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DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Sociedad

TRIBUNALES: El acusado por el caso de envenenamiento de aves en Gerindote niega su relación

Juicios relevantes, abusos sexuales, agresiones, tráfico de drogas, crímenes...

25.05.2022

Sociedad en Castilla-La Mancha

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25 DE MAYO

El acusado por el caso de envenenamiento de aves en Gerindote niega su relación

El acusado por el caso de envenenamiento masivo de aves rapaces, entre ellas, especies catalogadas en peligro de extinción, ocurrido en la finca 'La Casa Nueva' situada en el término municipal de Gerindote (Toledo) en 2011, ha negado tener cualquier relación con el caso y ser gestor del coto de caza cuando sucedieron los hechos. "Esto no tiene ni pies ni cabeza", ha apuntado a los medios a su entrada a la sala.

En un juicio, que se ha celebrado este miércoles, y donde Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ejercen la acusación popular, el acusado ha asegurado que no era el arrendatario del coto ni titular de la explotación de la caza. Además, afirma que él no tiene ningún contrato con el titular de la finca y que trabaja desde 2003, y lo puede acreditar, en la construcción.

Ha reconocido que en 1999 fue juzgado y absuelto por un caso similar en un momento en el que sí trabajaba en la finca. Sin embargo, ha dicho que a partir de ese momento abandonó "el tema de la caza" y se dedicó a la construcción. "Jamás en mi vida he tenido permiso de armas ni licencia de caza", ha apostillado el acusado.

Ha explicado, asimismo, que tuvo conocimiento de la aparición de aves rapaces muertas cuando imputaron a su padre que, según ha apuntado, al regresar de la residencia de ver a su madre, un agente medioambiental le paró en un camino vecinal y le imputó al encontrarle una hoz.

También ha comentado que la finca 'La Casa Nueva' es de fácil acceso ya que hay caminos vecinales que cruzan a Rielbes y llegan hasta Toledo, al tiempo que ha negado que él estuviera presente en el acta de incautación de los cadáveres de las aves entre agosto y septiembre de 2011. "Desde el 2003 trabajo en la construcción", ha insistido.

En declaraciones a los medios antes de la vista, el procesado ha sentenciado que "no existe caso" y que él no tiene nada que ver con el coto. "No me vincula nada a esta causa", ha aseverado el acusado, quien asegura que los agentes medioambientales lo único que tienen contra él es que en 1999 trabajó en esa finca.

"Esto es una mafia de los ecologistas y toda esta gente y por presiones se ha abierto el juicio, esto no tiene ni pies ni cabeza", ha señalado el acusado, quien ha pedido que si se ha cometido un delito se debería de abrir una investigación "exhaustiva" y coger realmente a quien ha cometido esos delitos.

Condenados a 2 años de cárcel los acusados de agredir en 2019 a dos médicos del Hospital de Tomelloso (Ciudad Real)

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a dos años de cárcel a J.L.R.T. y J.A.R.T., dos hermanos acusados de agredir a dos médicos de urgencias del Hospital de Tomelloso en 2019.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 12 de abril, cuando los acusados acudieron al servicio de urgencias del hospital porque J.L.R.T. presentaba dolor en el hombro tras caerse de una bicicleta.

Tras ser asignado al Doctor A.J.T., médico que se encontraba de guardia en dicho servicio, fue atendido en el triaje de enfermería, dónde se solicitó la realización de una radiografía antes de pasarlo al médico. Una vez practicada la prueba y tras pasar un tiempo sin ser atendidos, comenzaron a gritar e insultar al personal sanitario con frases como "qué hospital de mierda es éste", "uno se muere de dolor y se equivocan o qué" o "todos son unos hijos de puta".

Cuando el doctor les indicó que entraran en la consulta para atenderlos, los acusados siguieron con los insultos hasta que J.L.R.T. se abalanzó sobre él y le cogió del cuello mientras que J.A.R.T. le golpeó en el hombro y le hizo una zancadilla en la pierna hasta que cayó al suelo, tras golpearse con el codo en la mesa. Inmediatamente, J.L.R.T. se colocó encima del doctor agarrándolo por el cuello mientras que su hermano le propinaba patadas en las piernas, en el abdomen y en la zona lumbar.

En ese momento, la Doctora V. comenzó a gritar y a pedir ayuda hasta que finalmente trató de apartar a J.L.R.T. de su compañero y siendo golpeada por el codo en su esternón. Alertados por el ruido y los gritos de la doctora, se personó allí varios miembros del personal sanitario hasta que finalmente llegaron los vigilantes de seguridad, quienes pusieron fin a la agresión. Como consecuencia, el doctor sufrió contusiones y varias heridas por el cuerpo, mientras que la doctora una contractura y un cuadro de ansiedad.

Por estos hechos, la audiencia les condena como autores responsables, criminalmente, de un delito de atentado contra funcionarios públicos sanitarios e impone la pena de prohibición de aproximación a menos de 300 metros de los doctores así como de sus domicilios, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por los mismos durante 5 años e igualmente prohibición de comunicación con ellos por cualquier medio durante el mismo periodo.

Igualmente, condenan a J.L.R.T. como autor responsable criminalmente de un delito leve de lesiones a la pena de dos meses de multa, a razón de una cuota diaria de diez euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, conforme al artículo 53 del Código Penal, y a que indemnice en vía de responsabilidad civil a la doctora V. en la cantidad de 2.350 euros. Ambos deberán indemnizar, conjunta y solidariamente, a A.J.T.B. en 8.279 euros.

24 DE MAYO

El Supremo resolverá este jueves la 'macrodemanda' de Adicae por las cláusulas suelo

El Tribunal Supremo celebra este jueves, 26 de mayo, a las 10.30 horas, su sesión de votación y fallo en la demanda colectiva que interpuso la Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros (Adicae) contra 101 bancos y cajas españolas.

El fallo del Supremo llega después de que la asociación y los consumidores obtuviesen una primera victoria en primera instancia (en el juzgado mercantil 11 de Madrid) que fue posteriormente ratificada en la Audiencia Provincial de Madrid en 2018.

En dicho fallo, la Audiencia aclaró, como pedía Adicae, que deben devolverse todas las cantidades cobradas en aplicación de estos "abusivos" suelos hipotecarios, y no sólo las aplicadas desde 2013, y que dicha devolución se debía realizar al conjunto de consumidores que en España habían sufrido la aplicación de esa cláusula abusiva.

"Pese a que la Justicia ha reiterado en cientos de miles de resoluciones la abusividad de las cláusulas suelo, y a que la propia Ley de Crédito Inmobiliario las prohibiera en 2019, las entidades condenadas han presentado recursos a cada una de las sentencias obtenidas por Adicae en esta acción judicial colectiva con el ánimo de demorar la imprescindible solución global que requiere un abuso de este alcance y características, al tiempo que algunas entidades han seguido incluso aplicando los suelos a los consumidores", denuncia la asociación.

Ahora finalmente será el Tribunal Supremo el que resuelva la denominada 'macrodemanda' de Adicae "en una sentencia de enorme relevancia como acción colectiva en la que se condenó a las entidades a devolver lo indebidamente cobrado a todos los consumidores afectados", concluye la asociación.

Este miércoles se celebra el juicio por envenenamiento de aves rapaces en Gerindote (Toledo) suspendido en enero

Este miércoles se celebra de nuevo en el Juzgado de lo Penal número 1 de Toledo el juicio por un caso de envenenamiento masivo de aves rapaces ocurrido en un coto de caza dedicado al aprovechamiento de liebres con galgo de Gerindote (Toledo), que se suspendió en enero por la incomparecencia de dos testigos.

Según explicó en declaraciones a los medios tras la suspensión de la vista el técnico de Conservación de Especies de WWF España, Carlos Cano, el juicio se pospuso por la incomparecencia de dos peritos del Instituto de Recursos Cinegéticos de Ciudad Real --que hicieron los análisis toxicológicos de los ejemplares muertos-- que habían solicitado las acusaciones particulares en el proceso, es decir WWF, SEO/Birdlife y Ecologistas en Acción.

"Inicialmente no habíamos pedido que comparecieran como peritos porque los informes están en el expediente pero como el informe lo había impugnado la defensa, sí que pedimos que se ratificara", matizó Cano.

A ello unió que la defensa también había solicitado como cuestión previa que WWF, SEO/Birdlife y Ecologistas en Acción no ejercieran como acusación particular al considerar que debía ser acusación popular, cuestión que, según el representante de WWF, tanto la jueza como la Fiscalía rechazaron.

Los hechos ocurrieron en 2011 y se juzga la culpabilidad o no de la única persona acusada actualmente del envenenamiento de rapaces "más grave que ha habido en Castilla-La Mancha", con 60 ejemplares de siete especies distintas, algunos en peligro de extinción, declaró Cano.

LOS HECHOS

Este procedimiento tiene lugar 11 años después de producirse los hechos, que dieron lugar a la suspensión cautelar de la actividad cinegética en el coto por parte de la administración de medio ambiente provincial, señalan desde Ecologistas.

No obstante, la suspensión se mantuvo apenas unos días, volviéndose a permitir casi de inmediato la celebración de una competición de caza con galgos, "suponiendo un riesgo para la recuperación de las poblaciones de aves rapaces de la zona".

Después del largo periodo transcurrido desde la comisión de los hechos, dos de los tres imputados inicialmente ya han fallecido. El único encausado al que se podrá juzgar ahora, y que actuaba como guarda del coto, había sido acusado anteriormente por un caso de envenenamiento y caza de rapaces con búho en la misma finca.

La finca, en el momento de los hechos, estaba dedicada a la caza de liebres de aprovechamiento comercial y en la misma se celebraban campeonatos regularmente.

22 DE MAYO

Piden ocho años de cárcel para una acusada de vender cocaína en un club de Talavera de la Reina

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar este miércoles, 25 de mayo, a la acusada M.A.C.B., para la que el Ministerio Público pide ocho años de cárcel por vender cocaína en el club 'Los Ángeles' de Talavera de la Reina por lo que la considera responsable de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 20 de diciembre de 2017 cuando la procesada fue sorprendida por agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando vendía por 30 euros una papelina de cocaína a C.C.P., tirando la misma al suelo, a la vez que hacía entrega de 10 euros al comprador, al haberle entregado éste dos billetes de 20 euros cada uno.

El fiscal apunta que la papelina contenía 0,34 gramos de cocaína, con una riqueza media de 77,58% y con un valor en el mercado ilícito de la droga de 38.99 euros.

Igualmente, apunta que se intervinieron dentro del club 210 euros procedentes de la venta de sustancias estupefacientes, un machete de grandes dimensiones y un carné de conducir a nombre de R.S.S.T.

El Ministerio Público apunta que la pena de prisión para la acusada, de origen colombiano, deberá sustituirse por su expulsión del territorio nacional durante 10 años al amparo de lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal.

Un hombre se enfrenta a 10 años de prisión acusado de abusar sexualmente del hijo de acogida de sus amigos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este lunes, 23 de mayo, a J.D.F.M., para quien la Fiscalía pide 10 años de prisión, tras ser acusado de abusar sexualmente del hijo de acogida de sus amigos, de ocho años de edad.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar en el invierno de 2012, cuando el procesado fue a casa de sus amigos, padres de acogida del menor, A.

Como venía siendo habitual, el acusado se acostó en la cama con A para echarse la siesta o jugar con su teléfono móvil, sin embargo, en esta ocasión, el acusado comenzó a realizar tocamientos al menor, llegando a practicarle una felación mientras el chico se hacía el dormido.

Tras lo sucedido, la víctima se negó a volver a dormir con el acusado y comenzó a mostrar un comportamiento distante con sus nuevos padres de acogida, rechazando besos y abrazos. Finalmente, el 25 de agosto de 2017 le contó lo sucedido a sus nuevos padres acogedores, que
interpusieron una denuncia.

Unos hechos que el Ministerio Fiscal considera que son constitutivos de un delito de abuso sexual a menor con acceso carnal por el que piden 10 años de prisión, otros 10 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 1.000 metros durante 12 años.

Asimismo, se solicita su inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión que requiera contacto con menores durante seis años y, además, deberá indemnizar a A. en la cantidad de 3.000 euros por los perjuicios morales causados.

21 DE MAYO

Piden 3 años de prisión para acusado de abusar sexualmente de una mujer con discapacidad intelectual en Albacete

El Juzgado de lo Penal número dos de Albacete tiene previsto juzgar el próximo miércoles, 25 de mayo, a A.G.L., para quien el Ministerio Fiscal pide tres años de prisión, tras ser acusado de abusar sexualmente de una mujer con discapacidad intelectual.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar sobre las 19.30 horas del 16 de marzo de 2019, cuando el acusado, A.G.L., se acercó a B., una mujer a la que ya conocía y que padece una discapacidad intelectual del 65 por ciento, ofreciéndole 100 euros a cambio de masturbarle.

Tras aceptar B. la propuesta del procesado, ambos se citaron junto al Museo Provincial, en el interior del parque Abelardo Sánchez, donde la mujer masturbó a A.G.L.

Hechos que la Fiscalía considera que son constitutivos de un delito de abuso sexual por el que piden tres años de prisión, así como la prohibición de acercarse a B. a menos de 500 metros durante cinco años. Asimismo, el acusado deberá indemnizar a la víctima en la cantidad de 3.000 euros.

Piden 6 años de prisión para un acusado de abusar sexualmente de una menor a la que ofreció dinero

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar el próximo martes, 24 de mayo, a S.M.S., quien se enfrenta a seis años de prisión, tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años, a la que ofreció dinero a cambio de poder tocarle el pecho, insistiéndole igualmente para que le masturbara.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar en el año 2016, durante una comida en el domicilio de la madre de la menor, identificada como A. En un momento dado, le pidieron a la joven que fuera a realizar unas compras, ofreciéndose el acusado a llevarla con el coche para que no fuera sola.

Una vez en el vehículo, S.M.S. comenzó a hacerle comentarios obscenos, preguntándole si se depilaba los genitales, si le había visto el pene a un hombre o si se masturbaba.

