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El volumen de negocio de los establecimientos de peluquería y estética en España cerró 2022 con un incremento situado en torno al 11% respecto a 2021, lo que permitió alcanzar los 4.500 millones de euros, por encima ya de la cifra de 2019, según los datos provisionales para el sector del Observatorio Sectorial DBK de Informa.
En concreto, la facturación total de los establecimientos de peluquería y centros de estética registró en 2021 un fuerte crecimiento, en un contexto de recuperación de la actividad social y económica tras las restricciones sanitarias impuestas en el ejercicio anterior por la pandemia.
Las ventas totales del sector el pasado ejercicio se situaron en 4.050 millones de euros, correspondiendo el 77% del negocio a los salones de peluquería y el 23% restante a los centros de estética.
De esta forma, las peluquerías registraron unos ingresos de 3.125 millones de euros con un crecimiento del 25% con respecto al ejercicio anterior, año en el que habían caído un 24%.
Por su parte, los centros de estética experimentaron una evolución algo más positiva al crecer en torno a un 28%, llegando a alcanzar una cifra de ingresos de 925 millones de euros.
El informe muestra que los locales pertenecientes a cadenas generaron unos ingresos de 775 millones de euros, lo que supuso en torno al 19% del negocio total. Esta participación ascendió hasta el 32% en el caso de los centros de estética, frente a la participación del 15% registrada en el caso de los establecimientos de peluquería.
El número de establecimientos de peluquería y estética se situó en 72.300 en 2021, correspondiendo unos 50.000 a salones de peluquería y los 22.300 restantes a centros de estética. La mayor parte de los establecimientos son independientes, de manera que solo el 8%, es decir, unos 5.600, se encuentran integrados en cadenas.
Las cuotas de mercado de los principales operadores reflejan la alta fragmentación de la oferta. Así, las cinco primeras cadenas reunieron en 2021 solo el 5,4% del valor total del mercado, participación que se elevó solo hasta el 7,7% al considerar a las diez primeras.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha señalado la importancia que tiene la Formación Profesional para el futuro de los jóvenes, en un contexto en el que hay exceso de licenciados universitarios. "Ya no caben más abogados, como salga un licenciado más se va a caer al mar".
Nicolás ha participado en la mesa 'Una mirada para el empleo desde el diálogo social' en el marco de la Universidad Pyme, junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa; y la secretaria de Formación y Proyectos de UGT, Begoña Díaz.
A su entender, hay que "convencer a los padres" de que no siempre la mejor opción es que sus hijos estudien una carrera universitaria --aunque "todos queramos" que vayan a la universidad--, ya que la Formación Profesional "es una salida magnífica" y es lo que las empresas de Castilla-La Mancha están necesitando, ha afirmado Nicolás.
"No encontramos fontaneros, electricistas, tenemos que ir a otro modelo de cualificación", ha incidido el presidente de la patronal, añadiendo que hay que desterrar la idea de que quien opta por la FP "es que no vale para estudiar".
BECARIOS Y CONTRATOS EN PRÁCTICAS
Asimismo, ha señalado que en Castilla-La Mancha "cuesta un montón firmar convenios con empresas para contratos en prácticas", puesto que el 99 por ciento de ellas son pymes, y en este tipo de empresas, "un becario entorpece la marcha de las mismas, porque van a todo carajo sacao".
Nicolás ha señalado que "es muy fácil" establecer este tipo de contratos en grandes empresas --ha citado como ejemplo a Airbus--, pero no lo es tanto que se fragüen dichos contratos en un "taller de cerrajería de Consuegra".
No obstante, el presidente de la patronal regional, en un mensaje dirigido a los jóvenes, ha abogado por "más actitud", por encima de la formación y la aptitud. Así, ha rechazado los "trabajadores zombis", que tienen "mucho currículo y mucha formación".
CCOO ABOGA POR LA EXCELENCIA COLECTIVA
Por su lado, Paco de la Rosa ha abogado por fomentar la excelencia desde el esfuerzo colectivo. "Nunca haremos que una sociedad tenga un estándar si perseguimos la excelencia, no hay que ser el mejor, hay que aportar para que nuestra generación sea la mejor", ha afirmado.
El líder regional de CCOO ha reclamado que el Gobierno regional tiene que facilitar una formación "completa, gratuita y universal para todos" que sirva para enriquecerse de formar colectivamente y no solo en la individualidad.
En este punto, ha deseado que la llamada 'Generación Z' pueda tener sus propios instrumentos colectivos para hacer su propio futuro y decir que viven mejor que sus padres.
Asimismo, ha rechazado que la idea de convertirse en "trabajadores llanos", que conciben el trabajo como "un medio para vivir", no tiene por que relacionarse con la idea de "zombis laborales".
De su parte, Begoña Díaz, desde UGT, ha apostado por la profesionalización de los jóvenes y ha animado a que se acerquen al sindicato para saber qué papel desempeña en este reto, pues en la actualidad su labor se basa, en gran medida, en la orientación y en el asesoramiento a este colectivo.
Asimismo, la consejera de Empleo ha destacado que desde la llegada al Gobierno en 2015 mas de 48.000 jóvenes son los que han podido participar de alguna de las iniciativas puestas en marcha por la Junta con ayuda de los agentes sociales, al tiempo que ha destacado que han sido 29.000 jóvenes en el ámbito de la FP los que se han podido formar.
El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió una media del 2,4% en 2022, por debajo de lo que lo hizo en 2021, año atípico tras la vuelta a la normalidad por el fin de las restricciones frente a la pandemia, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, con el avance de 2022, la producción industrial encadena dos años consecutivos de crecimientos tras el repunte del 7,1% registrado en 2021 y frente al desplome del 9,2% que sufrió en 2020 por la irrupción del Covid.
Exceptuando 2021, el incremento del 2,4% en la producción del sector industrial que se registró en 2022 es el más elevado desde el ejercicio 2017, cuando subió una media del 2,9%.
En 2022 todos los sectores elevaron su producción, menos los bienes intermedios, que la recortaron un 1,9%. Los ascensos más significativos se dieron en los bienes de equipo (+5,8%) y en la energía (+4,1%), seguidos de los bienes de consumo no duradero (+3,5%) y de los bienes de consumo duradero (+2,7%).
Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 2,9% en 2022, con repuntes en todos los sectores, menos en los bienes intermedios (-1,6%). El mayor aumento se lo anotaron los bienes de equipo, donde la producción subió una media del 6,5% en 2022.
En el último mes de 2022, la producción industrial se desplomó un 3,4% respecto a diciembre del año anterior, registrando así su segundo retroceso interanual consecutivo y el más pronunciado desde febrero de 2021, cuando bajó un 3,6%.
En términos mensuales (diciembre de 2022 sobre noviembre del mismo año) y dentro de la serie corregida, la producción industrial aumentó un 0,8% tras tres meses consecutivos de caídas. El de diciembre de 2022 es su mayor repunte mensual desde junio de 2022, cuando la producción del sector industrial creció un 1,1%.
Los sueldos de la industria cárnica española se incrementarán retroactivamente un 8,95% a partir del 1 de enero de este año en cumplimiento con el convenio del sector, ha informado Comisiones Obreras este lunes tras la firma de las nuevas tablas salariales.
El sindicato ha destacado que, con la medida, se beneficiarán 110.000 trabajadores y que con la subida del salario base este rondará ahora la media de 2.000 euros al año. Este incremento salarial lo notarán más aquellos trabajadores que tengan pluses del convenio (productividad, nocturnidad, bolsa de vacaciones...)
De esta forma, Comisiones Obreras ha reseñado que la mejora de las nóminas posibilitará que los empleados hagan frente a la subida de las hipotecas y a la inflación.
La confianza del consumidor subió 4,9 puntos en enero respecto al mes anterior, hasta situarse en 73 puntos, su cifra más alta desde mayo de 2022, cuando este indicador alcanzó los 76 puntos.
Con el repunte de enero, la confianza del consumidor encadena tres meses consecutivos de ascensos, según ha informado este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El avance de la confianza de los consumidores en el primer mes del año se debe a la subida del indicador de situación actual en 4,1 puntos, hasta los 60,2 puntos, así como al repunte del indicador de expectativas en 5,8 puntos, hasta cerrar el mes en 85,8 puntos.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) recoge mensualmente la evaluación de la evolución reciente y las expectativas de los consumidores españoles relacionadas con la economía familiar y el empleo, con el objetivo de anticipar sus decisiones de consumo. El indicador recoge valores de entre 0 y 200, considerándose que por encima de 100 la percepción es positiva y por debajo, negativa.
El Banco de España estima que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vinculado al programa europeo 'Next Generation EU', que aportará a España unos 69.500 millones de euros, tendrá un impacto directo sobre el nivel del PIB del 1,15% en promedio anual en un horizonte de cinco años, que podría elevarse al 1,75% al tener en cuenta los "efectos de arrastre" entre sectores.
Así lo pone de manifiesto el Banco de España en su artículo 'El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su impacto macroeconómico desde una perspectiva sectorial', donde precisa que una interacción "especialmente relevante" resultante de las ganancias en productividad de aquellos sectores receptores directos de fondos, al ser proveedores de insumos intermedios y de bienes de capital, redundaría en ganancias para sus sectores clientes.
La autoridad monetaria indica que los efectos estimados son "heterogéneos" entre ramas de actividad, cuyos sectores más beneficiados por los fondos UE serán los vinculados al proceso de digitalización (información y comunicación o servicios profesionales y técnicos), así como el sector de la construcción, debido a las inversiones en infraestructuras relacionadas con el proceso de transición ecológica.
"En todo caso, los efectos estimados descansan sobre el supuesto de plena disponibilidad y movilidad de recursos entre los diferentes sectores", precisa el Banco de España.
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, LOS SECTORES MÁS BENEFICIADOS
En cuanto al efecto directo, solo unos pocos sectores se ven beneficiados de forma "significativa" por el impulso de los fondos del plan de recuperación, entre los que sobresalen los servicios de información, profesionales y educativos, dado el foco del plan en la transformación digital y en modernización de la economía, así como el sector de la construcción, debido a su papel clave en algunos componentes del plan de recuperación, como todo lo relacionado con la rehabilitación energética de edificios y viviendas.
No obstante, el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos estima que una vez que se consideran los efectos indirectos a través de las relaciones cliente-proveedor, la mayoría de los sectores ven incrementados "significativamente" sus niveles de valor añadido bruto.
En particular, destaca sectores como los servicios profesionales y de actividades administrativas como los más beneficiados a través de este canal, debido a los "efectos de arrastre positivos" derivados de la expansión en la rama de información y comunicación.
Para otras industrias, como las manufacturas o la construcción, el principal responsable de estos efectos indirectos es el aumento de la productividad del sector del transporte.
MENOS IMPACTO POR FALTA DE MANO DE OBRA CUALIFICADA
Sin embargo, el Banco de España advierte de que la presencia de "rigideces" en los mercados de productos y de trabajo podría limitar la necesaria reasignación de recursos entre empresas y sectores y, por tanto, "aminorar de forma significativa el impacto agregado".
Por ejemplo, la escasez de trabajadores cualificados en determinados sectores podría reducir en aproximadamente un 25% el impacto estimado, desde el 1,75% hasta el 1,3% del PIB en promedio anual.
Por último, el Banco de España afirma que las cifras presentadas en este artículo no permiten cuantificar el impacto de las reformas estructurales contempladas en el plan de recuperación, pero indica que su papel es "fundamental" dada la condicionalidad de los desembolsos de los fondos al cumplimiento de esta agenda de reformas e hitos establecidos. "Dicha cuantificación representa una línea de trabajo prioritaria para el Banco de España"
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este sábado "ceses inminentes" tanto en Renfe como en Adif para "asumir las responsabilidades" del error en las dimensiones de los trenes de Cercanías en varias comunidades autónomas,
especialmente en Cantabria y Asturias.
En declaraciones a los medios durante una visita al Ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria), Sánchez ha pedido disculpas a los ciudadanos cántabros y ha señalado que este viernes mantuvo una conversación con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para compartir "enfado y su indignación".
"En las próximas horas se van a producir esos ceses y por lo tanto daremos las explicaciones en ese momento", ha explicado Sánchez, quien ha encargado una auditoría interna tanto en Renfe como en Adif para "saber y conocer con todo detalle qué es lo que pasó".
Además, ha aseverado que se van a tomar "todas las acciones que sean necesarias" para poder acortar el retraso en la entrega de los trenes, recordando que no están fabricados, sino en fase de diseño. La ministra espera que el diseño de estos trenes esté listo para el verano y que se pueda iniciar su fabricación de manera inmediata, aunque no hay un tiempo mínimo de fabricación.
Sánchez también ha informado de la creación un grupo de trabajo para seguir este proceso y acortar los tiempos de demora, al que ha invitado a participar tanto al Gobierno de Cantabria como al de Asturias, comunidad afectada también por este problema.
PROBLEMA CON LOS GÁLIBOS
El origen del problema se encuentra en los gálibos publicados en la declaración sobre la red de Adif, que Renfe usó para describir las características técnicas de los nuevos trenes en un contrato que publicó en 2019 para adquirir 31 trenes de ancho métrico, destinados a renovar la flota de la red de cercanías y media distancia, principalmente en el norte del país.
En junio de 2020, Renfe le adjudicó este contrato a CAF, fabricante de trenes y autobuses con sede en País Vasco, por 258 millones de euros. Cuando preparaba el proyecto, CAF se dio cuenta de que había un error en los gálibos y que las vías no soportarían los trenes encargados y se lo trasladó a su cliente, Renfe.
El contrato adjudicado en 2020 fijaba en 220 meses el plazo de ejecución del contrato, en torno a 18 años y cuatro meses. Como incluía el mantenimiento durante 15 años de algunas unidades, los tres años y cuatro meses restantes serían el plazo para la fabricación de los trenes, aunque normalmente se entregan de forma progresiva. Por ello, los primeros trenes tendrían que haber estado listos, como tarde, en octubre de 2024.
Aunque ninguna de las partes ha confirmado el plazo de tiempo que conllevará solventar este problema, se estima que la construcción de los trenes que todavía no se han podido fabricar se demora en torno a tres años, y todavía falta arreglar algunos trámites para que la solución pactada pueda llevarse a cabo.
Además de los trenes de Cercanías de Cantabria y Asturias, también están afectadas País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia.
El precio del alquiler alcanzó máximos históricos en 13 comunidades autónomas a lo largo de 2022, y en el ámbito nacional se situó en niveles récord en mayo, junio y julio, para cerrar el ejercicio en un precio medio de 11,03 euros por metro cuadrado al mes, según Fotocasa.
Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón fueron las cuatro comunidades que terminaron el 2022 sin tocar máximos, aunque Fotocasa pronostica que las dos primeras lo harán a lo largo de 2023.
La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha apuntado que los récords en los precios de los alquileres "dificulta todavía más el acceso a la vivienda".
"El calentamiento se produce en las zonas más locales hasta que se traspasa a nivel nacional y ya vemos como la situación es de riesgo en toda España", ha explicado Matos.
También ha reconocido que existe una "contracción de la oferta muy pronunciada, de en torno al 35% a nivel nacional", y ha advertido de que los incrementos de precios "ponen de manifiesto la alarmante situación que atraviesa el mercado del alquiler".
Entre las 13 comunidades que alcanzaron máximos en 2022, la primera en hacerlo fue La Rioja, al tocar los 8,40 euros por metro cuadrado en junio. No obstante, al cierre del año, los alquiles habían caído un 6%, hasta los 7,88 euros por metro cuadrado.
En julio, llegaron a sus precios más altos Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Murcia, como apunta Fotocasa, y un mes después marcó máximos históricos en el precio del alquiler Asturias.
Navarra registró los precios más altos del alquiler en octubre, mientras que el País Vasco lo hizo en noviembre. Por su parte, Andalucía, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana cerraron el año con los alquileres más elevados de su historia.
Entre las cuatro comunidades que no han alcanzado máximos, Madrid se quedó a un 0,2% de superar el precio máximo de abril de 2020, cuando registró los 15,45 euros por metro cuadrado, mientras que Cataluña está a un 1,6% de superar el máximo de abril de 2020, en 15,16 euros por metro cuadrado.
Sin embargo, Aragón y Castilla-La Mancha están mucho más alejadas de sus máximos históricos, un 18% por debajo, en ambos casos, del precio máximo que se registró en junio de 2008 y noviembre de 2007, respectivamente.
El número de personas paradas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en Castilla-La Mancha se situó al finalizar el pasado mes de enero en 147.891, tras subir en 4.666 desempleados, lo que supone un incremento porcentual del 3,26%, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este jueves.
Respecto al mismo mes del pasado año, el paro bajó en 1.081 desempleados en la Comunidad Autónoma, lo que supone un 0,73% menos.
A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 70.744 personas en enero en relación al mes anterior (+2,5%) tras el fin de la campaña de Navidad.
La subida de enero de este año es cuatro veces superior a la experimentada en igual mes de 2022, cuando el desempleo aumentó en 17.173 personas, pero está por debajo de las registradas en 2021 (+76.216 parados), 2020 (+90.248) y 2019 (+83.464) y del incremento medio de los meses de enero (+81.424 parados).
PROVINCIAS
El paro subió en todas las provincias durante el primer mes del 2023. Así, Albacete registró 1.075 parados más hasta cerrar el mes con 28.060; Ciudad Real sumó 739 desempleados, hasta los 39.684, y Cuenca registró al final de mes 11.090 parados, 617 más.
En Toledo, el paro subió en 1.343 personas, hasta quedarse en 54.242 y en Guadalajara el número de desempleados descendió en 892 personas, llegando a los 14.815.
Por sexo y edad, en Albacete hay 9.683 parados hombres y 18.377 mujeres. De igual modo contabiliza 2.054 desempleados menores de 25 años, de los que 1.006 son hombres y 1.048 mujeres.
En la provincia de Ciudad Real, hay 13.349 hombres en paro y 26.335 mujeres, mientras que en el sector de jóvenes el total suma 3.027, con un reparto de 1.447 hombres y 1.580 mujeres.
De otro lado, de los parados de la provincia de Cuenca, 4.308 son hombres y 6.782 mujeres, de los cuales 894 aún no han cumplido los 25 años. En este caso, hay 466 hombres y 428 mujeres.
De los desempleados que hay en Guadalajara al término del pasado mes, 5.719 son hombres y 9.096 mujeres. El reparto de los 1.130 parados menores de 25 años es de 581 hombres y 549 mujeres.
En la provincia de Toledo, hay 19.000 hombres y 35.242 mujeres desempleadas. Entre los 3.795 jóvenes menores de 25 años, hay un total de 1.962 parados y 1.833 desempleadas.
SECTORES
Por sectores, el paro bajó en 208 personas en Agricultura el pasado mes, 78 en Industria, 1.231 en Servicios y 71 en el colectivo Sin empleo Anterior. Por el contrario, el desempleo cayó en 44 personas en la Comunidad Autónoma en el sector de la Construcción.
Así, en la provincia de Albacete, el paro subió en 21 personas en el sector de Agricultura, también lo hizo en 25 en Industria, y una en Construcción. También se incrementó en 992 en el sector Servicios, y 36 en el colectivo Sin Empleo Anterior.
En Ciudad Real, por su parte, el desempleo aumentó en 91 personas en Agricultura, bajó cuatro en Industria y 95 en Construcción, pero ganó 672 desempleados en el sector Servicios y en el colectivo Sin Empleo Anterior, que sumó 75 personas desempleadas.
En Cuenca, el desempleo aumentó el pasado mes en 39 personas en Agricultura y 16 en Industria, pero cayó en 4 en la Construcción. También sumó 520 parados más el sector Servicios y 46 en el colectivo Sin Empleo Anterior.
De su lado, en la provincia de Guadalajara, el paro subió en 18 personas en Agricultura, pero cayó 5 en Industria. Mientras, el sector Construcción ganó 15 personas desempleadas, 818 el de Servicios, y 46 el colectivo Sin Empleo Anterior.
Por último, en Toledo, se registraron 39 parados más en Agricultura, 46 más en Industria, ganó 1.231 desempleados en Servicio y 71 en el colectivo Sin Empleo Anterior. Por el contrario, la provincia registró 44 menos en el sector de la Construcción.
CONTRATOS
En cuanto a la contratación, en Castilla-La Mancha se formalizaron 43.527 contratos en el primer mes del 2023, 2.265 menos que la mensualidad anterior (-4,95%), y 22.750 menos (-34,33%) respecto al mismo periodo de hace un año.
De esos 43.527 contratos cerrados en la Comunidad Autónoma durante el pasado mes, 19.224 fueron indefinidos, 1.583 más que el mes anterior (8,97%) y 11.201 más que en el primer mes de 2022 (139,61%).
El resto de contratos realizados, hasta 24.303, fueron temporales, lo que evidencia un descenso de 3.848 de estos contratos (-13,67%) en relación al mes anterior, y 33.951 menos que en el mismo mes del 2022 (58,28%).
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 70.744 personas en enero en relación al mes anterior (+2,5%) tras el fin de la campaña de Navidad, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La subida de enero de este año es cuatro veces superior a la experimentada en igual mes de 2022, cuando el desempleo aumentó en 17.173 personas, pero está por debajo de las registradas en 2021 (+76.216 parados), 2020 (+90.248) y 2019 (+83.464) y del incremento medio de los meses de enero (+81.424 parados).
Tras el repunte de enero, impulsado sobre todo por el sector servicios, el número total de desempleados volvió a superar la cifra de 2,9 millones de parados, lo que no sucedía desde el pasado mes de octubre. En concreto, el primer mes del año se cerró con 2.908.397 desempleados, "su menor cifra en un mes de enero desde 2008", según ha destacado Trabajo.
Enero es un mes en el que siempre aumenta el desempleo por la finalización de los contratos asociados a las fiestas navidenas. Así, desde el inicio de la serie histórica comparable en 1997, el paro nunca ha bajado en un mes de enero. El mayor repunte en este mes, de casi 200.000 desempleados, se registró en 2008, mientras que el menor fue el de 1998, cuando se sumaron a las listas del desempleo 10.285 personas.
En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en el primer mes de 2023 en 12.462 personas.
En el último año el desempleo acumula un descenso de 241.681 parados, lo que supone un 6,9% menos, con un retroceso del paro femenino de 101.378 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 113.303 varones (-8,8%).
EL PARO SUBE MÁS ENTRE LAS MUJERES Y EN LOS SERVICIOS
El paro subió en enero en todos los sectores económicos, salvo en la construcción, donde se redujo en 3.111 personas (-1,4%). El mayor ascenso se lo anotaron los servicios, con 70.759 parados más (+3,5%), seguido de la agricultura, que sumó 1.457 desempleados (+1,3%); el colectivo sin empleo anterior, donde el paro aumentó en 1.231 personas (+0,5%), y de la industria, con 408 desempleados más (+0,17%).
El paro se incrementó en enero en ambos sexos, aunque más entre las mujeres. En concreto, el desempleo femenino subió en 49.937 mujeres (+2,9%), frente a un repunte del paro masculino de 20.807 varones (+1,8%).
Pese a ello, Trabajo ha destacado que el de este año ha sido el enero con menos mujeres en paro desde 2009, con un total de 1.740.085 desempleadas. Por su parte, el número de hombres en paro totalizó 1.168.312 desempleados al finalizar el primer mes del año.
Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años subió casi un 4% en enero, con 7.753 parados más que a cierre de diciembre, mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 62.991 desempleados (+2,4%).
Tras el avance de enero, el número total de parados menores de 25 años subió hasta un total de 203.504 desempleados, su cifra más baja en un mes de enero dentro de la serie histórica, según ha subrayado el Departamento que dirige Yolanda Díaz.
SÓLO BALEARES RECORTA SU CIFRA DE DESEMPLEADOS
El paro registrado subió en enero en todas las comunidades autónomas menos en Baleares, donde bajó en 297 desempleados. Los mayores repuntes se registraron en Andalucía (+21.048 parados), Madrid (+11.140) y Comunidad Valenciana (+6.776).
En cuanto a las provincias, el paro sólo retrocedió en Huelva (-298 desempleados) y Baleares (-297) y subió en el resto, principalmente en Madrid (+11.140 parados), Sevilla (+5.319) y Málaga (+4.483).
El paro registrado entre los extranjeros subió en 11.415 desempleados respecto al mes anterior (+3,2%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 370.884, lo que supone 20.670 parados menos que un año antes (-5,3%).
LOS CONTRATOS INDEFINIDOS SE DUPLICAN
En enero se registraron 1.200.749 contratos, un 24,8% menos que en el mismo mes de 2022. De todos ellos, 530.306 fueron contratos indefinidos, cifra que supera en más del doble (+122,2%) a la de enero de 2022.
En total, el 44,16% de los contratos realizados en enero fueron indefinidos, porcentaje que supera el registrado en diciembre, cuando la proporción de contratos fijos fue del 39%.
Del total de contratos indefinidos suscritos en enero, 236.443 han sido a tiempo completo, un 62,2% más que en igual mes del año pasado; 173.968 eran contratos fijos-discontinuos, multiplicando por más de seis la cifra de un año antes (+558,3%), y 119.895 eran contratos indefinidos a tiempo parcial (+80,3%).
De todos los contratos suscritos en enero, 670.443 fueron contratos temporales, un 50,6% menos que en igual mes de 2022. En comparación con enero de 2019, en enero de 2023 se firmaron un millón menos de contratos de carácter temporal.
"Se sigue afianzando la tónica de estabilidad en la contratación", ha resaltado el Departamento que dirige Yolanda Díaz, que puso en marcha la reforma laboral hace algo más de un año.
GASTO EN PRESTACIONES
El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en diciembre de 2022 (último dato disponible) la cifra de 1.824,3 millones de euros.
"Tras el envite de la pandemia y pese al contexto internacional adverso, las prestaciones retoman la senda de superávit presupuestario en un periodo muy inferior al que se necesitó durante la crisis financiera", ha destacado Trabajo.
El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.015,5 euros en el mes de diciembre.
El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó al finalizar 2022 en 1.838.199 personas, con una tasa de cobertura del 68,65%.
Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que Trabajo ha publicado este jueves las cifras de desempleo de enero de 2023 y la estadística de prestaciones de diciembre de 2022.
La Seguridad Social perdió una media de 215.047 cotizantes en enero respecto al mes anterior (-1,06%) debido al fin de la campaña navideña, lo que se notó especialmente en la hostelería y el comercio, con la pérdida de 43.000 y 40.000 ocupados, respectivamente, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Al finalizar enero, el número total de cotizantes a la Seguridad Social en valores medios se situó en 20.081.224 personas, "la cifra más alta en la serie histórica para un mes de enero", según ha resaltado el Departamento que dirige José Luis Escrivá.
Es habitual que en el primer mes del año se destruya empleo por la finalización de los contratos ligados a la Navidad. El descenso de afiliados de enero de este año es mayor al experimentado en 2022 (-197.750 ocupados) pero menor al de 2021 (-218.953) y 2020 (-244.044).
En términos porcentuales, el Ministerio ha destacado que la caída de enero de este año (-1,06%) ha sido inferior a los descensos registrados en igual mes de 2021 (-1,15%), 2020 (-1,26%) y 2019 (-1,08%).
En el último año la Seguridad Social ha ganado 454.063 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,3%.
En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social encadenó en enero su sexto incremento mensual consecutivo tras sumar el sistema 57.726 ocupados respecto a diciembre (+0,3%), hasta un total de 20.298.620 afiliados.
El Ministerio ha resaltado que este incremento de 57.726 ocupados supera "ampliamente" la variación promedio desestacionalizada de los últimos tres meses (+19.922 cotizantes).
Desde mediados de agosto de 2021, cuando se alcanzó el nivel de afiliación anterior a la pandemia, la ocupación se ha incrementado en 812.143 cotizantes.
LA TEMPORALIDAD, EN MÍNIMOS HISTÓRICOS DEL 15%
Según el Ministerio, los datos de enero reflejan con "más claridad" los efectos positivos que ha tenido la reforma laboral sobre la estabilización del empleo y la mejora de su calidad desde que entró en vigor hace 13 meses.
Así, el porcentaje de afiliados con contrato temporal retrocedió en enero hasta un mínimo histórico del 15%, frente a la media del 30% de antes de la reforma laboral. En el caso de los menores de 30 años, la temporalidad se ha reducido 30 puntos, desde el 53% al 23%.
Al mismo tiempo, la Seguridad Social contabiliza ahora 2,3 millones de afiliados más con contrato indefinido que en diciembre de 2021, el último mes antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.
"El cambio hacia fórmulas más estables de contratación es especialmente notable entre los trabajadores más jóvenes: tres de cada cuatro menores de 30 años tienen ahora un contrato indefinido (77%), frente a uno de cada dos antes de la reforma (47% en el promedio 2017-2021)", subraya el Ministerio.
Los datos de Seguridad Social reflejan además que más de la mitad de los 4.055.141 afiliados que entre enero y marzo de 2022 tuvieron un contrato temporal y que ahora siguen dados de alta tienen ahora un contrato indefinido, en concreto, el 51,7% (2.094.726 trabajadores).
De ellos, ocho de cada diez son contratos fijos (1.689.196) y un 20% son fijos-discontinuos (405.530). Además, un 40% de los que han pasado a indefinidos ha cambiado de empresa.
La mayor estabilidad del empleo se constata también, según el Ministerio, en el hecho de que ha aumentado en 52 días la duración media del total de contratos que han causado baja desde la entrada en vigor de la reforma laboral en comparación con las cifras de 2019, antes de la pandemia.
LA AFILIACIÓN FEMENINA BAJA MÁS QUE LA MASCULINA
La bajada mensual de afiliados medios en enero se notó en ambos sexos, aunque más entre las mujeres, que perdieron en el mes 116.322 cotizantes respecto a diciembre (-1,2%), frente a un retroceso del empleo masculino de 98.725 cotizantes (-0,9%).
De este modo, la cifra de mujeres trabajadoras perdió en enero el máximo histórico de 9,55 millones de ocupadas que alcanzó a cierre de 2022 para situarse en 9.442.857 afiliadas, mientras que el número de varones ocupados finalizó el primer mes del año en 10.638.367 cotizantes.
La afiliación media de extranjeros, por su parte, retrocedió en 25.160 cotizantes en enero, un 1% respecto al mes anterior, hasta situarse en 2.435.559 ocupados.
LA HOSTELERÍA DICE ADIÓS A 43.000 OCUPADOS
Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, perdió 192.515 afiliados medios en enero (-1,1%), hasta un total de 16.713.844 ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) restó 20.800 afiliados (-0,6%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.307.603.
Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor descenso de la ocupación tras el fin de la campaña navideña al perder 43.118 cotizantes respecto a diciembre (-3,3%). Le siguieron las actividades administrativas, con 42.068 empleados menos (-3%), y el comercio, donde la afiliación se contrajo en 39.613 cotizantes (-1,5%).
Por su parte, el Sistema Especial Agrario perdió 3.672 empleos en el primer mes del año (-0,5%) y el del Hogar registró 544 bajas (-0,1%).
El Ministerio subraya que el crecimiento de la afiliación mantiene un "notable dinamismo" en sectores de alto valor añadido, como informática y comunicaciones, que cuenta con un 19,9% más de afiliados que antes de la pandemia, o actividades profesionales, científicas y técnicas, donde la ocupación ha aumentado un 11,5%.
TODAS LAS COMUNIDADES PIERDEN AFILIADOS MEDIOS
La afiliación media bajó en enero en todas las comunidades autónomas. Los mayores descensos, en términos absolutos, se registraron en Cataluña (-37.637 ocupados), Comunidad Valenciana (-31.549), Andalucía (-30.014 cotizantes) y Madrid (-27.331).
En valores relativos, los mayores retrocesos se los anotaron Extremadura (-1,58%), Comunidad Valenciana (-1,52%), Cantabria (-1,4%) y Baleares (-1,3%).
En comparación con antes de la pandemia, todas las regiones presentaban en enero niveles de empleo superiores, especialmente las comunidades del sur del país y los archipiélagos, con crecimientos del empleo superiores al 5%.
BAJAN LOS TRABAJADORES EN ERTE
Por otra parte, el Ministerio ha informado de que los trabajadores en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) se situaron al finalizar enero en 13.097, por debajo de los 18.237 del mes anterior.
En total, a 1 de febrero había 15.010 trabajadores en ERTE, de los que 13.097 estaban en un ERTE-ETOP; 1.529 en un ERTE por fuerza mayor, y 384 en el ERTE sectorial de agencias de viajes.
Las plantillas de los centros de trabajo de General Electric Wind Energy en Noblejas (Toledo) y Albacete han secundado de forma unánime la jornada de huelga convocada este martes en todas las plantas de la multinacional estadounidense en España para expresar el rechazo al ERE mediante el que la compañía pretende despedir a 199 personas, según ha informado CCOO en nota de prensa.
Los huelguistas de las dos plantas de Castilla-La Mancha se han concentrado desde las 7.00 horas frente a la sede de la mayor de ellas, la de Noblejas, donde GEWE pretende despedir a 30 de sus 116 trabajadores directos. En Albacete, son 17 trabajadores y la empresa quiere echar a cuatro, han explicado.
A la concentración se han sumado también alrededor de quince trabajadores del centro de trabajo de GEWE en Alcobendas, donde también secundó la huelga toda la plantilla. En este centro, la multinacional cuenta con 70 personas en plantilla, de las que quiere despedir a diez.
Los representantes sindicales de las tres plantillas han subrayado la "contradicción" entre los datos y argumentos con los que GEWE justifica su ERE y la realidad de estos tres centros de trabajo.
Así, la multinacional cuenta en Noblejas con 47 trabajadores de ETT, que en los próximos días serán 49 y que, de llevarse a cabo el ERE, llegarán a ser 75, para poder atender la carga de trabajo que la propia prevé tener este año, un 46% superior a la de 2020. Y el año pasado ya fue "un récord en ventas de servicios de reparaciones y mantenimiento, de todo lo que se hace aquí en GEWE-Noblejas", que es la segunda empresa que más factura de toda Castilla-La Mancha.
