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DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Sociedad

TRIBUNALES:​ En prisión un profesor de Puertollano por presunto abuso sexual y corrupción de menores

Juicios relevantes, abusos sexuales, agresiones, tráfico de drogas, crímenes...

04.07.2022

Sociedad en Castilla-La Mancha

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4 DE JULIO

En prisión un profesor de Puertollano por presunto abuso sexual y corrupción de menores

Un profesor que ha ejercido hasta la fecha su labor docente en un centro educativo de Puertollano (Ciudad Real) ha ingresado en prisión preventiva y está siendo investigado como presunto autor de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores tras la denuncia de tres madres.

La investigación y procedimiento judicial se producen tras una denuncia de las madres ante la comisaría de la Policía Nacional de Puertollano, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Inmediatamente se abrió una investigación urgente, se tomó exploración a los menores y se iniciaron análisis de datos de Internet del detenido. Las diligencias apuntan a presuntos delitos contra la integridad sexual, concretamente los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

El profesor ya fue investigado por hechos similares en el pasado, aunque la causa fue archivada.

La nueva investigación, adelantada por el diario Lanza y confirmada por Europa Press, tuvo lugar la semana pasada. Al poco tiempo de su detención, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puertollano decretó el ingreso en prisión preventiva de esta persona.

Un juzgado de Lérida investiga el hallazgo de un feto en un domicilio

El Juzgado de Instrucción 4 de Lérida ha abierto una causa por el hallazgo de un feto en avanzado estado de gestación en un domicilio del barrio leridano de La Bordeta, ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Según ha publicado el diario 'Segre', un informe preliminar apunta a que el feto nació vivo y falleció poco después por ahogamiento, aunque se está a la espera de la autopsia.

Los Mossos d'Esquadra abrieron diligencias el miércoles para esclarecer la muerte del feto que inicialmente se comenzó a investigar como un asunto médico al tratarse presuntamente de un aborto de una joven de 22 años que afirmó que desconocía estar embarazada.

El miércoles, la madre de la pareja de esta joven, que vive con los dos, al regresar a su domicilio tras finalizar su jornada laboral, encontró en el baño una bolsa que contenía un feto con la placenta y el cordón umbilical y alertó a los servicios de emergencia.

La mujer que encontró el feto contó que su hijo le había dicho horas antes que su pareja había sido trasladada al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida porque había tenido una hemorragia.

Los agentes interrogaron a la pareja de la joven y a otros familiares, que manifestaron que desconocían que la chica estuviera embarazada.

3 DE JULIO

Piden cuatro años de prisión para un hombre y una mujer por abusar de una menor, grabarlo y difundirlo en redes sociales

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este martes (09.30 horas) vista previa del juicio contra un hombre y una mujer por presuntamente abusar sexualmente de una menor, grabarlo y difundirlo en redes sociales.

El Fiscal pide para el hombre cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a menor de 16 años, mientras que para la mujer pide cuatro años de cárcel por un delito contra la intimidad con víctima menor de edad.

Según el escrito de conclusiones provisionales, los hechos se remontan a 2017, entre verano y noviembre. El hombre y la mujer se dirigieron a un pub con la víctima, que tenía entonces 15 años y era amiga de una hija de la mujer encausada.

Una vez allí, según el relato de la Fiscalía, el hombre besó en la boca a la menor y le introdujo las manos en los genitales. Además, hizo que la chica introdujera sus manos en los genitales del hombre.

Mientras tanto, la mujer grabó la escena sin consentimiento de la víctima y difundió el contenido en redes sociales.

2 DE JULIO

El Supremo absuelve a un joven condenado por abuso sexual a una menor de 15 años por tener una madurez similar a ella

El Tribunal Supremo ha anulado una condena impuesta a un joven de 22 años por un delito de abuso sexual a una menor de 15 años. Aunque la relación por ley --aún al ser consentida-- conlleva pena de prisión, los magistrados han concluido que las conductas de la menor y del acusado denotan "una mentalidad y madurez afín entre ambos".

El Alto Tribunal ha considerado que el modo en el que el acusado se aproximó a la menor, "el cortejo que mantuvieron al mismo nivel" y el intercambio de mensajes y fotos entre ellos "son datos reveladores de un grado de madurez y de desarrollo psicológico del acusado no muy distante de" la menor.

En consecuencia, la Sala de lo Penal --en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press-- ha estimado el recurso que presentó el joven y ha anulado la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de condenarle a ocho años de prisión por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años.

1 DE JULIO

Condenado a 9 años de cárcel por violar a una amiga con la que quedó para hablar de sus problemas sentimentales

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a A.A.V. como autor criminalmente responsable de un delito consumado de agresión sexual con acceso carnal por penetración vaginal a las penas de 9 años de prisión, así como las accesorias de prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, o lugar de trabajo a una distancia inferior a 300 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante 10 años, además de someterse a programas formativos de educación sexual en este plazo.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, tendrá que indemnizar a la víctima con un total de 30.750 euros por las lesiones y por daño moral.

La sentencia considera probado que el pasado 5 de julio de 2020, el acusado entró en contacto telefónico con la víctima, a quien le relató una ruptura sentimental con su anterior pareja, consiguiendo convencerla para hablar del tema.

La víctima le recibió en su domicilio de Ciudad Real, y el acusado, tras iniciar una conversación sobre los problemas personales en el salón de la vivienda, y tras ingerir ambos una cantidad indeterminada de cerveza, intentó conseguir el consentimiento de la chica para tener relaciones sexuales, a lo cual se negó.

La negativa provocó que el acusado la condujera violentamente hasta el dormitorio, lanzándola contra la cama. Seguidamente el acusado, con ánimo libidinoso, forcejeó con la víctima, rompió el botón y cremallera de sus pantalones y se los bajó, violándola.

El fiscal pide 16 años de cárcel para un neonazi por el intento de asesinato de dos jóvenes

La Fiscalía de Madrid solicita 16 años de prisión para un acusado del intento de asesinato de dos jóvenes, a quienes increpó y agredió "por su estética exterior como personas de extrema izquierda" junto con un grupo de amigos.

Según el fiscal, el acusado, a quien imputa dos delitos de tentativa de asesinato con la agravante de discriminación ideológica, era afín a grupos relacionados al movimiento skinhead neonazi, "si bien no se puede afirmar su pertenencia a una organización en concreto". El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia de Madrid.

El escrito de acusación señala que sobre las 00.08 horas del 5 de marzo de 2016, L. A. G. S., conocido como "Fofy", se encontraba con unos amigos en el bar "A mi manera" de San Sebastián de los Reyes cuando dos de ellos, que se encontraban en la puerta del local, empezaron a insultar a una pareja de jóvenes que pasaban por la calle "por el único motivo de identificarles por su estética exterior como personas de extrema izquierda".

Los insultos provocaron un enfrentamiento entre ellos y que el acusado saliera del bar junto al resto de sus amigos "alertados por las voces".

El grupo mayoritario que profería gritos de "rojos de mierda", "venimos de Madrid a mataros" o "Hitler fans" comenzó a perseguir a los dos jóvenes, a quienes después de darles alcance, "les agredieron con distintos instrumentos peligrosos que portaban como cuchillos, un
destornillador y un cúter".

Si bien en la agresión de ambos jóvenes participaron varios de los amigos del procesado, que ya han sido condenados por estos hechos, la Fiscalía afirma que L. A. G. S. fue quien intentó clavar "con fuerza" un cuchillo a V. A. A. tras tenerlo inmovilizado "mientras otras personas del grupo agresor le propinaban puñetazos y patadas en la cabeza".

El otro joven que fue objeto de la agresión, al apercibirse de la situación de "gran peligro" en la que estaba su amigo, propinó una patada al acusado, momento en el que se le encaró y le lanzó una cuchillada al cuello que le alcanzó en la cara.

En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclama para el acusado 28.577 euros para G. H. A. y otros 4.238 euros para V. A. S.

30 DE JUNIO

Petición de un año por agredir a otro en los baños de un bar al grito de "hay que matar a los maricas como tú"

La Audiencia de Valladolid celebra juicio el próximo día 6 de julio contra un varón con iniciales G.C.R. por un delito de odio cometido en mayo de 2021 cuando, presuntamente, agredió a otro en los baños de un bar de la capital al grito de "hay que matar a los maricas como tú".

En su escrito de calificación provisional, el fiscal del caso solicita para el encausado una condena de un año de cárcel por delito de odio y multa de 3.240 euros, junto con su inhabilitación por espacio de cuatro años para el ejercicio de cualquier profesión u oficio educativos en el ámbito docente--en todo caso tres años superior a la pena privativa de libertad que le sea impuesta--, y otra multa de 720 euros por un delito leve de lesiones, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El incidente objeto de la presente causa se remonta al 2 de mayo de 2021, sobre las 19.05 horas, y tuvo por escenario un bar ubicado en la calle Alonso Pesquera de Valladolid, donde la víctima había acudido al baño del local y se disponía a abandonar la zona del water para acercarse a la del lavabo.

Fue entonces cuando, presuntamente, el acusado dio un fuerte empujón a la puerta para impedírselo y acto seguido le agarró del brazo, se lo retorció y le introdujo de nuevo en la zona del water y le puso contra la pared tras asirle también por el cuello, para en ese momento comenzar a proferir frases del tipo "¡hijo de puta, marica, marica de mierda, hay que matar a los maricas como tú!".

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió distintas lesiones físicas y ansiedad que precisaron de una primera asistencia sanitaria.

Junto con las referidas penas pedidas por tales hechos, la acusación pública interesa la prohibición del acusado de aproximarse al agredido a una distancia no inferior a 500 metros por un tiempo de dos años, así como a comunicarse con él por cualquier medio durante el mismo periodo.

28 DE JUNIO

El Supremo absuelve a un acusado de abusar sexualmente a una mujer con discapacidad al concluir que hubo consentimiento

El Tribunal Supremo ha acordado absolver a un hombre que había sido condenado por un delito de abuso sexual sobre una mujer de 35 años con discapacidad psíquica al concluir que las relaciones mantenidas entre ambos fueron "consentidas".

Los magistrados han precisado que las relaciones se desarrollaron en un "espacio válido, aunque limitado, de autodeterminación sexual", por lo que han considerado pertinente anular la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que condenaba al acusado a siete años de prisión.

En la sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal ha explicado que el relato de hechos probados describe que "el acusado no tenía ni se aprovechó de una situación de superioridad o de autoridad sobre la mujer". Según ha precisado, la relación personal entre ambos surgió a raíz del trabajo que desempeñaba como operario de la lavandería del centro residencial en el que estaba alojada la mujer.

En 31 folios, los magistrados han incidido en que lo que debe discernirse en estos casos es si el contacto sexual mantenido por la persona con discapacidad psíquica deriva de su propia autodeterminación o si, por el contrario, solo encuentra explicación en que el acusado, conocedor de las limitaciones de la mujer, se aprovechó para satisfacer su deseo sexual.

LA MUJER PODÍA DEFENDERSE

El tribunal ha explicado que la ley está redactada para buscar un equilibrio "entre dos situaciones extremas que son igualmente rechazables". Por una lado, "que un persona con déficit cognitivo no pueda tener jamás relaciones sexuales con personas normalmente imputables, ya que de hacerlo serían responsables de un delito de abuso sexual"; y por otro, "que las personas responsables no puedan aprovecharse impunemente de la singularidad psíquica de la víctima con olvido de la protección que tales personas merecen para que puedan ejercer su actividad sexual con un profundo respeto a su personalidad".

En este caso, los magistrados han considerado que el relato de hechos probados refleja unas relaciones consentidas. A su juicio, no consta que la mujer carezca de una "capacidad de autodeterminación sexual por no conocer la significación de su actuación" y que sea "incapaz" de "rechazar libremente" la relación cuando así lo considere oportuno, ni que haya sufrido menoscabo físico o psíquico derivado de las relaciones con el acusado.

Lo que sí consta es que su capacidad de participar en actos de contenido sexual "está distorsionada por su discapacidad" y que su situación "hace que su comportamiento sexual sea diferente y particular, tendiendo a la hipersexualidad, siendo por ello una persona muy influenciable y manipulable en el ámbito de las relaciones sexuales".

Respecto a este extremo, el tribunal ha hecho referencia a un informe pericial médico forense en el que, aunque se recoge que es una persona manipulable por su déficit intelectual, se "refleja que su carencia no le impide contar con suficiente información en cuanto a educación sexual se refiere, pues conoce los posibles riesgos potenciales y sabe que hay elección cuando se le propone participar en una actividad sexual".

Dicho informe, además, añade que la mujer "no presenta dificultad para exteriorizar su voluntad, pues su capacidad para comunicarse es buena, y tampoco presenta dificultades físicas para protegerse, por lo que se deduce que las relaciones mantenidas han sido consentidas y no han supuesto ningún daño para ella".

AUTODETERMINACIÓN SEXUAL

Así las cosas, el tribunal ha concluido que aunque "es evidente que no se puede exigir que la afectada realice un análisis de su sexualidad en la forma en que lo haría una persona que no estuviera sometida a sus limitaciones", las relaciones sexuales que mantuvo con el acusado "se desarrollaron dentro de un espacio válido, aunque limitado, de autodeterminación sexual, y sin que la relación sexual se abordara sobrepasando el límite tolerable de respeto a la autonomía decisoria de la mujer".

En el marco del análisis, el Supremo ha recordado que la ley penal, para dar validez al consentimiento sexual, "no exige de un profundo conocimiento de la sexualidad, sino de un conocimiento básico" y ha subrayado, además, que "resulta evidente" que "la sexualidad de cada sujeto no tiene que estar regida por determinados estándares morales vinculados a aspectos como el amor, la descendencia o la monogamia, por referencia a los más habituales, sino que cada sujeto conduce tal faceta de su personalidad de un modo soberano en el ejercicio de su autodeterminación sexual".

Según recoge la sentencia, cuando tuvieron lugar las relaciones la mujer tenía 35 años y estaba esterilizada. Pese a su minusvalía psíquica, tenía "destrezas sociales que le permiten un desempeño básico, atendiendo su cuidado personal y la alimentación", y podía "salir libremente del centro en el que reside".

El TS confirma la absolución de una persona acusada de ayudar al suicidio de otra que le hizo beneficiario de su póliza

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la absolución de una persona a quien se había acusado de haber colaborado con el suicidio de otra que le había nombrado como beneficiario de una póliza de vida por importe de 499.000 euros.

En una sentencia de 22 de junio, que se ha dado a conocer este martes, los magistrados han ratificado la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de absolver a la persona inicialmente acusada y han desestimado los recursos presentados por la familia del fallecido y la compañía de seguros.

Según consta en la resolución, recogida por Europa Press, en las condiciones de la póliza había una cláusula en la que se especificaba que si existía un suicidio en el primer año tras la póliza no habría cobertura. El fallecido, sin embargo, se quitó la vida unos días después y el beneficiario se presentó al cobro de la póliza tras el fallecimiento.

La Audiencia Provincial de Barcelona concluyó que no había resultado probado, "fuera de toda duda razonable", que ninguna otra persona interviniera --directa o indirectamente-- en la decisión del fallecido de quitarse la vida. La familia y la compañía de seguros llevaron el caso ante el Tribunal Supremo.

Ahora, en la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, el tribunal ha señalado que no se ha podido concluir que la suscripción de la póliza de seguro estaba "predeterminada y concertada" por el fallecido y por el acusado --que resultó finalmente beneficiario-- para que al transcurrir el año acabara con su vida y obtuviera el dinero.

NOTA DE SUICIDIO

En 49 folios, los magistrados han insistido en que "esta deducción o inferencia no se ha obtenido por parte del tribunal, ya que lo que se refleja en el resultado de hechos probados sin más son los hechos ocurridos, pero sin constatarse la influencia psicológica del acusado" en el fallecido para que éste se quitara la vida. Así las cosas, el Supremo ha concluido que esta situación ni determina la nulidad ni la condena que reclaman los familiares y la compañía de seguros.

El Alto Tribunal ha recordado que aunque en un principio se barajó la idea de una participación directa del acusado en la muerte, "esa línea de investigación fue abandonada tras conocer el resultado de la prueba pericial caligráfica sobre la nota de suicidio que determinó que la había escrito el fallecido sin intervención de tercera persona".

El Supremo ha explicado que al inicio de la investigación los agentes señalaron que la muerte se produjo por un suicidio por ingesta de fármacos y que no fue hasta tener conocimiento del seguro de vida que se amplió la investigación y se llegaron a señalar hasta 12 posibles indicios y la presunta participación del acusado.

Tras analizar de forma pormenorizada cada uno de los indicios, los magistrados han concluido que éstos no son suficientes para dictar una sentencia condenatoria, tal y como piden los familiares y la compañía de seguros.

El Supremo ha subrayado que de lo expuesto solo se evidencia "una serie de coincidencia de circunstancias, suposiciones o sospechas que pudieran llegar a entender una colaboración del acusado en los hechos", pero ha insistido en que "resulta evidente que los indicios determinantes de una condena deben tener una entidad calificadora de mayor relevancia".

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

La Sala de la Penal ha considerado que no hay indicios suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Según ha precisado, el fallecido acudió a la compañía de seguros de forma aparentemente voluntaria y en solitario, tanto a la firma como las veces en las que tuvo que aportar la necesaria documentación.

Además, los magistrados han incidido en que la cláusula de carencia de un año para el caso de suicidio podía haberse intentado eliminar y no se hizo; y en que el hecho de que el acusado reclamara el pago de la indemnización de forma inmediata "tampoco es un dato relevante".

En este sentido, han indicado que "era obvio" que podría haber tenido conocimiento de la póliza y de su carácter de beneficiario "porque se lo habría comentado el fallecido", pero que ello "no determina la existencia de una presunción de culpa de haber tenido participación directa en el fallecimiento".

25 DE JUNIO

Este martes juzgan al dueño de una empresa después de que su hija y empleada perdiera varios dedos trabajando

El Juzgado de lo Penal número uno de Albacete tiene previsto juzgar este martes, 28 de junio, a J.A.Z.M., para quien la Fiscalía solicita dos años y medio de prisión tras ser acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar sobre las 17.30 horas del 2 de marzo de 2018 en una empresa de reciclados de la localidad albaceteña de Montealegre del Castillo, propiedad del acusado, donde estaba trabajando la hija del mismo, identificada como M.Z.R., haciendo uso de una prensa sin medidas de seguridad.

Así, mientras que M.Z.R. seguía compactando el material, se produjo un atasco en la prensa. Fue entonces cuando la trabajadora se dirigió a la parte trasera de la máquina y abrió la compuerta, lo que tendría que haber paralizado la maquina. No obstante, al encontrarse desactivado el sistema de seguridad, la prensa siguió funcionando, produciéndose el atrapamiento de la mano izquierda de M.Z.R. con la cuchilla, lo que le provocó la amputación de varios dedos, causándole una deficiencia de la mano del cien por cien.

Unos hechos que el Ministerio Fiscal considera que son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores por el que piden dos años y seis meses de prisión y 10 meses de multa con cuota diaria de 15 euros.

Asimismo, solicitan la inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administrador único, socio o gerente en empresas durante dos años y medio. La perjudicada, por su parte, ha renunciado a todas las acciones civiles y penales y no pide indemnización.

Este martes juzgan a un vecino de Guadalajara acusado de prender fuego a su casa "en venganza" a sus vecinos

La Audiencia Provincial de Guadalajara juzgará este martes, 28 de julio, a J.J.C.M., vecino de Guadalajara acusado de prender un fuego en el salón de su casa en la madrugada del 19 de septiembre de 2020, "en venganza" a sus vecinos "por las malas relaciones mantenidas con ellos", lo que obligó a desalojar a la veintena de residentes que en ese momento se encontraban durmiendo en el inmueble; requiriendo varios de ellos de asistencia médica.

Así lo recoge el escrito de la Fiscalía de Guadalajara, en el que se solicita para el procesado una pena de 13 años de prisión con inhabilitación absoluta; tres meses de multa con una cuota diaria de 15 euros por los delitos de lesiones leves; y, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a particulares y aseguradoras con una cantidad que asciende en total a más de más de 34.500 euros.

El procesado, diagnosticado de dependencia a sustancias estupefacientes, trastorno esquizofrénico y trastorno antisocial, sin que según recoge el informe forense en el momento que ocurrieron los hechos tuviera afectadas sus capacidades cognitivas ni volitivas, está acusado de un delito de incendio y dos delitos leves de lesiones.

Según el escrito de la Fiscalía, el suceso ocurrió sobre las 03.00 de la madrugada, y al percatarse los vecinos de que el humo subía por el hueco de la escalera, así como del resplandor de las llamas, llamaron a la Policía. El procesado recibió la presencia de los agentes de la autoridad gritando: "os lo dije que lo iba a hacer, no me creíais, que le he pegado fuego al edificio".

Además, no era la primera vez que amenazaba con ello; ya, en agosto de ese mismo año fue requerida la presencia policial en el edificio tras un altercado con los vecinos. En ese caso recibió a los agentes diciendo: "voy a reventar el edificio, he abierto el gas; subid, que os estoy esperando".

Por la sala pasarán a declarar una veintena de testigos; también habrá prueba pericial y prueba documental.

24 DE JUNIO

Un hombre se enfrenta a más de 11 años de prisión por abusar sexualmente de un menor de 15 años en Albacete

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar el próximo lunes, 27 de junio, a A.M.V., para quien la Fiscalía solicita 11 años de prisión, tras ser acusado de abusar sexualmente de un menor de 15 años, con el que contactó mediante la aplicación de citas 'Grindr'.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se iniciaron a finales de enero de 2021, cuando el procesado, A.M.V., contactó mediante 'Gridr' con B., de 15 años de edad.

Tras varias conversaciones, el acusado consiguió el número de teléfono del menor y empezaron a hablar por WhatsApp, por donde empezaron a intercambiar mensajes de contenido sexual.

Finalmente, el 12 de febrero de ese mismo año, A.M.V. invitó a B. a su casa. Una vez en el domicilio, el acusado ordenó al menor que se desnudara y se metiera en la ducha con él, donde le pidió que le hiciera una felación. Más tarde fueron a la cama, donde lo penetró analmente. Tras lo sucedido, el acusado volvió a ducharse, momento que la víctima aprovechó para abandonar la vivienda.

Días después, A.M.V. volvió a contactar con el menor para enviarle una foto de su pene, pidiéndole que le respondiera con una imagen de él desnudo.

El Ministerio Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual, por el que piden 10 años de prisión, 10 años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse a B. a menos de 500 metros durante 15 años y la inhabilitación especial para cualquier trabajo que requiera contacto con menores por 15 años.

Asimismo, por el delito de exhibicionismo, la Fiscalía solicita 20 meses de prisión, cuatro años de libertad vigilada, la prohibición de aproximarse al menor a menos de 500 metros durante tres años y la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión que conlleve contacto con menores durante cinco años.

Por último, el acusado deberá indemnizar a B. en la cantidad de 10.000 euros por las lesiones y secuelas sufridas.

La justicia avala que los vehículos VTC puedan realizar envíos de paquetería

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado el servicio de paquetería que Cabify lanzó en abril de 2020, al determinar ajustado a derecho el uso de turismos vinculados a licencias VTC para el transporte de pequeñas mercancías.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados estiman el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Prestige and Limousine, S.L. contra la desestimación presunta de la reclamación presentada al amparo del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

A la compañía se le requirió que dejara de prestar el servicio denominado Envios BY PyL y eliminar cualquier alusión al mismo en la página web, resolución que ahora se anula por no ser conforme a derecho.

La Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Transportes e Infraestructuras requirió que cesase hasta en 12 ocasiones.

En la resolución, los magistrados determinan que el uso de vehículos turismo para el transporte de pequeñas mercancías es perfectamente conforme a derecho.

"Tales preceptos permiten con claridad, por un lado, que los vehículos que cuenten con licencia VTC puedan transportar tanto el equipaje de los viajeros que ocupen el vehículo como otros objetos o encargos distintos de los equipajes de los viajeros, cuando su transporte resulte compatible con las características del vehículo y no implique molestias o inconvenientes", señala.

Esta sentencia también afirma que la Consejería de Transportes e Infraestructuras del anterior gobierno de la Comunidad de Madrid "vulneró el derecho de libertad de establecimiento [de Cabify] por introducir requisitos innecesarios y desproporcionados", al requerirle el cese del servicio de Cabify Envíos.

La sentencia del TSJM va en línea con la Resolución de la CNMC de febrero de 2021, que avaló el servicio de paquetería de Cabify y definió como "innecesario y desproporcionado" el requerimiento de cese del servicio de paquetería del grupo Cabify notificado por la Dirección General de Transportes de la Comunidad Autónoma de Madrid, gestionada por el equipo del exconsejero Ángel Garrido.

Además, el TSJM condena a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid a abonar las costas del proceso, puesto que dicha parte "ha visto rechazadas todas sus pretensiones, al no apreciarse que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho".

23 DE JUNIO

La Fiscalía Anticorrupción archiva su investigación sobre los contratos vinculados al hermano de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar su investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante "la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales".

En un decreto firmado este mismo jueves, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, da carpetazo a los hechos denunciados por PSOE, Podemos y Más Madrid sin realizar "pronunciamiento alguno" sobre los "posibles delitos de malversación" de fondos europeos que investiga la Fiscalía Europea.

Esa investigación de la institución comunitaria, que sigue abierta, se inició porque el citado contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas durante la pandemia se pagó con fondos FEDER provenientes de la Unión Europea.

En lo relativo a Anticorrupción, Luzón señala que la investigación practicada hasta la fecha "no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el SERMAS --el Servicio Madrileño de Salud-- o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa PRIVIET".

Tampoco consta, añade la Fiscalía, que el hermano de la presidenta "aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte y de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación, no era en absoluto necesario para presentar la oferta".

CUMPLEN SUS "OBLIGACIONES TRIBUTARIAS"

En lo que se refiere "a la facturación, el pago y el cobro de la comisión", el Ministerio Público califica "el procedimiento seguido de transparente". Y es así, añade, en tanto que Tomás Díaz Ayuso, "en su condición de autónomo, factura en su propio nombre, como persona física, y por el concepto real". Después "PRIVIET transfiere el importe" a su cuenta "y ambos cumplen con sus correspondientes obligaciones tributarias".

A juicio del fiscal jefe, el hermano de la presidenta madrileña "ofrece una explicación coherente sobre su intervención en el proceso de venta de las mascarillas, que viene fundamentada tanto por el material documental aportado por su representación como por los diferentes testigos que han declarado".

Se trata de un relato, el de Tomás Díaz Ayuso, que "no queda ensombrecido por las hipótesis planteadas por los" partidos denunciantes y que, tras la práctica de diligencias, "no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas que no permiten avanzar, siquiera sea provisionalmente, en una tesis inculpatoria".

En definitiva, el cobro de la comisión "trae causa" del trabajo del hermano de la presidenta para PRIVIET, "consistente en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados".

Esta aportación, como apunta el decreto, "se produjo en la operación de venta de 250.000 mascarillas al SERMAS pero también en otras", como ha quedado "acreditado" por la representación de Tomás Díaz Ayuso con la aportación de documentación relacionada con varias ofertas realizadas por la empresa.

Finalmente, apunta el fiscal jefe, Tomás Díaz Ayuso percibió una comisión de 59.203,52 euros en concepto de bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid.

"NO CONSTA INVERVENCIÓN" DE LA PRESIDENTA

En lo referido a Isabel Díaz Ayuso, la Fiscalía pone de relieve que "no consta intervención directa ni indirecta de la presidenta en este expediente como tampoco de la mediación en su nombre de Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna".

Así, y en cuanto a una posible prohibición para contratar con PRIVIET por una situación de incompatibilidad, recuerda que "para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno".

"No resulta aplicable a Isabel Díaz Ayuso porque no ha intervenido en el procedimiento, habida cuenta de que el Consejo de Gobierno no es órgano de contratación en la Comunidad de Madrid. Solo tiene en algunos contratos de tramitación ordinaria la facultad de autorizar o aprobar su tramitación con carácter previo, por encima de determinados umbrales de precio máximo de licitación que, en el supuesto investigado, no se han superado", aclara Anticorrupción.

Asimismo, la Fiscalía ve "significativo" que en los correos que PRIVIET envió a la Subdirección General Tomás Díaz Ayuso "figurara en copia oculta". "Por lo que su intervención en la operación, de
asesoramiento técnico a la empresa para preparar la oferta, fue desconocida por los funcionarios tramitadores de esta", añade.

Pero además, asegura el decreto, "al tratarse de un contrato de emergencia, la actuación del Consejo de Gobierno queda circunscrita, a la recepción de la información contractual por parte de la Consejería a la que pertenece el órgano de contratación".

"Se trata de una mera recepción de información, una vez concluido el procedimiento de contratación y que no faculta al Consejo para alterar o anular las actuaciones del órgano de contratación", concluye la Fiscalía.

