PLENO EN LAS CORTES DE CLM: El PSOE saca en solitario la Ley de Aguas con la resistencia de PP y Cs

La mayoría que el PSOE tiene en el Parlamento castellanomanchego le ha valido para aprobar en solitario la Ley del Aguas de Castilla-La Mancha, que finalmente no ha obtenido consenso. Por mucho que el Gobierno de la región haya defendido que el canon medioambiental que recoge el texto es "socialmente aceptable", tanto PP como Cs como han pedido que no sea aplicado y han rechazado ese "impuestazo".

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, pese a pedir a los grupos de la oposición que "den ejemplo de compromiso con ciudadanos y con el desarrollo sostenible de la región" y apoyen la Ley de Agua, que mejora y optimiza la gestión del agua, mejora el servicio que reciben los ciudadanos de la región y mejora el medio ambiente, no ha logrado que esta norma "importante para la región" fuese apoyada por PP y Cs.

En su defensa del texto, Francisco Martínez Arroyo ha defendido que el canon que establece esta ley emana de la exigencia que impone la directiva marco de agua y redistribuye la riqueza, existe en la "práctica totalidad" de las Comunidades Autónomas, es progresivo, penaliza el mal uso y alivia a los pequeños consumidores, pues se situará entre 1 y 4 euros mensuales.

"Recoge bonificaciones y descuentos. Es socialmente aceptable, no como ocurre en otros lugares. Ha sido trabajado, debatido y, me atrevería decir que, consensuado", ha destacado el titular regional de Agua sobre el canon, que genera el rechazo tanto de PP como de Ciudadanos, que hablan de un nuevo "impuestazo".

Martínez Arroyo ha vuelto a decir que esta ley es fruto de la Mesa del Agua, y ha sido muy participada por diferentes administraciones públicas, organismos públicos y privados, organizaciones ecologistas, agrarias y partidos políticos. "En resumen, la sociedad civil".

Tras asegurar que todas las aportaciones y sugerencias recibidas en proceso tramite han sido tenidas en cuenta en la redacción definitiva y por ello el resultado es fruto de muchos consensos, ha recordado que actualiza la ley del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha de 2002.

"Esta ley permite resolver los problemas de la región en materia de agua. Vamos a invertir muchos recursos", ha alegado el consejero que
ha hecho hincapié en que, en virtud del texto, existe un Plan de Depuración de Aguas, que, con una inversión de más de 600 millones euros en 629 actuaciones, hará posible que en 2032 todas las aguas residuales de la Comunidad Autónoma se depuren.

"Apelo a su responsabilidad y compromiso para que esta ley salga con consenso, porque este proyecto ley verdaderamente importante para esta tierra".

SOCIALISMO SINÓNIMO DE IMPUESTOS

Visión contraria ha mostrado la diputada de Cs Elena Jaime sobre el texto, pues en la línea que mantuvo en la comisión en la que se debatieron las enmiendas, ha vuelto a calificar de "impuestazo" ese canon, asegurando que "socialismo es sinónimo de impuestos", por mucho que sus dirigentes les acusen de "engañar a la gente por unos pocos votos".

Jaime ha vuelto a reprochar al PSOE que no haya incorporado sus enmiendas a la ley que, entre otras cuestiones, pretendían aportar transparencia, y también les ha afeado la "facilidad" que les da la mayoría absoluta a la hora de plantear una "incalificable ley".

"Salgan de su burbuja, miren a los ciudadanos a los ojos y explíquenles que ya había dos cánones que daban recursos a los presupuestos para sacar partidas que luego no ejecutan y, como les parece insuficiente, los van a subir y van a poner otro", ha denunciado la parlamentaria de la formación naranja, que ha denunciado que la ley elimine la tasa por gestión de residuos peligrosos.

"Es cierto que esta ley no va solo de impuestos, aunque sí en su mayor parte. Esta ley va más allá, no va de contaminación ni de medio ambiente, ni de directiva marco de agua europea. Esta ley que, sigue la estela de alguna otra, va de hacer suyo, usando sus organismos bien engrasados, un bien público y derecho humano que es el agua", les ha recriminado Jaime.

"NUEVO ENGAÑO DEL GOBIERNO"

En términos parecidos se ha expresado la portavoz del PP Ana Guarinos, que ha insistido en que esta norma es un nuevo "engaño" del Gobierno regional, pues que con excusa del agua "vuelve a subir impuestos". "Incrementa dos tasas existentes, la de aducción y depuración y crea un nuevo impuesto al que llaman, con intención de confundir, canon medioambiental, haciendo creer que es imposición de directiva marco. Es falso".

Guarinos ha abundado en que de los 118 artículos que integran el texto de la ley "76 son tributos y sanciones". "Eleva la presión fiscal a los castellanomanchegos, no aporta ni una sola gota de agua a la región, no resuelve ni un solo problema, ni los problemas medioambientales en relación con el agua. Es una manera de encubrir la creación de un nuevo impuesto van a pagar todos los castellanomanchegos".

La parlamentaria 'popular' también ha tildado de "falso" que la norma sea en cumplimiento de Pacto regional del Agua, al tiempo que ha denunciado ante el consejero que, pese a anunciarlo muchas veces tanto él como el presidente regional, Emiliano García-Page, no hay plan de depuración, "otra de sus grandes mentiras".

Así las cosas, ha alertado de una nueva "bajada de pantalones del Gobierno de Castilla-la Mancha ante el Gobierno España" pues, según ha explicado, en virtud de esta ley, el autonómico renuncia a la obligatoriedad de realizar un informe preceptivo ante cualquier derivación de agua que se haga en la región.

DEFENSA DE LA GESTIÓN DEL AGUA

Por contra, el parlamentario socialista Francisco Pérez Torrecilla, encargado de volver a explicar los motivos de su partido para rechazar las enmiendas presentadas de PP y Cs, ha proclamado que la Ley de Aguas no es solo una ley de tributos, pues incorpora muchos elementos importantes en defensa de la gestión del agua en la región.