"También sorprende que, habiendo acometido inversiones recientes en una importante ampliación de las instalaciones, para poder dar mejor servicio y ampliar la cartera de producto, se quiera prescindir de 44 personas entre los centros de Madrid y Castilla-La Mancha. Se trata de destruir empleo estable y sustituirlo por empleo precario", ha destacado Miguel Ángel García-Alcalá, presidente del Comité de empresa.
En este sentido, ha considerado que esta destrucción de empleo se pretende realizar "de forma fraudulenta además, porque el convenio colectivo de aplicación, el del Metal de la provincia de Toledo, establece límites estrictos a la subcontratación de empleo temporal", tal y como ha destacado el secretario general de CCOO-Toledo, Federico Pérez, que ha anunciado durante la concentración que el sindicato ya ha denunciado esta situación ante la Inspección de Trabajo.
Mientras, el secretario general de CCOO-Industria, Ángel León, ha indicado por su parte que ha solicitado una reunión urgente con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo "para que el Gobierno regional se alinee con nosotros para evitar la destrucción de empleo en General Electric".
León ha destacado que aún quedan dos días para que se cierre el periodo de consultas del ERE y ha instado a General Electric a atender la propuesta de los sindicatos de sustituirlo por un expediente de regulación temporal, dado que GEWE alega una supuesta falta de rentabilidad por el incremento de costes logísticos que "en todo caso, es puramente coyuntural".
"Tiene que haber otras alternativas y de hecho las hay, alternativas que la ley permite y avala, mediante regulación temporal de empleo, recolocaciones, medidas de flexibilidad. Ese es nuestro objetivo, en el que vamos a mantener la posición hasta el último día. La gente no quiere dinero para salir de la empresa, lo que quiere es continuar en la empresa, en la que hay trabajadores que llevan más de 20 años. Lo que quieren es su puesto de trabajo y por eso van a luchar y vamos a luchar con uñas y dientes hasta el final", ha advertido.
De hecho, la jornada de huelga de este martes puede dar paso a una huelga indefinida, ya convocada, en el caso de que GEWE cierre sin acuerdo el periodo de consultas y pretenda ejecutar el ERE.
"Habéis puesto todo de vuestra parte, nadie ha entrado a trabajar, estáis todos aquí concentrados a la puerta, habéis paralizado la empresa. Estáis dando un ejemplo de cómo se consiguen las cosas. Estoy seguro de que, así, vais a conseguir que la empresa rectifique", ha señalado Pérez, que ha agradecido el apoyo de los representantes sindicales de los trabajadores de las demás empresas del polígono industrial de Noblejas, que a lo largo de la mañana han acudido a expresar su apoyo a la lucha de sus compañeros de GEWE y la solidaridad de las plantillas a las que representan con los huelguistas.
Las 133 personas que integran las plantillas de General Electric Wind Energy (GEWE) en Albacete y Noblejas (Toledo) están convocados este martes a una primera jornada de huelga contra los 199 despidos que pretende ejecutar la multinacional estadounidense en España, 34 de ellos en los centros de trabajo de Castilla-La Mancha.
Según ha informado CCOO en nota de prensa, General Electric anunció a finales del pasado año su intención de reorganizar su actividad en Europa en el ámbito del diseño y fabricación de aerogeneradores eólicos de tierra para afrontar, según la empresa, la "pérdida de rentabilidad" que se estaría produciendo como consecuencia del aumento de los costes logísticos y de las dificultades normativas en algunos países.
"CCOO-Industria rechaza tajantemente estas pretensiones". En el periodo de consultas del ERE planteado por la empresa, que finaliza el miércoles 1 de febrero, el sindicato planteó cambiar los despidos por un ERTE, con suspensiones temporales de empleo, por entender que la presunta pérdida de rentabilidad "es, en todo caso, coyuntural, en un sector estratégico para España y para la UE, con muchísimo fututo y con muchísimas ayudas en incentivos", subraya Ángel León, secretario general de CCOO-Industria CLM.
"Más injustificables aún son los despidos que General Electric quiere llevar a cabo en los centros de trabajo de Noblejas y en Albacete, dedicados ambos a servicios post-venta (mantenimiento, operaciones preventivas, tareas de reacondicionamiento, reparaciones), afirma el sindicato.
"En Noblejas trabajamos 116 personas de GEWE y otras 47, que en unos días van a ser 49, contratadas vía ETT y, según la propia empresa, tenemos una previsión de incremento de actividad del 46% en 2023 respecto a 2022. ¿Qué sentido tiene destruir 30 puestos de trabajo estables? ¿Qué pretenden, eliminar el empleo fijo y sustituirlo mediante la subcontratación de más y más trabajadores temporales?", indica por su parte Olga Robles, delegada sindical de CCOO-Industria en GEWE-Noblejas (las nueve personas que integran el comité de empresa son de CCOO).
Una situación similar ocurre en Albacete, según el sindicato, donde GEW quiere despedir a cuatro de los 17 trabajadores con los que cuenta, dedicados también al mantenimiento de aerogeneradores en parques eólicos.
"GEWE justifica su ERE con el informe que la propia empresa encargó a una consultora y que está claramente sesgado, no recoge toda la realidad de la empresa, se centra en el área de Instalación, donde quizá es más justificable acometer una reestructuración (pese a que esta misma semana Repsol acaba de encargar a GEWE 22 aerogeneradores para una nueva planta). Pero obvia que las perspectivas en la otra área de actividad, la de servicios post-venta, son de crecimiento. Y parece olvidarse por completo de las importantes subvenciones de fondos europeos destinados al sector".
En previsión de que la negociación del ERE se cierre sin acuerdo, los sindicatos CCOO y UGT han convocado huelga indefinida en todas las plantas de GEWE en España. La convocatoria se activará ya el próximo martes, víspera de la finalización del periodo de consultas, y cuando también hay convocadas concentraciones en diversos centros de trabajo de GEWE en España, entre ellos el de Noblejas. A esta concentración en la localidad toledana se sumarán los trabajadores de GEWE-Albacete y también los de Alcobendas (Madrid).
Si GEWE mantiene sus planes, "utilizaremos todas las acciones sindicales y judiciales para seguir oponiéndonos a los despidos, además de recabar, como ya estamos haciendo, el apoyo del Gobierno de España y de los gobiernos autonómicos afectados".
El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó tres décimas en enero en relación al mes anterior, pero elevó una décima su tasa interanual, hasta el 5,8%, por el mayor precio de los carburantes, según los datos avanzados publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los que se incluyen, por primera vez, ponderaciones procedentes de la Contabilidad Nacional, así como los mercados libres del gas y la electricidad.
Con la subida registrada en el primer mes de 2023, la inflación rompe con cinco meses consecutivos de descensos en su tasa interanual y retoma los ascensos.
No obstante, el dato de enero, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, es cinco puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando la inflación escaló hasta el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984.
Según el INE, la subida del IPC interanual hasta el 5,8% en enero se debe, principalmente, al encarecimiento de los carburantes y a que los precios de vestido y calzado han bajado menos en el arranque de este año de lo que lo hicieron en enero de 2022. Por contra, Estadística destaca que los precios de la electricidad bajaron más en enero de 2023 que el año pasado.
El Ministerio de Asuntos Económicos ha destacado en un comunicado que la inflación se estabilizó en enero en su nivel más bajo desde noviembre de 2021 y que sólo subió una décima pese a la retirada de la bonificación generalizada al combustible.
LA SUBYACENTE ESCALA HASTA EL 7,5%
El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en enero subió cinco décimas, hasta el 7,5%, situándose 1,7 puntos por encima del IPC general.
El Departamento que dirige Nadia Calviño espera que la subyacente alcance su máximo en el primer trimestre de este año y siga la senda descendente de la inflación general.
En términos mensuales (enero de 2023 sobre diciembre de 2022), el IPC registró un descenso de tres décimas, frente al incremento del 0,2% del mes anterior y la bajada del 0,4% experimentada un año antes.
En el primer mes de 2023, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 5,8%, tres décimas por encima de la registrada en el mes anterior.
Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA fue del -0,5%.
El INE publicará los datos definitivos del IPC de enero el próximo 15 de febrero.
La economía española creció en 2022 un 5,5%, lo mismo que en 2021, tras anotarse en el último cuarto del año un repunte trimestral del 0,2%, el mismo porcentaje que en el trimestre anterior, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De este modo, la economía española encadenó en 2022 su segundo crecimiento anual consecutivo despúes del avance del 5,5% que registró en 2021 y que supuso el retorno a tasas positivas tras el descenso histórico del PIB del 11,3% provocado por la irrupción del coronavirus.
El avance del PIB del 5,5% registrado en 2022 supera en 1,1 puntos la previsión de crecimiento del Gobierno para dicho ejercicio (4,4%) y está por encima de las proyecciones de algunos organismos como el FMI (5,2%), el panel de Funcas (5%) y el Banco de España (4,6%).
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ya había avisado de que la previsión del Ejecutivo se iba a quedar corta y que el crecimiento de 2022 se situaría por encima del 5%.
Su Departamento ha destacado este viernes que el crecimiento del 5,5% de 2022 se ha logrado "en un contexto internacional de gran incertidumbre", marcado por las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania, lo que evidencia la "gran solidez y resiliencia" de la economía española.
La demanda nacional aportó 2,8 puntos al crecimiento del PIB en 2022, cifra 2,4 puntos inferior a la de 2021, mientras que la demanda externa contribuyó con 2,6 puntos, 2,3 puntos por encima del ejercicio anterior, "gracias al dinamismo de las exportaciones", según Economía.
En el caso de la demanda interna, el Ministerio resalta que "ha aguantado bien el impacto de la inflación y de la subida de costes", con un crecimiento del consumo privado y de la inversión superior al 4%.
A precios corrientes, el PIB de 2022 se situó en 1.328.922 millones de euros, un 10,1% más que en 2021. "España prácticamente ha recuperado el nivel de PIB previo a la pandemia", subraya el Departamento que dirige Nadia Calviño.
En tasa interanual, el PIB del cuarto trimestre creció un 2,7%, lo que supone 2,1 puntos menos que en el trimestre precedente (4,8%), debido, sobre todo, a una menor aportación de la demanda interna.
En concreto, la contribución de la demanda nacional al crecimiento del PIB interanual fue de 0,6 puntos, 2 puntos menos que en el tercer trimestre de 2022, en tanto que la demanda externa contribuyó con 2,1 puntos, una décima menos.
En todo caso, el INE explica que por diversas razones relacionadas con el calendario de disponibilidad de algunas de las fuentes utilizadas en el último trimestre del año, el volumen de información adelantada en el avance de datos de este viernes ha sido menor que en ocasiones anteriores.
Este hecho, precisa, unido a la dificultad que ha supuesto para la medición estadística un cambio de coyuntura como el de la crisis del Covid, "hace prever que las futuras revisiones de los resultados hoy publicados puedan ser de una magnitud mayor que la habitual".
El avance de datos del INE está elaborado con la información disponible hasta noviembre en la mayoría de los casos, aunque también ha incluido estimaciones de indicadores para el mes de diciembre basadas en datos administrativos y otras fuentes adicionales.
El paro bajó en 79.900 personas en 2022, lo que supone un 2,6% menos que en 2021, mientras el empleo creció en 278.900 puestos de trabajo (+1,4%), la mayoría ocupados por extranjeros, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ambos datos son mejores que los de 2020, año en el que el estallido de la pandemia llevó a los peores registros de paro y ocupación desde 2012, pero están muy alejados de los de 2021, cuando se generaron 840.700 empleos y el paro disminuyó en más de 600.000 personas.
Exceptuando 2020, el año del Covid, el incremento de la ocupación registrado en 2022 es el peor dato desde 2013, año en el que se destruyeron 204.200 empleos. En el caso del paro, sin contar con 2020, el descenso de 2022 sería el peor registro desde 2012, cuando el desempleo aumentó en más de 700.000 personas.
Con el retroceso de 2022, el paro acumula dos años consecutivos de retrocesos. En el caso de la ocupación, se encadenan dos años de crecimiento del empleo tras un 2020 en el que se destruyeron 622.000 puestos de trabajo.
La tasa de paro se situó al finalizar 2022 en el 12,87%, porcentaje cuatro décimas inferior al de 2021 y el más bajo en un cierre de año desde 2007. El número total de desempleados cerró el ejercicio por encima de los 3 millones después de haber bajado de esa cifra en el tercer trimestre de 2022.
En concreto, el año finalizó con 3.024.000 desempleados, en tanto que el número de ocupados se situó en 20.463.900, la cifra más alta en un cierre de año desde 2007.
A estas cifras se llegó después de que en el cuarto trimestre de 2022 el paro experimentara una subida de 43.800 personas (+1,47%) y la ocupación disminuyera en 81.900 personas (-0,4%), sus peores datos en un cuarto trimestre desde 2012 y 2013, respectivamente.
En este sentido, el Ministerio de Asuntos Económicos ha destacado en un comunicado que la creación de empleo bajó su ritmo en el cuarto trimestre de 2022 "en línea con la ralentización de la economía mundial", aunque se mantuvo en el entorno de los 20,5 millones de ocupados.
El Departamento que dirige Nadia Calviño también ha resaltado que los datos de la EPA de 2022 reflejan el cambio "estructural" que ha supuesto la reforma laboral en el mercado de trabajo, pues la contratación indefinida registró un "máximo histórico" de 14,3 millones de trabajadores y la tasa de temporalidad se redujo más de 7 puntos, hasta mínimos del 17,9%, cifra que "se acerca" a la media europea.
De hecho, según los datos del INE, el repunte del empleo en 2022 lo acapararon los asalariados con contrato indefinido, que aumentaron en la cifra récord de 1.591.100 personas (+12,5%), frente a un descenso de los asalariados con contrato temporal de 1.193.800 (-27,7%).
En el último trimestre de 2022, los asalariados fijos se incrementaron en 366.100 (+2,6%), mientras que los temporales disminuyeron en casi 400.000 (-11,3%), hasta un total de 3,11 millones.
OCHO DE CADA DIEZ NUEVOS EMPLEOS, EN EL SECTOR PRIVADO
El incremento de la ocupación en 2022 se concentró en el sector privado, con la creación de 228.200 empleos (+1,4%), frente a los 50.700 que se crearon en el sector público (+1,4%). No obstante, éste finalizó el año en un nuevo máximo de 3.526.200 ocupados, en tanto que el empleo privado acabó 2022 con 16.937.600 trabajadores.
En 2022, la ocupación creció en todos los sectores económicos, menos en la agricultura, donde se redujo en 86.900 personas (-10,3%). El mayor repunte del empleo se lo anotaron los servicios, que ganaron 314.300 ocupados en el año (+2,06%), seguido de la industria, con 36.600 empleos más (+1,3%) y de la construcción, que sumó 14.900 ocupados (+1,1%).
Por sexos, la ocupación masculina aumentó en 148.600 trabajadores el año pasado (+1,3%), mientras que las mujeres sumaron 132.100 empleos (+1,4%). Además, más de ocho de cada diez puestos de trabajo creados en 2022 los ocuparon extranjeros, con 240.200 empleos más (+9,8%), frente a 38.700 nuevos empleos ocupados por españoles (+0,2%).
CASI 200.000 NUEVOS ACTIVOS EN 2022
Al finalizar 2022, la población de 16 años y más superó por primera vez en la historia los 40 millones, al sumar en el año 429.500 personas, un 1,08% más que en 2021.
El número de activos subió en 199.000 personas en 2022, un 0,8% respecto a 2021, con lo que la población activa en España quedó constituida por 23.487.800 personas, de las que 20,46 millones estaban ocupadas y 3,02 millones en paro.
En el último trimestre del año pasado, el volumen de activos disminuyó en 38.100 personas (-0,1%), situándose la tasa de actividad en el 58,52%, una décima menos que en 2021 y tres menos que en el trimestre anterior.
Al finalizar 2022 había 99.500 mujeres más que en 2021 en disposición de trabajar (+0,9%), situándose la tasa de actividad femenina en el 53,79%, una décima por debajo de la del año anterior. Entre los hombres, la actividad creció en 99.600 personas durante el pasado ejercicio, un 0,8%, hasta situarse su tasa en el 63,53%, también una décima menos que a cierre de 2021.
Por su parte, el número de inactivos se incrementó en el cuarto trimestre de 2022 en 230.500 personas.
BAJA MÁS EL PARO MASCULINO
Durante el pasado año, el desempleo bajó en ambos sexos, aunque el descenso del paro masculino fue superior al femenino. En concreto, el desempleo se redujo en 47.200 personas entre los hombres (-3,2%) y en 32.600 entre las mujeres (-2%).
Con estos datos, la tasa de paro masculina se situó en el 11,32%, casi medio punto menos que en 2021, y la femenina acabó el año en el 14,61%, cuatro décimas por debajo de la del ejercicio anterior.
Por sectores, el desempleo subió en 2022 en cuatro de ellos y bajó entre los parados de larga duración y en la agricultura. Donde más aumentó el paro fue en los servicios, con 101.100 parados más (+10%), seguido del colectivo de los buscan su primer empleo (+7.400 desempleados, +2,3%), de la industria (+7.100 parados, +5%) y de la construcción, que sumó 800 desempleados en el año (+0,6%).
Por contra, el paro descendió en 180.800 personas entre los parados de larga duración (-13,2%) y en 15.500 desempleados en la agricultura (-9,6%).
DISMINUYE EL NÚMERO DE AUTÓNOMOS Y EL TELETRABAJO SE DESINFLA
De los 278.900 empleos creados el pasado año, 235.200 fueron a tiempo completo (+1,3%) y 43.700 a tiempo parcial (+1,6%).
El número de trabajadores asalariados aumentó el año pasado en 397.300 ocupados (+2,3%), en tanto que el de trabajadores por cuenta propia se redujo en 111.200 (-3,5%).
La EPA constata además que el 6,6% de los ocupados (1.311.000) trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días durante el cuarto trimestre de 2022, lo que supone 275.700 teletrabajadores menos que a cierre de 2021 y la cifra más baja desde la llegada de la pandemia, en el segundo trimestre de 2020.
De hecho, en comparación con dicho trimestre, el número de trabajadores a distancia se ha reducido en más de 1,7 millones. Entonces llegaron a estar teletrabajando más de 3 millones de personas, el 16,2% del total de ocupados.
El número total de horas efectivas semanales trabajadas aumentó un 2,2% en 2022, mientras que creció un 5,9% entre el cuarto y el tercer trimestre del año pasado.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha mostrado este miércoles partidaria de "encontrar un buen equilibrio dentro de la horquilla" que han recomendado los expertos para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2023.
El grupo de expertos del SMI ha sugerido al Gobierno aplicar una subida de entre el 4,6% y el 8,2% para 2023 a fin de cumplir con el compromiso de elevar la cuantía de esta renta mínima al 60% del salario medio, lo que lo situaría entre 1.046 y 1.082 euros mensuales.
Preguntada por las declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en las que apostaba por subir el SMI en la "banda alta" recomendada por los expertos, esto es, 1.082 euros, Calviño ha señalado que tiene que buscarse un "buen equilibrio" dentro de esa horquilla de los expertos, de manera que la subida que finalmente se aplique sea "compatible" con la creación de empleo y la bajada del paro juvenil.
"Prefiero no decir una cifra y que en estos próximas días podamos avanzar con los agentes sociales", ha señalado la vicepresidenta primera al ser insistida por si es partidaria de que la subida se situé en la banda baja sugerida por el grupo de expertos.
En todo caso, Calviño ha asegurado que el SMI "tiene que subir" y hacerlo, "si es posible", con el acuerdo de los agentes sociales, porque es la "mejor receta". Ha recordado que el Gobierno tiene el "compromiso muy claro" de situar el SMI en el 60% del salario medio en 2023.
Además de subir el SMI, la vicepresidenta primera cree que deben incrementarse "todos los salarios", dependiendo de la situación económica de los sectores, de la productividad y de la situación de cada empresa, "pero con una tendencia que permita mejorar las condiciones salariales de los trabajadores españoles".
Calviño ha reiterado que sería "deseable" alcanzar un pacto de rentas con los agentes sociales porque "daría una perspectiva plurianual de crecimiento de los salarios y confianza a los empresarios e inversores". "En eso, al Gobierno, nos van a encontrar".
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el reglamento del IRPF para los artistas para reducir las retenciones del 15 al 2 por ciento del tipo mínimo para aquellos que estén sujetos a relación laboral especial y del 15 al 7 por ciento para los que tributen como autónomos con rendimientos inferiores a 15.000 euros.
Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Según el Ejecutivo, estas medidas, consensuadas en la Comisión Interministerial para el Desarrollo del Estatuto del Artista, se han aprobado con el fin de dar cumplimiento a las medidas contenidas en dicha norma en materia de retenciones. Al respecto, Rodríguez ha señalado que se han puesto en marcha un total de 46 de las 58 medidas pactadas, de acuerdo con la comisión interministerial.
En concreto, el Ministerio de Cultura indica que la primera de las medidas consiste en la reducción del 15 por ciento al 2 por ciento del tipo mínimo de retención aplicable a los rendimientos del trabajo que deriven de una relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad.
En segundo lugar, se reduce el tipo de retención del 15 por ciento al 7 por ciento en relación con las actividades económicas desarrolladas por los artistas. Para ello será necesario que el artista hubiera obtenido en el período impositivo anterior unos rendimientos íntegros de tales actividades inferiores a 15.000 euros y que estos representen su principal fuente de renta, entendida esta última como más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio.
Según Rodríguez, el Gobierno se ha hecho cargo de los compromisos de los creadores, como por ejemplo, la prestación por desempleo que beneficiará a 70.000 artistas, según ha asegurado. "En definitiva, el objetivo es que los profesionales puedan vivir dignamente de su trabajo" , ha subrayado.
El pasado 10 de enero, el Gobierno aprobó el Real Decreto que promovía una contratación "más estable" del sector cultural, un texto que despliega una prestación específica para los trabajadores de la cultura, quienes a pesar de su "intermitencia" tendrán una mayor protección social.
El Real Decreto cambiaba el régimen ordinario de protección social, según afirmaba la segunda vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aseguraba que los beneficiarios podrán acceder a un sistema de cotización "dúctil" al acreditar 60 días cotizados por prestación real de servicios en la actividad artística en los últimos 18 meses por un total de 120 días o elegir el sistema de desempleo que minora las necesidades de cotizaciones a 180 días en un plazo de seis años anteriores a la situación legal de desempleo siempre que no hayan sido tenidas en cuenta para el reconocimiento de una prestación previamente.
La plataforma de reparto Glovo ha sido multada de nuevo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con un importe de 56,7 millones de euros y ya acumula sanciones en España por valor de 205,3 millones de euros, según han informado a Europa Press en fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz.
La última sanción impuesta, por importe de 56,7 millones, ha sido a Glovo Madrid por emplear a 7.022 'falsos autónomos' y tener a 813 trabajadores extranjeros de manera irregular, sin el correspondiente permiso de trabajo.
En concreto, la Inspección ha propuesto una sanción a Glovo Madrid de 32,9 millones por no tener dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 7.022 trabajadores (la ley 'rider' obliga a contratar a los repartidores como asalariados). El acta de liquidación por no cotizar por ellos a la Seguridad Social asciende a 19 millones de euros.
A estos importes hay que sumar otra multa de 5,2 millones de euros que ha impuesto la Inspección a la plataforma de reparto por tener trabajando de manera irregular a 813 extranjeros.
De este modo, estas últimas actuaciones contra la plataforma de reparto han implicado sanciones y actas de liquidación por un importe global de 56,7 millones de euros, siendo la cifra de trabajadores afectados de 7.835 personas.
Con esta última multa, Glovo acumula en España sanciones por valor de 205,3 millones de euros, de los que 125,3 millones corresponden a actas de infracciones y 80 millones de euros a actas de liquidación. En total, los trabajadores afectados por incumplimientos de la plataforma de reparto ascienden a 37.348.
La llamada 'ley rider', que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entró en vigor en agosto de 2021.
La norma, fruto del acuerdo entre Trabajo, CC.OO. y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores.
La ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este lunes de que el Gobierno "obliga" a subir los salarios, pero "no todas las empresas van bien", por lo que no pueden afrontar una subida importante del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
"Estamos en un año electoral y nos vamos a encontrar soluciones mágicas", ha indicado Garamendi, que ha visitado Zaragoza para participar en una jornada de CEOE Aragón sobre sostenibilidad en las empresas.
En declaraciones a los medios de comunicación, ha dicho que hay contratos de servicios de empresas con administraciones públicas en los que el salario mínimo ha subido un 35%, pero en cambio, las administraciones "se niegan" a actualizar el importe de dichos contratos, como es el caso de los sectores de la limpieza, la seguridad o la comida en colegios y hospitales.
"Te obligan a subir los salarios pero los contratos siguen estando donde están y no puedes salirte de ese contrato mientras no haya un nuevo concurso público", ha continuado Garamendi.
"Trabajo debería saber qué es una empresa", ha considerado el presidente de CEOE en alusión a la subida del salario mínimo interprofesional. Así, ha indicado que los empresarios no dice que no suba el SMI, sino que hay que hacerlo de tal manera que los distintos sectores puedan afrontarlo.
El presidente de CEOE ha aseverado que si el Gobierno de España no atiende a estos sectores, como es el caso de la agricultura, "estará haciendo un flaco favor a España".
Asimismo, Garamendi ha criticado que algunos impuestos planteados para la transición ecológica tienen como objetivo "la recaudación", mencionando el caso de los gases fluorados o el recién estrenado gravamen sobre los envases de plástico, que forman parte de "un suma y suma de impuestos" para obtener "una recaudación mayor".
"Es un golpe muy importante para un sector como la alimentación", ha señalado Garamendi sobre el impuesto al plástico, que cree que puede repercutir en el coste de los productos. "Nadie está diciendo que no se tenga que hacer la transición ecológica, pero algunos piensan que se hace a base de cobrar más", ha criticado.
Sobre la reforma laboral, ha dicho que sus efectos se "van a ir viendo en el tiempo" y ha añadido que "la paz social va a funcionar". Eso sí, ha emplazado al Gobierno a estudiar la evolución de los fijos discontinuos.
El Gobierno abre este lunes el plazo de presentación de solicitudes de ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector agroalimentario por 510 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En concreto, el plazo de presentación de solicitudes se inicia este lunes, 23 de enero, y finalizará el 28 de febrero de 2023, según publicaba el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales del pasado mes de diciembre.
Podrán acogerse a las ayudas establecidas las agrupaciones sin personalidad jurídica propia que hayan establecido, antes de la presentación de la solicitud, un acuerdo interno que regule el funcionamiento de la misma, y que cumpla los requisitos establecidos en la orden.
Estas agrupaciones deberán estar conformadas por un mínimo de 4 entidades y un máximo de 60 entidades.
Sólo podrán formar parte de las mismas las sociedades mercantiles privadas, sociedades cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación.
En concreto, el presupuesto para ayudas en forma de subvención es de 310 millones de euros y el destinado a ayudas en forma de préstamos es de 200 millones de euros, con la posibilidad de incrementarse en 200 millones adicionales.
Cada agrupación podrá presentar un único proyecto tractor, que estará conformado por un conjunto de proyectos primarios individuales y en cooperación, a través de los cuales se cubren las actuaciones definidas en los bloques de competitividad, trazabilidad y seguridad alimentaria. Todos los primarios se deberán de encuadrar a su vez en algunas de las tipologías de proyectos de las líneas de investigación, desarrollo e innovación, así como de innovación en protección al medio ambiente y eficiencia energética que se definen en las bases reguladoras.
El Perte agroalimentario, que está previsto que genere un impacto en la economía de 3.000 millones y una creación neta de 16.000 empleos, está dotado con una línea de ayudas de 1.112 millones de euros y se estructura en tres ejes, para los que se establecerán tres convocatorias.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la llegada de más de 36 millones de euros en ayudas directas a la inversión procedentes del programa estatal Incentivos Regionales, para respaldar 17 proyectos empresariales en la región, que van a movilizar una inversión de 181 millones de euros con la creación y consolidación de más de 1.600 empleos. Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración de la planta de Ampuero en Cebolla por parte del presidente regional, Emiliano García-Page; donde, además, la consejera ha avanzado que este proyecto es uno de los casi 40 que el Ejecutivo va a defender para la consecución de ayudas a la inversión a través de fondos de Incentivos Regionales en Castilla-La Mancha.
El presidente de Castilla-La Mancha ha inaugurado la planta del grupo Ampuero en Cebolla, que ha iniciado su actividad en las instalaciones de la antigua factoría de Emiliano Madrid, como ejemplo de reindustrialización de la comarca tras la vuelta a la actividad en la nave cerrada en 2012, donde Ampuero tiene prevista una inversión de 14 millones de euros hasta 2026, que generará 160 puestos de trabajo directos, de los que medio centenar ya trabajan en una fábrica que recupera la actividad de factoría de ventanas de aluminio en la comarca.
Esa apuesta por Cebolla “contribuye a seguir generando ilusión y esperanza en nuestra región, a través de proyectos que proporcionan oportunidades de empleo”, ha dicho la consejera, que ha agradecido la apuesta del Grupo Ampuero por implantarse en Castilla-La Mancha, “una apuesta firme que se inició en el año 2019 y que ha resistido y ha salido adelante incluso pese a la crisis sanitaria, gracias al alma y el trabajo de todo el equipo de la empresa, todo un ejemplo de superación y resiliencia”, ha valorado Patricia Franco, que también ha destacado el esfuerzo conjunto de las administraciones por llevar a buen puerto un proyecto muy importante para la región, para la comarca y para la localidad de Cebolla, recordando que el Ejecutivo autonómico declaró como prioritario el proyecto en noviembre del año pasado, como uno de los 23 proyectos declarados hasta la fecha. Además, la consejera ha destacado el compromiso del Gobierno regional por defender el reconocimiento de las inversiones en los inputs y outputs de la construcción en el marco de los fondos europeos.
El proyecto de Ampuero, ha avanzado la consejera, forma parte de la batería de inversiones empresariales que el Ejecutivo autonómico tiene sobre la mesa y va a defender y poner en valor para la captación de ayudas a la inversión procedentes de Incentivos Regionales, el programa de apoyo a la inversión del Ministerio de Hacienda, “donde contamos con una batería de casi 40 proyectos que suponen una inversión para Castilla-La Mancha de más 678 millones de euros para la captación de estos fondos”. Proyectos, entre los que se incluye el de Ampuero, para los que ha puesto a disposición de todos, en cualquier caso, “el apoyo público del Gobierno regional a través de nuestros instrumentos de financiación y de apoyo a la inversión”, ha afirmado.
Sobre el apalancamiento de fondos procedentes de Incentivos Regionales, Patricia Franco ha destacado la experiencia y la capacidad del Gobierno regional en la defensa de los proyectos empresariales de Castilla-La Mancha, “una capacidad que ha quedado demostrada con la aprobación, a finales del año pasado, de más de 36 millones de euros de ayudas directas de este programa para 17 proyectos de inversión en nuestra región, que van a movilizar una inversión total de 181 millones de euros para generar o crear más de 1.600 puestos de trabajo directos”.
Por último, la consejera ha destacado que el centro de Ampuero en Cebolla se suma a la factoría de Limpias que el grupo tiene en Cantabria, señalando que ambas comunidades autónomas “lideramos la confianza empresarial en el conjunto del país desde hace muchos trimestres y lo hacemos también en el inicio de este año”. Un síntoma, ha dicho, “que habla muy bien de cómo el grupo fija su estrategia a la hora de desarrollar su negocio”.
Además, Patricia Franco ha valorado el impulso que, de manera conjunta con el Gobierno regional, está llevando a cabo el Ayuntamiento de Cebolla en materia económica y de desarrollo turístico, con la revalorización de sus recursos turísticos, como el nuevo centro de interpretación que ha contado con fondos europeos procedentes del ejecutivo autonómico y, en una visión más global del sector, con la puesta en marcha de dos estrategias de turismo desde el año 2015, además de un Plan de Medidas Extraordinarias por el Covic en los momentos más duros que atravesó el sector. Dos estrategias regionales en el ámbito turístico cuyos proyectos tienen estos días un gran escaparate como es FITUR, “pese a aquellas visiones negativas que dicen que no existen estrategias ni proyectos mientras posan con una de esas grandes estrategias, como es ‘Raíz Culinaria’, que ha sido reconocida recientemente por la Organización Mundial del Turismo en Nara, Japón, como ejemplo mundial de buenas prácticas en la promoción gastronómica”.
UGT asegura que subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 10% en 2023, hasta los 1.100 euros, ayudará a reducir la brecha de género, ya que beneficiará a 1,75 millones de mujeres y a 1,1 millones de hombres, según ha informado este viernes en un comunicado.
El sindicato estima que con el aumento del SMI a 1.100 euros habría un 55% de mujeres beneficiarias más que hombres. Además, con esa nueva cifra, el porcentaje de mujeres perceptoras del SMI sobre el total de asalariadas rondaría el 20%, frente al 12% de los hombres.
UGT asegura que las actualizaciones del SMI en los últimos años han ido reduciendo el número de días que las mujeres "trabajan gratis" en España. En 2016, con un salario mínimo de 655,20 euros, las mujeres trabajaban gratis 52 días al año, mientras que en 2020, con una renta mínima de 950 euros, trabajan gratis 34 días al año, según Eurostat.
El sindicato calcula que un SMI de 1.100 euros en 2023 podría llegar a entre 2,6 y 2,8 millones de asalariados, un 16% del total. Además, señala en su comunicado que esto implicaría "un aumento muy importante" respecto a los potenciales perceptores en 2022, con unas 800.000 personas, debido a que el aumento del SMI sería "mucho mayor que las subidas de convenio" y al importante aumento del empleo asalariado en 2022, de 429.000 personas.
UGT exige al Gobierno "una subida del salario mínimo a 1.100 euros en 14 pagas", como ha subrayado en el comunicado de este viernes, y recuerda que otros países del entorno europeo han aplicado incrementos superiores al 10% que reclaman para España.