LAS ACUSACIONES CONTRA TOMÁS DÍAZ AYUSO

El archivo de estas diligencias llega después de que Anticorrupción decidiese investigar el pasado mes de febrero con el objetivo de "confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados" por los tres partidos de izquierdas.

En su denuncia, Unidas Podemos consideraba que Tomás Díaz Ayuso medió con el Gobierno regional y que consiguió una "comisión" por ello. El PSOE entendía que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos"; y Más Madrid señalaba en su denuncia que podría haber "cohecho" y "tráfico de influencias".

La presidenta regional aclaró tras la incoación de diligencias que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid. Además, entregó documentación al respecto a Anticorrupción.

22 DE JUNIO

El Supremo confirma casi dos años de prisión a un hombre por insultar de forma "constante" a su pareja

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de un año y 10 meses de prisión dictada por la Audiencia Provincial de Albacete a un hombre que, durante los últimos meses de su matrimonio, insultó de forma "constante" --tanto en privado como en público-- a la que era su pareja con expresiones como "tonta", "inútil", "retrasada", "subnormal", "gilipollas" y "no sirves para nada".

El hombre de 45 años, que convivió durante 10 años con su esposa y se divorció en 2013, llevó el caso al Alto Tribunal al considerar que no se había podido precisar temporalmente cuándo ocurrieron las agresiones verbales que se declararon probadas. Insistió, además, en que tampoco existió nunca voluntad por su parte de humillar u ofender a la mujer.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados han explicado que de los hechos probados se deduce que la violencia psíquica que ejerció contra la que era su pareja tuvieron lugar en los últimos 10 meses de la relación y hasta que se iniciaron los trámites de divorcio. Según ha precisado, "no es que no se señalen los momentos concretos, es que se especifica que lo era constantemente".

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, la Sala de lo Penal ha incidido en que "los testigos no están obligados a recordar con la precisión que reclama el recurrente tales datos" y que, según sus testimonios, insultó a la mujer incluso en público, "lo que acrecienta el carácter despectivo" de los términos que utilizaba para referirse a ella.

EXPRESIONES HUMILLANTES

Sobre el argumento de que no tenía intención de ofenderle, el tribunal ha subrayado que "difícilmente" puede interpretarse que las expresiones que dirigió a la que era su esposa estaban "desprovistas" de la intención de humillarle.

Al hilo, los magistrados además han incidido en que el hombre llegó a zarandear en alguna ocasión a la mujer, según consta en la sentencia de 8 de junio. Para los magistrados, todas estas actuaciones "son claramente constitutivas de violencia psíquica" y violencia física.

En 2020, la Audiencia Provincial de Albacete condenó al hombre a un año y 10 meses de prisión y de privación del derecho al sufragio pasivo al considerarle autor de un delito de maltrato habitual con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. También acordó privarle del derecho de tenencia y porte de armas durante dos años y le prohibió de acercarse durante cuatro años a su exesposa, a quien ordenó indemnizar con mil euros.

Ahora, en 20 folios, el Supremo ha considerado pertinente desestimar el recurso que presentó el hombre y confirmar la decisión de la Audiencia, por lo que ha acordado mantener la condena que se le impuso.

En el marco de la resolución, el tribunal también se ha pronunciado sobre el recurso que presentó la mujer, que --entre otras cuestiones-- pedía revisar la decisión de la Audiencia de Albacete de absolver al hombre del delito de abusos sexuales.

El Supremo ha recordado que no puede examinar si procedía o no la condena, sino estudiar si el argumento de la absolución es o no arbitrario. En este caso, según ha indicado, los hechos probados han negado cualquier tipo de violencia o intimidación en las relaciones sexuales.

20 DE JUNIO

Aplazado al 12 de septiembre el juicio por el crimen de Las Ventas de Retamosa al no presentarse una acusada

El juicio por el crimen de Las Ventas de Retamosa (Toledo), saldado con el asesinato de una mujer y el intento de asesinato de su hijo de 12 años el 4 de mayo de 2018 por parte de un sicario contratado por un matrimonio que conocía a la víctima por haber trabajado para ellos como empleada del hogar, está previsto que se aplace al 12 de septiembre al no haberse presentado este lunes en la Audiencia Provincial de Toledo una de las acusadas, concretamente la pareja sentimental del presunto sicario.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han explicado que la previsión, y ya se ha comunicado a las partes, es que el juicio se aplace al 12 de septiembre. No obstante, hasta que no se elija al jurado popular, algo que se está produciendo en estos momentos, esta decisión no será efectiva.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, los acusados L.C.M. (conocido como 'El Vacas') y su esposa, M.C.M.V, junto a las víctimas M.M.A y su hijo D.B.M. y su familia, vivían en Las Ventas de Retamosa.

Todos ellos se conocían con motivo de haber trabajado M.M.A. para ellos, primero cuidando al padre de L.C.M. y posteriormente como empleada de hogar para la familia C.M. Fue ahí cuando comenzaron las desavenencias entre ambas partes, motivadas tanto por determinadas conductas extramatrimoniales de M.C.M.V., presenciadas por M.M.A., como por el comportamiento amenazador de L.C.M. al no quererle revelar lo anterior M.M.A. y acusarla de haberse apropiado de 30.000 euros que los acusados tenían escondidos en su domicilio.

El matrimonio conminaba con causarle algún mal a M.M.A. y a su familia. De hecho, L.C.M. tenía una pistola que le exhibía a la vez que la amenazaba, lo que causó temor a la víctima e impedía que los denunciase.

Como consecuencia de las quejas de M.M.A., la pareja fue expulsada del pueblo --destierro que acordaron los patriarcas de la zona por el comportamiento del matrimonio en la localidad en aplicación de los usos y costumbres mercheras-- y de lo que responsabilizaron a M.M.A. El día de la expulsión fue llamada M.M.A., la cual asistió en compañía de su hija S.B.M., y en ese momento el matrimonio la amenazó con matarla a ella y a sus hijos.

CONTRATARON A UN TERCERO A CAMBIO DE DINERO

Los acusados, en compañía de sus cuatro hijos, se marcharon a residir, temporalmente, a Badalona (Barcelona), dándose la circunstancia de que M.C.M.V. tenía una hermana (M.P.M.V.) residiendo en la localidad de Sant Adriá de Besós, localidad donde pasó su infancia el acusado R.R.A. y a escasos 12 kilómetros de la localidad de Moncada y Reixach, donde residía, en el momento de los hechos, en compañía de su pareja sentimental la también acusada A.S.A., y con el que les fue fácil contactar al moverse ambas partes por los mismos ambientes de delincuencia.

Antes del día 4 de mayo de 2018 la pareja contrató los servicios de R.R.A., para que a cambio de una cantidad de dinero acabara con la vida de M.M.A. y de su hijo, a los cuales no conocía.

La compañera sentimental del presunto sicario, con conocimiento de la comisión del ataque a la vida de M.M.A. y de su hijo D.B.M., ayudó a R.R.A. a beneficiarse del delito recibiendo en su cuenta bancaria 400 euros, a sabiendas de su procedencia ilícita, parte del dinero acordado por la comisión del hecho ilícito llevado a cabo por su compañero sentimental, y por el silencio de su compañero para no delatar a L.C.M. y M.C.M.V. disponiendo de dichas cantidades.

Los acusados R.R.A. y L.C.M. antes del día 4 de mayo de 2018, se desplazaron desde la localidad de Barcelona hasta la localidad madrileña de Torrejón de la Calzada. R.R.A. se dirigió a Las Ventas de Retamosa e interceptó el vehículo de la víctima, que viajaba con su hijo menor D.B.M.

Una vez logró que esta detuviera la marcha, empuñando la pistola de calibre 7,65 milímetros, efectuó siete disparos por el cristal de la ventanilla del lado del conductor, sin posibilidad de reacción de defensa por parte de la misma ante un ataque inesperado y sorpresivo, lo que provocó su fallecimiento, aceptando de igual modo la posibilidad de que alguno de los disparos alcanzase al menor D.B.M., pudiendo causarle la muerte.

En este crimen, hay un cuarto acusado, E.M.V., que, con conocimiento de todos los hechos ejecutados, actuó intentando eliminar pruebas, primero intentando comunicarse con otros internos de la prisión de Ocaña con la intención de que el acusado R.R.A. no declarara sobre las circunstancias del hecho, diciéndole que le pasarían dinero para que no les faltase nada a el y a A.S.A., y que al resultar infructuosos esos intentos encomendó a un abogado, cuyos honorarios eran satisfechos por la familia de L.C.M. y M.C.M.V.

El fiscal señala además que los acusados no padecían ninguna patología ni afección que les impidiera conocer el alcance de sus actos. A R.R.A se le juzga además por un delito de tenencia ilícita de armas, otro de robo con fuerza y otro de robo.

PENAS E INDEMNIZACIONES

El fiscal pide una pena de 46 años de cárcel para R.R.A por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, por los delitos de tenencia ilícita de armas, así como el delito de robo con fuerza. A L.C.M. y M.C.M.V. le impone una pena de 40 años de prisión para cada uno de ellos por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa.

La fallecida, vivía con su hijos menores D.B.M. y S.B.M, los cuales dependían económicamente de ella. En el mismo domicilio conviva con su pareja sentimental A.E.B y la víctima mantenía una relación diaria con su madre M.A.F.

La indemnización total que deben abonar los tres acusados conjunta y solidariamente, a petición del Ministerio Público, asciende a casi 350.000 euros: 100.000 para una de las hijas de la víctima, 147.000 euros para el segundo hijo que presenció los hechos, 50.000 para su pareja y otros 50.000 para su madre.

Alberto Casero (PP) llega al Supremo para declarar como imputado por contratos cuando era alcalde de Trujillo

El diputado del PP Alberto Casero ha llegado al Tribunal Supremo para declarar como imputado en el marco de la causa en la que se investigan determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.

Preguntado por la prensa sobre si iba a responder a las preguntas del magistrado instructor Andrés Palomo del Arco, el dirigente 'popular' ha respondido que sí. "Evidentemente, para eso estoy aquí", ha dicho a las 11.11 horas, mientras entraba a la sede judicial por la puerta de la calle del Marqués de la Ensenada.

El juez instructor le ha llamado para que preste declaración voluntaria a las 11.30 horas, ya que no se ha tramitado suplicatorio al Congreso, donde está aforado. Ha considerado pertinente que comparezca después de una causa en su contra a raíz de la exposición razonada que elevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendía que había también indicios de un delito de malversación.

El diputado ha acudido ante el Alto Tribunal después de que la Sala de lo Penal acordara el pasado marzo abrir una causa en su contra a raíz de la exposición razonada que elevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendía que había también indicios de un delito de malversación.

El tribunal concluyó que, siendo necesaria la investigación de estas actuaciones, procedía asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento, siendo designado instructor --conforme al turno establecido-- al magistrado Andrés Palomo.

LOS CONTRATOS BAJO SOSPECHA

En aquella ocasión, el Supremo hizo un repaso de la exposición razonada del Juzgado de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados en 2017 y 2018 por Casero --cuando era alcalde de la localidad-- con terceros.

Según la prueba documental y testifical aportada por el Juzgado, existen indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.

El Juzgado señaló, a su vez, que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.

En septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.

Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento. En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

La exposición razonada recogía, además, otros dos hechos. Un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado. Y otro contrato, de ese mismo año, con Radio Interior SL --un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo-- en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.

El Prestige tendrá que compensar a España por los daños de la "marea negra"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este lunes que la sentencia española prevalece sobre el arbitraje británico en el caso que enfrenta a España con la aseguradora de Prestige, London P&l Club, y, por lo tanto, estaría obligada a pagar la compensación por los daños de la marea negra.

El su dictamen, el alto tribunal considera que el laudo arbitral dictado en 2013 en Reino Unido no puede impedir el reconocimiento de la sentencia dictada en España por la Audiencia Provincial de A Coruña, que obligaba a la aseguradora al desembolso de 855 millones de euros.

El tribunal europeo ha subrayado en la cuestión prejudicial que el acuerdo entre el asegurador y el asegurado no puede obligar al perjudicado a acudir al tribunal del lugar de domicilio de la aseguradora en lugar en que el que produjo el incidente por el que se reclama la indemnización, y rechaza así la solicitud de la aseguradora de declarar que España estaba obligada a presentar su recurso ante el Derecho Inglés.

El TJUE ha apreciado que reconocer al laudo arbitral británico frente a la sentencia del tribunal español e impedir el reconocimiento de una resolución de otro Estado miembro sobre la responsabilidad de contrato de seguro, "privaría" al perjudicado de "la reparación efectiva del daño sufrido", y por lo tanto a España de la indemnización.

El tribunal con sede en Luxemburgo ha confirmado que un laudo arbitral solo puede "impedir" el reconocimiento de resoluciones judiciales de otros Estados miembro, si el contenido de ese laudo "va seguido de un procedimiento judicial" que transcriba las conclusiones de ese arbitraje en una resolución judicial, tal y como establece el Reglamento nº44/2001. Una resolución judicial que no se ha producido en este caso.

Con carácter preliminar, el TJUE ha apuntado que el Reglamento comunitario excluye el arbitraje de su ámbito de aplicación y una sentencia dictada en los términos de un laudo arbitral "no puede gozar del reconocimiento mutuo entre los Estados miembros".

Además, el alto tribunal ha indicado que el laudo arbitral británico se emitió en unas condiciones en las que no habría sido posible dictar una resolución judicial y contradice, así, la recomendación del Abogado General del pasado mayo, que concluyó que el laudo arbitral debe considerarse una "sentencia relevante", por lo que prevalecería la ley británica sobre la sentencia española, lo que eximiría a la aseguradora del pago de la indemnización a España.

En un paso más, el alto tribunal ha observado que "el procedimiento relativo a la acción civil en España y el procedimiento arbitral en Londres", no solo enfrentaban a las mismas partes, sino que además tenían el mismo objeto y la misma causa: la responsabilidad de London P&I Club frente al Estado español de acuerdo al contrato de seguro entre la aseguradora y los propietarios del Prestige, por los daños causados por el naufragio.

La corte europea ha subrayado que el tribunal británico responsable de dictar el arbitraje debe comprobar que se cumple el Reglamento comunitario para prevenir elusiones, como llevar a cabo un procedimiento arbitral contraviniendo la cláusula compromisoria del contrato de seguro.

El 16 de enero de 2012, London P&I Club inició un procedimiento en el que solicitaba que se declarara que España estaba obligada a presentar su recurso ante el Derecho Inglés, dado que las demanda era contractual y respondía a las normas inglesas de conflicto de leyes, por lo que debía aplicarse al contrato el Derecho inglés.

El caso parte del naufragio del petrolero Prestige, en noviembre de 2022, frente a las costas gallegas cuando transportaba 70 000 toneladas de fuelóleo, que se derramaron y causaron importantes daños en el litoral norte de España y en el litoral occidental de Francia.

En este marco, se inició una disputa judicial entre la aseguradora del buque, London P&I Club y España, planteada en dos procesos diferentes en dos Estados miembros. Dichos procesos dieron lugar a dos resoluciones judiciales: una dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña y la otra por el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.

España solicitó el reconocimiento de la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña por los órganos jurisdiccionales de Inglaterra y Gales, a lo que el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido accedió en mayo de 2019 y ante lo que London P&I Club presentó recurso de apelación, por el que ahora se plantea la cuestión prejudicial al Tribunal europeo.

19 DE JUNIO

Piden internar a un acusado de homicidio en tentativa a cuatro policías por sufrir trastorno psicótico y drogas

La Audiencia Provincial de Albacete celebrará un juicio este lunes 20 de junio, en el que el Ministerio Fiscal pide internamiento en un centro adecuado a su patología y trastorno de consumo por período máximo de 10 años para J.P.G, acusado de un cuatros delitos en tentativa contra cuatro agentes de policía a los que agredió con una navaja con ánimo de acabar con su vida.

Tal y como relata el fiscal en su escrito, recogido por Europa Press, concurren en el acusado las circunstancias eximentes completas del artículo 20.1 y 20.2 del Código Penal, que recogen que están exentos de responsabilidad penal aquellos individuos que tengan cualquier anomalía psíquica o se hallen en estado de intoxicación por alcohol, drogas u otras sustancias.

En este caso, "en el momento de la comisión de los presentes hechos, el procesado sufría un trastorno psicótico no especificado y trastorno por consumo de sustancias tóxicas, los cuáles anulaban sus facultades intelectivas y volitivas".

Los hechos se produjeron en el día 3 de diciembre de 2020, cuando agentes de la Policía Nacional fueron comisionados al domicilio del procesado en Hellín (Albacete), ya que éste se encontraba encerrado en una de las habitaciones en estado de alteración y portando un arma blanca, siendo necesaria su presencia para apoyar a los servicios sanitarios que acudieron al lugar con la intención de atenderlo de forma urgente y trasladarlo al Hospital Perpetuo Socorro de Albacete.

Tras la agresividad que manifestó el acusado, los agentes se vieron obligados a entrar en la vivienda con el consentimiento de sus padres para intentar reducir y sacar al procesado para que fuera atendido por los servicios sanitarios. Una vez dentro de la vivienda, se produjo un episodio de forcejeo entre el acusado, que portaba un arma blanca, y los agentes, que se saldó con los cuatro heridos.

Tras las lesiones sufridas y las secuelas, el acusado tendrá que hacer frente a una cantidad total de 63.425 euros, la cual corresponde a la suma de la indemnización de cada uno de los agentes.

El Juzgado de Instrucción n° 1 de Hellín dictó en fecha 16 de diciembre de 2020 auto por el cuál se acordó la medida cautelar de prisión provisional comunicada no eludible por fianza. El procesado lleva privado de libertad por esta causa desde el 15 de diciembre de 2020.

Juzgan este lunes a un acusado de incendio con peligro que prendió fuego a chabolas en Albacete en 2018

La Audiencia Provincial de Albacete va a juzgar este lunes, 20 de junio, a un acusado de un delito de incendio con peligro que prendió fuego a chabolas de un descampado en el número 27 de la Carretera de Las Peñas de Albacete (asentamiento Azulejos Campayo), donde resultó herido un agente de policía. Por este delito la Fiscalía solicita ocho años de cárcel.

Tal y como señala la Fiscalía en su escrito, sobre las 13.00 horas del 22 de agosto de 2018, el procesado se dirigió al asentamiento, de chabolas donde mantuvo una discusión con los moradores del lugar, momento en el que, acto seguido y a sabiendas de que servían de casas ocupadas por distintas familias, cogió hierbas secas y con un mechero que portaba, les prendió fuego colocándolas en el lateral de una de las casas que comenzó a arder, propagándose el fuego que afectó a 5 hectáreas de solar y una chabola que ardieron por completo.

Se vieron afectadas tres chabolas más que fueron rodeadas por el fuego siendo necesaria la intervención de los bomberos para sofocarlo y evacuar a sus ocupantes, los cuales tuvieron que huir de sus casas para no ser alcanzados por el mismo y a fin de evitar la inhalación de humo, señala el fiscal.

Un agente de policía nacional que participó en las labores de evacuación y extinción del incendio sufrió lesiones consistentes en dolor en el muslo izquierdo, precisando primera asistencia facultativa para su sanidad, tardando en curar 7 días durante los que sufrió una perjuicio exclusivamente básico, reclamando la indemnización que le corresponda.

Como consecuencia de los hechos el Juzgado de Instrucción n° 3 de Albacete por auto de 23 de Agosto de 2018 le prohibió al procesado
aproximarse a un radio inferior a 150 metros del astentamiento existente junto a la nave Azulejos Campayo sita en el número 27 de la Carretera de la Peñas de Albacete.

Una vez cumplidos los dos tercios de la condena, se sustituirá el cumplimiento del resto por la expulsión del territorio nacional, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y a que se imponga al acusado la prohibición de aproximarse a un radio inferior a 150 metros al asentamiento existente durante 10 años que cumplirá simultáneamente a la pena de prisión que se le imponga y costas del proceso.

El acusado deberá indemnizar al policía nacional con 400 euros por las lesiones sufridas.

18 DE JUNIO

Investigado por estafar con la venta de falsas entradas para la final de Champions a 15 víctimas, algunas en Ciudad Real

La Guardia Civil investiga a una persona como autora de un delito de estafa a través de internet, por vender falsas entradas para la final
de UEFA Champions League.

El investigado, un vecino de Arroyomolinos (Madrid), habría ganado un total de 1.500 euros con la estafa. Hasta el momento hay 15 víctimas localizadas en Ávila, Murcia, Cáceres, Madrid, Alicante, Ciudad Real, Bilbao, Navarra y Valencia, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación se inició el pasado 25 de mayo, tras la denuncia de una persona de Ávila que había sido estafada cuando compró online dos entradas para ver el partido entre el Real Madrid y el Liverpool en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

Los investigadores de la operación Entrafador comprobaron cómo esta persona engañada había comprado las entradas en un portal de venta de artículos de segunda mano. Además, la víctima había realizado el pago a través de un proveedor de servicios online.

Continuando con las investigaciones, los agentes descubrieron que, no solamente había una víctima, sino que también habían sido estafadas, al menos, otras 14 personas más procedentes de las provincias de Murcia, Cáceres, Madrid, Alicante, Ciudad Real, Bilbao, Navarra y Valencia.

A alguna de ellas, el estafador le había vendido falsas entradas para ir a París a presenciar el partido de fútbol. Fue la propia Guardia Civil quién advirtió a estas personas que habían sido víctimas de una estafa.El dinero total estafado habría ascendido a un total de 1.500 euros.

Esta operación ha sido desarrollada por el equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, grupo de reciente creación dedicado a luchar contra la ciberdelincuencia y que, particularmente combate estafas en internet o los fraudes informáticos.

La Guardia Civil ha explicado que si alguien cree que ha podido ser víctima de este tipo de estafas, es muy importante interponer la correspondiente denuncia, independientemente del valor estafado, acudiendo personalmente a la Guardia Civil, llevando consigo toda
la documentación posible junto con las conversaciones mantenidas.

16 DE JUNIO

La Fiscalía apoya anular la condena a Echenique por llamar violador a un hombre asesinado con complicidad de una candidata

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha apoyado la petición del portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, y del secretario de comunicación del partido, Juanma del Olmo, de que se anule la condena que se les impuso por llamar violador a Manuel López Rodríguez, un joven asesinado en 1990 en un crimen por el que fue condenada como cómplice la que fuera candidata de la formación 'morada' a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal Pilar Martín ha considerado pertinente que se estime el recurso de casación que presentaron ambos dirigentes ante el Tribunal Supremo al concluir que no existe vulneración del derecho al honor.

Echenique y Del Olmo plantearon al Alto Tribunal que con su condena se había vulnerado el convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Alegaron que en la sentencia se realizó una "inadecuada" ponderación en el conflicto entre el derecho a recibir información veraz y el derecho a la memoria del difunto.

La fiscal, al argumentar su decisión, ha subrayado que --tal y como apunta la sentencia recurrida-- "hubiera sido más ajustado a la realidad decir que ella afirmó haber sido violada". Pero ha incidido en que tales manifestaciones se realizaron "claramente" en un "contexto electoral para apoyar a su candidata".

NO IDENTIFICAN A LÓPEZ RODRÍGUEZ

En este sentido, ha señalado que aunque no ponen en duda la violación, "en sus declaraciones no imputan el delito a persona alguna ni la identifican, sino que ponen el foco en su candidata como víctima de una violación, señalando que creen su versión como señal de apoyo".

Así las cosas, ha precisado que el hecho de que la persona a la que hicieron referencia Echenique y Del Olmo pueda ser identificada por la "amplia información" difundida anteriormente "no puede ser atribuido a los recurrentes".

La fiscal ha incidido en que ninguno de los dos dirigentes divulgaron ni dieron publicidad a unos hechos "que ya eran objeto de un amplio tratamiento mediático". Según ha señalado, las declaraciones que hicieron tuvieron lugar "como respuesta" a dicho tratamiento mediático y "defendiendo la idoneidad de su candidata" en el marco de una contienda política electoral.

Por otra parte, ha destacado que "no se puede obviar" que Manuel López Rodríguez adquirió "relevancia pública por su desgraciada relación con los hechos delictivos", en referencia a su asesinato. Esto "unido" a que se trata de una persona ya fallecida hace que la intensidad de la protección de su honor se reduzca, porque "no puede postularse" que la intensidad de su protección sea "el mismo que en el caso de las personas vivas".

Así, la fiscal ha zanjado: "En el presente caso debe mantenerse la prevalencia del derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor del difunto". El Supremo deberá resolver ahora si estima o no los argumentos del recurso de casación de Echenique y Del Olmo, que han sido respaldados por el Ministerio Público en su escrito de 16 folios.

Cabe destacar que, aunque la Fiscalía ha apoyado el recurso de casación, se ha opuesto al recurso extraordinario por infracción penal que presentaron ambos políticos. En concreto, los dos alegaron vulneración a la tutela judicial efectiva, en relación, entre otros, a la presunción de inocencia, al derecho a la libertad de expresión y a la "desproporción" de la indemnización fijada.

La fiscal no ha considerado pertinente retrotraer las actuaciones hasta el punto en el que los dirigentes sostienen que se produjo la violación procesal. Así, solo ha estimado oportuno anular la sentencia por la que se les condenó.

LA CONDENA

Echenique y Del Olmo fueron condenados en 2020 por el Juzgado de Primera Instancia Número 8 de Leganés a indemnizar con 80.000 euros a al hermano de Manuel López Rodríguez por intromisión ilegítima en el honor del fallecido.

La sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid, que recordó que "no existe prueba que acredite que el finado --Manuel López Rodríguez-- cometió tal hecho", en referencia a la violación de Pilar Baeza. Los magistrados subrayaron que así lo manifestó la propia dirigente en declaraciones a la revista Interviú efectuadas en 1985 y en el proceso penal seguido a consecuencia del asesinato del hermano del actor.

Ambos dirigentes fueron denunciados después de mostrar su apoyo a candidata de la formación 'morada' en 2019 a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, argumentando que fue violada por la López Rodríguez.

En la denuncia, la familia reclamaba a Podemos y al entonces secretario de Acción de Gobierno del partido, Pablo Echenique, una indemnización de 300.000 euros por intromisión al honor, si bien el juzgado madrileño redujo esa cantidad a 80.000 euros.

15 DE JUNIO

Investigado por provocar un conato de incendio forestal al encender un fuego para hacerse un café

El Seprona de la Comandancia de Las Palmas investigó el pasado 24 de mayo a un hombre eslovaco de 40 años y con domicilio desconocido por un delito de incendio forestal tras provocar un conato de incendio al encender fuego entre unas casas situadas en el barranco de Veneguera (Gran Canaria) para hacerse un café.

En un comunicado, la Guardia Civil ha explicado sobre las 19.00 horas del mencionado día, los agentes fueron requeridos por un conato de incendio, observando a su llegada que los medios de extinción ya estaban trabajando en la zona para extinguir el fuego.

Con todo, la superficie afectada fue de unos 1.500 metros cuadrados de monte compuesto de pasto y matorral bajo y resultando gravemente dañado un ejemplar silvestre de palmera canaria.

Así, el Seprona recabó evidencias en el lugar y tomó manifestaciones a testigos y agentes de la Policía Local de Mogán que acudieron en primera instancia al lugar.

Junto al informe técnico en el que se detallan las distintas afecciones al medio, flora y fauna, así como el origen, causas y comportamiento del fuego aportado por los agentes del medio ambiente del Cabildo, los agentes identificaron al supuesto autor, tratándose de un varón sin domicilio conocido que transitaba por el camino real que discurre desde Agaete dirección Maspalomas cuando en un momento dado, próximo a unas antiguas casas, decidió encender un fuego en el suelo para hacerse un café.

Debido al viento predominante en la zona y al estado de sequedad de la vegetación del lugar, el hombre perdió el control de la hoguera provocando la rápida propagación de las llamas, que ya solo pudieron ser controladas por voluntarios que acudieron rápidamente y por los medios profesionales de extinción del cabildo, del Ayuntamiento y de protección civil.

Asimismo, el supuesto autor portaba en una mochila un bote de café soluble y un mechero que sumado al resto de evidencias y a las manifestaciones de los testigos, eran indicios claros de la autoría de los hechos, por lo que se procedió a la detención del mismo por la supuesta comisión de un delito de incendio forestal.

Finalmente, las correspondientes diligencias policiales junto con el detenido fueron puestas a disposición judicial del juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana.

14 DE JUNIO

La defensa del joven de Fraguas juzgado por usurpación de bien inmueble pide desestimar el caso

La defensa del joven poblador de Fraguas (Guadalajara) juzgado este martes en Guadalajara por un presunto delito de usurpación de bien inmueble ha pedido desestimar el caso por estar fuera de plazo la notificación, así como por considerar que no se puede usurpar y ocupar algo que no es un bien inmueble ya que se trata de monte público.

Así lo ha señalado a Europa Press el inculpado, Leo, quien desde hace tiempo no habita en Fraguas pero para quien lo que esta pasando tanto con su juicio como con otros anteriores se puede resumir en "un despilfarro de injusticias y un despropósito porque Fraguas sigue vivo".