"No es una ley tributaria. Cuando hablan de ley tributaria es por criticar al gobierno para intentar arañar votos en lugar de asumir responsabilidad", les ha vuelto a afear, como ya hiciera en la comisión.

Gobierno regional pide el apoyo de PP y Cs a la Ley de Aguas

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha pedido al PP y a Cs que "den ejemplo de compromiso con ciudadanos y con el desarrollo sostenible de la región" y apoyen la Ley de Aguas, que mejora y optimiza la gestión de este recurso, mejora el servicio que reciben los ciudadanos de la región y preserva el medio ambiente.

En su defensa del texto, durante el pleno de las Cortes regionales, Francisco Martínez Arroyo ha defendido que el canon que establece esta ley emana de la exigencia que impone la directiva marco de agua y redistribuye la riqueza, existe en la "práctica totalidad" de las Comunidades Autónomas, es progresivo, penaliza el mal uso y alivia a los pequeños consumidores, pues se situará entre 1 y 4 euros mensuales.

"Recoge bonificaciones y descuentos. Es socialmente aceptable, no como ocurre en otros lugares. Ha sido trabajado, debatido y, me atrevería decir que, consensuado", ha destacado el titular regional de Agua sobre el canon, que genera el rechazo tanto de PP como de Ciudadanos, que hablan de un nuevo "impuestazo".

Martínez Arroyo ha vuelto a decir que esta ley es fruto de la Mesa del Agua, y ha sido muy participada por diferentes administraciones públicas, organismos públicos y privados, organizaciones ecologistas, agrarias y partidos políticos. "En resumen, la sociedad civil".

Tras asegurar que todas las aportaciones y sugerencias recibidas en proceso tramite han sido tenidas en cuenta en la redacción definitiva y por ello el resultado es fruto de muchos consensos, ha recordado que actualiza la ley del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha de 2002.

"Esta ley permite resolver los problemas de la región en materia de agua. Vamos a invertir muchos recursos", ha alegado el consejero, que
ha hecho hincapié en que, en virtud del texto, existe un Plan de Depuración de Aguas, que, con una inversión de más de 600 millones euros y 629 actuaciones, hará posible que en 2032 todas las aguas residuales de la región se depuren.

"Apelo a su responsabilidad y compromiso para que esta ley salga con consenso, porque este proyecto ley verdaderamente importante para esta tierra".

SOCIALISMO SINÓNIMO DE IMPUESTOS

Visión contraria ha mostrado la diputada de Cs Elena Jaime sobre el texto, pues en la línea que mantuvo en la comisión en la que se debatieron las enmiendas, ha vuelto a calificar de "impuestazo" ese canon, asegurando que "socialismo es sinónimo de impuestos", por mucho que sus dirigentes les acusen de "engañar a la gente por unos pocos votos".

Jaime ha vuelto a reprochar al PSOE que no haya incorporado sus enmiendas a la ley que, entre otras cuestiones, pretendían aportar transparencia, y también les ha afeado la "facilidad" que les da la mayoría absoluta a la hora de plantear una "incalificable ley".

"Salgan de su burbuja, miren a los ciudadanos a los ojos y explíquenles que ya había dos cánones que daban recursos a los presupuestos para sacar partidas que luego no ejecutan y, como les parece insuficiente, los van a subir y van a poner otro", ha denunciado la parlamentaria de la formación naranja, que ha denunciado que la ley elimine la tasa por gestión de residuos peligrosos.

"Es cierto que esta ley no va solo de impuestos, aunque sí en su mayor parte. Esta ley va más allá, no va de contaminación ni de medio ambiente, ni de directiva marco de agua europea. Esta ley que, sigue la estela de alguna otra, va de hacer suyo, usando sus organismos bien engrasados, un bien público y derecho humano que es el agua".

"NUEVO ENGAÑO DEL GOBIERNO"

En términos parecidos se ha expresado la portavoz del PP Ana Guarinos, que ha insistido en que esta norma es un nuevo "engaño" del Gobierno regional, pues que con excusa del agua "vuelve a subir impuestos". "Incrementa dos tasas existentes, la de aducción y depuración y crea un nuevo impuesto al que llaman, con intención de confundir, canon medioambiental, haciendo creer que es imposición de directiva marco. Es falso".

Guarinos ha abundado en que de los 118 artículos que integran el texto de la ley "76 son tributos y sanciones". "Eleva la presión fiscal a los castellanomanchegos, no aporta ni una sola gota de agua a la región, no resuelve ni un solo problema, ni los problemas medioambientales en relación con el agua. Es una manera de encubrir la creación de un nuevo impuesto van a pagar todos los castellanomanchegos".

La parlamentaria 'popular' también ha tildado de "falso" que la norma sea en cumplimiento de Pacto regional del Agua, al tiempo que ha denunciado ante el consejero que, pese a anunciarlo muchas veces tanto él como el presidente regional, Emiliano García-Page, no hay plan de depuración, "otra de sus grandes mentiras".

Así las cosas, ha alertado de una nueva "bajada de pantalones del Gobierno de Castilla-la Mancha ante el Gobierno España" pues, según ha explicado, en virtud de esta ley, el autonómico renuncia a la obligatoriedad de realizar un informe preceptivo ante cualquier derivación de agua que se haga en la región.

DEFENSA DE LA GESTIÓN DEL AGUA

Por contra, el parlamentario socialista Francisco Pérez Torrecilla, encargado de volver a explicar los motivos de su partido para rechazar las enmiendas presentadas de PP y Cs, ha proclamado que la Ley de Aguas no es solo una ley de tributos, pues incorpora muchos elementos importantes en defensa de la gestión del agua en la región.

"No es una ley tributaria. Cuando hablan de ley tributaria es por criticar al gobierno para intentar arañar votos en lugar de asumir responsabilidad", les ha vuelto a afear, como ya hiciera en la comisión.