Los agentes sociales solo se han reunido en una ocasión, el pasado 21 de diciembre, para tratar la subida del SMI. El Gobierno llevó a esa mesa de negociación las recomendaciones hechas por la Comisión de Expertos, que planteaban una horquilla de subida de entre el 4,6% y el 8,2% para 2023. Eso equivaldría a fijar el SMI de este ejercicio entre los 1.046 euros y los 1.082 euros brutos al mes por catorce pagas.
CCOO se decanta por la parte alta de esa banda, los 1.082 euros, con la posibilidad de ampliarlo a 1.100 euros, cifra por la que aboga UGT. La patronal, por su parte, remitió por escrito un documento en el que proponía un alza del 4%, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos en 14 pagas.
El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), subió un 0,2% en Castilla-La Mancha en el primer trimestre del año.
En términos generales, el incremento en el país fue del 1,4% en el primer trimestre de este año, en contraste con el descenso del 2,9% experimentado en los tres últimos meses de 2022.
El avance de la confianza empresarial registrado para el periodo enero-marzo se debe a la mejora tanto del indicador de expectativas como del indicador de situación actual, en un contexto que sigue marcado por la guerra en Ucrania, una tasa de inflación aún elevada y tipos de interés más altos.
En concreto, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en los tres primeros meses de este año en -9,8 puntos, frente al descenso de 11,8 puntos registrado en el trimestre anterior.
Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será desfavorable entre enero y marzo de este año se ha situado en el 24,9%, cifra inferior a la del trimestre anterior (27,3%), al tiempo que se ha incrementado, desde el 57,2% al 60%, el porcentaje de empresarios que prevén un trimestre "normal" para su negocio.
Por contra, los que piensan que su negocio evolucionará en el primer trimestre de manera favorable se han reducido desde el 15,5% del trimestre anterior al 15,1%.
MEJORA LA PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL
Por su parte, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha mejorado más de tres puntos respecto al trimestre anterior, pasando de -2,3 puntos en el cuarto trimestre de 2022 a +1,1 puntos en el primer trimestre de este año.
Esta visión más positiva sobre la situación actual es resultado del aumento de establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera favorable en los tres últimos meses y del descenso de los que opinan que se comportó de manera negativa.
(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))
El sector servicios elevó su facturación un 8,6% en Castilla-La Mancha en el mes de noviembre, respecto al mismo mes de 2021,
según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). A nivel nacional, esa subida fue del 14%, moderando en 1,6 puntos el ascenso registrado el mes anterior.
Con el avance de noviembre, el más moderado desde julio de 2021, los servicios encadenan 21 meses consecutivos de subidas interanuales después de un año de caídas como consecuencia de la pandemia.
El comercio facturó el pasado mes de noviembre un 16,1% más que en el mismo mes de 2021, mientras que los otros servicios elevaron sus ventas un 9,7% interanual, impulsados especialmente por las actividades administrativas y servicios auxiliares (+15,5%), la hostelería (+14,7%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas, que elevaron su facturación un 10,4% interanual.
Dentro de la hostelería, los servicios de alojamiento incrementaron sus ventas un 21,3%, mientras que los servicios de comida y bebida facturaron un 12,2% más que en noviembre de 2021.
Por actividades, los mayores repuntes de las ventas se los anotaron las agencias de viaje y operadores turísticos (+63,4%) y el transporte aéreo, que las incrementó un 51,6%. Entre los descensos, los más acusados correspondieron a las actividades cinematográficas y de programas de televisión (-34,4%) y al transporte por ferrocarril, que recortó su facturación un 10,3% respecto a noviembre de 2021.
En términos mensuales y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, el sector servicios registró en noviembre de 2022 un aumento mensual de sus ventas del 2,7%, su mayor alza desde el pasado mes de abril.
Por vigésimo mes consecutivo, la ocupación en el sector servicios creció el pasado mes de noviembre, y lo hizo a un ritmo interanual del 2,2%, tasa cinco décimas inferior a la de octubre.
Baleares fue la comunidad que más incrementó la creación de empleo en el sector servicios el pasado mes de noviembre, con una subida interanual del 8,6%, mientras que Galicia fue región que más elevó las ventas, un 30,7% en tasa interanual.
La cifra de negocios de la industria subió un 15,1% en Castilla-La Mancha el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2021, según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el conjunto del país, esa subida fue del 13,6% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2021, debido, principalmente, al impulso de las ventas procedentes del sector energético, que se incrementaron un 26,6%.
No obstante, el avance interanual de noviembre es 3,5 puntos inferior al registrado en octubre y el menos pronunciado desde marzo de este año. Pese a ello, la facturación de la industria suma ya 21 meses consecutivos de ascensos tras haber encadenado anteriormente un año de tasas interanuales negativas por la crisis del Covid.
Por sectores, la energía incrementó sus ventas un 26,6% interanual, mientras que los bienes de equipo facturaron un 18,6% más. A estos avances les siguen los de los bienes de consumo no duradero (+14,4%); bienes de consumo duraderos (+8,7%) y bienes intermedios (+7,6%).
Las ramas donde más aumentaron las ventas en noviembre en tasa interanual fueron la fabricación de material y equipo eléctrico (+27,3%); las coquerías y refino de petróleo (+26,6%); la fabricación de productos de molinería, almidón y alimentación animal (+26,3%), y la fabricación de vehículos de motor (+25,8%).
Por contra, los mayores recortes interanuales de la facturación se los anotaron la fabricación de artículos deportivos, juegos y juguetes (-6,1%); la metalurgia (-5%); la preparación e hilado de fibras textiles (-3%), y la industria química (-2,7%).
Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios de la industria subió un 13,7% interanual en el penúltimo mes del año pasado, tasa 3,5 puntos inferior a la del mes anterior.
En los once primeros meses de 2022, la cifra de negocios de la industria se incrementó una media del 21,9% (+22,2% en datos desestacionalizados), destacando los aumentos de las ventas en coquerías y refino de petróleo (+89,2%) y en la fabricación de artículos de joyería y bisutería (+36%).
Por contra, los únicos descensos de las ventas entre enero y noviembre de 2022 los registraron la industria del tabaco (-1,4%) y la fabricación de ordenadores (-0,3%).
LAS VENTAS SUBEN UN 4% EN EL MES
En términos mensuales (noviembre de 2022 sobre octubre del mismo año) y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, la industria elevó sus ventas un 4%, en contraste con los descensos mensuales del 2,2% y del 3,5% registrados en octubre y septiembre, respectivamente.
Todos los sectores elevaron sus ventas en noviembre de 2022 respecto al mes anterior salvo la energía, que las recortó un 8,7%. El mayor repunte correspondió a los bienes de equipo (+6,4%), seguido de los bienes de consumo no duradero (+5,1%); los bienes de consumo duradero (+2,2%) y los bienes intermedios (+0,2%).
Las actividades que más incrementaron sus ventas en tasa mensual fueron la industria del tabaco (+35,7%); la fabricación de otro material de transporte (+31,4%), y la fabricación de vehículos de motor (+18,5%), en tanto que los mayores recortes mensuales de la facturación se registraron en coquerías y refino de petróleo (-8,6%); reparación e instalación de maquinaria y equipo (-8,2%) y en la industria de la madera y el corcho (-3,5%).
TODAS LAS COMUNIDADES ELEVAN LA FACTURACIÓN DE SUS INDUSTRIAS
La cifra de negocios de la industria aumentó el pasado mes de noviembre en todas las comunidades autónomas en tasa interanual.
Los mayores ascensos se produjeron en Navarra (+33,5%), País Vasco (+23,6%), y Murcia y Baleares, que elevaron sus ventas un 22% respecto a noviembre de 2021.
Por su parte, las subidas interanuales más moderadas las presentaron La Rioja (+0,4%), Galicia (+8,6%) y Andalucía (+8,9%), únicas comunidades cuyas ventas industriales crecieron en noviembre menos de dos dígitos.
El presidente de aviones comerciales de Airbus en España, Ricardo Rojas, se ha mostrado optimista sobre la perspectiva del sector para los próximos años, destacando unas cifras que comienzan a remontar tras la pandemia y a pesar de contingencias como la que supone la guerra en Ucrania. De este modo, Rojas ha señalado que confía en que, "entre 2023 y 2025 es cuando se va a producir la recuperación total".
Así lo ha explicado durante una nueva edición de #DiálogosAED, que ha tenido lugar este martes en el centro CaixaForum Sevilla. El evento, organizado por la Asociación Española de Directivos (AED), ha contado con una importante representación de la alta dirección andaluza y con María Jesús Pereira, jefa de la sección de Economía de ABC Sevilla, como moderadora del diálogo.
En este marco, según se indica en nota de prensa, Rojas ha recordado que uno de los grandes desafíos para la industria aeronáutica consiste en que "el mundo necesitará 40.000 aviones en los próximos 20 años, y tenemos que responder a ese reto".
Según su experiencia y las cifras que maneja, se comienzan a ver señales en el mundo económico que hacen pensar en un horizonte despejado, como que "el mercado de China empieza a abrirse, de modo que, aunque no veíamos cuándo llegaría la recuperación global, ahora empieza a suceder".
En este sentido, ha subrayado que es importante en el caso de España, "porque predominan negocios de aviones de doble pasillo", necesarios para los vuelos intercontinentales, y es muy importante de cara al negocio total de Airbus y las demás empresas de su ramo.
En su intervención, Ricardo Rojas ha señalado que se trabaja para cerrar cifras de entrega de aviones capeando problemas como los derivados de los retrasos en los suministros.
El objetivo concreto es poder llegar a 75 aviones de pasillo único al mes en torno a la mitad de la década, mientras que ahora la cifra está en 45-50. "Es un reto industrial en el que estamos actualmente", ha dicho, para indicar, sobre la cifra de los 40.000 aviones previstos para dos décadas, que "este es un sector en expansión, y hay necesidad de seguir volando", con lo que "tenemos que hacer frente a esa demanda que existe actualmente".
El directivo de Airbus se ha referido a la importancia de que las empresas cuenten con "dobles fuentes" de suministros, de modo que no caiga la producción en caso de una crisis concreta en un lugar concreto del planeta, ya que, de esta forma "no solo cae la entrega de un único componente en un único proveedor o una sola parte del mundo". En la misma línea, ha señalado que "Asia es importante para nosotros, pero también Estados Unidos. Todo ha cambiado un poco en global, y también como consecuencia de la guerra de Ucrania".
Por último, ha indicado que, en asuntos como la reducción de la huella de carbono, hay que mostrar "compromisos", y ha apuntado que la idea que maneja Airbus es la de poder tener en 2035 un avión de cero emisiones, con el uso de hidrógeno: "Es un largo recorrido para llegar ahí, pero el momento actual es el de invertir para que nos permita llegar a ese punto con la tecnología necesaria".
Un proceso que va ligado a acciones que ya están en marcha, como "un sistema que guía a los aviones en el descenso de forma totalmente automática", de modo que los aparatos no consumen combustible tanto en las maniobras de aproximación a la pista como en el aterrizaje, ha concluido Rojas.
Iberdrola ha firmado una alianza estratégica con el fondo soberano de Noruega, gestionado por Norges Bank Investment Management, para coinvertir en 1.265 MW de nueva capacidad renovable en España (20% eólicos y 80% fotovoltaicos).
De esta forma, el fondo soberano de Noruega desembolsará unos 600 millones de euros por su participación del 49% en la cartera de activos, lo valora el 100% de dicho portfolio en unos 1.225 millones de euros.
Iberdrola contará con un porcentaje mayoritario del 51% en los activos, que además controlará y gestionará, prestando servicios de operación y mantenimiento y otros servicios corporativos.
Ambas empresas se unen para acelerar la descarbonización en España, un acuerdo que podría extenderse en un futuro en otros países, según ha informado el grupo energético.
De los 1.265 MW, 137 MW están operativos -en Castilla-La Mancha y Aragón-; mientras que el resto se encuentra en desarrollo, distribuidos entre Andalucía (358 MW), Extremadura (343 MW), Aragón (175 MW), Castilla y León (102 MW), Madrid (55 MW), Murcia (50 MW) y Castilla La Marcha (45 MW).
Esta cartera renovable tendrá capacidad para suministrar energía a más de 700.000 hogares cada año.
Baker McKenzie y Barclays han sido los asesores de Iberdrola en esta transacción, mientras que Clifford Chance lo ha sido de Norges Bank.
Norges Bank Investment Management, que gestiona el fondo soberano de Noruega, cuenta con unos activos bajo gestión de unos 1,4 billones de euros y participaciones en más de 9.000 compañías.
Posee de media el 1,4% de todas las empresas cotizadas del mundo y el 2,5% de todas las empresas cotizadas de Europa.
Norges Bank Investment Management es además uno de los principales accionistas de Iberdrola, con una participación superior al 3% desde hace más de siete años.
Fruto de esa relación, Norges Bank Bank Investment Management ha decidido realizar con Iberdrola, la mayor eléctrica europea por capitalización, su primera inversión directa en activos renovables en España.
"Iberdrola y Norges Bank Investment Management crean así una alianza sólida entre dos socios preferentes cuyo compromiso se podría extender a oportunidades adicionales renovables en otras geografías", ha destacado la compañía presidida por Ignacio Galán.
En los últimos tres años, el grupo energético ha firmado diversas alianzas a largo plazo para impulsar la descarbonización de la economía.
Recientemente, Iberdrola y BP llegaron a un acuerdo para acelerar el despliegue de infraestructuras de recarga y la producción de hidrógeno verde en España y Portugal.
Además, hace unos meses la compañía firmó una alianza con Energy Infrastructure Partners para coinvertir en el parque eólico marino de Wikinger y potenciar su cartera de eólica marina.
En 2021, también incorporó a Mapfre como socio en un acuerdo que incluye, entre otros aspectos, la coinversión en una cartera de activos eólicos de 295 MW.
Antes de la pandemia, Iberdrola se unió a GIG en su parque eólico marino East Anglia One, con el 40% de la instalación. Esta operación supuso, por tanto, la entrada de un nuevo socio en esta instalación renovable, en la que Iberdrola ha mantenido una participación mayoritaria del 60%.
Iberdrola reafirma su apuesta con la transición energética en España, con unos 19.500 MW al cierre del tercer trimestre de 2022, a los que hay que sumar sus activos de redes y almacenamiento.
Además, la compañía prevé invertir 6.000 millones de euros adicionales en España hasta 2025, incrementando aún más los 85.000 empleos que sostiene actualmente en su cadena de proveedores.
Los activos de Iberdrola alcanzan a septiembre los 170.000 millones de euros en todo el mundo.
El número de nuevas sociedades mercantiles subió un 6% en Castilla-La Mancha el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar 246, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
No obstante, la disolución de empresas también se elevó hasta el 34,5%, ya que en la Comunidad Autónoma fueron 39 las empresas disueltas respecto a hace un año.
A nivel nacional, también subió un 6,6% la creación de empresas respecto el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2021, hasta un total de 8.717 empresas.
Con el repunte de noviembre, la creación de empresas vuelve a tasas positivas después de que en octubre experimentara un descenso interanual del 2,7%.
Para la constitución de las 8.717 empresas creadas el pasado mes de noviembre se suscribieron algo más de 848 millones de euros, lo que supone un 34,7% más que en igual mes de 2021, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 97.297 euros, aumentó un 26,4% interanual.
Al tiempo que subió la creación de sociedades, también creció la disolución de empresas en noviembre, un 24,3% respecto al mismo mes de 2021, hasta un total de 2.652, la cifra más alta desde enero de 2022, cuando cerraron 3.715 sociedades.
En los once primeros meses de 2022 se constituyeron un 2,2% menos de empresas que igual periodo de 2021 y desaparecieron un 10,7% más de sociedades.
De las 2.652 empresas que cerraron sus puertas el pasado mes de noviembre, el 79,8% lo hicieron voluntariamente, el 11,8% por fusión con otras sociedades y el 8,4% restante por otras causas.
El 19,7% de las sociedades mercantiles que se crearon en el penúltimo mes del año pasado se dedicaba al comercio y el 17,2% a actividades inmobiliarias, financieras y seguros. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, los mayores porcentajes se dan también en el comercio (18,8%) y en inmobiliarias, financieras y seguros (17%).
Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 3,6% en noviembre, hasta las 2.410 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.187 millones de euros, cifra un 40,9% inferior a la de noviembre de 2021, mientras que el capital medio fue de 492.659 euros, un 42,9% menos.
MADRID Y CATALUÑA LIDERAN LA CREACIÓN DE EMPRESAS
Las comunidades que crearon un mayor número de empresas el pasado mes de noviembre fueron Madrid (2.059 sociedades), Cataluña (1.620) y Andalucía, donde se crearon 1.601 empresas. Las regiones que menos sociedades constituyeron en el penúltimo mes del año pasado fueron La Rioja (26), Cantabria (65) y Navarra (67).
Cinco regiones crearon en noviembre de 2022 menos empresas que en igual mes de 2021: La Rioja (-45,8%), Cantabria (-12,2%), Murcia (-2,5%), Aragón (-2,4%) y Baleares (-1%). Por contra, la creación de empresas aumentó en doce comunidades, especialmente en Canarias (+19,5%), Castilla y León (+19%), Galicia (+11,9%), Comunidad Valenciana (+11,6%) y Madrid (+11,2%).
Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las comunidades con mayor número de disoluciones en noviembre de 2022 fueron Madrid (952), Andalucía (388) y Comunidad Valenciana (223). Por el contrario, las comunidades autónomas con menos sociedades mercantiles disueltas fueron Navarra (4), La Rioja (15) y Cantabria (24).
Catorce comunidades elevaron su número de disoluciones empresariales el pasado mes de noviembre en tasa interanual, principalmente Asturias (+72,7%), Extremadura (+54,2%) y Canarias (+48,6%), mientras que Navarra y La Rioja no experimentaron variación y sólo disminuyeron en Aragón (-13,5%).
LA CREACIÓN DE EMPRESAS SUBE UN 21,9% EN TASA MENSUAL
En términos mensuales (noviembre de 2022 sobre octubre del mismo año), la constitución de nuevas empresas subió un 21,9%, mientras que las disoluciones empresariales se dispararon un 38,2%.
En ambos casos se trata de las mayores subidas en un mes de noviembre de los últimos cinco años.
Un total de 770 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los once primeros meses del año pasado, 121 más que en igual periodo de 2021, lo que en términos relativos implica un aumento del 18,6%, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La mayor parte de los accidentes mortales se producen por infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y amputaciones, caídas y colisiones contra objetos en movimiento.
Entre enero y noviembre de 2022 los accidentes con baja laboral aumentaron un 10,8% en relación al mismo periodo de 2021, hasta un total de 584.583 siniestros, de los que 511.940 se produjeron en el centro de trabajo (un 11,6% más) y 72.643 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un avance interanual del 5,8%.
De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo se incrementaron hasta noviembre de 2022 un 19,4%, al registrarse 634 fallecidos, 103 más que en los once primeros meses de 2021, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte subieron un 15,3%, al pasar de 118 fallecidos entre enero y noviembre de 2021 a 136 en el mismo periodo de 2022.
Los accidentes graves en jornada de trabajo sumaron 3.533, un 3,2% más que en los once primeros meses de 2021, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave aumentaron un 5,7%, con un total de 836 accidentes.
Por sectores, destacan los repuntes de los accidentes en jornada de trabajo en las actividades sanitarias y de servicios sociales, con un incremento del 53,2% entre enero y noviembre de 2022 en relación al mismo periodo de 2021.
También aumentaron a tasas de dos dígitos los siniestros laborales con baja en jornada de trabajo en la hostelería (+38,8%) y en las industrias extractivas (+12,8%), y sólo el sector de la agricultura y la ganadería recortó su número de accidentes de trabajo, con un descenso del 4,6% sobre el periodo enero-noviembre de 2021.
En valores absolutos, la industria manufacturera fue la actividad que registró un mayor número de accidentes con baja en jornada laboral, con un total de 85.726 siniestros, un 5% más que en los once primeros meses de 2021. Le sigue la construcción, con 75.976 accidentes (+4,2%), y las actividades sanitarias, que sumaron 65.561 siniestros (+53,2%).
694 ASALARIADOS Y 76 AUTÓNOMOS FALLECIDOS EN ONCE MESES
La estadística de Trabajo revela además que de los 770 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta noviembre del año pasado, 694 eran asalariados (+19%) y 76, trabajadores autónomos (+15,2%).
En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron entre enero y noviembre del año pasado 32.372 accidentes laborales con baja, un 1,9% más que en el mismo periodo de 2021, con un aumento del 2% en los siniestros en jornada de trabajo y un descenso del 0,4% en los 'in itínere'.
Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, en los once primeros meses del año pasado se notificaron 521.198 accidentes sin baja laboral, un 0,6% menos que en igual periodo de 2021.
Las comunidades autónomas han decidido volcarse en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2023, que se celebrará del 18 al 22 de enero en Ifema Madrid, con la vista puesta en la consolidación del sector a nivel nacional y mundial.
En una feria que deja atrás cualquier restricción o medida contra el Covid-19, las distintas regiones españolas ofrecerán a los visitantes profesionales su riqueza cultural, paisajística y gastronómica más sostenible, en busca de un público que demanda cada vez nuevas experiencias más personalizadas.
La comunidad autónoma que tendrá la mayor superficie expositiva de la feria será Andalucía, con 5.300 metros cuadrados. Así, contará con la colaboración y participación directa de las ocho provincias andaluzas a las que se destina un espacio propio de más de 300 metros cuadrados útiles para cada una.
Andalucía pondrá en valor la excelencia de cada uno de sus destinos y apostará por la generación de negocio y el consiguiente impulso a un empleo de calidad para la región. El stand dispondrá de una zona para 'startups' andaluzas, además de cinco áreas diferentes, centradas en los niños, en los jóvenes y en el público senior, entre otros.
TURISMO DE GOLF Y COLECCIONES REALES, CLAVES DE MADRID
En Fitur 2023, la Comunidad de Madrid promocionará la vida nocturna de la región, el turismo de golf y el futuro centro museístico de las Colecciones Reales, que abrirá a partir del verano. Además, dará a conocer las conclusiones del primer informe de tendencias de turismo cultural elaborado junto a la Organización Mundial del Turismo (OMT).
Según la región, el objetivo es difundir no solo la oferta recreativa, cultural y gastronómica madrileña, sino también utilizar estos valores para relanzar a la región como destino de congresos, convenciones y eventos.
Los organizadores de la feria han confirmado que la celebración de esta edición de Fitur supondrá una inyección económica importante para Madrid, estimándose unos ingresos de más de 400 millones de euros para la región, en sectores como alojamiento, transporte, comercio o el ocio y restauración.
CANARIAS, CON ALTAS EXPECTATIVAS PARA 2023
Canarias acudirá a Fitur con casi el 100% de la actividad turística recuperada en 2022 y con unas perspectivas que siguen siendo de una evolución positiva para el sector en el archipiélago.
Las islas llevarán a la cita el mismo stand que presentó en la última World Travel Market (WTM) de Londres, ya que "causó impacto" entre los visitantes por su diseño.
Además, la delegación canaria llevará a la Feria un total de 325 empresas expositivas, lo que supone un 22% más que el año anterior, y 770 profesionales acreditados (+16%).
EL NORTE DE ESPAÑA, CON NOVEDADES TURÍSTICAS
Asturias regresará a Fitur con un stand de 900 metros cuadrados en el que se destacará el "potencial turístico" que supondrá la próxima apertura de la variante ferroviaria de Pajares.
Como novedad, el espacio presentará una gran cascada de vídeos que se exhibirán en el frontal del recinto para simular un viaje en tren por diversos paisajes asturianos, de costa e interior. Es el soporte elegido para dar a conocer al gran público la próxima llegada de la alta velocidad a Asturias.
Por su parte, Galicia se centrará en la promoción de la "etnogastronomía sostenible" de la comunidad autónoma, con 54 actos organizados alrededor de esta materia.
Con presentaciones de alimentos y vinos, degustaciones y 'showcooks' se promocionará, en este "escaparate internacional", la etnogastronomía gallega que, "basada en la calidad de la materia prima local y su cocina, forma parte del patrimonio de la identidad y estilo de vida de la Comunidad".
El objetivo para la Xunta en esta edición es igualar o mejorar el gran éxito obtenido en la exposición de 2022, en la que Galicia fue premiada por la organización de la Feria como el mejor 'stand' dentro de la categoría de Instituciones y Comunidades Autónomas.
Este año, Navarra reforzará en Fitur su posicionamiento como destino "sostenible y de referencia", e invitará al público de la feria a reflexionar sobre '¿Qué es para ti Otro Turismo?
El stand, de 500 metros cuadrados, ha sido diseñado con materiales naturales de calidad y reutilizables, pantallas de gran formato e imágenes de alto impacto, y celebrará presentaciones y mesas redondas, con la presencia de profesionales, empresas, asociaciones y entidades locales de Navarra.
OFERTA TURÍSTICA DEL CENTRO DEL PAÍS
El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por el cine para poner en valor la "riqueza cultural y turística" de la región en la próxima edición de Fitur. Con una avenida al más puro estilo de Broadway, la Junta llevará los destinos, las fiestas y las tradiciones más características de la región, en un "boulevard lleno de sueños, ilusiones y estrellas".
Todo ello en un espacio de 1.546 metros cuadrados, que contará con dos plantas, una baja de 1.300 metros cuadrados donde se expondrán todos los recursos turísticos, y una planta alta de 275 metros cuadrados que acogerá un espacio de negocio "alejado de todo el tumulto".
Extremadura estará presente un año más en la feria para estar al día del programa de actos y eventos que se lleven a cabo por parte de instituciones, entidades y empresas, la Junta pone a disposición de los visitantes un microespacio específico.
En esta edición el público profesional dispondrá de los días 18, 19 y 20 de enero para realizar gestiones, mientras que los días 21 y 22 la feria se abrirá al público general.
El stand de Aragón en Fitur se centrará en los cuatro bienes culturales y naturales declarados Patrimonio Mundial por la Unesco: el arte Mudéjar aragonés, el tramo aragonés del Camino de Santiago, el Pirineo-Monte Perdido y el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo.
Con estos elementos se quiere mostrar la amplia oferta de actividades de ocio y turismo activo y de productos, como el ecoturismo, el enoturismo, astroturismo, el turismo familiar, el gastronómico y 'slowdriving'.
El Gobierno ha introducido un "ajuste" en la normativa de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para obligar a las empresas a las que se les autorice un ERTE en su modalidad cíclica a realizar acciones formativas para sus trabajadores si quieren beneficiarse de las exoneraciones de cuotas contempladas en la ley.
Esta modificación en los ERTE, que se ha introducido en el Real Decreto-ley de incentivos a la contratación publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrará en vigor este mismo jueves.
El ERTE ó RED cíclico puede ser solicitado por las empresas cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización. Así, con la finalidad de evitar despidos inmediatos al shock económico, el RED cíclico permite a las empresas suspender a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo de un año.
La reforma laboral estableció una serie de beneficios en la cotización para las empresas que, en lugar de despedir, se acogieran al RED cíclico, pero la redacción anterior no vinculaba el disfrute de estas exenciones a la obligatoriedad de ofrecer formación a los trabajadores que sean suspendidos, como sí sucedía en el caso de los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) y el mecanismo RED sectorial.
Así, el decreto de incentivos a la contratación publicado ayer en el BOE modifica esa redacción para que las empresas a las que se les autorice un ERTE en su modalidad cíclica sólo puedan beneficiarse de las exoneraciones contempladas en la ley en el caso de que desarrollen acciones formativas para los trabajadores afectados.
El Gobierno asegura que este "ajuste" se realiza para garantizar "la necesaria seguridad jurídica y coherencia interna", así como su "congruencia" en relación con lo previsto en los ERTE. "Se trata de un ajuste que asegura la cobertura de las exigencias comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en su componente 23", señala en la exposición de motivos del decreto de incentivos.
Las exenciones de las que pueden beneficiarse las empresas autorizadas a efectuar un RED cíclico son del 60% durante los primeros cuatro meses, del 30% en los siguientes cuatro meses y del 20% en los últimos cuatro meses.
Los ERTE en sus modalidades cíclica y sectorial se crearon en la reforma laboral ante la experiencia vivida en la pandemia. Su activación precisa de autorización por parte del Consejo de Ministros. Hasta ahora, sólo se ha producido un ERTE de alguna de estas modalidades, el de las agencias de viajes, de carácter sectorial.
Los ERTE sectoriales prevén exoneraciones del 40% de las cuotas a la Seguridad Social, condicionadas a formación. De hecho, las empresas que quieran adherirse a esta modalidad están obligadas a presentar un plan de recualificación de los trabajadores, que incluya la realización obligatoria de actividades de formación para posibilitar la recolocación en otro puesto dentro de la misma empresa o de otras.
Los ERTE sectoriales tienen una duración máxima de un año, con posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.
A cierre del año pasado había 20.574 trabajadores en ERTE, de los que 18.237 estaban en un ERTE-ETOP; 1.416 en un ERTE por fuerza mayor, y 921 en el ERTE sectorial de agencias de viajes.
El sector de la construcción cerró noviembre con un incremento del 6% en la contratación femenina, según ha desgranado una infografía del área de Empleo de la secretaría de Políticas Públicas e Institucional de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) del Hábitat, lo que constata un aumento con respecto al mes de octubre.
Mientras que en el mes de octubre los contratos firmados por mujeres en el sector de la construcción fueron 8.130, el mes de noviembre se cerró con 8.650 contratos femeninos. También son 5% más las mujeres que se incorporaron al sector de Limpieza viaria, tratamiento y eliminación de RSU en el que ese mes son titulares de 1 de cada 4 contratos registrados, según ha difundido Comisiones Obreras en un comunicado.
El área de Empleo de la secretaría de Políticas Públicas e Institucional de CCOO del Hábitat ha presentado este miércoles esta nueva infografía que aporta datos de sus principales sectores. Asimismo, muestra la contratación registrada por los Servicios Públicos de Empleo durante noviembre y los datos mensuales de los tres años anteriores.
Según defiende CCOO, se incrementa en un 2% el número de contratos registrados en la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos en relación al mes de octubre. Es el único sector en el que sube el número de contratos y que mantiene la tasa más baja de contratación indefinida que, en las nuevas relaciones laborales, es de un 20%.
Respecto a la proporción de contratos indefinidos, la entidad no aprecia variaciones destacables respecto a los meses anteriores.
El Índice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 0,9% interanual en el mes de noviembre en Castilla-La Mancha, aunque la media en lo que va de año registra un ascenso del 5,1%, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE)
A nivel nacional, el IPI bajó un 1,8% interanual el pasado mes de noviembre, registrando así su mayor descenso desde octubre de 2021, cuando retrocedió un 3,1%.
Con la caída de noviembre, la producción industrial pone fin a seis meses consecutivos de ascensos interanuales. La tasa del penúltimo mes de 2022 fue casi cuatro puntos inferior a la de octubre, cuando este indicador subió un 2,1%.
La producción de la industria energética fue la que más bajó en noviembre, al registrar un retroceso interanual del 9,8%. Les siguen los bienes de consumo duradero (-6,3%); los bienes intermedios (-2,9%) y los bienes de consumo no duradero (-2,1%).
El único sector que incrementó su producción en noviembre de 2022 fue el de los bienes de equipo, con un repunte del 7,3% respecto al mismo mes de 2021.
Por ramas de actividad, las que más incrementaron su producción en tasa interanual fueron otras industrias extractivas (+39%); industrias extractivas (+37,7%); la fabricación de material y equipo eléctrico (+16,8%) y la fabricación de vehículos de motor (+15,3%).
Entre los descensos, los más acusados se registraron en la confección de prendas de vestir (-27,1%), la industria de la madera y el corcho (-23,8%) y las artes gráficas (-13,4%).
Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial bajó un 1,1% en comparación con noviembre de 2021, tasa 3,2 puntos inferior a la de octubre.
En los once primeros meses de 2022 la producción industrial se incrementó una media del 2,8% (+3% en datos desestacionalizados), destacando los repuntes en la industria del cuero y el calzado (+13,9%) y en la confección de prendas de vestir (+7,6%), y los descensos de la metalurgia (-8,4%) y la industria química (-3,2%).
NUEVE COMUNIDADES RECORTAN LA PRODUCCIÓN DE SU INDUSTRIA
La producción industrial se incrementó el pasado mes de noviembre en ocho comunidades autónomas en tasa interanual y bajó en nueve.
Los mayores aumentos se registraron en Navarra (+7,7%), Canarias (+4,4%), Extremadura (+4,2%) y Cantabria (+1,6%).
En el otro extremo, con los mayores descensos interanuales, se sitúan Murcia (-13,5%), Asturias (-5,6%), Aragón (-5,4%) y Baleares (-4,8%).
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL BAJA UN 0,7% EN EL MES
En términos mensuales (noviembre de 2022 sobre octubre del mismo año) y dentro de la serie corregida, la producción industrial disminuyó un 0,7%, ampliando en una décima la caída que experimentó en octubre (-0,6%). Con este nuevo retroceso, la producción industrial encadena tres meses consecutivos de descensos mensuales.
Por ramas de actividad, las mayores bajadas mensuales de la producción en la serie desestacionalizada correspondieron al suministro de energía eléctrica y gas (-10,3%); la confección de prendas de vestir (-6,5%) y las artes gráficas (-5,4%).
Por contra, los mayores incrementos mensuales de la producción los experimentaron la industria del tabaco (+13,2%), la extracción de antracita, hulla y lignito (+4,4%) y otras industrias extractivas (+4,3%).
España es uno de los diez primeros países del mundo en patentes de hidrógeno, acumulando un ritmo de crecimiento anual de estas tecnologías del 5% durante la última década, según revela el último informe de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Agencia Internacional de Energía (AIE).