La vista se ha iniciado con varias horas de retraso y apenas se ha prolongado diez minutos, siendo la intervención inicial de la defensa del acusado la de alegar que este caso se encuentra fuera de plazo al haberle llegado la carta de notificación de esta acusación pasado un año desde la identificación, con lo cual, hubiera prescrito porque había pasado más tiempo.

Todo ello mientras a las puertas del Palacio de Justicia un grupo de pobladores de Fraguas se concentraban para apoyar a Leo y pedir la anulación de esta acusación.

Por su parte, el propio Leo ha reconocido a Europa Press que, aunque ahora ya no está en Fraguas, no cree que haya cometido en ningún momento ninguna irregularidad. Ha lamentado también que mientras en otras comunidades autónomas "se regulariza y se potencia" la posibilidad de que los jóvenes que buscan espacios de este tipo para vivir en conexión con la naturaleza puedan hacerlo, en Castilla-La Mancha se opte por lo contrario.

"Este es el paradigma de la España profunda y estoy orgulloso de hacer lo que hago", ha abundado.

En todo caso, el acusado ha salido contento de su declaración, pero también "indignado y sorprendido" del funcionamiento "desigual y arbitrario" de la justicia en pleno siglo XXI, lo que le da "mucha inseguridad", en referencia al despliegue policial que se ha puesto en marcha para la vista, con policías de paisano en la sala, mientras que en casos complejos y de delitos graves no se pone ningún dispositivo.

"Es un canteo que seamos más peligrosos los antisistema --como nos llaman-- que otras personas que son realmente peligrosas".

13 DE JUNIO

Siete mujeres y dos hombres juzgan al presunto asesino de Marta Calvo

Un total de siete mujeres y dos hombres juzgan desde este lunes en la Audiencia de Valencia a Jorge Ignacio P.J., acusado de la muerte de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas y de intentarlo con otras ocho mujeres más en el periodo de 15 meses, desde verano de 2018 hasta el 7 de noviembre de 2019, fecha en la que falleció la última de las víctimas y cuyo cadáver no ha sido aún localizado. El acusado presuntamente introducía a sus víctimas cocaína de alta pureza vía genital.

La vista ha arrancado este lunes con la selección del jurado, que se ha prolongado durante algo más de dos horas. Finalmente se ha elegido a siete mujeres y a dos hombres, quedando otras dos mujeres como suplentes. El acusado ha comenzado la vista sentado junto a su letrada, con semblante serio y tranquilo.

Cerca de las 13 horas se han empezado a leer públicamente los escritos de calificación de las partes y el abogado de ocho de las víctimas, el penalista Juan Carlos Navarro, ha solicitado que se omitiera el nombre y los apellidos de las víctimas no mortales, a lo que se ha opuesto la defensa del acusado.

La presidenta del tribunal ha optado por una solución intermedia y ha acordado dejar el nombre de las víctimas junto a sus iniciales. Ha tomado esta medida tras recordar que las víctimas, a las que ha definido como "valientes", nunca han solicitado ser testigos protegidos.

Tras ello, se ha continuado con la lectura de los escritos en un juicio que concluirá el próximo 15 de julio, según el calendario inicial. El acusado se enfrenta a una pena, tal y como reclama Fiscalía, de 130 años de prisión por 11 delitos de abuso sexual --tres de ellos como medio necesario para un delito de homicidio y siete para un delito de lesiones--; y un delito contra la salud pública.

Además, la Fiscalía considera que concurre en el acusado la circunstancia agravante de género para los delitos de abuso sexual y los tres homicidios. Junto a la pena de prisión, reclama cuantiosas indemnizaciones para las víctimas o familiares.

Por su parte, los padres de Marta Calvo, quienes ejercen en el procedimiento como acusación particular, piden para el acusado la prisión permanente revisable. Las otras víctimas personadas en la causa también reclaman esta pena.

Marta Calvo desapareció hace más de dos años en Manuel tras mantener relaciones sexuales con el acusado, quien reconoció que la descuartizó tras una muerte fortuita.

Informes forenses han descartado en un escrito que Jorge Ignacio padezca una enfermedad mental y han detectado que tiene rasgos de una personalidad antisocial.

Un hombre se enfrenta a dos años y cuatro meses por suplantar a otros dos para hacer pruebas del título de la ESO

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena a dos años y cuatro meses de prisión para un acusado de suplantar la identidad de dos personas en las pruebas para obtener el título de ESO. También pide condenar a esas personas, a un año y medio cada una, por facilitarle sus datos y sus DNI para que lo hiciera. La vista oral está señalada este lunes, 13 de junio, en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Oviedo, a las 9.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado se puso de acuerdo con una de las personas a las que suplantó para presentarse en su lugar a las pruebas de obtención directa del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para mayores de 18 años, correspondientes al año académico 2018-2019.

Para ello, el individuo le facilitó todos los datos de identidad y su DNI para poder presentarse a las referidas pruebas. El día 17 de enero de 2019, identificándose con el DNI de la otra persona, accedió, como si se tratara de él, a la realización de las pruebas en el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) del Suroccidente, dependiente de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, con sede en la Avenida González Mayo de Tineo. Hizo los exámenes a nombre de él y los firmó como si fuera esa persona. Al superar las pruebas, obtuvo el título de Graduado en ESO.

De igual forma que en el caso anterior, el principal acusado se puso de acuerdo con el otra persona para presentarse en su lugar a las referidas pruebas para la obtención directa del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para mayores de 18 años, en la convocatoria de junio de 2019. Con ese objetivo, le facilitó todos los datos de identidad y su DNI al principal acusado para poder presentarse a las pruebas.

El día 6 de junio de 2019, identificándose con el DNI que le había facilitado, accedió, como si se tratara de él, a la realización del examen en el mismo Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) del Suroccidente. Como los profesores, al examinar la fotografía del DNI, comprobaron que no coincidía con las características físicas, le solicitaron otro documento que permitiese su correcta identificación, a lo que el acusado contestó que lo tenía en el coche y que iría a buscarlo al finalizar la prueba.

El acusado realizó el primer examen relativo al ámbito científico-tecnológico, desarrollado entre las 9.30 y las 11.30 horas, firmó la entrega de la prueba a nombre de la otra persona y lo entregó. Cuando iba a comenzar la segunda prueba, sobre las 12.00 horas y le informaron de que la Guardia Civil estaba en camino, se marchó del lugar sin realizarla.

El fiscal considera que el principal acusado sería responsable en concepto de autor del delito continuado de falsedad y pide dos años y cuatro meses para él. Para las otras dos personas pide un año y medio para cada una.

9 DE JUNIO

El juzgado condena al Cuco y a su madre a dos años y medio de prisión

El Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla ha condenado a Francisco Javier García, conocido como El Cuco y ya condenado por encubrir en 2009 el asesinato de la joven hispalense Marta del Castillo, y a su madre, a dos años y medio de prisión por un delito de falso testimonio cometido en sus respectivas comparecencias como testigos en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por dicho crimen.

Después de que en la primera sesión del juicio celebrado en su contra los pasados días 26 y 27 de mayo, ambos reconociesen los hechos contenidos en el escrito de acusación de la Fiscalía pero optasen por no contestar preguntas, la sentencia les condena a dos años y medio de cárcel por falso testimonio, así como a una multa de seis meses, con una cuota diaria de ocho euros.

La representación de los padres de Marta del Castillo había solicitado al tribunal que dedujese testimonio contra ellos por un nuevo delito contra la integridad moral, bajo la premisa de que al reconocer de manera "genérica y abstracta" los hechos del escrito de acusación de la Fiscalía y no responder preguntas, los acusados se habrían vuelto a "burlar de la Justicia" y de la familia de la víctima, incrementando aún más su sufrimiento.

En concepto de responsabilidad civil, deberán indeminizar "de forma conjunta y solidaria" a cada uno de los padres de Marta del Castillo con 15.000 euros, según consta en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 7.

8 DE JUNIO

Condenados a pagar 6.000 euros los padres de un menor al negarse a llevarlo al colegio siete meses

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha condenado a sendas penas de multa de 3.000 euros a los padres de un menor como presuntos responsables de un delito de abandono de familiar, regulado en el artículo 226.1 del Código Penal, tras negarse a llevarlo al colegio durante siete meses, tal y como recogió el atestado de la Unidad 'Agente Tutor' de la Policía Local.

Desde el Ayuntamiento han destacado en un comunicado que el programa que lleva a cabo la Policía Local de Córdoba en su lucha contra el absentismo escolar, a través de la Unidad Especializada de 'Agente Tutor', "continúa dando sus frutos", de modo que el 7 de abril tuvo lugar en la Ciudad de la Justicia la celebración del juicio por esta causa, incoada a partir de un atestado de dicha unidad contra los progenitores del menor que han sido condenados.

En concreto, los hechos ocurrieron en septiembre de 2020, fecha en la que el menor dejó de asistir al centro educativo; situación que se prolongó hasta al menos finales de abril de 2021. Ante esta situación, el equipo de docentes intentó revertir esta situación, pero se encontró, tal y como recoge la sentencia, una "actitud obstruccionista" por parte de los progenitores, que no acudieron a las citas concertadas en el centro educativo para tratar de encontrar una solución al problema.

El centro educativo contactó con los agentes tutores que de forma habitual trabajan en él y, una vez expuesto el caso, los policías localizaron y hablaron personalmente con uno de los progenitores del menor, el cual además de seguir sin acudir a las citas en el centro educativo manifestó a estos agentes que no había llevado a su hijo, ni lo iba a llevar, cerrando toda posible solución al problema.

Como se recoge en parte de la sentencia, la intervención de los agentes de la Policía Local que "lejos de ser autoritaria como correspondería, es del todo conciliadora y en busca de soluciones acordes a la situación y para todos", velando por una situación que perjudicará con total seguridad al menor en su futura formación para su inclusión tanto en el mercado laboral y en el acceso a recursos formativos, como para eliminar desigualdades desde edades tempranas, así como a acceder a una formación integral como personas y ciudadanos.

Por todo ello, en la sentencia se impone a cada uno de los acusados --ambos progenitores--, la pena de diez meses de multa con cuota diaria de diez euros, responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. No se impone pena de grado mínimo a la vista de la actitud de desidia total de los dos procesados, privando a su hijo de educación integral y al pago de las costas procesales como corresponde a los criminalmente responsables de todo delito. Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación.

Condenado a 7 años de prisión por abusar sexualmente de una menor con discapacidad

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a siete años y un día de prisión a un hombre por un delito continuado de abusos sexuales a una menor, que tenía 16 años en el momento de los hechos, y padece una discapacidad psíquica del 55% con un retraso mental leve-moderado.

La sala impone además al penado una indemnización de 10.000 euros por los daños morales que sufrió la chica, quien ha visto afectada su relación de confianza con las personas adultas y ha perdido libertad de movimientos, según detalla la sentencia. El hombre, de 42 años cuando cometió los abusos, no podrá acercarse a menos de 300 metros ni comunicarse con la menor durante diez años, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los hechos ocurrieron desde el verano hasta el mes de noviembre del 2020 cuando condenado y perjudicada "se conocieron y mantuvieron diversos encuentros sexuales, bien en el coche o bien en el domicilio de él, en un municipio de la provincia de Alicante".

El órgano judicial señala que en estas citas el hombre actuaba "con la intención de atentar contra la libertad sexual de la menor" pese a que conocía su discapacidad.

7 DE JUNIO

Juzgan a un hombre acusado de obligar a su hija de 6 años a mantener relaciones sexuales

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este miércoles, 8 de junio, a M.N.V., para quien la Fiscalía pide 12 años de prisión, tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija, de seis años de edad, a la que obligó a mantener relaciones sexuales.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar la noche del 25 al 26 de enero del 2021, cuando el acusado, M.N.V., que esa semana estaba a cargo de su hija, B., de seis años de edad, le dio de cenar y la acostó, yéndose minutos después a la cama con ella.

Tras lo ocurrido, M.N.V. le pidió a su hija que no le contara a nadie lo sucedido, no obstante, a la mañana siguiente la menor se lo contó a su abuelo.

Unos hechos que el Ministerio Fiscal considera que son constitutivos de un delito de abuso sexual con penetración a menor, por el que piden 12 años de prisión, 10 años de libertad vigilada y la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión que requiera contacto con menores durante 16 años.

Asimismo, el acusado no podrá acercarse a su hija a menos de 500 metros durante 14 años y deberá pasarle una pensión de 150 euros mensuales.

Este martes juzgan a un acusado de coaccionar a una mujer a través de redes sociales y colarse en su casa

La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar desde este martes, día 7, al 9 de junio a F.S.A.G., acusado de delitos de coacciones, allanamiento de morada, daños y lesiones con la pena de 3 años de cárcel y 52 días de multa. El acusado habría coaccionado a una mujer a través de redes sociales y se habría colado en su casa de Ciudad Real

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en mayo de 2018 cuando el acusado envió multitud de mensajes a través de WhatsApp a M.C.P., mujer con quien había mantenido una relación de amistad y a quien le había manifestado que quería ser su pareja. M.C.P. le habría dicho que no a ello, algo que el acusado no aceptó.

Tras enviar los mensajes, la madrugada del día siguiente el acusado continuó contactando con ella a través de Instagram diciéndole que iba a ir a casa y que "seguro que estaba con su exmarido". De esta manera, M.C.P. bloqueó al acusado de varias aplicaciones y le manifestó que si no dejaba de llamarla, avisaría a la Policía. Lejos de dejarla tranquila, el acusado comenzó a llamarla innumerables veces, desconectando ella el teléfono. fijo de su casa.

Sobre la misma hora el acusado se dirigió a la vivienda de M.C.P. y, con el fin de entrar en la misma, pese a ser conocedor de la negativa de M.C.P., tiró fuertemente de la puerta de la cochera desencajando los mecanismos, bloqueando el sistema de apertura automático, por lo que trepó por la zona de la puerta de la fachada exterior y, una vez en el interior del patio, se dirigió a la puerta principal y con una llave distinta de la de su titular o similar manipuló la cerradura superior.

M.C.P. se despertó alertada por un fuerte ruido procedente del jardín, escuchando a continuación fuertes golpes en la puerta de entrada mientras que el acusado gritaba que le abriera la puerta. El acusado abrió la puerta y con la otra mano empujó y pasó al salón, cogió una cerveza del frigorífico y se sentó en el salón. Ella le dijo que se fuera y que llamaría a la Policía y se disponía a marcar, el acusado cogió el teléfono y lo tiró.

Más tarde, la mujer le invitó a que saliera de su casa y el acusado, con ánimo de menoscabar su integridad física, cerró la puerta y le pilló la mano. Luego la empujó y se cayó por la escalera. Como consecuencia de lo anterior, M.C.P. sufrió hematoma en un dedo de la mano izquierda y una erosión en la pierna izquierda.

Por el delito de coacciones, el Ministerio Público pide 3 años de prisión y la prohibición de acercarse a la mujer a una distancia inferior a 500 metros y comunicarse con ella por cualquier medio durante 3 años. Por allanamiento de morada, 7 meses de multa a 12 euros por día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 3 meses y 15 días de privación de libertad y por daños, 45 días de multa a 12 euros por día.

6 DE JUNIO

Este martes juzgan a dos varones y una mujer acusados de traficar con cocaína y heroína en Daimiel 

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar este martes, 7 de junio, a las 10.00 horas, a F.A.A., J.A.A. a E.I.D., acusados de traficar con heroína y cocaína en Daimiel.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron entre los meses de abril al 7 de junio de 2019, fechas en las que se dedicaban al tráfico de drogas en Daimiel, vivienda en la que residía el acusado F.A.A. y frecuentada y utilizada por E.I.D. y J.A.A.

Durante una vigilancia realizada por las autoridades en abril, observaron cómo uno de los acusados entrega "algo" a una mujer drogodependiente de este municipio, quien fue interceptada por los agentes en la calle, a quien le requisaron 0,7 gramos de cocaína.

Asimismo, el 9 de mayo otra persona conocida del pueblo se acercó a comprar heroína a la vivienda frecuentada por los acusados, una sustancia que fue incautada por la Guardia Civil. Días después, durante otras vigilancias, observaron cómo más compradores se acercaban a la vivienda para realizar las mismas adquisiciones.

De esta manera, el 7 de junio los agentes registraron la vivienda e incautaron 27 gramos de cocaína y 11,38 gramos de heroína. La acusada E.I.D. ha estado en prisión preventiva por esta causa desde el 10 de junio de 2019 hasta el 7 de agosto de 2019.

Por estos hechos, piden 4 años de prisión para cada uno de los acusados y una multa de 7.500 euros con 30 días de responsabilidad penal subsidiaria para caso de incumplimiento de pago y costas.

Piden siete años y seis meses para un acusado de vender cocaína en un bar que dirigía de Talavera de la Reina

La Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar este miércoles a M.A.S.F., para el que el Ministerio Público solicita siete años y seis meses de cárcel por vender presuntamente cocaína en un bar del que estaba al cargo en Talavera de la Reina.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 18 de octubre de 2019 cuando funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que advirtieron la presencia de individuos en el interior de dicho local, llamaron a la puerta, abriéndola el acusado desde el interior y permitiéndoles la entrada.

Los agentes encontraron evidencias de que, en el mismo local, al menos cuatro personas estaban consumiendo o habían consumido cocaína, no
sólo con el consentimiento del acusado, sino vendida por él, señala el Ministerio Público.

Identificaron y cachearon a las referidas personas y registrando el local con el consentimiento y en presencia del acusado, hallaron e incautaron una papelina con dos gramos de cocaína que para su venta al por menor tenía en su poder el acusado, otras dos papelinas que resultaron cafeína y una báscula de precisión y una picadora en las que había restos de cocaína.

También encontraron un almirez, unas tijeras, una botella de plástico que había sido adaptada y utilizada para la consumición de cocaína, siete hojas de papel con anotaciones manuscritas de entregas de droga, tres tiques de pago por datáfono y 215 euros provenientes de la venta.

El valor, en el mercado ilícito de la cocaína intervenida ha sido estimado en 118,72 euros y los hechos referidos constituyen para el fiscal un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud.

Es por ello por lo que la Fiscalía solicita para el acusado siete años y seis meses de prisión y una multa proporcional de 1.200 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de privación de libertad en caso de impago.

La Justicia confirma tres meses de cárcel para un empresario por no formar a un empleado que falleció en un accidente

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado tres meses de cárcel para el director técnico y consejero delegado de la empresa de tratamiento de aguas Tramasa SL por no ofrecer la formación necesaria y no advertir del peligro que corría a un trabajador que falleció mientras extraía una lámpara ultravioleta.

En un fallo del pasado 14 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal confirma de forma íntegra la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 16 de Madrid, que realiza un relato de los hechos que sucedieron en la base militar de San Pedro, en el municipio madrileño de Colmenar Viejo, donde se encuentra el centro militar de farmacia de la Defensa.

Allí, en concreto, se fabrican las medicinas para el ejército español utilizando agua purificada que se almacena en tanques y equipo a presión que está formado por lámparas ultravioletas situadas en el eje de un cilindro de acero que contiene en su interior el agua a presión la cual circula por la lámpara.

Fue en octubre de 2017 cuando, tras producirse una avería, el trabajador -jefe de taller de la empresa_acudió a repararla. Para ello, debía proceder a la extracción de la lampara de forma que conociese sus características, pudiese tomarle medida e identificarla para su posterior sustitución.

FALLECIÓ MIENTRAS DESMONTABA LA LÁMPARA

En base a esto, el trabajador procedió a desmontar el sistema eléctrico de la lámpara y a desatornillar la base de la misma. Fue en ese momento cuando el manguito se rompió y la presión del agua provocó que la lámpara saliese despedida hacia el exterior, impactando en el pecho del operario y provocándole la muerte en el acto.

El fallecido, según recoge el fallo, no disponía de la formación necesaria para realizar tareas de mantenimiento en lámparas UV y tampoco fue informado del peligro de extraer la lámpara sin detener el sistema.

Y es que, además, el director técnico y consejero delegado de la empresa incumplió "su obligación de garantizar la seguridad del trabajador" no elaborando la evaluación de riesgos del trabajo de mantenimiento de lámpara UV. Además, no facilitó al operario la información "necesaria sobre el modo de hacer el trabajo con seguridad".

El directivo debió comunicar al trabajador "que antes de las operaciones de mantenimiento se debía apagar y desconectar la alimentación eléctrica y antes de comenzar operaciones sobre lámparas UV tenía que desconectar el equipo". Es por eso que, añade el fallo, puso "en peligro grave al trabajador, lo que desembocó en el accidente descrito".

Un hombre se enfrenta a 10 años de prisión tras cometer varios robos con violencia en Hellín

El Juzgado de lo Penal número dos de Albacete tiene previsto juzgar el próximo viernes, 10 de junio, a M.T., para quien la Fiscalía pide 10 años de prisión tras robar hasta en tres ocasiones a varias personas en Hellín.

En el escrito de acusación, consultado por Europa Press, el primero de los robos tuvo lugar sobre las 17.00 horas del 10 de enero de 2022, cuando el acusado, M.T., acompañado de otras tres personas sin identificar, abordaron a J.B.C.M. tirándole al suelo donde, poniéndole un pie sobre el pecho para impedir que se moviera, le robaron el teléfono móvil, cuyo valor asciende hasta los 130 euros.

Del mismo modo, sobre las 19.39 horas de ese mismo día, el procesado intentó hacerse con el bolso de M.D.G.T., forcejeando con ella violentamente, consiguiendo finalmente robarle el monedero con varias tarjetas y 320 euros en efectivo.

Horas después, M.T., acompañado de un tercero sin identificar, entraron en una tienda de ropa del municipio albaceteño donde, tras pasar a los probadores, intentaron salir de la tienda con varias prendas, siendo el acusado retenido por el dueño, J.C.M.N., que lo agarró del brazo para impedir que huyera.

No obstante, M.T. le propinó un puñetazo y lo empujó, consiguiendo zafarse de él y salir del establecimiento con dos conjuntos deportivos y varias prendas valoradas en 549 euros.

Hechos que el Ministerio Fiscal considera que son constitutivos de dos delitos de robo con violencia, por los que piden seis años de prisión y la prohibición de acercarse a J.B.C.M. y M.D.G.T. a menos de 500 metros durante cuatro años.

Igualmente, por el delito de robo con violencia en establecimiento abierto al público, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión.

 

5 DE JUNIO

Piden 12 años de cárcel para dos varones y una mujer acusados de traficar con cocaína y heroína en Daimiel

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar este martes, 7 de junio a las 10.00 horas, a F.A.A., J.A.A. a E.I.D., acusados de traficar con heroína y cocaína en Daimiel.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron entre los meses de abril al 7 de junio de 2019, fechas en las que se dedicaban al tráfico de drogas en Daimiel, vivienda en la que residía el acusado F.A.A. y frecuentada y utilizada por E.I.D. y J.A.A.

Durante una vigilancia realizada por las autoridades en abril, observaron cómo uno de los acusados entrega "algo" a una mujer drogodependiente de este municipio, quien fue interceptada por los agentes en la calle, a quien le requisaron 0,7 gramos de cocaína.

Asimismo, el 9 de mayo otra persona conocida del pueblo se acercó a comprar heroína a la vivienda frecuentada por los acusados, una sustancia que fue incautada por la Guardia Civil. Días después, durante otras vigilancias, observaron cómo más compradores se acercaban a la vivienda para realizar las mismas adquisiciones.

De esta manera, el 7 de junio los agentes registraron la vivienda e incautaron 27 gramos de cocaína y 11,38 gramos de heroína. La acusada E.I.D. ha estado en prisión preventiva por esta causa desde el 10 de junio de 2019 hasta el 7 de agosto de 2019.

Por estos hechos, piden 4 años de prisión para cada uno de los acusados y una multa de 7.500 euros con 30 días de responsabilidad penal subsidiaria para caso de incumplimiento de pago y costas.

4 DE JUNIO

Piden 3 años a un acusado de coaccionar a una mujer a través de redes sociales y colarse en su casa de Ciudad Real

La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar los días 7, 8 y 9 de junio a F.S.A.G., acusado de delitos de coacciones, allanamiento de morada, daños y lesiones con la pena de 3 años de cárcel y 52 días de multa. El acusado habría coaccionado a una mujer a través de redes sociales y se habría colado en su casa de Ciudad Real

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en mayo de 2018 cuando el acusado envió multitud de mensajes a través de WhatsApp a M.C.P., mujer con quien había mantenido una relación de amistad y a quien le había manifestado que quería ser su pareja. M.C.P. le habría dicho que no a ello, algo que el acusado no aceptó.

Tras enviar los mensajes, la madrugada del día siguiente el acusado continuó contactando con ella a través de Instagram diciéndole que iba a ir a casa y que "seguro que estaba con su exmarido". De esta manera, M.C.P. bloqueó al acusado de varias aplicaciones y le manifestó que si no dejaba de llamarla, avisaría a la Policía. Lejos de dejarla tranquila, el acusado comenzó a llamarla innumerables veces, desconectando ella el teléfono. fijo de su casa.

Sobre la misma hora el acusado se dirigió a la vivienda de M.C.P. y, con el fin de entrar en la misma, pese a ser conocedor de la negativa de M.C.P., tiró fuertemente de la puerta de la cochera desencajando los mecanismos, bloqueando el sistema de apertura automático, por lo que trepó por la zona de la puerta de la fachada exterior y, una vez en el interior del patio, se dirigió a la puerta principal y con una llave distinta de la de su titular o similar manipuló la cerradura superior.

M.C.P. se despertó alertada por un fuerte ruido procedente del jardín, escuchando a continuación fuertes golpes en la puerta de entrada mientras que el acusado gritaba que le abriera la puerta. El acusado abrió la puerta y con la otra mano empujó y pasó al salón, cogió una cerveza del frigorífico y se sentó en el salón. Ella le dijo que se fuera y que llamaría a la Policía y se disponía a marcar, el acusado cogió el teléfono y lo tiró.

Más tarde, la mujer le invitó a que saliera de su casa y el acusado, con ánimo de menoscabar su integridad física, cerró la puerta y le pilló la mano. Luego la empujó y se cayó por la escalera. Como consecuencia de lo anterior, M.C.P. sufrió hematoma en un dedo de la mano izquierda y una erosión en la pierna izquierda.

Por el delito de coacciones, el Ministerio Público pide 3 años de prisión y la prohibición de acercarse a la mujer a una distancia inferior a 500 metros y comunicarse con ella por cualquier medio durante 3 años. Por allanamiento de morada, 7 meses de multa a 12 euros por día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 3 meses y 15 días de privación de libertad y por daños, 45 días de multa a 12 euros por día.

3 DE JUNIO

La mano derecha de Almeida testifica este viernes ante el juez del caso de las mascarillas

El juez Adolfo Carretero interrogará este viernes en calidad de testigo a la coordinadora general de la Alcaldía de Madrid, Matilde García Duarte, al ser la persona que facilitó al primo de José Luis Martínez-Almeida el correo habilitado para canalizar las ofertas de material sanitario para trasladárselo a Luis Medina.

La comparecencia se realizará después de que Ayuntamiento de Madrid haya aportado la información requerida entre cuya documentación aporta los correos enviados por Luis Medina a la dirección de la Coordinación General de la Alcaldía, así como el listado de correos de otros proveedores que llegaron a esa cuenta de email habilitada para canalizar los ofrecimientos de productos sanitarios para hacer frente a la pandemia.

La citación se produce después de que el primo del alcalde manifestara ante el instructor que contactó con García Duarte para conseguir un correo electrónico para facilitárselo al hijo menor de Naty Abascal.

La alta cargo en el Ayuntamiento le habría proporcionado el correo cgalcaldia@madrid.es, un 'email' que coincide con el que habilitó el Ayuntamiento de Madrid en un tuit por aquellas fechas para canalizar las donaciones de material sanitario en los peores momentos de la pandemia.

García Duarte comparecerá una semana después de que lo hiciera la responsable de Compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, quien respaldó la versión del Consistorio y asumió la responsabilidad en la gestión de los contratos con los que se materializó la operación objeto del procedimiento judicial.

2 DE JUNIO

El TS avala los 7 años de cárcel a un vecino de Villarrobledo (Albacete) por intentar matar a un Cobrador del Frac

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena a 7 años y medio de cárcel a un vecino de Villarrobledo (Albacete) que arrolló con un vehículo industrial el coche de un empleado de 'El Cobrador del Frac', que le reclamaba una deuda, con la intención de matarlo, en torno a las once de la mañana del 4 de marzo del año 2014.

La Sala de lo Penal, en una sentencia consultada por Europa Press, rechaza que el condenado no tuviera intención de matar y que los hechos se limitaran a un accidente de tráfico, como pedía su defensa, dado que "era consciente de la presencia" del cobrador, que no llevaba frac, su traje característico, estaba de pie en la acera, situado entre su coche y la pared de una casa, mientras, con la puerta abierta, colocaba su chaqueta en una percha para guardarla.

