "otros instrumentos" para favorecer las mejoras, según dijo Reynders hace días, cuando también dejó claro que a la luz del 'impasse' intentará mediar entre las fuerzas políticas durante su visita a España.
LA UE SE IMPLICA EN EL DIÁLOGO
"Podemos también implicarnos en el diálogo, no solamente pedir que haya un diálogo sino tratar de acercarles. Ya lo hemos hecho e intentaré hacerlo en esta visita", aseguró el pasado martes en declaraciones a varios medios, entre ellos Europa Press, en los márgenes de una reunión a 27 sobre el Estado de derecho en la UE.
"Intentamos organizar un diálogo entre fuerzas políticas porque el cambio del CGPJ necesita mayorías tales que requiere de la colaboración entre las principales fuerzas políticas", explicó el comisario, para quien es tan urgente que "se pongan en marcha" los nuevos nombramientos como que se aborde "muy rápidamente" la reforma del sistema.
En cualquier caso, en sus llamadas de atención, Reynders trata de remarcar que la situación en España "no es en absoluto" comparable a la situación de otros Estados miembro en los que, como ha ocurrido con Polonia, Bruselas ha iniciado procedimientos más severos tras constatar una "regresión" en su sistema democrático.
DESCARTAN SANCIONES A ESPAÑA
Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press remarcan que a ojos del Ejecutivo comunitario no hay base jurídica para actuar contra España porque no existe una regresión sobre la legislación existente, como sí sucede con las reformas de Budapest y Varsovia para interferir en el sistema judicial.
Tampoco contemplan que la situación afecte al desembolso de fondos de recuperación de la Unión Europea para España en tanto que los hitos y condicionalidad está ya negociada.
Preguntado días antes de su viaje por las consecuencias para España si persiste el bloqueo, Reynders descartó también la perspectiva de procesos sancionadores como el del artículo 7, que se activó contra Hungría y Polonia por riesgos sistémicos en el Estado de derecho. Sólo en caso de que la situación "durante años no mejorara", dijo el comisario, el Ejecutivo comunitario "tendría que pensar en otros instrumentos" para presionar a España.
Además de esta cuestión, el comisario quiere abordar con las autoridades el uso del software de espionaje 'Pegasus', programa supuestamente utilizado para espiar a líderes independentistas y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por cuya utilización en distintos Estados miembro se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento Europeo.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha asegurado que "lamenta profundamente" que su presidente --y también presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)--, Carlos Lesmes, pueda verse abocado a renunciar al cargo y ha incidido en que "aún confía" en que el Congreso y el Senado "cumplan sin más demora sus obligaciones constitucionales" y renueven el órgano de gobierno de los jueces "antes de llegar" a este punto.
Así lo ha informado el gabinete de prensa del Supremo después de que la Sala de Gobierno se reuniera este lunes para escuchar a Lesmes exponer el informe que encargó al Gabinete Técnico. En dicho informe se aborda el mecanismo legal para su "eventual sustitución", toda vez que durante la apertura del año judicial amenazara con dimitir si no se renovaba el CPGJ, que permanece en funciones desde diciembre de 2018.
Según informó el CGPJ el pasado viernes, Lesmes trasladaría a los magistrados de la Sala de Gobierno del Supremo que el presidente de la Sala Civil de este Alto Tribunal, el magistrado Francisco Marín, sería quien debería asumir su cargo al frente del Supremo y del CGPJ si dimite.
EL INFORME DEL GABINETE TÉCNICO
El informe encargado por Lesmes concluye, entre otros puntos, que "tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable". Así las cosas, se "excluye" la posibilidad de articular "vías diferenciadas de sustitución"; es decir, que no será posible que el vicepresidente del Supremo le sustituya en el tribunal y que el vocal de mayor edad asuma sus funciones en el Consejo.
"Excluida la doble vía de sustitución, esta ha de proveerse como canal único a través de la vicepresidencia del Tribunal Supremo, a quien por ley le corresponde sustituir al presidente", han concluido los miembros del Gabinete Técnico.
Desde el Consejo han recordado que la vicepresidencia del Supremo se encuentra vacante desde octubre de 2019, cuando el magistrado Ángel Juanes abandonó el cargo por llegar a la edad de jubilación. Desde entonces, el puesto ha sido cubierto interinamente por el presidente de Sala más antiguo, el magistrado Francisco Marín, que será quien ocupe el cargo de Lesmes.
Los expertos han defendido que el Tribunal Constitucional ya despejó "cualquier sombra de duda" al respecto cuando examinó la constitucionalidad del régimen de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, han precisado que la sustitución de Lesmes se dará "de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno".
