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La fecha del 18 de julio nos recuerda al golpe de estado militar, fascista y clerical; apoyado por el sector africanista de las fuerzas armadas y otros reductos ultraconservadores; por la iglesia católica, muy reaccionaria y poseedora de inmensas propiedades -que veía reducir su influencia ideológica histórica sobre enormes masas de sectores populares-; por la gran burguesía del capitalismo incipiente, y por los terratenientes rurales asustados por la reforma agraria y las nacionalizaciones que venía aplicando el Frente Popular.
El golpe fue financiado por sectores del capitalismo nacional e internacional. Juan March fue uno de los principales financiadores. El triunfo de Hitler en Alemania y antes el de Mussolini en Italia con su anticomunismo militante y armado había definido dos bandos enfrentados con dos sistemas económicos, políticos y sociales, antagónicos. La lucha de clases había alcanzado en toda Europa niveles de enfrentamiento.
En líneas generales los sectores obreros, sindicales y del campesinado, mayoritariamente jornaleros, y una parte de la pequeña burguesía republicana que veía en la república el reconocimiento de los derechos democráticos, sociales, jurídicos, electorales, políticos y culturales -tanto tiempo postergados y perseguidos- defendieron a una República que había consolidado algunos derechos básicos: educación, libertad de cultos, de pensamiento, exclusión de privilegios, garantías de los derechos personales y colectivos, sindical, de huelga, reforma agraria, divorcio, derecho de sufragio activo a las mujeres, laicismo del estado y no dependencia exterior de las órdenes religiosas, posibilidad de nacionalización por interés social, eliminación parcial de las jurisdicciones especiales, como la de la Iglesia y, en cierto modo, la jurisdicción militar.
En las elecciones de febrero de 1936, el Frente Popular, que agrupaba a los partidos republicanos, el partido socialista, el partido comunista y a los diferentes sectores anarquistas, que finalmente rompieron su consigna histórica de no votar ante el avance del fascismo civil representado por la CEDA y la derecha reaccionaria liderada por Calvo Sotelo, ganaron las elecciones. Una de las promesas electorales fue la de la libertad de los presos políticos, fundamentalmente los encarcelados y condenados durante la revolución de Asturias. A partir de ese momento se iniciaron los preparativos del golpe.
La lucha de clases enfrentadas había adquirido ya un nivel de antagonismo y un escenario que hacía imposible que la legalidad republicana evitase el enfrentamiento. En primer lugar, las fuerzas políticas que apoyan la reacción y la sumisión de los trabajadores y el retorno de los viejos valores se alinean a favor del golpe militar al que apoyan grupos industriales y financieros, terratenientes y grandes arrendatarios rurales, pequeños campesinos propietarios que temen las colectivizaciones o el reparto de tierras; y la Iglesia que unifica en parte el sistema de valores sociales en los que se justifica el golpe.
En segundo lugar se agrupaban en la defensa de la República democrática las clases trabajadoras, los partidos republicanos, y una parte de las clases medias que habían encontrado en la República un camino hacia la garantía de los derechos y la lucha contra los privilegios.
La extrema violencia con la que se planteaba el golpe puede deducirse del Bando con el que el General Mola -“el Director”- estableció la naturaleza represiva y genocida del mismo. Su “bando de guerra”, al que ajustarían su actuación todos los mandos militares y civiles que apoyarían el golpe militar establecía medidas tales como suspensión de derechos, toque de queda, prohibición de reuniones de más de tres personas, persecución de quienes falten a su trabajo, militarización de todos los funcionarios, consejos de guerra sumarísimos y ejecución en 3 horas de los infractores, etc.
El golpe del 18 de julio fue resistido por el pueblo a pesar de que muchas autoridades republicanas se negaron a armarle contra las unidades militares sublevadas. No obstante, el pueblo se armó y asaltó o cercó algunos cuarteles y derrotó a los golpistas en las ciudades más importantes: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, la cuenca minera. Una parte considerable de la armada, la aviación, la guardia de asalto y en lugares como Barcelona, la guardia civil se mantuvo fiel al gobierno republicano. También lo hizo una parte del ejército, en el que algunas cosas habían cambiado en sectores que continuaron fieles a la República.
El terror que había predicado Mola en su bando de guerra se aplicó a rajatabla. Las ejecuciones sumarias incluyeron a todas las autoridades republicanas, a quienes habían pertenecido a organizaciones obreras y también a los que eran asesinados en los “paseos” que realizaban los falangistas y los requetés. Los considerados simpatizantes eran fusilados o ejecutados también. En Badajoz, el general Yagüe, falangista, dio carta blanca a sus tropas africanas y a sus legionarios para que asesinasen sin límites, violasen a las mujeres y matasen a los niños.
Queipo de Llano, desde Sevilla, dónde ejecutó a unas 17.000 personas, pedía en alocuciones por radio que las mujeres rojas fuesen violadas. Sus llamadas eran propias de un sádico y un violador: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen”.