El cobrador estuvo 28 días hospitalizado con lesiones graves como para poder haber muerto, ya que al ser embestido con el toro mecánico, de once toneladas de peso y unos tres metros de altura, quedó atrapado entre los hierros de su coche y una pared.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal confirma en la sentencia, como acordó la Audiencia Provincial de Albacete, que pague una indemnización de 8.772 euros conjunta y solidariamente con una aseguradora a SESCAM, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Según los hechos probados de la sentencia, el condenado situó la máquina que conducía, con una pala delantera, "en el carril izquierdo de su sentido" e invadió el contrario para "enfrentar mejor" el coche del cobrador, que estaba aparcado en la calle donde vive el recurrente, que tampoco "intentó frenar al llegar al cruce" y "no hizo ninguna maniobra de evasión para evitar" el choque.

Los magistrados, con ponencia de Miguel Colmenero, dan por probado que cuando el vecino del municipio albaceteño arremetió contra el vehículo, era plenamente consciente de que el cobrador era el que estaba en el coche y cerca de la pared de la casa. Por lo tanto, sabía "con altísima probabilidad" que si lo embestía "lo aplastaría contra ella, causándole heridas que, también con una altísima probabilidad, podrían causarle la muerte", describen.

El recurrente conducía el toro mecánico con los brazos de la pala extendidos y elevados a una altura de en torno a medio metro sobre el suelo. Sin frenar ni respetar el ceda el paso existente, siguió adelante hasta que, por sorpresa y sabiendo que el cobrador no tendría posibilidad de reacción para evitar el ataque, arremetió contra el coche de 'El cobrador del Frac' y metió los brazos de la pala en toda su longitud, de más de un metro, por las puertas del lado derecho a la altura de los ocupantes. Aplastó los asientos y la carrocería, lo subió a la acera y lo desplazó hacia la pared.

LO HIZO CON ALEVOSÍA

La Sala Segunda se opone a la pretensión del recurrente de que se sancionaran los hechos como un delito de lesiones por imprudencia, pues defendía que él llamó a Emergencias para que atendieran al lesionado y que también estuvo con él hasta que llegaron.

Asimismo, rechaza aplicarle la atenuante de confesión, puesto que considera que no ha reconocido la integridad de los hechos ni tampoco sus aspectos más sustanciales, dado que, aunque es cierto que llamó al 112 de Emergencias, "en todo momento" ha insistido en su falta de intención, "achacando lo sucedido a un mero accidente".

Por otra parte, la Sala considera que su conducta fue a todas luces realizada con alevosía, al llevarla a cabo con "un instrumento de enorme potencia lesiva y de forma totalmente sorpresiva, inesperada para el atacado, de manera que no solo se asegura el resultado, sino que se suprime cualquier posible reacción".

1 DE JUNIO

Los acusados de captar venezolanas para ejercer la prostitución en La Roda aseguran que las víctimas "eran libres"

Los tres acusados de captar a cinco mujeres venezolanas para ejercer la prostitución en un piso en la localidad albaceteña de La Roda, han asegurado que las denunciantes conocían las condiciones desde el principio y que "eran libres" de hacer e ir donde quisieran, con el único requisito de pagar el préstamo del billete de avión a España.

Ha sido durante el juicio que ha tenido lugar este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, donde los tres procesados han negado amenazar o intimidar a las víctimas.

Durante la vista, la acusada D.J.M.P. ha explicado su "llegada engañosa" a la península. "Yo llegué sabiendo que iba a ejercer la prostitución, lo que no sabía es que iba a tener que pagar 10.000 euros a las personas que me habían traído y que tenía que entregar la mitad de todo lo que ganaba, por eso nunca les hice lo mismo a las chicas, porque sabía por lo que estaban pasando", ha argumentado.

Según su versión, las víctimas contactaban con ella a través de una amiga en Venezuela, ella les explicaba las condiciones, que el billete costaba alrededor de 2.500 euros y que tendrían que abonarle cerca de 5.000 por el favor de traerlas al país. Una vez aquí, deberían pagarle la deuda, "sin plazos ni condiciones".

Las mujeres eran alojadas en una vivienda alquilada en el municipio, donde D.J.M.P. y su madre, A.I.M.P., ejercían también la prostitución. Cada una de las denunciantes debía pagar de alquiler 150 euros a la semana, cantidad que se iba sumando a la deuda del pasaje.

Los tres acusados han coincidido en que "nunca se obligó a ninguna de las chicas a quedarse ni a que se prostituyeran", sino que lo hacían por voluntad propia y que "eran libres de hacer sus planes e ir donde quisieran y cuando quisieran".

Asimismo, el acusado D.J.V.L. ha incidido en que "jamás" le quitó el pasaporte a ninguna de las mujeres. "Eso nunca ha pasado, además, nunca se les exigió el pago, en su trabajo siempre fueron libres".

No obstante, las víctimas han asegurado que estaban obligadas a entregar todo el dinero que ganaban con sus servicios. Así, los procesados llevaban un registro del dinero que debían y del que iban ganando bajo un sistema básico de suma y resta; a la deuda contraída de 5.000 euros se le iba restando el dinero que las mujeres iban ganando en su trabajo, si estas en algún momento necesitaban ese dinero para comer o para enviárselo a sus familias, se les entregaba, aumentando de nuevo la deuda.

"Me dijeron que en un mes les habría pagado el préstamo, pero es mentira, estuve hasta medio año para poder pagar la deuda casi entera. Todo el dinero que yo hacía se lo tenía que dar y, cuando quería comprar algo se lo pedía, pero luego tenía que devolverlo", ha lamentado una de las víctimas, que ha asegurado recibir amenazas por parte de los acusados. "Me decían que sabían donde vivía mi familia en Venezuela, incluso D.J.M.P. llegó a agredirme".

Igualmente, otra de las denunciantes ha señalado que debía entregar todo el dinero ganado.

De otro lado, la procesada, D.J.M.P., ha acusado a una de las víctimas de pedirle dinero a cambio de no declarar.

Todas han reconocido que sabían que venían a España a ejercer la prostitución y que muchas ya lo habían hecho en sus países de origen, por ello, la Defensa solicita la absolución de todos los acusados, al considerar que "no se ha ejercido violencia ni se ha obligado a nadie a hacer el ejercicio de la prostitución", según ha explicado la abogada Patricia Martínez.

"Pedimos la absolución de todos los acusados ya que entendemos que no se ha cometido ningún ilícito penal. Las presuntas víctimas han sido conocedoras en todo momento de las condiciones y las consintieron".

Por su parte, la Fiscalía mantiene las penas de entre 42 y 57 años y medio de prisión por cinco presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva y tenencia de moneda falsa.

El juicio continuará este viernes, 3 de junio, a las 9.00 horas, con los testimonios de los agentes de policía.

El exboxeador Roberto Domínguez se entrega una semana después de que una jueza ordenase su búsqueda e ingreso en prisión

El exboxeador vigués Roberto Domínguez ha sido detenido este martes en la ciudad olívica, después de que él mismo se entregase a la Policía Local, según han podido saber Europa Press, justo una semana después de que el juzgado de lo Penal 3 de Vigo hubiese emitido una orden de búsqueda e ingreso en prisión.

Roberto Domínguez ingresó en prisión a mediados de mayo por orden del juzgado de Violencia sobre la Mujer, tras su quinta detención en dos semanas, y después de romper de nuevo la pulsera de control telemático que se le había colocado para impedir que vulnerase una orden de alejamiento de su expareja.

Sin embargo, fue excarcelado el día 24 de mayo. Solo un día después, el juzgado de lo Penal 3 ordenaba de nuevo su ingreso en la cárcel, también por quitarse la pulsera telemática. Así, la jueza decretaba el agravamiento de las medidas cautelares y ordenaba su búsqueda, detención y traslado a prisión.

Tras una semana en paradero desconocido, el propio Roberto Domínguez se puso en contacto con la Policía Local de Vigo para desvelar su paradero y ha sido detenido. Domínguez pendiente un juicio rápido previsto para el próximo 14 de junio en Penal 3 por un delito de violencia en el ámbito familiar (amenazas a su expareja).

Asimismo, el juzgado de lo Penal 1 de la ciudad también emitió hace unos días una orden de ingreso en prisión por quebrantamiento de condena, ya que el expúgil fue condenado por lesiones y no pagó la multa que se le impuso. Desde la primavera de 2018 hasta ahora, Roberto Domínguez acumula al menos 4 sentencias firmes por delitos de lesiones.

31 DE MAYO

Este miércoles juzgan a tres acusados de captar a venezolanas para ejercer la prostitución en La Roda

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete juzgará este miércoles, 1 de junio, a D.M.V.L., D.J.V.L. y A.I.M.P. por los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva y tenencia de moneda falsa, después de captar a cinco mujeres venezolanas con la falsa promesa de obtener grandes beneficios por el ejercicio de la prostitución en España, siendo después alojadas en una vivienda de La Roda para ejercer la prostitución en condiciones abusivas y manteniendo una deuda arbitraria con los acusados. Por estos hechos, la Fiscalía pide para ellos penas de entre 42 y 57 años y medio de prisión.

Según el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados D.M.V.L. y D.J.V.L., que eran pareja, se dedicaron desde finales del año 2018, con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, con otras personas residentes en Venezuela que no han sido localizadas a captar a mujeres de aquel país aprovechándose de su situación de precariedad con la falsa promesa de obtener grandes beneficios económicos en el ejercicio de la prostitución en España, asegurando que estos beneficios les permitirían devolver sin dificultad el dinero adelantado por ellos y ofreciéndoles los medios para venir al país, tales como billetes de avión, reserva hotelera y, en algunos casos, dinero en efectivo, que les fue retirado al llegar a España.

Las jóvenes, todas ellas mayores de edad, que fueron captadas accedían a la atractiva oferta planteada al desconocer las verdaderas y abusivas condiciones que les serían impuestas en el ejercicio de la prostitución una vez que llegaran a España, consistentes en plena disponibilidad horaria durante todos los días de la semana, con una deuda arbitraria que los acusados aumentaban continuamente por diferentes conceptos, sometidas a un control total por parte de los acusados.

Además, la documentación les fue retirada a la mayoría de ellas y eran obligadas a entregar a los acusados todo el dinero que obtenían con dicha actividad, según las tarifas que por dichos servicios acordaban directamente los acusados con los clientes, siendo amedrentadas las víctimas con causarles daño a ellas o a sus familias en su país de origen si no actuaban conforme a dichas exigencias, por lo que las víctimas se veían abocadas a aceptar dichas condiciones al encontrarse en España solas, sin dinero, sin trabajo y temiendo las represalias anunciadas por los acusados.

Cuando las víctimas llegaban a España, eran alojadas por los acusados, en su mayoría, en una vivienda en La Roda destinada al único fin del ejercicio de la prostitución ajena y en la que también residía A.I.M.P, madre de D.J.M.P., que actuaba como encargada de la casa y de las chicas, ocupándose de controlar a las víctimas anotando los servicios sexuales que prestaban, así como el dinero que las chicas obtenían por cada servicio, que casi siempre estas entregaban íntegro a A.I.M.P. o incluso ella lo cobraba directamente a los clientes.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para D.M.V.L. una pena de 57 años y medio de cárcel por cinco presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución coactiva, así como otro de tenencia de moneda falsa; 52 años y medio para D.J.V.L. por cinco presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva y tenencia de moneda falsa; y 42 años para A.I.M.P. por cuatro presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva y tenencia de moneda falsa.

El empresario ruso Dmitrenko niega hacer negocios para favorecer el independentismo

El empresario ruso Alexander Dimitrenko (i), a su salida después de declarar como investigado por el caso 'Voloh', en la Ciutat de la Justicia, a 31 de mayo de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). El juez ha citado a declarar como investigado a Alexande

El empresario ruso Alexander Dmitrenko, que participó en una compraventa de gas entre Rusia y China que está bajo sospecha por supuestamente servir para financiar el 1-O, ha negado hacer negocios para favorecer el independentismo.

Lo ha dicho durante su declaración como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona que investiga el caso 'Voloh', en la que ha defendido que solamente "actuaba por cuestiones empresariales", según han explicado fuentes presentes en la sala.

Al preguntarle por unos mensajes entre él y el director de la oficina de expresidente de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en los que éste se alegraba de la compraventa, ha explicado: "Era un éxito mío y Alay, que es amigo mío, se alegra de los éxitos".

INICIATIVA "PURAMENTE EMPRESARIAL"

Ha asegurado que esta compraventa de gas se trataba de una iniciativa "puramente empresarial" en la que él iba a cobrar una comisión como intermediario --que todavía no ha cobrado--, y que Alay no participó en el proyecto.

Dmitrenko ha explicado que este negocio no tiene nada que ver con la política, y ha indicado que si a él le iba bien el proyecto, "le iba bien a Cataluña", porque dejaría impuestos aquí al pagar sus impuestos por los honorarios.

También ha detallado, según las fuentes citadas, que Alay le sugirió que tuviera unas credenciales de la Cámara de Barcelona, y que la institución le dio unas tarjetas para que fuera embajador de la Cámara ante las autoridades rusas.

VIAJE A RUSIA

Asimismo, como agradecimiento por la sugerencia, Dmitrenko le ofreció a Alay pronunciar dos conferencias en universidades de Moscú, porque le estaba "eternamente agradecido", motivo por el cual viajaron los dos juntos a Rusia.

Dmitrenko ha admitido que tenía contactos con personas cercanas al poder en Rusia, y ha asegurado que buscaba esa "influencia" para crecer en el mundo de los negocios.

El Supremo avala tres años de cárcel al condenado por abusos que alegaba "sonambulismo sexual"

El Tribunal Supremo (TS) ha resuelto no admitir el recurso de casación interpuesto por un varón, contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirma una sentencia inicial de la Audiencia de Sevilla, que le condena a tres años de cárcel por abusos sexuales cometidos sobre tres chicas en encuentros colectivos de jóvenes en viviendas mientras pernoctaba junto a ellas, haciéndose "el dormido" a la hora de cometer los abusos.

En la citada sentencia del TSJA, recogida por Europa Press, el Alto tribunal andaluz aborda un recurso de apelación de este hombre contra una sentencia previa de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que le condena a tres años de cárcel y tres años de libertad vigilada tras cumplir dicha pena de prisión, por tres delitos de abuso sexual con la atenuante de reparación del daño.

Según la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia, en un fin de semana de mayo de 2017, Álvaro D.T., mayor de edad, "se encontraba junto con un grupo de chicos en el domicilio" de una joven de entonces unos 27 años de edad, en Mairena del Aljarafe, "donde habían quedado para reunirse aprovechando que los padres de ella estaban ausentes, para hacer una barbacoa e incluso pernoctar" en la vivienda.

"LA HORA DE DORMIR"

"Cuando llegó la hora de dormir, en la que se repartieron entre sofá y colchones, Álvaro terminó acostado en un sofá" con la citada joven "y aprovechando que la misma se quedó dormida, metió la mano por debajo de la camiseta y le cogió un pecho, lo que provocó que la chica se despertase y le apartase de un manotazo", toda vez que "minutos después, haciéndose como que dormía, al igual que en el episodio anterior, intentó meter la mano a través del pantalón que vestía ella para llegar a la zona genital sin conseguirlo, pues ella le apartó nuevamente la mano, se levantó y se marchó para terminar durmiendo en sitio aparte".

Además, la sentencia declara probado que "en fecha no exactamente concretada del verano de 2017, con ocasión de una reunión de amigos que tuvo lugar en el domicilio" de otra joven de Palomares del Río, "donde así mismo habían quedado un grupo de amigos para pasar la tarde y dormir, aprovechando que se encontraba acostado en un colchón que se había extendido en el salón de la vivienda junto" a dicha joven, "cuando ésta se quedó dormida introdujo una de sus manos por debajo de la camiseta y comenzó a manosearle el pecho", ante lo cual ella "se despertó y solo acertó a resguardarse haciéndose un ovillo y apartarse lo más posible de su acompañante aunque sin que se levantara del colchón".

TERCER CASO

También se declaraba probado en la sentencia impugnada que "en hora temprana no exactamente concretada del 13 de octubre de 2017, se encontraba el procesado en casa de un joven que era su "entonces amigo" en una vivienda de Mairena del Aljarafe junto con otros chicos entre los que estaba" una joven de 27 años que "había llegado a dicho domicilio a altas horas de la madrugada después de haber estado de copas con sus amigas de la universidad y en cierto estado de embriaguez".

"Álvaro terminó compartiendo una cama nido" con dicha joven y "en un momento determinado, aprovechando el sueño de la chica favorecido por la ingesta alcohólica, le introdujo los dedos en la vagina haciendo que la misma se despertase, dándole un manotazo y girándose en la cama para que la dejase", declara probado la sentencia inicial de la Sección Séptima de la Audiencia.

En su recurso de apelación contra dicha sentencia condenatoria de la Audiencia, el acusado esgrimía "un error en la apreciación de la prueba" acerca de que él cometiera los hechos "en estado de vigilia", proponiendo "como prueba en segunda instancia documental y pericial acerca de la patología de sonambulismo sexual"; si bien el TSJA alega que "las tres víctimas coinciden en declarar que el acusado no estaba dormido, sino que lo simulaba, se hacía el dormido, como estratagema para ocultar sus intenciones lúbricas".

"AUSENCIA DE CUALQUIER PRUEBA MÉDICA"

Del mismo modo, el TSJA indicaba que la propia Audiencia ya señalaba "la ausencia de cualquier prueba médica que pudiera apoyar el pretendido trastorno del sueño, apuntando además, con mucha agudeza, la excesiva coincidencia que supone que, en situaciones en que, por la limitación de camas, jóvenes de ambos sexos compartían lecho de forma indistinta, el acusado acabara en todos los casos acostado junto a una chica y tuviera en cada ocasión un episodio de la pretendida sexsomnia".

Frente a ello, en su recurso de casación, el encartado insistía en que "de haberse admitido y practicado en segunda instancia un estudio neurológico" que pretendía aportar, habría quedado "exento de responsabilidad penal, ya que el mismo acredita que sufre sonambulismo sexual".

Pero el Supremo avala la decisión del TSJA, en el sentido de que "la prueba ha sido acertadamente inadmitida en segunda instancia, ya que, por un lado, la misma podría haberse propuesto en el escrito de defensa; y por otro, el estudio no objetiva patología alguna, por lo que la prueba carece de virtualidad probatoria relevante respecto a extremos fácticos objeto del procedimiento".

"En consecuencia, la prueba denegada no era necesaria ni indispensable, ni tampoco procesalmente admisible", indica el tribunal. Por eso, el Supremo resuelve que "no ha lugar a la admisión" del recurso de casación.

30 DE MAYO

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el apuñalamiento mortal en Yeles (Toledo)

La responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Illescas ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el apuñalamiento mortal de un hombre en un domicilio de Yeles (Toledo) el pasado viernes.

El joven de 20 años, que fue detenido el mismo día de los hechos, ha sido puesto a disposición judicial este lunes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Illescas, en funciones de guardia.

Tras tomarle declaración, la responsable del juzgado ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Se le imputa como presunto autor de un delito asesinato. Imputación que es provisional y que se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial.

Según informó el 112, los hechos ocurrieron el pasado viernes en un domicilio situado en la calle Pantoja en el barrio de la estación de la localidad toledana de Yeles.

27 DE MAYO

Detenido el actor Luis Lorenzo y su mujer acusados de envenenar hasta la muerte a su tía

La Guardia Civil ha detenido al actor Luis Lorenzo y a su mujer acusados de envenenar hasta la muerte a la tía de esta, una mujer de 85 años, para heredar su fortuna, han confirmado a Europa Press fuentes de la Comandancia.

La mujer falleció en junio de 2021 en el domicilio del matrimonio en Rivas Vaciamadrid de supuesta muerte natural por demencia y fue enterrada en su tierra natal, Asturias. Sin embargo, el hermano de la víctima dudó de esta versión y pidió una autopsia, que finalmente fue concedida por el juez.

Los forenses encontraron en el cuerpo de la mujer la presencia de dos metales pesados en dosis elevadísimas que habían provocado la muerte. Isabel, según la autopsia, murió envenenada y la etiología de su fallecimiento es 'violenta/homicida', según ha publicado hoy 'El Confidencial'.

Entonces, se hicieron cargo de la investigación los agentes del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil. Descubrieron que durante su estancia en la casa de los detenidos la fallecida se gastó una gran cantidad de dinero y que había firmado un nuevo testamento, en el que dejaba toda su herencia a la esposa del actor.

El juez, que ha bloqueado la herencia hasta que concluyan las pesquisas, ordenó ayer el registro de la casa de los detenidos para localizar los supuestos materiales utilizados para el envenenamiento, además de pruebas del presunto homicidio. El matrimonio ha pasado hoy a disposición del juzgado de guardia de Arganda del Rey.

26 DE MAYO

Diez funcionarios de la Diputación Albacete declararán como investigados en junio por presunto amaño de oposiciones

El Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete ha llamado a declarar los días 3 y 23 de junio a 10 funcionarios de la Diputación provincial, en calidad de investigados en el supuesto amaño de las oposiciones correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de 2009.

Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el auto del juzgado ha admitido la solicitud de la Diputación, personada como acusación, para tomar declaración a los 10 imputados, como garantía procesal y para que acudan a declarar a sede judicial con abogado y procurador. Estas 10 personas ya aparecían en el atestado instruido inicialmente por la Policía Nacional.

Por otra parte, el juez instructor ha rechazado la petición de otra de las partes personadas en el procedimiento, en la que solicitaban investigar procesos selectivos distintos a los que se investigan en estos momentos, al entender que el procedimiento judicial abierto no es una causa general contra todos los procesos selectivos de la Diputación, sino que se trata de un caso concreto.

Las citaciones del próximo mes serán a puerta cerrada, ya que son diligencias de investigación que se practican dentro de un procedimiento en trámite.

El Tribunal Supremo confirma 14 y 12 años de prisión a dos jóvenes por una agresión sexual a una menor en Azuqueca en 2018

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a 14 y 12 años de prisión impuestas a dos jóvenes por un delito de agresión sexual a una niña menor de edad en una residencia abandonada de Azuqueca de Henares (Guadalajara) en 2018.

La Sala desestima los recursos de casación interpuestos por 0.C. y O.B.E.H. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que confirmó la dictada por la Audiencia Provincial de Guadalajara, según ha informado el TS, información a la que ha tenido acceso Europa Press.

En el mismo se recoge que la sentencia de instancia condenó a 14 años de prisión a 0.C. como autor de un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años y a 12 años de prisión a 0.B.E.H. como cooperador necesario. Asimismo, fueron condenados al pago de una indemnización, en concepto de responsabilidad civil, en forma conjunta y solidariamente de 5000 euros por el daño moral causado a la menor.

Los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2018 cuando los dos condenados se encontraron sobre las 13.30 horas en un parque de dicha localidad del Corredor con la menor, que estaba con varios amigos.

Así las cosas, O.C. y otra persona la obligaron a entrar por la fuerza en una residencia abandonada a la que también accedió 0.B.E.H., el otro condenado, y al menos otras tres personas, y una vez allí, la empujaron hasta un baño contiguo con escasa luz, tumbándola en el suelo.

La víctima, ante la situación de desprotección absoluta, adoptó una actitud de sometimiento y pasividad. Mientras O.C. cometía la agresión sexual, 0.B.E.H. la sujetaba por los brazos, según el relato de hechos probados.

La Sala concluye que "los hechos son de una tremenda gravedad, al tratarse de una violación grupal en la que, según el relato de hechos probados, se considera a la mujer como un objeto sexual llevándose a efecto la cosificación de la misma mediante la agrupación de personas para llevar a efecto el acto de violación, ya sea por un ejecutor y el resto de coadyuvantes y cooperadores necesarios, o sean varios los que lo ejecuten".

En cualquier caso --añade el tribunal- la existencia del acto grupal y participación de terceros es evidente y supone una ejecución del mismo facilitando el aseguramiento, así como reduce y rebaja las posibilidades de que la víctima pueda considerar alguna posibilidad de escape del lugar, lo que lleva a una especie de actitud pasiva, como en este caso ocurrió, al no vislumbrar forma de escapatoria del lugar, esperando a que todo el drama termine cuanto antes.

La sentencia, ponencia del magistrado Vicente Magro, explica que la ausencia de lesiones físicas en el cuerpo de la víctima no es sinónimo de que la violación no haya ocurrido. "Y ello, por cuanto la reacción de la víctima ante una violación puede ser de enfrentamiento con defensa personal física, en cuyo caso ante el acoso del autor de la violación las lesiones serán evidentes, o de pasividad, lo que no quiere decir que consienta la relación sexual, sino que, dado que no hay consentimiento a la misma, su ausencia, y por ello, violación, puede venir acompañada de una pasividad motivada por el deseo de que termine cuanto antes para no ejecutar actos físicos de oposición por si resulta agredida brutalmente".

La Sala señala que "el tribunal ha entendido, y lo ha validado el TSJ, que se aprecia en la declaración de la perjudicada una coherencia interna en su declaración, siendo así que no se apreció ánimo espurio de venganza, o resentimiento, que pueda influir en la valoración de dicha declaración. Detalla claramente los hechos, y no se aprecia que haya faltado a la verdad, analizándose este proceso por el TSJ".

Recuerda que la declaración de la víctima ha sido corroborada por otros testimonios que fueron contundentes al explicar lo ocurrido y unívocos. "Con ello, podemos ver que la declaración de la víctima es corroborada en sus aspectos nucleares por lo que ella manifestó de que fue forzada sexualmente".

Así, añade que "estos testigos arrojan luz sobre lo que la misma víctima dijo en cuanto que se la llevaron a la fuerza, que escucharon gritos, que le amenazaron para que no entraran, que ella llegó llorando luego y la ropa con manchas blancas, que ella les decía que le dejaran en paz y que existía un clima de tensión contrario a tratarse de un encuentro sexual voluntario, lo que corrobora la versión de la víctima, y que incluso uno de los testigos declaró que Omar le dijo lo que estaban haciendo y Rocío salió llorando".

Comienza el juicio contra el Cuco y su madre por falso testimonio en el caso Marta del Castillo

El Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla prevé comenzar este jueves el juicio contra Francisco Javier García, conocido como El Cuco, y condenado por encubrir en 2009 el asesinato de Marta del Castillo, y contra la madre de este, por un presunto delito de falso testimonio derivado de sus comparecencias en el juicio celebrado en 2011 por el citado crimen. La Fiscalía reclama para cada uno de ellos ocho meses de cárcel y multas de 1.500 euros, mientras la familia de la víctima pide dos años de prisión y multas de 1.800 euros.

El calendario del juicio, recogido por Europa Press, contempla la sesión inicial de este jueves y nuevas sesiones el viernes y los días 31 de mayo y 2, 7 y 9 de junio.

Para el primer día de juicio está prevista la comparecencia de los dos encartados, Francisco Javier García y su madre, Rosalía Inmaculada García, mientras para el viernes está fijada la comparecencia de varios testigos, entre ellos los padres de Marta del Castillo. Ya para el lunes 31 de mayo, está prevista la comparecencia, también como testigo, de Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel como autor del crimen, después ser admitida la petición de la familia de Marta del Castillo para que el autor del crimen testificase presencialmente y no por videoconferencia en el juicio.

Al respecto, Miguel Carcaño ha sido ya trasladado desde la cárcel de Ciudad Real en la que cumple condena, a la prisión de Sevilla II, ubicada en Morón de la Frontera, de cara a su comparecencia presencial en este juicio.

De cara al mismo, el padre de Marta, Antonio del Castillo, consideraba tiempo atrás que el Cuco "debe decir la verdad" sobre lo acontecido porque "a él le conviene y a todos nos conviene", manifestando asimismo su "esperanza" respecto a que Miguel Carcaño, como testigo en la vista oral, también diga "la verdad".

Y es que la familia de la víctima defiende su empeño por hacer "lo imposible por encontrar a Marta", cuyo cadáver nunca ha sido localizado pese a las diversas localizaciones investigadas.

Al respecto, recordemos que el pasado mes de abril de 2021, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, en el marco de la pieza correspondiente a la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, ordenó nuevas actuaciones en torno al teléfono móvil de Carcaño y sobre los datos crudos de dicho teléfono y de los terminales telefónicos de la víctima, del Cuco y de otras personas otrora incluidas en la investigación, al objeto de elaborar un informe pericial.

La apertura de juicio oral respecto a este caso llegaba en junio de 2021, después de que el Juzgado de Instrucción número dos ordenase ya en febrero de 2019 continuar por el trámite de procedimiento abreviado las diligencias incoadas contra El Cuco y su madre por este asunto, y en la primavera de ese año se pronunciase del mismo modo tras las pruebas adicionales practicadas tras su primer auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.