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, explicará la semana que viene a la Sala de Gobierno del tribunal y al Pleno del órgano de gobierno de los jueces el mecanismo legal para su "eventual sustitución", tras amenazar, en la apertura del año judicial, con dimitir si no había avances en la renovación del Consejo, que permanece en funciones desde 2018.
Así lo ha dado a conocer este viernes en un comunicado el CGPJ, que explica que se trata de un informe a petición expresa del propio Lesmes al Gabinete Técnico del órgano que preside desde el año 2013.
Dicho informe concluye, entre otros puntos, que "tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución: a través del vicepresidente del Tribunal Supremo o de quien ejerza sus funciones en la presidencia del Tribunal Supremo y por el vocal de mayor edad en la presidencia del CGPJ".
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ha trasladado a varios vocales su intención de convocar un nuevo Pleno el próximo 3 de octubre con el objetivo de que lo usen para nombrar ya los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde, después de que la segunda ronda de negociaciones fracasara este mismo miércoles.
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indican, según ha avanzado 'ABC', que Lesmes ha comunicado a algunos vocales que, si no aprovechan el Pleno ordinario ya fijado para el próximo 29 de septiembre, podría convocar otro el 3 de octubre.
No obstante, las mismas fuentes subrayan que el hecho de que se celebre un Pleno extraordinario no implica que el acuerdo vaya a lograrse porque la clave sigue siendo concitar el suficiente consenso entre las dos almas del CGPJ --progresista y conservadora-- para sumar los 12 votos que hacen falta de los 19 en juego.
En el Pleno que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre, convocado expresamente para que se efectuaran dichos nombramientos --aunque sin éxito--, los vocales pactaron que no volverían a reunirse todos hasta que no hubiera dos candidatos claros, algo que aún parece lejano.
A ello se suma la advertencia lanzada por Lesmes un día antes, durante la apertura del curso judicial, cuando avisó de que estaba dispuesto a dimitir en "semanas" si no se desbloqueaba la renovación del CGPJ. Eso sí, añadió que no se iría hasta dejar los nombramientos para el TC encarrilados.
Este último movimiento por parte de la cabeza del Poder Judicial, marcando nueva fecha en el calendario, se ha producido horas después de que la segunda reunión entre los interlocutores conservadores y progresistas acabara sin acuerdo.
DIFERENTES "TIEMPOS"
Los negociadores de ambos sectores han confirmado "el más firme compromiso de cumplir con las competencias propias del Consejo" para realizar dichos nombramientos, así como su coincidencia "en la necesidad de lograr amplias mayorías" para designarlos.
Sin embargo, el ala progresista ha puesto de manifiesto que hay "una diferencia en cuanto a los tiempos" porque ellos han propuesto cerrar el acuerdo "en el plazo más breve posible", de cara al Pleno del día 29, pero sus colegas conservadores han contestado que no creen que se pueda llegar a esa fecha.
La parte conservadora ha esgrimido que todavía carecen de una lista de candidatos, porque aseguran que ningún magistrado del Tribunal Supremo se les ha ofrecido para ir al TC, mientras que los vocales progresistas ya han puesto sobre la mesa nueve nombres, entre ellos el de Pablo Lucas, el juez encargado de controlar al CNI.
Pese a ello, los vocales conservadores se han citado internamente para el 28 de septiembre, justo antes de que el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, inicie su visita de dos días a España.
Las citadas fuentes apuntan que la corriente conservadora confía en que Reynders logre desatascar las negociaciones en torno al Poder Judicial. Por ejemplo, con un acuerdo global que abarque las renovaciones tanto del CGPJ (que lleva casi cuatro años caducado) como del TC, concretan.
El propio Reynders dijo el martes en declaraciones a la prensa que durante su estancia en España podría no limitarse solamente a pedir diálogo entra las fuerzas políticas para que pacten la renovación del CGPJ sino implicarse directamente.
RENOVACIÓN PARCIAL EN EL TC
Una las preocupaciones de la corriente conservadora es la situación de colapso en la que quedaría el TS si los dos magistrados elegidos para el Constitucional salen del Supremo mientras el CGPJ sigue sin poder cubrir las vacantes generadas en la cúpula judicial.
Varias salas del TS se encuentran ya en una situación límite a causa de la reforma legal impulsada por el Gobierno que desde marzo de 2021 prohíbe a un CGPJ en funciones --como el actual-- realizar nombramientos discrecionales en los altos tribunales.
El Ejecutivo promovió una segunda reforma, aprobada el pasado julio, para devolver al Consejo su capacidad de realizar nombramientos pero solo para elegir a sus dos candidatos al Constitucional y hacerlo antes del 13 de septiembre, fecha superada que en realidad desde buena parte del CGPJ se vio siempre como orientativa.