"NO SE HA HABLADO DE AGUA"

El consejero de Agricultura ha vuelto a tomar la palabra para lamentar que durante tres horas de debate no se haya hablado de agua, y recordando que, en todo caso, el canon de la discordia no afecta a la agricultura.

En este punto ha sacado a relucir la conexión entre el PP y Vox en las reivindicaciones en el campo, aludiendo al hecho de que los 'populares' salieron en la foto de las protestas en Murcia este miércoles junto a dirigentes del partido de Santiago Abascal.

Rechazado el texto de PP para evitar ocupación ilegal de viviendas

El Grupo Parlamentario Popular no ha logrado este jueves el apoyo que ha reclamado al PSOE para que saliera adelante en el Parlamento regional su Proposición de Ley para elevar al Gobierno de España un Proyecto de Ley para la Prevención y Evitación de la Ocupación Ilegal, y la Garantía de los Derechos de las Personas a la Propiedad y a la Seguridad Ciudadana y a la Convivencia Vecinal, que el Grupo Parlamentario Ciudadanos, aunque crítico con el texto, sí ha apoyado finalmente.

Ha sido el presidente del PP, Paco Núñez, el que ha verbalizado en el pleno de las Cortes esa solicitud a los socialistas, recordándoles que el Partido Popular no votó en contra de la ley antiokupación del PSOE, "aunque sabíamos que no servía". "Yo les pido la lealtad que el PP tuvo", ha indicado, convencido de que así se evidenciaría "quién tiene voluntad de consenso" para solucionar este tema.

Núñez ha lamentando que el PSOE haya "decidido no luchar a favor de la propiedad privada y por eso no tramitan ninguna legislación", argumento que previamente ha empleado también la diputada 'popular' Gema García, que ha criticado que, después de un año de aprobarse la ley regional "sigue en un cajón durmiendo el sueño de los justos" y los socialistas "no han hecho nada" salvo "postureo". "Nos engañaron a todos", ha señalado.

García, que ha desgranado el texto elevado por su partido para dar solución a este "grave problema", ha destacado del mismo la posibilidad de aplicar el "desalojo exprés, el endurecimiento de penas, y herramientas normativas para que las administraciones puedan actuar de forma efectiva" cuando se produzca una okupación, y que ha considerado "soluciones valientes y rotundas" ante este fenómeno que "irá en aumento salvo que se den medidas drásticas".

La parlamentaria del PP ha incidido en que la ley aprobada en 2020 "ha quedado en el olvido" y en "agua de borrajas", lo cual es "una tomadura de pelo a los ciudadanos", animando al PSOE a "ser valientes" y "si Podemos no quiere caldo le damos dos tazas, la ley ya aprobada en 2019 y la nuestra".

CS: EL PP VENDE HUMO

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el diputado Javier Sevilla ha considerado que el Partido Popular busca con esta iniciativa "hacer una publicidad que a nuestro parecer es absurda". "Solo se dedican, al igual que el PSOE, a vender humo y a las luchas contra sus enemigos políticos".

Pese a ello, ha destacado, la formación naranja votará a favor de este texto, convencido de que "en esta Cámara estamos para legislar y proponer medidas legislativas al estado central en favor de los problemas de los ciudadanos", y aunque "no aporta nada" respecto al proyecto que ya se envió desde la Comunidad Autónoma a Madrid, salvo que los 'populares' hubiesen dicho de mandarlo también al Congreso.

Finalmente, criticando también la actitud del PSOE, ha precisado que "no se puede estar en que exista un problema y todos metamos la cabeza debajo de tierra como las avestruces".

PSOE: EL PP DE PERFIL

Por parte del PSOE, la diputada María Isabel Sánchez ha arremetido contra el "soliloquio destructor y dañino con el consenso y el diálogo" que emplea el PP, que "en ningún caso" ha tenido la intención de "atisbar el más mínimo detalle de acercar posturas", tampoco en este asunto de la okupación ilegal de viviendas, pese a ser un "tema delicado".

En torno a él, a su juicio, el Partido Popular se ha puesto "siempre de perfil", al contrario que el Gobierno regional, que ha evidenciado "tolerancia cero contra las okupaciones ilegales en Castilla-La Mancha", advirtiendo que el texto de los 'populares' llega al Parlamento "sin ningún tipo de diálogo, sin consenso, de manera unilateral".

Aunque ha admitido que no saben "ni las fortalezas ni las debilidades" de la Proposición de Ley del Grupo Popular, se ha referido al texto que hace escasos días ha entrado en las Cortes generales sobre vivienda, apuntando que la lógica aconseja ver primero ese texto nacional y luego "actuar en consecuencia".

SEGUIR DIALOGANDO

Para concluir el debate de este punto, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha apostado por seguir dialogando con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y con el de Presidencia, sobre el texto que envió ya Castilla-La Mancha, que reunía "el mayor consenso, infinitamente mayor que el que presentan" los 'populares'.

Ha agregado que este problema "ya está atajado" aunque no sea de competencia autonómica y ha recordado la reunión avanzada por el presidente regional, Emiliano García-Page, con entidades financieras propietarias de viviendas vacías en la región susceptibles de ser okupadas para plantear una estrategia que pase por sacar estos inmuebles al mercado.

Hernando ha repasado las distintas medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo autonómico para afrontar este problema y se ha referido al Plan Regional de Vivienda, con el que esperar poder también complementar y dar Respuestas al metabolismo propio que tiene esta región.

"Aquí deberíamos llegar a acuerdos que deberían trascender", ha concluido Hernando, que ha recordado al PP que si su ofrecimiento hubiera sido sincero "lo hubiéramos podido hablar y dialogar" pero, a su juicio, los 'populares' "están solos y se sienten solos e incapaces de llegar a acuerdos con nadie".