SEGUNDO PROCESAMIENTO

En su segundo auto de continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado, el juez instructor Carlos Mahón reitera que antes de que Francisco Javier García, su madre Rosalía G.M. y la pareja de esta última Ángel Manuel R.C. prestaran declaración en calidad de testigos en el juicio celebrado en 2011 por la Audiencia de Sevilla contra los adultos acusados por el crimen, "todos ellos urdieron un plan que tenía como única finalidad engañar al tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enero de 2009, cuando resultó muerta la menor".

El juicio, recordémoslo, se saldó con la condena de Miguel Carcaño a 20 años de cárcel por un delito de asesinato y la absolución del resto de los acusados, es decir su hermano Francisco Javier Delgado; la novia de éste María García y el amigo de Carcaño Samuel Benítez. Posteriormente, el Tribunal Supremo añadió un año y tres meses más a la pena de cárcel impuesta a Carcaño, quien comparecerá como testigo en este nuevo juicio.

Según reitera el juez instructor en este segundo auto de procesamiento, el 25 de octubre de 2011, cuando el Cuco era ya mayor de edad, testificó en el juicio celebrado por la Audiencia de Sevilla contra los adultos acusados por el mencionado crimen y, "de acuerdo con el plan urdido", manifestó al tribunal "de manera falsa" que no había estado en la tarde noche del día 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII donde "se le dio muerte" a Marta del Castillo y que ese día había estado "con unos amigos en franjas horarias "distintas a la reales".

Su declaración incluyó, según recuerda el juez, que sobre las 23,30 horas del mismo 24 de enero se encontró en las inmediaciones de domicilio" con Ángel Manuel R.C., quien "había ido a tirar la basura", y que después "subió a su casa y no salió de la misma".

"EL PLAN PRECONCEBIDO"

Ángel Manuel R.C., según rememora el juez, "siguiendo el plan preconcebido", testificó también "de manera falsa" ante el tribunal que sobre las 23,30 horas del día 24 salió de su casa para tirar la basura y se encontró con el Cuco y que él y su mujer (madre del Cuco) estuvieron ese día fuera de su casa hasta las 1,30 horas de la madrugada, pesando la muerte años atrás de Ángel Manuel R.C.

En cuanto al testimonio de la madre del Cuco, el juez rememora que "conforme a lo pactado con su marido y su hijo", habría declarado ante la sala "de manera "mendaz" que ese día salió con su pareja a tomar una copa, que fueron al Bar La Portada, que ambos volvieron a su domicilio sobre las 1,30 o 2,00 horas ya del día 25 y que, una vez allí, "entró en el dormitorio de su hijo, lo vio acostado y le dio un beso".

Frente a ello, el juez avisa de que "las pruebas han evidenciado en contra de lo declarado" por los tres ante el tribunal que "la tarde noche del día 24 de enero de 2009", el Cuco "sí estuvo en el domicilio" de León XIII; que ese mismo día estuvo con un amigo hasta las 20,30 o 20,45 horas y que a otros de sus amigos "los vio a partir de las 22,30 horas del mismo día".

TAMPOCO "ES CIERTO"

"No es cierto que sobre las 23,30 horas del referido día se encontraran en las inmediaciones de su domicilio él y el marido de su madre cuando éste iba a tirar la basura", indica el juez señalando las pruebas y agregando conforme a las mismas que tampoco sería verdad que la madre del Cuco y su pareja "estuvieran fuera de su casa, más concretamente en el bar La Portada, hasta las 4,30 horas o 5,00 horas del día 25".

Por eso, el juez reiteraba su decisión de 2019 de seguir por el trámite del procedimiento abreviado las actuaciones por un presunto delito de falso testimonio incoadas contra el Cuco y su madre, unas diligencias archivadas respecto al marido de la mujer dada su muerte hace años.

25 DE MAYO

El acusado por el caso de envenenamiento de aves en Gerindote niega su relación

El acusado por el caso de envenenamiento masivo de aves rapaces, entre ellas, especies catalogadas en peligro de extinción, ocurrido en la finca 'La Casa Nueva' situada en el término municipal de Gerindote (Toledo) en 2011, ha negado tener cualquier relación con el caso y ser gestor del coto de caza cuando sucedieron los hechos. "Esto no tiene ni pies ni cabeza", ha apuntado a los medios a su entrada a la sala.

En un juicio, que se ha celebrado este miércoles, y donde Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ejercen la acusación popular, el acusado ha asegurado que no era el arrendatario del coto ni titular de la explotación de la caza. Además, afirma que él no tiene ningún contrato con el titular de la finca y que trabaja desde 2003, y lo puede acreditar, en la construcción.

Ha reconocido que en 1999 fue juzgado y absuelto por un caso similar en un momento en el que sí trabajaba en la finca. Sin embargo, ha dicho que a partir de ese momento abandonó "el tema de la caza" y se dedicó a la construcción. "Jamás en mi vida he tenido permiso de armas ni licencia de caza", ha apostillado el acusado.

Ha explicado, asimismo, que tuvo conocimiento de la aparición de aves rapaces muertas cuando imputaron a su padre que, según ha apuntado, al regresar de la residencia de ver a su madre, un agente medioambiental le paró en un camino vecinal y le imputó al encontrarle una hoz.

También ha comentado que la finca 'La Casa Nueva' es de fácil acceso ya que hay caminos vecinales que cruzan a Rielbes y llegan hasta Toledo, al tiempo que ha negado que él estuviera presente en el acta de incautación de los cadáveres de las aves entre agosto y septiembre de 2011. "Desde el 2003 trabajo en la construcción", ha insistido.

En declaraciones a los medios antes de la vista, el procesado ha sentenciado que "no existe caso" y que él no tiene nada que ver con el coto. "No me vincula nada a esta causa", ha aseverado el acusado, quien asegura que los agentes medioambientales lo único que tienen contra él es que en 1999 trabajó en esa finca.

"Esto es una mafia de los ecologistas y toda esta gente y por presiones se ha abierto el juicio, esto no tiene ni pies ni cabeza", ha señalado el acusado, quien ha pedido que si se ha cometido un delito se debería de abrir una investigación "exhaustiva" y coger realmente a quien ha cometido esos delitos.

Condenados a 2 años de cárcel los acusados de agredir en 2019 a dos médicos del Hospital de Tomelloso (Ciudad Real)

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a dos años de cárcel a J.L.R.T. y J.A.R.T., dos hermanos acusados de agredir a dos médicos de urgencias del Hospital de Tomelloso en 2019.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 12 de abril, cuando los acusados acudieron al servicio de urgencias del hospital porque J.L.R.T. presentaba dolor en el hombro tras caerse de una bicicleta.

Tras ser asignado al Doctor A.J.T., médico que se encontraba de guardia en dicho servicio, fue atendido en el triaje de enfermería, dónde se solicitó la realización de una radiografía antes de pasarlo al médico. Una vez practicada la prueba y tras pasar un tiempo sin ser atendidos, comenzaron a gritar e insultar al personal sanitario con frases como "qué hospital de mierda es éste", "uno se muere de dolor y se equivocan o qué" o "todos son unos hijos de puta".

Cuando el doctor les indicó que entraran en la consulta para atenderlos, los acusados siguieron con los insultos hasta que J.L.R.T. se abalanzó sobre él y le cogió del cuello mientras que J.A.R.T. le golpeó en el hombro y le hizo una zancadilla en la pierna hasta que cayó al suelo, tras golpearse con el codo en la mesa. Inmediatamente, J.L.R.T. se colocó encima del doctor agarrándolo por el cuello mientras que su hermano le propinaba patadas en las piernas, en el abdomen y en la zona lumbar.

En ese momento, la Doctora V. comenzó a gritar y a pedir ayuda hasta que finalmente trató de apartar a J.L.R.T. de su compañero y siendo golpeada por el codo en su esternón. Alertados por el ruido y los gritos de la doctora, se personó allí varios miembros del personal sanitario hasta que finalmente llegaron los vigilantes de seguridad, quienes pusieron fin a la agresión. Como consecuencia, el doctor sufrió contusiones y varias heridas por el cuerpo, mientras que la doctora una contractura y un cuadro de ansiedad.

Por estos hechos, la audiencia les condena como autores responsables, criminalmente, de un delito de atentado contra funcionarios públicos sanitarios e impone la pena de prohibición de aproximación a menos de 300 metros de los doctores así como de sus domicilios, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por los mismos durante 5 años e igualmente prohibición de comunicación con ellos por cualquier medio durante el mismo periodo.

Igualmente, condenan a J.L.R.T. como autor responsable criminalmente de un delito leve de lesiones a la pena de dos meses de multa, a razón de una cuota diaria de diez euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, conforme al artículo 53 del Código Penal, y a que indemnice en vía de responsabilidad civil a la doctora V. en la cantidad de 2.350 euros. Ambos deberán indemnizar, conjunta y solidariamente, a A.J.T.B. en 8.279 euros.

24 DE MAYO

El Supremo resolverá este jueves la 'macrodemanda' de Adicae por las cláusulas suelo

El Tribunal Supremo celebra este jueves, 26 de mayo, a las 10.30 horas, su sesión de votación y fallo en la demanda colectiva que interpuso la Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros (Adicae) contra 101 bancos y cajas españolas.

El fallo del Supremo llega después de que la asociación y los consumidores obtuviesen una primera victoria en primera instancia (en el juzgado mercantil 11 de Madrid) que fue posteriormente ratificada en la Audiencia Provincial de Madrid en 2018.

En dicho fallo, la Audiencia aclaró, como pedía Adicae, que deben devolverse todas las cantidades cobradas en aplicación de estos "abusivos" suelos hipotecarios, y no sólo las aplicadas desde 2013, y que dicha devolución se debía realizar al conjunto de consumidores que en España habían sufrido la aplicación de esa cláusula abusiva.

"Pese a que la Justicia ha reiterado en cientos de miles de resoluciones la abusividad de las cláusulas suelo, y a que la propia Ley de Crédito Inmobiliario las prohibiera en 2019, las entidades condenadas han presentado recursos a cada una de las sentencias obtenidas por Adicae en esta acción judicial colectiva con el ánimo de demorar la imprescindible solución global que requiere un abuso de este alcance y características, al tiempo que algunas entidades han seguido incluso aplicando los suelos a los consumidores", denuncia la asociación.

Ahora finalmente será el Tribunal Supremo el que resuelva la denominada 'macrodemanda' de Adicae "en una sentencia de enorme relevancia como acción colectiva en la que se condenó a las entidades a devolver lo indebidamente cobrado a todos los consumidores afectados", concluye la asociación.

Este miércoles se celebra el juicio por envenenamiento de aves rapaces en Gerindote (Toledo) suspendido en enero

Este miércoles se celebra de nuevo en el Juzgado de lo Penal número 1 de Toledo el juicio por un caso de envenenamiento masivo de aves rapaces ocurrido en un coto de caza dedicado al aprovechamiento de liebres con galgo de Gerindote (Toledo), que se suspendió en enero por la incomparecencia de dos testigos.

Según explicó en declaraciones a los medios tras la suspensión de la vista el técnico de Conservación de Especies de WWF España, Carlos Cano, el juicio se pospuso por la incomparecencia de dos peritos del Instituto de Recursos Cinegéticos de Ciudad Real --que hicieron los análisis toxicológicos de los ejemplares muertos-- que habían solicitado las acusaciones particulares en el proceso, es decir WWF, SEO/Birdlife y Ecologistas en Acción.

"Inicialmente no habíamos pedido que comparecieran como peritos porque los informes están en el expediente pero como el informe lo había impugnado la defensa, sí que pedimos que se ratificara", matizó Cano.

A ello unió que la defensa también había solicitado como cuestión previa que WWF, SEO/Birdlife y Ecologistas en Acción no ejercieran como acusación particular al considerar que debía ser acusación popular, cuestión que, según el representante de WWF, tanto la jueza como la Fiscalía rechazaron.

Los hechos ocurrieron en 2011 y se juzga la culpabilidad o no de la única persona acusada actualmente del envenenamiento de rapaces "más grave que ha habido en Castilla-La Mancha", con 60 ejemplares de siete especies distintas, algunos en peligro de extinción, declaró Cano.

LOS HECHOS

Este procedimiento tiene lugar 11 años después de producirse los hechos, que dieron lugar a la suspensión cautelar de la actividad cinegética en el coto por parte de la administración de medio ambiente provincial, señalan desde Ecologistas.

No obstante, la suspensión se mantuvo apenas unos días, volviéndose a permitir casi de inmediato la celebración de una competición de caza con galgos, "suponiendo un riesgo para la recuperación de las poblaciones de aves rapaces de la zona".

Después del largo periodo transcurrido desde la comisión de los hechos, dos de los tres imputados inicialmente ya han fallecido. El único encausado al que se podrá juzgar ahora, y que actuaba como guarda del coto, había sido acusado anteriormente por un caso de envenenamiento y caza de rapaces con búho en la misma finca.

La finca, en el momento de los hechos, estaba dedicada a la caza de liebres de aprovechamiento comercial y en la misma se celebraban campeonatos regularmente.

22 DE MAYO

Piden ocho años de cárcel para una acusada de vender cocaína en un club de Talavera de la Reina

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar este miércoles, 25 de mayo, a la acusada M.A.C.B., para la que el Ministerio Público pide ocho años de cárcel por vender cocaína en el club 'Los Ángeles' de Talavera de la Reina por lo que la considera responsable de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 20 de diciembre de 2017 cuando la procesada fue sorprendida por agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando vendía por 30 euros una papelina de cocaína a C.C.P., tirando la misma al suelo, a la vez que hacía entrega de 10 euros al comprador, al haberle entregado éste dos billetes de 20 euros cada uno.

El fiscal apunta que la papelina contenía 0,34 gramos de cocaína, con una riqueza media de 77,58% y con un valor en el mercado ilícito de la droga de 38.99 euros.

Igualmente, apunta que se intervinieron dentro del club 210 euros procedentes de la venta de sustancias estupefacientes, un machete de grandes dimensiones y un carné de conducir a nombre de R.S.S.T.

El Ministerio Público apunta que la pena de prisión para la acusada, de origen colombiano, deberá sustituirse por su expulsión del territorio nacional durante 10 años al amparo de lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal.

Un hombre se enfrenta a 10 años de prisión acusado de abusar sexualmente del hijo de acogida de sus amigos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este lunes, 23 de mayo, a J.D.F.M., para quien la Fiscalía pide 10 años de prisión, tras ser acusado de abusar sexualmente del hijo de acogida de sus amigos, de ocho años de edad.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar en el invierno de 2012, cuando el procesado fue a casa de sus amigos, padres de acogida del menor, A.

Como venía siendo habitual, el acusado se acostó en la cama con A para echarse la siesta o jugar con su teléfono móvil, sin embargo, en esta ocasión, el acusado comenzó a realizar tocamientos al menor, llegando a practicarle una felación mientras el chico se hacía el dormido.

Tras lo sucedido, la víctima se negó a volver a dormir con el acusado y comenzó a mostrar un comportamiento distante con sus nuevos padres de acogida, rechazando besos y abrazos. Finalmente, el 25 de agosto de 2017 le contó lo sucedido a sus nuevos padres acogedores, que
interpusieron una denuncia.

Unos hechos que el Ministerio Fiscal considera que son constitutivos de un delito de abuso sexual a menor con acceso carnal por el que piden 10 años de prisión, otros 10 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 1.000 metros durante 12 años.

Asimismo, se solicita su inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión que requiera contacto con menores durante seis años y, además, deberá indemnizar a A. en la cantidad de 3.000 euros por los perjuicios morales causados.

21 DE MAYO

Piden 3 años de prisión para acusado de abusar sexualmente de una mujer con discapacidad intelectual en Albacete

El Juzgado de lo Penal número dos de Albacete tiene previsto juzgar el próximo miércoles, 25 de mayo, a A.G.L., para quien el Ministerio Fiscal pide tres años de prisión, tras ser acusado de abusar sexualmente de una mujer con discapacidad intelectual.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar sobre las 19.30 horas del 16 de marzo de 2019, cuando el acusado, A.G.L., se acercó a B., una mujer a la que ya conocía y que padece una discapacidad intelectual del 65 por ciento, ofreciéndole 100 euros a cambio de masturbarle.

Tras aceptar B. la propuesta del procesado, ambos se citaron junto al Museo Provincial, en el interior del parque Abelardo Sánchez, donde la mujer masturbó a A.G.L.

Hechos que la Fiscalía considera que son constitutivos de un delito de abuso sexual por el que piden tres años de prisión, así como la prohibición de acercarse a B. a menos de 500 metros durante cinco años. Asimismo, el acusado deberá indemnizar a la víctima en la cantidad de 3.000 euros.

Piden 6 años de prisión para un acusado de abusar sexualmente de una menor a la que ofreció dinero

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar el próximo martes, 24 de mayo, a S.M.S., quien se enfrenta a seis años de prisión, tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años, a la que ofreció dinero a cambio de poder tocarle el pecho, insistiéndole igualmente para que le masturbara.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar en el año 2016, durante una comida en el domicilio de la madre de la menor, identificada como A. En un momento dado, le pidieron a la joven que fuera a realizar unas compras, ofreciéndose el acusado a llevarla con el coche para que no fuera sola.

Una vez en el vehículo, S.M.S. comenzó a hacerle comentarios obscenos, preguntándole si se depilaba los genitales, si le había visto el pene a un hombre o si se masturbaba.

Tiempo después, en agosto de 2018, durante otra cena familiar, volvieron a encargar a la menor que fuera a compara hielos, ofreciéndose de nuevo el acusado a acompañarla. Igual que ocurrió la vez anterior, S.M.S. comenzó a incomodar a la menor en el vehículo, pidiéndole que le dejara tocarle el pecho, llegando a ofrecerle 20 euros. 'Te doy todo lo que he ganado, todo lo que quieras te doy', aseguraba.

Tras insistirle, le dijo que iba a masturbarse y que en un rato volvía, proponiéndole a la menor que le masturbara o que mantuvieran relaciones sexuales.

Hechos que el Ministerio Fiscal considera que son constitutivos de un delito de corrupción de menores, por el que piden tres años de prisión, seis años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 1.000 metros durante siete años y la inhabilitación para el ejercicio de cualquier trabajo que requiera contacto con menores durante seis años.

Asimismo, por el delito de abusos sexuales a menor de 16 años, la Fiscalía solicita tres años de prisión, cinco años de libertad vigilada y una orden de alejamiento de 1.000 metros respecto de la denunciante durante siete años.

TSJCM condena de nuevo a la Junta a indemnizar a CCOO por vulnerar el derecho fundamental de huelga en Geacam

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha condenado una vez más a la Consejería de Desarrollo Sostenible por vulnerar el Derecho Fundamental de huelga en la empresa pública Geacam y ha impuesto al Gobierno regional el pago de las costas judiciales y el abono de una indemnización a la Federación de Industria de CCOO Castilla-La Mancha.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM ha atendido así el recurso del sindicato contra la resolución mediante la que Desarrollo Sostenible estableció los servicios mínimos a prestar por la plantilla de Geacam durante las dos jornadas de huelga convocada por CCOO los días 6 y 7 de agosto de 2021.

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, la sentencia reproduce esencialmente la emitida hace poco más de un mes por la misma Sala respecto a los servicios mínimos impuestos por la Administración ante los paros parciales convocados por CCOO los días 23, 24, 30 y 31 de julio de 2021.

De hecho, así lo recalca el Tribunal al destacar como primer fundamento de derecho la existencia de "antecedente inmediato de este Tribunal en un caso idéntico". "Así se desprende tanto de las resoluciones impugnadas como del contenido de los escritos de alegaciones. Iguales incluso gramaticalmente, la diferencia observada viene referida a los días para los que estaba convocada la huelga". En consecuencia, añade el Tribunal, "por razones de lógica coherencia jurídica nos remitimos a lo dicho en la anterior sentencia".

CCOO-Industria se remite igualmente a la valoración que realizó de la sentencia inicial, asegurando que el sindicato trata siempre de defender los derechos e intereses de todos los trabajadores en todos los ámbitos, en las mesas de negociación, en la calle o en los tribunales de justicia.

"La Justicia nos da una y otra vez la razón y condena una y otra vez a la Junta por los mismos hechos", ha explicado el sindicato, que ha recordado que contra esta nueva sentencia condenatoria le cabe al Gobierno de Castilla-La Mancha recurrir en casación al Supremo, aunque no recurrió la anterior y CCOO augura que "tampoco recurrirá ésta, porque sabe a ciencia cierta que, amén de perder el recurso, haría el ridículo".

"Lo triste -es que a nuestro Gobierno no le importe imponer servicios mínimos abusivos e injustificados una y otra y otra vez. Resulta desolador, y muy preocupante, que a nuestro Gobierno no le importe incurrir una y otra vez en vulneración de un Derecho Fundamental", ha concluido.

La Fiscalía recurre la libertad vigilada de los menores de Burjassot y pide su internamiento

La Fiscalía ha recurrido este viernes la libertad vigilada con alejamiento para los menores que fueron detenidos por su presunta implicación en las agresiones sexuales de dos niñas en la localidad valenciana de Burjassot (Valencia) y ha solicitado su internamiento "por considerar esta medida más adecuada a los hechos".

De esta forma, el ministerio público solicita de nuevo el internamiento de los menores, como ya había solicitado este jueves. No obstante, el juez acordó libertad vigilada con alejamiento para todos los detenidos.

En concreto, la Fiscalía había pedido este jueves el internamiento en régimen cerrado para cuatro de los menores detenidos por su presunta implicación en los hechos y había solicitado para el quinto arrestado, igualmente menor de edad, libertad vigilada con alejamiento.

Los cinco menores arrestados, de entre 15 y 17 años, pasaron este jueves a disposición de la Fiscalía de Menores. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de mayo en una casa abandonada de la localidad valenciana. En este caso se investiga una violación grupal a una menor de 12 años y otra individual a una niña de la misma edad.

Las pesquisas --análisis de datos y declaraciones de las víctimas-- llevaron a los agentes a arrestar este miércoles por la tarde a cinco menores de edad presuntamente relacionados con los hechos. Las niñas supuestamente habían quedado con los arrestados, a los que no conocían, a través de Instagram.

20 DE MAYO

Justicia acuerda con las CCAA, salvo Castilla y León, un protocolo para atender a víctimas de violencia de género

El Ministerio de Justicia ha elaborado un protocolo de atención para víctimas de violencia de género que no hayan denunciado o no hayan ratificado su denuncia en sede judicial, y al que se han sumado todas las comunidades y ciudades autónomas que no tienen las competencias transferidas, a excepción de Castilla y León.

Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla se han unido a este protocolo, cuyo objetivo es "permitir una derivación ágil y directa de las víctimas" entre las Oficinas de Asistencia y los servicios sociales autonómicos para la atención, asistencia y protección de las víctimas en base a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Derivar a las víctimas de violencia de género implicará que puedan ser atendidas por las Oficinas de Asistencia aunque no hayan denunciado o no hayan ratificado su denuncia en sede judicial.

Para el Ministerio que dirige Pilar Llop, este protocolo permitirá a las víctimas atendidas en las Oficinas de Asistencia que no quieran denunciar, ser derivadas a los servicios autonómicos, "de modo que puedan ejercer plenamente sus derechos en ellos y acceder a sus recursos disponibles", señala.

Además, las víctimas que hayan sido atendidas por los servicios especializados de las comunidades o ciudades autónomas y deseen presentar una denuncia o ser asistidas jurídicamente durante el proceso judicial, podrán ser derivadas a las Oficinas de Asistencia.

Justicia recuerda que las 16 Oficinas de Asistencia a las Víctimas (OAV) funcionan como servicio público y fueron abiertas para proteger los derechos de las afectadas de forma gratuita y confidencial, según las necesidades concretas de cada una.

"Para poder ofrecer un servicio integral que evite o minimice en lo posible la victimización, se requiere la plena coordinación de las OAV con órganos o entidades con similares funciones de protección y asistencia a las víctimas, mediante la formalización de convenios de colaboración y protocolos" como este.

La enfermera que entró en el historial de su 'ex' elude prisión por enajenación mental y ansiedad sufrida en la pandemia

La enfermera acusada de un delito de descubrimiento de secretos, por entrar en varias ocasiones en el historial médico de su exmarido sin su permiso, eludirá finalmente la prisión al haber llegado las partes a un acuerdo, y al aplicársele la atenuante de enajenación mental, según se ha hecho público este viernes en una vista de conformidad en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

M.P.R.B. se enfrentaba a una petición por parte de la Fiscalía de 4 años de prisión y 7 de inhabilitación absoluta. Finalmente, el ministerio público ha aplicado la atenuante de enajenación mental, ya que considera acreditado que la mujer sufrió una situación de "extrema ansiedad" desde agosto de 2020 durante momentos complicados de la pandemia de Covid debido a su condición de profesional sanitaria, que se agravó con su separación matrimonial y que afectaba a su forma de actuar.

Por ello, ha modificado su petición de penas, rebajando la de prisión a 2 años, suprimiendo la pena de inhabilitación, y reduciendo la multa de 5.940 a 1.080 euros.

Asimismo, todas las partes han acordado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, de manera que la acusada no tendrá que ingresar en un centro penitenciario, ya que no tiene antecedentes y no se reclama indemnización. Todo ello, con la condición de que no delinca durante 2 años.

Según el escrito de acusación pública, la procesada trabajaba como enfermera pediátrica en el área sanitaria de Vigo y accedió al historial de su exmarido en al menos siete ocasiones, entre el 19 de noviembre de 2020 y el 19 de enero de 2021.

Estos accesos a su historial los hizo usando su nombre de usuario y su clave interna, sin que el perjudicado le hubiera dado autorización y sin que mediaran motivos asistenciales.

Condenado a dos años por tocamientos a una joven "aprovechando que estaba dormida" en su cuarto

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha condenado a un varón de 29 años a dos años de cárcel, por un delito de abusos sexuales cometido sobre una joven a la que hizo "tocamientos en los pechos, glúteos y genitales aprovechando que se encontraba dormida" en la cama de su dormitorio, junto a un amigo al que la víctima estaba abrazada en el momento de los hechos.

En una sentencia emitida el pasado 26 de abril y recogida por Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia, con un tribunal del que forma parte la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos, declara probado, por conformidad del acusado, que los hechos acontecieron la noche del 15 de octubre del año 2020.

Según se declara probado, la víctima de los hechos compartía un piso en Sevilla capital "junto con otras chicas e invitó a un amigo suyo y al acusado", identificado como Carlos T.F.D.L.G.L., de 29 años de edad actualmente y sin antecedentes penales, toda vez que la víctima de los hechos había conocido "esa misma noche" al encartado.

INTENTÓ BESARLA EN VARIAS OCASIONES

La sentencia declara probado que los jóvenes "estuvieron bebiendo" en el domicilio de la víctima, contexto en el que el acusado "intentó en varias ocasiones besarla, esquivándolo ésta, a la que en un momento determinado llegó a tocarle el culo, siendo recriminado por ella".

Ya sobre las 3 horas de la madrugada, según la sentencia, la víctima de los hechos fue a "acostarse con su amigo en el dormitorio", momento en el que el acusado, que en ese momento se hallaba en él, "se marchó a dormir al salón".

"APROVECHANDO QUE ESTABA DORMIDA"

"Avanzada la madrugada, el acusado se dirigió de nuevo al dormitorio donde estaban ella y su amigo, encontrando a ésta desnuda y abrazada a aquél, procediendo en ese momento a tumbarse a su lado y con evidente ánimo libidinoso, aprovechando que se encontraba dormida, la abrazó y le hizo objeto de tocamientos en los pechos, glúteos y genitales, hasta el punto de llegar a introducirle dos dedos en la vagina, sin que ella hubiera consentido tal conducta, la cual cesó cuando al darse cuenta de lo que estaba pasando, apartó al acusado y le arrojó una botella de agua, marchándose éste del dormitorio"; declara probado la sentencia, detallando que en el momento de los hechos, el encartado "se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas" y, de otro lado, ha consignado 4.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Dado el caso, la Sección Séptima de la Audiencia le condena a dos años de prisión, más tres años de libertad vigilada tras cumplir la pena de cárcel, por un delito de abuso sexual con las atenuantes de embriaguez y de reparación del daño. Además, se le impone una indemnización de 3.000 euros en favor de la víctima.

19 DE MAYO

La jueza inadmite la denuncia contra Casado y García Egea por revelación de secretos del hermano de Ayuso

La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha acordado inadmitir a trámite la denuncia presentada contra el exlíder del PP Pablo Casado y Teodoro García Egea por un delito de revelación de secretos en el caso del contrato del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

La decisión de la magistrada Inmaculada Iglesias se produce después de que el fiscal del caso solicitara su archivo al considerar que supone "un ejercicio de hipótesis y elucubraciones" a raíz de declaraciones realizadas en los medios de comunicación.

En la misma línea que el fiscal, la jueza esgrime en un auto dictado el pasado 18 de mayo que el denunciante, sobre la base de informaciones periodísticas, "pretende que se inicie una investigación penal para corroborar lo que en principio son meras sospechas o hipótesis".

"No se aportan con la denuncia indicios o datos objetivos de la realidad de los hechos que imputa, limitándose a reproducir titulares de noticias", subraya la magistrada.