El problema de fondo es que el 12 de junio venció el mandato del presidente del TC, Pedro González-Trevijano, del vicepresidente Juan Antonio Xiol y de Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ, con dos cada uno.
En un principio, el Gobierno deslizó la posibilidad de efectuar sus nombramientos sin esperar al CGPJ, si bien las fuentes jurídicas preguntadas por Europa Press arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos aspirantes del Ejecutivo puedan tomar posesión sin la dupla del Consejo.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró la semana pasada que Moncloa, "lógicamente", aguardará a que el CGPJ tenga sus dos candidatos para acometer la renovación parcial del TC, si bien rehusó precisar hasta cuándo está dispuesta a esperar.
Los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han concluido sin acuerdo la reunión que han celebrado este miércoles para continuar con las negociaciones destinadas a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde, según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press.
Los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart --del lado conservador-- y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach --por parte progresista-- han estado reunidos durante más de dos horas como parte de este segundo encuentro, al que acudían ya con un primer acuerdo por el cual decidieron que los dos candidatos al TC saldrían de los magistrados del Tribunal Supremo (TS).
Los representantes progresistas, tal y como se comprometieron, han ido a la reunión de este miércoles con nueve aspirantes, entre los que destacan Pablo Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una Sala (la de lo Social) del alto tribunal; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga.
Completan la lista los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet, así como el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde --que formó parte de esa misma sala y del actual CGPJ-- y la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles.
No obstante, los portavoces conservadores aseguran que no han recibido ninguna candidatura de ningún magistrado del Supremo, "más allá de un mero contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual", según reza el comunicado difundido tras el cónclave.
LA VISITA DE REYNDERS
El bloque conservador ya acudió a la primera reunión sin candidatos y todo auguraba que hoy ocurriría lo mismo. Las citadas fuentes indican que el sector conservador confía en que la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, a finales de mes sirva para desatascar las negociaciones en torno al Poder Judicial, de acuerdo con las citadas fuentes.
Reynders dijo el martes en declaraciones a la prensa que durante su estancia en España, entre el 29 y el 30 de septiembre, podría no limitarse solamente a pedir diálogo entra las fuerzas políticas para que pacten la renovación del CGPJ sino implicarse directamente.
Las fuentes apuntan que un acuerdo global --que abarque tanto Consejo General del Poder Judicial como Tribunal Constitucional-- podría ser la fórmula mágica para acabar con el bloqueo en ambas instituciones.
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles que la Comisión Europea está muy preocupada con la "actitud obstruccionista" del PP y su bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por eso ha endurecido el tono contra el principal partido de la oposición.
En los pasillos del Congreso, Bolaños ha señalado que la Comisión Europea, que normalmente realiza unas declaraciones "muy diplomáticas", ahora ha dado "un paso adelante" con la carta que envió la vicepresidenta Vera Jourova al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.
En la misiva, señalaba que el órgano de gobierno de los jueces era "rehén" y para Bolaños este mensaje iba dirigido al principal partido de la oposición. "Rehén de quien lo tiene secuestrado que es el PP", ha subrayado.
A su juicio, la preocupación de la Comisión "se está manifestando de manera muy clara", según ha afirmado y por tanto ha reiterado el llamamiento al PP para que haga "lo básico, lo que son los parvulitos en la democracia, que es cumplir la ley y la Constitución", ha añadido.
De este modo ha acusado al PP de estar sometiendo al órgano constitucional a un bloqueo "inaceptable" y "antidemocrático" y le ha pedido que acabe con esta situación.
A este respecto, cabe recordar que el comisario de Justicia de la UE, Dider Reynders, visitará España la próxima semana y se reunirá con ministros, oposición y asociaciones de jueces para insistir en la urgencia de la renovación del CGPJ. Además, según afirmó este martes, espera poder acercar posiciones entre el Gobierno y el PP.
"Podemos también implicarnos en el diálogo, no solamente pedir que haya un diálogo (entre las fuerzas políticas) sino tratar de acercarles. Ya lo hemos hecho e intentaré hacerlo en esta visita", indicó el comisario a periodistas en Bruselas.
HARÁN UN ESFUERZO PARA APROBAR LA LEY 'DARIAS'
Por otro lado, al ser preguntado sobre si el Ejecutivo contará con el apoyo del PP para sacar adelante la ley de equidad y cohesión del sistema nacional de salud, conocida como ley 'Darias', Bolaños ha respondido que esa es una cuestión para los 'populares' y se ha limitado a decir que están hablando con los grupos.