Junta y PSOE celebran logros de pactos económicos con agentes sociales y PP y Cs dudan de sus resultados

El Gobierno regional y el PSOE han celebrado la mejora de los datos económicos de Castilla-La Mancha tras la puesta en marcha de los sucesivos pactos para la recuperación y la reactivación económica suscritos con CCOO, UGT y la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) en los años 2015 y 2021, mientras que desde el PP y Cs han puesto en duda los resultados objetivos por dichos acuerdos.

En primer lugar, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha abierto el debate que sobre este tema se ha celebrado este jueves en el pleno de las Cortes regionales, ha afirmado que el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha, suscrito en diciembre de 2021, refuerza el "compromiso" del Gobierno regional con la sociedad de la región y "muestra el camino a seguir" en los próximos años adquiriendo "nuevos compromisos" para el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma.

Franco ha destacado que en la elaboración de este pacto han intervenido 276 entidades y colectivos, entre los que ha destacado a 83 que representan a "numerosos" sectores, 80 asociaciones empresariales, 33 empresas, cuatro entidades financieras y al Gobierno regional, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal Cecam.

En su opinión, este nivel de diálogo se ha traducido en una serie de medidas "consensuadas" que mantienen puestas "las luces largas" para llegar al año 2024 y que servirán para "recuperar definitivamente la economía" castellanomanchega.

Un pacto que, ha continuado, tiene su "repercusión" en los presupuestos de la Junta para este año, ya que consolida "más de 2.500" millones de euros a la recuperación económica, con "multitud de medidas de apoyo" diseñadas en conjunto con la sociedad civil y que también mantienen el compromiso con las personas más vulnerables, la estrategia de especialización de la región o el fomento de las figuras de calidad agroalimentaria y las producciones ecológicas, entre otros aspectos.

Asimismo, ha remarcado también el "seguimiento" que tendrá el desarrollo del Pacto y se ha comprometido a "dar la cara" ante aquellos que han participado en su elaboración para "rendir cuentas de la actividad que realiza el Gobierno regional", dentro de un documento que "es flexible y se adapta a las realidades de los momentos complejos".

"Estoy convencida de que acuerdos como el que respalda este Pacto lanzan un mensaje muy nítido de que juntos somos más fuertes y que la búsqueda de acuerdos políticos sustenta con mayores garantías la recuperación económica de nuestra región", ha expresado, confiando en que el compromiso de la sociedad en levantar este acuerdo "va a estar también en todos los grupos políticos".

CS NO ESPERA MEJORES RESULTADOS

Por su parte, el diputado de Cs David Muñoz Zapata ha argumentado que con la puesta en marcha en 2015 del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha ha habido mejora pero esta ha sido inferior a la de otras comunidades autónomas, por lo que ha achacado esos avances a "una coyuntura favorable". "A veces aunque se avance también te sigues quedando atrás", ha comentado.

En este punto, ha comentado que, dado que en su partido no ven "muchos cambios" en el actual pacto con respecto al de 2015, no esperan "mucho mejores resultados", criticando además que el Pacto para la Reactivación no cuente con "objetivos concretos".

Zapata ha considerado que este nuevo pacto configura al Gobierno castellanomanchego como "conformista" y ha incidido en que la región "necesita más ambición para mejorar la vida de los castellanomanchegos y de las empresas".

PP PIDE SOLUCIONES "DE VERDAD"

Desde el PP, el diputado Miguel Ángel Rodríguez ha hecho hincapié en que el papel "lo aguanta todo", pero luego "hay que pasar del papel a la realidad" y aportar "de verdad" soluciones a las cuestiones que plantean los empresarios, los autónomos y las familias.

Rodríguez ha señalado que en 2015 el Gobierno central firmó el Pacto por la Recuperación y ahora ha suscrito el Pacto por la Reactivación "pero los castellanomanchegos no ven ni recuperación ni reactivación". "No pueden enmascarar la realidad de una región lastrada por lustros de gobiernos socialistas", ha apostillado.

Además, ha hecho hincapié en que en sus planes el Ejecutivo autonómico "no habla de bajar impuestos, que es de lo que hablan las empresas y los trabajadores de esta tierra", alegando que reducir la carga fiscal es "vital" y por eso desde el PP lo seguirán pidiendo.

PSOE VALORA LOS "FRUTOS RECOGIDOS"

Mientras, la portavoz socialista en el Parlamento autonómico, Ana Isabel Abengózar, ha defendido que el Gobierno regional tiene datos "para celebrar" el "buen ritmo en lo económico y lo laboral", asegurando que Patricia Franco tiene motivos para alegrarse "porque lo ha trabajado mucho y tiene que hablar en positivo de los frutos recogidos" en aquel primer pacto con los agentes sociales firmado en 2015.

Abengózar ha querido poner en relieve que Castilla-La Mancha ha cerrado el año como tercera región en la que más empleo se ha creado en último año y con la tasa de paro por debajo de la del conjunto del país por primera vez en 14 años. "Esto no es vender humo, es vender los frutos de un trabajo que se ha llevado a cabo con esfuerzo" y con la colaboración del tejido productivo y con los partidos políticos a excepción del PP.

Además, ha reivindicado que este nuevo Pacto por la Reactivación tiene en cuenta "factores clave" como la modernización del sistema productivo, el "compromiso" de no aumentar la presión fiscal", la cohesión territorial, el reto demográfico, la eficiencia energética y el empleo "de calidad y digno.

RESOLUCIONES

Tras el debate parlamentario, se han leído las resoluciones que defienden cada uno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, la de Cs, que ha sido rechazada con la abstención del PP y el voto negativo del PSOE, valora la voluntad de acuerdo de los agentes sociales pero lamenta que las Cortes no hayan podido pronunciarse ni sobre este Pacto ni sobre el elaborado en 2015, estimando además que los resultados de este último han sido discretos.

Asimismo, insta al Gobierno regional a incluir en el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha objetivos medibles y a profundizar en las medidas relativas al desempleo femenino y la siniestralidad laboral.

