Las víctimas de abusos podrán contactar desde mañana con el Defensor del Pueblo mediante un teléfono gratuito

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presidido este martes la reunión constitutiva de la Comisión Asesora para investigar los abusos sexuales acaecidos en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, según la encomienda del Congreso de los Diputados, y ha anunciado que la atención a las víctimas estará operativa a partir de este miércoles 6 de julio a través del teléfono gratuito 900 111 025, presencialmente o por correo (atencionvictimas@defensordelpueblo.es).

La Comisión Asesora está formada por 20 personas, de las que 17 son externas con experiencia en atención a víctimas, con conocimientos en el ámbito jurídico, en el de los derechos humanos, en victimología o en la docencia. Presidida por el Defensor del Pueblo, también participan en ella la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta segunda, Patricia Bárcena.

Tal y como avanzó Ángel Gabilondo el pasado 20 de junio en el Congreso, la Comisión Asesora tiene entre sus principales objetivos "determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder".

Junto a la Comisión Asesora, se han creado otros dos ámbitos de actuación: un Foro de Asociaciones que será el espacio en el que los representantes de las asociaciones de víctimas que lo deseen aporten su experiencia y posiciones a través de diferentes sesiones de trabajo, y una Unidad de Atención a las Víctimas.

Esta Unidad está compuesta por profesionales con experiencia en este ámbito, cuya labor será atender y escuchar a las víctimas que acudan a exponer su testimonio. Este personal técnico trabajará en una oficina específica en las inmediaciones de las dependencias de la institución Defensor del Pueblo. Además, atenderá las consideraciones de la Comisión Asesora.

En esta línea, la institución ha habilitado en su web (www.defensordelpueblo.es) la sección 'Atención a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica', con información sobre la encomienda recibida y donde se ofrecen, además, los diferentes canales donde las víctimas que lo deseen pueden trasladar sus testimonios.

Las víctimas podrán contactar con los expertos de la Unidad de Atención a las Víctimas a través del teléfono gratuito 900 111 025, o presencialmente, o por correo electrónico (atencionvictimas@defensordelpueblo.es) o por correo postal: Defensor del Pueblo. Calle Zurbano, 42; Código Postal 28010.

El pasado lunes 20 de julio, el Defensor del Pueblo compareció en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo para informar del estado de los trabajos realizados hasta ahora acerca de la encomienda recibida del Congreso de los Diputados.

Durante su intervención, Gabilondo aseguró que la institución va a trabajar "con rigor, con seriedad, con determinación y con responsabilidad". No obstante, precisó que "no es un tribunal" ni se trata de llegar a elaborar una "sentencia".

CATEDRÁTICOS, FISCALES Y PSICOTERAPEUTAS

Entre los expertos que compondrán la Comisión Asesora hay catedráticos como Xabier Arzoz, que también es exletrado del Tribunal Constitucional; expertos en acompañamiento a víctimas de abusos sexuales, como Juan Carlos González; y psicoterapeutas como Araceli Medrano; abogados como Julián Carlos Ríos.

Asimismo, formarán parte de la misma dos fiscales: la fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, María Jesús Raimundo, y la fiscal y letrada de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, María Vilches Fernández.

Además, aunque la Iglesia como institución ha rechazado formar parte de la Comisión Asesora, los obispos han asegurado su colaboración. Igualmente, en el grupo de expertos hay algunas personas relacionadas con la Iglesia como el coordinador del Proyecto 'Repara' del Arzobispado de Madrid, Miguel García-Baró.

Una vez finalizado el trabajo, Ángel Gabilondo presentará el informe con las conclusiones y recomendaciones ante las Cortes Generales y al Gobierno de España a fin de que se adopten las medidas necesarias. Si bien, el Defensor del Pueblo no ha concretado ninguna fecha límite para entregar el informe porque quiere escuchar a todas las víctimas.