España contará a partir del miércoles con 550 nuevos kilómetros libres de peajes

El miércoles 1 de septiembre, a partir de las 00.00 horas, todos los peajes que hay actualmente entre Zaragoza y la costa Mediterránea y entre Francia y Tarragona, así como otros tramos que también discurren por Cataluña, tendrán que levantar sus barreras y pasarán a ser gratuitos para todos los usuarios.

Se trata, en total, de algo más de 550 kilómetros por los que un turismo paga ahora en torno a 58 euros para recorrerlos, un dinero que los conductores se ahorrarán a partir de ahora, al menos hasta que un nuevo sistema de peajes sea implementado en toda España, como planea el Gobierno hacer en 2024.

Sin embargo, en contra de estos planes orientados a reducir el déficit de 9.000 millones de euros que acumulan las carreteras españolas, desde 2018 el Gobierno ya ha liberado de peajes 652 kilómetros de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, de la AP-7 entre Alicante y Tarragona y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz.

En esta ocasión, se trata del tramo de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell, en la provincia de Tarragona, y del tramo de la AP-7 entre la frontera francesa y la ciudad de Tarragona. En total, 477 kilómetros. Por el primer enlace, un turismo paga 25,95 euros y por el segundo, 25,75 euros.

La eliminación de estos peajes no solo favorecerá a la población catalana y aragonesa, sino a todos los habitantes del Norte, Centro y Oeste peninsular que se dirijan a Barcelona o a hacer turismo en la Costa Brava o Dorada, con destinos tan populares como Salou. Así, por ejemplo, todo el tramo entre Madrid y Barcelona será gratuito.

A estos enlaces se suman los tres que gestiona Cataluña y que la Generalitat ya ha confirmado que también levantará sus peajes este miércoles: el tramo norte de la C-32 entre Barcelona y Lloret de Mar (70 kilómetros por 5 euros) y la C-33 entre la Ciudad Condal y Montmeló (14 kilómetros por 1,7 euros).

MÁS GASTO PÚBLICO

Para las dos carreteras de titularidad estatal, la AP-7 y la AP-2, el Gobierno gastará hasta 627 millones de euros en sendos contratos de conservación viaria y en la explotación de las vías de servicio, mientras que la Generalitat destinará 23,7 millones durante los próximos cuatro años solo en garantizar la seguridad vial de estas carreteras.

Estos importes seguirán engordando el amplio déficit de 9.000 millones de euros que ya existe en la conservación de carreteras, ya que la concesionaria, en este caso Abertis (compañía controlada por la italiana Atlantia y la ACS de Florentino Pérez), se encargaba de todo ello con los ingresos procedentes de los peajes.

En 2019, antes de la pandemia, en torno a 13.000 vehículos circulaban diariamente por este tramo de la AP-2 y alrededor de 50.000 en la AP-7 entre Francia y Tarragona, según datos del Ministerio de Transportes. Con la gratuidad, se prevé que esta movilidad se dispare, con el consiguiente efecto que provocará en el desgaste de la vía.

Solo por la AP-7, el Gobierno ya ha calculado que habrá que pagar casi 1.300 millones a la compañía en forma de compensación por revertirla al Estado, ya que se entrega con todas las inversiones realizadas necesarias para su uso.

Además, Abertis ya ha anunciado el despido mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 348 trabajadores vinculados a todas las autopistas que dejarán de ser de pago, ya que su trabajo está vinculado al peaje y a los servicios centrales y de soporte.

1.500 KM CON PEAJES

En total, la red de carreteras estatal está compuesta por 12.035 kilómetros de autovías y autopistas --sin contar las administradas por ciertas Comunidades--, de los que 1.991 son de pago. En septiembre, esta cifra descenderá a tan solo 1.514 kilómetros: la AP-7 en Alicante y Murcia y en Málaga, la AP-9 y AP-53 en Galicia, la AP-46 en Málaga, la AP-51 y AP-6 en Ávila y Segovia, la AP-66 y AP-71 en León y la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza.

Esta última, conocida como Autopista del Ebro, será la siguiente cuya concesión vencerá, aunque no será hasta noviembre de 2026.

En los 1.514 kilómetros se contabilizan otras 9 autopistas, que quebraron en la crisis y fueron rescatadas por el Estado: las cuatro radiales madrileñas, la M-12 que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la M-41 que enlaza Madrid y Toledo, la AP-36 entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete), el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de Alicante. Suman 700 kilómetros.

A todas estas vías de pago se suman dos autopistas gallegas (AG-55 y AG-57), dos vascas (AP-1 y AP-8), una navarra (AP-15) y una catalana (C-33 Sur), que, al no ser gestionadas por el Estado, no cuentan dentro de los 1.514 kilómetros.