Tiempo después, en agosto de 2018, durante otra cena familiar, volvieron a encargar a la menor que fuera a compara hielos, ofreciéndose de nuevo el acusado a acompañarla. Igual que ocurrió la vez anterior, S.M.S. comenzó a incomodar a la menor en el vehículo, pidiéndole que le dejara tocarle el pecho, llegando a ofrecerle 20 euros. 'Te doy todo lo que he ganado, todo lo que quieras te doy', aseguraba.

Tras insistirle, le dijo que iba a masturbarse y que en un rato volvía, proponiéndole a la menor que le masturbara o que mantuvieran relaciones sexuales.

Hechos que el Ministerio Fiscal considera que son constitutivos de un delito de corrupción de menores, por el que piden tres años de prisión, seis años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 1.000 metros durante siete años y la inhabilitación para el ejercicio de cualquier trabajo que requiera contacto con menores durante seis años.

Asimismo, por el delito de abusos sexuales a menor de 16 años, la Fiscalía solicita tres años de prisión, cinco años de libertad vigilada y una orden de alejamiento de 1.000 metros respecto de la denunciante durante siete años.

TSJCM condena de nuevo a la Junta a indemnizar a CCOO por vulnerar el derecho fundamental de huelga en Geacam

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha condenado una vez más a la Consejería de Desarrollo Sostenible por vulnerar el Derecho Fundamental de huelga en la empresa pública Geacam y ha impuesto al Gobierno regional el pago de las costas judiciales y el abono de una indemnización a la Federación de Industria de CCOO Castilla-La Mancha.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM ha atendido así el recurso del sindicato contra la resolución mediante la que Desarrollo Sostenible estableció los servicios mínimos a prestar por la plantilla de Geacam durante las dos jornadas de huelga convocada por CCOO los días 6 y 7 de agosto de 2021.

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, la sentencia reproduce esencialmente la emitida hace poco más de un mes por la misma Sala respecto a los servicios mínimos impuestos por la Administración ante los paros parciales convocados por CCOO los días 23, 24, 30 y 31 de julio de 2021.

De hecho, así lo recalca el Tribunal al destacar como primer fundamento de derecho la existencia de "antecedente inmediato de este Tribunal en un caso idéntico". "Así se desprende tanto de las resoluciones impugnadas como del contenido de los escritos de alegaciones. Iguales incluso gramaticalmente, la diferencia observada viene referida a los días para los que estaba convocada la huelga". En consecuencia, añade el Tribunal, "por razones de lógica coherencia jurídica nos remitimos a lo dicho en la anterior sentencia".

CCOO-Industria se remite igualmente a la valoración que realizó de la sentencia inicial, asegurando que el sindicato trata siempre de defender los derechos e intereses de todos los trabajadores en todos los ámbitos, en las mesas de negociación, en la calle o en los tribunales de justicia.

"La Justicia nos da una y otra vez la razón y condena una y otra vez a la Junta por los mismos hechos", ha explicado el sindicato, que ha recordado que contra esta nueva sentencia condenatoria le cabe al Gobierno de Castilla-La Mancha recurrir en casación al Supremo, aunque no recurrió la anterior y CCOO augura que "tampoco recurrirá ésta, porque sabe a ciencia cierta que, amén de perder el recurso, haría el ridículo".

"Lo triste -es que a nuestro Gobierno no le importe imponer servicios mínimos abusivos e injustificados una y otra y otra vez. Resulta desolador, y muy preocupante, que a nuestro Gobierno no le importe incurrir una y otra vez en vulneración de un Derecho Fundamental", ha concluido.

La Fiscalía recurre la libertad vigilada de los menores de Burjassot y pide su internamiento

La Fiscalía ha recurrido este viernes la libertad vigilada con alejamiento para los menores que fueron detenidos por su presunta implicación en las agresiones sexuales de dos niñas en la localidad valenciana de Burjassot (Valencia) y ha solicitado su internamiento "por considerar esta medida más adecuada a los hechos".

De esta forma, el ministerio público solicita de nuevo el internamiento de los menores, como ya había solicitado este jueves. No obstante, el juez acordó libertad vigilada con alejamiento para todos los detenidos.

En concreto, la Fiscalía había pedido este jueves el internamiento en régimen cerrado para cuatro de los menores detenidos por su presunta implicación en los hechos y había solicitado para el quinto arrestado, igualmente menor de edad, libertad vigilada con alejamiento.

Los cinco menores arrestados, de entre 15 y 17 años, pasaron este jueves a disposición de la Fiscalía de Menores. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de mayo en una casa abandonada de la localidad valenciana. En este caso se investiga una violación grupal a una menor de 12 años y otra individual a una niña de la misma edad.

Las pesquisas --análisis de datos y declaraciones de las víctimas-- llevaron a los agentes a arrestar este miércoles por la tarde a cinco menores de edad presuntamente relacionados con los hechos. Las niñas supuestamente habían quedado con los arrestados, a los que no conocían, a través de Instagram.

20 DE MAYO

Justicia acuerda con las CCAA, salvo Castilla y León, un protocolo para atender a víctimas de violencia de género

El Ministerio de Justicia ha elaborado un protocolo de atención para víctimas de violencia de género que no hayan denunciado o no hayan ratificado su denuncia en sede judicial, y al que se han sumado todas las comunidades y ciudades autónomas que no tienen las competencias transferidas, a excepción de Castilla y León.

Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla se han unido a este protocolo, cuyo objetivo es "permitir una derivación ágil y directa de las víctimas" entre las Oficinas de Asistencia y los servicios sociales autonómicos para la atención, asistencia y protección de las víctimas en base a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Derivar a las víctimas de violencia de género implicará que puedan ser atendidas por las Oficinas de Asistencia aunque no hayan denunciado o no hayan ratificado su denuncia en sede judicial.

Para el Ministerio que dirige Pilar Llop, este protocolo permitirá a las víctimas atendidas en las Oficinas de Asistencia que no quieran denunciar, ser derivadas a los servicios autonómicos, "de modo que puedan ejercer plenamente sus derechos en ellos y acceder a sus recursos disponibles", señala.

Además, las víctimas que hayan sido atendidas por los servicios especializados de las comunidades o ciudades autónomas y deseen presentar una denuncia o ser asistidas jurídicamente durante el proceso judicial, podrán ser derivadas a las Oficinas de Asistencia.

Justicia recuerda que las 16 Oficinas de Asistencia a las Víctimas (OAV) funcionan como servicio público y fueron abiertas para proteger los derechos de las afectadas de forma gratuita y confidencial, según las necesidades concretas de cada una.

"Para poder ofrecer un servicio integral que evite o minimice en lo posible la victimización, se requiere la plena coordinación de las OAV con órganos o entidades con similares funciones de protección y asistencia a las víctimas, mediante la formalización de convenios de colaboración y protocolos" como este.

La enfermera que entró en el historial de su 'ex' elude prisión por enajenación mental y ansiedad sufrida en la pandemia

La enfermera acusada de un delito de descubrimiento de secretos, por entrar en varias ocasiones en el historial médico de su exmarido sin su permiso, eludirá finalmente la prisión al haber llegado las partes a un acuerdo, y al aplicársele la atenuante de enajenación mental, según se ha hecho público este viernes en una vista de conformidad en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

M.P.R.B. se enfrentaba a una petición por parte de la Fiscalía de 4 años de prisión y 7 de inhabilitación absoluta. Finalmente, el ministerio público ha aplicado la atenuante de enajenación mental, ya que considera acreditado que la mujer sufrió una situación de "extrema ansiedad" desde agosto de 2020 durante momentos complicados de la pandemia de Covid debido a su condición de profesional sanitaria, que se agravó con su separación matrimonial y que afectaba a su forma de actuar.

Por ello, ha modificado su petición de penas, rebajando la de prisión a 2 años, suprimiendo la pena de inhabilitación, y reduciendo la multa de 5.940 a 1.080 euros.

Asimismo, todas las partes han acordado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, de manera que la acusada no tendrá que ingresar en un centro penitenciario, ya que no tiene antecedentes y no se reclama indemnización. Todo ello, con la condición de que no delinca durante 2 años.

Según el escrito de acusación pública, la procesada trabajaba como enfermera pediátrica en el área sanitaria de Vigo y accedió al historial de su exmarido en al menos siete ocasiones, entre el 19 de noviembre de 2020 y el 19 de enero de 2021.

Estos accesos a su historial los hizo usando su nombre de usuario y su clave interna, sin que el perjudicado le hubiera dado autorización y sin que mediaran motivos asistenciales.

Condenado a dos años por tocamientos a una joven "aprovechando que estaba dormida" en su cuarto

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha condenado a un varón de 29 años a dos años de cárcel, por un delito de abusos sexuales cometido sobre una joven a la que hizo "tocamientos en los pechos, glúteos y genitales aprovechando que se encontraba dormida" en la cama de su dormitorio, junto a un amigo al que la víctima estaba abrazada en el momento de los hechos.

En una sentencia emitida el pasado 26 de abril y recogida por Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia, con un tribunal del que forma parte la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos, declara probado, por conformidad del acusado, que los hechos acontecieron la noche del 15 de octubre del año 2020.

Según se declara probado, la víctima de los hechos compartía un piso en Sevilla capital "junto con otras chicas e invitó a un amigo suyo y al acusado", identificado como Carlos T.F.D.L.G.L., de 29 años de edad actualmente y sin antecedentes penales, toda vez que la víctima de los hechos había conocido "esa misma noche" al encartado.

INTENTÓ BESARLA EN VARIAS OCASIONES

La sentencia declara probado que los jóvenes "estuvieron bebiendo" en el domicilio de la víctima, contexto en el que el acusado "intentó en varias ocasiones besarla, esquivándolo ésta, a la que en un momento determinado llegó a tocarle el culo, siendo recriminado por ella".

Ya sobre las 3 horas de la madrugada, según la sentencia, la víctima de los hechos fue a "acostarse con su amigo en el dormitorio", momento en el que el acusado, que en ese momento se hallaba en él, "se marchó a dormir al salón".

"APROVECHANDO QUE ESTABA DORMIDA"

"Avanzada la madrugada, el acusado se dirigió de nuevo al dormitorio donde estaban ella y su amigo, encontrando a ésta desnuda y abrazada a aquél, procediendo en ese momento a tumbarse a su lado y con evidente ánimo libidinoso, aprovechando que se encontraba dormida, la abrazó y le hizo objeto de tocamientos en los pechos, glúteos y genitales, hasta el punto de llegar a introducirle dos dedos en la vagina, sin que ella hubiera consentido tal conducta, la cual cesó cuando al darse cuenta de lo que estaba pasando, apartó al acusado y le arrojó una botella de agua, marchándose éste del dormitorio"; declara probado la sentencia, detallando que en el momento de los hechos, el encartado "se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas" y, de otro lado, ha consignado 4.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Dado el caso, la Sección Séptima de la Audiencia le condena a dos años de prisión, más tres años de libertad vigilada tras cumplir la pena de cárcel, por un delito de abuso sexual con las atenuantes de embriaguez y de reparación del daño. Además, se le impone una indemnización de 3.000 euros en favor de la víctima.

19 DE MAYO

La jueza inadmite la denuncia contra Casado y García Egea por revelación de secretos del hermano de Ayuso

La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha acordado inadmitir a trámite la denuncia presentada contra el exlíder del PP Pablo Casado y Teodoro García Egea por un delito de revelación de secretos en el caso del contrato del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

La decisión de la magistrada Inmaculada Iglesias se produce después de que el fiscal del caso solicitara su archivo al considerar que supone "un ejercicio de hipótesis y elucubraciones" a raíz de declaraciones realizadas en los medios de comunicación.

En la misma línea que el fiscal, la jueza esgrime en un auto dictado el pasado 18 de mayo que el denunciante, sobre la base de informaciones periodísticas, "pretende que se inicie una investigación penal para corroborar lo que en principio son meras sospechas o hipótesis".

"No se aportan con la denuncia indicios o datos objetivos de la realidad de los hechos que imputa, limitándose a reproducir titulares de noticias", subraya la magistrada.

En un escrito, el fiscal solicitó a la juez que no se admitiera a trámite y que se archivara la denuncia interpuesta por el abogado Esteban Gómez Rovira, quien se querelló contra los exdirigentes del PP por manejar supuestamente datos fiscales y bancarios de Tomás Díaz Ayuso, algo que consideraba incurría en un delito de revelación de secretos.

Para el fiscal, la denuncia es "un ejercicio de hipótesis y elucubraciones" a raíz de las declaraciones realizadas por ambos políticos en los medios de comunicación.

En su opinión, a través de dichas manifestaciones el denunciante llega a una conclusión "carente de apoyo" o corroboración en hechos acreditados de cara a solicitar una diligencias de investigación "a los fines de corroborar sus sospechas, lo que resulta no ajustado a Derecho y debe conllevar su archivo".

Según alegaba el denunciante, ambos exdirigentes del PP podrían haber incurrido en el citado delito a raíz de una entrevista radiofónica en la que Casado se refirió a un comportamiento "no ejemplar" por parte de Tomás Díaz Ayuso por el cobro de 300.000 euros como consecuencia de un contrato que celebró con la Comunidad de Madrid.

Del mismo modo, cita a García Egea porque en una comparecencia ante los medios de información realizó unas declaraciones sobre un supuesto cobro de comisiones relativo a dicho contrato, en beneficio al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

18 DE MAYO

El TSJCV ordena retrasar hasta la puesta de sol el examen de oposición a una aspirante por sus creencias religiosas

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado la medida cautelar solicitada por una opositora a plazas de médico especialista en oftalmología y ha acordado que la Consejería de Sanidad le retrase unas horas el examen hasta la puesta de sol del mismo sábado en que está convocado --el próximo 28 de mayo-- en virtud de sus convicciones religiosas como miembro de la Iglesia Adventista Séptimo Día.

De esta forma, el órgano judicial estima el recurso que interpuso la aspirante ante la negativa del subdirector de Recursos Humanos que informaba de la imposibilidad de modificar esa prueba de la oposición, fijada inicialmente para el sábado a las 12.00 horas.

La recurrente, por su parte, manifestó su disposición a realizar a prueba cualquier otro día --ya que los miembros de esta iglesia no pueden efectuar actividad económica ni laboral en sábado al considerarlo el día de culto y oración-- o esa misma jornada pero una vez pasada la puesta de sol.

