La declaración de dos ex altos cargos de CLM estrenará el macrojuicio del fuego de la planta de Chiloeches

El macrojuicio por el incendio originado en agosto de 2016 en una planta de tratamiento de residuos peligrosos de Chiloeches (Guadalajara) ha arrancado este lunes con las cuestiones previas y será este martes cuando empiecen los interrogatorios a varios exaltos cargos, concretamente al director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, Miguel Ángel Yuste; y al director general de Evaluación Ambiental entre 2009 y 2011, Carlos José Blázquez Orodea.

Está previsto que se sienten en el banquillo 21 acusados (18 particulares y tres empresas) y, en principio, ha fijado en 53 las sesiones a celebrar hasta mediados de diciembre.

La vista oral se iniciaba cerca de las 9.30 horas en una sala habilitada especialmente para esta compleja vista en los antiguos juzgados de Guadalajara, en la que también se han tenido en cuenta las normas Covid y donde los letrados han estado sentados en pupitres individuales y, por detrás, los acusados.

Para los dos ex altos cargos que declaran este martes, el Ministerio Público los considera autores de un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental y ha pedido para ellos penas que llegan hasta los tres años de cárcel y 13 de inhabilitación.

Entre los encausados también se encuentran las empresas Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina, y otros ex altos cargos y cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre los que se encuentra el exviceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González (PSOE), y por otro lado, el exalcalde de Chiloeches, César Urrea (PP).

Un juicio que llega cinco años depués de originarse un incendio que ha sacado a la luz el supuesto reciclado inadecuado de residuos peligrosos con escombros que no lo eran y en cuya primera vista, que concluía cerca de las 13.00 horas, el magistrado de la Sala de la Audiencia Provincia, José Aurelio Navarro Guillén, no ha visto ningún inconveniente en admitir las alegaciones previas presentadas por varios letrados para que los acusados puedan ausentarse de la sala, salvo la obligación de acudir el último día, con motivo del derecho a la última palabra.

También se ha aceptado otra petición compartida por varios de los letrados como es el hecho de que, ante la prolongación de la vista durante casi tres meses, se les otorgue la posibilidad de que un abogado pueda ser sustituido por otro de su despacho en alguna ocasión.

En lo concerniente a las pruebas documentales, se han admitido todas las que se han presentado; sin embargo, sobre la petición de una de las partes para que no se tuviera en cuenta una prueba audiovisual realizada por un detective privado con anterioridad al incendio en la nave que ardió el 26 de agosto, el presidente de la sala ha señalado "son cuestiones que se valorarán en el juicio" para ver si tienen o no eficacia jurídica y naturaleza probatoria.

En la sala, el letrado que representa a Altamira, la empresa inmobiliaria que ejecutó las hipotecas que tenía sobre el terreno y se lo quedó, ha reclamado el dinero que han tenido que gastar --casi millón y medio de euros-- en la descontaminación de la parcela tras una petición de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una cantidad que ahora reclaman, al igual que han solicitado a la Audiencia instrucciones para ver cuál debe ser su actuación ahora con relación a la descontaminación del subsuelo, algo que resolverá en la pieza separada de responsabilidad civil.

Altamira está en este juicio como actor civil, una figura que no acusa pero que si se ha personado para reclamar los daños que ha sufrido como consecuencia de estos hechos. El magistrado que ha presidido la Sala ha terminado la sesión pidiendo "calma y paciencia" a todos alas partes entendiendo la complejidad del proceso.

SE REABREN LOS ANTIGUOS JUZGADOS

Los antiguos juzgados de Guadalajara --que llevan cerrados desde abril-- reabrirán sus puertas el 20 de septiembre para acoger el juicio por el incendio de la planta de reciclaje de residuos de Chiloeches debido al gran volumen de personas que participarán en el mismo. Las sesiones del juicio se desarrollarán de lunes a jueves, ambos inclusive, en sesiones de mañana.

Fue en junio de 2020 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara decretaba la apertura de juicio oral contra un total de 21 acusados --18 personas físicas y tres jurídicas--, a quienes en algunos casos por parte de la Fiscalía se les reclaman penas de hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación, al tiempo que les hacen responsables civilmente de gastos de casi 15 millones de euros.

Por un lado, se juzgará a 11 acusados y a las entidades Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina por la gestión, almacenamiento y transporte ilegal de residuos peligrosos que se saldaron con el incendio --probablemente intencionado según la Guardia Civil-- de la nave almacenadora en agosto de 2016.

A estos 11 acusados se les considera autores de una gestión, transporte y tratamiento ilegal de residuos peligrosos y no peligrosos, para lo cual participaron de forma concertada en un grupo criminal que acabó con un vertido incontrolado de estos residuos, acompañado de falsificación de documentos para amparar el desvío.

De otro lado, seis ex altos cargos de la Junta están acusados de un delito de prevaricación medioambiental continuada, por los que les piden penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación.

Entre las peticiones de pena se encuentra el exalcalde de la localidad, César Urrea, a quien la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación y cinco de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.