Por su parte, la resolución del PP, rechazada con la abstención de Cs y el voto en contra de la mayoría socialista, indica que son conscientes de la magnitud de la imagen de unidad proyectada por UGT, CCOO, Cecam y el Gobierno regional y aprecia su trabajo conjunto, pero echan en falta la presencia de representantes de la sociedad civil y desaprueba la actitud del Ejecutivo autonómico de retrasar la información del contenido del Pacto a las Cortes.

De igual modo, expresa la necesidad de constituir en sede parlamentaria un órgano permanente de seguimiento de dicho pacto, ya que compromete 8.800 millones de euros y prolonga su vigencia durante más de tres años.

Finalmente, el texto del PSOE, que ha salido adelante con abstención de Cs y voto negativo del PP, reconoce el papel del diálogo social como fórmula para alcanzar acuerdos fructíferos para trabajadores y empresas, subraya el compromiso del Gobierno regional con el fortalecimiento de la inversión pública y valora la puesta en marcha del Pacto, apostando también por la modernización del sistema productivo.

CLM desgrana su gestión de 1.500 millones de fondos UE ante críticas de oposición por falta de control

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha acogido la celebración de un debate general sobre la gestión de los fondos europeos habilitados desde la instancia supranacional para avanzar contra la crisis económica derivada de la sanitaria, una cita en la que el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha desgranado la ejecución de estas partidas, que casi alcanzan los 1.500 millones de euros.

Según ha apuntado desde el estrado, 405 millones de euros corresponden al Fondo React incorporados a fondos Feder y Fondo Social Europeo; casi 100 son con cargo al Feader; y 897 del mecanismo de recuperación y resiliencia --600 de 2021 y el resto para partidas para 2022 y 2023--.

De los 405 del React, 234 se han gastado en reforzar el sistema sanitario y otros 58 a través del Fondo Social Europeo a planes de empleo, ayudas a autónomos o mejora del sistema de Formación Profesional.

Cien millones del Feader han derivado en ayudas a modernización de explotaciones e infraestructuras agrarias; y dentro de los 600 millones que ya han llegado del fondo para la recuperación, 534 ya han sido ingresados a las arcas regionales.

De este montante, 8 millones han ido a políticas de Ciencia, 3 a Cultura, 69 a Digitalización, 35 a Educación, 35 a Empleo, 63 a Protección Social o 327 a transición energética.

Así, ha defendido que se están ejecutando a través de las convocatorias de ayudas o la ejecución de infraestructuras por la vía de las licitaciones.

En total, ya han salido 16 convocatorias sumado los 1,7 millones recién aprobados para economía circular. En esta línea, ha abundado en que hay más convocatorias por venir, como 49 millones para rehabilitación de viviendas, 13 millones para renovar flota de transporte de viajeros, y otros 8,5 millones para impulsar la agricultura sostenible.

Con todo, son 265 millones de euros de inversiones directas, como 39 para movilidad, 21 para rehabilitación energética, 32 para construcción de depuradoras o 35 para sostenibilidad turística.

LA OPOSICIÓN PIDE MÁS TRANSPARENCIA

Ha sido una cita parlamentaria en la que la oposición de PP y Cs han coincidido en cargar contra lo que consideran falta de transparencia; mientras que el PSOE, grupo mayoritario en la Cámara, se ha defendido recordando que ha sido un Gobierno socialista el que ha conseguido estas partidas.

El diputado de Cs, David Muñoz Zapata, era quien abría juego en el debate alertando de que "generar expectativas" con estos fondos es "muy peligroso", porque en caso de no cumplirse, "se echa gasolina al populismo antieuropeo".

En su turno de palabra, ha reparado en que ya son 15 las convocatorias convocadas al hilo de estos fondos, que en su mayor parte son "para entidades locales" y, las menos, para autónomos.

Pero la falta de resolución de las mismas está creando "desconcierto", ya que la población "ha oído" que vendrá dinero, pero no termina de llegar.

En esta Cámara salió adelante una ley con solo los votos de la mayoría del PSOE que, aunque venía a agilizar los fondos, no termina de funcionar a juicio del diputado naranja, ya que "no se están ejecutando rápido".

"Al fin y al cabo, la administración pública, por su naturaleza, no es una organización que se mueva de forma rápida, y para gestionar estos fondos se necesita mentalidad empresarial", ha aseverado el parlamentario toledano.

PP ACUSA DE "OSCURANTISMO Y FALTA DE TRANSPARENCIA"

El diputado del PP Emilio Bravo, por su parte, ha querido recordar cómo el presidente regional pidió consensuar una comisión parlamentaria para controlar la gestión de estos fondos, "una mentira", ya que luego fue rechazado.

Estos fondos "no son para dar liquidez, sino para financiar proyectos que permitan crear riqueza y empleo a través de la digitalización y la cohesión territorial".

Pero, asevera, "hay una inseguridad jurídica y una falta total de transparencia", ya que "no se sabe quién los gestiona ni para quiénes son", todo por el "oscurantismo y la arbitrariedad" del Gobierno regional.

Por ello, insta a que sea una autoridad independiente quien se haga cargo del reparto, como según ha detallado ocurre en otros países del entorno europeo.

"Los fondos no son de ustedes, son de todos los españoles, de todos los castellanomanchegos, y tienen que facilitar criterios objetivos para todo el proyecto", ha defendido, sumado a todo ello que el reparto entre ayuntamientos se hace "para amiguetes socialistas" en los gobiernos municipales.

PSOE ACUSA AL PP DE "ENREDAR" CON LOS FONDOS

Por parte del PSOE, Antonio Sánchez Requena ha defendido la gestión del Gobierno autonómico en cuanto al reparto de fondos, y ha acusado a la oposición del PP de "enredar" por criticar tras oponerse a nivel nacional en aspectos como la llegada de ayudas para solventar la crisis sanitaria.