En su auto, facilitado este miércoles por el alto tribunal valenciano, la sala aplica jurisprudencia del Supremo y de otros tribunales superiores de justicia sobre casos similares y, tras analizar los intereses en conflicto, concluye que no acceder a la pretensión de la recurrente la obligaría a verse "constreñida a optar entre la fidelidad a sus convicciones religiosas y la oportunidad de ingreso en la administración que le brinda el proceso selectivo".

Los magistrados aplican a este caso el artículo 12.3 de la Ley 24/1992 por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, que prevé que los exámenes, oposiciones o pruebas selectivas convocadas para el ingreso en las Administraciones Públicas puedan ser señalados en una fecha alternativa para los fieles de dichas iglesias "cuando no haya causa motivada que lo impida".

SÁBADO RELIGIOSO

De este modo, aceptan la medida cautelar solicitada y establece que la Administración le realice la prueba "en horario no coincidente con el sábado religioso", es decir, el mismo día de la convocatoria, pero a partir de la puesta de sol.

Para ello, la aspirante se deberá presentar en el lugar de la prueba en el día y hora del llamamiento general (28 de mayo a las 12 horas) provista de su DNI, y una vez identificada se mantendrá "incomunicada en una sala hasta que, a la hora oficial de la puesta del sol, pueda comenzar la realización de su examen de igual contenido y duración que el resto de los aspirantes".

La resolución, fechada el 17 de mayo, no es firme y contra ella cabe recurso de reposición ante la propia sala en un plazo de cinco días desde su notificación.

La Fiscalía pide 3 años de cárcel por gritar "muerte a los judíos" en un acto de Democracia Nacional en Barcelona

La Fiscalía ha pedido condenar a un hombre a tres años de prisión por un presunto delito de odio al gritar "muerte a los judíos" durante una protesta en Barcelona que convocó Democracia Nacional por el Día de la Hispanidad en 2021.

El escrito de acusación, consultado por Europa Press, expone que el hombre, "movido por su animadversión a los judíos y a su nación Israel, comenzó a proferir de forma reiterada y a viva voz cánticos antisemitas que instigaban de forma clara y nítida a despertar entre los asistentes sentimientos de violencia, odio u hostilidad" contra los judíos.

El fiscal recoge en su escrito que el acusado también gritó "mata judíos" y "muerte a Israel", y que otros manifestantes se sumaron a los cánticos.

Además de los tres años de cárcel, el fiscal ha pedido multarle con 3.600 euros y, al acusarle de un presunto delito de odio, inhabilitarle para trabajar como profesor, entrenador o monitor de tiempo libre durante 5 años después de cumplir la pena de prisión.

Ocurrió el 12 de octubre de 2021 en una manifestación que empezó a las 11 horas, reunió a entre 180 y 250 personas, y se desplazó entre la plaza Espanya y la plaza Sant Jordi, en Montjuïc.

El fiscal añade que ese día otros manifestantes también gritaron: "fuera rojos", "Hitler", "viva Francisco Franco", "menas no", "dónde están los separatas" y "Josué Libertad", en referencia al condenado por asesinato con agravante de odio ideológico por matar en Madrid al antifascista Carlos Palomino.

Imputan homicidio consumado al presunto autor del crimen machista de Nohales, para quien decretan prisión

El responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cuenca (competente en materia de violencia de género) ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para C.B.R, presunto autor del crimen por violencia de género ocurrido en la pedanía de Nohales el 4 de abril. Se le imputa de forma provisional un delito de homicidio consumado, otro de quebrantamiento de medida cautelar y un tercero de homicidio en grado de tentativa.

C.B.R., de 48 años, fue detenido el pasado 4 de abril por su relación con la muerte de su expareja, V.C.A.S., de 46 años, en la pedanía conquense y este miércoles ha pasado a disposición judicial

El detenido ha sido conducido hasta sede judicial tras recibir el alta médica en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, donde permanecía ingresado desde la fecha de los hechos.

El responsable del Juzgado le ha tomado declaración y ha decretado para C.B.R. prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le imputa de forma provisional como presunto autor de un delito de homicidio consumado y de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Asimismo, se le imputa también como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el presunto acometimiento de una tercera persona que se encontraba presente en el momento de los hechos.

En este presunto caso de violencia de género existía denuncia previa por malos tratos, que dio lugar en noviembre de 2021 a la apertura de Diligencias Previas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Cuenca.

El procedimiento estaba en trámite y con una orden de protección para la víctima en vigor. El procedimiento judicial abierto por los hechos ocurridos el 4 de abril sigue instruyéndose en sede judicial.

LOS HECHOS

La pareja tenía dos hijos menores de 14 y 8 años de edad, respectivamente. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cuenca decretó secreto de sumario por este caso.

Los hechos ocurrían el pasado 4 de abril, cuando, presuntamente, un hombre agredía a su expareja con un arma blanca, causándole la muerte, así como heridas a otro hombre. Los hechos fueron confirmados por la Guardia Civil como un caso de violencia de género.

La fallecida era una mujer conquense de 46 años de edad y que contaba con una orden de protección en vigor, cuyo cumplimento vigilaba el Cuerpo Nacional de Policía, ya que se encontraba domiciliada en la capital conquense.

Por su parte, el detenido, con domicilio y nacido en Cuenca, presentaba lesiones autoinfligidas por arma blanca que, según la Benemérita, se causó ante la llegada de los agentes.

Bélgica rechaza extraditar a Valtònyc a España tras repetir el juicio

El Tribunal de Apelación de Gante (Bélgica) ha rechazado este martes que el rapero balear Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, sea entregado a las autoridades españolas por un delito de injurias a la corona, en un fallo que reproduce la decisión ya fallada en un primer juicio pero que el Tribunal de Casación belga obligó a repetir.

Aunque cabía un nuevo recurso ante Casación, la Fiscalía belga da por agotado el proceso y no recurrirá la sentencia, han confirmado fuentes judiciales a Europa Press. Esto supone el punto y final al periplo judicial del cantante que era reclamado por España por su condena por injurias a la corona, amenazas y enaltecimiento de terrorismo.

"El tribunal de Apelación ha establecido por segunda vez que los insultos al monarca de España no son un crimen en Bélgica. La decisión de no extraditar se ha vuelto a confirmar en Gante, pese al fallo de Casación de Bruselas", ha informado el abogado del cantante, Simon Bekaert, tras una vista que ha durado solo unos minutos y en la que el tribunal ha comunicado su sentencia.

Con una nueva composición, el tribunal analizó si la ley belga es aplicable al delito de injurias a la Corona, como ordenó Casación, que no estimó el recurso sobre rechazar la entrega por el delito de amenazas y el enaltecimiento de terrorismo como solicita España.

"Casación no dijo que tuviera que extraditar, sino examinar si los hechos son imputables a un crimen normal de injurias. Ahora el tribunal ha evaluado esto en más detalle y ha decidido que esta hipótesis tampoco es un crimen", ha explicado Bekaert a los periodistas congregados en Gante.

PERIPLO JUDICIAL EN BÉLGICA

"Hoy era un día duro porque no sabíamos que podía pasar, decidimos venir aquí por un tema de derechos fundamentales y al final, ya está", ha asegurado el cantante, visiblemente emocionado en declaraciones a la prensa.

Tras el fallo de la justicia belga, Valtònyc se ha presentado como un luchador por la libertad de expresión y ha indicado que ahora "es el momento de hacer política". "Es el momento de reivindicar que toda la gente que ha sufrido esto en España lo deje de sufrir, que Pablo Hasel salga de la cárcel y seguir haciendo militancia política".

El rapero huyó en 2018 a Bélgica para evitar el ingreso en prisión en España en donde fue condenado a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona, tras lo que las autoridades españolas dictaron una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

El proceso judicial se prolonga desde 2019 cuando la entrega del mallorquín fue rechazada por un juzgado de primera instancia belga, una decisión que el Tribunal de Gante confirmó en diciembre del pasado año.

Sin embargo, en enero de este año el Tribunal de Casación ordenó reexaminar la cuestión de los insultos al monarca, uno de los delitos por los que las autoridades españolas reclamaban la entrega del cantante balear, condenado además en España por amenazas y enaltecimiento del terrorismo.

Valtònyc fue detenido hace una década por el contenido de las letras de algunas de sus canciones y condenado en 2017 por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas.

En su sentencia, la Audiencia Nacional estimó que algunos de los temas comprendidos en sus discos tienen un "indudable contenido laudatorio" de las organizaciones terroristas ETA y GRAPO, que justifican e incitan a la reiteración de las acciones violentas.

17 DE MAYO

La AN condena a dos personas por una estafa millonaria a ayuntamientos, entre ellos el de Albacete

La Audiencia Nacional ha condenado a un hombre y a una mujer por participar en una organización criminal que estafó a 55 administraciones públicas, entre ellas a numerosos ayuntamientos (entre ellos el de Albacete), así como a hospitales, universidades, consorcios u organismos en la Comunidad de Madrid, el País Vasco o Navarra, al hacerse pasar por proveedores habituales que no habían cobrado algún servicio. El daño total a las arcas del Estado asciende a dos millones de euros.

En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Nacional sitúa en 79 las entidades públicas que fueron contactadas por esta organización criminal, de las que 21 al final no llegaron a pagar, si bien 55 administraciones sí desembolsaron 5.690.772 euros a los estafadores, aunque una parte de esa cantidad fue bloqueada por los bancos, por lo que 22 de las víctimas lograron recuperar el dinero y nueve pudieron reintegrarse una parte.

La Sala de lo Penal ha declarado probado que ambos acusados empleaban documentos falsos para ganar dinero a través de estafas tanto a entidades públicas como a particulares. Esas falsificaciones eran la "piedra angular" que les permitía mover el dinero y algunos de los investigados manejaban "decenas" de documentos de identidad de varios países, "cuya detección por parte de las entidades bancarias es prácticamente imposible", indica la Audiencia.

La sentencia fija 5 años y 2 años y medio de cárcel para el hombre y la mujer, respectivamente, por los delitos continuados de estafa y falsedad, y por el de pertenencia a organización criminal, con las atenuantes de reconocimiento de los hechos y, en el caso de la mujer, de reparación del daño, más multas de 990 y 540 euros, después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en el juicio.

Del mismo modo señala que deberán indemnizar, con miles de euros y más intereses, a los ayuntamientos de Almería, Albacete, Bilbao, Espinar, Gandía, Olot, Portugalete, Sanxenxo, Zarauz, Parets del Vallés, Castellón, Amorebieta-Etxanoko Udala, Arganda el Rey, Caldas de Malavella, Castelldefels, Santa Cruz de Bezana, Valdilecha, Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de la Barca o Alaurín de la Torre.

Entre los afectados también están el Gobierno de Navarra por el Servicio Navarro de Salud (36.629 euros); el Instituto Foral de Asistencia Social; el Servicio Vasco de Salud (35.000 euros); las diputaciones de Castellón (58.790 euros) y Barcelona (266.081 euros); el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (60.000 euros); las universidades de La Laguna y de Santiago de Compostela; Aguas de Bilbao y Aguas de Murcia, o el Hospital Clínic de Barcelona.

Mientras que entre las entidades que consiguieron bloquear sus pagos se encuentran, entre otras, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña o el Canal de Isabel II.

'MULAS' O TESTAFERROS

Al hombre condenado se le atribuye haber contribuido a abrir 47 cuentas bancarias con 16 identidades distintas durante cinco meses, entre noviembre de 2016 y marzo de 2017. Por su parte, la mujer es considerada responsable de crear 14 cuentas con cinco identidades. La organización contaba con 'mulas' o testaferros que consentían que su cara o sus nombres figurasen en la documentación falsificada.

Para llevar a cabo sus planes, los acusados elaboraban documentos de identidad y personales, como de empadronamiento o contratos de trabajo, que utilizaban para abrir cientos de cuentas bancarias en diferentes entidades y países, donde recibían las transferencias de dinero por parte de las víctimas de la estafa, antes de moverlo a lugares como Rumanía, Alemania, Hungría, Italia o Polonia. En estos países era donde sacaban en metálico el dinero que habían estafado.

En el relato de hechos probados, la magistrada Ana María Rubio distingue entre el método que utilizaban para estafar a las administraciones públicas y el usado para engañar a personas particulares, una actividad que se remonta "al menos" al verano de 2016. Además, la ponente divide la estructura organizativa en varios departamento: planificación, informática, falsificación y logística.

A la hora de tratar con entidades públicas, la organización criminal estudiaba previamente los contratos con proveedores y empresas prestadoras de servicios. Una vez que accedían a facturas y pedidos, el siguiente paso consistía en suplantar a compañías que tenían algún cobro pendiente y llamaban o escribían por correo electrónico a las administraciones, avisando de que habían cambiado el número de cuenta en el que habían de saldar el pago.

Esta forma de obrar incluía un "sistema de verificación y control", a partir del cual los estafadores hacían llegar a sus víctimas documentos "con información no verdadera" que daban cuenta del cambio del número de cuenta, para así disfrazar el engaño.

Las administraciones públicas que cayeron en la trampa no llegaron a sospechar al recibir la documentación sobre los cambios en las cuentas bancarias. "A través de esta modalidad se ha intentado múltiples engaños, y se han llegado a materializar otros muchos a numerosas entidades públicas", señala la Sala de lo Penal.

ESTAFAS A PARTICULARES

A renglón seguido, los magistrados consideran acreditado que cuando la organización se proponía estafar a personas particulares, elegían internet como plataforma y actuaban con distintos tipos de estafa, como el 'phising' bancario, engaños en la compraventa de bienes y servicios o con alquileres temporales o turísticos, "quizá la más utilizada" y de una manera más activa a lo largo del verano.

El 'phising' se trata de enviar un enlace al correo o al teléfono móvil de la víctima simulando que quien lo envía es un banco, pero cuando el receptor accede e introduce sus claves personales, los estafadores las copian y proceden a transferirse, a robar dinero.

Ya sean personas físicas o jurídicas, hay 705 afectados particulares en España y el dinero total estafado es de 1.183.642 euros. 426 víctimas están identificadas y 365 ya han denunciado.