Así, ha recordado que el Congreso está muy fraccionado y por tanto tendrán que hacer "un esfuerzo de diálogo" para aprobar este jueves la citada ley de sanidad. En ese sentido, Bolaños ha destacado que el Ejecutivo ya ha sacado adelante 163 iniciativas en lo que va de legislatura con "acuerdos, diálogo y equilibrios", ha apuntado.
LEY DE VOTO ROGADO CON EL APOYO DEL PP
Finalmente, Bolaños ha destacado que el Senado va a aprobar este mismo miércoles la ley por la que suprime el voto rogado, lo que supone que se va a facilitar la participación en los comicios electorales de los ciudadanos españoles que residen en el extranjero.
Esta iniciativa, que ya fue aprobada en el Congreso el pasado mes de junio --y que fue pactada con el PP-- verá finalmente la luz si ,como se prevé, supera el trámite en la Cámara Alta. Para Bolaños, esta medida servirá para que aquellos que residen fuera del país se sientan también "españoles de primera" a la hora de votar.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha advertido este miércoles que es "insostenible" el bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha criticado que haya condiciones previas para sentarse a designar a los vocales.
Así se ha expresado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de si cree que la falta de acuerdo entre los dos principales partidos políticos para renovar el órgano de gobierno de los jueces puede acabar dando una imagen de que la justicia está politizada.
"El engranaje es muy complejo", ha afirmado el fiscal general, que ha asegurado que se trata de un deber sentarse "cuando toca en el momento que toca y sin condiciones" para ver qué formas de acuerdo se puede tener para designar a los vocales del Consejo.
Asimismo, ha enfatizado que "no es lo mismo" sentarse y discutir cuál es el candidato ideal, que no sentarse en esa mesa. "Son dos comportamientos muy diferentes", ha apuntado.
CRÍTICAS "EXACERVADAS" A SU NOMBRAMIENTO
En otra clave, en relación con los vocales conservadores que votaron en contra de su nombramiento como fiscal, ha aseverado que "en absoluto" le preocupa y que los órganos constitucionales no están para emitir opiniones "frívolas o no rigurosas".
"Primero, porque si uno lee el voto particular, la carencia de argumentos y la falta de argumentación, lo que te hace reflexionar no es sobre la figura del fiscal, es sobre el voto particular, sobre cómo y de qué manera un órgano que debería ser prudente en su propio ejercicio, pero más prudente cuando las tienes una prolongación de funciones es capaz de escribir cosas que objetivamente, además, no son ciertas", ha explicado.
García Ortiz considera que las críticas que se suscitaron fueron "exacervadas" y que, además, tenían la finalidad de "socavar cualquier nombramiento que se produjera" y, a partir de ahí, "seguir unos ataques personales que afortunadamente han ido a menos".
"El nombramiento es impecable", ha apostillado, a la par que ha lamentado que los siete votos en contra trataran de cuestionar la potestad del Ejecutivo para nombrar al fiscal general del Estado. "Puede ser criticable pero está en la Constitución", ha añadido.
DELGADO
Preguntado acerca de si este clima de crítica se debe a que la anterior fiscal, Dolores Delgado, pasó de ser ministra a la FGE, García Ortiz considera "normal" que estuviera dentro del panorama político porque no es un hecho habitual. Eso sí, ha aprovechado para poner en valor la actuación "impecable, coherente y honesta". "El ruido ha sido mucho mayor que la crítica", ha apuntado.
Sobre el futuro de Delgado y teniendo en cuenta que opta a un puesto de Jefa de la Sala de lo Militar, el fiscal no ha dado detalles sobre estos nombramientos que decide el Consejo Fiscal. Ha detallado que el criterio que seguirá es primero escuchar al Consejo Fiscal por ser el órgano informante, pero la responsabilidad recae sobre el fiscal general. "No puedo anticioar nada antes de escuchar al Consejo Fiscal", ha zanajado.
Los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reanudarán este miércoles las negociaciones destinadas a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde, ya con nueve candidatos propuestos por el sector progresista --como el juez del CNI, Pablo Lucas--, aunque lo más probable es que el acuerdo aún se haga esperar.
Los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart --del lado conservador-- y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach --por parte progresista-- se citaron presencialmente a las 9.30 horas de este 21 de septiembre después de una primera reunión celebrada el pasado viernes por videoconferencia con la que cerraron un puñado de acuerdos para entrar definitivamente en materia.
Como punto de partida, establecieron que estos dos magistrados del TC serán seleccionados por una "amplia mayoría" entre los jueces que actualmente desempeñan sus funciones en el Tribunal Supremo tras una "minuciosa evaluación" de sus currículos.
Los representantes progresistas avanzaron que a este segundo encuentro llevarán los CV de nueve aspirantes, entre los que destacan Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una Sala (la de lo Social) del alto tribunal; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga.
