Yolanda Díaz no carga contra los beneficios de las petroleras e ignora el recorte de los beneficios de las eléctricas

La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha decidido hacer oídos sordos y ojos ciegos a la guerra de Ucrania y sus derivadas en el sector energético. Mientras los ciudadanos pagan ya dos euros por litro el combustible de los depósitos de sus vehículos y el gas se ha disparado hasta niveles nunca antes vistos, la ministra anunció gravar con un nuevo impuesto a las compañías eléctricas.

El lobby contaminante del petróleo y el gas parece estar fuera del foco del gobierno y quizás en esto tengan mucho que ver que consejeros de grandes empresas gasísticas lo sean también de los ministerios del Gobierno de la Nación.

En tanto que en 2021 los precios de la electricidad se mantuvieron para los clientes con tarifa liberalizada, que supone el 80% de la demanda eléctrica, y solo aumentaron para los contratos de tarifa regulada, los precios de la gasolina y del gas se dispararon al tiempo que lo hicieron los beneficios de sus compañías.

No es de extrañar que las empresas eléctricas hayan alzado la voz ante el nuevo atropello al que pretende someterles Díaz, incapaz de hilar la subida del precio del gas a la minoración de los beneficios de las eléctricas. Parece que los “beneficios caídos del cielo” de las petroleras y las gasistas no existen para ella.

La realidad es que el 75% de los clientes de las eléctricas tienen contratos a precios fijos, por lo que un aumento en el precio del gas supone un impacto negativo directo sobre los beneficios de estas compañías en España.

Para muestra, los datos que hicieron públicos en las presentaciones de resultados: Endesa redujo su beneficio ordinario neto un 11% respecto a 2020. En el caso de Iberdrola, la eléctrica se dejó un 10,2% si comparamos los nueve primeros meses de 2021 con respecto al mismo periodo de 2020.

Los beneficios de las dos principales eléctricas de nuestro país no provinieron de España, donde los clientes tienen contratos mayoritariamente fijos y donde el gas deterioró su cuenta de resultados, sino de su negocio fuera de nuestras fronteras. 

Resulta obvio, pues, que lo que para una compañía eléctrica supone un coste, para una gasista o una petrolera supone un ingreso que eleva sus beneficios, y así lo demuestran sus cuentas: En REPSOL, el resultado neto ajustado, que mide específicamente la salud de los negocios, alcanzó los 2.454 millones de euros en 2021, frente a los 600 millones del año anterior, un incremento brutal que parece querer ignorar la ministra. 

Por su parte, CEPSA registró un beneficio neto de 661 millones de euros en 2021, un aumento también extraordinario, sobre todo si tenemos en cuenta que superó las pérdidas de 919 millones que le provocó el año de la pandemia.

En el caso de la gasista Naturgy, tuvo un beneficio de 1.231 millones de euros en 2021, un 41% más que en 2020. La propia compañía reconoce que el resultado se debe al aumento del precio del gas.

Visto lo anterior, parece obvio inferir que el aumento del precio del gas y del petróleo solo beneficia a las compañías más contaminantes petrolíferas y, por el contrario, que perjudica seriamente a las puramente eléctricas, que se ven obligadas a comprar gas para el mix energético.

En conclusión, la defensa de Yolanda Díaz a estas empresas contaminantes frente al resto de industrias que están recortando de manera impactante sus beneficios, como la de los azulejos o la de extrusión de metales, por poner ejemplos, es arriesgado, la demagogia se le puede volver en contra. 

elObservadorDCLM