"A Europa hemos ido todos, los socialistas a pedir dinero y ustedes a que no haya dinero. Ustedes han pedido ajustes y recortes, que es como gestionaron la crisis anterior", ha agregado.

Ha recordado en este punto las "mentiras" de los dirigentes autonómicos 'populares', apuntando que son "un auténtico Caballo de Troya" para los intereses de los ciudadanos frente a un PSOE que "trabaja" para acelerar la llegada de fondos.

RESOLUCIONES

Para este debate, Cs, ha propuesto en su resolución que el Parlamento al completo mostrara su preocupación por la baja ejecución de fondos, lamentaran la falta de conocimiento de la ciudadanía de estos fondos e instaran a la Junta a acelerar los mecanismos mediante fórmulas público-privadas, además de reclamar más transparencia.

El PP, de su parte, planteaba crear un órgano para estudiar medidas que aseguren la buena gestión, fomentar un diálogo social "amplio y fluido con todos los sectores sociales" y criticaran el "autobombo" de los gobiernos de España y Castilla-La Mancha a cuenta de la gestión de estas partidas.

En la resolución socialista, de su lado, se pretendía reconocer la respuesta solidaria de las instituciones europeas y valorar el papel del Gobierno de España, además de reclamar la continuación del trabajo en las mismas líneas para seguir aprovechando los fondos así como adoptar "las medidas necesarias para que la materialización de los proyectos que puedan realizarse en nuestra región con los fondos europeos se produzca con la máxima agilidad y eficacia".

Sólo la del PSOE ha salido adelante, mientras que el resto ha quedado rechazadas por no encontrar el apoyo de los socialistas.

Cs, PP y PSOE, de acuerdo en poner medios ante brecha digital de mayores en acceso a entidades bancarias

Ciudadanos, Partido Popular y PSOE se han mostrado este jueves de acuerdo en poner medios para que las personas mayores de Castilla-La Mancha puedan acudir fácilmente a las entidades bancarias y la administración para realizar sus gestiones, ante la dificultad que existe por el acceso digital actual.

Así lo han evidenciado con distintas resoluciones que avanzaban en el mismo sentido, a propósito de un debate general presentado por la formación naranja ante el pleno, relativo a ese acceso digital por parte del colectivo de mayores de la región con el que, como ha explicado su portavoz, Carmen Picazo, buscan "no ponerle la vida más difícil a los usuarios y las personas mayores".

Picazo ha admitido que la brecha digital afecta especialmente a las personas mayores, que encuentran dificultades para usar las nuevas tecnologías que exigen las entidades bancarias para realizar muchas de las transacciones o las administraciones, que muchas veces prestan sus servicios digitalizados.

"Se olvidan de las personas y el reto debería ser diseñar una administración al servicio de las personas", ha agregado Picazo, que ha recalcado que los mayores tienen derecho a tener acceso a cualquier servicio bancario o de cualquier tipo y ha pedido al Gobierno regional que "defienda a las personas" ante un problema que también se da en las ciudades recordando que "si existe una brecha digital se pierden derechos tan básicos como tener una cuenta bancaria y disponer libremente de ella".

Desde el PP, el parlamentario Benjamín Prieto ha admitido que el salto hacia las nuevas tecnologías es un paso que "no todo los ciudadanos han podido sobrellevar", de tal manera que la brecha digital ha convertido a los ciudadanos en "personas dependientes".

Ha defendido "medidas, pero que se puedan cumplir" para hacer frente a este problema, que ha acabado "excluyendo a una parte de la población cada vez más importante de España", recordando que "los poderes públicos deben garantizar los derechos de todas las personas, entre ellos los económicos".

Igualmente, se ha referido al convenio entre la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (Recamder) y Prosegur Cash con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha, para instalar un total de cien cajeros en las zonas más despobladas de Castilla-La Mancha, para lamentar que el resumen es un "yo invito y tú pagas", pues el Ejecutivo "solo pone la foto".

El socialista Pablo Camacho ha iniciado su intervención aludiendo a la denuncia del valenciano de 78 años Carlos San Juan a través de la campaña 'Soy mayor, no idiota' en change.org para pedir a la banca que dé un trato "más humano" a las personas mayores afectadas por la brecha digital, pero ha recordado que "hay muchos colectivos que llevan demandando un trato más personal a entidades financieras desde hace muchos años atrás".

Un problema, a su juicio, "agravado por la pandemia" que además ha empeorado por el proceso de cambio que se ha dado en las entidades financieras, convencido de la necesidad de exigir que se tomen medidas para que estas situaciones se reconduzcan cuanto antes por parte de las entidades bancarias.

Al respecto, Camacho ha precisado que las administraciones públicas ya se están posicionando al respecto y que incluso el Gobierno de España ha pedido a las entidades financieras que atiendan esa demanda, confiando en que las personas mayores puedan "recuperar cuanto antes la atención presencial en las entidades bancarias".

TELÉFONO DE ATENCIÓN ESPECÍFICO

Sin embargo, el acuerdo en el debate plenario no se ha reflejado en las votaciones, donde únicamente ha salido adelante la resolución del PSOE.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, cuya resolución ha contado con la abstención del PP pero ha sido rechazada por la mayoría absoluta del PSOE, se ha instado en su resolución al debate al Gobierno regional a asegurar la extensión del acceso a banda ancha de alto rendimiento a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, especialmente los incluidos en zonas rurales y remotas y a implementar medidas para facilitar la realización de gestiones administrativas por las personas mayores y personas vulnerables, como un teléfono de atención específico y recursos de asistencia y acompañamiento personal en la realización de gestiones administrativas a personas mayores y colectivos vulnerables.

Cs solicita igualmente el refuerzo de actividades formativas para el uso de las TIC dirigidas las personas mayores y colectivos vulnerables, así como establecer acuerdos de colaboración entre Castilla-La Mancha y las entidades bancarias con la finalidad de garantizar la asistencia y asesoramiento a las personas que lo precisen para facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías que usan en las entidades bancarias para realizar transacciones; y fomentar la implementación de cajeros automáticos adaptados a las necesidades de las personas mayores y personas con discapacidad.