El ritmo de crecimiento de estas patentes en España ha sido superior al de países como Alemania (4,2%), Países Bajos (4,4%) e Italia (2,6%), y solo se ha visto superado por Francia, en el que estas tecnologías aumentaron un 5.7% anual.
La Unión Europea es la que más patentes de hidrógeno ha concentrado entre 2011 y 2020, un 28% del total, seguida de Japón (24%) y Estados Unidos (20%), la única región en la que el ritmo de crecimiento de estas tecnologías ha sido menor durante la última década.
El 76% de las patentes de hidrógeno que se han creado en España corresponden a tecnologías de hidrógeno respetuosas con el medioambiente (ya no usan combustibles fósiles), una proporción mayor a la que se ha registrado en otros países europeos como Alemania (64%), Países Bajos (59%) y Francia (55%).
La electrólisis ha sido la principal forma de producción de hidrógeno en España, una técnica cuyo uso ha aumentado un 16% desde 2011. Las tecnologías de división de las moléculas del agua han sido el otro gran área de especialización e innovación de los productores nacionales.
CRECEN LAS PATENTES DE HIDRÓGENO EN LA AUTOMOCIÓN
El sector de la automoción ha sido el principal receptor de las nuevas tecnologías en hidrógeno, con Japón a la cabeza en la obtención de patentes para este ámbito.
En los últimos años, se han hecho también esfuerzos para descarbonizar otros sectores como el transporte de larga distancia, la aviación, la producción de hierro y acero y los sistemas de calefacción doméstica, aunque estos todavía no presentan un ritmo de creación de patentes tan acentuado.
"El hidrógeno producido de fuentes de bajas emisiones puede jugar un importante rol en la transición energética, sobre todo en aquellas industrias donde existen pocas alternativas sostenibles a nivel energético, como es el caso del transporte de larga distancia o de los fertilizantes", ha afirmado el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.
El presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEP), António Campinos, ha destacado el papel de las 'startups' de hidrógeno, pues estas recibieron más de la mitad de los 10.000 millones de dólares en fondos de inversión de capital riesgo que se destinaron al desarrollo de estas tecnologías durante la pasada década.
En España, las 'startups' han liderado también la innovación en hidrógeno. Los principales centros tecnológicos españoles de producción de hidrógeno se encontraban en Madrid (con 40 patentes internacionales), Sevilla y Barcelona (ambas con 19), y Valencia (con 7).
El presidente del sector aceituna mesa de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Cabello, ha pedido ante la Comisión de
Agricultura del Parlamento Europeo la inmediata eliminación de los aranceles impuestos por Estados Unidos desde 2018, según ha informado en un comunicado.
En concreto, Cabello ha recordado a los europarlamentarios que el sector de la aceituna de mesa es el "principal motor" de las zonas productoras, que basan su economía en la producción, transformación y exportación de las aceitunas de verdeo, y que genera empleo estable en sus industrias y servicios asociados.
"Hoy es una actuación contra un solo Estado miembro y un sector, pero puede aplicarse de forma más generalizada a más sectores y Estados miembros si la Unión Europea no actúa de forma contundente y eficaz en la aplicación de las conclusiones del Panel de la OMC", ha señalado.
Cabello ha recordado que los aranceles impuestos fueron declarados ilegales por la OMC y que han supuesto más de 8,5 millones de euros en gastos legales en los tribunales americanos, un coste sufragado por las empresas españolas, entre ellas las cooperativas, que no han sido compensadas.
El presidente del sector ha señalado además que estos "aranceles ilegales" cuestionan la colaboración que mantienen Estados Unidos y la UE en el Consejo de Comercio y Tecnología, foro creado en 2021 para coordinar actuaciones comunes de cooperación en el comercio global y profundizar en las relaciones económicas basadas en las reglas internacionales.
En agosto de 2018, Estados Unidos impuso aranceles del 35% a la importación de aceituna negra procedente de España a raíz de una denuncia del sector productor de California. Estas denuncias acusaban a la industria española de la aceituna negra de vender a bajo coste y consideraban, además, que las ayudas de la PAC que percibía el sector suponían un 'dumping' para el mercado americano.
El mercado estadounidense es el principal a nivel mundial con mucho potencial de crecimiento, pero como ha destacado Gabriel Cabello desde hace cinco años las exportaciones españolas de aceituna negra han caído un 68% en volumen, y por tanto el sector español ha perdido competitividad.
Renfe trasladará este fin de semana a unas 300.000 personas en total en sus servicios de AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y Media Distancia en la operación retorno de Navidad.
La compañía ha ofrecido en esta Navidad cinco millones de plazas. Los destinos más demandados han sido Madrid, Barcelona, Galicia, Andalucía y la Costa Mediterránea, ha detallado Renfe.
A los servicios AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity se ha añadido la oferta en trenes de servicio público que en trayectos de Media Distancia enlazan y vertebran el resto del territorio. Además, los viajeros han contado con los servicios de Cercanías que permiten desplazarse en las grandes ciudades.
Esta oferta navideña en los trenes de Renfe evitará la circulación de 2,5 millones de automóviles, lo que supone un ahorro de cerca de cuatro millones de litros de gasolina, y la correspondiente reducción en emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.
Trabajadores de Inditex se han manifestado en Madrid este sábado, en pleno inicio de rebajas de invierno, por una subida salarial y condiciones laborales "dignas", durante una jornada de paro convocada por el sindicato CGT.
Varios centenares de personas se han reunido para protestar en la madrileña calle Preciados en una joranda de huelga de dependientes que estaba convocada en toda España, pero que ha tenido su mayor impacto en la Comunidad de Madrid.
Esta concentración se produce tras el acuerdo alcanzado en Galicia el pasado 23 de diciembre tras varias jornadas de protestas, en el que los empleados de tienda de A Coruña llegaron a un acuerdo con el grupo. Según este acuerdo, el personal de tienda, más de 1.500 personas en Galicia, tendrán un incremento mensual de los pluses salariales en 322 euros durante el primer año, 362 euros durante el segundo y 382 euros a partir de entonces.
El secretario de la sección estatal de CGT en Zara y Lefties, Ánibal Maestro, ha explicado que los trabajadores de Inditex han decidido "dar un paso al frente a la precariedad".
"Los beneficios se los reparten entre la junta de accionistas y directivos y reivindicamos una subida salarial, que se den cuenta de que las trabajadoras somos el motor".
Por su parte, CCOO y UGT anunciaron esta semana que empezarán a negociar con Inditex el 25 de enero en la mesa estatal medidas globales en materia salarial que compensen el impacto de la inflación en todas las empresas del grupo y en todos los territorios.
En concreto, CCOO recordó que en pasadas semanas, y de forma coordinada con UGT, se ha planteado a la firma presidida por Marta Ortega formalizar a lo largo de este mes la mesa estatal para abordar aspectos globales en materia de política salarial en todas las empresas del grupo y en todos los territorios, teniendo presente tanto la situación y niveles de los convenios colectivos provinciales, como el impacto que está teniendo la inflación en el poder adquisitivo de las plantillas, así como el compromiso de revisión y mejora del sistema de comisiones de personal de tienda.
Este sábado, las firmas de Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Lefties y Oysho) arrancan oficialmente sus rebajas de invierno, aunque las adelantó ayer viernes, día de los Reyes Magos, para las compras a través de Internet.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que "España lidera la bajada de la inflación en la eurozona" y ha añadido que los datos confirman que las medidas puestas en macha "funcionan".
"España lidera la bajada de la inflación en la eurozona en 2022. Los datos confirman que las medidas aplicadas funcionan para las familias y las empresas españolas. Política útil", ha subrayado Sánchez este viernes en un tuit, tras conocerse los datos de Eurostat.
Según la información preliminar publicada por la oficina comunitaria de estadística, la tasa de inflación interanual de la eurozona se ha situado en diciembre en el 9,2%, lo que implica una bajada de nueve décimas frente al 10,1% de noviembre. Además, España registró la subida menos intensa de los precios entre los países de la zona euro, con un 5,6%.
El Corte Inglés y las firmas de Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Lefties y Oysho) arrancan oficialmente sus rebajas de invierno este sábado, 7 de enero, aunque las adelantan al viernes, día de los Reyes Magos, para las compras a través de Internet.
En concreto, El Corte Inglés dará el 'pistoletazo' de salida a estas jornadas de descuentos el sábado en todos sus centros comerciales, aunque las rebajas estarán ya activas y disponibles desde las 9.00 horas del día de Reyes tanto en su web como en la 'app' de la firma.
Sfera, la enseña de moda del gigante de la distribución española, ya ha colgado el cartel de rebajas tanto en su web como en sus tiendas físicas en España.
Por su parte, las firmas del Grupo Inditex vuelven a adelantar sus ofertas por Internet, como es costumbre en los últimos años, aunque el cartel de 'rebajas' estará colgado en todas sus tiendas físicas este sábado.
Así, Pull&Bear ya ha confirmado que sus descuentos de hasta un 40% estarán disponibles mañana a partir de las 18.00 horas en su aplicación móvil, mientras que se activarán en la web desde las 19.00 horas, mientras que Stradivarius y Oysho también ha avanzado que seguirán ese mismo horario, al igual que harán previsiblemente el resto de las marcas de la firma, como Zara y Berskha.
Por su parte, Mango cuenta actualmente con promociones de diferentes prendas ya rebajadas en su web, siendo el sábado la fecha oficial del inicio de las rebajas a nivel nacional.
CORTEFIEL, H&M Y UNIQLO YA CUENTAN CON REBAJAS
Por otro lado, varias enseñas de moda como las marcas del Grupo Tendam (Cortefiel, Springfield o Women'Secret), H&M o Uniqlo, entre otras, ya han colgado el cartel de 'rebajas' en sus tiendas hace unos días, aprovechando la liberalización de las rebajas.
De esta forma, Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield o Women's Secret comenzaron su campaña de descuentos, tanto en web como en sus tiendas físicas, hace unos días, con ofertas que rondan entre el 50% y 70% en determinadas prendas.
Por su parte, la firma japonesa de moda Uniqlo también cuenta ya con descuentos en una amplia gama de artículos rebajados para mujer, hombre y niños en su web, mientras que la enseña sueca H&M ya ofrece desde el pasado 28 de diciembre y hasta el 16 de febrero descuentos de hasta un 50% en sus escaparates y en su tienda 'online'.
Unas rebajas que llegan con una inflación elevada que podría moderar el gasto de los consumidores en este periodo, mientras que a nivel laboral se espera que esta campaña suponga la creación de un 9,3% más de puestos de trabajo que en 2022, alcanzando los 202.000 contratos, según las estimaciones realizadas por Adecco para este año.
Esta será la primera campaña tras la entrada en vigor de la reforma laboral, y con ello se observarán cambios en la tipología de los contratos. Adecco prevé que al menos el 10% del total de contrataciones serán en régimen de fijo-discontinuo, mientras el 90% restante se configurará como contratos temporales por circunstancias de la producció
El secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lamentado este miércoles el fallecimiento del exsecretario general de UGT Nicolás Redondo, del que ha destacado su papel en el impulso al diálogo social.
"Su figura ayudó a impulsar un Diálogo Social que es fundamental para la estabilidad y prosperidad de nuestro país. Descanse en paz", ha publicado el presidente de la patronal en su cuenta de Twitter.
La CEOE, en otro mensaje, se ha referido a Redondo como una "persona clave en la Transición, la modernización de los sindicatos y el impulso al Diálogo Social".
Los empresarios españoles también han recordado, a través de su cuenta de Twitter, que Redondo contribuyó a construir "un país democrático, abierto y moderno".
SECRETARIO GENERAL DE UGT ENTRE 1976 Y 1994
El histórico líder sindicalista de UGT, fallecido la pasada noche a los 95 años, fue secretario general del sindicato entre 1976 y 1994. Nacido en Baracaldo, Vizcaya, en 1927, fue un histórico sindicalista y político español.
Su padre, Nicolás Redondo Blanco, trabajador de los Altos Hornos, ya era militante del PSOE y de UGT en 1915, y tras la Guerra Civil lo condenaron a muerte, pero le conmutaron la pena por 30 años de cárcel, de los que cumplió seis en El Puerto de Santa María (Cádiz).
A los diez años, en 1937, fue evacuado junto con otros niños vascos en el buque 'La Habana' y llevado a Burdeos (Francia), donde le recogió una familia minera de Herault de origen español, con la que convivió hasta 1940. Reclamado por su familia al término de la Guerra Civil Española, en 1940 regresó al país. En 1942, acudió a la Naval de Sestao en calidad de aprendiz de oficial ajustador.
Este obrero metalúrgico se afilió al PSOE y a UGT en 1945. Así arrancó una biografía sindical de larguísimo recorrido, que alcanzó la primera línea pública en 1976. Fue detenido y procesado por el régimen de Francisco Franco en numerosas ocasiones (hasta seis veces) debido a sus actividades políticas y sindicales. Fue desterrado a Las Hurdes en 1967.
El 18 de abril de 1976 fue elegido secretario general de la UGT en el 30 Congreso de la central sindical socialista. Dos años antes había renunciado a liderar el PSOE en el congreso de Suresnes. Fue elegido diputado del PSOE por Vizcaya en 1977, 1979, 1982 y 1986. En 1987 renunció a su escaño tras votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 1988. Convocó junto a CCOO la huelga general del 14 de diciembre de 1988 y dos huelgas generales más en junio de 1992 y enero de 1994.
El 10 de abril de 1994, cuando su hijo Nicolás Redondo Terreros lideraba el PSE-EE, en el 36 Congreso, dejó paso a Cándido Méndez como secretario general de la UGT y se retiró de toda actividad política y sindical.
Las ventas de turismos 100% eléctricos en España se incrementaron un 31,1% en 2022 en relación con el ejercicio anterior, con un total de 31.388 unidades, según los datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam) y de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).
En cuanto a los datos relativos solo a diciembre, las matriculaciones de este tipo de coches se estancaron en las 5.403 unidades, por lo que no ha habido avance en términos interanuales.
En cambio, si se tienen en cuenta todos los tipos de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables (turismos, motos, triciclos, cuadriciclos, vehículos comerciales, industriales y autobuses), la cifra de aumento en 2022 respecto al año anterior es del 20,9%, con un volumen de 100.425 unidades, por lo que se ha superado por primera vez la barrera de las 100.000 matriculaciones en España.
En tanto, solo en diciembre se matricularon 10.049 vehículos electrificados de todo tipo, es decir, un 1,8% menos en términos interanuales.
Por tipo de propulsión, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos de todo tipo crecieron un 31,5% en 2022 frente a 2021, con un total 52.224 unidades vendidas.
En cuanto a los vehículos híbridos enchufables de todo tipo, se registró una subida del 11,3% en 2022, hasta alcanzar las 48.201 unidades, de las que 47.797 unidades fueron turismos. Solo en diciembre, el volumen de vehículos de este tipos fue de 4.644 unidades, un 3,8% menos que en el mismo mes de 2021.
Según los datos de Ganvam y Aedive, el 12% de las matriculaciones de turismos en España durante 2022 correspondió a modelos electrificados, es decir, 100% eléctricos e híbridos enchufables.
"Si bien por primera vez se cumple el hito de superar la barrera de las 100.000 unidades, ambas entidades estiman que las matriculaciones de vehículos electrificados crecen a un ritmo insuficiente para cumplir con la senda de descarbonización, teniendo en cuenta que los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) fijan para el horizonte 2030 un total de cinco millones de modelos de este tipo en circulación frente a los cerca de 325.000 actuales", ha señalado ambas entidades.
Así, han subrayado la necesidad de que la Administración ponga en marcha medidas aceleradoras para garantizar esta transición y han abogado por medidas tales como la puesta en marcha de "incentivos fiscales a la compra o planes de incentivo más eficaces" para dinamizar la demanda y convertir la movilidad eficiente en una "opción más asequible y accesible".
MODELOS MÁS VENDIDOS EN DICIEMBRE
En cuanto a las ventas por modelos en diciembre, el Tesla Model 3 4p se situó como el turismo 100% eléctrico más 'popular' entre los españoles, con 285 unidades vendidas, mientras que en la segunda posición se colocó el Model Y, con 264 unidades, y el Fiat 500 se ubicó en la tercera plaza con 206 unidades.
Los turismos híbridos enchufables más vendidos en el último mes de 2022 fueron el Ford Kuga, con 644 unidades matriculadas, el Lynk & Co 01, con 278 unidades, y el Mercedes-Benz Clase A 250, con 270 unidades.
Un total de cuatro empresas castellanomanchegas dedicadas a la transformación de productos de pesca y acuicultura van a recibir ayudas para mejorar su competitividad en los mercados, incentivando la inversión y fomentando la calidad y el valor añadido de los alimentos que producen. En concreto, percibirán un montante de 643.000 euros para inversiones de casi 1,3 millones, lo que supone la mitad del coste de los proyectos.
Todas las industrias beneficiarias son microempresas o pymes. Están ubicadas en las localidades de Chinchilla de Montearagón y Almansa, en la provincia de Albacete; Socuéllamos (Ciudad Real) y Cabanillas del Campo (Guadalajara).
Gracias a esta línea de ayudas, convocada en marzo de 2022, las empresas beneficiarias realizarán diferentes inversiones, orientadas a optimizar sus instalaciones, a abrir nuevas líneas de producción o, en uno de los casos, a construir una estación depuradora de aguas residuales. Podrán desarrollar sus proyectos hasta octubre de este año 2023.
Castilla-La Mancha contribuye con esta convocatoria a incentivar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), uno de los cuales se centra en la pesca, la acuicultura y otras actividades relacionadas. Una de las prioridades de este ODS es fomentar la comercialización y la transformación y alcanzar los objetivos específicos de mejora de la organización de mercados de estos productos y la incentivación de las inversiones en el sector.
El año 2023 arrancará con subidas en los precios de las tarifas de las principales compañías de telecomunicaciones, los sellos, los peajes en las autopistas (aunque por debajo de la inflación y de la cuantía comprometida) y los automóviles, y con el Euríbor en torno al 3%, lo que encarecerá el coste de las hipotecas en España.
Además, las tarifas reguladas del gas también se incrementarán con el nuevo año. En concreto, la Tarifa de Último Recurso (TUR) subirá un 8,67% con respecto al valor vigente hasta octubre.
Por su parte, el mercado eléctrico dará tregua este 2023, tras registrar varios récords durante 2022, y está por ver si los precios de los alimentos se reducen con la entrada en vigor del último paquete anticrisis, que incluye la eliminación del IVA en ciertos productos básicos (leche, huevos, pan, harinas, frutas, verduras, hortalizas y legumbres) y la reducción del 10% al 5% al aceite de oliva y la pasta.
SUBIDA DE UN 4% EN LOS PEAJES
En concreto, las tarifas de las autopistas de peaje subirán un 4% en la AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46 y quedarán congeladas en las que el Estado rescató en 2017 (radiales 2, 3, 4 y 5, M-12, AP-41, AP-36 y las AP-7 Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera).
No obstante, en las que suben un 4%, el Gobierno tendrá que compensar económicamente a las empresas privadas que las gestionan, ya que el alza comprometida tendría que haber sido del 8,4% (en algunos casos del 9,46%).
SUBIDAS DEL 6% EN MOVISTAR Y VODAFONE
Los principales operadores de telecomunicaciones también incrementarán sus precios a partir de enero, debido a los costes "crecientes" de la prestación del servicio.
Movistar subirá las cuotas en España un 6,8% de media, mientras que Vodafone lo hará en un 6,5%, con una subida de cuatro euros en sus tarifas. El aumento de costes en ambas compañías quedaría por debajo de la inflación de los últimos 12 meses.
EURÍBOR POR ENCIMA DEL 3%
El Euríbor a 12 meses cerrará previsiblemente el mes de diciembre en el 3%, lo que supone que a lo largo de 2022 ha aumentado 3,48 puntos y que se sitúe en niveles no registrados desde 2008, según el comparador iAhorro.
Para 2023, este comparador cree que el índice estará en torno al 3%. "Las sensaciones para 2023 que nos transmiten las entidades es que el euríbor seguirá en ascenso, pero de forma muy lenta, y lo habitual será ver los tipos de las hipotecas también en torno al 3%", explica el comparador.
Sin embargo, HelpMyCash calcula que durante los primeros seis meses de 2023 los tipos llegarán al 3%, lo que provocaría que el Euríbor alcanzase el 3,5% en junio. Esto conllevaría, a su vez, que las hipotecas a tipo fijo alcanzasen el 4% o el 5%.
ALZA MODERADA EN EL PRECIO DE LOS COCHES
Las tensiones en la cadena de suministro y los costes energéticos, logísticos y de las materias primas seguirán teniendo "impacto" en el sector del automóvil en 2023 y, "aunque haya cierta mejora", la incertidumbre seguirá ocupando un "papel preponderante" en lo que respecta a los precios de los automóviles, algo en lo que también tendrá influencia de qué modo se recupere la oferta.
Así, en lo que se refiere a los precios de los coches para 2023, se prevé que, "aunque de forma algo más moderada, continuarán su tendencia al alza", según han señalado a Europa Press fuentes del sector.
TRANSPORTE PÚBLICO SUBVENCIONADO
Todo el transporte quedará total o parcialmente subvencionado, tras las ayudas aprobadas por el Gobierno para hacer gratuitos determinados modos de transporte de competencia estatal o para financiar en parte los descuentos en los transportes autonómicos y locales.
En concreto, los Cercanías, y en Cataluña los Rodalies, así como los trenes de Media Distancia, serán gratuitos. Los Avant tendrán una reducción del 50% y algunos autobuses de largo recorrido tampoco tendrán coste, todo ello solo para usuarios habituales.
Por su parte, los metros, tranvías y autobuses de competencia autonómica y de ayuntamientos tendrán un descuento mínimo del 50%, siempre que se compren sus correspondientes abonos, financiados en un 30% por el Estado y en un mínimo del 20% por la entidad competente.
Finalmente, los sellos de Correos para enviar tarjetas postales normalizadas y de hasta veinte gramos de peso a destinos nacionales pasarán a costar 0,78 euros, lo que representa una subida del 4% respecto a los 0,75 euros que se pagaban en 2022.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió tres décimas en diciembre en relación al mes anterior y recortó un punto su tasa interanual, hasta el 5,8%, su cifra más baja desde noviembre de 2021, cuando se situó en el 5,5%, según el avance publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El dato de diciembre, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, es cinco puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando la inflación escaló hasta el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984.
Así, con la moderación registrada en diciembre, la inflación suma cinco meses consecutivos de descensos en su tasa interanual después de que en agosto bajara tres décimas, hasta el 10,5%; en septiembre disminuyera 1,6 puntos, hasta el 8,9%, en octubre se redujera 1,6 puntos, hasta el 7,3% y en noviembre recortara medio punto su tasa interanual, hasta el 6,8%.
Según el INE, la moderación del IPC interanual hasta el 5,8% en diciembre se debe, principalmente, a que los precios de la electricidad suben menos que en diciembre de 2021 y a que los carburantes registran un descenso mayor que el del año pasado.
Por su parte, destacan, aunque en sentido contrario, el vestido y calzado, cuyos precios disminuyen, pero menos que en diciembre de 2021, y el aumento de los precios del tabaco y los alimentos elaborados.
LA SUBYACENTE SUBE HASTA EL 6,9%
El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en diciembre subió seis décimas, hasta el 6,9%, situándose más de un punto por encima del IPC general.
En términos mensuales (diciembre sobre noviembre), el IPC registró un ascenso de tres décimas, frente al descenso de una décima del mes anterior.
De su lado, en el último mes de 2022, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 5,6%, más de un punto inferior a la registrada el mes anterior. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA fue del 0,1%.
DATO IMPORTANTE PARA LOS SALARIOS EN CONVENIO
El dato de IPC interanual de diciembre se utiliza en algunos convenios como referencia para las revisiones salariales.
Aquellos convenios que contengan una cláusula de salvaguarda para compensar la subida inicial del año con el IPC interanual de diciembre tendrán que tomar como referencia el porcentaje que el INE acabe confirmando el 13 de enero --cuando publique el dato definitivo--.
Todo ello, en un contexto en el que desde el Gobierno y otros organismos nacionales e internacionales se está instando a los agentes sociales a que lleguen a un acuerdo sobre el pacto de rentas que dé una senda de evolución de los salarios y de los márgenes empresariales en los próximos años.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la convocatoria correspondiente al año 2023 de ayudas por valor de 510 millones de euros a actuaciones de fortalecimiento industrial dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Además, la orden que publica el BOE incluye, junto a la convocatoria, varias modificaciones de la orden de bases con el objetivo de flexibilizar algunos requisitos, así como de favorecer la participación del tejido agroindustrial en este programa.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 23 de enero y finalizará el 28 de febrero de 2023.
"Con la publicación de esta convocatoria de ayudas el Gobierno cumple con su compromiso con fortalecer la industria agroalimentaria y mejorar su competitividad, un sector que es estratégico para nuestro país y está contribuyendo al desarrollo económico del conjunto de los territorios y más específicamente de las zonas rurales.
Este Perte contribuye a la modernización, sostenibilidad y digitalización de la industria agroalimentaria a través de programas innovadores que promuevan su competitividad", ha resaltado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Podrán acogerse a las ayudas establecidas las agrupaciones sin personalidad jurídica propia que hayan establecido, antes de la presentación de la solicitud, un acuerdo interno que regule el funcionamiento de la misma, y que cumpla los requisitos establecidos en la orden.
Estas agrupaciones deberán estar conformadas por un mínimo de 4 entidades y un máximo de 60 entidades.
Sólo podrán formar parte de las mismas las sociedades mercantiles privadas, sociedades cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación.
En concreto, el presupuesto para ayudas en forma de subvención es de 310 millones de euros y el destinado a ayudas en forma de préstamos es de 200 millones de euros, con la posibilidad de incrementarse en 200 millones adicionales.
Cada agrupación podrá presentar un único proyecto tractor, que estará conformado por un conjunto de proyectos primarios individuales y en cooperación, a través de los cuales se cubren las actuaciones definidas en los bloques de competitividad, trazabilidad y seguridad alimentaria.
Todos los primarios se deberán de encuadrar a su vez en algunas de las tipologías de proyectos de las líneas de investigación, desarrollo e innovación, así como de innovación en protección al medio ambiente y eficiencia energética que se definen en las bases reguladoras.
TIPOS DE AYUDAS
La convocatoria contempla la posibilidad de otorgar ayudas en forma de subvención, préstamo o una combinación de ambas.
Determinados tipos de empresas tendrán la obligación de solicitar una cuantía de préstamo mínimo.
El tipo de interés de los prestamos será el 0%, y se otorgan con un plazo de amortización de 10 años con 3 años de carencia.
El desembolso de la ayuda se efectuará previo a la ejecución de los proyectos, una vez se haya resuelto la convocatoria y previa constitución de las garantías correspondientes.
La convocatoria establece unas garantías, para la ayuda en forma de subvención, que varían del 40% al 100% en función de la ayuda que reciba cada entidad respecto de la ayuda total otorgada al proyecto tractor.
En el caso de la ayuda en forma de préstamo, las garantías que se exigirán dependerán de la calificación financiera establecida, y podrán variar del 10% hasta el 20%.
Para las entidades de nueva creación se exigirán unas garantías del 100% del importe de la ayuda en forma de subvención y del 41% del importe de la ayuda en forma de préstamo.
EL IMPACTO DEL PERTE AGROALIMENTARIO
El Perte agroalimentario, que está previsto que genere un impacto en la economía de 3.000 millones y una creación neta de 16.000 empleos, está dotado con una línea de ayudas de 1.112 millones de euros y se estructura en tres ejes, para los que se establecerán tres convocatorias.
El primero, que corresponde a la convocatoria publicada este jueves en el BOE, es un paquete de apoyo específico para el sector, dotado con 510 millones y ejecutado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El segundo es un paquete de medidas concretas para apoyar el proceso de adaptación digital de toda la cadena de valor, dotado con 454,35 millones y que corresponde al Ministerio de Agricultura.
El tercero es un conjunto de actuaciones específicas de apoyo a la innovación y la investigación, cuya dotación es de 148,56 millones de euros y también corresponde al Ministerio de Agricultura su ejecución.
El sindicato CCOO mantiene que la evolución del PIB regional, que se situaba en algo más de 42.286 millones de euros, un 7,5% más que en 2020, es un aval más a la subida de sueldos pendiente en Castilla-La Mancha que reclama Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha.
La secretaria de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo, María Ángeles Castellanos, ha señalado que el indicador refleja lo que muchos otros, "muestra el reparto injusto de la riqueza generada por el factor trabajo; esto supone que las personas asalariadas, las que generan riqueza con su trabajo diario, tienen cada vez menos participación en esta riqueza".
Y es que si el PIB de Castilla-La Mancha creció un 7,5%, al mismo tiempo la remuneración por hora de trabajo bajó un 0,11%, "es decir, se genera más riqueza, y se paga menos por hora trabajada", en términos de contabilidad, ese coste es de 19,9 euros en 2020, y se redujo a 19,87 en 2021.
Según precisa CCOO en nota de prensa, en este análisis merece especial atención además el sector agrario, una actividad fundamental para la economía regional, ya que supone un 8,5% del PIB, "pero la remuneración por hora apenas supera los 6 euros frente a los 19,87 euros de media regional; quienes están asalariados en la agricultura aportan a la economía regional más riqueza que la media, pero cobran mucho menos".
En otras ramas de actividad destaca la Industria, que en Castilla-La Mancha tiene un incremento de su valor añadido del 15%, hasta superar los 7.589 millones lo que supone la mayor cifra de la serie histórica (desde el año 2000), empleando a 608.500 personas que superaron los 950 millones de horas trabajadas.
La remuneración media en términos de contabilidad regional es de 31.046 euros, un incremento del 3% que contrasta con el incremento del PIB del 7,5%.
Respecto al PIB per cápita en 2021, CCOO Castilla-La Mancha subraya que en la región es de 20.655, lo que sitúa a la región como la cuarta comunidad autónoma con menor PIB per capita tras Andalucía Canarias y Extremadura.
A su vez, los datos de renta disponible bruta de los hogares de 2020 muestran que Castilla-La Mancha también ocupa puestos de cola con una renta de 13.647 euros, frente a los 20.479 euros de Euskadi, comunidad con la mayor renta.
El sindicato mantiene activa la reclamación de una negociación colectiva donde las organizaciones patronales "asuman su responsabilidad y lleven a los convenios sectoriales subidas salariales suficientes, una fórmula efectiva para hacer valer una distribución de la riqueza más equitativa".
Al mismo tiempo, CCOO insiste en la necesidad de políticas públicas más redistributivas, donde también desde la fiscalidad se permita un reparto más justo de la riqueza generada.
El comercio minorista registró en noviembre un descenso de sus ventas del 4% en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes de 2021, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En lo que va de año, las ventas del comercio minorista cayeron en la región un 3,8%. A nivel nacional, la caída fue del 0,8% en relación al mismo mes de 2021, lo que supone 2,3 puntos por debajo a la del mes anterior.
Con el dato de noviembre, las ventas del comercio minorista retornan a tasas negativas tras encadenar tres meses consecutivos de tasas interanuales positivas después del descenso del 3,2% experimentado en julio.
En noviembre, las ventas de alimentos en el sector minorista bajaron un 4% en comparación con el mismo mes de 2021, mientras que las del resto de productos aumentaron un 0,4% debido, fundamentalmente, al repunte de las ventas del equipo personal (+3,9%) y de los otros bienes (+0,5%). Por su parte, las ventas de equipo del hogar cayeron un 4,9% interanual.
Por su parte, las ventas de equipo del hogar cayeron un 4,9% interanual.
Por modos de distribución, se registraron retrocesos interanuales de las ventas en las empresas unilocalizadas (-4,5%), pequeñas cadenas (-2,9%), grandes superficies (-2,6%) y grandes cadenas (-0,4%).
Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista cayó en noviembre un 0,6%, tasa 1,6 puntos inferior a la registrada en octubre.
LAS VENTAS SUBEN UN 3,8% EN EL MES
En términos mensuales (noviembre sobre octubre), el comercio minorista aumentó sus ventas un 3,8% en la serie desestacionalizada, cifra 3,4 puntos superior a la del mes anterior.
Con el avance de noviembre, las ventas minoristas suman cuatro meses consecutivos de aumentos mensuales.
Por productos, las ventas de la alimentación bajaron un 0,2% en noviembre en relación al mes anterior, mientras que las del resto de productos subieron un 5,9%, con incrementos del 3% en las ventas de los otros bienes, del 0,7% en las de equipo del hogar y del 0,2% en las de equipo personal.
Todos los modos de distribución presentaron tasas mensuales positivas en noviembre salvo las empresas unilocalizadas, que se anotaron una caída del 0,7%.
El mayor avance mensual de las ventas lo registraron las grandes superficies (+7,5%), seguidas de las grandes cadenas (+4,8%) y pequeñas cadenas (+1,1%).
EL EMPLEO RALENTIZA SU RITMO DE CRECIMIENTO HASTA EL 0,9%
En cuanto al empleo, el sector registró en noviembre un incremento interanual de la ocupación del 0,9%, tasa seis décimas inferior a la de octubre.
Con este repunte, el empleo en el comercio minorista acumula ya 19 meses consecutivos de alzas interanuales.
El mayor repunte interanual del empleo se observa en las estaciones de servicio (+2,3%) y en las grandes cadenas (+2,3%), seguido de las empresas unilocalizadas (+1,4%) y las grandes cadenas (+1,4%).
Por contra, las grandes superficies han reducido un 1,2% su plantilla en el último año.
En términos mensuales, el empleo del sector cayó un 0,1%, destacando la caída de la ocupación en las estaciones de servicio (-1%) y en las grandes cadenas (-0,9%).
LAS VENTAS BAJAN EN DIEZ COMUNIDADES
Asimismo, las ventas bajaron en tasa anual en 10 comunidades autónomas en noviembre y subieron en siete.
Castilla-La Mancha (-4%), País Vasco (-3,8%) y Andalucía (-2,6%) presentaron los mayores descensos, mientras que Balearea (+5,2%), Canarias (+2,8%) y Comunidad de Madrid (+1%) registraron los mayores aumentos.