16 DE MAYO

Este martes juzgan a cuatro médicos acusados de estafa y falsedad documental por hacer recetas fraudulentas

El Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete juzgará este martes, 17 de mayo, a cuatro médicos de Urgencias de centros sanitarios ubicados en distintas localidades albaceteñas acusados de delitos de estafa, falsedad documental de documento oficial y grupo criminal por haber realizado recetas de manera irregular por un importe aproximado de 35.500 euros en total de julio de 2012 a julio de 2015.

Tal y como refleja el escrito de acusación, recogido por Europa Presss, la Fiscalía pide penas para cada uno de los facultativos --J.F.G.R, F.G.V, L.E.N-- de 6 años y 7 meses de prisión y para la cuarta sanitaria --A.C.S-- una pena de 7 años.

Asimismo, serán juzgados L.J.T y J.M.L.T, gerentes de dos farmacias, por los delitos de falsedad en documento oficial, estafa y grupo criminal y el fiscal pide para cada uno una pena de 6 años y 7 meses.

De igual modo, J.A.G.R, gerente de un laboratorio y esposo de la facultativa A.C.S, también será juzgado por estos tres delitos y la pena solicitada por la Fiscalía es de 6 años y 7 meses.

Según el escrito del fiscal, J.F.G.R extendió recetas por importe de 18.571 euros; F.G.V por importe de 2.889,05 euros; L.E.N por importe de 3.839,98 euros y A.C.S por importe de 28.701,11.

Fruto de la labor de la Inspección de Servicios Sanitarios de Albacete, se vino en conocimiento "de una serie de irregularidades que en el desempeño de su profesión como médicos podrían estar llevando a cabo".

Las irregularidades que la Inspección de Farmacia pudo apreciar no afectaban tan sólo a los referidos doctores sino a tres oficinas de farmacia sitas en la ciudad de Albacete, y por tanto, no correspondientes al área geográfica en el que los médicos citados trabajaban.

De las tres farmacias afectadas, dos estaban regentadas por J.M.L.T y L.J.T, respectivamente, mientras que la tercera de ellas la regentaba E.B.C, que falleció en diciembre de 2015 y era esposo de L.J.T.

Asimismo, se dispensaron dos medicamentos del laboratorio CHIESI ESPAÑA S.A.U, del que era representante J.A.G.R, a su vez esposo de la facultativa A.C.S.

La Fiscalía señala, que "todos ellos por el ánimo de obtener un lucro ilícito, se concertaron para ello, diseñando un plan consistente en la extensión de recetas por estos facultativos a diversos personas, aprovechando, en unas ocasiones la facilidad que le proporcionaba conocer los datos de los respectivos pacientes; otras utilizando los datos que entre sí se intercambiaban, y en otras ocasiones dichos datos eran facilitados por las respectivos titulares de las farmacias antes referidas, de los que eran conocedores por ser clientes de sus respectivas oficinas".

En la mayoría de las ocasiones, según el fiscal, "no constaba la fecha en la que se efectuaba la prescripción correspondiente ni que se hubiera atendido médicamente al paciente por sus respectivos doctores, o en otras ocasiones, no constaba en su historial médico que la medicación recetada falazmente les hubiera sido prescrita, no correspondiéndose tampoco con el tratamiento adecuado a las respectivas patología".

OTROS ACUSADOS

Otro acusado, M.M.S, será juzgado por un presunto delito de falsedad en documento oficial con falta de estafa y para el que se pide la pena de 3 años y un mes. A este acusado --deportista no federado--, A.C.S le prescribió un medicamento calificado como anabolizante a nombre de otra paciente para que este pudiera adquirirlo.

Asimismo, el fiscal 1 año y cuatro meses de prisión para G.M.R por el delito infidelidad en la custodia de documentos. El acusado, enfermero en Riópar que tuvo un accidente en mayo de 2015, en cuyo vehículo se hallaron diversas recetas en blanco con el cuño de A.C.S, prestaba servicios en el centro de salud de esta localidad.

Remarca el fiscal que se desconoce el destino que pensaba dar a dichos documentos el referido acusado, que tenía acceso a los mismos por el trabajo que desempeñaba en el referido centro de salud, sin que conste el motivo por el que transportaba en su vehículo esas recetas, en todo caso, ajeno a su labor como personal sanitario.

Piden 4 años para un preso acusado de portar droga y querer distribuirla entre los reclusos en Ocaña

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará este miércoles, 18 de mayo, a F.S.A.A, un recluso acusado de portar droga y querer destinar la sustancia a su distribución a cambio de precio entre otros internos del Centro Penitenciario Ocaña I. El Ministerio Fiscal pide una pena de 4 años de cárcel y multa de 1.500 euros.

En el escrito de acusación del fiscal, según recoge Europa Press, el acusado, tras disfrutar de un permiso ordinario de salida con ocasión del cumplimiento de diversas penas de prisión en el centro penitenciario, fue sorprendido cuando portaba oculto en su interior 10 trozos de sustancia en forma de bellota envueltos en film de 98,36 gramos de resina de cannabis y 20 envoltorios de plástico termo sellado en el interior de 2 envoltorios en forma de bellota de 25,36 gramos de heroína.

La heroína, bastante para elaborar 147 dosis, habría alcanzado en venta un valor de 1.815,52 euros y el hachís habría alcanzado un valor de 575,41 euros.

Los hechos narrados son constitutivos de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud en grado de tentativa artículo 16, por lo que el Ministerio Fiscal pide cuatro años de prisión y el pago de una multa de 1.500 euros.

15 DE MAYO

Juzgan este lunes en Albacete a un acusado de intento de asesinato con un machete a quien era su amigo

La Audiencia Provincial de Albacete va a juzgar este lunes, 16 de mayo, a A.F.S, por un delito de intento de asesinato con un machete de grandes dimensiones a quien era su amigo, A.S.F. Para el acusado el Ministerio Fiscal pide una pena de 9 años de prisión.

Tal y como refleja el escrito de acusación, recogido por Europa Press, P.O.G y D.F.S estaban con el principal acusado en el lugar de los hechos, y la Fiscalía pide para cada uno de ellos nueve meses de cárcel por un delito de amenazas.

Sobre las 12.00 horas del día 6 de junio de 2021 los tres procesados, enfadados con quien era su amigo A.S.F por unas desavenencias previas y unos insultos que les había proferido se dirigieron a la vivienda en la que transitoriamente pernoctaba y a la que siempre se les permitía acceder.

A.F.S le dijo que tenía "que hablar" con él porque se había cagado en "sus muertos" y de manera sorpresiva, sin que conste que los otros dos acusados tuvieran conocimiento, y aprovechando que la víctima estaba tumbado en la cama sacó un machete de grandes dimensiones y con la intención de provocarle la muerte le lanzó diversas cuchilladas, de las que una iba dirigida al pecho y otra al cuello, sin conseguir su propósito por haber interpuesto la víctima su brazo, relata el fiscal.

Como consecuencia de las cuchilladas la víctima sufrió heridas que precisaron intervención quirúrgica y perjuicio de 30 días, quedándole secuelas en la movilidad de extremidades superiores y múltiples cicatrices de gran tamaño.

Para A.F.S, el fiscal pide la prohibición de acercarse al domicilio o lugar de trabajo de A.S.F a distancia inferior a 300 metros ni comunicar con él por cualquier medio durante 10 años. A P.O.G y D.S.F, la misma prohibición de acercarse al herido por un periodo de 2 años.

A.F.S tendrá que indemnizar a A.S.F con 30.000 euros, tal y como demanda la Fiscalía.

13 DE MAYO

Fiscalía pide 8 años de cárcel para un militar por comprar armas inutilizadas para su venta ilícita tras rehabilitarlas

La Fiscalía de Madrid ha pedido ocho años de cárcel para un brigada del Ejército de Tierra acusado de delitos de tráfico, fabricación ilícita y depósito de armas de guerra que adquiría inutilizadas en varios países para su posterior rehabilitación y venta ilegal.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del día 17 a este militar, identificado como J. M. S. Q., por la adquisición desde Estados Unidos y otros países de un "elevado" número de armas inutilizadas, cañones o munición para "destinarlas al tráfico ilícito".

En concreto, el representante del Ministerio Público le imputa un delito de tráfico de armas de guerra, fabricación ilícita de armas de guerra y depósito de armas y municiones de guerra.

El militar fue detenido en Alcalá de Henares en diciembre de 2012 en un operativo llevado a cabo por la Guardia Civil en el que se localizó un taller con varias herramientas donde realizaba la manipulación de armas y se hallaron 15.743 cartuchos, dos granadas y abundante material para la rehabilitación de fusiles o pistolas.

Según el escrito de acusación, el militar, "contraviniendo la legislación vigente", se dedicó a adquirir tanto a particulares como a armerías de Estados Unidos, Bélgica, Austria y Alemania un "elevado" número de municiones, armas inutilizadas, cañones "y otras piezas fundamentales para proceder a la rehabilitación, ensamblaje y fabricación ilícita de las armas de fuego completas a base de sus diferentes piezas y destinarlas al tráfico ilícito".

Así, entre los meses de junio de 2011 y noviembre de 2012, el acusado compró a través de la web de una armería estadounidense, por un importe de 22.700 dólares, "piezas fundamentales" para rehabilitar armas de fuego, principalmente fusiles de asalto y pistolas Glock.

La venta de este tipo de piezas es libre en Estados Unidos para sus
nacionales con residencia en el país, por lo que, "como no podían ser remitidas directamente", el militar contó con la colaboración de un ciudadano estadounidense que se encargaba de la recepción de las piezas en su domicilio para posteriormente enviárselas a través de paquetería "y fuera de los cauces legalmente establecidos".

Juzgan al exportavoz del PP en la Diputación de Sevilla por acoso moral a una exedil

El Juzgado de lo Penal número cuatro de Sevilla tiene fijado para las 10,30 horas de este viernes el juicio promovido contra el concejal del PP en el Ayuntamiento de Bormujos, diputado provincial y exportavoz del PP en dicha institución, Luis Paniagua, por presuntos delitos contra la integridad moral y de lesiones psíquicas a la que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento de Dos Hermanas Cristina Alonso, cuando ambos formaban parte del Grupo popular del Consistorio nazareno.

Tal es la fecha de señalamiento del juicio que figura en un auto de dicha instancia judicial emitido en julio de 2021, confirmando a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la vista oral sigue señalada para este viernes.

En ese sentido, recordemos que el pasado 23 de enero de 2020, el Juzgado Mixto número uno de Dos Hermanas acordaba abrir juicio oral contra Paniagua por los citados supuestos delitos contra la integridad moral y de lesiones psíquicas sobre Cristina Alonso, a petición de la Fiscalía, que reclama para él dos años de cárcel por tales aspectos.

LA RENUNCIA DE PANIAGUA

Tras la emisión de dicho auto de apertura de juicio oral, Paniagua renunciaba a sus cargos de portavoz del PP en la Diputación de Sevilla y de vicesecretario provincial de Organización del partido.

Defendiendo su "inocencia" y asegurando ser "víctima de un chantaje", Paniagua renunciaba a tales cargos orgánicos, manteniendo sus actas de concejal en el Ayuntamiento de Bormujos y de diputado provincial, para que el PP no se viese "perjudicado" por el asunto, asegurando eso sí que el procedimiento judicial probará que nunca ha "hecho daño a nadie".

En el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se detalla que el 27 de mayo de 2015, cuando Paniagua y Cristina Alonso iban a estar juntos en el Grupo popular del Ayuntamiento de Dos Hermanas tras las elecciones municipales de ese año, el primero de ellos reclamó a la edil "explicaciones" de sus conversaciones con Manuel Varela, quien fuera candidato de Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas y promotor de la denuncia por el presunto "chantaje" orquestado para que renunciase a su candidatura, pesando el hecho que Alonso declaró como testigo en la investigación de dicha denuncia y que Paniagua figuró como investigado en la misma hasta ser archivadas las actuaciones respecto a él.

LAS EXPRESIONES SUPUESTAMENTE VERTIDAS

Tras aquel día, según la Fiscalía, Paniagua se dirigía a Alonso reprochándole supuestamente que "no valía para nada" y avisándole de que todos se "reían de ella" porque "no tenía ni idea de nada", llamándola incluso "niñata antigua", siempre supuestamente.

En otra ocasión, según la Fiscalía, habría llegado a decirle "niñata de mierda, me tienes harto, la voy a coger de los pelos y la voy a arrastrar", expresiones que generaban en aquella "el consiguiente desasosiego", pues Paniagua se dirigía a Cristina Alonso con estas expresiones para "menoscabar su dignidad" y para que esta "abandonase el cargo de portavoz del grupo municipal", como así sucedió finalmente, según el Ministerio Público.

Para ello, la Fiscalía considera que el acusado "le cambió el lugar de su mesa de trabajo, le arrancó los cables del ordenador que tenía asignado, le rompió papeles propios de su actividad como concejal, tiró al suelo la fotografía de su hija menor y ocultó las comunicaciones del Ayuntamiento dirigidas a ella", con el fin de "dificultar su labor y que la misma apareciese como incapaz de desarrollar su actividad política".

12 DE MAYO

El Fiscal pide 67 años de prisión para una banda acusada de traer mujeres de Bulgaria y obligarlas a prostituirse

La Sección Segunda de la Audiencia Provincias de Baleares celebra este jueves (10.00 horas) vista previa del juicio a seis personas, tres hombres y tres mujeres, acusados de formar un grupo organizado para traer mujeres de Bulgaria y obligarlas a ejercer la prostitución en Mallorca.

El Fiscal pide para los acusados penas que suman 67 años de prisión por los delitos de asociación ilícita para la prostitución, delito de prostitución y detención ilegal.

Según el escrito de acusación, entre octubre de 2009 y abril de 2010, cinco de los encausados, todos de origen búlgaro, formaban un grupo organizado de carácter estable y permanente dedicado a la explotación sexual de mujeres procedentes de Bulgaria.

Para ello, disponían de un local donde ejercían las actividades de alterne y prostitución. Cada uno tenía su cometido, desde la captación y el traslado a España, el alojamiento en pisos ocupados y vigilados por los acusados y la gestión de clubes.

De este modo, según el escrito del Fiscal las mujeres captadas tenían que ejercer la prostitución en un local, del cual era socio un sexto acusado y que está acusado solo del delito de prostitución, bajo un férreo control y obligadas a entregar un porcentaje de las ganancias.