Por su lado, el PP, que ha visto rechazada su resolución por el PSOE a pesar de contar con la abstención de Cs, ha demandado impulsar la firma de convenios entre Correos y las entidades financieras para que estas puedan prestar sus servicios financieros a través de las oficinas de Correos, garantizando el acceso a aquellas personas mayores que vivan en los municipios de menos de 5.000 habitantes y establecer las modificaciones legislativas necesarias para que el servicio financiero bancario tenga la consideración de "servicio básico y universal".

CAJERO AUTOMÁTICO "MÁS HUMANO"

Igualmente, quieren que las entidades bancarias garanticen la atención presencial en los servicios financieros bancarios a los consumidores y usuarios en situaciones de vulnerabilidad que lo demanden; que se modifique el concepto de cajero automático externo convirtiéndolo en un mecanismo "más humano y amigable" y que se incremente el personal de apoyo para ayudar a las personas con menos capacidades digitales a realizar las operaciones necesarias, entre otras.

Finalmente, la resolución del PSOE, aprobada con sus votos a pesar de la abstención de Cs y el voto en contra del PP, insta a las entidades financieras a que atiendan el acceso de toda la población de Castilla-La Mancha a servicios bancarios a través de oficinas, cajeros, agentes financieros, oficinas móviles, entre otros medios, con la finalidad de aportar soluciones a toda la ciudadanía.

También a promover acuerdos entre las administraciones públicas y las entidades financieras para implantar soluciones tecnológicas que faciliten al acceso a los servicios financieros a toda la ciudadanía, especialmente a las personas mayores. Al Gobierno regional le pide que inste a su vez al de España a solicitar a las entidades financieras que, en el menor tiempo posible, revisen los protocolos de atención a las personas mayores, estableciendo mecanismos más cercanos y personales.

CLM saca pecho por su gestión en carreteras y defiende que ha arrancado "compromisos" al Gobierno estatal

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado los avances que se han hecho junto con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en materia de infraestructuras, citando extremos que afectan a vías rápidas o regionales para justificar el trabajo realizado en las dos últimas legislaturas.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en un debate en las Cortes regionales donde ha destacado que Castilla-La Mancha ha conseguido "arrancar compromisos" como que en la A-32 haya obras licitadas; o como que la A-43 vaya a pasar por Puertollano y por Almadén.

También ha señalado que la R-2 se va a liberalizar "para seguir contribuyendo al desarrollo de todo el entorno del Corredor del Henares".

Asimismo, Hernando ha recordado que desde que el Gobierno de Emiliano García-Page llegó al poder, se han invertido 333 millones de euros en las carreteras de Castilla-La Mancha y se han rehabilitado 1.450 kilómetros de la Red Regional; mientras que con el Gobierno del PP "se invirtieron 82 millones y se arreglaron 271 kilómetros intervenidos".

El diputado de Cs Javier Sevilla ha lamentado las "pocas" inversiones en autovías, y las "menos aún" ejecuciones. Tal y como ha defendido, se puede exigir más a la gestión de este Gobierno.

Por parte del PP, María Roldán ha aseverado que, al hablar de autovías o inversiones, hay que dejar claro que en Castilla-La Mancha ambas cosas han sido "nulas". Así, ha puesto ejemplos de "titulares sencillos": "Siete años de Page en Castilla-La Mancha, cero euros para las autovías".

Desde el PSOE, Ángel Tomás Godoy ha defendido el trabajo del Gobierno de Castilla-La Mancha en este ámbito, recordando que muchas de las vías hoy a debate dependen también de los convenios con el Ministerio de Transportes.

RESOLUCIONES

En el transcurso del debate ha salido adelante la propuesta de resolución enunciada por el PSOE con sus únicos votos a favor y la abstención de Cs, una petición en virtud de la cual las Cortes regionales instan al Gobierno de España la ampliación de la A-43 apostando por el trazado sur para su paso por la comarca de Almadén; desarrollar el proyecto de la Autovía Toledo-Ciudad Real; el trazado de la Autovía de la Alcarria; apostar por la conexión Cuenca-Teruel con la ampliación de la A-40; y rematar esta vía uniendo por fin Ocaña con Toledo; así como iniciar las obras de construcción de los tramos que faltan de la A-32 entre Linares y Albacete.

El PP, de su lado, no ha conseguido apoyo para una propuesta de ocho puntos en los que reivindicaba, entre otros asuntos, ejecutar un proyecto de mejoras y nueva construcción de vías que apoyándose en el trazado de la futura A-43 ayude a interconectar los municipios de la comarca de Almadén; iniciar las obras en todos los tramos de la autovía A-32; poner en marcha de inmediato la construcción de la C-M45, Autovía del IV centenario, por considerarlo proyecto de interés estratégico regional; iniciar la Autovía de la Alcarria; y avanzar en el resto de proyectos

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos también ha elevado sugerencias similares a los dos anteriores grupos, pero tampoco ha recabado el apoyo suficiente de la Cámara. Los naranjas pedían iniciar la licitación y poder comenzar las obras de la autovía de la Alcarria; concluir la Autovía de Albacete-Cuenca; realizar la variante de la N-320 en Guadalajara; realizar la obra de desdoblamiento de la N-320 entre Guadalajara y A-1; realizar la circunvalación sur de Albacete; y realizar las obras de la duplicación de la carretera N-211 de Alcolea del Pinar a Monreal del Campo.

Las Cortes de CLM instan a realizar cambios normativos que prohíban espectáculos que denigran a personas con enanismo

Los tres grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una declaración institucional en la que instan a la realización de los cambios normativos pertinentes que lleven a prohibir los espectáculos públicos y privados que denigren a personas que sufren acondroplastia (enanismo).