Por su parte, el empleo subió en tasa anual en once comunidades autónomas en noviembre, con Baleares registrando el mayor incremento (+5,6%), seguido de Canarias (+4%) y Extremadura (+3,8%).
La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos (CEONM) va a poner a disposición de aquellas personas que deseen informar o bien denunciar alguna celebración de fiesta fin de año ilegal, fiestas en establecimientos o espacios no autorizados para este tipo de eventos en los distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid o también la venta anticipada de entradas falsas, irregularidades de cualquier tipo en la promoción y publicidad de este tipo de eventos o fiestas.
Así, lo podrán comunicar a través de un correo electrónico que recibirá dichas denuncias para tramitarlas con la anticipación necesaria a la Administración.
Con ello la asociación quiere asegurar que se puedan celebrar las fiestas en un entorno de seguridad en todos aquellos espacios que tengan licencia de actividad y funcionamiento para ello y evitar posibles accidentes, incidencias en las celebraciones y de igual manera erradicar la posible competencia desleal.
Así, a través, de denuncias@ocioseguro.madrid se canalizarán las denuncias de los ciudadanos para lograr que todas las fiestas que se celebren cumplan las normas de seguridad establecidas por la administración y sean unas fiestas con el menor número de incidentes posibles.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha advertido a la distribución de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigiliará que se traslade la rebaja del IVA a los precios de los alimentos, porque, de lo contrario, habrá sanciones.
Calviño ha explicado que el real decreto-ley establece la obligación para los distribuidores de que repercutan esta bajada del IVA de "forma positiva" en la cesta de la compra, por lo que el Gobierno estará "muy vigilante y muy atento" para lograr este objetivo.
"Confio en que el sector, que además es muy consciente de que tiene una responsabilidad especial en este momento, colabore y transmita esta bajada de los precios, que que va a notarse inmediatamente en los bolsillos de las familias españolas, y si no, la CNMC tendrá una indicación muy clara de vigilarlo y habrá sanciones si no se cumple", ha advertido Calviño en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.
La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha subrayado que se trata de una medida "excepcional" que trata de conseguir que se contenga la evolución del precio de los alimentos básicos.
"Ahora que ya se está conteniendo el precio de la energía, pues lo que más preocupa es justamente la cesta de la compra, y lo que hemos previsto es que esta bajada del IVA se mantenga hasta junio, salvo que la inflación baje más rápido de lo que estamos previendo, es decir, que si en el mes de marzo o abril estamos viendo que la inflación subyacente, que no incorpora alimentos y energía, ya está por debajo del 5,5%, pues en los últimos dos meses de la medida, mayo y junio, ya se recuperaría un nivel de IVA más elevado", ha señalado.
En este sentido, según ha explicado, esta medida se mantendrá hasta el 30 de junio o hasta que la inflación subyacente baje del 5,5%. Así, si cae por debajo de esa tasa, se recuperará el tipo impositivo habitual de IVA en los alimentos afectados.
El Gobierno ha aprobado limitar al 4% el alza de los peajes en once autopistas de pago en 2023 para mitigar el aumento de las tarifas del 8,4% por la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el efecto de las revisiones extraordinarias en tres de ellas, según ha informado el Ministerio de Transportes.
El objetivo, según el departamento que encabeza Raquel Sánchez, es "ayudar a la ciudadanía a afrontar el escenario actual de altos precios de la energía, derivado de la persistencia del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, que afecta muy especialmente a la movilidad y a la renta disponible de los hogares".
Así, el Real Decreto-ley para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado hoy en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, articula un mecanismo para contener al 4% el aumento de las tarifas de 2023, que soportan los usuarios en las autopistas AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46.
En este punto, y en línea con el objetivo del Gobierno de frenar la espiral inflacionista y respaldar a los hogares, se ha decidido congelar los peajes de las autopistas que gestiona SEITT, que por problemas financieros revirtieron al Estado.
El Ministerio subvencionará entre 2023 y 2026 parte de los ingresos que las concesionarias dejaran de percibir el año que viene por la contención del incremento de los peajes.
En concreto, se habilita una línea de 23,3 millones de euros para financiar la reducción del incremento de las tarifas en 2023 y se establece la obligación de que la Administración General del Estado dote las partidas necesarias para mitigar parcialmente la subida entre 2024 y 2026 para que esta sea escalonada.
"Hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es acumulativa, de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abona en 2023, ejercicio en el que estaba previsto que subieran en torno al 8,38% por la inflación, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones por los ciudadanos", explica Transportes.
En el caso de la AP-7 Alicante-Cartagena, además de la revisión ordinaria por el IPC, se debe aplicar un incremento extraordinario en las tarifas del 1% para devolver un préstamo participativo que le hizo el Estado para pagar las expropiaciones, por lo que, sin medidas, subirían el 9,46%. Aún así, se ha aprobado que la subida del año que viene sea también del 4%, por lo que el incremento ordinario se limita al 3%, aumentado la compensación asociada, a la que se suma el 1% de la extraordinaria.
La AP-46 Alto de Las Pedrizas-Málaga y la AP-9 Autopista del Atlántico también deben aplicar una revisión extraordinaria de la tarifa para generar fondos con los que compensar las obras realizadas para mejorar las infraestructuras y que implicaron modificar las condiciones de las concesiones.
Así, aunque las subidas de los peajes en 2023 en estas vías alcanzan el 9,46%, el Gobierno también ha decidido limitar al 4% el alza y aumentar la subvención para compensar los ingresados que dejan de percibir por parte de los usuarios.
El Consejo de Ministros aprobará este martes 27 de diciembre el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que entrará en vigor el 1 de enero y recogerá medidas para hacer frente a la escalada de los precios de los alimentos.
Tras la que será la última reunión del Consejo de Ministros de 2022, está previsto que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante los medios de comunicación para explicar el paquete de medidas anticrisis y para hacer balance de un año marcado por la guerra iniciada por Vladimir Putin en Ucrania y por la escala, a niveles históricos, de los precios tras el estallido del conflicto.
Pese a que en los últimos meses España ha conseguido moderar la subida de precios y ya es el país con el nivel de inflación más bajo de la zona euro, el Ejecutivo ha decidido impulsar un tercer paquete de apoyo para hacer frente a la coyuntura actual, en el que se incluirá la prórroga de algunas de las medidas actualmente en vigor y que expiran el 31 de diciembre y otras nuevas relacionadas, principalmente, con la cesta de la compra.
Además, el propio Pedro Sánchez adelantó hace unos días que este nuevo paquete de medidas también incluirá un apoyo a la industria gasintensiva y cerámica.
REBAJA DEL IVA EN LA CESTA DE LA COMPRA Y CHEQUE DE 300 EUROS
Una de las iniciativas nuevas que mayor fuerza cobra para incluir en el decreto ley que será aprobado por el Consejo de Ministros del próximo martes es la rebaja el IVA a determinados productos de la cesta de la compra, con el objetivo de amortiguar el impacto del alza de la inflación.
Fuentes conocedoras de las negociaciones han explicado a Europa Press que están abiertas todas las posibilidades, si bien la que, al parecer, tiene más opciones de salir adelante es la rebaja del IVA en algunos alimentos que tienen una fiscalidad del 10%, entre ellos el pescado, y que podría bajar al 4%.
El IVA de la alimentación en España varía entre el tipo reducido (10%) y el superreducido (4%). Se consideran productos de alimentación aquellos que pueden servir como alimento para humanos o animales.
Todos esos productos están sujetos al 10% del IVA, salvo aquellos que se consideran alimentos de primera necesidad como la leche, los huevos, las frutas y verduras, el pan o las legumbres, que se gravan con el tipo superreducido del 4% y que no pueden beneficiarse de un tipo menor, salvo que el Gobierno decidiera eliminar el IVA para estos productos.
No obstante, hay ciertos alimentos que no se encuadran en ninguna de estas categorías, como las bebidas azucaradas o alcohólicas, a las que se les aplica el tipo general del IVA del 21%.
Además de la rebaja del IVA, la líder de Podemos, Ione Belarra, adelantó hace unos días que su espacio negocia con el PSOE, dentro de la prórroga del decreto de medidas anticrisis, un cheque ayuda de alrededor de 300 euros para aliviar el coste de la cesta de la compra, que beneficiará alrededor de ocho millones de personas.
PRÓRROGA DE MEDIDAS ACTUALMENTE EN VIGOR
Aunque el Ejecutivo no ha contemplado casi ninguna medida de prórroga en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para responder a las consecuencias de la guerra en Ucrania, fuentes del Ministerio de Hacienda asumen que se tendrán que prorrogar "bastantes medidas" actualmente en vigor.
La única excepción que se incluye en las cuentas públicas del próximo año es la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia para viajeros frecuentes, que supondrán unos 660 millones de euros a lo largo del ejercicio.
Entre las medidas que ya se han confirmado que se prorrogarán destaca el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas, después del acuerdo del Gobierno con EH Bildu para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.
En materia fiscal, el Gobierno impulsó una batería de medidas destinadas a contener la subida de precios en la factura de luz. Destaca la bajada del IVA del recibo de la luz del 10% al 5%, que se aplica a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios, la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la prórroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Todas estas rebajas fiscales dirigidas a moderar las subidas en el
precio de la electricidad supusieron entre enero y octubre una merma de los ingresos tributarios respecto al año pasado de 6.436 millones, según el último dato actualizado por la Agencia Tributaria en su informe mensual de recaudación.
Cabe recordar también que en el segundo paquete de medidas aprobado en junio, el Gobierno incluyó el incremento transitorio del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas y agua, una ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo que residan en hogares con una renta inferior a los 14.000 euros y la congelación del precio máximo de la bombona de butano hasta final de año en 19,55 euros.
¿QUÉ PASARÁ CON LA BONIFICACIÓN AL COMBUSTIBLE?
Una de las medidas más cuestionadas está siendo la prórroga de la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible. Aunque el Gobierno no ha dejado totalmente claro qué es lo que sucederá con este descuento, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reconocido que se trata de una medida controvertida por su impacto fiscal y por beneficiar a quien tiene coche y no a las clases más vulnerables.
Además, Calviño ha señalado que este descuento ha sido una medida "muy cuestionada" porque no incentiva el ahorro en el consumo de los carburantes, y la ha contrapuesto a la bonificación del transporte público --trenes de Cercanías y Media Distancia para pasajeros recurrentes--, que ha calificado de herramienta "estrella" y que por ello se extenderá durante todo el año 2023.
Por ello, la responsable económica del Gobierno ha abierto la puerta a "centrarlo en los sectores que se pueden ver más afectados", entre los que ha mencionado el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca. "Lo que estamos viendo es si se puede eliminar esa bonificación para todos y mantenerla solo en aquellos sectores para los que sea necesaria", afirmó recientemente.
La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), ha respaldado la posible bajada del IVA que estudia el Gobierno a determinados alimentos básicos, pero exige que no se excluya a la carne de esa reducción.
La patronal cárnica ha afirmado la bajada del IVA en la carne contribuiría a hacer más accesible este alimento a la población con menores rentas y proporcionaría a una alimentación equilibrada y variada, propia de la dieta mediterránea, donde carne y derivados cárnicos son ingredientes de muchas recetas tradicionales, en las que se acompaña de verduras y hortalizas.
En concreto, ha solicitado al Ejecutivo que incluya a la carne en el conjunto de alimentos de la cesta de la compra que verán reducida su carga impositiva, que actualmente es del 10%, junto a verduras, leche o pescados, entre otros.
El sector cárnico, el cuarto sector industrial de España, contribuye a generar empleo y actividad económica en las zonas rurales, combatiendo así la España vaciada y manteniendo ecosistemas como las dehesas, pastos o prados, además de ayudar a combatir también el riesgo de incendio al hacer un aprovechamiento sostenible de esos entornos.
Anice ha subrayado que el sector cárnico es además un sector altamente exportador, con una balanza comercial positiva de más de 9.000 millones de euros en 2021.
La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) ha solicitado al Gobierno la reforma de la Ley de desindexación y la Ley de contratos de sector público en el sector servicios (LCSP) para poder reequilibrar los contratos del sector con arreglo a las subidas del salario mínimo, según ha informado la patronal en un comunicado.
Entre sus peticiones, Aspel ha demandado que se reforme de la Ley de Desindexación, con la que se prohibió revisar los precios de la mayoría de contratos públicos de servicios, para garantizar el equilibrio en la contratación ante variaciones de los sueldos, las cotizaciones o el Salario Mínimo Interprofesinal (SMI).
Además, desde la patronal denuncian el "blindaje" de la Administración y reclaman que se eliminen las prórrogas obligatorias no revisables de hasta cinco años en los contratos, pues consideran que es algo "inasumible" para las empresas.
Estas demandas surgen después de la reunión fallida con el Ministerio de Trabajo y tras la publicación del informe de la Comisión Asesora en el que se recogen cuatro posibles incrementos del SMI en 2023 para distintos escenarios. El salario mínimo podría alcanzar los 1.046, 1.054, 1.066 o 1.082 euros mensuales, respectivamente, en catorce pagas, lo cual supondría una subida de entre el 4,6% y el 8,2%.
"La propuesta del Gobierno continúa olvidándose de los sectores de servicios esenciales como la limpieza, que llevamos años encajando sucesivas subidas del SMI, soportando sobrecostes de todo tipo", ha señalado el presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos.
Suscriben la solicitud la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), junto a los sindicatos CC.OO. y UGT.
La cifra de negocios de las empresas aumentó un 19,1% en octubre respecto al mismo mes de 2021, moderando en más de siete puntos la subida registrada el mes anterior, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con este repunte, las ventas de las empresas encadenan 20 meses consecutivos de alzas interanuales después de haber pasado un año en negativo por el impacto del Covid.
Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas se incrementó un 19,9% en octubre, tasa 7,4 puntos inferior a la de septiembre.
En valores mensuales y dentro de la serie corregida, la facturación empresarial registró en octubre un retroceso del 1,3%, en contraste con el repunte del 1,4% experimentado en septiembre.
La facturación del sector servicios se incrementó un 6,7% en Castilla-La Mancha en el mes de octubre con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que de media en lo que va de año se ha elevado un 13,3%, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Además, la tasa de ocupación creció un 2,1% anual en el mes de octubre, cifra que se eleva hasta el 3,8% de media en lo que va de año.
A nivel nacional, el sector servicios elevó su facturación un 15,6% en octubre respecto al mismo mes de 2021, moderando en más de cuatro puntos el ascenso registrado el mes anterior.
Con el avance de octubre, el más moderado desde julio de 2021, los servicios encadenan 20 meses consecutivos de subidas interanuales después de un año de caídas como consecuencia de la pandemia.
Dentro de los servicios, los mayores avances de las ventas los registraron las actividades administrativas y servicios auxiliares (+20,6%), transporte y almacenamiento (+15,8%) y la hostelería (servicios de alojamiento y servicios de comida y bebida), que elevó su facturación un 14,5% interanual.
En concreto, los servicios de alojamiento incrementaron sus ventas un 22,8%, mientras que los servicios de comida y bebida facturaron un 10,7% más que en octubre de 2021.
Por actividades, los mayores repuntes de las ventas se los anotaron las agencias de viaje y operadores turísticos (+73,4%), y el transporte aéreo, que las incrementó un 69%.
EL COMERCIO FACTURA UN 16,7% MÁS
Por su parte, el comercio elevó un 16,7% sus ingresos anuales, mientras que los otros servicios, donde se incluye la hostelería junto con otros subsectores, registraron un ascenso de sus ventas del 15,8% respecto a octubre de 2021.
Dentro del comercio, el mayor avance interanual de las ventas lo experimentó el comercio mayorista (+19,2%), seguido de la venta y reparación de vehículos (+15,9%) y del comercio minorista, que incrementó su facturación un 10,9% interanual en octubre.
En el caso de los otros servicios, el mayor incremento anual de las ventas se lo anotaron las actividades administrativas (+20,6%), seguido de transporte y almacenamiento (+15,8%); hostelería (+14,5%); actividades profesionales, científicas y técnicas (+11,5%), e información y comunicaciones (+6,8%).
Por comunidades autónomas, todas ellas elevaron el pasado mes de octubre su facturación en tasa interanual.
Los mayores avances de las ventas en el sector servicios se dieron en Galicia (+30,2%), Baleares (+28,1%) y Navarra (+19,5%), mientras que los menores se registraron en Extremadura (+3,4%), Castilla-La Mancha (+6,7%) y La Rioja (+7,1%).
Corregida de efecto calendario y estacionalidad, la facturación del sector servicios se elevó un 15,9% en octubre en relación al mismo mes de 2021, tasa cuatro puntos inferior a la de septiembre.
En los diez primeros meses del año, las ventas del sector servicios acumulan un incremento medio del 21,7% (+21,8% en datos desestacionalizados).
LAS VENTAS BAJAN UN 0,1% EN EL MES
En términos mensuales y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, el sector servicios registró en octubre un descenso mensual de sus ventas del 0,1% tras dos meses consecutivos de alzas.
Este retroceso fue consecuencia del estancamiento de las ventas del comercio y de la caída en un 3,1% de los ingresos de los otros servicios, donde destaca la disminución en un 3,4% de la facturación de la hostelería.
De hecho, dentro de la serie desestacionalizada, los servicios de alojamiento (que se incluyen en la hostelería) fueron la actividad que más recortó sus ventas en el mes, un 9,8%, seguido del transporte aéreo (-9,7%) y del transporte marítimo (-5,3%).
En el lado contrario, las actividades que más elevaron su facturación en octubre en relación al mes anterior fueron las agencias de viaje (+8,5%); otras actividades profesionales, científicas y técnicas (+2,8%) y publicidad y estudios de mercado (+1,7%).
EL EMPLEO MODERA SU RITMO DE CRECIMIENTO
Por decimonoveno mes consecutivo y tras más de un año de caídas, la ocupación en el sector servicios creció en octubre, y lo hizo a un ritmo interanual del 2,7%, tasa seis décimas inferior a la de septiembre.
En concreto, dentro del sector servicios, la ocupación subió un 1,6% en el comercio y un 3,4% en los otros servicios.
Los mayores repuntes interanuales del empleo se dieron en información y comunicaciones (+6%) y en la hostelería (5%) y los más moderados correspondieron a la venta y reparación de vehículos (+1%) y a las actividades administrativas (+1,3%).
En términos mensuales, la ocupación en el sector servicios disminuyó un 0,4% tras descender un 1,1% en los otros servicios y aumentar un 0,7% en el comercio.
DOS COMUNIDADES DESTRUYEN EMPLEO EN EL ÚLTIMO AÑO
La tasa anual del empleo en el sector servicios aumentó respecto a octubre de 2021 en 14 comunidades autónomas, se mantuvo sin cambios en Navarra y disminuyó en Aragón (-1%) y Cantabria (-0,1%).
Baleares (+7,8%) registró el mayor incremento interanual de la ocupación en los servicios en el mes de octubre, seguida de Canarias (+4,3%), Madrid y Cataluña (+3,8% en ambos casos) y Extremadura (+3,6%).
Los repuntes más moderados del empleo se dieron en La Rioja (+0,1%), Castilla y León (+0,2%) y, más lejos, Comunidad Valenciana, donde la ocupación en el sector servicios creció un 1% interanual.
Gobierno, CCOO y UGT comenzarán a negociar este miércoles la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023, sin la presencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que rompió la relación con el Ministerio de Trabajo la semana pasada a raíz de una enmienda transaccional a la Ley de Empleo.
La reunión, a la que también está citada la patronal pese a haber anunciado su no asistencia, está prevista para las 9.30 horas y se realizará en la Sala Oval del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El Departamento que dirige Yolanda Díaz acudirá a la mesa con una horquilla de subida del SMI para 2023 de entre el 4,6% y el 8,2%, lo que situaría su cuantía en 1.046 euros brutos al mes por catorce pagas en el primer caso y de 1.082 euros en el segundo, como recomienda el informe de la Comisión de Expertos.
El Gobierno espera cumplir su promesa de elevar el SMI al equivalente del 60% del salario medio español en 2023, ya que los sindicatos también son partidarios de incrementar el salario mínimo. No obstante, tanto CCOO como UGT reclaman alzas por encimas de las aconsejadas por la Comisión de Expertos del Ministerio de Trabajo.
CCOO planteará en la mesa de diálogo social un SMI de entre 1.082 y 1.100 euros mensuales, es decir, entre 82 y 100 euros más al mes de su cuantía actual, y por encima de la horquilla de partida de Trabajo. UGT también aboga por una subida más ambiciosa y propone que el SMI quede en 2023 en 1.100 euros, un 10% más que la cantidad actual.
Díaz ha evitado estos días manifestar "posiciones propias" sobre cuál debería ser la subida del SMI para 2023, aunque se ha mostrado partidaria de revisar el SMI en los próximos seis meses si la situación económica española lo exigiera, como ya han hecho otros países.
La titular de Trabajo tampoco dio fechas sobre el cierre de las negociaciones de la mesa de diálogo y dejó abierta la posibilidad de que el SMI se apruebe en enero, con efecto retroactivos.
TENSIÓN ENTRE TRABAJO Y LA CEOE
Díaz insistió en la rueda de prensa del lunes en que todos los agentes sociales, tanto sindicatos como patronal, estarán convocados a la reunión de este miércoles.
A pesar de la declaración de la ministra de Trabajo, la CEOE ya había anunciado la semana pasada la ruptura del diálogo con su Ministerio, al que consideran "invalidado como interlocutor fiable" por haber introducido una enmienda a la Ley de Empleo que devuelve el control al Ministerio de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Los empresarios españoles aseguraron que esa cuestión quedó fuera, de manera expresa, en las negociaciones de la reforma laboral para poder alcanzar un acuerdo, por lo que se oponen a hablar con Trabajo hasta que obtengan "una rectificación" por parte de la cartera de Yolanda Díaz.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, confirmó ayer que los empresarios no acudirán a la cita de Trabajo, aunque responderán a las propuestas del Gobierno por escrito.
Garamendi ha explicado que la razón por la que no se sentarán en esta mesa de diálogo social es que los empresarios firmaron "probablemente el acuerdo más importante", en alusión a la reforma laboral, y que ahora "por Real Decreto se ha planeado cambiar el artículo 51", que devuelve el control al Ministerio de los ERE.
Además, los empresarios también celebrarán este miércoles su Junta Directiva, convocada antes de que Díaz citara a los agentes sociales.
EXPLICACIONES A LOS ESPAÑOLES
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo negó el lunes que las relaciones con la patronal estuvieran rotas y garantizó que todas las mesas de diálogo abiertas seguían cumpliendo con sus tareas.
No obstante, pidió a los agentes sociales que cumplieran con su mandato constitucional y advirtió de que si alguien no se sentaba a negociar, en alusión a los empresarios, se lo tendría que "explicar a los españoles golpeados por la inflación".
"El que no comparezca cuando es llamado va a tener que dar cumplidas explicaciones al país, no al Gobierno", avisó Díaz. "Que la ministra dé explicaciones de lo que tenga que hacer. Yo doy las mías", replicó Garamendi.
Ayer por la tarde, tras anunciar Garamendi que CEOE no iría a la mesa de diálogo de este miércoles y que negociaría por escrito, la ministra calificó de "muy grave" la decisión de la patronal y le instó a no negociar "en diferido" y a cumplir su mandato constitucional.
El presidente de los empresarios recordó ayer que el papel de los agentes sociales en la negociación del SMI es consultivo, como establece el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, y que es el Gobierno el que decide la cuantía para 2023.
Dos de cada tres autónomos, el 66,6%, considera que la evolución de su negocio no será mejor el próximo año, al tiempo que solo un 3,5% prevé contratar nuevos trabajadores y un 12,9% anticipa que tendrá que disminuir su plantilla de seguir la situación como hasta ahora.
De acuerdo con el XVI Barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) solo el 25,8% de los autónomos afirma que su negocio ha crecido a lo largo de 2022.
Por el contrario, casi cuatro de cada diez autónomos, el 37,8%, afirma que en 2022 ha registrado un descenso en su actividad, y otro porcentaje similar (36,4%) asegura que su actividad se ha mantenido igual que en 2021.
De cara a 2023, únicamente uno de cada cinco autónomos encuestados, el 20,3%, cree que su negocio crecerá en 2023, frente al 66,6% que responde que su negoció no mejorará en el año que entra, bien porque cree que su actividad será igual a la de 2022 (el 31,4%), bien porque sus perspectivas actuales son de que su actividad decrecerá (el 35,2%).
Preguntados sobre la economía en general, siete de cada diez autónomos destacan la tendencia económica negativa. Así, un 46,5% ve una tendencia negativa y el 25,3% una tendencia muy negativa. Solo el 10,8% confía en que 2023 va a ser un gran año en materia económica y percibe la economía de manera muy positiva. El 17,7% se muestra optimista y ve la situación económica actual de forma positiva.
En esta edición del barómetro, se comprueba cómo el 8,7% de los autónomos manifiesta haber aumentado su plantilla a lo largo de 2022 y un 38,9% afirma que, a pesar de lo complicado que ha sido el año, ha podido mantener la plantilla. Finalmente, prácticamente el 10% (9,2%) de los autónomos que han contestado al Barómetro de ATA afirma haber tenido que disminuir plantilla en el año que estamos a punto de finalizar.
Como previsión del empleo de su negocio de cara a 2023, uno de cada tres autónomos cree que mantendrá su plantilla, concretamente el 34,9%; un 3,5% que contratará nuevos trabajadores y el 12,9% que tendrá que disminuir su plantilla de seguir las cosas como hasta ahora. Destaca que un 8,5% de los autónomos no sabe cómo evolucionará su negocio y el empleo que crea en él.
AUMENTO DE LOS GASTOS
De su lado, un 23,4% de los autónomos ha visto incrementada su facturación hasta un 10% a lo largo del año y que únicamente el 6,3% afirma que el crecimiento de su negocio ha superado el 20%. Por el contrario, uno de cada cuatro autónomos, el 26%, considera que su facturación en 2022 y con relación a 2021 ha disminuido como mínimo un 20%.
Sin embargo, en el capítulo de los gastos que afectan a las actividades de los autónomos prácticamente la totalidad de los autónomos, el 95,2%, afirma que los gastos han aumentado en 2022. El 48,4% afirma que sus gastos aumentaron entre el 10 y el 20%.
De su lado, la morosidad, tanto pública como privada ha sido y es uno de los principales problemas para nuestro colectivo. En lo que va de año el 39,7% de los autónomos ha sufrido morosidad. El 7,4% de ellos por parte solo de entidades públicas, el 9,8% tanto públicas como privadas y el 22,5% por parte de otras empresas privadas.
MEDIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL NEGOCIO
Según se desprende del informe, ocho de cada diez autónomos, el 79,5%, afirma no haber recibido ningún tipo de ayuda por parte de las administraciones públicas. De los autónomos que sí que responden haber recibido algún tipo de ayuda, la mayoría afirma haberla recibido de la comunidad autónoma, concretamente el 8,2%. El 4,9% afirma haber accedido al cese de actividad, el 3,1% ha accedido a los ERTE, un 5,6% señala haber recibido otras ayudas estatales y el 3,1% de otras administraciones.
Los créditos son una forma habitual de financiación en los autónomos. En 2022, sin embargo, seis de cada diez autónomos, el 58,4%, no ha acudido a una entidad bancaria a solicitar financiación frente a uno de cada tres, el 36,6%, que sí que la ha solicitado.
De ese 36,6% de autónomos que sí ha solicitado financiación a lo largo de 2022, esta le ha sido concedida al 29,6% y denegada al 7% de los que lo solicitaron.
FACTORES QUE HAN PUESTO EN RIESGO SU CONTINUIDAD
La subida de los precios de los carburantes, los impuestos y el coste de las materias primas han sido las principales losas que han puesto seriamente en riesgo la continuidad de muchos negocios.
Así, tres de cada cuatro autónomos, el 75,5%, afirma que la subida del precio de los carburantes les ha afectado bastante o mucho, al 73% les ha costado mucho hacer frente a los impuestos este 2022 y el 71,2% también marca como uno de los principales problemas de este 2022 el encarecimiento de las materias primas.
En el otro extremo, el coste de los alquileres es de lo que menos se quejan los autónomos ya que únicamente afirman verse bastante o muy afectado por este motivo el 29,7% de los autónomos encuestados para el Barómetro de ATA.
Además, la escalada de la inflación es un problema serio para la mayor parte de los autónomos. De hecho, seis de cada diez autónomos, el 59,8%, afirma que se han visto obligados a subir los precios. De continuar esta situación, prácticamente dos de cada tres autónomos, el 64,9%, afirman que van a tener que subir los precios a lo largo de 2023.
La rentabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas (pymes) creció entre el 25% y el 44%, según su tamaño, en 2021, de acuerdo con los datos del estudio 'Las pyme españolas con forma societaria 2016-2020 y avance 2021', elaborado por el Colegio de Registradores y presentado este lunes.
Este estudio refleja que la mayoría de las pyme se recuperaron a lo largo del año pasado del impacto provocado por la pandemia en 2020, e incluso algunas superaron la rentabilidad de 2019.
Las microempresas experimentaron con mayor fuerza el rebote de sus beneficios. La rentabilidad financiera de estas empresas aumentó un 44% en 2021, al pasar del 4,1% al 5,9%, según recoge el Colegio de Registradores.
La rentabilidad financiera de las pequeñas empresas mejoraron un 36%, pasando del 6,1% al 8,4% en 2021, mientras que las medianas subieron su rentabilidad financiera el 25%, pasando del 6,4 en 2020 al 8,4% en 2021.
El estudio del Colegio de Registradores también analiza la cifra de negocios y el resultado neto del ejercicio de las pymes. El resultado neto de las microempresas creció un 47% en 2021 respecto a 2020. En el caso de las pequeñas empresas, el aumento fue del 31,8% en ese periodo, mientras que las medianas empresas registraron incrementos del 22,6% en su resultado neto.
Las cifras de empleo en las pymes también constatan una resistencia mucho mejor en esta crisis que en la de 2008. Por segmentos de tamaño de empresa, las microempresas incrementaron globalmente el tamaño de sus plantillas en 2021, mientras que pequeñas y medianas las redujeron muy levemente, como informa el Colegio de Registradores.
Las microempresas incrementaron su empleo medio al pasar de 3,38 trabajadores por empresa en 2020 a 3,48 en 2021. En este caso, aumentaron ligeramente tanto los trabajadores fijos como los no fijos.
Las pequeñas empresas redujeron ligeramente su empleo medio total, al pasar de 18,82 trabajadores en 2020 a 18,75 en 2021. Las empresas de este tamaño muestran una ligera reducción del empleo fijo y mantienen el temporal.
Por último, el número de trabajadores también se contrajo en las medianas empresas, al caer de los 84,29 empleados en 2020 a 82,97 ocupados en 2021, sin alcanzar tampoco la cifra de 2019.
La tendencia general durante los últimos cinco años analizados en todos los segmentos de pyme muestra un avance de la contratación fija frente a un descenso de la contratación eventual, agrega el Colegio de Registradores en su informe.
El estudio también muestra la inversión de estas empresas en I+D, con una evolución "correlacionada positivamente con el tamaño empresarial". El número de pymes que declaran inversiones en I+D es superior a las que no lo declaran.
En cuanto a la intensidad de inversión en I+D, en el caso de las microempresas se observan los primeros lugares para empresas dedicadas a actividades de los servicios relacionadas con las tecnologías de la información y comunicaciones y alguna manufactura de tecnología media.
Entre las empresas pequeñas, los servicios de alta tecnología son los más representados, y comprenden a empresas vinculadas al ámbito de las tecnologías de la información y comunicación, las de investigación y desarrollo experimental y servicios de ingeniería.
El Colegio de Registradores concluye que la inversión en I+D de las empresas analizadas en su estudio se incrementa en los sectores más tecnológicamente avanzados
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participará este lunes en la presentación del informe que ha elaborado la Comisión Asesora del salario mínimo interprofesional (SMI) para determinar la subida que debería experimentar esta renta mínima en 2023 a fin de alcanzar el compromiso de situarla en el 60% del salario medio al término de la legislatura.
Díaz asistirá a la presentación de este informe junto a la coordinadora de este grupo de expertos, Inmaculada Cebrián, profesora de Fundamentos del Análisis Económico del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
Tras la presentación de este informe, el Ministerio de Trabajo convocará a los agentes sociales para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la subida del SMI para 2023.
Aunque no es preceptivo tal acuerdo, pues el Gobierno sólo está obligado a consultarles, Díaz tratará de buscar un acuerdo con sindicatos y empresarios, como hizo en anteriores ocasiones. Las últimas dos veces, cuando el SMI subió de 950 a 965 euros mensuales y de 965 a los actuales 1.000 euros, sólo consiguió el 'sí' de CCOO y UGT, ya que CEOE y Cepyme se descolgaron de ambos acuerdos.
El último acuerdo suscrito entre el Gobierno y los sindicatos, válido para 2022, fija el SMI en 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas. De cara a 2023 y tras un año marcado por altos niveles de inflación, CCOO y UGT están reclamando elevarlo, como mínimo, a unos 1.080 euros, lo que equivaldría a una subida relativa del 8%.
Los sindicatos quieren así proteger de la pérdida de poder adquisitivo a los casi dos millones de trabajadores que de forma directa están afectados por el SMI, especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes.
El grupo de expertos, como hizo en la anterior ocasión, establecerá una posible horquilla de subida del SMI tras sus valoraciones sobre el salario medio, pero CCOO y UGT ya han advertido de que no aceptarán subidas del 3%, que lleven a esta renta mínima a unos 1.030 euros. Su reivindicación es clara: el SMI debe subir en línea con lo que han subido las pensiones.
La negociación con los agentes sociales no se presenta fácil, pues en CEOE y Cepyme no están por la labor de apoyar una subida del SMI. De hecho, Cepyme advirtió la semana pasada que las subidas del SMI aprobadas por el Gobierno desde 2018 han causado la desaparición de un total de 217.500 empleos.
