El Gobierno aprueba el derecho al subsidio por desempleo de las empleadas del hogar

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado este martes la aprobación en Consejo de Ministros del decreto que, entre otras medidas, concede a las empleadas del hogar el derecho al subsidio por desempleo. A su juicio, esta iniciativa es la "más importante" puesta en marcha por su departamento en la legislatura, porque, según ha indicado, con ella "España es un país mejor".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha indicado que esta iniciativa "pone en el centro de su actuación pública el bienestar para las que, hasta el día de hoy, han sido las grandes olvidadas" como son "las mujeres trabajadoras más vulnerables" y ha lamentado que se haya tenido que esperar al "primer tercio del siglo XX" para que estas profesionales "conquisten sus derechos en sentido pleno".

De esta forma, ha explicado que, gracias a este decreto, las trabajadoras del hogar no solo acceden a la prestación por desempleo, sino también a "todas las prestaciones asistenciales disponibles hoy en el ordenamiento jurídico laboral", dándoles, por ejemplo, también cobertura en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en caso de insolvencia; o se les incorpora a la prevención de riesgos laborales.

ESTUDIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

En este último punto, la ministra de Trabajo ha explicado que las empleadas del hogar cuentan con "un matiz" que tiene que ver con el hecho de que sus empleadores son familias y, por tanto, "no son ordinarios" sino que tiene "una relación de carácter especial", así como el hecho de que su labor de desempeña en un domicilio.

En este sentido, ha apuntado que también se ha incluido en el texto una disposición adicional para desarrollar el estudio de enfermedades profesionales que, según ha explicado, tendrá sesgo de género para este colectivo.

Díaz también ha destacado que con el nuevo decreto se expulsa del ordenamiento jurídico el desistimiento y se les da a las profesionales "la protección ordinaria en caso de despido", además se incorporan otros derecho como el de información o de formalidad de contratos por escrito. Además, se incluyen medidas para atender la formación.

BONIFICACIÓN A LAS FAMILIAS

Por otra parte, la vicepresidenta segunda ha señalado que la medida puesta en marcha por el Gobierno tiene un carácter "transversal", de manera que también se pone el ojo en las familias manteniendo las bonificaciones y ayudas para ellas, pero poniendo en marha una nueva bonificación a la que tendrán derecho los empleadores y que supone el 80% en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al FOGASA en este Sistema Especial.

Sobre este tema, también ha apuntado que, en el plazo 6 meses y junto al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, formalizará un nuevo reglamento con las nuevas tipologías familiares y requisitos de renta y patrimonio para el despliegue de esta medida.

"NORMA FEMINISTA"

"Esta norma es feminista", ha apuntado la ministra de Trabajo, antes de señalar que el sector del empleo en el hogar está formado "en un 95%" por mujeres.

En su intervención, también ha mostrado su preocupación porque existe una parte de este trabajo que está "altamente envejecida" pues, según ha explicado, 130.000 de las 373.000 empleadas de las que se tiene constancia en España tiene más de 55 años, mientras que tan solo 17.000 son menores de 30 años.

En esta 'fotografía' del sector que ha realizado en su intervención, Díaz también ha destacado que el 44% de las trabajadoras son extranjeras, mientras que en el resto de sectores la media de este colectivo es del 10%, y que las nacionalidades que predominan son colombiana, rumana y hondureña.

Además, ha apuntado que existen una distribución desigual en el territorio, concentrándose en su mayoría en Madrid, en un 27%, a pesar de que, según ha indicado la vicepresidenta, su perfil de población en esta región es del 14%. Díaz ha explicado que esto es consecuencia de que sus jornadas son inferiores a 60 horas y en su mayoría trabajan de forma parcial.