La república no pudo evitar que el ejército colonial de Marruecos fuese trasladado a la Península y que el golpe se convirtiese en una larga guerra del gobierno republicano contra las clases capitalistas y los terratenientes. Entonces, es el general Franco quien asume la represión y la autoriza sin ningún límite a los desmanes de sus tropas militares y paramilitares.
El golpe, al fracasar en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Málaga, se convirtió en una guerra civil una vez Franco consiguió financiación económica ilimitada de financieros como el banquero y contrabandista Juan March, que empujó a los militares a la conspiración y después les proporcionó dinero rápido para pagar las armas que llegaron desde la Italia fascista y la Alemania nazi. Estos estados le proporcionaron después armas más modernas, aunque las cobraron más tarde.
Después de cuarenta años de terror franquista, la llamada Transición ha estado caracterizada por amenazas militares continuas. Vivimos en un país en el que la subordinación del poder militar al civil es constitucionalmente imposible. El Jefe del Estado (reyes Juan Carlos I o Felipe VI) ejerce a su vez como mando real de unas fuerzas armadas (FAS) en las que no sobran convicciones democráticas. Ellos mismos no son elegibles y gozan de impunidad.
Ha habido una secuencia de conspiraciones militares para dar un golpe de Estado, en la mayoría de los casos, mal resueltas, ocultadas o tergiversadas con intención de aparentar normalidad y “control democrático” de los militares ante la opinión pública:
En el caso del 23F, fue el propio rey Juan Carlos I quien conspiró con algunos mandos militares para contener las conquistas democráticas y forzar el ingreso inmediato en la OTAN. A ello se añadirían, en 1986, el cambio de opinión de un PSOE presionado por la administración de los EEUU y por la socialdemocracia alemana, las presiones mediáticas (el nuevo gran poder) y las amenazas irresistibles (entre ellas, la probabilidad de otra guerra civil si el pueblo rehusaba aceptar la integración), para imponer una tramposa anexión a la OTAN con una pregunta sobre las condiciones de esa integración totalmente engañosa.
Todo ello, sin contar las continuas “presiones irresistibles” (conocidas o desconocidas) ejercidas desde los cuarteles sobre las autoridades civiles (Gobierno y Parlamento), entre ellas, las “encuestas de opinión” realizadas en los ochenta entre cuadros militares para evaluar su disposición a apoyar una intervención militar en el País Vasco o las presiones militares para impedir el ejercicio de derechos democráticos en relación con la autonomía de Cataluña, en época reciente.
La consolidación de España como socio de la OTAN ha atemperado las pulsiones golpistas en el seno de las FAS, al tiempo que crecía la confianza de los militares en la defensa compartida del “orden” capitalista y sus mandos sucumbían a los señuelos de la modernización y la mejora de sus condiciones profesionales. Todo ello, sin el más mínimo escrúpulo sobre la entrega de soberanía, la colaboración en guerras ajenas, los riesgos inherentes a su participación o los desorbitados gastos militares incurridos.
Como consecuencia de todo ello, España ha participado en casi todas las intervenciones imperialistas de Estados Unidos, que siempre se han realizado contra los pueblos y países empobrecidos o de los que Washington quiere saquear sus recursos o someter a sus designios.
Los parecidos con el ciclo histórico que condujo al 18 de julio, que hoy recordamos, son para nosotros evidentes. Encadenamos crisis económicas con efectos catastróficos, económicos, sociales, políticos y medioambientales, en un país enormemente desigual, con una monarquía corrupta, una explotación de los trabajadores y trabajadoras creciente, con una solidaridad que no implica nunca a los “otros” y cuyos derechos básicos se han convertido en una fábula dolorosa. Las mujeres, fundamentalmente, sufren de una violencia extrema, laboral, física y social.
Nuevamente, el ascenso de la ultraderecha como último recurso del capital para sostener su dominio cuando el orden jurídico-político liberal colapsa, aparece en el horizonte como una terrible amenaza. Hoy cuentan ya con 52 diputados de Vox en el Congreso (además de incontables, de convicciones franquistas, agazapados en el principal partido de la derecha, el PP). Su implantación entre los militares se refleja en la distribución geográfica de los resultados electorales por distritos; cuentan entre sus cuadros a varios ex-altos mandos y sus llamamientos a los militares para que ‘arreglen’ las cosas por la vía expeditiva son continuos.
Mientras tanto, los sucesivos gobiernos de la “transición” han tolerado el cultivo de los valores fascistas entre sus componentes, que explotan hoy ante una sociedad desarmada y perpleja en forma de adhesión multitudinaria a un manifiesto de desagravio a la figura del dictador.
Este 18 de julio tendremos mucho que reflexionar sobre aquella fatídica fecha del 1936 y que todavía es celebrada y añorada en buen número de acuartelamientos militares o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
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