De hecho, la patronal de las pymes concretaba en un informe que el incremento del 35,9% que ha experimentado el SMI a partir de 2018, desde los 735,9 euros mensuales de entonces a los 1.000 euros actuales, ha generado la destrucción de 71.600 puestos de trabajo y evitado la creación de 145.900 empleos.
UGT, por su parte, le replicó con otro informe de la Universidad Autónoma de Madrid en el que se señala que desde 2018, cuando se inician las subidas del salario mínimo interprofesional, se han creado en España más de 1,3 millones de puestos de trabajo.
Renfe ofrecerá más de cinco millones de plazas en los 25.000 trenes que pondrá en circulación esta Navidad para atender la alta demanda de viajeros en las próximas fiestas.
En concreto, Renfe pondrá en marcha la Operación Navidad, que incluye la puesta en servicios de más de 1.000 trenes al día, en sus servicios de AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia, hasta el 9 de enero de 2023, según ha informado la empresa en un comunicado.
Los trayectos más demandados en estos días festivos son los que comunican Madrid con Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, así como los trenes que enlazan Cataluña y Andalucía y el corredor Mediterráneo.
Esta oferta navideña en los trenes de Renfe evitará la circulación de 2,5 millones de coches, lo que supone un ahorro de cerca de cuatro millones de litros de gasolina, y la correspondiente reducción en emisiones de CO2 a la atmósfera.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la Orden que regula las ayudas para la puesta en marcha de proyectos piloto de reducción de la jornada laboral en las pymes del sector industrial, cuyo presupuesto total es de 10 millones de euros.
Estos proyectos piloto deberán reflejar una reducción de jornada mínima del 10% para un número de trabajadores determinado según el tamaño de la empresa, y con una duración mínima de 24 meses desde la fecha de resolución de concesión.
Una vez que las empresas impulsen estos proyectos piloto, se prevén ayudas directas de manera temporal por los costes asumidos por la empresa como consecuencia de la reducción de la jornada, así como por los costes de implementación de nuevas fórmulas organizativas y la formación que, a medio plazo, generen un incremento de la productividad.
Según consta en la Orden, el número de trabajadores participantes en el proyecto piloto deberá afectar como mínimo al 30% de la plantilla en empresas de hasta 20 trabajadores y al menos al 25% en las pymes con entre 21 y 249 trabajadores.
Para el cálculo del número de personas trabajadoras de una empresa o centro de trabajo se tendrá en cuenta la plantilla total de la misma. A estos efectos, computarán todos los trabajadores de la empresa, cualquiera que sea su modalidad de contrato, incluidas las personas con contratos fijos-discontinuos y con contratos de duración determinada.
Cada trabajador con contrato a tiempo parcial se computará, con independencia del número de horas de trabajo, como una persona más. A este número de personas deberán sumarse los contratos de duración determinada, cualquiera que sea su modalidad.
Además, las pymes deberán garantizar que el número de mujeres participantes en el proyecto responda al porcentaje de distribución de género existente en la totalidad de la plantilla con contrato indefinido a tiempo completo, permitiéndose una desviación del 10%. No obstante, en la Orden se precisa que este porcentaje de mujeres participantes podrá ser superior, pero no inferior.
AYUDAS DE HASTA 150.000 EUROS
Industria apoyará, a través de subvenciones, los proyectos piloto que realicen las empresas industriales, con una duración mínima de 24 meses desde la fecha de la resolución de concesión. Se deberán plantear mejoras organizativas que generen un incremento de productividad que compense los sobrecostes salariales. Dichas mejoras deberán implementarse en un año.
El Ministerio financiará parcialmente, con hasta 150.000 euros, los costes salariales que asuma la empresa por la reducción de la jornada laboral a 4 días semanales durante el primer año, y el coste de las medidas organizativas para implementar el piloto de mejora de la productividad, así como los costes de auditoría de justificación del proyecto.
Las empresas interesadas deben comprometerse a reducir la jornada laboral ordinaria a tiempo completo un mínimo de un 10% en cómputo semanal. Este compromiso se establecerá para una duración temporal mínima de dos años, computable desde la concesión de la ayuda, y afectará únicamente a personas trabajadoras con contrato indefinido a tiempo completo. La gestión de esa reducción de horas dependerá de cada empresa y el acuerdo alcanzado con los trabajadores.
Para la ministra Reyes Maroto, "con la puesta en marcha de este programa piloto cumplimos con el compromiso de ofrecer a las pymes una nueva forma de organizar sus jornadas laborales aplicando reducciones del tiempo de trabajo manteniendo los salarios y mejorando sus resultados empresariales. Animo a las empresas y trabajadores a que aprovechen este programa".
UN PROYECTO RESTRINGIDO INICIALMENTE AL SECTOR INDUSTRIAL
Al ser un proyecto experimental y piloto, con un presupuesto reducido, el Gobierno ha decidido restringirlo al sector industrial, incluyendo servicios industriales, para conseguir "una suficiente representatividad estadística que permita obtener conclusiones basadas en datos que puedan posteriormente conducir a ampliar el piloto al resto de la economía".
Aunque esta norma se impulsa desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la convocatoria de las ayudas, prevista para principios del año que viene, y la gestión se realizarán desde la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI).
Tras la finalización de los proyectos piloto se realizará un estudio para evaluar y comparar los diferentes tipos de medidas que se hayan puesto en marcha, por los diferentes tipos de empresas y con planteamientos organizativos, tecnológicos o de negocio también diferentes.
Las solicitudes presentadas por las pymes serán evaluadas por una comisión y el otorgamiento de la subvención se resolverá en concurrencia competitiva, de modo que sólo las que alcanzan las mejores puntuaciones resultarán beneficiadas por la subvención mientras no se superen las disponibilidades presupuestarias.
El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 4% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2021, hasta situarse en 2.754,75 euros.
Con este incremento del coste laboral, superior en dos décimas al del trimestre anterior, se encadenan ya siete trimestres consecutivos de alzas, ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. En el tercer trimestre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 4,1% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.032,05 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un tercer trimestre desde el inicio de la serie, en el año 2000.
Por actividades, la hostelería lideró el avance de los salarios en el tercer trimestre, con un incremento interanual del 15,4%, hasta alcanzar los 1.314,59 euros mensuales por trabajador. El crecimiento interanual del salario en la hostelería se ha moderado casi 25 puntos respecto al segundo trimestre, cuando aumentó un 40,3%.
El INE ha informado además de que en el tercer trimestre del año se registraron 143.876 vacantes de empleo, entendiendo por vacante aquel puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.
El 94,5% de las empresas preguntadas por Estadística respondieron que no tenían vacantes que cubrir entre julio y septiembre porque no necesitaban trabajadores adicionales. La mayor parte de las vacantes, nueve de cada diez, se encuentran en el sector servicios.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha puesto en marcha el podcast 'Autónomos con futuro' para dar respuesta a todas las preguntas y dudas de los trabajadores por cuenta propia.
Este podcast, financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se publicará cada lunes y miércoles durante todo el mes de diciembre.
A lo largo de los nueve episodios que se publicarán este mes, expertos de ATA abordarán temas como el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, el Kit Digital, ventas 'online', economía verde, formación o ayudas.
"La inmensa mayoría de los autónomos ha sobrevivido a la situación de pandemia y van a sobrevivir a la situación que estamos viviendo de crisis energética", destaca el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en uno de los episodios del podcast.
El número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 2,7% en octubre respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar un total de 7.149 empresas, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el descenso de octubre, la creación de empresas vuelve a tasas negativas después de que en septiembre experimentara un incremento interanual del 3,3%.
Para la constitución de las 7.149 empresas creadas en octubre se suscribieron casi 192,2 millones de euros, lo que supone un 5,8% menos que en igual mes de 2021, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 26.883 euros, retrocedió un 3,2% interanual.
Al tiempo que bajó la creación de sociedades, en octubre creció la disolución de empresas, un 8,8% respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 1.919, lo que supone que cada día del mes de octubre dejaron de operar en España 62 empresas.
En los diez primeros meses del año se han constituido un 3% menos de empresas que igual periodo de 2021 y han desaparecido un 9,1% más de sociedades.
De las 1.919 empresas que cerraron sus puertas en octubre, el 76,1% lo hicieron voluntariamente, el 11,6% por fusión con otras sociedades y el 12,3% restante por otras causas.
El 19% de las sociedades mercantiles que se crearon en el décimo mes del año se dedicaba al comercio y el 16,9% a actividades inmobiliarias, financieras y seguros. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, los mayores porcentajes se dan también en inmobiliarias, financieras y seguros (19,5%) y en el comercio (17,3%).
Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 5% en octubre, hasta las 2.045 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.400 millones de euros, cifra un 3,5% superior a la de octubre de 2021, mientras que el capital medio fue de 685.013 euros, un 1,4% menos.
Las comunidades que crearon un mayor número de empresas en octubre fueron Madrid (1.655 sociedades), Cataluña (1.415) y Andalucía, donde se crearon 1.244 empresas. Las regiones que menos sociedades constituyeron en el décimo mes del año fueron La Rioja (27), Cantabria (50) y Navarra (52).
Trece regiones crearon en octubre menos empresas que en igual mes de 2021. Los mayores descensos anuales se dieron en Extremadura (-24,1%), Navarra (-20%), Murcia (-18%) y Castilla-La Mancha (-16,9%), mientras que los únicos ascensos interanuales los protagonizaron País Vasco (+23,4%), Cataluña (+5%), Andalucía (+3,5%) y Comunidad Valenciana (+1,7%).
Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las comunidades con mayor número de disoluciones en octubre fueron Madrid (745), Andalucía (237) y Comunidad Valenciana (157). Por el contrario, las comunidades autónomas con menos sociedades mercantiles disueltas fueron Navarra (9), La Rioja (14) y Cantabria (20).
Once comunidades elevaron su número de disoluciones empresariales en octubre, principalmente Cantabria (+81,8%), Murcia (+80%) y Aragón (+72,2%), mientras que cuatro lo recortaron, lideradas por Galicia (-8,3%) y Asturias (-7,7%), y dos, Castilla-La Mancha y Cataluña, no experimentaron variación.
LA CREACIÓN DE EMPRESAS SUBE UN 4,5% EN TASA MENSUAL
En términos mensuales (octubre sobre septiembre), la constitución de nuevas empresas subió un 4,5%, su menor ascenso en este mes en al menos cinco años.
Por su parte, las disoluciones empresariales se incrementaron un 34,2% en octubre respecto al mes de septiembre, registrando su menor repunte en este mes desde 2020, cuando la desaparición de empresas bajó un 2,2%.
El 53,88% de los directivos españoles prevé aumentar la contratación en 2023 y un 38,95% espera incrementar su plantilla en 2024, según los resultados del III Barómetro LHH Executive sobre Liderazgo Directivo en España, elaborado por LHH Executive, la división de búsqueda ejecutiva del Grupo Adecco para altos perfiles.
Por su parte, un 25% de los 500 directivos encuestados en este Barómetro descarta contratar en los próximos dos años. Esta respuesta está más extendida entre los directivos de empresas con menos de 10 empleados y entre aquellas con más de 1.000 trabajadores.
Las perspectivas de contratación han ido mejorando a lo largo de los últimos años, como muestra la comparación con ediciones anteriores de este Barómetro.
En 2021, un 47,1% no esperaba contratar a lo largo de ese año, frente al 25% de esta última encuesta. No obstante, esa cifra está en línea con las respuestas del año pasado, cuando un 25,58% de los directivos tampoco preveía aumentar su plantilla.
BÚSQUEDA DE PERFILES TÉCNICOS
El 53,5% de los ejecutivos encuestados buscará perfiles técnicos en los próximos años, frente al 46,8% de los directivos que demandaban este tipo de candidatos en 2021.
El 47,64% de las empresas también prevé incorporar mandos intermedios en los dos próximos años, 20,34 puntos por encima que en 2021.
El Barómetro de LHH Executive muestra que los empresarios buscarán perfiles creativos, según el 32,01% de las respuestas, así como mánagers, en un el 21,84% de los casos, y directivos, un 8,68%.
La encuesta también analiza las actividades que prevén realizar los directivos para aumentar los ingresos de sus compañías en los próximos 12 meses. El 39,73% de los ejecutivos encuestados primará la eficiencia operativa, seguido de un 32,75% que se decanta por aumentar la inversión tecnológica.
Entre las respuestas más citadas, también aparece el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, para un 25,19%, así como optimizar puestos de trabajo o reducir el personal, según un 25%.
Los planes para el incremento de los beneficios pasan, además, por entrar en nuevos mercados crecer de forma orgánica, realizar nuevas fusiones y adquisiciones, o hacer nuevas alianzas estratégicas.
Estas iniciativas varían según la edad de los ejecutivos encuestados. Los más jóvenes apuestan por los nuevos mercados mientras que los de más edad se decantan por la eficiencia operativa para aumentar los ingresos en los próximos doce meses.
En el caso de las empresas con menos de 49 empleados y en aquellas de 250 a 1.000 trabajadores, la opción principal es aumentar la inversión en tecnología para mejorar las ganancias próximamente.
El director general de LHH Executive España, Rémi Diennet, cree que las empresas responderán con nuevas medidas a las demandas de los trabajadores, que ahora valoran más "el impacto del trabajo y lo que quieren obtener de sus vidas".
"Esto ha llevado a las empresas a cambiar sus propuestas: ofrecer carreras atractivas, la flexibilidad de un modelo de trabajo híbrido, así como un entorno laboral y una cultura de empresa atractivos. Ofrecer a las personas un trabajo con el que se sientan realizadas, oportunidades continuas para crecer y aprender, flexibilidad y lugares de trabajo diversos y orientados a los valores será esencial también en 2023", agrega Diennet.
EVOLUCIÓN EN TECNOLOGÍA
El 54,07% de los directivos encuestados por LHH Executive sostiene que el aspecto en el que más se evolucionará en los próximos años será la tecnología.
No obstante, también valoran los aspectos sociales y psicológicos como parte del ámbito laboral.
Así, un 46,12% cree que se avanzará en conciliación y flexibilidad, mientras que un 39,15% citó la igualdad e inclusión. Entre las respuestas, también aparece la sostenibilidad, para un 39,15%, o la salud mental, según el 27,52%.
La salud mental prima entre las respuestas de los ejecutivos encuestados más jóvenes, mientras que en los directivos del sector técnico aparece la tecnología como prioridad.
LHH Executive también recoge en su Barómetro el impacto de la tecnología en el futuro. El 53,1% apunta hacia la inteligencia artificial, seguido de un 47,67% que alude al análisis de datos. Asimismo, un 40,89% se refiere a la ciberseguridad; el 32,63%, al Internet de las Cosas; el 33,14%, a la realidad virtual.
Los directivos mayores de 45 años, en mayor porcentaje que el resto, opinan que la inteligencia artificial y el análisis de datos es la tecnología que tendrá mayor relevancia en los próximos
años.
En cuanto a la preparación para afrontar la digitalización, el 73,84% de los encuestados considera que tiene las habilidades tecnológicas o digitales suficientes para hacer frente al futuro, frente a un 26,16% que cree lo contrario.
Diennet señala que "la aceleración de la transformación digital está conduciendo a una mayor automatización del lugar de trabajo que traerá la creación y reinvención de los puestos de trabajo".
"Las personas compartiremos cada vez más nuestro trabajo con máquinas y robots inteligentes, y esto tiene enormes implicaciones para las habilidades y el talento que las empresas necesitarán en el futuro", vaticina.
En su opinión, esto obligará a recualificar a un gran número de trabajadores y a contratar a nuevo talento con la preparación demandada por las empresas para el futuro.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha estimado que más de 300.000 personas trabajan en régimen de falso autónomo en España, según ha informado la organización en un comunicado.
Los datos de la Seguridad Social reflejan un aumento de las altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante este 2022. UPTA atribuye este incremento a un mayor volumen de contrataciones de supuestos autónomos que trabajan en condiciones de empleabilidad.
Los profesionales de clínicas sanitarias y despachos, así como los que se dedican a sectores como el transporte, la construcción, la docencia y el periodismo, son los que mayor proporción de falsos autónomos registran.
UPTA culpa a los colegios profesionales de "conocer y consentir" estas prácticas ilegales y recuerda que existen mecanismos suficientes para desenmascararlas fácilmente.
"Apoyamos claramente la intención del Gobierno de endurecer las sanciones a los empresarios que realicen este tipo de contratación fraudulenta", ha afirmado Eduardo Abad, presidente de UPTA, pidiendo también una regulación más exhaustiva para la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE).
UPTA ya propuso un procedimiento para identificar automáticamente a las empresas que disponen de los servicios de profesionales autónomos en condiciones de laboralidad, diferenciando estos casos de los trabajadores TRADE.
El Gobierno de Castilla-La Mancha redoblará el próximo año su esfuerzo para consolidar el trabajo autónomo, captar talento e impulsar las telecomunicaciones en el medio rural, todo ello con la finalidad de afrontar el reto de la despoblación y generar oportunidades en el medio rural para mujeres y hombres, tal y como ha manifestado esta mañana la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en Talavera de la Reina donde ha asistido a la entrega de becas al emprendimiento rural en el marco del proyecto ‘Tierra de emprendedoras’ impulsado por FADEMUR.
Allí, la consejera ha resaltado que un objetivo prioritario, dentro de la lucha contra la despoblación, son las mujeres “y no lo es por capricho, ni tan solo porque éste es un gobierno feminista, que lo es por convicción y porque creemos en la igualdad; sino también por interés, por pura inteligencia y por sentido común. Nuestros pueblos tienen que tener oportunidades para los hombres, pero también deben tener oportunidades de emprendimiento y de empleo para las mujeres”.
Para generar esas oportunidades, la portavoz del Gobierno ha explicado tres iniciativas que pondrá en marcha el Ejecutivo autonómico el próximo año, anunciadas en el Debate sobre el Estado de la Región y entre las que se encuentran, por ejemplo, que en la próxima convocatoria de ayudas a la consolidación del trabajo autónomo. Ha explicado que, en este momento, cuentan con una subvención de un año para las personas autónomas que llevan doce meses trabajando y solo se prorroga esa ayuda en el caso de que estén en el medio rural. “Y hemos decidido que todas las mujeres autónomas tengan la ayuda de consolidación ese segundo año, porque entendemos que tienen más dificultades y por tanto necesitan un apoyo extraordinario”.
La segunda iniciativa es que en 2023 se vaya a poner en marcha, de manera experimental, un programa de captación de talento para impulsar las oportunidades de empleo y emprendimiento en el medio rural “muy focalizado también en las mujeres y las personas jóvenes”.
Y a esto, ha añadido la portavoz del Gobierno, hay que sumar el objetivo que se ha marcado el Gobierno autonómico de que en 2025 todas las localidades de Castilla-La Mancha cuenten, sin excepción, con fibra óptica o con 5G, de manera que, en 2023, el 60 por ciento de las áreas donde se desplieguen serán zonas rurales o afectadas por una extrema despoblación.
Estas tres medidas, ha dicho Blanca Fernández, “son un ejemplo de las políticas que tiene en marcha el Gobierno regional y cuya punta de lanza es la Ley de lucha contra la Despoblación más pionera de Europa además de la estrategia que la desarrolla y los presupuestos aprobados para trabajar contra la despoblación desde el punto de vista de la defensa de los derechos básicos y los servicios públicos, pero también de la defensa de igualdad de oportunidades”.
MAGNÍFICA LABOR DE FADEMUR
La consejera también ha destacado la “imprescindible” labor que viene desarrollando desde hace años FADEMUR, demostrando que “desde el medio rural si se organizan las mujeres pueden conseguir grandes cosas”, esencialmente a través de la iniciativa ‘Tierra de Emprendedoras’ y estas becas, en colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que reconocen, ayudan e impulsan negocios de mujeres que se hacen en pueblos pequeños y que necesitan de oportunidades de empleo y de autoempleo. La consejera ha subrayado que esta entidad se haya marcado como objetivo claro impulsar el emprendimiento, un “objetivo ambicioso” que no es fácil de conseguir, pero que, sin embargo, “es lo que hace falta”.
Esta labor tan importante, ha explicado la consejera, hace que el Gobierno regional se apoye en esta organización por su capacidad de llegar donde no puede hacerlo la Administración pública “para que las mujeres del medio rural tengan ejemplos, referentes, asesoramiento y acompañamiento a la hora de montar una empresa”.
En cuanto a las mujeres y proyectos becados han sido Sara Corral Cortijo, en la provincia de Guadalajara, por su proyecto de emprendimiento ‘Aromas de la Alcarria’. En Cuenca, la beca ha correspondido a Rosa María López Riquelme por su proyecto ‘Ecohuevos los molinos’. En Toledo, Mónica Conde Toril ha recibido la beca por su proyecto ‘Mis colores y aromas’; en Ciudad Real, Tati de la Cruz es la becada por ‘Viajar sola te da alas’ y finalmente, en Albacete, la beca ha correspondido a Lola Reolid Carretero por ‘Más que abejas’. Finamente, ha sido reconocida María Cruz Gutiérrez, que ha puesto en marcha ‘Masper comunicación Digital’, y que ha recibido el premio a la empresa que favorece la integración de negocios en el medio rural.
El Ministerio de Industria y Comercio dará hasta 150.000 euros a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que implanten una reducción mínima del 10% de la jornada laboral y mantengan este plan durante, al menos, dos años, sin reducir el salario de sus empleados, según han confirmado fuentes de esta cartera a Europa Press.
El Gobierno envió a consulta pública el proyecto de orden que regulará el impulso de la jornada laboral de cuatro días en pequeñas y medianas empresas (pymes) industriales a mediados de junio y se espera que publique la orden en los próximos días.
El proyecto piloto cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros, según el acuerdo alcanzado el año pasado entre el Gobierno y Más País, cuando los de Íñigo Errejón dieron su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 a cambio de que se incluyera una partida para estudiar la jornada laboral de 32 horas.
El monto que recibirá cada empresa para poner en marcha este proyecto piloto será de hasta 150.000 euros y beneficiará a unas 60 o 70 pymes, según adelantó 'El Periódico' este domingo.
Mas País estimaba que podrían sumarse al proyecto unas 160 empresas, con un beneficio de más de 3.000 empleados en la primera edición del programa.
Este proyecto piloto pretende mejorar la productividad, la conciliación laboral, la igualdad de oportunidades y la salud física y mental de los trabajadores.
Además, las empresas deberán incorporar medidas organizativas, de procesos productivos y de formación para generar una mejora de la productividad que compense en los mayores costes salariales. También se fijarán indicadores para medir la evolución de la productividad.
Para respaldar este esfuerzo inicial, el Gobierno prevé ayudas directas temporales por los costes asumidos por la empresa como consecuencia de la reducción de la jornada y de implementación de nuevas fórmulas organizativas y la formación, como constaba en el proyecto sometido a consulta pública.
En ese documento, también se planteaba la posibilidad de financiar de forma parcial los costes salariales de los trabajadores que se sumen a la reducción de la jornada laboral, los costes de formación relativa a la optimización del tiempo de trabajo, los costes de colaboraciones externas o los costes de personal interno necesarios para el diseño o rediseño de procesos.
El 94,12% de las empresas españolas prevé subir los salarios a lo largo de 2023, aunque lo harán por debajo de la inflación, con un alza media del 4,4%, según el estudio sobre 'Tendencias retributivas e incrementos salariales 2023' realizado entre septiembre y octubre por KPMG Abogados.
El porcentaje de empresas que elevará los sueldos de sus empleados en 2023 supera al 91,8% de las compañías que aumentaron los salarios en 2022, y el alza salarial media del próximo año (4,4%) se encuentra cinco décimas por encima del aplicado en 2022. Tomando la mediana salarial, el aumento para 2023 previsto por las empresas encuestadas alcanza el 4%.
De acuerdo con este estudio, el 46% de las empresas subirá los salarios de su plantilla en 2023 por debajo de la inflación, mientras que el 36,5% se adaptará a lo que marque su convenio colectivo de aplicación.
De esta forma, Mónica San Nicolás, directora de Compensación general, de Consejeros y Directivos de KPMG Abogados, ha subrayado que los incrementos salariales que se plantean las empresas para 2023 son "conservadores", al situarse mayoritariamente por debajo de la inflación.
"Esto refleja que las empresas están siendo prudentes y esperan que la actual situación de inflación sea una cuestión coyuntural", añade San Nicolás.
De hecho, según KPMG, las empresas españolas mantienen cierto optimismo en el actual contexto económico, pues el 84% de las compañías considera que la situación será igual o mejor en 2023, mientras que el 16% se muestra más pesimista de cara al futuro.
En todo caso, la firma advierte de que los incrementos salariales no son el principal desafío en materia de compensación para las empresas españolas. Así, una de cada cuatro empresas considera la atracción y retención del talento como el principal problema de recursos humanos en 2023 y el 26% lo percibe como el mayor desafío de compensación.
"La atracción y retención del talento es ya un problema de sostenibilidad de las compañías. La rotación se está dando sobre todo en los niveles medios de la organización, en colectivos clave como mandos intermedios y supervisores, y con porcentajes significativos que pueden afectar a las operaciones y al negocio. Estamos ante un cambio de paradigma en la gestión de personas", resalta San Nicolás.
Según KPMG, la rotación media en las empresas en 2022 ha alcanzado al 12,4% de los empleados, principalmente, a supervisores/técnicos (9,9%), administrativos/operarios (8,1%), y personal de ventas (7,6%). Los sectores con mayor rotación son los de turismo y ocio (37%), construcción e infraestructuras (23%), y telecomunicaciones (15%).
Según las empresas encuestadas por la firma, las razones principales que explican estos niveles de rotación son la escasez de talento (29,11%) y la falta de competitividad retributiva frente al mercado (26,58%).
El estudio sobre las 'Tendencias retributivas e incrementos salariales 2023' de KPMG Abogados se ha llevado a cabo a través de una encuesta a 85 empresas de diferentes sectores, con un número de empleados que va desde menos de 50 a más de 2.000 y una facturación desde menos de 100 millones de euros a más de 5.000 millones de euros.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) señala a las cargas laborales y a la presión fiscal a la empresa como principales frenos del crecimiento del tejido empresarial en España, según concluye en su informe "Crecimiento empresarial. Situación de las pymes en España comparada con la de otros países europeos", publicado este lunes.
La empresa española cuenta, de media, con 4,8 ocupados, por debajo de los 6 trabajadores del promedio europeo y alejada de cifras como las de Alemania, con 12,2 empleados, o Reino Unido, con 9.
España se encuentra entre los cinco países europeos con empresas de menor tamaño. Entre estos, también están Países Bajos, con 4,7 trabajadores; Bélgica, con 4,4; Italia, con 4,2 ocupados por empresa, y Portugal, con 3,8, según expone Cepyme en su informe, basado en datos de Eurostat de 2019.
Cepyme sostiene que si la empresa española convergiera en tamaño con la europea, la productividad del país crecería, ya que el tejido español está conformado en un 99,24% por pequeñas y medianas empresas (pymes), frente al 98,85% europeo.
"El crecimiento del tamaño empresarial no es tan solo una problemática de la empresa española, sino que debe convertirse en un asunto de Estado, ya que afecta a la competitividad de todo el país", reclama la Confederación en un comunicado, y apunta que fomentar el crecimiento de las empresas conllevaría un aumento de los salarios y de la productividad.
Cepyme precisa que las pymes, por su alta participación en el tejido empresarial, también son las responsables de buena parte del empleo creado. El número de ocupados en las pymes españolas representan un 55,6% del total del país, de nuevo en la línea de los países del entorno, como Italia, con un 62,8%, y Portugal, del 59,9%. La media europea de ocupados en pymes es del 46,9% sobre el total.
Cepyme calcula que la expansión del tamaño de medio de la empresa española también contribuiría a la reducción del desempleo, con la creación de 1,3 millones de empleos más.
Las cifras ventas por empresa en España también se sitúan entre las más bajas de Europa, con 1,1 millones de euros, cifra similar a la de Italia. La media europea, en este caso, está cifrada en 1,5 millones de euros.
Cepyme considera que una empresa de mayor tamaño aumentaría las ventas en 268.500 millones de euros y ayudaría a expandir la masa salarial en 32.000 millones de euros, con un incremento de la recaudación de 22.000 millones de euros.
MÁS DE 100 REGULACIONES "DESALIENTAN" EL CRECIMIENTO
Cepyme asegura en su informe que la empresa española sigue por detrás de la media europea porque existen "más de 100 regulaciones de tipo fiscal, laboral, contable, financiero, de seguros y competencia que desalientan este crecimiento".
Entre las trabas al crecimiento de la empresa española, Cepyme cita la "suma de cotizaciones sociales y otros costes laborales", que hace que el coste mínimo de contratar a un empleado sea, para las empresas con entre 10 y 49 empleados, equivalente al 136% del salario mínimo.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es otro de los obstáculos que Cepyme identifica como lastres para el crecimiento de la empresa española. Entre 2017 y 2022, el SMI se ha incrementado un 41,3% y equivale ya a un 54,8% del salario medio español, según consta en el informe.
A la revalorización del SMI, Cepyme suma las subidas en las cotizaciones sociales de los últimos cinco años, con un incremento de las bases mínimas de cotización en más del 40% y de las bases máximas en cerca de un 20%.
Cepyme concluye que estos cambios en las cotizaciones y los salarios afectan de manera especial a las pymes, "costes laborales han registrado crecimientos en los últimos años de más del 6% anual, perdiendo competitividad con nuestros países vecinos".
Ante esta situación, Cepyme vuelve a defender la necesidad de aumentar el tamaño de la empresa española para garantizar mejores salarios y mayor productividad. El informe recoge los datos del salario medio en España entre 2011 y 2019 para empresas con más de 200 trabajadores, que fue entre un 42% y un 49% más alto que en las pymes con menos de 50 ocupados.
Cepyme también critica en su informe la obligación de constituir un Comité de Empresa a partir de 50 trabajadores y lamenta que el número mínimo legal en España sea mayor que en otros países europeos. De esta forma, un Comité de Empresa en una pyme está integrado por el 10% de sus trabajadores, mientras que en las grandes empresas lo constituye, como máximo, el 3,4% de su plantilla.
El sistema tributario también bloquea, para Cepyme, el crecimiento de las pymes, con "las terceras cotizaciones sociales más altas de Europa e impuestos de Sociedades e IRPF de los más altos del continente".
En el caso del IRPF, Cepyme considera la media de los tipos máximos de las 15 autonomías de régimen común, con una tarifa marginal del 50,1%. Para Cepyme, esa cifra es "una rémora para el conjunto de la economía" y más "para el crecimiento de las pymes, pues dificulta aún más su captación de talento".
MÁS CREACIÓN DE EMPRESAS QUE EN EUROPA
Pese a los problemas que enumera en su informe, Cepyme también reconoce que en España se crean más empresas que en otros países europeas.
La tasa de emprendimiento española fue del 33,7% en 2019, según los datos del Eurostat analizados por Cepyme. Solo Hungría, con una tasa del 121,8%, y Portugal, del 41,5%, superan a España, que se sitúa en línea con el 33% de media de la Unión Europea.
España también se coloca en el entorno de la media europea en el caso de la tasa de natalidad empresarial, que estudia la relación entre empresas nacientes y empresas activas. La media de la Unión Europea está en el 10,4%, mientras que la española registra el 10,1%.
Sin embargo, España se aleja de la media europea en mortalidad empresarial. La tasa de las empresas con empleados que desaparecen y las que están activas es del 7,9% en la Unión Europea, mientras que en España asciende al 9,3%.
PROPUESTAS PARA FAVORECER EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL
Cepyme incluye en su informe una serie de propuestas para favorecer el crecimiento de las empresas españolas.
En la enumeración incluye que el cumplimiento de las obligaciones no tenga carácter inmediato con la ampliación de un trabajador en la plantilla, sino que entren en vigor cuando hayan consolidado su crecimiento, es decir, tras cuatro años de aumentar y mantener su tamaño.
Para Cepyme, esta flexibilidad facilitaría a la empresa su estabilidad para asumir las nuevas cargas y asegurar su tamaño, ya que, hasta ahora, las pymes tratan de "esquivar el escalón" de los 50 trabajadores para evitar nuevas cargas.
La Confederación también plantea el establecimiento de mecanismos y medidas fiscales que favorezcan y faciliten la inversión en pymes españolas, a través de deducciones fiscales importantes.
Asimismo, aboga por promover la seguridad jurídica y la transparencia de las operaciones, además de medidas y ayudas temporales que promuevan y hagan "muy atractiva" la fusión de empresas.
La revisión de la exención fiscal para los vales de comida de 11 euros a 13 euros beneficiaria a los asalariados, a los pequeños restaurantes y al Estado, según los datos del estudio elaborado por la consultora PwC por encargo de la asociación de vales de comida y otros servicios (Aeevcos).
En concreto, los más de 536.000 empleados usuarios del programa se benefeciarían de esta medida, ya que los menús en las grandes ciudades tienen precios que rondan y superan los 14 euros.
También ayudaría a los más de 47.000 establecimientos de hostelería que aceptan los vales de comida y al Estado, que lograría una recaptación fiscal neta de 1.295 millones de euros.
Según el estudio, el impacto anual de la medida en un horizonte temporal de dos años representaría una facturación directa para la hostelería de 1.619 millones de euros, mientras que en la actualidad es de 632 millones de euros, y se generarían un total de 52.777 puestos de trabajo (20.610 en la actualidad) y una recaudación fiscal neta para el Estado de 1.295 millones.
De esta forma, esta medida tendría un efecto positivo en la economía, generando un mayor gasto en establecimientos de restauración por parte de los beneficiarios y una mayor producción y generación de nuevos puestos de trabajo en el sector de la restauración, así como una mayor recaudación fiscal para el Estado.
Una revisión que sería una palanca de mejora en dos sentidos: por un lado, ayuda a la recuperación de la restauración, que en 2021 supuso el 6,6% del total de población ocupada, y por otro, compensaría la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en un entorno inflacionista donde los salarios no están subiendo en la misma medida que los precios.