GRUPO CRIMINAL, FALSEDAD Y DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

La Fiscalía considera probado que se han cometido delitos, además de prevaricación medioambiental, de participación en grupo criminal, delitos agravados de gestión peligrosa de residuos y de explotación de instalaciones peligrosas, delitos contra el medio ambiente y falsedad en documento mercantil.

Tras años de irregularidades en todo lo relativo al trabajo desarrollado en la planta, la Fiscalía considera probado que en abril de 2016 dos de los acusados acordaron dejar en las instalaciones unas 15.000 toneladas sin especificar ni distinguir entre residuos peligrosos y no peligrosos a cambio de 300.000 euros pagaderos por Grupo Layna.

Entre el 6 de abril y el 17 de junio, fecha en que se produjo la clausura de las instalaciones por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, se siguió adelante con la recepción de residuos peligrosos y no peligrosos, aumentando así la ya manifiesta acumulación y almacenamiento de dichos residuos en las instalaciones.

Con fecha 6 de junio de 2016 y con el cambio de los miembros de la Corporación Local como consecuencia de las elecciones municipales de mayo de 2015, el nuevo alcalde electo constató la explotación de las instalaciones en Chiloeches "al margen de toda legalidad" por Kuk y Grupo Layna.

Tras la inspección se propuso la clausura inmediata de la nave, toda vez que se constató que en el interior de la misma, la saturación de los residuos almacenados alcanzaba prácticamente el techo; en el exterior, el almacenamiento de los residuos ocupaba las vías de circulación de los vehículos llegando casi a la puerta de acceso; y se impedía la circulación adecuada de los vehículos de extinción de incendios haciendo ineficaces los eventuales medios de extinción en caso de accidente.

"UN CAOS"

El 20 de junio se inspeccionaron las instalaciones por el Servicio de Medio Ambiente, que constató que las instalaciones "eran un auténtico caos". Se apreció almacenamiento masivo a la intemperie de residuos peligrosos y en lugares de pavimento no impermeabilizados, falta de etiquetado en recipientes de residuos peligrosos, escapes de residuos peligrosos en envases deteriorados, vertidos de residuos peligrosos de las balsas de retención que se encontraban colmadas directamente a un barranco donde discurre un cauce y mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos. Además, se detectan vertidos al barranco de Los Chorrillos.

El 7 de julio, la UCOMA, dentro de una investigación penal de la Fiscalía de Madrid, tomó ocho muestras en el entorno de la nave que acreditaron altas concentraciones de metales pesados de carácter tóxico, concretamente plomo, zinc, cromo, arsénico y cadmio.

En el exterior de las instalaciones se concluye la existencia de un proceso de emisión de contaminantes líquidos desde el interior de la planta al Barranco de Los Chorrillos estableciendo una gradiente de contaminación generando afecciones significativas para los ecosistemas y para la salud de las personas.

Pero el 11 de julio se constató que cinco de los acusados mantuvieron la recogida de residuos en la planta pese a su clausura en el mes anterior, por lo que se inició una inspección cuatro días después en la que se detectó el empeoramiento del estado de las instalaciones.

El estado y las condiciones del acopio de residuos en estos momentos supuso el incremento del riesgo hasta su materialización en el incendio de las instalaciones sobre las 4.49 horas del día 26 de agosto de 2016 de causa y fuente de ignición indeterminadas en el interior de la planta, si bien como hipótesis más probable se concluyó por el Departamento de Incendios del Laboratorio de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid que se trató de un incendio provocado de forma intencionada.

Se tuvo que desplazar la UME, se trabajó durante seis días con centenares de efectivos y se constataron durante la combustión altos niveles de contaminación derivadas de las llamas.

El auto de apertura de juicio señala provisionalmente como responsabilidad civil la cantidad de 14.920.912,82 euros, los cuales desgrana por conceptos como la intervención de UME y bomberos o los múltiples daños medioambientales y los gastos de limpieza.

PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA MEDIOAMBIENTAL DE CARGOS PÚBLICOS

El Ministerio Público también pide enjuiciar a varios altos cargos, considerados autores de un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental. Piden penas que llegan hasta los tres años de cárcel y 13 de inhabilitación para el director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, Miguel Ángel Yuste; Carlos José Blázquez Orodea, director general de Evaluación Ambiental entre 2009 y 2011; y Matilde Basarán Conde, directora general de Calidad e Impacto ambiental entre 2011 y 2015.

También para Olga Villegas Sánchez, jefa de Servicio de Control de Calidad entre 2013 y 2018; y José María Michelena, jefe del Servicio de Medio Ambiente Industrial y, sucesivamente, Jefe de Servicio de Prevención e Impacto Ambiental; además de para Sergio David González Egido, delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara entre 2004 y 2008 y viceconsejero de Medio Ambiente posteriormente.

El último de los cargos públicos a enjuiciar es el exalcalde de la localidad César Urrea, a quien la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación y cinco de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.