Entre sus funciones en la organización, las mujeres acusadas ejercían las funciones de control y vigilancia sobre las víctimas.

En uno de los casos narrados por el Fiscal, una mujer viajó de Bulgaria a Alemania donde ya fue obligada a ejercer la prostitución entre septiembre de 2009 y febrero de 2010, cuando fue obligada a trasladarse a Mallorca.

Una vez en la isla, fue de nuevo obligada a ejercer la prostitución hasta, al parecer, pagar el importe del billete de Barcelona a Mallorca.

La víctima era trasladada a un club donde tuvo que ejercer la prostitución hasta que pudo escapar en abril de 2010 y denunciar los hechos.

En otra ocasión, en octubre de 2009, otra mujer fue captada en Bulgaria y trasladada a Mallorca para ser obligada a ejercer la prostitución en circunstancias similares.

Arranca este jueves el juicio contra el acusado de matar a su tía abuela en 2019 en Abarán (Murcia)

El juicio contra el acusado de asesinar en abril de 2019 a su tía abuela, de 82 años, en el domicilio de esta, ubicado en Abarán (Murcia), arrancará este martes en la Sección 2 de la Audiencia Provincial y constará de once sesiones.

El Ministerio Público pide para el acusado prisión permanente revisable, además de una pena de 9 años de prisión por allanamiento de morada; la privación del derecho a residir o acudir al municipio durante 25 años y la obligación de indemnizar a familiares de la víctima con 280.000 euros.

Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 22 de abril de 2019 cuando el hombre, de 36 años, usó la llave de la casa de su tía abuela que su madre guardaba para acceder a la misma.

La mujer se negaba a abrir la puerta de su vivienda al sospechoso desde que cuatro meses antes él la agrediera sexualmente, un hecho que la víctima nunca llegó a denunciar.

Una vez accedió, sin autorización, a la casa de su tía abuela, el hombre obligó a la mujer a ir al dormitorio con la intención de abusar de ella, quien se negó y le amenazó con denunciarlo por lo que había hecho meses antes y por lo que se disponía a hacer en ese momento.

Acto seguido, el acusado asestó a la anciana tres cuchilladas en el cuello que le provocaron la muerte a los pocos minutos.

El escrito apunta que, consumado el asesinato, el sospechoso procedió a manipular tanto el cadáver como el lugar de los hechos. Así, limpió el cuerpo, le arregló la ropa y le colocó un pañuelo en el cuello para ocultar las heridas, "intentando que pareciera que había fallecido de muerte natural".

Igualmente, el acusado quitó la colcha de arriba de la cama, que estaba manchada de sangre, y en su lugar colocó otra limpia, dejando la cama hecha y la habitación ordenada.

Piden 17 años de prisión para dos policías de A Coruña que agredieron y retuvieron ilegalmente a un músico callejero

El Ministerio Público pide 17 años de prisión para dos policías de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) que agredieron y retuvieron ilegalmente a un músico callejero y a su hermana.

Según narra el escrito de acusación, los hechos sucedieron en marzo de 2014, cuando el hombre y unos amigos se encontraban tocando música en la calle. Los dos agentes, que estaban de patrulla, se dirigieron al hombre para pedirle que dejara de tocar e intentaron quitarle los instrumentos, algo a lo que él se negó alegando que no tenían derecho.

En ese momento, los dos acusados, puestos de común acuerdo, cree Fiscalía, "abusaron claramente de su cargo y posición" e inmovilizaron al hombre agarrándolo por el cuello, con lo que éste tenía dificultades para poder respirar.

Cuando la víctima consiguió zafarse, los agentes comenzaron a golpearle de forma repetida en cara, cabeza, espalda, brazos y piernas, mientras decían frases como 'este debe de ser el último que saltó la valla' o 'a este había que pegarle un tiro y listo".

En ese momento intervino la hermana de la víctima, que había presenciado el ataque, y pidió a los policías que pararan de pegarle. Sin embargo, asegura el fiscal, los agentes "la aporrearon y le tiraron de los pelos".

Tanto el músico callejero como su hermana presentaron lesiones y, de hecho, él tuvo que ser trasladado por su mujer a un centro hospitalario en el que, entre otras cuestiones, necesitó puntos de sutura.

Ambos fueron después detenidos por la Policía, acusados de un delito de atentado y de un delito de desobediencia y resistencia. Los agentes elaboraron un atestado falso, asegura Fiscalía, en el que narraban unos hechos "totalmente" alejados de la realidad para "eludir todo tipo de responsabilidad. El músico y su hermana fueron puestos en libertad tras prestar declaración judicial.

El Ministerio Público considera estos hechos imputables por un delito de lesiones, un delito de falsedad en documento oficial y dos delitos de detención ilegal, por los que pide, de forma conjunta, 17 años de prisión para cada uno de los acusados. También les insta a pagar al hombre una indemnización de 4.000 euros y a la mujer de 2.000 euros.

El juicio tendrá lugar el próximo jueves y viernes en la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña.

11 DE MAYO

Los rusos hablaron con Puigdemont sobre cuándo Cataluña iba a ser independiente, según un dirigente de CDC

El abogado Francesc Sánchez, que representa al exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC y presidente de la Fundació Catmón, Víctor Terradellas, ha asegurado este miércoles que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tuvo contactos con Rusia antes del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña aunque no les hizo "ningún caso".

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas al salir del juzgado después de que Terradellas haya declarado como investigado en el caso 'Voloh'.

"Esto no solo es evidente con las conversaciones sino que es evidente que se hace esta reunión y no se produce ningún otro tipo de reunión en el futuro", ha asegurado Sánchez.

Sobre las reuniones con contactos rusos, ha contado que querían saber "qué día" Cataluña iba a ser "independiente" y, a partir de ahí, "cómo se estructurará este país".

El abogado también ha matizado que siempre hablaban de la hipótesis de Cataluña "una vez sea independiente" y que nunca hicieron "ningún comentario en relación con la ruptura con el Estado español".

Un hombre acepta 2 años de prisión por abusar de su sobrina menor edad durante al menos 2 años 

Un hombre ha aceptado una pena de 2 años de prisión tras reconocer este miércoles haber abusado sexualmente de su sobrina menor de edad durante al menos 2 años, hasta que su madre denunció los hechos tras conocerlos a través del colegio de la niña. La vista oral estaba señalada para este miércoles, a puerta cerrada, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El acusado, nacido en 1963, en fechas no determinadas pero en su caso al menos desde el año 2017 a finales de 2019, en las ocasiones en las que su sobrina nacida en 2006 se quedaba en su domicilio, en Oviedo, así como cuando pasaba alguna temporada de vacaciones y fines de semana en la casa que el acusado tenía en Teverga, abrazaba a la menor por detrás, la vigilaba desde la puerta de una de las habitaciones de la casa cuando se cambiaba de ropa, se metía con ella en la cama y, en otras ocasiones, la tocaba a la altura de los genitales por encima de la ropa.

La madre de la menor formuló la correspondiente denuncia en diciembre de 2019, tras conocer de los hechos a través del colegio de la niña. El acusado, al inicio de la vista oral, al ser interrogado, reconoció los hechos y expresó su arrepentimiento. Antes del juicio, consignó 2.000 euros para hacer frente a las responsabilidades civiles y entregó otros 2.000 euros a la acusación particular.

Los hechos relatados fueron considerados constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales de los artículos 183.1, 191, 192.1.3 y 74, todos ellos del Código Penal. Concurre la atenuante de reparación del daño y la analógica de confesión.

Tras reconocer los hechos, el acusado se mostró conforme con que se le impusiera una pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximación a menos de 500 metros a la menor, a su persona, domicilio, centro educativo donde se encuentre, o cualquier otro frecuentado por la misma, así como la de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento verbal, escrito o telemático, en ambos casos por un periodo de 7 años.

Inhabilitación especial para cualquier profesión y oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, sea o no retributivo, durante 7 años y libertad vigilada durante 6 años.

El TS confirma 20 años para un hombre por matar a su padre en 2018 en Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a 20 años de prisión impuesta a un hijo por el asesinato, con alevosía y ensañamiento, de su padre en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria en octubre de 2018, horas después de que muriera su madre por causas naturales.

De esta manera, la Sala de lo Penal ha desestimado todos los motivos del recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que confirmó en todos sus extremos la dictada por un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, la sentencia de instancia le impuso la citada pena de prisión por un delito de asesinato con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, apreciando las citadas circunstancias de alevosía y ensañamiento.

Además, declaró la incapacidad del acusado de suceder a su padre por causa de indignidad y fijó una indemnización de 6.000 euros en favor de la hermana de la víctima por el daño moral causado por la muerte de su hermano.

HECHOS PROBADOS

En un comunicado, el Tribunal Supremo ha explicado que según los hechos probados, el acusado vivía con su madre en una vivienda de tres plantas, propiedad del padre que ocupaba la parte baja de la misma, donde vivía recluido por el miedo que le tenía a su hijo y porque temía por su vida.

Desde 2009 el hijo cuidaba de la mujer que sufría distintas patologías que le hacían depender totalmente de una tercera persona.

Como consecuencia de su frágil estado de salud, falleció de un edema pulmonar mientras estaba sola en casa. Según los hechos probados, se encontraba desnutrida, pesaba solo 31 kilos y su estado era de dejadez y abandono.

Cuando el acusado regresó a la vivienda, se percató de la muerte de su madre, quedando profundamente afectado, aunque no se lo comunicó a su padre. Se encontró con él cuando iba a dormir y éste le hizo un comentario sobre el mal olor en la casa.

Poco después, el acusado cogió un hacha, entró en el dormitorio donde estaba su padre acostado boca arriba y, de manera rápida y sorpresiva, le atacó con ella en diferentes partes del cuerpo, causándole la muerte sin posibilidad de defensa.

En este sentido, hizo un uso extremo de la violencia --entre 19 y 22 heridas-- para ocasionar un gran dolor a su progenitor. La relación entre ambos estuvo marcada por los malos tratos y abusos que el hijo desde su infancia recibía de su padre.

Con todo, el Jurado rechazó por unanimidad, y con indicación de las pruebas en las que asentaba su posicionamiento, que el acusado sufriera algún tipo de patología psiquiátrica, en el momento en que ocurrieron los hechos, que limitara de alguna forma su capacidad de comprender y querer.

Añadió aquí que, del mismo modo, también excluyó que actuara en una situación de arrebato u obcecación, agravada por su trastorno psiquiátrico, como sostiene el recurrente.

Absuelven a la acusada de asesinar a tiros a su novio en Águilas (Murcia)

La magistrada presidenta de la Audiencia Provincial, conforme al veredicto emitido por el jurado el pasado jueves, absuelve a la acusada del delito de asesinato y del delito de tenencia ilícita de armas por la muerte a por disparos de bala de su novio, de nacionalidad italiana, el 9 de junio de 2017, en el paraje El Charcón de Águilas (Murcia), informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM) en un comunicado.

La sentencia, notificada este miércoles, recoge el veredicto del jurado en el que, por unanimidad, los nueve miembros que componían el tribunal popular declaran no probado que la acusada, disparara en siete ocasiones a su novio con un arma corta de fuego, causándole la muerte.

La acusación pública pedía 21 años de prisión por un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas con la agravante de parentesco y que se le impusiera la obligación de indemnizar a la madre del fallecido con 200.000 euros. Responsabilidad civil que la acusación particular elevó a 500.000 euros, adhiriéndose en lo demás al Ministerio Fiscal.

La resolución explica que el núcleo principal de la controversia versó "sobre la existencia de indicios suficientes de criminalidad que, valorados en su conjunto", pudieran llevar a considerar que la acusada disparó a su pareja sentimental causándole la muerte.

En este punto, la magistrada destaca que el veredicto de no culpabilidad "se fundamenta en la insuficiencia de la prueba de cargo desarrollada por las acusaciones", y señala así lo recogen expresamente los jurados en el acta al señalar que "los informes técnico-periciales de la escena del crimen de ambas partes no son concluyentes en la posición del tirador y ninguno demuestra que (la acusada) pudiese ser la autora de los disparos".

Igualmente, en cuanto a la credibilidad del testimonio de la acusada, coincide con la que le otorga el jurado, al señalar que esta no se ha visto afectada, y que las posibles imprecisiones en las que incurrió en su primera declaración como testigo, prestada de madrugada, unas horas después del suceso, "se debieron a lo impactada que se encontraba la misma y al propio cansancio".

A mayor abundamiento, destaca que su posición procesal, como testigo y no como investigada, durante los primeros meses de la investigación "podían haber derivado en una vulneración de la equidad debida en el proceso" y, sin embargo, como señala el jurado en la tercera conclusión del objeto del veredicto, de las intervenciones telefónicas no se deriva ningún indicio de criminalidad.

"Basándonos en intervenciones telefónicas, no se pudo encontrar ningún rastro de imputación", transcribe la sentencia del acta del objeto del veredicto.

A la vista razonamiento del jurado, "tan sintético como completo y contundente, y extraordinariamente reforzado por la unanimidad con la que se alcanzó", según destaca la resolución, la magistrada concluye que es "irrefutable" la insuficiencia de la prueba de cargo y subraya la ausencia total de indicios "pese las medidas injerentes en el derecho al secreto de las comunicaciones". Respuesta "suficientemente fundada" por lo que la natural consecuencia fue el veredicto de no culpabilidad y, consiguientemente, la absolución, según termina la sentencia.

La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJRM.

Inhabilitan a Torra 15 meses por desobediencia con multa de 24.000 euros

El Juzgado Penal 6 de Barcelona ha condenado al expresidente de la Generalitat Quim Torra a 15 meses de inhabilitación en la segunda causa por desobediencia al no descolgar una pancarta de la fachada de la Generalitat cuando era presidente.

La sentencia, consultada por Europa Press, también le impone una multa de 24.000 euros y se ha comunicado menos de dos semanas después de que el TSJC diera por cumplida la primera condena de inhabilitación de Torra, también por desobediencia.

Se trata de la segunda condena a Torra por el mismo delito: en este caso, por no retirar la pancarta en periodo electoral antes de las elecciones del 10 de noviembre de 2019; mientras que en la primera el TSJC le condenó a un año y medio de inhabilitación por mantener una pancarta antes de las elecciones generales del 28 de abril del mismo año.