La situación económica actual ha provocado que el menú del día, uno de los recursos más prácticos y económicos de los trabajadores en su manutención diaria, ha visto incrementado su precio de manera exponencial en los últimos meses debido a la inflación y por el aumento de los costes de producción para los restaurantes.
Sin embargo, el valor máximo exento del vale de comida se ha mantenido fijo en 11 euros al día desde 2018, lo que en la actualidad no permite adquirir un menú del día, cuyo coste medio en las 10 ciudades más grandes de España se situaba en el mes de abril en 13 euros.
En Madrid y Cataluña, las dos regiones que presentan una mayor concentración de empresas y agregan el 89% del gasto en vales de comida, un comensal debe añadir de media tres euros en efectivo para poder adquirirlo.
El nivel de existencias de mercancías en el sector del comercio registró un aumento interanual del 17,3% en el tercer trimestre, su mayor alza desde el comienzo de la serie, en 2013, según la encuesta coyuntural sobre stocks y existencias (ECSE) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este fuerte crecimiento del stock de mercancías en el comercio coincide en el tiempo con las elevadas tasas de inflación que viene registrando la economía española y que pueden estar desanimando el consumo de los hogares ante la subida de precios.
De hecho, ya en el primer trimestre del año, cuando la inflación llegó a alcanzar el 9,8%, las existencias de mercancías en el comercio subieron un 5,4%, marcando entonces su mayor alza en cuatro años.
Con el repunte del 17,3% en el tercer trimestre, el mayor de la serie, este indicador encadena ya cinco trimestres de tasas positivas después de haber acumulado un año en negativo coincidiendo con los peores trimestres de la crisis originada por el Covid.
Todos los sectores analizados en esta encuesta experimentaron tasas anuales positivas entre julio y septiembre. El mayor repunte interanual se lo anotó el comercio mayorista, con un alza del 21,8%, seguido del comercio minorista, que elevó su stock de mercancías un 14,4% en relación al tercer trimestre del año pasado, y de la venta y reparación de vehículos de motor, donde las existencias se incrementaron un 5,4%.
SEPTIEMBRE REGISTRA EL MAYOR CRECIMIENTO MENSUAL DE LA SERIE
El INE proporciona además información sobre cómo evolucionó en el comercio el nivel de existencias en cada uno de los meses del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) en tasas interanuales.
En julio de 2022, el stock de mercancías del sector repuntó un 15,3% respecto al mismo mes de 2021, mientras que en agosto avanzó un 17,9% interanual y en septiembre, un 18,7%, su mayor crecimiento mensual desde hay que registros.
Todos los sectores presentaron subidas interanuales en los meses correspondientes al tercer trimestre, incluida la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, que venía registrando retrocesos anuales desde hace ya varios trimestres.
Entre los aumentos interanuales de cada mes del tercer trimestre, los más acusados se los anotó el comercio mayorista, con alzas interanuales de su stock del 20,2% en julio, del 22,7% en agosto y del 22,4% en septiembre.
El valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla-La Mancha ascendió en 2021 a 2.881,3 millones de euros, lo que supone el 32% del total de exportaciones de la región y algo más del 5% del total nacional, según el informe 'El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2021', realizado por Unicaja Banco.
Este informe se ha llevado a cabo continuando la serie de ediciones iniciada hace más de dos décadas en torno al sector, pero ampliando en esta ocasión el ámbito de estudio al conjunto nacional y sus distintas comunidades autónomas. Este documento ha sido realizado por Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco.
El objetivo principal de este informe es ofrecer un análisis de la situación y evolución reciente del sector agrario y de la industria alimentaria en España, incluyendo un análisis más detallado por comunidades autónomas, cuando la información así lo permite.
El informe se divide en cuatro capítulos. El primero se centra en analizar la relevancia del sector agrario, mostrando, entre otros aspectos, el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC), el comportamiento de los principales indicadores del mercado de trabajo y la evolución de las producciones agrarias.
En el segundo capítulo se presentan las principales macromagnitudes agrarias en 2021, último ejercicio del que se dispone de información completa, analizando los aspectos más destacados de la evolución de la renta y la producción agrarias en España y sus comunidades autónomas.
Por su parte, el tercer capítulo está centrado en el análisis de la industria agroalimentaria, tratando de poner de relieve la importancia de esta rama industrial, a través de sus principales magnitudes (volumen de facturación, empleo y estructura empresarial), sin olvidar las exportaciones agroalimentarias y el consumo alimentario.
Finalmente, el informe incluye un capítulo que recoge los principales resultados y conclusiones.
PRINCIPALES RASGOS DEL SECTOR
Según se indica en el informe, Castilla-La Mancha genera más del 10% del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario en España. Asimismo, en Castilla-La Mancha el sector agrario tiene un peso en su estructura productiva superior al 10% del VAB regional (algo más del 3% en España).
En el promedio de 2021, la Comunidad Autónoma fue la quinta española con mayor número de ocupados en el sector agrario en España, con alrededor de 60.600 personas. Este número supone el 7,5% del total nacional y el 7,2% del empleo total regional. Con relación a 2020, el empleo ha aumentado un 20,6% (4,9% en España), mientras que la cifra de parados ha disminuido un 33,1%, situándose la tasa de paro del sector en el 13% (18,1% en España).
Castilla-La Mancha es la primera región española por superficie de cultivo, con alrededor de 3,7 millones de hectáreas, que suponen el 21,8% del total nacional. Destaca la superficie dedicada a cereales, viñedo y olivar, que representan algo más del 60% de la superficie de cultivo regional. Respecto al conjunto nacional, la región concentra casi la mitad de hectáreas dedicadas al cultivo del viñedo, seguido de las de leguminosas y cereales.
En cuanto a las producciones, Castilla-La Mancha aglutina más de la mitad de la producción de vino y mosto en España. A su vez, la región es la primera productora nacional de cebollas (más de la mitad de la producción en 2021) y la segunda productora de cebada, sandía y aceite de oliva.
Respecto a la ganadería, cabría reseñar que Castilla-La Mancha aglutina más del 14% del total de cabezas de ovino y caprino en España, en torno al 7% de las de bovino y alrededor del 5,5% de las de porcino. En cuanto a los principales productos de origen animal, la región concentra aproximadamente la cuarta parte de la producción nacional de huevos, siendo la principal productora.
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señalan que la renta agraria de Castilla-La Mancha representa más del 10% de la renta total española, con un mayor peso de la producción vegetal dentro de la producción agraria.
En lo que respecta a la producción agraria (vegetal y animal), la región representa en torno al 10% del valor de la producción española. En concreto, la producción agrícola supone alrededor del 11% del valor de la producción en España, representando, asimismo, en torno al 64% de la producción agraria en la región.
Castilla-La Mancha cuenta con una elevada especialización en hortalizas, con un peso cercano al 35% del valor de la producción agrícola regional, seguido de los cereales (en torno al 17%) y vino y mosto (algo más del 16%). Asimismo, la región aporta alrededor del 45% del valor de la producción de vino y mosto en España.
Por su parte, Castilla-La Mancha concentra algo más del 8% del valor de la producción animal en España. Dentro de la Comunidad Autónoma destaca el ganado porcino, que representa una cuarta parte del valor de la producción ganadera regional, seguido de la leche y la carne y ganado bovino (ambas con un peso sobre el total regional algo superior al 17%). También destaca la producción regional de huevos, que supone casi una cuarta parte del valor de producción en España.
La industria de alimentación y bebidas es la principal actividad de la industria manufacturera en la Unión Europea y España. Castilla-La Mancha aporta el 7% de la cifra de negocios de la industria de alimentación y bebidas en España, así como algo más del 6% del empleo total de la industria alimentaria nacional. Asimismo, la industria agroalimentaria supone alrededor del 40% de la facturación y del 30% del empleo en la industria manufacturera regional. Destaca la industria cárnica, con más del 30% de la facturación del sector agroalimentario de la región, los productos lácteos y los vinos (ambas con un peso en torno al 16%).
En lo que respecta a la demografía empresarial, a 1 de enero de 2021 existían 2.296 empresas de alimentación y bebidas en Castilla-La Mancha, lo que supone en torno al 7,5% de las empresas del sector en España y cerca del 24% del total de empresas manufactureras de la región. Por ramas, alrededor del 40% de las empresas agroalimentarias de la región se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, seguida de la fabricación de bebidas (en torno al 20%) y la elaboración de productos cárnicos (alrededor del 10%).
EXPORTACIONES
El valor de las exportaciones agroalimentarias en Castilla-La Mancha ascendió en 2021 a 2.881,3 millones de euros, en torno al 32% del total de exportaciones en la región y algo más del 5% del total nacional. Esta cuantía supone un incremento del 8,9% respecto a 2020 (10,4% en España). Por su parte, el superávit de la balanza comercial agroalimentaria en la región se situó en 2021 en torno a los 1.136 millones de euros.
Más del 30% del valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla-La Mancha corresponde a bebidas (relacionados con las ventas de vino y mosto), situándose, a continuación, los productos cárnicos (21,7% del total de exportaciones) y las frutas y hortalizas (15,0%).
El principal destino de las exportaciones agroalimentarias castellanomanchegas en 2021 fue Francia (14,3% del valor exportado), seguido de Italia y Portugal (en torno al 13% en ambos casos).
Finalmente, en lo que concierne al consumo alimentario, en términos per cápita, el gasto medio de los hogares en España se ha situado en 1.610,3 euros por persona en 2021, un 6,2% menos respecto al año anterior. En el caso de Castilla-La Mancha, el gasto per cápita de los hogares en alimentación es inferior, en torno a 1.438 euros por persona, lo que supone un descenso del 4,6% respecto a 2020.
El Ministerio de Hacienda ha elevado del 5% al 15% la reducción sobre el rendimiento neto de módulos para este año y hasta el 10% para el año 2023, de acuerdo con la Orden por la que se desarrolla para el año que viene el método de estimación objetiva del IRPF y del régimen simplificado del IVA por los que tributan muchos autónomos y pymes.
El departamento de María Jesús Montero afirma que este aumento de la reducción del rendimiento neto se debe a la situación económica actual, como una medida de alivio fiscal para este colectivo, que se aplicará a todos los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva.
Asimismo, la orden establece que de cara a 2023 y en relación al IRPF se mantiene la cuantía de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación.
En cuanto al IVA, la orden también congela para 2023 los módulos, así como las instrucciones para su aplicación, aplicables en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior.
MEDIDAS PARA AGRICULTORES Y GANADEROS
Adicionalmente, para las actividades agrícolas y ganaderas, con la finalidad de compensar el incremento del coste de determinados insumos, se establece para los periodos impositivos de 2022 y 2023 que el rendimiento neto previo podrá minorarse en el 35% de la adquisición de gasóleo agrícola y en el 15% del precio de adquisición de los fertilizantes, en ambos casos, necesarios para el desarrollo de dichas actividades.
Asimismo, Hacienda destaca que como consecuencia del elevado impacto que ha tenido la sequía, así como por el incremento de precios de los costes de los piensos y de la energía eléctrica, se convierten en estructurales las modificaciones que para 2021 se establecieron para los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica. Estas modificaciones también se van aplicar en el período impositivo 2022.
Por otra parte, se revisa para el ejercicio 2023 el tratamiento tributario de las ayudas directas desacopladas de la Política Agraria Común (PAC), de manera que su tributación en proporción a los ingresos de sus cultivos o explotaciones se condiciona a la obtención de un mínimo de ingresos en la actividad distintos del de la propia ayuda directa.
Por último, debido a las consecuencias de las erupciones volcánicas ocurridas en la isla de la Palma, Hacienda establece para las actividades económicas desarrolladas en dicha isla una reducción especial, similar a la establecida para el término municipal de Lorca, a causa del terremoto acontecido en dicho municipio. Estas reducciones se aplicarán tanto en 2022 como en 2023.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado el Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera de 2023 que incluye entre sus objetivos controlar que los transportistas trabajen a un precio justo, que el conductor no realice, en general, las labores de carga y descarga de la mercancía o reforzar la lucha contra la morosidad en el sector.
Así, el nuevo Plan, presentado hoy a la Comisión de directores generales de Transporte de las Comunidades Autónomas y del Estado, está diseñado para velar por el cumplimiento de las normas aprobadas por el Gobierno para avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera, asegurando una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación, tal y como se acordó con los representantes del sector para mejorar las relaciones en la cadena de transporte.
El Plan recoge las líneas generales de las actividades prioritarias que llevarán a cabo las distintas inspecciones, estatal y autonómicas, en el año 2023, y confirma el compromiso del Ministerio con un sector esencial, adoptando medidas estructurales para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes en el mismo, mejorando la posición y competitividad de este sector y garantizando las condiciones laborales adecuadas y protección social para los conductores.
Novedades legislativas
Así, atendiendo a las novedades legislativas, el Plan introduce el control de la prohibición con carácter general de la carga y descarga por parte de los conductores, el control del precio del transporte, que ha de cubrir el coste en los casos del transportista efectivo.
Las reformas también recogen obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista. En este contexto, se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros.
En este punto, cabe destacar que en 2021 se modificó la Ley Orgánica del Transporte Terrestre (Lott) para aplicar un nuevo régimen sancionador a las empresas que paguen a más de 60 días en el sector del transporte por carretera, con multas de hasta 4.000 euros, que podrán elevarse a 30.000 euros en los casos más graves.
Asimismo, se han desarrollado nuevas herramientas informáticas para facilitar la actividad inspectora, con el desarrollo, entre otros, de nuevos procedimientos telemáticos. Cabe destacar que en 2022 se ha puesto en marcha por parte de Mitma el servicio de buzón de denuncias anónimas para informar de posibles infracciones o incumplimientos y ayudar así a que la inspección sea más ágil y efectiva.
Por su parte, la actividad inspectora mantendrá como objetivos la lucha contra la competencia desleal que provocan las empresas deslocalizadas, denominadas empresas buzón, en colaboración de la Inspección de Trabajo, así como la detección de las cooperativas de trabajo asociado fraudulentas y otras actividades ya contempladas en los anteriores planes de inspección. En este sentido, se ha reforzado la inspección con medios propios de las Administraciones Públicas, para la lucha contra la competencia desleal.
La Inspección, atendiendo a la normativa europea, seguirá controlando la conducción y descanso de al menos el 3% de las jornadas de los conductores profesionales, cifra que asciende este año a 1.602.696.
En cuanto a la inspección del transporte de viajeros por carretera, se mantiene una línea continuista, siendo el objetivo de la inspección controlar el cumplimiento de las condiciones esenciales de las concesiones en los servicios regulares de viajeros, el transporte de escolares y de menores y el transporte realizado en vehículos de alquiler con conductor.
El Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera
El Ministerio elabora el Plan Nacional en colaboración con las Comunidades Autónomas y los órganos competentes para la vigilancia del transporte en carretera, con la participación del Comité Nacional de Transporte por Carretera, tal como se establece en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Para la elaboración del Plan Nacional de Inspección del Transporte por Carretera de 2023, se ha trabajado en común con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil además de con las Policías Autonómicas en aquellas comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias de tráfico.
Además, para que el sector pueda hacer llegar sus observaciones al mismo, se les ha expuesto las directrices fundamentales del Plan en sendas reuniones que se han mantenido en fecha 22 de noviembre de 2022, con los Departamentos de Mercancías y de Viajeros del Comité Nacional del Transporte Terrestre por Carretera.
Los más de 30.000 trabajadores que forman parte del sector del calzado están llamados a la huelga este jueves, convocada por CC.OO. Industria y UGT FICA, para conseguir un "convenio digno" tras no alcanzar un acuerdo con la patronal.
En concreto, UGT FICA ha lamentado en un comunicado que no se haya alcanzado ningún acuerdo con las patronales FICE y AEC para intentar desatascar la negociación de este conflicto y la huelga.
Los sindicatos han recordado que el convenio colectivo de la industria del calzado tiene el "lamentable honor" de ser el segundo convenio estatal con peores retribuciones salariales y de las jornadas más altas de la industria, y ello a pesar de que la industria lleva varios meses consecutivos de crecimiento en su producción industrial.
De esta forma, los sindicatos convocantes exigen un incremento salarial del 4% para 2022 y 2023, del 2,5% para 2024 y del 2% para 2025, con cláusula de revisión del 80% IPC real, así como la reducción de la jornada anual en 12 horas y el 100% el primer día de baja por incapacidad temporal, quitar el tope a partir del cuarto mes, un aumento del plus de distancia y la regulación del contrato fijo discontinuo.
En España, el sector del calzado se concentra, fundamentalmente, en la localidad riojana de Arnedo, en los municipios castellanomanchegos de Fuensalida (Toledo) y Almansa (Albacete) y en la provincia de Alicante.
En esta industria trabajan en estos momentos unas 30.000 personas, que realizan su trabajo en empresas reconocidas como Arneplant, Fluchos, Callahan, Moron, Fal y Pitillos en La Rioja; Pablosky, Baerchi, Joma, Legar, Hergilza y Eladio Martín en Fuensalida; Creaciones SW, Pedro García, Magrit, Manufacturas Newman, Panama Jack, Pikolinos y Mustang en Alicante y SBA Factory, Sendra, Pertini, Martinos Forma, Lorens y Milan Classic en Almansa.
UGT FICA vuelve hacer un llamamiento a las patronales para que hagan un "ejercicio de responsabilidad" y se abran a negociar un convenio colectivo "digno" para los más de 30.000 trabajadores que conforman el sector del calzado, que pasa por un ajuste cercano al IPC real al final de la vigencia del convenio, teniendo en cuenta que, para entonces, la inflación se habrá moderado y se podrá recuperar la parte de poder adquisitivo cedido en esta negociación para asegurar la supervivencia del sector.
El comercio minorista registró en octubre un avance de sus ventas del 4% en relación al mismo mes de 2021, tasa ocho décimas superior a la del mes anterior, cuando aumentaron un 0,6%, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos datos recogen que en Castilla-La Mancha las ventas desciendieron un 3,2% el pasado mes.
Con el dato de octubre, las ventas del comercio minorista encadenan tres meses consecutivos de tasas interanuales positivas después del descenso del 3,2% experimentado en julio.
En octubre, las ventas de alimentos en el sector minorista bajaron un 3,9% en comparación con el mismo mes de 2021, mientras que las del resto de productos aumentaron un 4% debido, fundamentalmente, al repunte de las ventas del equipo personal (+4,5%) y de los otros bienes (+5%). Por su parte, las ventas de equipo del hogar se incrementaron un 0,3% interanual.
Estos avances, unidos al incremento en un 11,8% de la facturación de las estaciones de servicio (aquellas que tienen como actividad principal la venta de combustible para la automoción), explican que el mes de octubre se cerrara con un alza interanual de las ventas minoristas del 1,4%.
Por modos de distribución, se registraron retrocesos interanuales de las ventas en las grandes superficies (-2,6%) y las empresas unilocalizadas (-1,9%) y repuntes en las grandes cadenas (+1,9%) y en las pequeñas (+0,9%).
El comercio minorista por Internet bajó un 2,9% en octubre en relación al mismo mes de 2021, con lo que ya acumula nueve meses de retrocesos, cuatro de ellos con caídas superiores al 10%.
Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó en octubre un 1%, tasa seis décimas superior a la de septiembre.
En los diez primeros meses del año, las ventas minoristas acumulan un aumento medio del 0,5% respecto al mismo periodo de 2021 (+0,6% en datos desestacionalizados).
LAS VENTAS SUBEN UN 0,4% EN EL MES
En términos mensuales (octubre sobre septiembre), el comercio minorista aumentó sus ventas un 0,4% en la serie desestacionalizada, cifra una décima superior a la del mes anterior.
Con el avance de octubre, las ventas minoristas suman tres meses consecutivos de aumentos mensuales.
Por productos, las ventas de la alimentación bajaron un 0,7% en octubre en relación al mes anterior, mientras que las del resto de productos subieron un 5,2%, con incrementos del 5,9% en las ventas de los otros bienes y del 0,2% en las de equipo del hogar, frente al estancamiento de las ventas de equipo personal.
Todos los modos de distribución presentaron tasas mensuales positivas en octubre salvo las grandes superficies, que no experimentaron variación.
El mayor avance mensual de las ventas lo registraron las pequeñas cadenas (+0,9%), seguidas de las empresas unilocalizadas (+0,6%) y las grandes cadenas, que elevaron su facturación un 0,4% respecto a septiembre.
EL EMPLEO RALENTIZA SU RITMO DE CRECIMIENTO HASTA EL 1,5%
En cuanto al empleo, el sector registró en octubre un incremento interanual de la ocupación del 1,5%, tasa siete décimas inferior a la de septiembre. Con este repunte, el empleo en el comercio minorista acumula ya 18 meses consecutivos de alzas interanuales.
El mayor repunte interanual del empleo se observa en las estaciones de servicio (+2,5%) y en las grandes cadenas (+2,3%), seguido de las empresas unilocalizadas (+1,6%) y las grandes superficies (+1,4%). Por contra, las pequeñas cadenas han reducido un 0,2% su plantilla en el último año.
En términos mensuales, el empleo del sector cayó un 0,9%, destacando la caída de la ocupación en las estaciones de servicio (-1,6%) y en las grandes superficies (-1,3%).
En los diez primeros meses del año, el comercio minorista registra un aumento medio de la ocupación del 2,4%, con las grandes superficies a la cabeza (+4%).
LAS VENTAS SUBEN EN OCHO COMUNIDADES Y EL EMPLEO, EN 14
Las ventas minoristas subieron en tasa anual en ocho comunidades autónomas en octubre y bajaron en nueve.
Canarias (+7,2%), Baleares (+7,1%) y Madrid (+3,4%) registraron los mayores aumentos, mientras que Castilla-La Mancha (-3,2%), Asturias (-2%) y Murcia y La Rioja (-1,5% en ambos casos) presentaron los mayores descensos.
Por su parte, el empleo del comercio minorista aumentó en 14 comunidades en tasa anual, con Baleares registrando el mayor incremento (+7,4%), seguida de Canarias, con un avance del 4,3%, mientras que en Castilla-La Mancha el aumento fue del 3%.
Las únicas regiones que recortaron plantilla en el comercio minorista en relación a octubre de 2021 fueron Asturias (-1,6%), Aragón (-0,3%) y Murcia (-0,1%).
El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó una décima en noviembre en relación al mes anterior y recortó medio punto su tasa interanual, hasta el 6,8%, su cifra más baja desde enero, justo antes de declararse la guerra en Ucrania, cuando el IPC se situó en el 6,1%, según los datos avanzados publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El dato de noviembre, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, es cuatro puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando la inflación escaló hasta el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984.
Con la moderación registrada en noviembre, la inflación suma cuatro meses consecutivos de descensos en su tasa interanual después de que en agosto bajara tres décimas, hasta el 10,5%; en septiembre disminuyera 1,6 puntos, hasta el 8,9%, y en octubre se redujera 1,6 puntos, hasta el 7,3%.
Según el INE, la moderación del IPC interanual hasta el 6,8% en noviembre se debe, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y de la electricidad.
También influye en la moderación de la inflación el hecho de que los precios de vestido y calzado, por la nueva temporada de invierno, han subido menos en noviembre de este año de lo que lo hicieron en el mismo mes de 2021.
LA SUBYACENTE SUBE HASTA EL 6,3%
El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en noviembre subió una décima, hasta el 6,3%, situándose cinco décimas por debajo del IPC general.
Este repunte de la subyacente se produce después de haber estado dos meses consecutivos en el 6,2%.
En términos mensuales (noviembre sobre octubre), el IPC registró un descenso una décima, frente a los incrementos del 0,3% del mes anterior y de un año antes.
En el penúltimo mes de 2022, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 6,6%, siete décimas por debajo de la registrada en el mes anterior. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA fue del -0,5%.
El INE publicará los datos definitivos del IPC de noviembre el próximo 14 de diciembre.
Más de la mitad de los proveedores de automoción nacionales, así como un número "considerable" de fabricantes de vehículos, ha incrementado sus costes por encima del 10% tras la pandemia, según una encuesta realizada por siete clúster españoles del sector.
El objetivo de este estudio es hacer un balance de cómo está afectando a las empresas el aumento de los costes de la energía, de la mano de obra o de las materias primas.
El principal resultado de este informe refleja que más de la mitad de los proveedores ha experimentado una subida de los costes de más del 10%, mientras que un 15% de las empresas ha declarado que el incremento alcanza el 30% y cerca de un 13% ha comprobado que dichos costes se han disparado un 40%.
En concreto, en el apartado de energía, el 37% de las empresas ha incrementando sus costes cerca de un 50%, mientras que hasta un 8,5% ha registrado un aumento de más del 300%. Estas subidas se han producido en el intervalo entre 2019 y 2022, tomando como referencia el año anterior a la pandemia.
En cuanto a los costes laborales, las empresas encuestadas han declarado que se han producido incrementos "notables". Así, el 30% asegura que han subido entre un 6% y un 10%, mientras que un 15% de las compañías dice que se han incrementado un 21%.
"Las materias primas son otro de los agentes que está provocando en los proveedores de automoción graves tensiones de costes. Así, desde 2019, año que se ha tomado como referencia, el 32% de las empresas ha experimentado una subida de entre el 21% y el 50% en los precios de los productos. Otro 32% afirma que su subida de costes de materias primas oscila entre el 1% y el 20%", ha añadido Ceaga.
Por ello, estos aumentos han provocado que los proveedores hayan manifestado la necesidad de trasladar parte de esta subida de costes a los fabricantes de vehículos.
Además de Ceaga, los clúster entre los que se ha difundido la encuesta son: Clúster de Automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana, AVIA; Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, CIAC; Clúster de Automoción de Castilla y León, Facyl; Clúster de Automoción de Aragón, CAAR; Clúster de Automoción de Cantabria, GIRA; y el Clúster de Automoción de La Rioja, AEI Rioja. En total han contestado 750 compañías que reúnen toda la cadena de valor del sector de automoción nacional. El conjunto de estos clúster reúne a 750 empresas y cerca de 136.000 empleos.
La comisión negociadora del convenio colectivo de banca, donde están presentes tanto la Asociación Española de Banca (AEB) como los sindicatos CCOO, UGT y FINE, se reunirá este martes con el objetivo de alcanzar acuerdos en materia salarial que ayuden a mitigar los efectos de la inflación sobre las plantillas de las entidades, según han informado CCOO y FINE.
La semana pasada, AEB, CCOO, UGT y FINE informaron de un acuerdo para convocar la comisión negociadora del convenio colectivo de banca, después de varios meses de reuniones en el Observatorio sectorial.
En concreto, este observatorio se convocó el pasado mes de junio y desde entonces la patronal bancaria y los sindicatos han mantenido diversas reuniones para analizar la situación del sector ante la elevada inflación y tratar de buscar soluciones que permitiesen afrontarla de la mejor manera.
Finalmente, se ha acordado reabrir "por primera vez en la historia" el convenio actual de banca para negociar una revisión salarial que "compense" la pérdida de poder adquisitivo de las plantillas ante la elevada inflación, según afirma FINE. Así, las negociaciones se realizarán en el marco del actual convenio colectivo, cuya vigencia se extiende desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023.
FINE ya ha adelantado que exigirá "medidas extraordinarias contundentes", incluyendo un pago extraordinario para todos los empleados, no absorbible ni compensable, para "mitigar" la pérdida de poder adquisitivo de 2021, y una cláusula de revisión salarial para 2022 y 2023.
Además, solicitará un incremento en las tablas salariales, una actualización de los importes de dietas y gastos por teletrabajo, y una revisión de las condiciones de los préstamos de empleado ante la subida de tipos de interés.
Actualmente, el convenio colectivo de banca fija un aumento de los salarios del 1% en 2022 y otro del 1,25% en 2023. Además, las entidades que obtengan beneficio o repartan dividendos en 2021, 2022 y 2023 realizarán un pago único fuera de tablas del 0,25% en cada uno de esos años.
FINE también ha recordado que esta primera sesión coincidirá con la jornada de reflexión en las elecciones sindicales en las principales entidades adheridas a CECA, que se celebrarán el 30 de noviembre. Los sindicatos también han mantenido conversaciones con esta patronal para intentar subir los salarios; en este caso, todavía no se ha llegado a ninguna conclusión. Las conversaciones se retomarán tras los comicios.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que no pueden admitir "bajo ningún concepto que las subidas salariales estén indexadas, vinculadas, a la inflación". "Eso es pobreza a medio y largo plazo, porque supone poner en peligro muchas empresas, sobre todo pymes".
En una entrevista a El Correo, recogida por Europa Press, el responsable de la Patronal indica además que "las leyes y los impuestos a la carta solo crean inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria". "Si dejamos temblando el sistema financiero, lo pagaremos caro".
Tras criticar que el Gobierno no les ha pasado "ni un papel sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o las pensiones", Garamendi advierte que un pacto de rentas debería ir "más allá de una legislatura y debería tener también en la mesa no solo al Gobierno, sino también a la oposición". "Debe abarcar muchas cosas, no solo el aumento salarial", detalla en referencia al aumento de las pensiones, de la subida de funcionarios o del salario mínimo.
En este contexto, advierte que no pueden admitir, "bajo ningún concepto, que las subidas salariales estén indexadas, vinculadas, a la inflación".
"Eso es pobreza a medio y largo plazo, porque supone poner en peligro muchas empresas, sobre todo pymes. Y no es lógico tampoco la homogeneización de todo. No es lo mismo una peluquería que un bar o una empresa energética", expresa, al tiempo que destaca que se están firmando "bastantes convenios en España", pero "firmar una subida lineal para todos no sería serio".
De este modo, indica que la Patronal no se opone a subir el salario mínimo, tal y como plantea la ministra de Trabajo, pero "debe hacerlo con cabeza". "Es diferente hablar de Madrid, Barcelona o Bilbao que de Extremadura, y ya hay nueve comunidades autónomas donde el salario mínimo es superior al 60% del salario medio".
Por todo ello, anticipa que lo que plantea Yolanda Díaz "va a ser muy difícil" que puedan suscribirlo". "Pero vamos a esperar a ver si es esa la propuesta real del Ejecutivo o solo el anuncio de una parte del Gabinete".
Considera que la reforma de las pensiones "solo tiene sentido si conseguimos que sean sostenibles". "El problema no es mi jubilación, sino la de nuestros hijos dentro de treinta o cuarenta años. Y de los nietos, también".
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado las cifras de venta del queso manchego fuera de España ya que es “de los productos más exportados de nuestra industria agroalimentaria”.
Ha sido durante la ceremonia del 40 Aniversario de la Denominación de Origen Protegida (DOP) del Queso Manchego, que se ha desarrollado en Albacete, donde Martínez Guijarro ha especificado que dos tercios de la producción de este producto, 12 millones de kilos, se exporta, esencialmente, a Estados Unidos y a países de la Unión Europea.
Acompañado del presidente de la DO, Antonio Martínez; el ex presidente de Castilla-La Mancha y ex presidente del Congreso, José Bono; y la directora general de Alimentación, Elena Escobar, el vicepresidente ha cuantificado en más de 17 millones de kilos la producción de queso manchego en el año 2021, “una cifra de récord” para poder hacer frente a una demanda en aumento.
En este sentido, ha trasladado al Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso Manchego su reconocimiento por las campañas de promoción que están realizando a nivel internacional y nacional, convirtiendo a este producto “en uno de nuestros grandes embajadores por el mundo” y ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico para próximas propuestas en este sentido.
40 años de andadura
El pasado 8 de julio se cumplieron 40 años desde que se reconoció la Denominación de Origen del Queso Manchego y de la puesta en marcha del Consejo Regulador. Cuatro décadas después este producto sigue siendo referente gracias al esfuerzo de todos los que trabajan en la cadena productiva y de comercialización.
Tal y como ha explicado el presidente de la DO, Antonio Martínez, hoy son 538 ganaderías de oveja manchega y 72 queserías las que hacen posible que el queso llegue a los consumidores. El reto, ha dicho, es “aumentar producción para abastecer a los nuevos mercados y una demanda que no deja de crecer, pero respetando siempre sus raíces”.
Reconocimientos
La gala de celebración de las cuatro décadas de la DOP Queso Manchego ha servido a la organización para premiar el trabajo en pro del reconocimiento de este producto dentro y fuera de las fronteras de la región. Por ello, se le ha concedido la Presidencia de Honor de la DOP Queso Manchego al ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, por su trabajo en los inicios de la Autonomía en la defensa de este producto.
Asimismo, la DOP también ha hecho entrega de una mención especial a Santiago Altares López, director de Certificación de la DOP Queso Manchego; distinción a la que le ha seguido el premio a diferentes organizaciones: AGRAMA (Asociación Nacional de Criadores de Ganado ovino selecto de Raza Manchega) ; la Universidad de Castilla-La Mancha; el Centro Regional de Selección y Reproducción Animal adscrito al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha; y al Museo del Queso Manchego de Toledo.
La gala también ha servido para reconocer a ‘Grandes Manchegos’ por su trabajo divulgativo de los valores que supone el producto más emblemático de la Comunidad Autónoma. En esta edición, los premiados han sido el periodista de CMM, Jorge Jaramillo; la cantautora albaceteña, María Rozalén; el chef Adolfo Muñoz; el ex consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha y ex presidente de las Cortes regionales, Fernando López Carrasco; y María de los Ángeles García, más conocida como ‘Boticaria García’.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por la noche la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes a empresas energéticas y banca, en la que PSOE y Unidas Podemos añadieron vía enmienda el impuesto a las grandes fortunas.
La iniciativa ha contado con el respaldo de 186 diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, CC, la CUP y BNG, mientras que los 152 del PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Foro Asturias han votado en contra, y los 10 del PNV y PDeCAT se han abstenido, todo ello en una votación pública por llamamiento, pedida por Más País y Compromís, que ha obligado a que los diputados fueran poniéndose en pie en el escaño para anunciar a viva voz su voto.