El texto, leído por el presidente del Parlamento, Pablo Bellido, al inicio de la sesión plenaria, recuerda que la acondroplasia es una displasia ósea que afecta a la placa de crecimiento de los huesos y es causante de una serie de patologías y de una talla notablemente disminuida, y comúnmente designadas como enanismo.

Se intenta cumplir así con el mandato de las instituciones internacionales, rechazando cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad e instando a que se pongan en marcha, junto con los colectivos y entidades en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, un plan de formación e inserción laboral para que aquellas personas con enanismo que trabajan en espectáculos y actividades denigrantes puedan acceder a un empleo digno y decente.

Igualmente, la declaración solicita que las administraciones públicas desarrollen herramientas para sensibilizar y prestar apoyo a las personas con enanismo y sus familias.

El texto recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su clasificación internacional de las enfermedades, recoge el enanismo en las deficiencias musculoesqueléticas, dentro de las deficiencias de la cabeza y del tronco y, en concreto, en las deficiencias del físico.

En relación con la discriminación en España aún existen espectáculos que denigran y humillan la dignidad y los derechos fundamentales de las personas con enanismo y, por lo tanto, de las personas con discapacidad.

"Por ello, parece evidente que se incumple la normativa europea, como es la Estrategia Europea sobre Discapacidad (2010-2020), el Acta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea o la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación", explica.

Asimismo, se incumplen también varios artículos de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional y discapacidad, como el artículo 15.

Este incumplimiento de diversa normativa ha hecho que el Congreso de los Diputados, a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión de 26 de febrero de 2019, haya aprobado por unanimidad una declaración institucional en apoyo a las personas que sufren acondroplasia, similar a la aprobada este jueves en Castilla-La Mancha.

APOYO INSTITUCIONAL A LAS PERSONAS QUE SUFREN ACONDROPLASIA

(Texto aprobado)

La acondroplasia es una displasia ósea que afecta a la placa de crecimiento de los huesos y es causante de una serie de patologías de una talla notablemente disminuida, y comúnmente designadas como enanismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su clasificación internacional de las enfermedades, recoge el enanismo en las deficiencias musculoesqueléticas, dentro de las deficiencias de la cabeza y del tronco y, en concreto, en las deficiencias del físico.

En relación con la discriminación en España aún existen espectáculos que denigran y humillan la dignidad y los derechos fundamentales de las personas con enanismo y, por lo tanto, de las personas con discapacidad.

Por ello, parece evidente que se incumple la normativa europea, como es la Estrategia Europea sobre Discapacidad (2010-2020), el Acta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea o la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Asimismo, se incumplen también varios artículos de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional y discapacidad, como el artículo 15.

Este incumplimiento de diversa normativa ha hecho que el Congreso de los Diputados, a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión de 26 de febrero de 2019, haya aprobado por unanimidad una declaración institucional en apoyo a las personas que sufren acondroplasia.

En este sentido, las Cortes de Castilla-La Mancha, a través de los grupos parlamentarios que la componen, quieren sumarse a esta justa reivindicación aprobando las siguientes consideraciones finales:

1º. Instamos a que se realicen los cambios normativos pertinentes para impedir la celebración de espectáculos públicos y privados que denigren y humillen a las personas con enanismo y, de esta manera, se haga cumplir con el mandato de las instituciones internacionales.

2º. Rechazamos cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad.

3º. Instamos a que se pongan en marcha, junto con los colectivos y entidades en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, un plan de formación e inserción laboral para que aquellas personas con enanismo que trabajan en espectáculos y actividades denigrantes puedan acceder a un empleo digno y decente.

4º. Solicitamos que las administraciones públicas desarrollen herramientas para sensibilizar y prestar apoyo a las personas con enanismo y sus familias

PLENO DE LAS CORTES REGIONALES 17 DE FEBRERO DE 2022 

El pleno de las Cortes regionales debatirá y votará este jueves el Proyecto de Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, en una sesión con nueve puntos en el orden del día que incluye también el debate de una proposición de ley sobre ocupación ilegal y otros cuatro debates generales propuestos por los grupos parlamentarios.

La Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento autonómico se reunió el pasado lunes para fijar el orden del día y convocar sesión ordinaria este jueves día 17 a partir de las 10.00 horas, con una propuesta a los grupos para consensuar dos declaraciones institucionales sobre el sector de la lavanda y sobre la situación que viven las personas que sufren acondroplasia.

A continuación, el pleno abordará el Proyecto de Ley de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, tras su paso por la Comisión la semana pasada, donde fueron aprobadas una de las 25 enmiendas de Ciudadanos y otra de las 41 del Grupo Popular, sesión en la que fue designado ponente para defender el dictamen al diputado socialista Francisco Pérez Torrecilla, ha informado el Parlamento en un comunicado.

El siguiente asunto del orden del día consiste en el debate de una Proposición de Ley del Grupo Popular para el elevar al Gobierno de España un Proyecto de Ley para la prevención y evitación de la ocupación ilegal de viviendas, a la que seguirán cuatro debates generales propuestos por los tres grupos con representación en el Parlamento autonómico.

Serán los relativos al Pacto de Reactivación Económica y Empleo de Castilla-La Mancha, a iniciativa del Grupo Socialista; sobre el acceso digital a la administración y a las entidades bancarias por parte de las personas mayores de la región y sobre la ejecución de los Fondos Next Generatión en Castilla-La Mancha, en ambos casos a propuesta del Grupo de Ciudadanos; y sobre la situación de las inversiones en autovías, impulsado por el Grupo Popular.

Cerrará la sesión en el noveno punto la formulación de cuatro preguntas orales al gobierno por parte de los grupos de la oposición, relativas a cuidados paliativos pediátricos, por parte de Cs, y de la situación de la atención primaria en Albacete, de regalos recibidos por la Consejería de Sanidad y de la situación de la Atención Hospitalaria en la Gerencia de Toledo, por parte del PP.