La jueza recuerda en la sentencia que Torra fue requerido para retirar la pancarta, una medida cautelar que acordó el TSJC a raíz de un recurso interpuesto por la entidad Impulso Ciudadano y que invocaba la vulneración del deber de objetividad.

Antes de ese requerimiento, al conocer la medida cautelar que tomó el TSJC, la oficina de presidente de Torra había emitido un comunicado "manifestando su voluntad de recurrir y de no retirar la pancarta".

Para la jueza, ese comunicado mostraba la "negativa abierta" de Torra a cumplir con la orden de retirar la pancarta.

La jueza constata que, una vez requerido, Torra "no cumplió de forma inmediata" con la orden del tribunal, con lo que el tribunal tuvo que ordenar a los Mossos d'Esquadra que retiraran la pancarta después de varios requerimientos.

Juzgan este miércoles y este jueves a dos acusados de hurto de combustible a una empresa de Malagón

La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar los este miércoles y este jueves a dos acusados de hurto de combustible a una empresa de hidrocarburos por los que la Fiscalía pide 5 años y 6 meses de prisión.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 1 de noviembre de 2018 cuando el acusado, A.B.C, arrendó a M.L.O.S. una parcela ubicada en el polígono 2 de Malagón, Ciudad Real, a sabiendas de que próximo a ella, discurría el oleoducto Puallo (Puertollano-Almodóvar-Loeches), propiedad de una empresa logística de hidrocarburos.

Posteriormente, bien por sí mismo o por encargo a terceras personas que no han podido ser identificadas perforó la tubería del oleoducto, atornilló un collarín de fleje en sus laterales, en este collarín roscó una válvula de raíz de alta presión y a continuación una manguera de alta presión y 275 bares de presión de trabajo para la conducción del gasóleo, que circulaba exteriormente hasta la referida parcela, lugar de destino y almacenaje del citado combustible, al final de la cual colocó dos válvulas de alta presión y un manómetro, donde llenaba el combustible sustraído en depósitos, que almacenaba y transportaba para su venta, entre otros vehículos, en las furgonetas marca IVECO.

El acusado J.A.P.R., con antecedentes penales como autor de un delitos de hurto y delitos en contra de la salud pública, en connivencia con aquél, realizaba las labores de extracción de gasoil, se encargaba de la vigilancia y custodia de la mercancía que se almacenaba en los depósitos, así como del control de las vías de acceso a la propiedad cuando el acusado A.B.C. salía con la furgoneta para ir a vender la mercancía y pasar aviso al mismo si observaba la presencia de la Policía y vehículo lanzadera, quien vivía en la parcela.

Tanto para desplazarse a la finca como para realizar las tareas de vigilancia, el vehículo lanzadera utilizaba el turismo marca Audi, propiedad de A.B.C. Así, sobre las 15.00 horas del 5 de agosto de 2019, la Guardia Civil les dio el alto mientras circulaban por el camino rural del paraje Los Barrancos, Malagón, conduciendo el referido vehículo.

Ese mismo día, registraron la parcela con consentimiento de su arrendatario, hallando en un cobertizo construido con chapas metálicas 8 depósitos de plástico de 1.000 litros de capacidad cada uno llenos más uno en la entrada de la nave con unos 800 litros con una bomba de trasiego con boquerel de suministro de hidrocarburos ligeros. Todos los depósitos contenían gasóleo A a excepción de uno ellos que contenía gasóleo B.

Al día siguiente por indicaciones del acusado A.B.C. localizaron la furgoneta en la localidad de Torralba de la Calatrava, en el interior de la cual había tres depósitos de plástico vacíos y asegurados con correas a las paredes interiores de la furgoneta, con una capacidad de 1.000 litros cada uno, iguales que los localizados en la parcela, desprendiendo un fuerte olor a gasoil.

TRABAJOS DE REPARACIÓN

Como consecuencia de lo anterior, la empresa de hidrocarburos realizó trabajos de restitución del terreno y reparación y sustitución del tramo afectado (excavación del tramo afectado del oleoducto, vaciado del segmento de oleoducto comprendido entre la válvula anterior y posterior al punto de la conexión ilegal y el corte y sustitución del segmento de oleoducto donde se encontraba la conexión ilegal).

Los costes de las actividades relacionadas con la localización del punto de perforación, vaciado del oleoducto y obra mecánica (corte y sustitución del segmento) ascienden a 67.934,08 euros. Asimismo, el producto incautado ha sido valorado en 10.370,40 euros.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para A.B.C. 2 años y 6 meses de prisión y 3 años de prisión para J.A.P.R. así como el decomiso del collarín de fleje, las válvulas, la manguera, el manómetro y los depósitos.

Además, ambos acusados deberán indemnizar a la compañía con los citados 67.934,08 euros por los costes de las actividades relacionadas con la localización del punto de perforación, vaciado del oleoducto y obra mecánica.

Juzgan a un acusado de intoxicar a dos vecinos tras conectar a una tubería de su edificio un generador de gasolina

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena, por un delito de lesiones imprudentes, de un acusado de provocar una intoxicación por monóxido de carbono a dos vecinos de Llanera, uno de ellos un niño, tras conectar a una tubería de su edificio la salida de gases de un generador de gasolina que utilizaba para arreglar una furgoneta en un bajo del inmueble.

La vista oral está señalada mañana, 11 de mayo, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 9.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado (1983) utilizaba un bajo de la calle Asturias de Lugo de Llanera con autorización de su propietario. El local no está habilitado para realizar ningún tipo de actividad por carecer de la infraestructura necesaria para ello, circunstancia que conocía el acusado. Pese a ello, utilizó el local para reparar una furgoneta con el objetivo de convertirla en autocaravana.

Debido a que en el local no había conexión de electricidad, para iluminarse y para procurar energía que permitiera el funcionamiento de las máquinas utilizadas en la manipulación de la furgoneta, el acusado instaló un generador de gasolina y conectó la salida de gases del mismo a la tubería de bajada del edificio.

Así, los gases emanados del generador al quemar la gasolina entraron en las viviendas situadas en los pisos superiores a través de la tubería.

El 4 de noviembre de 2020, a consecuencia de esa conexión, los gases desprendidos por el generador entraron en dos pisos del edificio, provocando que sus habitantes sufrieran intoxicación por monóxido de carbono.

Una de las víctimas, una mujer que reside en el piso segundo derecha, sufrió intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, que le produjo un síncope. Necesitó tratamiento médico consistente en oxigenoterapia, sueroterapia, antieméticos y analgésicos, estuvo un día ingresada en el hospital, tardó en curar siete días y durante los 15 días posteriores tuvo un cuadro ansioso residual y dificultad para conciliar el sueño.

El hijo de esta, de 9 años, sufrió intoxicación por monóxido de carbono. Precisó asistencia médica y tardó en curar 3 días.

Dos residentes en el tercero derecha sufrieron molestias que no necesitaron asistencia médica para su curación y no efectúan ninguna
reclamación por los hechos.

No consta que el propietario del local tuviera conocimiento de las actividades realizadas por el acusado en el local.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delito de lesiones por imprudencia grave y solicita que se condene al acusado a la pena de multa de 10 meses, con cuota de 6 euros al día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado abone a 775 euros por lesiones a una de las víctimas y 95 euros por lesiones. Al SESPA, el importe de los gastos que se acrediten en concepto de la atención médica prestada a los lesionados. Todo ello, más los intereses legales correspondientes.

10 DE MAYO

Condenan a 7 años y 9 meses de prisión a un sacerdote por abusos sexuales a un menor

La Sala Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia ha emitido una sentencia provisional por la que condena a un sacerdote de la Diócesis de Cartagena a 7 años y 9 meses de prisión y al pago de 30.000 euros por abusos sexuales cometidos contra un menor de edad, según ha confirmado el Obispado de Cartagena en un comunicado.

A la espera de una sentencia firme, el Obispado ha querido mostrar su "total rechazo, una vez más" y su "enérgica repulsa" por los delitos que la resolución judicial "atribuye a este sacerdote contra la víctima, con el agravante de que era un menor de edad".

Asimismo, expresa su "cercanía a la víctima y a su familia", a los que "seguimos ofreciendo nuestra ayuda a través de la Delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables".

Además, como está establecido en la normativa de la Iglesia, el sacerdote "sigue suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal, mientras que no termine el proceso penal canónico que está en curso", ha añadido el Obispado.

A juicio este miércoles un acusado de abusar de un menor con el que contactó por una red social

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar este miércoles el juicio a un hombre acusado de abusos sexuales continuos sobre un menor de 14 años con el que contactó a través de la red social Instagram en 2018. La Fiscalía pide para él penas que suman 19 años y siete meses de prisión.

Según recoge la calificación de Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press tras adelantarla el diario 'ABC', a principios del mes de enero de 2018, el procesado contactó con el menor, que en ese momento contaba con 14 años de edad.

Así las cosas, y tras varios mensajes de WhatsApp del teléfono del acusado al menor, éste consiguió quedar con el niño, que ya le había advertido en los mensajes que se enviaban que contaba con 14 años.

La primera vez que quedaron era aproximadamente a finales del mes de enero de 2018, y el procesado recogió al menor en su coche y le propuso mantener con él relaciones seuxales, negándose el niño "en rotundo" y pidiéndole que lo devolviera al lugar donde lo había recogido.

Días posteriores a estos hechos, el acusado volvió a contactar con el menor para quedar de nuevo, siendo apoximadamente la semana siguiente a la primera vez que quedaron. Y de igual modo, le volvió a hacer la misma propuesta, "esta vez a cambio de 15 euros".

Tras ello, supuestamente cometió los delitos por los que está acusado, concretamente abusos sexuales continuados a menor de 16 años, por los que se enfrenta a 12 años de cárcel, orden de alejamiento de 17 años y libertad vigilada de diez años; inducción a la prostitución a menor de 16 años, con cinco años de cárcel, multa de 4.500 euros y orden de alejamiento de siete años; abusos, con dos años de cárcel y orden de alejamiento de cuatro años, y tenencia de pornografía infantil, con siete meses de prisión.

Condenado a nueve años de cárcel el hombre que intentó asesinar a su vecina en Redondela (Pontevedra) con un sacho

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a nueve años de cárcel al hombre que intentó asesinar a su vecina en Redondela golpeándola con un sacho en la parte posterior de la cabeza.

Los magistrados consideran acreditado el ánimo homicida del condenado, tanto por el arma empleada en la agresión como por la zona de la cabeza a la que dirigió el golpe y la intensidad del mismo. Los forenses aseguraron en el juicio, según se recoge en la resolución, que la herida era "potencialmente mortal".

Los hechos se remontan a diciembre de 2017 cuando, según la sentencia, el ahora condenado golpeó a su vecina en la cabeza. A continuación, la mujer consiguió arrebatarle el sacho y lanzarlo a varios metros, momento en el cual el varón la tiró al suelo, donde la golpeó reiteradamente con una piedra en la cara.

El tribunal destaca que no aprecia móvil espurio en la declaración de la víctima ni "razones que afecten a su credibilidad". Además, indica que hay "numerosos elementos" que corroboran la versión de la afectada, tales como las declaraciones de testigos, de los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar de los hechos y los partes de asistencia médica que necesitó la afectada.

La Audiencia, además de los nueve años de cárcel, le impuso la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima durante un tiempo de tres años superior a la pena de prisión impuesta, así como el abono de una indemnización de 18.137 euros.

"TUVO SUERTE"

Durante el juicio, Fiscalía defendía una pena de cárcel de 10 años para el acusado, ya que la mujer "podía no haber tenido suerte y haberse quedado allí". El Ministerio Público recordó la declaración de la víctima, asegurando que Manuel N.C. tras golpearla y ella gritar pidiendo auxilio, le dijo: "Llama a quien quieras, que de aquí no vas a salir".

Según el Fiscal, hubo alevosía en la actuación del acusado, ya que su intención era acabar con la vida de su vecina. "Tuvo suerte", reconoció, ya que la víctima finalmente no falleció, pese a ser golpeada en la cabeza, por lo que necesitó hasta 14 grapas de sutura.

En la misma línea habló el abogado de la víctima en sus conclusiones, indicando que las pruebas corroboran el testimonio de la mujer y que el acusado fue encontrado con sangre en el cuero cabelludo, pese a que no presentaba heridas sangrantes.

La sentencia recuerda que cabe recurso de apelación dentro de los diez días siguientes al de su notificación.

El jurado declara culpable de homicidio a la acusada de matar y descuartizar a su pareja en Baracaldo (Vizcaya)

El jurado popular ha declarado culpable de homicidio con la agravante de parentesco, pero sin alevosía, a la mujer acusada de matar y descuartizar en Baracaldo (Vizcaya) en 2020 a su pareja, un hombre de 62 años con el que mantenía una relación, un delito por el que Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan 14 años de cárcel, mientras que la defensa pide la libre absolución o, como alternativa, una pena por un delito de lesiones leves.

La Audiencia Provincial de Vizcaya ha acogido este martes la lectura del veredicto del jurado popular que ha juzgado el caso de un vecino de Barakaldo cuyas piernas fueron encontradas en una zona de Rontegi en noviembre de 2020. La Ertzaintza mantenía abierta desde el mes julio de ese mismo año una investigación por la denuncia de desaparición de un vecino, de 62 años, de la localidad vizcaína. El resto del cuerpo nunca fue hallado.

Según ha mantenido el Ministerio Fiscal durante el juicio, el fallecido y la acusada eran pareja sentimental y, en la madrugada del 16 de julio de 2020, ella habría cogido una navaja "de 7,5 centímetros idónea para matar" con la que habría acabado con la vida del fallecido en la cama de éste. Sin prestarle ni reclamar asistencia sanitaria, habría troceado el cuerpo con un hacha, que no ha sido encontrado, para poder deshacerse del mismo.

Por su parte, la acusación particular, que representa a uno de los hijos del fallecido, ha rechazado que la víctima mortal fuera traficante de drogas, aunque ha sostenido que el fallecido y la acusada eran consumidores de droga y mantenían una relación sentimental en la que "discutían, pero se querían". Asimismo, ha negado que existan pruebas de que él la maltratara y considera que "nadie se cree" que "ella sola" pudiera arrastrar el resto del cuerpo del fallecido, que no se ha podido hallar por parte de la Ertzaintza.