En un escrito, el fiscal solicitó a la juez que no se admitiera a trámite y que se archivara la denuncia interpuesta por el abogado Esteban Gómez Rovira, quien se querelló contra los exdirigentes del PP por manejar supuestamente datos fiscales y bancarios de Tomás Díaz Ayuso, algo que consideraba incurría en un delito de revelación de secretos.

Para el fiscal, la denuncia es "un ejercicio de hipótesis y elucubraciones" a raíz de las declaraciones realizadas por ambos políticos en los medios de comunicación.

En su opinión, a través de dichas manifestaciones el denunciante llega a una conclusión "carente de apoyo" o corroboración en hechos acreditados de cara a solicitar una diligencias de investigación "a los fines de corroborar sus sospechas, lo que resulta no ajustado a Derecho y debe conllevar su archivo".

Según alegaba el denunciante, ambos exdirigentes del PP podrían haber incurrido en el citado delito a raíz de una entrevista radiofónica en la que Casado se refirió a un comportamiento "no ejemplar" por parte de Tomás Díaz Ayuso por el cobro de 300.000 euros como consecuencia de un contrato que celebró con la Comunidad de Madrid.

Del mismo modo, cita a García Egea porque en una comparecencia ante los medios de información realizó unas declaraciones sobre un supuesto cobro de comisiones relativo a dicho contrato, en beneficio al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

18 DE MAYO

El TSJCV ordena retrasar hasta la puesta de sol el examen de oposición a una aspirante por sus creencias religiosas

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado la medida cautelar solicitada por una opositora a plazas de médico especialista en oftalmología y ha acordado que la Consejería de Sanidad le retrase unas horas el examen hasta la puesta de sol del mismo sábado en que está convocado --el próximo 28 de mayo-- en virtud de sus convicciones religiosas como miembro de la Iglesia Adventista Séptimo Día.

De esta forma, el órgano judicial estima el recurso que interpuso la aspirante ante la negativa del subdirector de Recursos Humanos que informaba de la imposibilidad de modificar esa prueba de la oposición, fijada inicialmente para el sábado a las 12.00 horas.

La recurrente, por su parte, manifestó su disposición a realizar a prueba cualquier otro día --ya que los miembros de esta iglesia no pueden efectuar actividad económica ni laboral en sábado al considerarlo el día de culto y oración-- o esa misma jornada pero una vez pasada la puesta de sol.

En su auto, facilitado este miércoles por el alto tribunal valenciano, la sala aplica jurisprudencia del Supremo y de otros tribunales superiores de justicia sobre casos similares y, tras analizar los intereses en conflicto, concluye que no acceder a la pretensión de la recurrente la obligaría a verse "constreñida a optar entre la fidelidad a sus convicciones religiosas y la oportunidad de ingreso en la administración que le brinda el proceso selectivo".

Los magistrados aplican a este caso el artículo 12.3 de la Ley 24/1992 por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, que prevé que los exámenes, oposiciones o pruebas selectivas convocadas para el ingreso en las Administraciones Públicas puedan ser señalados en una fecha alternativa para los fieles de dichas iglesias "cuando no haya causa motivada que lo impida".

SÁBADO RELIGIOSO

De este modo, aceptan la medida cautelar solicitada y establece que la Administración le realice la prueba "en horario no coincidente con el sábado religioso", es decir, el mismo día de la convocatoria, pero a partir de la puesta de sol.

Para ello, la aspirante se deberá presentar en el lugar de la prueba en el día y hora del llamamiento general (28 de mayo a las 12 horas) provista de su DNI, y una vez identificada se mantendrá "incomunicada en una sala hasta que, a la hora oficial de la puesta del sol, pueda comenzar la realización de su examen de igual contenido y duración que el resto de los aspirantes".

La resolución, fechada el 17 de mayo, no es firme y contra ella cabe recurso de reposición ante la propia sala en un plazo de cinco días desde su notificación.

La Fiscalía pide 3 años de cárcel por gritar "muerte a los judíos" en un acto de Democracia Nacional en Barcelona

La Fiscalía ha pedido condenar a un hombre a tres años de prisión por un presunto delito de odio al gritar "muerte a los judíos" durante una protesta en Barcelona que convocó Democracia Nacional por el Día de la Hispanidad en 2021.

El escrito de acusación, consultado por Europa Press, expone que el hombre, "movido por su animadversión a los judíos y a su nación Israel, comenzó a proferir de forma reiterada y a viva voz cánticos antisemitas que instigaban de forma clara y nítida a despertar entre los asistentes sentimientos de violencia, odio u hostilidad" contra los judíos.

El fiscal recoge en su escrito que el acusado también gritó "mata judíos" y "muerte a Israel", y que otros manifestantes se sumaron a los cánticos.

Además de los tres años de cárcel, el fiscal ha pedido multarle con 3.600 euros y, al acusarle de un presunto delito de odio, inhabilitarle para trabajar como profesor, entrenador o monitor de tiempo libre durante 5 años después de cumplir la pena de prisión.

Ocurrió el 12 de octubre de 2021 en una manifestación que empezó a las 11 horas, reunió a entre 180 y 250 personas, y se desplazó entre la plaza Espanya y la plaza Sant Jordi, en Montjuïc.

El fiscal añade que ese día otros manifestantes también gritaron: "fuera rojos", "Hitler", "viva Francisco Franco", "menas no", "dónde están los separatas" y "Josué Libertad", en referencia al condenado por asesinato con agravante de odio ideológico por matar en Madrid al antifascista Carlos Palomino.

Imputan homicidio consumado al presunto autor del crimen machista de Nohales, para quien decretan prisión

El responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cuenca (competente en materia de violencia de género) ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para C.B.R, presunto autor del crimen por violencia de género ocurrido en la pedanía de Nohales el 4 de abril. Se le imputa de forma provisional un delito de homicidio consumado, otro de quebrantamiento de medida cautelar y un tercero de homicidio en grado de tentativa.

C.B.R., de 48 años, fue detenido el pasado 4 de abril por su relación con la muerte de su expareja, V.C.A.S., de 46 años, en la pedanía conquense y este miércoles ha pasado a disposición judicial

El detenido ha sido conducido hasta sede judicial tras recibir el alta médica en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, donde permanecía ingresado desde la fecha de los hechos.

El responsable del Juzgado le ha tomado declaración y ha decretado para C.B.R. prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le imputa de forma provisional como presunto autor de un delito de homicidio consumado y de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Asimismo, se le imputa también como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el presunto acometimiento de una tercera persona que se encontraba presente en el momento de los hechos.

En este presunto caso de violencia de género existía denuncia previa por malos tratos, que dio lugar en noviembre de 2021 a la apertura de Diligencias Previas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Cuenca.

El procedimiento estaba en trámite y con una orden de protección para la víctima en vigor. El procedimiento judicial abierto por los hechos ocurridos el 4 de abril sigue instruyéndose en sede judicial.

LOS HECHOS

La pareja tenía dos hijos menores de 14 y 8 años de edad, respectivamente. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cuenca decretó secreto de sumario por este caso.

Los hechos ocurrían el pasado 4 de abril, cuando, presuntamente, un hombre agredía a su expareja con un arma blanca, causándole la muerte, así como heridas a otro hombre. Los hechos fueron confirmados por la Guardia Civil como un caso de violencia de género.

La fallecida era una mujer conquense de 46 años de edad y que contaba con una orden de protección en vigor, cuyo cumplimento vigilaba el Cuerpo Nacional de Policía, ya que se encontraba domiciliada en la capital conquense.

Por su parte, el detenido, con domicilio y nacido en Cuenca, presentaba lesiones autoinfligidas por arma blanca que, según la Benemérita, se causó ante la llegada de los agentes.

Bélgica rechaza extraditar a Valtònyc a España tras repetir el juicio

El Tribunal de Apelación de Gante (Bélgica) ha rechazado este martes que el rapero balear Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, sea entregado a las autoridades españolas por un delito de injurias a la corona, en un fallo que reproduce la decisión ya fallada en un primer juicio pero que el Tribunal de Casación belga obligó a repetir.

Aunque cabía un nuevo recurso ante Casación, la Fiscalía belga da por agotado el proceso y no recurrirá la sentencia, han confirmado fuentes judiciales a Europa Press. Esto supone el punto y final al periplo judicial del cantante que era reclamado por España por su condena por injurias a la corona, amenazas y enaltecimiento de terrorismo.

"El tribunal de Apelación ha establecido por segunda vez que los insultos al monarca de España no son un crimen en Bélgica. La decisión de no extraditar se ha vuelto a confirmar en Gante, pese al fallo de Casación de Bruselas", ha informado el abogado del cantante, Simon Bekaert, tras una vista que ha durado solo unos minutos y en la que el tribunal ha comunicado su sentencia.

Con una nueva composición, el tribunal analizó si la ley belga es aplicable al delito de injurias a la Corona, como ordenó Casación, que no estimó el recurso sobre rechazar la entrega por el delito de amenazas y el enaltecimiento de terrorismo como solicita España.

"Casación no dijo que tuviera que extraditar, sino examinar si los hechos son imputables a un crimen normal de injurias. Ahora el tribunal ha evaluado esto en más detalle y ha decidido que esta hipótesis tampoco es un crimen", ha explicado Bekaert a los periodistas congregados en Gante.

PERIPLO JUDICIAL EN BÉLGICA

"Hoy era un día duro porque no sabíamos que podía pasar, decidimos venir aquí por un tema de derechos fundamentales y al final, ya está", ha asegurado el cantante, visiblemente emocionado en declaraciones a la prensa.

Tras el fallo de la justicia belga, Valtònyc se ha presentado como un luchador por la libertad de expresión y ha indicado que ahora "es el momento de hacer política". "Es el momento de reivindicar que toda la gente que ha sufrido esto en España lo deje de sufrir, que Pablo Hasel salga de la cárcel y seguir haciendo militancia política".

El rapero huyó en 2018 a Bélgica para evitar el ingreso en prisión en España en donde fue condenado a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona, tras lo que las autoridades españolas dictaron una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

El proceso judicial se prolonga desde 2019 cuando la entrega del mallorquín fue rechazada por un juzgado de primera instancia belga, una decisión que el Tribunal de Gante confirmó en diciembre del pasado año.

Sin embargo, en enero de este año el Tribunal de Casación ordenó reexaminar la cuestión de los insultos al monarca, uno de los delitos por los que las autoridades españolas reclamaban la entrega del cantante balear, condenado además en España por amenazas y enaltecimiento del terrorismo.

Valtònyc fue detenido hace una década por el contenido de las letras de algunas de sus canciones y condenado en 2017 por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas.

En su sentencia, la Audiencia Nacional estimó que algunos de los temas comprendidos en sus discos tienen un "indudable contenido laudatorio" de las organizaciones terroristas ETA y GRAPO, que justifican e incitan a la reiteración de las acciones violentas.

17 DE MAYO

La AN condena a dos personas por una estafa millonaria a ayuntamientos, entre ellos el de Albacete

La Audiencia Nacional ha condenado a un hombre y a una mujer por participar en una organización criminal que estafó a 55 administraciones públicas, entre ellas a numerosos ayuntamientos (entre ellos el de Albacete), así como a hospitales, universidades, consorcios u organismos en la Comunidad de Madrid, el País Vasco o Navarra, al hacerse pasar por proveedores habituales que no habían cobrado algún servicio. El daño total a las arcas del Estado asciende a dos millones de euros.

En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Nacional sitúa en 79 las entidades públicas que fueron contactadas por esta organización criminal, de las que 21 al final no llegaron a pagar, si bien 55 administraciones sí desembolsaron 5.690.772 euros a los estafadores, aunque una parte de esa cantidad fue bloqueada por los bancos, por lo que 22 de las víctimas lograron recuperar el dinero y nueve pudieron reintegrarse una parte.

La Sala de lo Penal ha declarado probado que ambos acusados empleaban documentos falsos para ganar dinero a través de estafas tanto a entidades públicas como a particulares. Esas falsificaciones eran la "piedra angular" que les permitía mover el dinero y algunos de los investigados manejaban "decenas" de documentos de identidad de varios países, "cuya detección por parte de las entidades bancarias es prácticamente imposible", indica la Audiencia.

La sentencia fija 5 años y 2 años y medio de cárcel para el hombre y la mujer, respectivamente, por los delitos continuados de estafa y falsedad, y por el de pertenencia a organización criminal, con las atenuantes de reconocimiento de los hechos y, en el caso de la mujer, de reparación del daño, más multas de 990 y 540 euros, después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en el juicio.

Del mismo modo señala que deberán indemnizar, con miles de euros y más intereses, a los ayuntamientos de Almería, Albacete, Bilbao, Espinar, Gandía, Olot, Portugalete, Sanxenxo, Zarauz, Parets del Vallés, Castellón, Amorebieta-Etxanoko Udala, Arganda el Rey, Caldas de Malavella, Castelldefels, Santa Cruz de Bezana, Valdilecha, Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de la Barca o Alaurín de la Torre.

Entre los afectados también están el Gobierno de Navarra por el Servicio Navarro de Salud (36.629 euros); el Instituto Foral de Asistencia Social; el Servicio Vasco de Salud (35.000 euros); las diputaciones de Castellón (58.790 euros) y Barcelona (266.081 euros); el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (60.000 euros); las universidades de La Laguna y de Santiago de Compostela; Aguas de Bilbao y Aguas de Murcia, o el Hospital Clínic de Barcelona.

Mientras que entre las entidades que consiguieron bloquear sus pagos se encuentran, entre otras, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña o el Canal de Isabel II.

'MULAS' O TESTAFERROS

Al hombre condenado se le atribuye haber contribuido a abrir 47 cuentas bancarias con 16 identidades distintas durante cinco meses, entre noviembre de 2016 y marzo de 2017. Por su parte, la mujer es considerada responsable de crear 14 cuentas con cinco identidades. La organización contaba con 'mulas' o testaferros que consentían que su cara o sus nombres figurasen en la documentación falsificada.

Para llevar a cabo sus planes, los acusados elaboraban documentos de identidad y personales, como de empadronamiento o contratos de trabajo, que utilizaban para abrir cientos de cuentas bancarias en diferentes entidades y países, donde recibían las transferencias de dinero por parte de las víctimas de la estafa, antes de moverlo a lugares como Rumanía, Alemania, Hungría, Italia o Polonia. En estos países era donde sacaban en metálico el dinero que habían estafado.

En el relato de hechos probados, la magistrada Ana María Rubio distingue entre el método que utilizaban para estafar a las administraciones públicas y el usado para engañar a personas particulares, una actividad que se remonta "al menos" al verano de 2016. Además, la ponente divide la estructura organizativa en varios departamento: planificación, informática, falsificación y logística.

A la hora de tratar con entidades públicas, la organización criminal estudiaba previamente los contratos con proveedores y empresas prestadoras de servicios. Una vez que accedían a facturas y pedidos, el siguiente paso consistía en suplantar a compañías que tenían algún cobro pendiente y llamaban o escribían por correo electrónico a las administraciones, avisando de que habían cambiado el número de cuenta en el que habían de saldar el pago.

Esta forma de obrar incluía un "sistema de verificación y control", a partir del cual los estafadores hacían llegar a sus víctimas documentos "con información no verdadera" que daban cuenta del cambio del número de cuenta, para así disfrazar el engaño.

Las administraciones públicas que cayeron en la trampa no llegaron a sospechar al recibir la documentación sobre los cambios en las cuentas bancarias. "A través de esta modalidad se ha intentado múltiples engaños, y se han llegado a materializar otros muchos a numerosas entidades públicas", señala la Sala de lo Penal.

ESTAFAS A PARTICULARES

A renglón seguido, los magistrados consideran acreditado que cuando la organización se proponía estafar a personas particulares, elegían internet como plataforma y actuaban con distintos tipos de estafa, como el 'phising' bancario, engaños en la compraventa de bienes y servicios o con alquileres temporales o turísticos, "quizá la más utilizada" y de una manera más activa a lo largo del verano.

El 'phising' se trata de enviar un enlace al correo o al teléfono móvil de la víctima simulando que quien lo envía es un banco, pero cuando el receptor accede e introduce sus claves personales, los estafadores las copian y proceden a transferirse, a robar dinero.

Ya sean personas físicas o jurídicas, hay 705 afectados particulares en España y el dinero total estafado es de 1.183.642 euros. 426 víctimas están identificadas y 365 ya han denunciado.

16 DE MAYO

Este martes juzgan a cuatro médicos acusados de estafa y falsedad documental por hacer recetas fraudulentas

El Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete juzgará este martes, 17 de mayo, a cuatro médicos de Urgencias de centros sanitarios ubicados en distintas localidades albaceteñas acusados de delitos de estafa, falsedad documental de documento oficial y grupo criminal por haber realizado recetas de manera irregular por un importe aproximado de 35.500 euros en total de julio de 2012 a julio de 2015.

Tal y como refleja el escrito de acusación, recogido por Europa Presss, la Fiscalía pide penas para cada uno de los facultativos --J.F.G.R, F.G.V, L.E.N-- de 6 años y 7 meses de prisión y para la cuarta sanitaria --A.C.S-- una pena de 7 años.

Asimismo, serán juzgados L.J.T y J.M.L.T, gerentes de dos farmacias, por los delitos de falsedad en documento oficial, estafa y grupo criminal y el fiscal pide para cada uno una pena de 6 años y 7 meses.

De igual modo, J.A.G.R, gerente de un laboratorio y esposo de la facultativa A.C.S, también será juzgado por estos tres delitos y la pena solicitada por la Fiscalía es de 6 años y 7 meses.

Según el escrito del fiscal, J.F.G.R extendió recetas por importe de 18.571 euros; F.G.V por importe de 2.889,05 euros; L.E.N por importe de 3.839,98 euros y A.C.S por importe de 28.701,11.

Fruto de la labor de la Inspección de Servicios Sanitarios de Albacete, se vino en conocimiento "de una serie de irregularidades que en el desempeño de su profesión como médicos podrían estar llevando a cabo".

Las irregularidades que la Inspección de Farmacia pudo apreciar no afectaban tan sólo a los referidos doctores sino a tres oficinas de farmacia sitas en la ciudad de Albacete, y por tanto, no correspondientes al área geográfica en el que los médicos citados trabajaban.

De las tres farmacias afectadas, dos estaban regentadas por J.M.L.T y L.J.T, respectivamente, mientras que la tercera de ellas la regentaba E.B.C, que falleció en diciembre de 2015 y era esposo de L.J.T.

Asimismo, se dispensaron dos medicamentos del laboratorio CHIESI ESPAÑA S.A.U, del que era representante J.A.G.R, a su vez esposo de la facultativa A.C.S.

La Fiscalía señala, que "todos ellos por el ánimo de obtener un lucro ilícito, se concertaron para ello, diseñando un plan consistente en la extensión de recetas por estos facultativos a diversos personas, aprovechando, en unas ocasiones la facilidad que le proporcionaba conocer los datos de los respectivos pacientes; otras utilizando los datos que entre sí se intercambiaban, y en otras ocasiones dichos datos eran facilitados por las respectivos titulares de las farmacias antes referidas, de los que eran conocedores por ser clientes de sus respectivas oficinas".

En la mayoría de las ocasiones, según el fiscal, "no constaba la fecha en la que se efectuaba la prescripción correspondiente ni que se hubiera atendido médicamente al paciente por sus respectivos doctores, o en otras ocasiones, no constaba en su historial médico que la medicación recetada falazmente les hubiera sido prescrita, no correspondiéndose tampoco con el tratamiento adecuado a las respectivas patología".

OTROS ACUSADOS

Otro acusado, M.M.S, será juzgado por un presunto delito de falsedad en documento oficial con falta de estafa y para el que se pide la pena de 3 años y un mes. A este acusado --deportista no federado--, A.C.S le prescribió un medicamento calificado como anabolizante a nombre de otra paciente para que este pudiera adquirirlo.

Asimismo, el fiscal 1 año y cuatro meses de prisión para G.M.R por el delito infidelidad en la custodia de documentos. El acusado, enfermero en Riópar que tuvo un accidente en mayo de 2015, en cuyo vehículo se hallaron diversas recetas en blanco con el cuño de A.C.S, prestaba servicios en el centro de salud de esta localidad.

Remarca el fiscal que se desconoce el destino que pensaba dar a dichos documentos el referido acusado, que tenía acceso a los mismos por el trabajo que desempeñaba en el referido centro de salud, sin que conste el motivo por el que transportaba en su vehículo esas recetas, en todo caso, ajeno a su labor como personal sanitario.

Piden 4 años para un preso acusado de portar droga y querer distribuirla entre los reclusos en Ocaña

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará este miércoles, 18 de mayo, a F.S.A.A, un recluso acusado de portar droga y querer destinar la sustancia a su distribución a cambio de precio entre otros internos del Centro Penitenciario Ocaña I. El Ministerio Fiscal pide una pena de 4 años de cárcel y multa de 1.500 euros.

En el escrito de acusación del fiscal, según recoge Europa Press, el acusado, tras disfrutar de un permiso ordinario de salida con ocasión del cumplimiento de diversas penas de prisión en el centro penitenciario, fue sorprendido cuando portaba oculto en su interior 10 trozos de sustancia en forma de bellota envueltos en film de 98,36 gramos de resina de cannabis y 20 envoltorios de plástico termo sellado en el interior de 2 envoltorios en forma de bellota de 25,36 gramos de heroína.

La heroína, bastante para elaborar 147 dosis, habría alcanzado en venta un valor de 1.815,52 euros y el hachís habría alcanzado un valor de 575,41 euros.

Los hechos narrados son constitutivos de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud en grado de tentativa artículo 16, por lo que el Ministerio Fiscal pide cuatro años de prisión y el pago de una multa de 1.500 euros.

15 DE MAYO

Juzgan este lunes en Albacete a un acusado de intento de asesinato con un machete a quien era su amigo

La Audiencia Provincial de Albacete va a juzgar este lunes, 16 de mayo, a A.F.S, por un delito de intento de asesinato con un machete de grandes dimensiones a quien era su amigo, A.S.F. Para el acusado el Ministerio Fiscal pide una pena de 9 años de prisión.

Tal y como refleja el escrito de acusación, recogido por Europa Press, P.O.G y D.F.S estaban con el principal acusado en el lugar de los hechos, y la Fiscalía pide para cada uno de ellos nueve meses de cárcel por un delito de amenazas.

Sobre las 12.00 horas del día 6 de junio de 2021 los tres procesados, enfadados con quien era su amigo A.S.F por unas desavenencias previas y unos insultos que les había proferido se dirigieron a la vivienda en la que transitoriamente pernoctaba y a la que siempre se les permitía acceder.

A.F.S le dijo que tenía "que hablar" con él porque se había cagado en "sus muertos" y de manera sorpresiva, sin que conste que los otros dos acusados tuvieran conocimiento, y aprovechando que la víctima estaba tumbado en la cama sacó un machete de grandes dimensiones y con la intención de provocarle la muerte le lanzó diversas cuchilladas, de las que una iba dirigida al pecho y otra al cuello, sin conseguir su propósito por haber interpuesto la víctima su brazo, relata el fiscal.

Como consecuencia de las cuchilladas la víctima sufrió heridas que precisaron intervención quirúrgica y perjuicio de 30 días, quedándole secuelas en la movilidad de extremidades superiores y múltiples cicatrices de gran tamaño.

Para A.F.S, el fiscal pide la prohibición de acercarse al domicilio o lugar de trabajo de A.S.F a distancia inferior a 300 metros ni comunicar con él por cualquier medio durante 10 años. A P.O.G y D.S.F, la misma prohibición de acercarse al herido por un periodo de 2 años.

A.F.S tendrá que indemnizar a A.S.F con 30.000 euros, tal y como demanda la Fiscalía.

13 DE MAYO

Fiscalía pide 8 años de cárcel para un militar por comprar armas inutilizadas para su venta ilícita tras rehabilitarlas

La Fiscalía de Madrid ha pedido ocho años de cárcel para un brigada del Ejército de Tierra acusado de delitos de tráfico, fabricación ilícita y depósito de armas de guerra que adquiría inutilizadas en varios países para su posterior rehabilitación y venta ilegal.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del día 17 a este militar, identificado como J. M. S. Q., por la adquisición desde Estados Unidos y otros países de un "elevado" número de armas inutilizadas, cañones o munición para "destinarlas al tráfico ilícito".

En concreto, el representante del Ministerio Público le imputa un delito de tráfico de armas de guerra, fabricación ilícita de armas de guerra y depósito de armas y municiones de guerra.

El militar fue detenido en Alcalá de Henares en diciembre de 2012 en un operativo llevado a cabo por la Guardia Civil en el que se localizó un taller con varias herramientas donde realizaba la manipulación de armas y se hallaron 15.743 cartuchos, dos granadas y abundante material para la rehabilitación de fusiles o pistolas.

Según el escrito de acusación, el militar, "contraviniendo la legislación vigente", se dedicó a adquirir tanto a particulares como a armerías de Estados Unidos, Bélgica, Austria y Alemania un "elevado" número de municiones, armas inutilizadas, cañones "y otras piezas fundamentales para proceder a la rehabilitación, ensamblaje y fabricación ilícita de las armas de fuego completas a base de sus diferentes piezas y destinarlas al tráfico ilícito".

Así, entre los meses de junio de 2011 y noviembre de 2012, el acusado compró a través de la web de una armería estadounidense, por un importe de 22.700 dólares, "piezas fundamentales" para rehabilitar armas de fuego, principalmente fusiles de asalto y pistolas Glock.

La venta de este tipo de piezas es libre en Estados Unidos para sus
nacionales con residencia en el país, por lo que, "como no podían ser remitidas directamente", el militar contó con la colaboración de un ciudadano estadounidense que se encargaba de la recepción de las piezas en su domicilio para posteriormente enviárselas a través de paquetería "y fuera de los cauces legalmente establecidos".

Juzgan al exportavoz del PP en la Diputación de Sevilla por acoso moral a una exedil

El Juzgado de lo Penal número cuatro de Sevilla tiene fijado para las 10,30 horas de este viernes el juicio promovido contra el concejal del PP en el Ayuntamiento de Bormujos, diputado provincial y exportavoz del PP en dicha institución, Luis Paniagua, por presuntos delitos contra la integridad moral y de lesiones psíquicas a la que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento de Dos Hermanas Cristina Alonso, cuando ambos formaban parte del Grupo popular del Consistorio nazareno.

Tal es la fecha de señalamiento del juicio que figura en un auto de dicha instancia judicial emitido en julio de 2021, confirmando a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la vista oral sigue señalada para este viernes.

En ese sentido, recordemos que el pasado 23 de enero de 2020, el Juzgado Mixto número uno de Dos Hermanas acordaba abrir juicio oral contra Paniagua por los citados supuestos delitos contra la integridad moral y de lesiones psíquicas sobre Cristina Alonso, a petición de la Fiscalía, que reclama para él dos años de cárcel por tales aspectos.

LA RENUNCIA DE PANIAGUA

Tras la emisión de dicho auto de apertura de juicio oral, Paniagua renunciaba a sus cargos de portavoz del PP en la Diputación de Sevilla y de vicesecretario provincial de Organización del partido.

Defendiendo su "inocencia" y asegurando ser "víctima de un chantaje", Paniagua renunciaba a tales cargos orgánicos, manteniendo sus actas de concejal en el Ayuntamiento de Bormujos y de diputado provincial, para que el PP no se viese "perjudicado" por el asunto, asegurando eso sí que el procedimiento judicial probará que nunca ha "hecho daño a nadie".

En el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se detalla que el 27 de mayo de 2015, cuando Paniagua y Cristina Alonso iban a estar juntos en el Grupo popular del Ayuntamiento de Dos Hermanas tras las elecciones municipales de ese año, el primero de ellos reclamó a la edil "explicaciones" de sus conversaciones con Manuel Varela, quien fuera candidato de Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas y promotor de la denuncia por el presunto "chantaje" orquestado para que renunciase a su candidatura, pesando el hecho que Alonso declaró como testigo en la investigación de dicha denuncia y que Paniagua figuró como investigado en la misma hasta ser archivadas las actuaciones respecto a él.

LAS EXPRESIONES SUPUESTAMENTE VERTIDAS

Tras aquel día, según la Fiscalía, Paniagua se dirigía a Alonso reprochándole supuestamente que "no valía para nada" y avisándole de que todos se "reían de ella" porque "no tenía ni idea de nada", llamándola incluso "niñata antigua", siempre supuestamente.

En otra ocasión, según la Fiscalía, habría llegado a decirle "niñata de mierda, me tienes harto, la voy a coger de los pelos y la voy a arrastrar", expresiones que generaban en aquella "el consiguiente desasosiego", pues Paniagua se dirigía a Cristina Alonso con estas expresiones para "menoscabar su dignidad" y para que esta "abandonase el cargo de portavoz del grupo municipal", como así sucedió finalmente, según el Ministerio Público.