Completan la lista los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet, así como el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde --que formó parte de esa misma sala y del actual CGPJ-- y la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles.
LA VISITA DE REYNDERS
El bloque conservador acudió a la reunión 'online' sin candidatos y las fuentes consultadas por Europa Press indican que es probable que este miércoles ocurra lo mismo porque los vocales críticos prefieren que sus colegas progresistas elijan uno de esos nueve aspirantes para que ellos aporten otro.
Sin embargo, los vocales progresistas ya rechazaron la propuesta 'conservadora' que buscaba garantizar primero un consenso en el seno de ambas corrientes para perseguir después uno colectivo que permita convocar un nuevo Pleno con dos candidatos claros, tal y como se fijó el pasado 8 de septiembre.
A ello se suma una nueva variable, y es que el sector conservador confía en que la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, a finales de mes sirva para desatascar las negociaciones en torno al Poder Judicial, de acuerdo con las citadas fuentes.
Reynders ha dicho este mismo martes en declaraciones a la prensa que durante su estancia en España, entre el 29 y el 30 de septiembre, podría no limitarse solamente a pedir diálogo entra las fuerzas políticas para que pacten la renovación del CGPJ sino implicarse directamente.
Las fuentes apuntan que un acuerdo global --que abarque tanto Consejo General del Poder Judicial como Tribunal Constitucional-- podría ser la fórmula mágica para acabar con el bloqueo en ambas instituciones.
De hecho, una las preocupaciones de la corriente conservadora es la situación de colapso en la que quedaría el TS si los dos magistrados elegidos para el Constitucional salen del Supremo mientras el CGPJ sigue sin poder cubrir las vacantes generadas en la cúpula judicial.
Varias salas del TS se encuentran ya en una situación límite a causa de la reforma legal impulsada por el Gobierno que desde marzo de 2021 prohíbe a un CGPJ en funciones --como el actual-- realizar nombramientos discrecionales en los altos tribunales.
FUERA DE PLAZO
El Ejecutivo promovió una segunda reforma, aprobada el pasado julio, para devolver al Consejo su capacidad de realizar nombramientos pero solo para elegir a sus dos candidatos al Constitucional y hacerlo antes del 13 de septiembre, fecha superada que en realidad desde buena parte del CGPJ se vio siempre como orientativa.
El problema de fondo es que el 12 de junio venció el mandato del presidente del TC, Pedro González-Trevijano, del vicepresidente Juan Antonio Xiol y de Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ, con dos cada uno.
En un principio, el Gobierno deslizó la posibilidad de efectuar sus nombramientos sin esperar al CGPJ, si bien las fuentes jurídicas preguntadas por Europa Press arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos aspirantes del Ejecutivo puedan tomar posesión sin la dupla del Consejo.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró la semana pasada que Moncloa, "lógicamente", aguardará a que el CGPJ tenga sus dos candidatos para acometer la renovación parcial del TC, si bien rehusó precisar hasta cuándo está dispuesta a esperar.
Los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han celebrado este viernes una primera reunión informal para iniciar las negociaciones destinadas a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde y han acordado volver a verse el próximo día 21 para analizar ya los currículos de candidatos concretos, con preferencia por los que procedan del Tribunal Supremo (TS).
Durante este primer contacto oficioso, que se ha prolongado alrededor de hora y media, los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart --interlocutores del lado conservador-- y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach --del ala progresista-- han llegado a un puñado de acuerdos para poner en marcha las negociaciones entrando ya en materia, según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press.
Así, han pactado que estos dos magistrados del TC se nombren por una "amplia mayoría" y que su selección se haga tras una "minuciosa evaluación" de sus currículos, valorando con carácter preferente los de los aspirantes que actualmente presten servicios en el Tribunal Supremo (TS).
Para ello, han decidido volver a reunirse el próximo miércoles a las 9.30 horas. El sector progresista se ha comprometido a llevar a esta segunda cita una lista de nueve candidatos ordenada alfabéticamente.
Los interlocutores designados por los sectores progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirán este viernes por videoconferencia para iniciar las negociaciones destinadas a nombrar los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el encuentro 'online' empezará en torno a las 9.00 horas con la aspiración de que sea una "reunión abierta", de modo que los participantes puedan definir su contenido en el curso de la misma.
Así lo acordaron los interlocutores de ambas corrientes --José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador; y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach, del ala progresista-- el pasado lunes después de una jornada en la que se sucedieron los contactos informales hasta última hora.