Por su parte, la defensa ha argumentado que el fallecido vivía "al margen de la ley" y contaba con "una decena" de condenas firmes que incluirían un delito de violación, así como de violencia de género.
Según ha sostenido durante el juicio, la acusada vivía con el fallecido tras haber sido desahuciada y para que no le arrebataran la custodia de sus hijos menores, pero que en ningún caso mantenían una relación de pareja.

CULPABLE DE HOMICIDIO

Tras retirarse a deliberar el pasado viertes, el jurado ha considerado a la acusada, con siete votos a favor y dos en contra, culpable de matar a su pareja y califica su acción como un delito de homicidio, con la agravante de parentesco, pero sin alevosía.

Para emitir su veredicto, los miembros del jurado han tenido en cuenta las declaraciones de la acusada durante el juicio en las que relató "cómo le clava la navaja una o dos veces", así como las de los forenses asegurando que la navaja que se utilizó, "por su filo y longitud localizada en un punto vital del cuerpo, puede causar la muerte".

Asimismo, han tenido en consideración el testimonio de los agentes de la Ertzaintza que declararon que "las muestras más destacables de AND se encuentran en la hoja y empuñadura de la navaja" y que, una vez analizada, "se obtiene un perfil mezcla" de víctima y acusada.

Además, los miembros del jurado han tenido en cuenta el relato de la encausada explicando que "secciona el cadáver y se deshace de él", corroborado por "la aparición posterior de restos cadavéricos con restos de pelo de la acusada", ha valorado el jurado, que también se ha basado para llegar a su veredicto en las declaraciones de los forenses en relación a "la disección del cuerpo con la etiología homicida de los hechos".

Tras destacar la "declaración contradictoria" de la acusada en la que "miente sobre la situación de la víctima a los medios, al entorno y a la policía", han apuntado que se deshizo del colchón, ya que, según los testimonios aportado durante el juicio, la tienda "proporciona uno nuevo, sin haber uno antiguo para retirar".

Además, el jurado ha valorado las declaraciones de los ertzainas que llevaron a cabo el registro de la vivienda, donde "uno de los perros marca una zona del dormitorio exactamente debajo el colchón en la zona del somier", así como que la acusada "no realizó llamadas telefónicas a la víctima desde el día de los hechos".

También han tenido en cuenta el testimonio aportado por el hermano de la víctima en el sentido de que la acusada "se ve obligada, por su intervención, a presentar la denuncia por desaparición, no teniendo ella inicialmente intención de hacerlo".

A todo ello, el jurado ha añadido que "no existen pruebas directas y objetivas que acrediten que los navajazos fueran la causa del fallecimiento, debido al hecho de no haber aparecido el cuerpo, aun teniendo patologías cardiacas graves pero estables, tal y como manifiesta la peritos".

En cuanto a la agravante de alevosía, el jurado ha considerado que "no se puede conocer la manera concreta en la que sucede el hecho", por lo que "no hay evidencias de que la acusada lo ejecutase asegurándose de que no correr ningún riesgo, evitando una reacción defensiva de la victima".

Además, han considerado que "los gritos relatados por los menores en sus comparecencias indican un altercado en el que la situación no estaba preparada".

Por otro lado, el jurado entiende, en base a la declaración del médico forense, que, "pese a las cantidades de cocaína que consumía la acusada, preservaba sus facultades cognitivas y volitivas".

Además, los miembros del jurado creen que "el examen forense no objetiva lesiones o secuelas" en la acusada en relación a los hechos y que "no hay ninguna evidencia que apunte a ninguna agresión sexual el día de los hechos", salvo la declaración de la encausada, quien el pasado viernes, en la que las partes presentaron sus conclusiones, ejerció su derecho a la última palabra para asegurar que "es cierto que no sé si lo maté o no, pero mi intención desde luego no fue ésa".

No obstante, el jurado también ha valorado que, "dados los testimonios del entorno que manifiestan repetidamente el carácter agresivo" de la víctima, la versión de la acusada "podría ser verosímil, pero no ha podido ser contrastada".

PENAS

Tras escuchar el veredicto del jurado, el Ministerio Fiscal se ha ratificado en la petición de una pena de 14 años de cárcel por un delito de homicidio con agravante de parentesco, así como en la petición de responsabilidad civil. El fiscal ha remarcado, de cara a la imposición de la pena, que el hecho se produjo en "el ámbito familiar, en el domicilio de la víctima y en presencia de menores".

Por su parte, la acusación particular, que solicitaba tanto en el escrito inicial como en el de conclusiones una pena de 22 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco, se ha sumado a la petición del Ministerio Fiscal, mientras que la defensa ha mostrado su disconformidad con el veredicto emitido y ha insistido en la necesidad de una sentencia absolutoria por concurrir "legítima defensa", por lo que se ha ratificado en las conclusiones definitivas en las que demandaba la libre absolución o, como alternativa, un delito de lesiones leves.

Por último, el criterio del jurado a suspender la ejecución de la pena o penas pertinentes, así como a solicitar del Gobierno el indulto para todas o algunas de las penas pertinentes es favorable por unanimidad. El caso ha quedado visto para sentencia.

El TS desestima el recurso de LaLiga y confirma el derecho de las televisiones a acceder a los partidos y grabar imagen

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Atresmedia y Mediaset ante LaLiga y ha confirmado el derecho de los medios de comunicación audiovisual en abierto a acceder a los recintos deportivos en los que se celebren eventos deportivos de interés general para que puedan grabar imágenes y emitir un breve resumen informativo.

En una sentencia de 28 de abril, que se ha comunicado este martes y ha sido recogida por Europa Press, el tribunal ha desestimado el recurso que presentó la Liga Nacional de Fútbol Profesional contra la decisión de la Audiencia Nacional de confirmar una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de 2018 sobre el conflicto iniciado por Atresmedia y Mediaset sobre el derecho de acceso de las televisiones a los recintos deportivos.

En 29 folios, los magistrados se han pronunciado sobre el contenido del artículo 19.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que regula dicho derecho. Al respecto, han establecido que debe interpretarse en el sentido de que "garantiza a los licenciatarios de servicios de televisión en abierto el derecho a acceder a los recintos deportivos en los que se celebren eventos de interés general con el objeto de poder grabar imágenes sobre lo sucedido en el mismo para emitir un breve resumen informativo, en cuanto deben considerarse incluidos en la definición de prestador del servicio de comunicación audiovisual".

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Bandrés, el tribunal ha considerado que el breve resumen informativo a que se refiere la ley "puede contener imágenes del evento deportivo, no sólo respecto de lo sucedido en el terreno de juego sino también de lo acontecido en el recinto siempre que tenga relevancia informativa y sea de interés general para la sociedad".

LIBERTAD DE INFORMACIÓN

Al hilo, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido que el ejercicio del derecho de acceso a los recintos deportivos y a la emisión de un breve resumen informativo a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, "es compatible con el hecho de que el prestador del servicio de comunicación audiovisual sea titular del derecho de radiodifusión televisiva en exclusiva para la retransmisión de un acontecimiento deportivo".

El tribunal ha explicado que para "preservar" el derecho de la libertad de información y la línea editorial de los distintos canales "es válida la grabación de imágenes sin contraprestación" para emitir un breve resumen informativo con la obtención de imágenes del evento deportivo adquiridas con base a una relación contractual formalizada en el mercado audiovisual de programas deportivos.

Así las cosas, los magistrados han subrayado que "no cabe" una interpretación de los derechos sobre contenidos en régimen de exclusividad que "limite el derecho prioritario a la información del que son titulares todos los ciudadanos" y que "les prive del conocimiento de aquellos eventos deportivos de gran audiencia y valor informativo" que se materializa a través de los resúmenes informativos de los medios.

En el marco de la resolución, además, han asegurado que --"contrariamente a la tesis que mantiene la defensa letrada de la Liga Nacional de Futbol Profesional"-- la sentencia de la Audiencia Nacional no vulnera la libertad de empresa que garantiza el artículo 38 de la Constitución.

Condenado en Cantabria a pagar 23.900 euros al policía al que agredió tras pedirle que se subiera la mascarilla

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Santander ha condenado a un hombre por agredir a un policía nacional tras exigirle que se subiera la mascarilla, y al que deberá indemnizar con más de 23.900 euros por las lesiones y secuelas causadas.

Los hechos ocurrieron en la noche del 24 de octubre en Torrelavega, y el implicado ha sido condenado por un delito de atentado a los agentes de la autoridad en concurso con otro de lesiones, ya que el efectivo sufrió luxación de un hombro.

La pena privativa de libertad impuesta por ambos era de un total de nueve meses -seis por el primero y tres más por el segundo-, aunque en el fallo se ha acordado la suspensión de la misma, al ser inferior a dos años, condicionada eso sí a que el enjuiciado no vuelva a delinquir en ese periodo y al pago de la responsabilidad civil, de forma fraccionada, a razón de un cuota mensual de 150 euros.

La resolución, difundida este martes y consultada por Europa Press, se ha dictado tras el juicio celebrado por conformidad de las partes, en el que la acusación particular y la defensa se adhirieron al escrito del fiscal 

La sentencia considera probado que el procesado, mayor de edad y sin antecedentes penales, se encontraba sobre las 23.20 horas del 24 de octubre de 2020 en la calle Limbo de Torrelavega, donde estaba siendo identificado por la Policía Nacional.

Al decirle uno de los agentes que se subiera la mascarilla, y con el propósito de "menoscabar" el principio de autoridad que representan los policías, el implicado se acercó a "escasos centímetros" del efectivo en cuestión y le espetó: "Estás muerto. Sé que eres de Torrelavega. No sabes quién soy yo. Cuando te vea por ahí te vas a enterar", y le dio una patada en una pierna sin causarle lesión.

Tras ser reducido y detenido, fue trasladado a una comisaría. Y al ser conducido por el mismo agente a los calabozos, "con igual ánimo realizó una maniobra brusca para evitar su ingreso, que provocó que el agente se dañara el hombro izquierdo".

A consecuencia de estos hechos, el policía sufrió luxación en el hombro izquierdo y precisó tratamiento médico para su curación, tarando 394 días en curar de perjuicio moderado y un día de perjuicio grave.

En el momento de los hechos el enjuiciado se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, lo que afectaba levemente a sus capacidades intelictivas y volitivas, según la magistrada, que ha aplicado la atenuante analógica de embriaguez.

El sindicato Jupol, que ha ejercido la representación legal del policía herido, ha mostrado su "satisfacción" por esta condena y confía en que sirva para "reparar el daño causado al agente de la Policía Nacional y, en parte, para recuperar el principio de autoridad de los agentes".

Un tribunal militar enjuiciará finalmente la muerte por un disparo de un legionario de maniobras

La muerte por un disparo de fusil de un caballero legionario de Mallorca en un ejercicio en marzo de 2019 en el campo de maniobras de Agost (Alicante) será enjuiciada por un tribunal militar que dirimirá cuál es el grado de responsabilidad de los ocho procesados, entre mandos y soldados, tanto en el fallecimiento como en las acciones que se llevaron a cabo presuntamente en las horas posteriores para encubrir los hechos.

El presunto autor del disparo, un sargento de la Brileg de la base 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), se enfrenta a una petición de la Fiscalía de siete años, cinco meses y 15 días de prisión. Formula acusación contra él y contra un teniente como coautor, así como contra un capitán, quien estaría detrás del plan que supuestamente se trazó para tapar los hechos y otro teniente por su supuesta participación en la "alteración del escenario".

La competencia de la jurisdicción militar la ha determinado el Tribunal Supremo (TS), que desestima el recurso de casación de la familia del caballero legionario fallecido, quienes solicitaron la inhibición a favor de la jurisdicción penal ordinaria por considerar que la muerte "es un asesinato o, en todo caso, un homicidio doloso", lo que excluiría la competencia de un tribunal militar.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que deja expedito el señalamiento de la vista oral, rechaza, tal y como sostiene la actuación particular, que el Código Penal marcial "solo" regule el resultado de muerte imprudente e impida, por tanto, "formular acusación en el ámbito militar por un delito de asesinato u homicidio doloso" al tiempo que remarca que los hechos tuvieron lugar en un "ámbito estrictamente castrense".

El Supremo avala la resolución que ya adoptó en el mismo sentido el Tribunal Territorial Militar Segundo, con sede en Sevilla, y critica que la acusación pretenda que "se adentre en exámenes que son propios del acto de juicio oral" para determinar si hay dolo, ya que ello requiere de "alegaciones, de pruebas y de contradicción".

"Tales extremos han de ser discutidos en el acto del juicio oral, siendo el tribunal con jurisdicción militar el que pueda pronunciarse sobre ellos, estando vedado que lo haga un órgano
de la jurisdicción penal ordinaria, que carece de jurisdicción para conocer del delito militar imputado", indica.

Concluye que si al final los hechos supusiesen infracción tipificada en la legislación penal ordinaria "ya se abstendrá el Tribunal Militar de conocer", pero ello cuando, según matiza, "haya tenido un completo conocimiento de la causa, solamente posible mediante la celebración del juicio oral".

Al sargento S.A.G., de cuyo fusil salió supuestamente el proyectil, la Fiscalía le imputa la presunta comisión de un delito contra eficacia del servicio en su modalidad de causar muerte por imprudencia grave durante la ejecución de un ejercicio de armas y como coautor acusa al teniente F.P., para quien pide penas que suman cuatro años y seis meses de prisión.

También acusa al capitán A.C. y al teniente R.G. Para el capitán solicita un total de cuatro años y seis meses de cárcel, mientras que para el teniente pide penas que suman dos años y seis meses de prisión.

RELATO DEL MOMENTO DEL DISPARO

Para encuadrar los hechos atribuidos al sargento S.A.G. en el delito contra la eficacia en el servicio del artículo 77.1, sostiene en un momento de las maniobras desarrolladas el 25 de marzo de 2019 "mandó el alto el fuego y reconocimiento de los blancos cuando el pelotón estaba unos 20 metros de los mismos, cesando disparos y acercándose para su reconocimiento dos soldados, quienes dieron la novedad de 'blancos abatidos'".