Para ello, la Fiscalía considera que el acusado "le cambió el lugar de su mesa de trabajo, le arrancó los cables del ordenador que tenía asignado, le rompió papeles propios de su actividad como concejal, tiró al suelo la fotografía de su hija menor y ocultó las comunicaciones del Ayuntamiento dirigidas a ella", con el fin de "dificultar su labor y que la misma apareciese como incapaz de desarrollar su actividad política".

12 DE MAYO

El Fiscal pide 67 años de prisión para una banda acusada de traer mujeres de Bulgaria y obligarlas a prostituirse

La Sección Segunda de la Audiencia Provincias de Baleares celebra este jueves (10.00 horas) vista previa del juicio a seis personas, tres hombres y tres mujeres, acusados de formar un grupo organizado para traer mujeres de Bulgaria y obligarlas a ejercer la prostitución en Mallorca.

El Fiscal pide para los acusados penas que suman 67 años de prisión por los delitos de asociación ilícita para la prostitución, delito de prostitución y detención ilegal.

Según el escrito de acusación, entre octubre de 2009 y abril de 2010, cinco de los encausados, todos de origen búlgaro, formaban un grupo organizado de carácter estable y permanente dedicado a la explotación sexual de mujeres procedentes de Bulgaria.

Para ello, disponían de un local donde ejercían las actividades de alterne y prostitución. Cada uno tenía su cometido, desde la captación y el traslado a España, el alojamiento en pisos ocupados y vigilados por los acusados y la gestión de clubes.

De este modo, según el escrito del Fiscal las mujeres captadas tenían que ejercer la prostitución en un local, del cual era socio un sexto acusado y que está acusado solo del delito de prostitución, bajo un férreo control y obligadas a entregar un porcentaje de las ganancias.

Entre sus funciones en la organización, las mujeres acusadas ejercían las funciones de control y vigilancia sobre las víctimas.

En uno de los casos narrados por el Fiscal, una mujer viajó de Bulgaria a Alemania donde ya fue obligada a ejercer la prostitución entre septiembre de 2009 y febrero de 2010, cuando fue obligada a trasladarse a Mallorca.

Una vez en la isla, fue de nuevo obligada a ejercer la prostitución hasta, al parecer, pagar el importe del billete de Barcelona a Mallorca.

La víctima era trasladada a un club donde tuvo que ejercer la prostitución hasta que pudo escapar en abril de 2010 y denunciar los hechos.

En otra ocasión, en octubre de 2009, otra mujer fue captada en Bulgaria y trasladada a Mallorca para ser obligada a ejercer la prostitución en circunstancias similares.

Arranca este jueves el juicio contra el acusado de matar a su tía abuela en 2019 en Abarán (Murcia)

El juicio contra el acusado de asesinar en abril de 2019 a su tía abuela, de 82 años, en el domicilio de esta, ubicado en Abarán (Murcia), arrancará este martes en la Sección 2 de la Audiencia Provincial y constará de once sesiones.

El Ministerio Público pide para el acusado prisión permanente revisable, además de una pena de 9 años de prisión por allanamiento de morada; la privación del derecho a residir o acudir al municipio durante 25 años y la obligación de indemnizar a familiares de la víctima con 280.000 euros.

Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 22 de abril de 2019 cuando el hombre, de 36 años, usó la llave de la casa de su tía abuela que su madre guardaba para acceder a la misma.

La mujer se negaba a abrir la puerta de su vivienda al sospechoso desde que cuatro meses antes él la agrediera sexualmente, un hecho que la víctima nunca llegó a denunciar.

Una vez accedió, sin autorización, a la casa de su tía abuela, el hombre obligó a la mujer a ir al dormitorio con la intención de abusar de ella, quien se negó y le amenazó con denunciarlo por lo que había hecho meses antes y por lo que se disponía a hacer en ese momento.

Acto seguido, el acusado asestó a la anciana tres cuchilladas en el cuello que le provocaron la muerte a los pocos minutos.

El escrito apunta que, consumado el asesinato, el sospechoso procedió a manipular tanto el cadáver como el lugar de los hechos. Así, limpió el cuerpo, le arregló la ropa y le colocó un pañuelo en el cuello para ocultar las heridas, "intentando que pareciera que había fallecido de muerte natural".

Igualmente, el acusado quitó la colcha de arriba de la cama, que estaba manchada de sangre, y en su lugar colocó otra limpia, dejando la cama hecha y la habitación ordenada.

Piden 17 años de prisión para dos policías de A Coruña que agredieron y retuvieron ilegalmente a un músico callejero

El Ministerio Público pide 17 años de prisión para dos policías de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) que agredieron y retuvieron ilegalmente a un músico callejero y a su hermana.

Según narra el escrito de acusación, los hechos sucedieron en marzo de 2014, cuando el hombre y unos amigos se encontraban tocando música en la calle. Los dos agentes, que estaban de patrulla, se dirigieron al hombre para pedirle que dejara de tocar e intentaron quitarle los instrumentos, algo a lo que él se negó alegando que no tenían derecho.

En ese momento, los dos acusados, puestos de común acuerdo, cree Fiscalía, "abusaron claramente de su cargo y posición" e inmovilizaron al hombre agarrándolo por el cuello, con lo que éste tenía dificultades para poder respirar.

Cuando la víctima consiguió zafarse, los agentes comenzaron a golpearle de forma repetida en cara, cabeza, espalda, brazos y piernas, mientras decían frases como 'este debe de ser el último que saltó la valla' o 'a este había que pegarle un tiro y listo".

En ese momento intervino la hermana de la víctima, que había presenciado el ataque, y pidió a los policías que pararan de pegarle. Sin embargo, asegura el fiscal, los agentes "la aporrearon y le tiraron de los pelos".

Tanto el músico callejero como su hermana presentaron lesiones y, de hecho, él tuvo que ser trasladado por su mujer a un centro hospitalario en el que, entre otras cuestiones, necesitó puntos de sutura.

Ambos fueron después detenidos por la Policía, acusados de un delito de atentado y de un delito de desobediencia y resistencia. Los agentes elaboraron un atestado falso, asegura Fiscalía, en el que narraban unos hechos "totalmente" alejados de la realidad para "eludir todo tipo de responsabilidad. El músico y su hermana fueron puestos en libertad tras prestar declaración judicial.

El Ministerio Público considera estos hechos imputables por un delito de lesiones, un delito de falsedad en documento oficial y dos delitos de detención ilegal, por los que pide, de forma conjunta, 17 años de prisión para cada uno de los acusados. También les insta a pagar al hombre una indemnización de 4.000 euros y a la mujer de 2.000 euros.

El juicio tendrá lugar el próximo jueves y viernes en la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña.

11 DE MAYO

Los rusos hablaron con Puigdemont sobre cuándo Cataluña iba a ser independiente, según un dirigente de CDC

El abogado Francesc Sánchez, que representa al exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC y presidente de la Fundació Catmón, Víctor Terradellas, ha asegurado este miércoles que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tuvo contactos con Rusia antes del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña aunque no les hizo "ningún caso".

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas al salir del juzgado después de que Terradellas haya declarado como investigado en el caso 'Voloh'.

"Esto no solo es evidente con las conversaciones sino que es evidente que se hace esta reunión y no se produce ningún otro tipo de reunión en el futuro", ha asegurado Sánchez.

Sobre las reuniones con contactos rusos, ha contado que querían saber "qué día" Cataluña iba a ser "independiente" y, a partir de ahí, "cómo se estructurará este país".

El abogado también ha matizado que siempre hablaban de la hipótesis de Cataluña "una vez sea independiente" y que nunca hicieron "ningún comentario en relación con la ruptura con el Estado español".

Un hombre acepta 2 años de prisión por abusar de su sobrina menor edad durante al menos 2 años 

Un hombre ha aceptado una pena de 2 años de prisión tras reconocer este miércoles haber abusado sexualmente de su sobrina menor de edad durante al menos 2 años, hasta que su madre denunció los hechos tras conocerlos a través del colegio de la niña. La vista oral estaba señalada para este miércoles, a puerta cerrada, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El acusado, nacido en 1963, en fechas no determinadas pero en su caso al menos desde el año 2017 a finales de 2019, en las ocasiones en las que su sobrina nacida en 2006 se quedaba en su domicilio, en Oviedo, así como cuando pasaba alguna temporada de vacaciones y fines de semana en la casa que el acusado tenía en Teverga, abrazaba a la menor por detrás, la vigilaba desde la puerta de una de las habitaciones de la casa cuando se cambiaba de ropa, se metía con ella en la cama y, en otras ocasiones, la tocaba a la altura de los genitales por encima de la ropa.

La madre de la menor formuló la correspondiente denuncia en diciembre de 2019, tras conocer de los hechos a través del colegio de la niña. El acusado, al inicio de la vista oral, al ser interrogado, reconoció los hechos y expresó su arrepentimiento. Antes del juicio, consignó 2.000 euros para hacer frente a las responsabilidades civiles y entregó otros 2.000 euros a la acusación particular.

Los hechos relatados fueron considerados constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales de los artículos 183.1, 191, 192.1.3 y 74, todos ellos del Código Penal. Concurre la atenuante de reparación del daño y la analógica de confesión.

Tras reconocer los hechos, el acusado se mostró conforme con que se le impusiera una pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximación a menos de 500 metros a la menor, a su persona, domicilio, centro educativo donde se encuentre, o cualquier otro frecuentado por la misma, así como la de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento verbal, escrito o telemático, en ambos casos por un periodo de 7 años.

Inhabilitación especial para cualquier profesión y oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, sea o no retributivo, durante 7 años y libertad vigilada durante 6 años.

El TS confirma 20 años para un hombre por matar a su padre en 2018 en Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a 20 años de prisión impuesta a un hijo por el asesinato, con alevosía y ensañamiento, de su padre en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria en octubre de 2018, horas después de que muriera su madre por causas naturales.

De esta manera, la Sala de lo Penal ha desestimado todos los motivos del recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que confirmó en todos sus extremos la dictada por un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, la sentencia de instancia le impuso la citada pena de prisión por un delito de asesinato con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, apreciando las citadas circunstancias de alevosía y ensañamiento.

Además, declaró la incapacidad del acusado de suceder a su padre por causa de indignidad y fijó una indemnización de 6.000 euros en favor de la hermana de la víctima por el daño moral causado por la muerte de su hermano.

HECHOS PROBADOS

En un comunicado, el Tribunal Supremo ha explicado que según los hechos probados, el acusado vivía con su madre en una vivienda de tres plantas, propiedad del padre que ocupaba la parte baja de la misma, donde vivía recluido por el miedo que le tenía a su hijo y porque temía por su vida.

Desde 2009 el hijo cuidaba de la mujer que sufría distintas patologías que le hacían depender totalmente de una tercera persona.

Como consecuencia de su frágil estado de salud, falleció de un edema pulmonar mientras estaba sola en casa. Según los hechos probados, se encontraba desnutrida, pesaba solo 31 kilos y su estado era de dejadez y abandono.

Cuando el acusado regresó a la vivienda, se percató de la muerte de su madre, quedando profundamente afectado, aunque no se lo comunicó a su padre. Se encontró con él cuando iba a dormir y éste le hizo un comentario sobre el mal olor en la casa.

Poco después, el acusado cogió un hacha, entró en el dormitorio donde estaba su padre acostado boca arriba y, de manera rápida y sorpresiva, le atacó con ella en diferentes partes del cuerpo, causándole la muerte sin posibilidad de defensa.

En este sentido, hizo un uso extremo de la violencia --entre 19 y 22 heridas-- para ocasionar un gran dolor a su progenitor. La relación entre ambos estuvo marcada por los malos tratos y abusos que el hijo desde su infancia recibía de su padre.

Con todo, el Jurado rechazó por unanimidad, y con indicación de las pruebas en las que asentaba su posicionamiento, que el acusado sufriera algún tipo de patología psiquiátrica, en el momento en que ocurrieron los hechos, que limitara de alguna forma su capacidad de comprender y querer.

Añadió aquí que, del mismo modo, también excluyó que actuara en una situación de arrebato u obcecación, agravada por su trastorno psiquiátrico, como sostiene el recurrente.

Absuelven a la acusada de asesinar a tiros a su novio en Águilas (Murcia)

La magistrada presidenta de la Audiencia Provincial, conforme al veredicto emitido por el jurado el pasado jueves, absuelve a la acusada del delito de asesinato y del delito de tenencia ilícita de armas por la muerte a por disparos de bala de su novio, de nacionalidad italiana, el 9 de junio de 2017, en el paraje El Charcón de Águilas (Murcia), informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM) en un comunicado.

La sentencia, notificada este miércoles, recoge el veredicto del jurado en el que, por unanimidad, los nueve miembros que componían el tribunal popular declaran no probado que la acusada, disparara en siete ocasiones a su novio con un arma corta de fuego, causándole la muerte.

La acusación pública pedía 21 años de prisión por un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas con la agravante de parentesco y que se le impusiera la obligación de indemnizar a la madre del fallecido con 200.000 euros. Responsabilidad civil que la acusación particular elevó a 500.000 euros, adhiriéndose en lo demás al Ministerio Fiscal.

La resolución explica que el núcleo principal de la controversia versó "sobre la existencia de indicios suficientes de criminalidad que, valorados en su conjunto", pudieran llevar a considerar que la acusada disparó a su pareja sentimental causándole la muerte.

En este punto, la magistrada destaca que el veredicto de no culpabilidad "se fundamenta en la insuficiencia de la prueba de cargo desarrollada por las acusaciones", y señala así lo recogen expresamente los jurados en el acta al señalar que "los informes técnico-periciales de la escena del crimen de ambas partes no son concluyentes en la posición del tirador y ninguno demuestra que (la acusada) pudiese ser la autora de los disparos".

Igualmente, en cuanto a la credibilidad del testimonio de la acusada, coincide con la que le otorga el jurado, al señalar que esta no se ha visto afectada, y que las posibles imprecisiones en las que incurrió en su primera declaración como testigo, prestada de madrugada, unas horas después del suceso, "se debieron a lo impactada que se encontraba la misma y al propio cansancio".

A mayor abundamiento, destaca que su posición procesal, como testigo y no como investigada, durante los primeros meses de la investigación "podían haber derivado en una vulneración de la equidad debida en el proceso" y, sin embargo, como señala el jurado en la tercera conclusión del objeto del veredicto, de las intervenciones telefónicas no se deriva ningún indicio de criminalidad.

"Basándonos en intervenciones telefónicas, no se pudo encontrar ningún rastro de imputación", transcribe la sentencia del acta del objeto del veredicto.

A la vista razonamiento del jurado, "tan sintético como completo y contundente, y extraordinariamente reforzado por la unanimidad con la que se alcanzó", según destaca la resolución, la magistrada concluye que es "irrefutable" la insuficiencia de la prueba de cargo y subraya la ausencia total de indicios "pese las medidas injerentes en el derecho al secreto de las comunicaciones". Respuesta "suficientemente fundada" por lo que la natural consecuencia fue el veredicto de no culpabilidad y, consiguientemente, la absolución, según termina la sentencia.

La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJRM.

Inhabilitan a Torra 15 meses por desobediencia con multa de 24.000 euros

El Juzgado Penal 6 de Barcelona ha condenado al expresidente de la Generalitat Quim Torra a 15 meses de inhabilitación en la segunda causa por desobediencia al no descolgar una pancarta de la fachada de la Generalitat cuando era presidente.

La sentencia, consultada por Europa Press, también le impone una multa de 24.000 euros y se ha comunicado menos de dos semanas después de que el TSJC diera por cumplida la primera condena de inhabilitación de Torra, también por desobediencia.

Se trata de la segunda condena a Torra por el mismo delito: en este caso, por no retirar la pancarta en periodo electoral antes de las elecciones del 10 de noviembre de 2019; mientras que en la primera el TSJC le condenó a un año y medio de inhabilitación por mantener una pancarta antes de las elecciones generales del 28 de abril del mismo año.

La jueza recuerda en la sentencia que Torra fue requerido para retirar la pancarta, una medida cautelar que acordó el TSJC a raíz de un recurso interpuesto por la entidad Impulso Ciudadano y que invocaba la vulneración del deber de objetividad.

Antes de ese requerimiento, al conocer la medida cautelar que tomó el TSJC, la oficina de presidente de Torra había emitido un comunicado "manifestando su voluntad de recurrir y de no retirar la pancarta".

Para la jueza, ese comunicado mostraba la "negativa abierta" de Torra a cumplir con la orden de retirar la pancarta.

La jueza constata que, una vez requerido, Torra "no cumplió de forma inmediata" con la orden del tribunal, con lo que el tribunal tuvo que ordenar a los Mossos d'Esquadra que retiraran la pancarta después de varios requerimientos.

Juzgan este miércoles y este jueves a dos acusados de hurto de combustible a una empresa de Malagón

La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar los este miércoles y este jueves a dos acusados de hurto de combustible a una empresa de hidrocarburos por los que la Fiscalía pide 5 años y 6 meses de prisión.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 1 de noviembre de 2018 cuando el acusado, A.B.C, arrendó a M.L.O.S. una parcela ubicada en el polígono 2 de Malagón, Ciudad Real, a sabiendas de que próximo a ella, discurría el oleoducto Puallo (Puertollano-Almodóvar-Loeches), propiedad de una empresa logística de hidrocarburos.

Posteriormente, bien por sí mismo o por encargo a terceras personas que no han podido ser identificadas perforó la tubería del oleoducto, atornilló un collarín de fleje en sus laterales, en este collarín roscó una válvula de raíz de alta presión y a continuación una manguera de alta presión y 275 bares de presión de trabajo para la conducción del gasóleo, que circulaba exteriormente hasta la referida parcela, lugar de destino y almacenaje del citado combustible, al final de la cual colocó dos válvulas de alta presión y un manómetro, donde llenaba el combustible sustraído en depósitos, que almacenaba y transportaba para su venta, entre otros vehículos, en las furgonetas marca IVECO.

El acusado J.A.P.R., con antecedentes penales como autor de un delitos de hurto y delitos en contra de la salud pública, en connivencia con aquél, realizaba las labores de extracción de gasoil, se encargaba de la vigilancia y custodia de la mercancía que se almacenaba en los depósitos, así como del control de las vías de acceso a la propiedad cuando el acusado A.B.C. salía con la furgoneta para ir a vender la mercancía y pasar aviso al mismo si observaba la presencia de la Policía y vehículo lanzadera, quien vivía en la parcela.

Tanto para desplazarse a la finca como para realizar las tareas de vigilancia, el vehículo lanzadera utilizaba el turismo marca Audi, propiedad de A.B.C. Así, sobre las 15.00 horas del 5 de agosto de 2019, la Guardia Civil les dio el alto mientras circulaban por el camino rural del paraje Los Barrancos, Malagón, conduciendo el referido vehículo.

Ese mismo día, registraron la parcela con consentimiento de su arrendatario, hallando en un cobertizo construido con chapas metálicas 8 depósitos de plástico de 1.000 litros de capacidad cada uno llenos más uno en la entrada de la nave con unos 800 litros con una bomba de trasiego con boquerel de suministro de hidrocarburos ligeros. Todos los depósitos contenían gasóleo A a excepción de uno ellos que contenía gasóleo B.

Al día siguiente por indicaciones del acusado A.B.C. localizaron la furgoneta en la localidad de Torralba de la Calatrava, en el interior de la cual había tres depósitos de plástico vacíos y asegurados con correas a las paredes interiores de la furgoneta, con una capacidad de 1.000 litros cada uno, iguales que los localizados en la parcela, desprendiendo un fuerte olor a gasoil.

TRABAJOS DE REPARACIÓN

Como consecuencia de lo anterior, la empresa de hidrocarburos realizó trabajos de restitución del terreno y reparación y sustitución del tramo afectado (excavación del tramo afectado del oleoducto, vaciado del segmento de oleoducto comprendido entre la válvula anterior y posterior al punto de la conexión ilegal y el corte y sustitución del segmento de oleoducto donde se encontraba la conexión ilegal).

Los costes de las actividades relacionadas con la localización del punto de perforación, vaciado del oleoducto y obra mecánica (corte y sustitución del segmento) ascienden a 67.934,08 euros. Asimismo, el producto incautado ha sido valorado en 10.370,40 euros.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para A.B.C. 2 años y 6 meses de prisión y 3 años de prisión para J.A.P.R. así como el decomiso del collarín de fleje, las válvulas, la manguera, el manómetro y los depósitos.

Además, ambos acusados deberán indemnizar a la compañía con los citados 67.934,08 euros por los costes de las actividades relacionadas con la localización del punto de perforación, vaciado del oleoducto y obra mecánica.

Juzgan a un acusado de intoxicar a dos vecinos tras conectar a una tubería de su edificio un generador de gasolina

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena, por un delito de lesiones imprudentes, de un acusado de provocar una intoxicación por monóxido de carbono a dos vecinos de Llanera, uno de ellos un niño, tras conectar a una tubería de su edificio la salida de gases de un generador de gasolina que utilizaba para arreglar una furgoneta en un bajo del inmueble.

La vista oral está señalada mañana, 11 de mayo, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 9.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado (1983) utilizaba un bajo de la calle Asturias de Lugo de Llanera con autorización de su propietario. El local no está habilitado para realizar ningún tipo de actividad por carecer de la infraestructura necesaria para ello, circunstancia que conocía el acusado. Pese a ello, utilizó el local para reparar una furgoneta con el objetivo de convertirla en autocaravana.

Debido a que en el local no había conexión de electricidad, para iluminarse y para procurar energía que permitiera el funcionamiento de las máquinas utilizadas en la manipulación de la furgoneta, el acusado instaló un generador de gasolina y conectó la salida de gases del mismo a la tubería de bajada del edificio.

Así, los gases emanados del generador al quemar la gasolina entraron en las viviendas situadas en los pisos superiores a través de la tubería.

El 4 de noviembre de 2020, a consecuencia de esa conexión, los gases desprendidos por el generador entraron en dos pisos del edificio, provocando que sus habitantes sufrieran intoxicación por monóxido de carbono.

Una de las víctimas, una mujer que reside en el piso segundo derecha, sufrió intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, que le produjo un síncope. Necesitó tratamiento médico consistente en oxigenoterapia, sueroterapia, antieméticos y analgésicos, estuvo un día ingresada en el hospital, tardó en curar siete días y durante los 15 días posteriores tuvo un cuadro ansioso residual y dificultad para conciliar el sueño.

El hijo de esta, de 9 años, sufrió intoxicación por monóxido de carbono. Precisó asistencia médica y tardó en curar 3 días.

Dos residentes en el tercero derecha sufrieron molestias que no necesitaron asistencia médica para su curación y no efectúan ninguna
reclamación por los hechos.

No consta que el propietario del local tuviera conocimiento de las actividades realizadas por el acusado en el local.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delito de lesiones por imprudencia grave y solicita que se condene al acusado a la pena de multa de 10 meses, con cuota de 6 euros al día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado abone a 775 euros por lesiones a una de las víctimas y 95 euros por lesiones. Al SESPA, el importe de los gastos que se acrediten en concepto de la atención médica prestada a los lesionados. Todo ello, más los intereses legales correspondientes.

10 DE MAYO

Condenan a 7 años y 9 meses de prisión a un sacerdote por abusos sexuales a un menor

La Sala Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia ha emitido una sentencia provisional por la que condena a un sacerdote de la Diócesis de Cartagena a 7 años y 9 meses de prisión y al pago de 30.000 euros por abusos sexuales cometidos contra un menor de edad, según ha confirmado el Obispado de Cartagena en un comunicado.

A la espera de una sentencia firme, el Obispado ha querido mostrar su "total rechazo, una vez más" y su "enérgica repulsa" por los delitos que la resolución judicial "atribuye a este sacerdote contra la víctima, con el agravante de que era un menor de edad".

Asimismo, expresa su "cercanía a la víctima y a su familia", a los que "seguimos ofreciendo nuestra ayuda a través de la Delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables".

Además, como está establecido en la normativa de la Iglesia, el sacerdote "sigue suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal, mientras que no termine el proceso penal canónico que está en curso", ha añadido el Obispado.

A juicio este miércoles un acusado de abusar de un menor con el que contactó por una red social

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar este miércoles el juicio a un hombre acusado de abusos sexuales continuos sobre un menor de 14 años con el que contactó a través de la red social Instagram en 2018. La Fiscalía pide para él penas que suman 19 años y siete meses de prisión.

Según recoge la calificación de Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press tras adelantarla el diario 'ABC', a principios del mes de enero de 2018, el procesado contactó con el menor, que en ese momento contaba con 14 años de edad.

Así las cosas, y tras varios mensajes de WhatsApp del teléfono del acusado al menor, éste consiguió quedar con el niño, que ya le había advertido en los mensajes que se enviaban que contaba con 14 años.

La primera vez que quedaron era aproximadamente a finales del mes de enero de 2018, y el procesado recogió al menor en su coche y le propuso mantener con él relaciones seuxales, negándose el niño "en rotundo" y pidiéndole que lo devolviera al lugar donde lo había recogido.

Días posteriores a estos hechos, el acusado volvió a contactar con el menor para quedar de nuevo, siendo apoximadamente la semana siguiente a la primera vez que quedaron. Y de igual modo, le volvió a hacer la misma propuesta, "esta vez a cambio de 15 euros".

Tras ello, supuestamente cometió los delitos por los que está acusado, concretamente abusos sexuales continuados a menor de 16 años, por los que se enfrenta a 12 años de cárcel, orden de alejamiento de 17 años y libertad vigilada de diez años; inducción a la prostitución a menor de 16 años, con cinco años de cárcel, multa de 4.500 euros y orden de alejamiento de siete años; abusos, con dos años de cárcel y orden de alejamiento de cuatro años, y tenencia de pornografía infantil, con siete meses de prisión.

Condenado a nueve años de cárcel el hombre que intentó asesinar a su vecina en Redondela (Pontevedra) con un sacho

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a nueve años de cárcel al hombre que intentó asesinar a su vecina en Redondela golpeándola con un sacho en la parte posterior de la cabeza.

Los magistrados consideran acreditado el ánimo homicida del condenado, tanto por el arma empleada en la agresión como por la zona de la cabeza a la que dirigió el golpe y la intensidad del mismo. Los forenses aseguraron en el juicio, según se recoge en la resolución, que la herida era "potencialmente mortal".

Los hechos se remontan a diciembre de 2017 cuando, según la sentencia, el ahora condenado golpeó a su vecina en la cabeza. A continuación, la mujer consiguió arrebatarle el sacho y lanzarlo a varios metros, momento en el cual el varón la tiró al suelo, donde la golpeó reiteradamente con una piedra en la cara.

El tribunal destaca que no aprecia móvil espurio en la declaración de la víctima ni "razones que afecten a su credibilidad". Además, indica que hay "numerosos elementos" que corroboran la versión de la afectada, tales como las declaraciones de testigos, de los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar de los hechos y los partes de asistencia médica que necesitó la afectada.

La Audiencia, además de los nueve años de cárcel, le impuso la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima durante un tiempo de tres años superior a la pena de prisión impuesta, así como el abono de una indemnización de 18.137 euros.

"TUVO SUERTE"

Durante el juicio, Fiscalía defendía una pena de cárcel de 10 años para el acusado, ya que la mujer "podía no haber tenido suerte y haberse quedado allí". El Ministerio Público recordó la declaración de la víctima, asegurando que Manuel N.C. tras golpearla y ella gritar pidiendo auxilio, le dijo: "Llama a quien quieras, que de aquí no vas a salir".

Según el Fiscal, hubo alevosía en la actuación del acusado, ya que su intención era acabar con la vida de su vecina. "Tuvo suerte", reconoció, ya que la víctima finalmente no falleció, pese a ser golpeada en la cabeza, por lo que necesitó hasta 14 grapas de sutura.

En la misma línea habló el abogado de la víctima en sus conclusiones, indicando que las pruebas corroboran el testimonio de la mujer y que el acusado fue encontrado con sangre en el cuero cabelludo, pese a que no presentaba heridas sangrantes.

La sentencia recuerda que cabe recurso de apelación dentro de los diez días siguientes al de su notificación.

El jurado declara culpable de homicidio a la acusada de matar y descuartizar a su pareja en Baracaldo (Vizcaya)

El jurado popular ha declarado culpable de homicidio con la agravante de parentesco, pero sin alevosía, a la mujer acusada de matar y descuartizar en Baracaldo (Vizcaya) en 2020 a su pareja, un hombre de 62 años con el que mantenía una relación, un delito por el que Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan 14 años de cárcel, mientras que la defensa pide la libre absolución o, como alternativa, una pena por un delito de lesiones leves.

La Audiencia Provincial de Vizcaya ha acogido este martes la lectura del veredicto del jurado popular que ha juzgado el caso de un vecino de Barakaldo cuyas piernas fueron encontradas en una zona de Rontegi en noviembre de 2020. La Ertzaintza mantenía abierta desde el mes julio de ese mismo año una investigación por la denuncia de desaparición de un vecino, de 62 años, de la localidad vizcaína. El resto del cuerpo nunca fue hallado.