Desde el sector progresista, la intención es empezar a poner sobre la mesa posibles candidatos al TC, si bien sus colegas conservadores buscan establecer primero el perfil --teniendo en cuenta los magistrados que ya hay y los que pueda elegir el Gobierno--, para buscar después aspirantes que encajen en él.
Asimismo, las fuentes subrayan que, a la hora de barajar candidatos, es importante tener presente la precaria situación del Tribunal Supremo (TS) --caladero tradicional para el TC--, ya que muchas de sus salas están al límite por la imposibilidad de cubrir vacantes debido a la reforma legal de marzo de 2021, que prohíbe a un CGPJ en funciones (como el actual) realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
En consecuencia, el bloque conservador acudirá a la cita de este viernes sin candidatos y dependerá del resultado de la misma que lleve nombres a la siguiente reunión, conforme advierten las fuentes preguntadas.
FUERA DE PLAZO
Este 'cara a cara' tendrá lugar superado el 13 de septiembre, el día fijado por la última reforma legal impulsada por el Gobierno como fecha límite para que el Consejo designara a sus dos candidatos a la corte de garantías. Fuentes del CGPJ ya habían avanzado a esta agencia de noticias que sería "difícil" cumplir el plazo.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministerio del pasado martes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, restó importancia al hecho de que el Consejo no haya cumplido a tiempo, mostrándose "segura" de que "en unos días tendremos ese acuerdo", por lo que instó a "dejar trabajar" a los vocales.
El problema de fondo es que el 12 de junio venció el mandato del presidente del TC, Pedro González-Trevijano, del vicepresidente Juan Antonio Xiol y de Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ, con dos candidatos cada uno.
En un principio, el Gobierno deslizó la posibilidad de llevar a cabo sus nombramientos sin esperar al CGPJ, si bien fuentes jurídicas arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos aspirantes del Ejecutivo puedan tomar posesión sin la dupla del Consejo.
En esa misma rueda de prensa, Llop aclaró que Moncloa, "lógicamente", aguardará a que el CGPJ tenga sus dos aspirantes para acometer la renovación parcial del TC, si bien rehusó precisar hasta cuándo está dispuesta a esperar.
"LEALTAD INSTITUCIONAL"
Llegados a este punto, las mencionadas fuentes corroboran que la voluntad del CGPJ es actuar con "absoluta lealtad institucional", lo que supone acordar los nombres de sus dos candidatos al Tribunal Constitucional, aunque sin sujeción a plazo alguno, explican.
De esta forma, parece disiparse la amenaza de bloqueo lanzada desde el 'núcleo duro' del sector conservador ante el malestar en el seno del CGPJ por el calendario impuesto por Moncloa.
Finalmente, tras un cónclave nocturno, los conservadores accedieron la semana pasada a llegar a "acuerdos debidamente consensuados" para abordar la renovación del TC pero respetando "los tiempos de decisión del Consejo".
LAS "REGLAS DEL JUEGO"
El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, convocó un Pleno extraordinario para el pasado 8 de septiembre exhortando a los vocales --actualmente 18-- a proceder ya a dichos nombramientos. Sin embargo, ese Pleno sirvió únicamente para que ambas corrientes pactaran las "reglas del juego".
El principal punto del protocolo alumbrado es que el Pleno no se volverá a reunir hasta que haya dos candidatos decantados, aunque una vez convocado podrán postularse otros aspirantes.
Precisamente, la videoconferencia de este viernes se enmarca en los contactos informales entre progresistas y conservadores para confeccionar esa lista corta antes de celebrar otro Pleno.
Para nombrar sus dos candidatos al TC, el CGPJ debe sumar una mayoría reforzada de tres quintos, esto es, doce votos, por lo que a los ocho que aglutina el sector progresista habría que añadir cuatro conservadores.
Los exministros de Justicia Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo han emplazado al órgano de gobierno de los jueces al nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponden. "El Consejo General del Poder Judicial tiene que cumplir la ley", ha avisado el propio Ruiz-Gallardón.
Los que fueran titulares de la cartera de Justicia han intervenido en una mesa bajo el título 'El procurador como cooperador jurídico necesario de la Administración de Justicia', celebrada en el marco de las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno organizadas por el Consejo General de Procuradores de España.
El que también fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ruiz-Gallardón, entiende que aunque parte de los vocales del CGPJ hayan podido sentir una "agresión" a sus funciones "la ley es la ley", y son ellos los encargados de aplicarla.
"El CGPJ debe de elegir a los dos magistrados del TC para que el Gobierno haga lo mismo", ha asegurado.
"CUIDADO PORQUE LA CASA SE NOS CAE"
Por su parte, el predecesor de Pilar Llop en el Ministerio, Juan Carlos Campo, ha alertado sobre los peligros de "tambalear los cimientos judiciales". "Cuidado porque la casa se nos cae", ha avisado.