La Fiscalía mantiene que, a continuación, gritó "enemigo al frente, al faldón de la montaña, en claro blanco a las doce" y que lo hizo "sin que dicha orden estuviese prevista previamente en la programación del ejercicio a realizar, ni se hubiese puesto en conocimiento del pelotón durante las instrucciones recibidas al efecto", lo que habría supuesto un "traspaso claro de las instrucciones dadas" por uno de los tenientes, "quien era en ese momento el oficial al mando y responsable máximo en la ejecución del mismo".

Remarca en su escrito que el incorporar "sobre la marcha" un nuevo objetivo por parte del suboficial se "pretendía aumentar el consumo de munición toda vez que se había consumido menos de lo esperado dada la rapidez con la que habían realizado el ejercicio programado" y describe que la ejecución de ese nuevo objetivo se realizó "subiendo el binomio más adelantado a la cresta del merlón, abriendo fuego desde la posición cuerpo a tierra".

El fiscal relata que uno de esos disparos efectuados por el sargento "cuando se encontraba en pie, con el culatín de fusil apoyado en el hombro, desde el merlón y a una distancia de unos 12,50 metros orientado a la posición" del caballero legionario fallecido, impactó sobre el mismo, "quien se encontraba en ese momento situado el primero por el flanco izquierdo en posición de rodilla en tierra o guardia baja, con su fusil orientado al suelo" ya que, según precisa, en el momento del impacto estaba "comprobando su armamento tras agotar munición".

El proyectil alcanzó el culatín del fusil, "desestabilizándose y sufriendo un volteo, que sin embargo no alteró su dirección, impactando a continuación en su cuerpo", ocasionándole una herida fatal "por orificio de bala en hemitórax derecho".

De acuerdo a lo que se concluyó durante la instrucción del sumario, después de que recibiese la herida mortal, traslada la Fiscalía que el sargento S.A.G. habría recriminado con insultos a un compañero que "rompió a llorar" y habría "violentado e intimidado" a "testigos" para "influir directa o indirectamente" sobre ellos durante la investigación.

En concreto, a uno de los legionarios que habría alertado a los investigadores lo habrían "acosado" y el capitán de la compañía habría dado órdenes a los integrantes de los dos pelotones que participaban en las maniobras para "encubrir" los hechos con "mentiras" y "alterando el escenario".

En su auto de procesamiento, el juez ya apuntó que a la "multitud de versiones ofrecidas sobre lo sucedido" y a la "evidente contradicción entre el resultado de los informes y las declaraciones", lo que, según indicó, le llevó "necesariamente a concluir que pretendieron ocultar lo realmente acontecido, silenciando aspectos determinantes y tergiversando otros, con la única finalidad de dificultar la investigación policial y judicial y el descubrimiento de lo sucedido".

VARIOS DELITOS

La Fiscalía atribuye al sargento, al margen del delito principal por el que pide cuatro años y nueve meses de cárcel, la supuesta comisión de dos delitos de abuso de autoridad en su modalidad de "injuriar" a un subordinado; y un delito de obstrucción a la justicia. Además de la pena privativa de libertad, pide multa de 12 meses a razón de 12 euros al día.

Al teniente P.F. le acusa además de un delito de deslealtad y de un delito contra la eficacia en el servicio "por dejar de observar una orden recibida causando grave daño al servicio".

Interesa que a ambos se les declare responsables civiles directos y que, de forma solidaria, abonen a cada uno de los progenitores del fallecido una indemnización de 110.623 euros, si bien, subsidiariamente, debería responder el Estado. También pìde que el sargento indemnice a uno de los soldados supuestamente injuriados.

Al capitán A.C. le achaca un supuesto delito de deslealtad, otro de encubrimiento y un tercero de desobediencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones mientras que al teniente R.G. le imputa otro presunto delito de deslealtad y otro delito contra la eficacia en el servicio en su modalidad de "dejar de observar una orden recibida".

Condenado por abusos sexuales a ocho alumnas un profesor de la Escuela Pablo Picasso de La Coruña

El Juzgado de lo Penal número 4 de La Coruña ha condenado a un profesor de la Esuela de Arte Superior de Diseño Pablo Picasso de La Coruña por abuso sexual a ocho alumnas, según recoge el fallo al que ha tenido acceso Europa Press. Los hechos tuvieron lugar en los cursos académicos 2019-2020 y 2020-2021, durante las clases y en las tutorías.

En la sentencia, se le condena por dos delitos de abusos sexuales y seis delitos continuados de abusos sexuales. Lo absuelve, sin embargo, de otro de estos delitos en el caso de otra estudiante.

Sobre los hechos, por los que el profesor fue suspendido, se afirma que el acusado "de forma voluntaria y consciente" realizó "tocamientos" a sus alumnas, "sin empleo de violencia e intimidación", con "significado sexual" y "sin su consentimiento".

También señala que las víctimas se encontraban en "una clara posición de debilidad" frente a la que ostentaba su profesor, con la consiguiente "limitación de su capacidad para resistirse de lo que se prevalió el mismo para cometer los hechos".

Destaca sobre las víctimas, y en relación al momento en que se produjeron los hechos, que sintieron "mucha incomodidad, inseguridad, desconcentración, tensión e impotencia". "Sin que conste que les resten secuelas psíquicas", añade el fallo.

INDEMNIZACIONES

Por los hechos considerados probados, el acusado ha sido condenado a penas de multa frente a la de prisión ya que se valora que "carece de antecedentes penales" y "los hechos, aunque reprobables, no revistieron una especial gravedad". Asimismo, deberá pagar indemnizaciones a las víctimas por "daño moral".

Frente a las peticiones de condena de Fiscalía y acusación particular, la defensa, en el juicio, pidió la libre absolución de su cliente o, subsidiariamente, la calificación de los hechos como constitutivos de vejaciones injustas.

En su declaración, el hombre negó que hubiese acaraciado a las alumnas o realizado otro tipo de tocamiento, aunque admitió en algún caso haberles tocado la espalda. Esto lo atribuyó a un "gesto habitual" suyo o a que era "bastante tocón".

Cuatro años de cárcel al piloto de la embarcación que mató a un menor en Barbate en 2018

La Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a cuatro años de cárcel al piloto de la embarcación que arrolló a una embarcación de recreo en el mes de mayo de 2018 en la playa de Getares (Algeciras) y provocó la muerte de un menor de edad que viajaba en ésta última.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello se ha producido tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, que lo ha considerado responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave.

En la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, la Audiencia impone además al acusado la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 800 metros de los padres y hermanos del menor fallecido por un espacio de cinco años.

El jurado, en su veredicto, ha considerado probado que los hechos tuvieron lugar el día 14 de mayo de 2018, cuando el condenado pilotaba una embarcación semirígida de 300 CV de potencia en la playa de Getares careciendo de la titulación necesaria para su manejo y realizando maniobras "peligrosas a velocidad superior a la permitida, sin atender los requerimientos de cese que le fueron dirigidos por varios bañistas y llegando en una ocasión a perder el control del pilotaje, saliendo despedido de su asiento".

En un momento dado, y según el jurado, el acusado se aproximó a la embarcación de recreo que se encontraba próxima a la orilla de la playa y que estaba ocupada por el menor fallecido, su padre y un amigo de éste, "quienes también le recriminaron la conducta", instante en el que sonó el teléfono del acusado.

Mientras atendía la llamada, el condenado realizó una "arriesgada" maniobra de aceleración, "rápida y fuerte", que le hizo perder el control de su embarcación, arrollando por su parte central la embarcación de recreo donde se encontraba el menor, lo que provocó su fallecimiento en el acto debido a un shock traumático por atropello náutico.

El jurado ha considerado probado que el acusado "era sabedor del riesgo que se producía con sus maniobras, y en la creencia de que iba a poder controlar su embarcación, no cesó en su actitud, omitiendo el más elemental deber de cuidado, y realizó una peligrosa y arriesgada maniobra de aceleración fuerte, perdiendo el control de la embarcación y ocasionando con el choque la muerte del niño".

En su veredicto, el jurado ha acogido la tesis de la defensa, entendiendo que el acusado no actuó aceptando el resultado que provocó, sino que éste se produjo por una imprudencia de carácter grave.

En sus conclusiones definitivas, expuestas antes de hacerse público el veredicto del jurado, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaron para el encausado 15 años de cárcel por un delito de homicidio, así como que se le impusiera la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 800 metros de la familia del menor por tiempo de 25 años.

La Audiencia, sin embargo, ha recordado que dicho delito de homicidio por imprudencia grave está castigado con pena de prisión de uno a cuatro años, entendiendo procedente en este caso imponer cuatro años de cárcel "atendiendo a la entidad de los hechos, a la conducta desplegada por el acusado, al riesgo creado dadas las características de la embarcación, su motor de alta potencia, difícilmente manejable, y a su ausencia de pericia, no contando con la titulación necesaria para pilotarla, lo que en este caso le hace merecedor de la pena máxima prevista, pues su conducta, unida al tristísimo desenlace de la misma, supone un plus de reprochabilidad que le hace merecedor de ella".

La sentencia, fechada el día 18 de abril, no es firme, habiendo sido recurrida en apelación por la acusación particular ejercida por los padres y hermanos del menor fallecido.

Siete años y medio de cárcel al acusado de arrojar al vacío a un hombre desde un edificio 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de siete años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Pontevedra a un acusado de dejar caer a un hombre desde el edificio de usos náuticos situado en la localidad pontevedresa de A Illa de Arousa.

Según ha informado el TSXG, como consecuencia de las lesiones permanentes que sufrió, la víctima se encuentra limitada para llevar a cabo cualquier actividad profesional "que precise deambulación, subir o bajar escaleras o pendientes".

La Sala indica en la sentencia en la que desestima el recurso del condenado que no observa "déficit alguno en el razonamiento del tribunal sentenciador", al tiempo que recalca que el relato de la víctima es "claro, firme y persistente".

Además, los magistrados indican que tampoco se detectaron contradicciones relevantes y subrayan que es "un dato completamente irrelevante" si ambos se hallaban de frente o de espaldas en el momento en el que la víctima fue arrojada al vacío, "máxime si tenemos en cuenta el imaginable impacto emocional" que sufrió el perjudicado.

El alto tribunal gallego indica que existen elementos periféricos que corroboran la versión del afectado, entre ellos "la geolocalización del móvil del procesado y lo que se descubrió a partir del volcado de los datos que contenía el terminal, las testificales de referencia y la documental médica".

AUXILIO

Los hechos sucedieron en la madrugada del 8 de marzo do 2020, sobre las 4,40 horas, según el relato recogido en la sentencia, y el agredido no fue encontrado hasta pasadas las 10,00 horas de ese día por un vecino que le prestó auxilio y que alertó a los servicios sanitarios, que lo trasladaron a un centro hospitalario.

Contra esta sentencia se puede interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación que se haga de la misma, incluida la del acusado en su persona.

Un acusado se enfrenta a 14 años de cárcel por matar a su mujer de 75 años de varias puñaladas

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este martes a un acusado de asesinar de varias puñaladas a su mujer de 75 años tras mantener una discusión en el domicilio conyugal en Fuenlabrada, hechos por los que se enfrenta a una petición de 14 años de cárcel.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de homicidio y, en concepto de responsabilidad civil, le reclama 112.500 euros para los cinco hermanos de la víctima.

El escrito de acusación señala que sobre las 12.30 horas del 26 de febrero de 2020, B. S. S. entabló una discusión con su esposa en el salón de la vivienda familiar que ambos compartían en Fuenlabrada. En un momento dado, según explica el fiscal, el acusado empuñó un cuchillo y se abalanzó sobre la mujer "con la voluntad de clavárselo".

La esposa, que estaba frente a B. S. S., al intentar zafarse de su agresor cogió el cuchillo, "agarrando el filo", lo que le ocasionó heridas en la mano.

Durante el forcejeo entre ambos, el acusado propinó a su pareja un golpe con el cuchillo en la cara y le infirió una cuchillada que le alcanzó en el dorso de su mano, en su reacción defensiva.

Pese a intentarlo en varias ocasiones, la víctima, de 75 años edad, no consiguió coger el cuchillo ni librarse de su agresor "y este, con el propósito de acabar con la vida de (..), continuó con su acometida y le asestó, con el cuchillo de cocina, tres puñaladas en el tórax y abdomen, penetrando, dos de las puñaladas, en la cavidad torácica y abdominal con perforación del hígado, pericardio y cúpula diafragmática".

Tras recibir varias puñaladas, la mujer salió de su vivienda solicitando auxilio a su vecina "y cayó desplomada al suelo entre el descansillo de su vivienda y la vivienda vecina".

Al llegar los Servicios Sanitarios al lugar consiguieron estabilizar a la víctima, la cual estaba tumbada en el rellano, y procedieron a su traslado en la ambulancia al Hospital, donde falleció sobre las 15.20 horas del 26 de febrero de 2020.

Mientras tanto, el acusado volvió a coger el mismo cuchillo de cocina y se causó a sí mismo heridas en el mesogastrio y vacío derecho con salida de asas intestinales y heridas en cara anterior de tórax y cuello.

B. S. S. se encuentra privado de libertad por esta causa desde el día 28 de febrero de 2020, día en que fue detenido por la Policía.

Comienza el juicio a una banda que intentó traer a España más de 600 kilos de cocaína desde el Caribe

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha iniciado este martes el juicio contra seis hombres y dos mujeres acusados de formar una banda dedicada a traer cocaína desde la isla caribeña de Martinica para su venta en Mallorca.

El Fiscal pide para los seis hombres penas de entre 11 y 13 años de prisión por los delitos de salud pública y pertenencia a grupo criminal, mientras que las dos mujeres se enfrentan a cuatro años de prisión por el delito de salud pública en concepto de cómplices.

Según el escrito de conclusiones, en octubre de 2018, dos de los acusados, contratados por un tercer encausado, viajaron a bordo de un yate hasta la isla de Martinica para recoger y trasladar a España una importante cantidad de cocaína.

Sin embargo, en febrero de 2019 regresaron a Mallorca por desacuerdos en relación a la organización del viaje y tras haber dejado la embarcación preparada para la ocultación de la droga y tras haber percibido, en concepto de adelanto, 20.000 euros de los 1,8 millones que finalmente debería percibir una vez finalizado el transporte a España.

 

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