Ser interventor es una profesión de alto riesgo si se prestan los servicios en el PP

El pasado siempre vuelve porque viene a dar y quitar razones, a poner cada cosa en su sitio y a “desfacer entuertos” que diría el paisano Alonso Quijano, alias Don Quijote de la Mancha.

Esta vez el pasado ha vuelto y nos hace pensar qué tienen en común Francisco Tomey y Dolores de Cospedal. El guadalajareño y la madrileña parecen no tener nada en común salvo su pertenencia al PP, pero hay algo más que el pasado nos ha venido a recordar.

Ambos han tenido causas abiertas por supuesta corrupción, en ambos casos los hechos se circunscriben a sus cargos políticos y también en ambos casos se archivan los expedientes, con una diferencia de 17 años.

Pero aún hay más, en ambos casos hay un personaje que comparte con ellos el protagonismo del procedimiento, el jurista Adolfo Prego, hermano de la conocida periodista Victoria Prego.

Adolfo Prego, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en "El caso Tomey" 

En 1998 el socialista Jesús Alique denuncia un descuadre de 3.500 millones de pesetas en las cuentas de la Diputación Provincial de Guadalajara, cuando Tomey ejercía de presidente de la institución, además de Senador.

Al reconocer indicios de delito la Fiscal Jefe de Guadalajara, pide el suplicatorio a Congreso y Senado, para que pueda ser encausado por el Tribunal Supremo, único órgano competente para quienes tienen aforamiento.

El magistrado instructor, Adolfo Prego, estudió la denuncia, junto con el informe del Tribunal de Cuentas del Estado, en el que se ponía de manifiesto que  “los presupuestos de la institución no dan una imagen fiel de la realidad contable” y explicaba que la Diputación de Guadalajara había reflejado en el año 1995 deudas pendientes de cobro por un importe de 5.941 millones de pesetas, aunque el Tribunal solo reconocía 1.337 millones, por lo que 4.606 millones responderían a “apuntes ficticios, derechos no reconocidos y errores contables.

Este dictamen llevó a María Ángeles García, fiscal jefe de Guadalajara, a denunciar la ocultación de un déficit de 3.500 millones de pesetas que calificó como una “alteración pertinaz” y no cómo un “error contable”.

Sin embargo había un informe más, elaborado por la Dirección General de Coordinación de las Haciendas Locales, que venía de un cargo político designado por el Partido Popular, en el Gobierno en ese momento.

La Fiscalía del Supremo recomendó el archivo del caso, siguiendo las conclusiones del informe de la Dirección General de Coordinación de las Haciendas Locales e ignorando el informe del Tribunal de Cuentas del Estado, lo mismo que hizo el juez instructor por lo que la causa quedó sobreseída y archivada porque a su entender y “según las diligencias practicadas no se ha cometido delito alguno de falsedad y por tanto no hay responsabilidad penal”, aunque la culpa la cargó el interventor que había fallecido pocos días antes.

Archivo que sorprendió pero que como siempre fue acatada.

Adolfo Prego, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, es recusado por "carecer de imparcialidad objetiva"

Poco después Adolfo Prego, fue nombrado por el Partido Popular vocal del Consejo General del Poder Judicial, cargo que desempeñó durante 7 años para volver de nuevo a ser magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Esta vez firmaba como ponente en la admisión a trámite de la querella por prevaricación presentada por “Manos Limpias” contra el juez Baltasar Garzón, por su investigación sobre los crímenes de Franco.

Pero fue recusado por Garzón tras haberse demostrado su oposición a la Ley de Memoria Histórica y a los procesos iniciados por los familiares de las víctimas de la Guerra Civil, mientras defendía que la contienda no arrancó con el golpe de Estado de Franco en 1936, sino en las revueltas de 1934.

Calificaba esta ley como “una perversión ética y legal” que “corrompe y envenena” que “denigra a los inocentes y pretende que la sociedad recuerde como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales”.

Escribió artículos para la revista de la Hermandad del Valle de los Caidos y firmó el Manifiesto por la Verdad Histórica junto con Federico Jiménez Losantos y es patrono de honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, fundada por Santiago Abascal que en ese momento era militante del PP.

El magistrado es recusado y tras ello, y por primera vez en la historia del Tribunal Supremo, el magistrado pide una excedencia voluntaria para dedicarse a la abogacía, momento que aprovecha María Dolores de Cospedal para designarle abogado en la causa contra Bárcenas y la Caja B del PP.

Adolfo Prego, abogado defensor de Dolores de Cospedal y de Ignacio González

Al igual que había pasado con el caso de Tomey, finalmente el culpable fue Bárcenas porque, según el abogado Prego, Luis Bárcenas “eliminó” y “sustituyó” el disco duro del ordenador “unos días antes” de que llegara a España la comisión rogatoria de Suiza y “coloco” otro disco duro de una “virginidad total”. Incluso haciendo uso del mejor lenguaje “rajoyano” dijo que “El PP no ha destruido pruebas porque eso presupone que en el interior había pruebas y no hay ninguna prueba de que hubiera pruebas”.

Mientras se dictaba la sentencia de la Caja B del PP, el abogado se entretuvo llevando la defensa de la esposa de Ignacio González, en relación al conocido caso del “atico de Marbella”, que como ya se sabe también fue archivado.

Aunque ha sido necesario que pasaran 17 años, sin duda hoy ya vemos con mucha más claridad que fue lo que pasó con el “Caso Tomey” y queda muy claro que ser interventor en el Partido Popular, es llevar todas las papeletas para “cargar con el muerto”.

P. Moratilla