En esta línea, Campo ha sostenido que "lo primero" que debería hacer el CGPJ es "cumplir las leyes". "No podemos declararnos en rebeldía: tenemos que cumplir las leyes", ha repetido.
En esa misma línea se ha expresado el exministro Caamaño, que ha aseverado que "lo que hay que hacer ahora es cumplir las normas y cumplir con la Constitución". "Y que cada uno tenga lo que tenga que hacer y hacer un ejercicio con responsabilidad cívica", ha añadido.
Así, ha continuado señalando que el CGPJ "tiene que nombrar" a los dos magistrados del Tribunal de Garantías "porque tiene un plazo" que es el que fijan las leyes. "Un CGPJ que ya lleva el doble de tiempo, un TC que no se renueva en los ritmos que la Constitución quiere... pues algo estamos haciendo mal", ha apostillado.
El exministro 'popular' Rafael Catalá ha recordado que lo que el CGPJ ha pedido es aplicar un "procedimiento y tiempos no urgentes". "Creo firmemente en las personas y en la posición institucional que tienen. Estoy convencido de que serán capaces de alcanzar acuerdos para elevar la propuesta de los dos magistrados", ha opinado.
Sus palabras llegan en la víspera de que los interlocutores designados por los sectores progresista y conservador del CGPJ se reúnan este viernes por videoconferencia para iniciar las negociaciones destinadas a nombrar los dos magistrados TC que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces.
ACABAR CON EL SISTEMA DE CUOTAS
En lo relativo a la renovación del CGPJ, Ruiz-Gallardón ha suscrito y apoyado el discurso pronunciado por su presidente, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial, al tiempo que ha asumido la parte de culpa de los políticos en el fracaso del sistema de elección del mismo. "Todos lo hemos hecho mal", ha reconocido.
En este contexto, el exministro ha sido tajante: "Hay que ir a un sistema con una participación de los jueces y la legitimación que debe tener por parte del Parlamento, pero que se acabe con el sistema de cuotas. La mayoría cualificada es que todos (los vocales) son de todos".
A pesar de asegurar que no tiene "información" sobre las negociaciones entre PSOE y PP, Ruiz-Gallardón se ha mostrado "optimista" en que "en un plazo razonablemente breve y mucho antes de que termine la legislatura habrá acuerdo y se renovará el CGPJ porque eso es lo que necesita España". "Ya no se si lo creo o lo deseo", ha bromeado.
"MALA PINTA" Y UN "AMBIENTE ENRARECIDO Y DEMOLEDOR"
Mucho más negativo se ha mostrado Catalá, que ha afirmado que no es "nada optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo". "Le veo mala pinta. Si detecto algo es tensión, conflicto, falta de diálogo, rechazo de propuestas e identifico en el horizonte: una campaña electoral que llega en seguida", ha explicado.
A su juicio, hay un "ambiente enrarecido y demoledor". "Es un poco descorazonador, lo reconozco. La situación, la incapacidad. Una politización innecesaria que no es real. El próximo CGPJ, que ojalá esté cuanto antes, va a tener que hacer muchas cosas: entre ellas una campaña de imagen", ha zanjado.
Por su parte, Campo ha apuntado que "lo que da sanidad al modelo" del CGPJ es, precisamente, su renovación. "El Consejo dura cinco años. ¿Cuál es el mandato? Cada cinco, puerta. Tenemos un a priori: tenemos que cumplir las leyes", ha avisado.
Así las cosas, Campo cree que "no puede haber constitucionalismo a tiempo parcial". "Hay unos mecanismos que nos damos en democracia y sé que corren malos tiempos para la lírica, pero estamos viviendo una devaluación de las instituciones el estado y estamos contribuyendo todos", ha añadido.
"EL MEJOR" CGPJ "ES EL QUE NO EXISTE"
Caamaño, que fue titular de Justicia entre 2009 y 2011 con el PSOE, ha optado por ser "políticamente incorrecto". "El mejor Consejo General del Poder Judicial es el que no existe. No es un elemento imprescindible, de hecho no es un poder del Estado: es otra cosa que hemos copiado", ha afirmado.
En esta línea, el exministro socialista se ha preguntado por qué las funciones desempeñadas por el órgano de gobierno de los jueces no pueden ser asumidas por el Ejecutivo. Y es que, ha incidido, el CGPJ "es una figura" que se ha "tomado" de otros países y que "perturba" la percepción que tienen los ciudadanos de los jueces.
"Lo que politiza la Justicia en España es el Consejo, con independencia de su composición. No está funcionando en Portugal, en España y en Francia", ha opinado.
