El juez prohíbe a José Luis Moreno salir del país mientras los peritos comprueban su fianza hipotecaria

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha impuesto al productor audiovisual José Luis Moreno una serie de medidas cautelares --obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país-- mientras los peritos comprueban si el aval hipotecario que presentó cubre los 3 millones de euros de la fianza que se le impuso en el marco de las pesquisas de la 'Operación Titella'.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, mientras dure el trámite de tasación de la fianza hipotecaria, Moreno tendrá que acudir cada semana al juzgado más cercano a su domicilio o a la propia Audiencia Nacional, se le retira el pasaporte y tiene prohibido abandonar el territorio nacional.

Los demás implicados en esta presunta estafa ya han pagado la fianza dictada para cada uno --bien con aval bancario, bien en metálico--, a excepción de Antonio José Salazar, que también ha presentado fianza hipotecaria y se encuentra inmerso en el mismo trámite que Moreno.

El ventrílocuo, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica, fue detenido hace dos semanas en una macrooperación que terminó con 47 detenidos y registros en viviendas y empresas por una presunta estafa de 50 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional dejó en libertad a Moreno pero le indicó que debía pagar --también con aval bancario o en metálico-- una fianza de 3 millones de euros para evitar su ingreso en prisión provisional.

El productor recurrió, consiguiendo que el juez le permitiera otra modalidad: la fianza hipotecaria, la cual implica que debe respaldar mediante hipoteca el doble de la cantidad que se le había señalado inicialmente, de modo que en lugar de avalar 3 millones tienen que ser 6 millones.

Moreno depositó el aval hipotecario el último día, el 8 de julio, a apenas una hora de que se extinguiera el plazo señalado por el instructor, que eran las 15.00 horas. Ahora, los peritos comprueban que cubre la fianza requerida.

LA 'OPERACIÓN TITELLA'

La investigación comenzó en el año 2018 a raíz de varias denuncias de bancos en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria la trama había conseguido defraudar más de un 1,3 millones de euros.

El magistrado apuntó, en la resolución donde ordenó dichos registros, a la existencia de "una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades, desde el fraude y la estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la fabricación de efectos bancarios como cheques y pagarés".

"Ligada directamente" a esta organización criminal habría otra supuestamente liderada por Carlos José Brambilla y dedicada al tráfico internacional de drogas. Esta segunda usaría a la primera para blanquear el dinero obtenido del 'narco' a través de un intermediario que el magistrado identificó como Gerardo Mauricio García Quintero.

Moreno y Antonio Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Para el juez, "queda más que demostrado el enriquecimiento personal del productor, a la vista de las numerosas transferencias que se envían a sus cuentas personales". Su operativa estaría enfocada a inversores privados y a repatriar el dinero desde el extranjero por transferencia bancaria utilizando para ello empresas interpuestas con sede en Madrid y Marbella, movimientos que después justificaría con "facturas falsas de alquileres, gastos y prestación de servicios".

GRANDES CANTIDADES DE EFECTIVO

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aquilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.

El juez calculó que movían cerca de un millón de euros cada 15 o 20 días. En este sentido, destacó que, solo en una de estas maniobras, Moreno habría logrado captar 31 millones de euros con el pretexto de un proyecto cinematográfico.

Al instructor le llamó la atención que para conseguir sus fines recurrían a "cualquier operativa bancaria que les pudiera proporcionar beneficios económicos". Así, resalta que actualmente se estarían aprovechando de los créditos ICO que se están concediendo por la pandemia de coronavirus, "dado que dicen que son más fáciles de conseguir y que las entidades bancarias están deseando concederlos".

Toda esta dinámica fraudulenta, expuso Ismael Moreno, no habría sido posible sin la ayuda de terceras personas, entre las que menciona a abogados, gestores, empleados de banca y "personas de su especial confianza". Los investigadores de la 'Operación Titella' creen que la organización contaba con más de 700 mercantiles.