Según ha mantenido el Ministerio Fiscal durante el juicio, el fallecido y la acusada eran pareja sentimental y, en la madrugada del 16 de julio de 2020, ella habría cogido una navaja "de 7,5 centímetros idónea para matar" con la que habría acabado con la vida del fallecido en la cama de éste. Sin prestarle ni reclamar asistencia sanitaria, habría troceado el cuerpo con un hacha, que no ha sido encontrado, para poder deshacerse del mismo.

Por su parte, la acusación particular, que representa a uno de los hijos del fallecido, ha rechazado que la víctima mortal fuera traficante de drogas, aunque ha sostenido que el fallecido y la acusada eran consumidores de droga y mantenían una relación sentimental en la que "discutían, pero se querían". Asimismo, ha negado que existan pruebas de que él la maltratara y considera que "nadie se cree" que "ella sola" pudiera arrastrar el resto del cuerpo del fallecido, que no se ha podido hallar por parte de la Ertzaintza.

Por su parte, la defensa ha argumentado que el fallecido vivía "al margen de la ley" y contaba con "una decena" de condenas firmes que incluirían un delito de violación, así como de violencia de género.
Según ha sostenido durante el juicio, la acusada vivía con el fallecido tras haber sido desahuciada y para que no le arrebataran la custodia de sus hijos menores, pero que en ningún caso mantenían una relación de pareja.

CULPABLE DE HOMICIDIO

Tras retirarse a deliberar el pasado viertes, el jurado ha considerado a la acusada, con siete votos a favor y dos en contra, culpable de matar a su pareja y califica su acción como un delito de homicidio, con la agravante de parentesco, pero sin alevosía.

Para emitir su veredicto, los miembros del jurado han tenido en cuenta las declaraciones de la acusada durante el juicio en las que relató "cómo le clava la navaja una o dos veces", así como las de los forenses asegurando que la navaja que se utilizó, "por su filo y longitud localizada en un punto vital del cuerpo, puede causar la muerte".

Asimismo, han tenido en consideración el testimonio de los agentes de la Ertzaintza que declararon que "las muestras más destacables de AND se encuentran en la hoja y empuñadura de la navaja" y que, una vez analizada, "se obtiene un perfil mezcla" de víctima y acusada.

Además, los miembros del jurado han tenido en cuenta el relato de la encausada explicando que "secciona el cadáver y se deshace de él", corroborado por "la aparición posterior de restos cadavéricos con restos de pelo de la acusada", ha valorado el jurado, que también se ha basado para llegar a su veredicto en las declaraciones de los forenses en relación a "la disección del cuerpo con la etiología homicida de los hechos".

Tras destacar la "declaración contradictoria" de la acusada en la que "miente sobre la situación de la víctima a los medios, al entorno y a la policía", han apuntado que se deshizo del colchón, ya que, según los testimonios aportado durante el juicio, la tienda "proporciona uno nuevo, sin haber uno antiguo para retirar".

Además, el jurado ha valorado las declaraciones de los ertzainas que llevaron a cabo el registro de la vivienda, donde "uno de los perros marca una zona del dormitorio exactamente debajo el colchón en la zona del somier", así como que la acusada "no realizó llamadas telefónicas a la víctima desde el día de los hechos".

También han tenido en cuenta el testimonio aportado por el hermano de la víctima en el sentido de que la acusada "se ve obligada, por su intervención, a presentar la denuncia por desaparición, no teniendo ella inicialmente intención de hacerlo".

A todo ello, el jurado ha añadido que "no existen pruebas directas y objetivas que acrediten que los navajazos fueran la causa del fallecimiento, debido al hecho de no haber aparecido el cuerpo, aun teniendo patologías cardiacas graves pero estables, tal y como manifiesta la peritos".

En cuanto a la agravante de alevosía, el jurado ha considerado que "no se puede conocer la manera concreta en la que sucede el hecho", por lo que "no hay evidencias de que la acusada lo ejecutase asegurándose de que no correr ningún riesgo, evitando una reacción defensiva de la victima".

Además, han considerado que "los gritos relatados por los menores en sus comparecencias indican un altercado en el que la situación no estaba preparada".

Por otro lado, el jurado entiende, en base a la declaración del médico forense, que, "pese a las cantidades de cocaína que consumía la acusada, preservaba sus facultades cognitivas y volitivas".

Además, los miembros del jurado creen que "el examen forense no objetiva lesiones o secuelas" en la acusada en relación a los hechos y que "no hay ninguna evidencia que apunte a ninguna agresión sexual el día de los hechos", salvo la declaración de la encausada, quien el pasado viernes, en la que las partes presentaron sus conclusiones, ejerció su derecho a la última palabra para asegurar que "es cierto que no sé si lo maté o no, pero mi intención desde luego no fue ésa".

No obstante, el jurado también ha valorado que, "dados los testimonios del entorno que manifiestan repetidamente el carácter agresivo" de la víctima, la versión de la acusada "podría ser verosímil, pero no ha podido ser contrastada".

PENAS

Tras escuchar el veredicto del jurado, el Ministerio Fiscal se ha ratificado en la petición de una pena de 14 años de cárcel por un delito de homicidio con agravante de parentesco, así como en la petición de responsabilidad civil. El fiscal ha remarcado, de cara a la imposición de la pena, que el hecho se produjo en "el ámbito familiar, en el domicilio de la víctima y en presencia de menores".

Por su parte, la acusación particular, que solicitaba tanto en el escrito inicial como en el de conclusiones una pena de 22 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco, se ha sumado a la petición del Ministerio Fiscal, mientras que la defensa ha mostrado su disconformidad con el veredicto emitido y ha insistido en la necesidad de una sentencia absolutoria por concurrir "legítima defensa", por lo que se ha ratificado en las conclusiones definitivas en las que demandaba la libre absolución o, como alternativa, un delito de lesiones leves.

Por último, el criterio del jurado a suspender la ejecución de la pena o penas pertinentes, así como a solicitar del Gobierno el indulto para todas o algunas de las penas pertinentes es favorable por unanimidad. El caso ha quedado visto para sentencia.

El TS desestima el recurso de LaLiga y confirma el derecho de las televisiones a acceder a los partidos y grabar imagen

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Atresmedia y Mediaset ante LaLiga y ha confirmado el derecho de los medios de comunicación audiovisual en abierto a acceder a los recintos deportivos en los que se celebren eventos deportivos de interés general para que puedan grabar imágenes y emitir un breve resumen informativo.

En una sentencia de 28 de abril, que se ha comunicado este martes y ha sido recogida por Europa Press, el tribunal ha desestimado el recurso que presentó la Liga Nacional de Fútbol Profesional contra la decisión de la Audiencia Nacional de confirmar una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de 2018 sobre el conflicto iniciado por Atresmedia y Mediaset sobre el derecho de acceso de las televisiones a los recintos deportivos.

En 29 folios, los magistrados se han pronunciado sobre el contenido del artículo 19.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que regula dicho derecho. Al respecto, han establecido que debe interpretarse en el sentido de que "garantiza a los licenciatarios de servicios de televisión en abierto el derecho a acceder a los recintos deportivos en los que se celebren eventos de interés general con el objeto de poder grabar imágenes sobre lo sucedido en el mismo para emitir un breve resumen informativo, en cuanto deben considerarse incluidos en la definición de prestador del servicio de comunicación audiovisual".

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Bandrés, el tribunal ha considerado que el breve resumen informativo a que se refiere la ley "puede contener imágenes del evento deportivo, no sólo respecto de lo sucedido en el terreno de juego sino también de lo acontecido en el recinto siempre que tenga relevancia informativa y sea de interés general para la sociedad".

LIBERTAD DE INFORMACIÓN

Al hilo, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido que el ejercicio del derecho de acceso a los recintos deportivos y a la emisión de un breve resumen informativo a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, "es compatible con el hecho de que el prestador del servicio de comunicación audiovisual sea titular del derecho de radiodifusión televisiva en exclusiva para la retransmisión de un acontecimiento deportivo".

El tribunal ha explicado que para "preservar" el derecho de la libertad de información y la línea editorial de los distintos canales "es válida la grabación de imágenes sin contraprestación" para emitir un breve resumen informativo con la obtención de imágenes del evento deportivo adquiridas con base a una relación contractual formalizada en el mercado audiovisual de programas deportivos.

Así las cosas, los magistrados han subrayado que "no cabe" una interpretación de los derechos sobre contenidos en régimen de exclusividad que "limite el derecho prioritario a la información del que son titulares todos los ciudadanos" y que "les prive del conocimiento de aquellos eventos deportivos de gran audiencia y valor informativo" que se materializa a través de los resúmenes informativos de los medios.

En el marco de la resolución, además, han asegurado que --"contrariamente a la tesis que mantiene la defensa letrada de la Liga Nacional de Futbol Profesional"-- la sentencia de la Audiencia Nacional no vulnera la libertad de empresa que garantiza el artículo 38 de la Constitución.

Condenado en Cantabria a pagar 23.900 euros al policía al que agredió tras pedirle que se subiera la mascarilla

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Santander ha condenado a un hombre por agredir a un policía nacional tras exigirle que se subiera la mascarilla, y al que deberá indemnizar con más de 23.900 euros por las lesiones y secuelas causadas.

Los hechos ocurrieron en la noche del 24 de octubre en Torrelavega, y el implicado ha sido condenado por un delito de atentado a los agentes de la autoridad en concurso con otro de lesiones, ya que el efectivo sufrió luxación de un hombro.

La pena privativa de libertad impuesta por ambos era de un total de nueve meses -seis por el primero y tres más por el segundo-, aunque en el fallo se ha acordado la suspensión de la misma, al ser inferior a dos años, condicionada eso sí a que el enjuiciado no vuelva a delinquir en ese periodo y al pago de la responsabilidad civil, de forma fraccionada, a razón de un cuota mensual de 150 euros.

La resolución, difundida este martes y consultada por Europa Press, se ha dictado tras el juicio celebrado por conformidad de las partes, en el que la acusación particular y la defensa se adhirieron al escrito del fiscal 

La sentencia considera probado que el procesado, mayor de edad y sin antecedentes penales, se encontraba sobre las 23.20 horas del 24 de octubre de 2020 en la calle Limbo de Torrelavega, donde estaba siendo identificado por la Policía Nacional.

Al decirle uno de los agentes que se subiera la mascarilla, y con el propósito de "menoscabar" el principio de autoridad que representan los policías, el implicado se acercó a "escasos centímetros" del efectivo en cuestión y le espetó: "Estás muerto. Sé que eres de Torrelavega. No sabes quién soy yo. Cuando te vea por ahí te vas a enterar", y le dio una patada en una pierna sin causarle lesión.

Tras ser reducido y detenido, fue trasladado a una comisaría. Y al ser conducido por el mismo agente a los calabozos, "con igual ánimo realizó una maniobra brusca para evitar su ingreso, que provocó que el agente se dañara el hombro izquierdo".

A consecuencia de estos hechos, el policía sufrió luxación en el hombro izquierdo y precisó tratamiento médico para su curación, tarando 394 días en curar de perjuicio moderado y un día de perjuicio grave.

En el momento de los hechos el enjuiciado se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, lo que afectaba levemente a sus capacidades intelictivas y volitivas, según la magistrada, que ha aplicado la atenuante analógica de embriaguez.

El sindicato Jupol, que ha ejercido la representación legal del policía herido, ha mostrado su "satisfacción" por esta condena y confía en que sirva para "reparar el daño causado al agente de la Policía Nacional y, en parte, para recuperar el principio de autoridad de los agentes".

Un tribunal militar enjuiciará finalmente la muerte por un disparo de un legionario de maniobras

La muerte por un disparo de fusil de un caballero legionario de Mallorca en un ejercicio en marzo de 2019 en el campo de maniobras de Agost (Alicante) será enjuiciada por un tribunal militar que dirimirá cuál es el grado de responsabilidad de los ocho procesados, entre mandos y soldados, tanto en el fallecimiento como en las acciones que se llevaron a cabo presuntamente en las horas posteriores para encubrir los hechos.

El presunto autor del disparo, un sargento de la Brileg de la base 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), se enfrenta a una petición de la Fiscalía de siete años, cinco meses y 15 días de prisión. Formula acusación contra él y contra un teniente como coautor, así como contra un capitán, quien estaría detrás del plan que supuestamente se trazó para tapar los hechos y otro teniente por su supuesta participación en la "alteración del escenario".

La competencia de la jurisdicción militar la ha determinado el Tribunal Supremo (TS), que desestima el recurso de casación de la familia del caballero legionario fallecido, quienes solicitaron la inhibición a favor de la jurisdicción penal ordinaria por considerar que la muerte "es un asesinato o, en todo caso, un homicidio doloso", lo que excluiría la competencia de un tribunal militar.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que deja expedito el señalamiento de la vista oral, rechaza, tal y como sostiene la actuación particular, que el Código Penal marcial "solo" regule el resultado de muerte imprudente e impida, por tanto, "formular acusación en el ámbito militar por un delito de asesinato u homicidio doloso" al tiempo que remarca que los hechos tuvieron lugar en un "ámbito estrictamente castrense".

El Supremo avala la resolución que ya adoptó en el mismo sentido el Tribunal Territorial Militar Segundo, con sede en Sevilla, y critica que la acusación pretenda que "se adentre en exámenes que son propios del acto de juicio oral" para determinar si hay dolo, ya que ello requiere de "alegaciones, de pruebas y de contradicción".

"Tales extremos han de ser discutidos en el acto del juicio oral, siendo el tribunal con jurisdicción militar el que pueda pronunciarse sobre ellos, estando vedado que lo haga un órgano
de la jurisdicción penal ordinaria, que carece de jurisdicción para conocer del delito militar imputado", indica.

Concluye que si al final los hechos supusiesen infracción tipificada en la legislación penal ordinaria "ya se abstendrá el Tribunal Militar de conocer", pero ello cuando, según matiza, "haya tenido un completo conocimiento de la causa, solamente posible mediante la celebración del juicio oral".

Al sargento S.A.G., de cuyo fusil salió supuestamente el proyectil, la Fiscalía le imputa la presunta comisión de un delito contra eficacia del servicio en su modalidad de causar muerte por imprudencia grave durante la ejecución de un ejercicio de armas y como coautor acusa al teniente F.P., para quien pide penas que suman cuatro años y seis meses de prisión.

También acusa al capitán A.C. y al teniente R.G. Para el capitán solicita un total de cuatro años y seis meses de cárcel, mientras que para el teniente pide penas que suman dos años y seis meses de prisión.

RELATO DEL MOMENTO DEL DISPARO

Para encuadrar los hechos atribuidos al sargento S.A.G. en el delito contra la eficacia en el servicio del artículo 77.1, sostiene en un momento de las maniobras desarrolladas el 25 de marzo de 2019 "mandó el alto el fuego y reconocimiento de los blancos cuando el pelotón estaba unos 20 metros de los mismos, cesando disparos y acercándose para su reconocimiento dos soldados, quienes dieron la novedad de 'blancos abatidos'".

La Fiscalía mantiene que, a continuación, gritó "enemigo al frente, al faldón de la montaña, en claro blanco a las doce" y que lo hizo "sin que dicha orden estuviese prevista previamente en la programación del ejercicio a realizar, ni se hubiese puesto en conocimiento del pelotón durante las instrucciones recibidas al efecto", lo que habría supuesto un "traspaso claro de las instrucciones dadas" por uno de los tenientes, "quien era en ese momento el oficial al mando y responsable máximo en la ejecución del mismo".

Remarca en su escrito que el incorporar "sobre la marcha" un nuevo objetivo por parte del suboficial se "pretendía aumentar el consumo de munición toda vez que se había consumido menos de lo esperado dada la rapidez con la que habían realizado el ejercicio programado" y describe que la ejecución de ese nuevo objetivo se realizó "subiendo el binomio más adelantado a la cresta del merlón, abriendo fuego desde la posición cuerpo a tierra".

El fiscal relata que uno de esos disparos efectuados por el sargento "cuando se encontraba en pie, con el culatín de fusil apoyado en el hombro, desde el merlón y a una distancia de unos 12,50 metros orientado a la posición" del caballero legionario fallecido, impactó sobre el mismo, "quien se encontraba en ese momento situado el primero por el flanco izquierdo en posición de rodilla en tierra o guardia baja, con su fusil orientado al suelo" ya que, según precisa, en el momento del impacto estaba "comprobando su armamento tras agotar munición".

El proyectil alcanzó el culatín del fusil, "desestabilizándose y sufriendo un volteo, que sin embargo no alteró su dirección, impactando a continuación en su cuerpo", ocasionándole una herida fatal "por orificio de bala en hemitórax derecho".

De acuerdo a lo que se concluyó durante la instrucción del sumario, después de que recibiese la herida mortal, traslada la Fiscalía que el sargento S.A.G. habría recriminado con insultos a un compañero que "rompió a llorar" y habría "violentado e intimidado" a "testigos" para "influir directa o indirectamente" sobre ellos durante la investigación.

En concreto, a uno de los legionarios que habría alertado a los investigadores lo habrían "acosado" y el capitán de la compañía habría dado órdenes a los integrantes de los dos pelotones que participaban en las maniobras para "encubrir" los hechos con "mentiras" y "alterando el escenario".

En su auto de procesamiento, el juez ya apuntó que a la "multitud de versiones ofrecidas sobre lo sucedido" y a la "evidente contradicción entre el resultado de los informes y las declaraciones", lo que, según indicó, le llevó "necesariamente a concluir que pretendieron ocultar lo realmente acontecido, silenciando aspectos determinantes y tergiversando otros, con la única finalidad de dificultar la investigación policial y judicial y el descubrimiento de lo sucedido".

VARIOS DELITOS

La Fiscalía atribuye al sargento, al margen del delito principal por el que pide cuatro años y nueve meses de cárcel, la supuesta comisión de dos delitos de abuso de autoridad en su modalidad de "injuriar" a un subordinado; y un delito de obstrucción a la justicia. Además de la pena privativa de libertad, pide multa de 12 meses a razón de 12 euros al día.

Al teniente P.F. le acusa además de un delito de deslealtad y de un delito contra la eficacia en el servicio "por dejar de observar una orden recibida causando grave daño al servicio".

Interesa que a ambos se les declare responsables civiles directos y que, de forma solidaria, abonen a cada uno de los progenitores del fallecido una indemnización de 110.623 euros, si bien, subsidiariamente, debería responder el Estado. También pìde que el sargento indemnice a uno de los soldados supuestamente injuriados.

Al capitán A.C. le achaca un supuesto delito de deslealtad, otro de encubrimiento y un tercero de desobediencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones mientras que al teniente R.G. le imputa otro presunto delito de deslealtad y otro delito contra la eficacia en el servicio en su modalidad de "dejar de observar una orden recibida".

Condenado por abusos sexuales a ocho alumnas un profesor de la Escuela Pablo Picasso de La Coruña

El Juzgado de lo Penal número 4 de La Coruña ha condenado a un profesor de la Esuela de Arte Superior de Diseño Pablo Picasso de La Coruña por abuso sexual a ocho alumnas, según recoge el fallo al que ha tenido acceso Europa Press. Los hechos tuvieron lugar en los cursos académicos 2019-2020 y 2020-2021, durante las clases y en las tutorías.

En la sentencia, se le condena por dos delitos de abusos sexuales y seis delitos continuados de abusos sexuales. Lo absuelve, sin embargo, de otro de estos delitos en el caso de otra estudiante.

Sobre los hechos, por los que el profesor fue suspendido, se afirma que el acusado "de forma voluntaria y consciente" realizó "tocamientos" a sus alumnas, "sin empleo de violencia e intimidación", con "significado sexual" y "sin su consentimiento".

También señala que las víctimas se encontraban en "una clara posición de debilidad" frente a la que ostentaba su profesor, con la consiguiente "limitación de su capacidad para resistirse de lo que se prevalió el mismo para cometer los hechos".

Destaca sobre las víctimas, y en relación al momento en que se produjeron los hechos, que sintieron "mucha incomodidad, inseguridad, desconcentración, tensión e impotencia". "Sin que conste que les resten secuelas psíquicas", añade el fallo.

INDEMNIZACIONES

Por los hechos considerados probados, el acusado ha sido condenado a penas de multa frente a la de prisión ya que se valora que "carece de antecedentes penales" y "los hechos, aunque reprobables, no revistieron una especial gravedad". Asimismo, deberá pagar indemnizaciones a las víctimas por "daño moral".

Frente a las peticiones de condena de Fiscalía y acusación particular, la defensa, en el juicio, pidió la libre absolución de su cliente o, subsidiariamente, la calificación de los hechos como constitutivos de vejaciones injustas.

En su declaración, el hombre negó que hubiese acaraciado a las alumnas o realizado otro tipo de tocamiento, aunque admitió en algún caso haberles tocado la espalda. Esto lo atribuyó a un "gesto habitual" suyo o a que era "bastante tocón".

Cuatro años de cárcel al piloto de la embarcación que mató a un menor en Barbate en 2018

La Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a cuatro años de cárcel al piloto de la embarcación que arrolló a una embarcación de recreo en el mes de mayo de 2018 en la playa de Getares (Algeciras) y provocó la muerte de un menor de edad que viajaba en ésta última.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello se ha producido tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, que lo ha considerado responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave.

En la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, la Audiencia impone además al acusado la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 800 metros de los padres y hermanos del menor fallecido por un espacio de cinco años.

El jurado, en su veredicto, ha considerado probado que los hechos tuvieron lugar el día 14 de mayo de 2018, cuando el condenado pilotaba una embarcación semirígida de 300 CV de potencia en la playa de Getares careciendo de la titulación necesaria para su manejo y realizando maniobras "peligrosas a velocidad superior a la permitida, sin atender los requerimientos de cese que le fueron dirigidos por varios bañistas y llegando en una ocasión a perder el control del pilotaje, saliendo despedido de su asiento".

En un momento dado, y según el jurado, el acusado se aproximó a la embarcación de recreo que se encontraba próxima a la orilla de la playa y que estaba ocupada por el menor fallecido, su padre y un amigo de éste, "quienes también le recriminaron la conducta", instante en el que sonó el teléfono del acusado.

Mientras atendía la llamada, el condenado realizó una "arriesgada" maniobra de aceleración, "rápida y fuerte", que le hizo perder el control de su embarcación, arrollando por su parte central la embarcación de recreo donde se encontraba el menor, lo que provocó su fallecimiento en el acto debido a un shock traumático por atropello náutico.

El jurado ha considerado probado que el acusado "era sabedor del riesgo que se producía con sus maniobras, y en la creencia de que iba a poder controlar su embarcación, no cesó en su actitud, omitiendo el más elemental deber de cuidado, y realizó una peligrosa y arriesgada maniobra de aceleración fuerte, perdiendo el control de la embarcación y ocasionando con el choque la muerte del niño".

En su veredicto, el jurado ha acogido la tesis de la defensa, entendiendo que el acusado no actuó aceptando el resultado que provocó, sino que éste se produjo por una imprudencia de carácter grave.

En sus conclusiones definitivas, expuestas antes de hacerse público el veredicto del jurado, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaron para el encausado 15 años de cárcel por un delito de homicidio, así como que se le impusiera la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 800 metros de la familia del menor por tiempo de 25 años.

La Audiencia, sin embargo, ha recordado que dicho delito de homicidio por imprudencia grave está castigado con pena de prisión de uno a cuatro años, entendiendo procedente en este caso imponer cuatro años de cárcel "atendiendo a la entidad de los hechos, a la conducta desplegada por el acusado, al riesgo creado dadas las características de la embarcación, su motor de alta potencia, difícilmente manejable, y a su ausencia de pericia, no contando con la titulación necesaria para pilotarla, lo que en este caso le hace merecedor de la pena máxima prevista, pues su conducta, unida al tristísimo desenlace de la misma, supone un plus de reprochabilidad que le hace merecedor de ella".

La sentencia, fechada el día 18 de abril, no es firme, habiendo sido recurrida en apelación por la acusación particular ejercida por los padres y hermanos del menor fallecido.

Siete años y medio de cárcel al acusado de arrojar al vacío a un hombre desde un edificio 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de siete años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Pontevedra a un acusado de dejar caer a un hombre desde el edificio de usos náuticos situado en la localidad pontevedresa de A Illa de Arousa.

Según ha informado el TSXG, como consecuencia de las lesiones permanentes que sufrió, la víctima se encuentra limitada para llevar a cabo cualquier actividad profesional "que precise deambulación, subir o bajar escaleras o pendientes".

La Sala indica en la sentencia en la que desestima el recurso del condenado que no observa "déficit alguno en el razonamiento del tribunal sentenciador", al tiempo que recalca que el relato de la víctima es "claro, firme y persistente".

Además, los magistrados indican que tampoco se detectaron contradicciones relevantes y subrayan que es "un dato completamente irrelevante" si ambos se hallaban de frente o de espaldas en el momento en el que la víctima fue arrojada al vacío, "máxime si tenemos en cuenta el imaginable impacto emocional" que sufrió el perjudicado.

El alto tribunal gallego indica que existen elementos periféricos que corroboran la versión del afectado, entre ellos "la geolocalización del móvil del procesado y lo que se descubrió a partir del volcado de los datos que contenía el terminal, las testificales de referencia y la documental médica".

AUXILIO

Los hechos sucedieron en la madrugada del 8 de marzo do 2020, sobre las 4,40 horas, según el relato recogido en la sentencia, y el agredido no fue encontrado hasta pasadas las 10,00 horas de ese día por un vecino que le prestó auxilio y que alertó a los servicios sanitarios, que lo trasladaron a un centro hospitalario.

Contra esta sentencia se puede interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación que se haga de la misma, incluida la del acusado en su persona.

Un acusado se enfrenta a 14 años de cárcel por matar a su mujer de 75 años de varias puñaladas

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este martes a un acusado de asesinar de varias puñaladas a su mujer de 75 años tras mantener una discusión en el domicilio conyugal en Fuenlabrada, hechos por los que se enfrenta a una petición de 14 años de cárcel.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de homicidio y, en concepto de responsabilidad civil, le reclama 112.500 euros para los cinco hermanos de la víctima.

El escrito de acusación señala que sobre las 12.30 horas del 26 de febrero de 2020, B. S. S. entabló una discusión con su esposa en el salón de la vivienda familiar que ambos compartían en Fuenlabrada. En un momento dado, según explica el fiscal, el acusado empuñó un cuchillo y se abalanzó sobre la mujer "con la voluntad de clavárselo".

La esposa, que estaba frente a B. S. S., al intentar zafarse de su agresor cogió el cuchillo, "agarrando el filo", lo que le ocasionó heridas en la mano.

Durante el forcejeo entre ambos, el acusado propinó a su pareja un golpe con el cuchillo en la cara y le infirió una cuchillada que le alcanzó en el dorso de su mano, en su reacción defensiva.

Pese a intentarlo en varias ocasiones, la víctima, de 75 años edad, no consiguió coger el cuchillo ni librarse de su agresor "y este, con el propósito de acabar con la vida de (..), continuó con su acometida y le asestó, con el cuchillo de cocina, tres puñaladas en el tórax y abdomen, penetrando, dos de las puñaladas, en la cavidad torácica y abdominal con perforación del hígado, pericardio y cúpula diafragmática".

Tras recibir varias puñaladas, la mujer salió de su vivienda solicitando auxilio a su vecina "y cayó desplomada al suelo entre el descansillo de su vivienda y la vivienda vecina".

Al llegar los Servicios Sanitarios al lugar consiguieron estabilizar a la víctima, la cual estaba tumbada en el rellano, y procedieron a su traslado en la ambulancia al Hospital, donde falleció sobre las 15.20 horas del 26 de febrero de 2020.

Mientras tanto, el acusado volvió a coger el mismo cuchillo de cocina y se causó a sí mismo heridas en el mesogastrio y vacío derecho con salida de asas intestinales y heridas en cara anterior de tórax y cuello.

B. S. S. se encuentra privado de libertad por esta causa desde el día 28 de febrero de 2020, día en que fue detenido por la Policía.

Comienza el juicio a una banda que intentó traer a España más de 600 kilos de cocaína desde el Caribe

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha iniciado este martes el juicio contra seis hombres y dos mujeres acusados de formar una banda dedicada a traer cocaína desde la isla caribeña de Martinica para su venta en Mallorca.

El Fiscal pide para los seis hombres penas de entre 11 y 13 años de prisión por los delitos de salud pública y pertenencia a grupo criminal, mientras que las dos mujeres se enfrentan a cuatro años de prisión por el delito de salud pública en concepto de cómplices.

Según el escrito de conclusiones, en octubre de 2018, dos de los acusados, contratados por un tercer encausado, viajaron a bordo de un yate hasta la isla de Martinica para recoger y trasladar a España una importante cantidad de cocaína.

Sin embargo, en febrero de 2019 regresaron a Mallorca por desacuerdos en relación a la organización del viaje y tras haber dejado la embarcación preparada para la ocultación de la droga y tras haber percibido, en concepto de adelanto, 20.000 euros de los 1,8 millones que finalmente debería percibir una vez finalizado el transporte a España.

 

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