Caamaño cree que "lo que no se puede hacer" es fijar condiciones "que no están en las leyes". "Un Consejo que ya lleva el doble de tiempo de prestado deja mucho que pensar (...) Todos tenemos la obligación de sentarnos y llegar a un acuerdo, no solo el Gobierno y la oposición", ha zanjado.
Este martes, 13 de septiembre, expira el plazo fijado por el Gobierno en la última reforma legal para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, es "difícil" que pueda cumplir a tiempo, ya que la primera reunión para abrir el debate sobre los posibles candidatos se ha fijado para el próximo viernes, según las fuentes consultadas.
El tiempo comenzó a correr el pasado julio, cuando Congreso y Senado aprobaron una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que devolvió al CGPJ su capacidad para efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial pero solo para que designara a sus dos aspirantes a la corte de garantías, ya que dicha reforma señala expresamente que debía hacerlo antes del 13 de septiembre.
De esta forma, el Gobierno, a través de esta iniciativa parlamentaria, enmendaba la primera reforma de la LOPJ que llevó a cabo en marzo de 2021 con el objetivo de forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces prohibiendo que designara magistrados para los altos tribunales mientras estuviera en funciones, situación en la que se encuentra desde hace casi cuatro años.
La necesidad de esta 'contrarreforma' surgió el 12 de junio, cuando caducó el mandato de cuatro de los doce magistrados del TC --su presidente, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares--, porque se trata del tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ.
Ante la imposibilidad, por la primera reforma, de que el Consejo pudiera cumplir su parte, el Ejecutivo sopesó designar a sus dos candidatos al TC sin esperar al CGPJ, si bien las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los nominados por Moncloa puedan tomar posesión sin esperar a los del órgano de gobierno de los jueces.
Aunque el impedimento legal para que el CGPJ pudiera cumplir su obligación desapareció con dicha 'contrarreforma', los obstáculos para emprender la renovación parcial del TC surgieron entonces desde el propio Consejo.
AMENAZA DE BLOQUEO
Nada más aprobarse esta segunda reforma, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, convocó un Pleno extraordinario para el 8 de septiembre exhortando a los 18 vocales que lo componen en la actualidad a aprovechar este cónclave para nombrar a su dupla para el Constitucional.
No obstante, la "desafección" que el propio Lesmes ha reconocido que generó entre los vocales la decisión del Gobierno de habilitar al Consejo a realizar nombramientos pero solo para el TC propició que el denominado bloque conservador amenazara con negarse a efectuar dichas designaciones.
Este plante del 'núcleo duro' haría imposible los nombramientos porque los candidatos necesitan sumar una mayoría reforzada de tres quintos, esto es, doce votos y en estos momentos solo tendrían asegurados los ocho que aglutina el ala progresista, de modo que tendrían que apoyarles también cuatro conservadores.
La semana pasada, en el marco de la toma de posesión del nuevo fiscal general, Lesmes avisó de que no consentiría "un CGPJ en rebeldía" porque la nominación de dos aspirantes al TC es una obligación que la Constitución impone al Consejo.
Apenas 24 horas después, el martes por la noche, los conservadores celebraron una reunión interna para fijar postura. Así, decidieron "defender en todo caso la institucionalidad", lo que implica llegar a "acuerdos debidamente consensuados", según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.
Se abrían de esta forma a pactar los dos candidatos al TC, aunque con algunas condiciones: establecer primero las "reglas del juego" --cómo proceder para la propuesta y la votación-- y respetar "los tiempos de decisión del Consejo".
"DIFÍCIL" LLEGAR EN PLAZO
En el Pleno del pasado jueves, los conservadores ofrecieron este 'modus operandi' a los progresistas y éstos aceptaron, en un debate que se desarrolló con "buen ambiente" pero sin que se hablara de nombres concretos para ocupar dos de los cuatro asientos en juego en la corte de garantías, de acuerdo con las fuentes consultadas.
El principal punto del protocolo alumbrado por el CGPJ es que el Pleno no se volverá a reunir hasta que haya dos candidatos decantados, aunque una vez convocado podrán postularse otros aspirantes.
Este Pleno podrá ser convocado por Lesmes a iniciativa propia o a petición de al menos cinco vocales y, según las normas internas del CGPJ, nada habría impedido que se convocara de cara a este martes, si bien las citadas fuentes ya avisaban de que era "difícil" que ocurriera.
En un primer movimiento desde entonces, conservadores y progresistas han designado esta semana a sus respectivos interlocutores y éstos han acordado celebrar una reunión 'online' a las 9.00 horas del próximo viernes para abordar el debate sobre candidatos, lo que sitúa cualquier acuerdo fuera de plazo.
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