Concluida la tramitación en la Cámara Baja el texto pasará al Senado para completar su curso en las Cortes. La iniciativa aprobada tiene la misma redacción que salió de la Comisión de Asuntos Económicos porque en el Pleno de este jueves no se han introducido cambios.
La proposición de ley sí que sufrió diferentes modificaciones en las últimas semanas. Uno de los principales cambios se produjo en torno al gravamen del 4,8% a los intereses y comisiones de la banca, ya que finalmente se incluyó una propuesta del PNV para que el tributo afecte a la actividad que los bancos desarrollen en España.
Con ese cambio no se precisaba la nacionalidad de los bancos, por lo que el PSOE y Unidas Podemos ya no vieron necesario incluir en el articulado una mención expresa a las entidades extranjeras que desarrollen su actividad en nuestro país, máxime cuando en la exposición de motivos si se deja claro que los bancos extranjeros con negocio en España también están afectados por el gravamen, según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.
EL IMPUESTO ENERGÉTICO EXIME LOS INGRESOS REGULADOS
En lo referido al gravamen energético, se excluirá de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, queda modificado el texto original para que el impuesto no afecte a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.
Además, se incluyó en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.
Al mismo tiempo, se introdujo otra enmienda transaccional para que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas del sector desarrollen en España.
SE EVALUARÁ SI LOS IMPUESTOS SE HARÁN PERMANENTE
El texto se ha aprobado con los acuerdos alcanzados entre EH Bildu, PSOE y Podemos, quienes pactaron que a finales de 2024, cuando finalice la vigencia de los nuevos impuestos a banca y energéticas, se haga una evaluación de su aplicación y se estudie la posibilidad de convertirlos en permanentes, así como para que las haciendas forales vascas y navarras gestionen estos nuevos gravámenes.
Además, en el texto final sí está ya incorporada a la ley la enmienda por la que se crea el impuesto a las grandes fortunas, que gravará a aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales.
Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.
Además, para la determinación de la base imponible de este impuesto, resultarán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha emplazado este jueves a la nueva dirección de CEOE, que saldrá tras revalidar ayer Antonio Garamendi su liderazgo en la patronal, que recupere la negociación salarial con los sindicatos, ya que, de lo contrario, ha advertido de que "el escenario de conflictividad laboral en el año 2023 está servido".
Sordo, que ha intervenido en unas jornadas de CCOO y la Fundación SIMA, ha indicado que la estrategia de 'Salario o Conflicto' que han planteado los sindicatos con diversas iniciativas empieza a dar algunos resultados, ya que en 2022 los trabajadores protegidos por cláusulas de revisión salarial han pasado del entorno al 20% a estar por encima del 40% en los convenios firmados, por lo que ha asegurado que se empiezan "a dar pasos en la recuperación de los salarios".
Así, ha indicado que cuando estas cláusulas de revisión salarial comiencen a aplicarse en 2023, la subida salarial media en España va a superar el 3%, por lo que se iniciará una mejora de los salarios, que no obstante ha considerado como "muy insuficiente" teniendo en cuenta la evolución de la inflación.
En este contexto, Sordo ha señalado que tras la reelección de Garamendi, la CEOE debe "recuperar la mesa de negociación del ANC con nuevas propuestas", por lo que ha emplazado a la patronal para que se vuelva a sentar en la mesa, "pero no para reiterar su negativa a las cláusulas de revisión salarial, sino para negociar una mejora de los salarios".
Sordo defendió fijar subidas iniciales y compromisos de recuperación de los salarios para mantener su poder adquisitivo en un horizonte de varios años.
El Banco de España estima que el conjunto de medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis energética pudo haber reducido la tasa de inflación interanual de la economía española en octubre en dos puntos porcentuales.
"En términos generales, las medidas más potentes para reducir la inflación son la bonificación de 20 céntimos por carburantes, después los impuestos y el mecanismo ibérico", ha señalado el director general de Economía del Banco de España en el debate 'La crisis energética en Europa y sus implicaciones económicas', organizado por el Observatorio de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
No obstante, ha matizado que los pesos del impacto de esas medidas van cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando el organismo publicó el informe trimestral en octubre se señaló que el mecanismo ibérico había restado algo más de un punto porcentual a la inflación interanual de agosto.
Sin embargo, si se observan los datos de octubre, cuando el IPC se moderó al 7,3%, el mecanismo ibérico ha restado menos a la inflación que otras medidas, como por ejemplo la bonificación a los carburantes, que ha restado ocho décimas a la inflación interanual.
En cuanto al coste total de las medidas, según las estimaciones del Banco de España, es en torno a 15.000 millones de euros en todo 2022. Se trata del impacto de las medidas desplegadas para hacer frente a la crisis energética que suponen en torno a 1,2 puntos porcentuales.
El subsidio de los combustibles representa más de 5.000 millones y desde el Banco de España se ha vuelto a insistir en que esta medida reduce más en términos relativos la inflación de los hogares de rentas altas que de los hogares de rentas bajas. "Hay que mirar a la hora de valorar cada una de estas medidas consideraciones de eficiencia y consideraciones de equidad", ha reiterado Gavilán.
El sector servicios elevó su facturación un 20,1% en septiembre respecto al mismo mes de 2021, moderando en tres puntos el ascenso registrado el mes anterior, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el avance de septiembre, los servicios encadenan 19 meses consecutivos de subidas interanuales después de un año de caídas como consecuencia de la pandemia.
Dentro de los servicios, los mayores avances de las ventas los registraron las actividades administrativas y servicios auxiliares (+33,7%) y la hostelería (servicios de alojamiento y servicios de comida y bebida), que elevó su facturación un 21,9% interanual.
En concreto, los servicios de alojamiento incrementaron sus ventas un 37%, mientras que los servicios de comida y bebida facturaron un 14,5% más que en septiembre de 2021.
Por actividades, los mayores repuntes de las ventas se los anotaron las agencias de viaje y operadores turísticos, que las duplicaron (+112,4%), y el transporte aéreo, que las incrementó un 95,5%.
En términos mensuales y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, el sector servicios registró en septiembre un avance mensual de sus ventas del 0,9%, frente al crecimiento del 2,1% del mes anterior.
Por decimoctavo mes consecutivo y tras más de un año de caídas, la ocupación en el sector servicios creció en septiembre, y lo hizo a un ritmo interanual del 3,3%, tasa cuatro décimas inferior a la de agosto.
Baleares fue la comunidad que más incrementó la creación de empleo en el sector servicios el pasado mes de septiembre, con una subida interanual del 9%, y también la región que más elevó las ventas, un 40,7% en tasa interanual.
Meta (Facebook) continúa sin notificar oficialmente ningún despido colectivo en España, y, pese a haber anunciado una congelación de contrataciones hasta el primer trimestre, mantiene más de 20 ofertas de trabajo abiertas en el país.
El fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, anunció el despido de 11.000 empleados el pasado 9 de noviembre, el equivalente al 13% de la plantilla para aumentar la eficiencia del uso de capital de la firma.
En el caso español, las empresas de menos de cien empleados están obligadas a ejecutar un despido colectivo en caso de que se efectúe la salida de más de diez empleados o, de situarse la plantilla entre 100 y 300 trabajadores, cuando la suma de despedidos supere el 10%. Según las últimas cuentas presentadas al Registro Mercantil (correspondientes a 2020), la antigua Facebook tenía menos de 100 empleados en España.
Meta ha declinado la posibilidad de hacer comentarios adicionales a Europa Press más allá del comunicado de Zuckerberg, pero varios extrabajadores de Meta han anunciado en la red social LinkedIn que han recibido notificaciones de que podrían ser despedidos.
INVERSIONES EN ESPAÑA Y POSICIONES ABIERTAS
El pasado mes de marzo, el vicepresidente de Meta, Javier Oliván, se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para posteriormente anunciar la creación de 2.000 puestos de trabajo en cinco años en España, la creación de un proyecto conjunto para investigar el metaverso con Telefónica y la ampliación de sus oficinas en Madrid.
En principio, ninguno de estos proyectos se ha cancelado oficialmente y el Gobierno ha mostrado su confianza en que las inversiones sigan en marcha, al igual que el proyectado centro de datos en Talavera, que está en proceso de tramitación.
De hecho, Meta se encuentra buscando en el mercado español varios perfiles relacionados con la construcción de centros de datos para su departamento de Diseño, Ingeniería y Construcción.
Asimismo, la firma también mantiene posiciones abiertas para especialistas en producto, en protección de datos, inteligencia artificial, cable submarino, investigadores e ingenieros de 'software'.
La proposición de ley para introducir nuevos gravámenes a empresas energéticas y banca, en la que PSOE y Podemos han añadido vía enmienda el impuesto a las grandes fortunas, encara esta semana su recta final en el Congreso con el debate y votación en el Pleno del próximo jueves.
Así, una vez concluida la sesión plenaria de los Presupuestos Generales del Estado, dará comienzo un nuevo Pleno para, entre otros asuntos, debatir esa ley y enviarla al Senado.
A lo largo de la última semana la iniciativa original de PSOE y Unidas Podemos ha sido objeto de varias modificaciones.
En lo referido al gravamen energético y financiero, en la comisión se acordó que, en el impuesto del 1,2% a la facturación de las empresas energéticas se excluirán del importe neto de la cifra de negocio de las compañías los ingresos derivados de las actividades reguladas.
De este modo, quedó modificado el texto original para que el impuesto no afecte a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.
Además, se incluye en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.
EL IMPUESTO SOLO AFECTARÁ A LA ACTIVIDAD EN ESPAÑA
Al mismo tiempo, se incluyó otra enmienda transaccional para que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas del sector desarrollen en España.
Pero no se trata de la única modificación que sufrió el texto durante la comisión, ya que del mismo modo se aprobó una enmienda del PNV para que se excluya de la facturación los ingresos correspondientes al impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo y los gravámenes complementarios a carburantes y combustibles petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión.
El PNV alega que el impuesto de hidrocarburos presenta particularidades en su exacción que pueden llevar a su internalización en el precio de venta al final de la cadena y a su inclusión en la cifra de ventas, a diferencia e otros impuestos indirectos que recaen sobre el consumo.
En este sentido, los nacionalistas vascos entienden que el gravamen no aplica sobre impuestos indirectos que recaen sobre el consumo, porque "no son indicador de beneficio alguno en la empresa que vende el producto o presta el servicio".
ACUERDO CON BILDU PARA EVALUAR SI EL IMPUESTO SE HARÁ PERMANENTE
Por otro lado, el texto llegará al Pleno con los acuerdos alcanzados entre EH Bildu, PSOE y Podemos, quienes han pactado que a finales de 2024, cuando finalice la vigencia de los nuevos impuestos a banca y energéticas, se haga una evaluación de su aplicación y se estudie la posibilidad de convertirlos en permanentes, así como para que las haciendas forales vascas y navarras gestionen estos nuevos gravámenes.
En lo que respecta al gravamen del 4,8% a los intereses y comisiones de entidades de crédito, se incorporó en comisión una enmienda del PNV que aclara que el impuesto afectará a la actividad que los bancos desarrollen en España.
Según la formación vasca, la enmienda tiene el objeto de aclarar el ámbito territorial de aplicación del nuevo gravamen y, en particular, que los intereses y comisiones que se pretenden gravar son los obtenidos en España, tanto por entidades españoles como extranjeras, excluyendo así los intereses y comisiones que se obtengan en otras jurisdicciones.
No obstante, el interrogante alrededor del gravamen financiero surge en torno a la enmienda para extender el impuesto a entidades financieras extranjeras que tienen sucursal en España. Y es que la propuesta de modificación del artículo no fue incluida en el informe de ponencia y tampoco se votó en la comisión, lo que podría dar pie a nuevas negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios.
IMPUESTO A GRANDES FORTUNAS
En el texto final, que se votará en Pleno la próxima semana, sí está ya incorporada a la ley la enmienda por la que se crea el impuesto a las grandes fortunas, que gravará a aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales.
Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.
Además, para la determinación de la base imponible de este impuesto, resultarán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros
La firma de inversión Goldman Sachs anticipa un crecimiento para España del 0,6% frente al 1% que prevé el consenso de mercado, tras acabar este año con un aumento del PIB del 4,6%.
Así lo señala la firma en su informe de perspectivas para el año que viene. Italia y Alemania, sin embargo, no lograrán obtener un crecimiento positivo y caerán el año que viene el 0,1% y el 0,3%, respectivamente.
Goldman Sachs apunta que el crecimiento mundial se ha ralentizado mucho en 2022 por varios factores como la política Covid cero de China o el shock energético derivado de la invasión de Ucrania, entre otros factores. De esta forma, anticipa que la economía mundial crecerá el 1,8% el año que viene.
Para Estados Unidos, la previsión es un avance del 1% y es probable que evite entrar en recesión: la firma cree que solo hay un 35% de posibilidades de que eso pase en los próximos 12 meses, frente al consenso de mercado, que estima que esta probabilidad ronda el 65%.
Por el contrario, sí espera recesión para Europa y Reino Unido, una previsión que ya ha confirmado en el caso de los británicos su ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, que ha anunciado este jueves que el país ya ha entrado en esa fase del ciclo.
China, por su parte, experimentará una ralentización en el primer semestre, seguida de un rebote en el segundo a medida que se reabre la economía, hasta terminar el año con un crecimiento del 4,5%.
Entre los temas que van a marcar el contexto inversor, Goldman Sachs destaca la dominación del dólar, el riesgo de crecimiento económico o la "sombra de la recesión", entre otros.
El sector de perfumería y cosmética en el mercado ibérico elevará este año un 4,5% sus ventas respecto a 2021, hasta situarse en unos 5.500 millones de euros, lo que supone superar la cifra de 5.409 millones registrada en el año 2019, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).
De cara a 2023 se prevé una desaceleración del ritmo de crecimiento, a causa del impacto de la elevada inflación en el poder adquisitivo de los hogares. Por su parte, los elevados costes de las materias primas, energéticos y logísticos continuarán afectando a la rentabilidad sectorial a corto plazo.
El avance previsto para este año (con un alza del 4,5% en España y del 5% en Portugal) se producirá después de que las ventas de perfumería y cosmética registraran un significativo repunte en 2021, tras haber contabilizado en 2020 una caída del 9,1%.
Así, el valor del mercado se elevó en 2021 a 5.261 millones de euros, un 7% más que en 2020. Las ventas en el mercado español crecieron un 7,7%, hasta los 4.337 millones de euros, mientras que en Portugal aumentaron un 4,1%, situándose en 924 millones.
El segmento de productos para el cuidado de la piel es el más importante, suponiendo el 29,3% de las ventas globales en 2021, situándose a continuación los productos de aseo (26,1%) y los perfumes y fragancias (18,9%). El porcentaje restante se reparte entre productos para el cuidado del cabello (17,6%) y la cosmética decorativa (8,1%).
En 2021 se contabilizó también un fuerte aumento de las exportaciones, ascendiendo en el caso de España a 4.431 millones de euros, un 24% más que en 2020. Las ventas en el exterior de Portugal, por su parte, crecieron un 21%, situándose en 221 millones.
Las importaciones también registraron crecimientos significativos, situados en el 14,5% en España y el 9,1% en Portugal.
Se estima un ascenso adicional del valor del mercado ibérico del 4,5% en 2022, hasta situarse en unos 5.500 millones de euros, lo que supone superar la cifra de 5.409 millones registrada en el año 2019.
En 2021 operaban 718 empresas en el mercado ibérico de perfumería y cosmética, de las cuales 563 se ubicaban en España y 155 en Portugal. La estructura empresarial del sector presenta una notable concentración de la oferta, de forma que los diez principales grupos en el conjunto del mercado ibérico reunieron en ese año alrededor del 47% de la facturación global del sector.
Entre las pequeñas y medianas empresas solicitantes de un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el 44% no sabe si podrá devolverlo en tiempo y forma, según detalla Hiscox, compañía aseguradora internacional especializada en empresas, en su 'I Informe Hiscox de pymes y autónomos en España'.
De esta manera, solo el 54,5% cree que podrá devolver el préstamo antes de la fecha límite extendida hasta junio de 2023 por el Gobierno, mientras que el 3,4% prevé directamente el impago, el 13,1% cree que la solución pasa por la refinanciación de la deuda y otro 9,8% por su reestructuración. Finalmente, un 19,2% de las pymes no ha pensado en ninguna medida concreta para cuando venza el plazo.
LOS FONDOS NEXT GENERATION APENAS IMPACTAN EN LAS PYMES
Otra de las vías que se puso a disposición de las pequeñas y medianas empresas para hacer frente a la actual situación han sido los fondos 'Next Generation'. Sin embargo, han tenido muy poco impacto en el empresariado español a la luz de que, a fecha de junio de este año, solo el 2,4% de las pymes lo habían solicitado. De hecho, ese porcentaje se concentra en 8 comunidades autónomas, ya que en las otras 9 ninguna compañía ha solicitado estos fondos.
Asimismo, dentro de las que aún no lo habían hecho, el 87,6% tampoco tiene planes de hacerlo en el futuro. Por contrapartida, dentro de las empresas que sí habían solicitado estos fondos ha habido una gran acogida ya que el 70% planea pedir alguna otra ayuda europea.
A la hora de utilizar este dinero, la digitalización del proceso productivo se posiciona como la opción favorita (21,2%), seguida de la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad (18%), la atracción de talento con foco en las nuevas generaciones (16,6%), el reforzamiento de la ciberseguridad (16,5%) y la innovación impulsada por las nuevas tecnologías (13,2%).
El director de innovación y distribución alternativa de Hiscox España, Ricardo Sánchez, ha expresado que "resulta llamativo" el hecho de que pocas pymes hayan optado por hacer uso de las herramientas que el Gobierno ha puesto a su disposición para paliar la crisis. "La realidad es que al final las pequeñas y medianas empresas, en su mayoría, están haciendo frente solas a la crisis económica".
El sector del juguete se ha mostrado optimista de cara a la campaña de Navidad y al cierre de 2022 donde prevé terminarla con un ligero crecimiento entre el 2% y el 3%, recuperando en el mercado interno los niveles de la pandemia en un contexto marcado por la inflación y por el incremento de los costes, según los datos presentados por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) y la consultora NPD Group España.
"En 2022, vamos a recuperar los datos de 2019, somos el único mercado europeo que aún no lo había hecho y esperamos llegar a un crecimiento de hasta el 2%, aunque pensamos que el sector puede llegar al 3% ayudado por las exportaciones, que gozan de una salud estupenda", ha avanzado la presidenta de la AEFJ, Marta Salmón, durante la presentación de los datos.
Una campaña de Navidad, que concentra el 75% de las ventas del sector juguetero, que este año estará marcada por la inflación. "Estamos preocupados por la inflación. Los fabricantes han hecho un importantísimo esfuerzo en contener los precios. Nuestro sector es muy sensible al precio, porque somos muy estacional, por lo que hay que destacar el gran esfuerzo de todas las empresas para tener precios atractivos en esta campaña de Navidad", ha recalcado.
De esta forma, el sector ha avanzado que a pesar de la actual coyuntura económica, los rangos de precio que mejor se están comportando en esta campaña navideña oscilan entre los juguetes de 30 a 50 euros, mientras que los productos por debajo de 10 euros muestran peores registros.
El director de NPD Group España, Fernando Pérez, ha subrayado que el sector juguetero alcanzará la facturación preCovid, al tiempo que ha avanzado que este año se espera que la última semana del año sea la "más fuerte" y suponga el 10% de las ventas del año. "Todo el negocio del año se puede jugar en una semana, ya que diciembre supondrá este año un 40% de las ventas", ha indicado.
Respecto a la inflación, Pérez ha reiterado que en 2022 los fabricantes de juguetes, que están padeciendo el incremento de costes (materias primas, componentes, logística y tipo de cambio), están conteniendo los precios. "Las empresas están intentando que el precio no se dispare y pensamos que no será tan determinante como en otros sectores", ha señalado.
LAS EXPORTACIONES IMPULSARÁN LAS VENTAS
Un crecimiento que también vendrá impulsado por las exportaciones, que suponen el 40% de la facturación. A pesar de que la comparativa hasta agosto arroja una caída del 6,15%, debido a que ese mismo periodo fue especialmente bueno en 2021 por el confinamiento y las restricciones de la pandemia, el sector se ha mostrado confiado en registrar un fuerte crecimiento, sobre todo en mercados de fuera de la UE.
De esta forma, el sector espera un crecimiento de las ventas de juguetes españoles al exterior entre el 5% y el 6%, siendo sus principales mercados de destino Francia, Portugal e Italia, seguidos ya en menor medida por Alemania y Reino Unido.
Una campaña de Navidad donde el mercado de las licencias sigue creciendo e impulsando las ventas de la industria juguetera, ya que acumula un crecimiento acumulado del 14% a octubre en España y cuenta ya con una cuota del 30% del mercado.
"España siempre ha tenido una tendencia alta y tiene mucho tirón entre los consumidores. Los clásicos como Jurassic Park, Pokémon, Marvel o Dragon Ball estarán entre los más vendidos", ha indicado Pérez, que ha destacado que este año los juguetes relacionados con el fútbol, debido a la celebración del Mundial en estas fechas.
Junto a las figuras de acción de superhéroes también presentan una gran demanda para este año los juguetes relacionados con las construcciones, sin olvidar las muñecas, que es una categoría "muy fuerte" en España y el aumento de los juguetes para los adultos.
Pérez ha subrayado que este "mercado nicho" está siendo impulsado por los fabricantes, ya que actualmente representa un 25%. "Uno de cada cuatro juguetes se vende a adultos y crece un 12%. Los fabricantes ahora desarrollan producto para los adultos y eso da un respiro ante la escasez de niños".
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que ocho de cada diez empresas de capital internacional en la región prevén consolidar o aumentar su negocio a lo largo del próximo año, el 86 por ciento, y que la práctica totalidad de las empresas multinacionales en Castilla-La Mancha estiman que mantendrán o aumentarán sus niveles de empleo.
Así lo ha valorado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración del VII Foro de Empresas de Capital Extranjero de Castilla-La Mancha, en el marco del cual se han presentado los resultados del séptimo Barómetro del Clima de Negocios de la región.
Este séptimo foro se ha celebrado en el centro de pruebas Hakka Ring de la empresa de capital finlandés Nokian Tyres, en Santa Cruz de la Zarza, uno de los proyectos de inversión que se han desarrollado en la región desde el año 2015, y que no se ha podido inaugurar de manera oficial por motivo de la crisis sanitaria.
En el foro han participado alrededor de 60 inscritos y el hilo conductor de la cita ha sido el acortamiento de las cadenas de valor y la capacidad industrial de Castilla-La Mancha, además del papel fundamental que puede jugar en este objetivo, ha informado la Junta en nota de prensa.
"Si algo hemos visto con la pasada crisis sanitaria y con el actual clima de inestabilidad internacional es la necesidad de relocalizar nuestra industria y acortar las cadenas de valor, una tendencia para la que estamos muy bien posicionados en Castilla-La Mancha, por nuestra capacidad para ser el epicentro verde industrial del país", ha señalado la consejera.
En el marco del foro, además, se han presentado los resultados del séptimo Barómetro del Clima de Negocios de Castilla-La Mancha, en el que han participado alrededor de medio centenar de empresas de capital internacional en la región.
PESE A LA CRISIS
"Pese a las circunstancias que hemos tenido que atravesar y las que estamos afrontando ahora mismo, los resultados son muy satisfactorios", ha dicho Patricia Franco, que ha valorado que "ocho de cada diez empresas internacionales de la región confían en cerrar el año 2022 manteniendo sus niveles de negocio, y nueve de cada diez han mantenido sus inversiones en nuestra región a lo largo de este año", ha destacado, citando como ejemplos algunos de los proyectos que se están materializando estos días en forma de inauguraciones o primeras piedras, como los de Cummins, en Guadalajara; Schütz, en Cazalegas; Vitale, en Alcázar de San Juan; o Plastipak, en Casarrubios del Monte.
Esas perspectivas, además, son muy positivas para el año próximo, según se desprende del mismo barómetro. "Para 2023, las previsiones también soy muy buenas, porque el 98 por ciento de las empresas internacionales de la región esperan mantener o aumentar sus niveles de empleo y el 86 por ciento prevén aumentar o mantener estables su cartera de pedidos", ha avanzado Patricia Franco.
MEJORAR AYUDAS
Dentro de ese barómetro, la consejera también ha hecho referencia a las ayudas públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, "que conocen el 73 por ciento de empresas internacionales y cuatro de cada diez empresas utiliza de forma efectiva". Un porcentaje, ha dicho la consejera, "que queremos mejorar".
En el marco del foro, Patricia Franco también ha destacado el aumento en la captación de proyectos de inversión y reinversión internacional en la región, "duplicándose el número en esta Legislatura, ya que fueron 56 los proyectos captados en Castilla-La Mancha en la pasada legislatura, y son ya 100 los que hemos captado a lo largo de ésta, con unas perspectivas muy positivas hasta el cierre de la misma", ha valorado la consejera, que ha destacado que este incremento se ha llevado a cabo "pese a las circunstancias que hemos tenido que afrontar, con una crisis sanitaria y con la inestabilidad internacional actual provocada por la Guerra de Putin a Ucrania".
Desde 2015, además, "la apertura exterior de nuestra economía ha crecido en 7,5 puntos y estamos progresando a ritmo de récord en las exportaciones en la región", ha recordado, señalando que en esa internacionalización tienen mucho que ver las empresas de capital internacional, "porque suponen un tercio del total de nuestras exportaciones".
La capacidad para captar proyectos de inversión se ha plasmado, además, en un incremento del volumen de inversión en la región cercano al 250 por ciento en el último año, con respecto a los niveles del año 2015, ha señalado también.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, han estado presentes el director general de Empresas, Javier Rosell; el delegado de Economía en la provincia de Toledo, Julián Martín; el director del IPEX, Luis Noé; el alcalde de Santa Cruz de la Zarza, Tomás Lorenzo; y el director del Hakka Ring de Nokian Tyres, Daniel Rodríguez.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó tres décimas en octubre en relación al mes anterior y recortó de golpe su tasa interanual 1,6 puntos, hasta el 7,3%, su cifra más baja desde enero, justo antes de declararse la guerra en Ucrania, cuando el IPC se situó en el 6,1%, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El organismo mantiene así el dato interanual del 7,3% que avanzó a finales del mes pasado, pero ha recortado una décima, desde el 0,4% al 0,3%, el avance mensual del IPC estimado inicialmente.
La tasa de inflación de octubre es 3,5 puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando el IPC escaló hasta el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984.
Con la moderación registrada en octubre, la inflación suma tres meses consecutivos de descensos en su tasa interanual después de que en agosto bajara tres décimas, hasta el 10,5%, y en septiembre disminuyera 1,6 puntos, hasta el 8,9%.
LOS ALIMENTOS DISPARAN UN 15% SUS PRECIOS, NUEVO RÉCORD
Según el INE, la moderación del IPC interanual hasta el 7,3% en octubre se debe, principalmente, a la bajada de los precios de la electricidad y, en menor medida, al abaratamiento del gas.
También influyó en la moderación de la inflación el hecho de que los precios de vestido y calzado, por la nueva temporada otoño-invierno, han subido menos en octubre de este año de lo que lo hicieron en el mismo mes de 2021.
En el extremo contrario, en octubre subieron, de nuevo, los precios de los alimentos. Su tasa avanzó un punto, hasta el 15,4%, la más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1994. Destaca, especialmente, el encarecimiento de las legumbres y hortalizas, la carne, y la leche, el queso y los huevos.
Dentro de los alimentos, los que más han subido de precio en el último año son el azúcar (+42,8%); las legumbres y hortalizas frescas (+25,7%); los huevos (+25,5%), la leche (+25%); los aceites y grasas (+23,9%), y los cereales (+22,1%).
Sin tener en cuenta la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y las variaciones sobre otros impuestos, el IPC interanual alcanzó en octubre el 7,7%, cuatro décimas por encima de la tasa general del 7,3%. Así lo refleja el IPC a impuestos constantes que el INE también publica en el marco de esta estadística.
LA SUBYACENTE SE MANTIENE EN EL 6,2%
En términos mensuales (octubre sobre septiembre), el IPC registró un repunte de tres décimas.
La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantuvo en octubre en el 6,2%, con lo que sitúa 1,1 puntos por debajo de la tasa del IPC general.
En el décimo mes de 2022, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 7,3%, más de un punto y medio inferior a la registrada en el mes anterior. Por su parte, la variación mensual del IPCA registra un ascenso de una décima.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha apuntado este lunes que prevé que la inflación se mantenga en el entorno del 7 por ciento en lo que resta del año --concretamente, en los meses de noviembre y diciembre-- y ha señalado que el Gobierno espera que a partir de 2023 se retome "la senda descendente", aunque ha reclamado prudencia porque dependerá de la "evolución de la guerra" en Ucrania.
La ministra económica ha asegurado que espera que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme este martes el dato avanzado del IPC de octubre, que moderó su crecimiento hasta el 7,3%, su cifra más baja desde enero, justo antes de declararse la guerra en Ucrania, cuando el IPC se situó en el 6,1%.
Calviño ha defendido que "gracias a las medidas" impulsadas por el Gobierno y a la bajada de precios de energía en los mercados internacionales la inflación bajó "en un tercio desde el pico de julio", y se ha mostrado confiada en que en el año 2022 se mantenga sobre el 7%, una cifra "muy elevada", pero "la segunda más baja de la zona euro".
Para el año que viene, la vicepresidenta confía en que se retome una "senda descendente" del IPC, aunque depende de la guerra. "El contexto es muy incierto", ha apuntado en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press.
Cuestionado por el crecimiento económico en España, ha señalado que el Gobierno estimó que sería de un 4,4% para este año y todo apunta "que nos hemos quedado corto". "Es un crecimiento muy fuerte", ha destacado Calviño, que ha avisado no obstante que se espera una "ralentización" de la economía europea, que está "más floja".
"Nadie prevé que la economía española no crezca. Las previsiones han variado más que nunca y prefiero centrarme en los datos", ha reivindicado la vicepresidenta.
España fue el segundo mayor productor de leche para el consumo de la Unión Europea (UE) en 2021, con cerca de un 15% de la producción total, por detrás de Alemania, que aglutina casi una quinta parte del grueso comunitario, según se desprende de los datos publicados por la oficina de estadística comunitaria Eurostat este lunes.
España produjo un total de 3.976,82 toneladas de leche para el consumo en 2021, segundo país del ranking por detrás de Alemania, que produjo 4.379,69 toneladas y que se sitúa también a la cabeza de la producción de mantequilla, queso y otros lácteos.
Además, la producción de este tipo de leche ha aumentado un 11% en España en 2021 respecto a 2020, cuando el total fue de 3.583,36 toneladas.
En total, España produjo 7.471,71 toneladas de leche destinadas a la manufactura de derivados lácteos --aumentando también respecto a 2020, cuando el grueso fue de 7.427,61--, lo que sitúa al país como octavo mayor productor en 2021.
Se estima que las explotaciones de la UE produjeron 161,0 millones de toneladas de leche cruda en 2021, lo que representaría un aumento interanual de 0,7 millones de toneladas. Esta estabilidad en la producción (+0,4% en comparación con 2020) se apoyó en el aumento de la producción en las explotaciones de Italia (+4%) e Irlanda (+6%), a pesar de que hubo descensos en Alemania, Francia y Países Bajos (-2%).
La mayor parte de la leche cruda (150,7 millones de toneladas) se entregó a las centrales lecheras y el resto se utilizó directamente en las explotaciones.
La banca española tenía aparcado en octubre 370.865 millones de euros en el Banco Central Europeo (BCE) para beneficiarse de la subida de tipos de interés de los depósitos que el banco central ha comenzado a aplicar desde el pasado mes de julio, según se recoge en las estadísticas de financiación del Eurosistema publicados hoy por el Banco de España.
Esta cantidad supone un 71,2% más frente al volumen que la banca española tenía en septiembre en facilidades permanentes, de 216.581 millones de euros. Además, contrasta con la cifra de octubre de 2021, cuando todavía no se habían iniciado las subidas de tipos de interés. En ese momento, las entidades tenían en estas facilidades en torno a 2.700 millones de euros.
El Banco de España explica que este aumento se debe a la "significativa recomposición" en las posiciones de exceso de liquidez de la banca e implica un movimiento desde las cuentas de reservas a los saldos de la facilidad de depósito. Este cambio "está vinculado con la decisión del Consejo de Gobierno del BCE de aumentar al 0,75% la remuneración de la facilidad de depósito, con efectos desde el 14 de septiembre de 2022", agrega.
Cabe destacar que el BCE, en su última reunión celebrada el pasado 27 de octubre, volvió a subir los tipos de interés, situando el de la facilidad de depósito en el 1,50%. En esa misma reunión, sin embargo, también se decidió "recalibrar" los términos y condiciones de las operaciones de financiación TLTRO III para recortar los beneficios de la banca de la eurozona. Este programa se activó durante la pandemia de Covid-19 con condiciones muy ventajosas para ofrecer liquidez a las entidades y facilitar la financiación del sistema.
Por su lado, las reservas de las entidades que mantenían en el Banco de España se han reducido un 86,8% en octubre, hasta los 22.204 millones de euros, frente a los 169.025 millones que había en septiembre.
Esta situación no es exclusiva de la banca española. En el conjunto del Eurosistema, las entidades de la eurozona tenían en torno a 4,599 billones de euros en facilidad de depósito en el mes de octubre, casi un 60% más frente a septiembre, en detrimento de las reservas, que cayeron un 87,0%.
LIGERO DESCENSO DE LA DEUDA
Por otro lado, la deuda de los bancos españoles con el BCE, que refleja la apelación bruta de las entidades al instituto emisor a través de las operaciones regulares de financiación, se situó en 289.668 millones de euros en octubre, 72 millones por debajo del mes anterior, aunque supone un aumento de 186 millones de euros frente a octubre de 2021.
Por su parte, la apelación bruta del conjunto del Eurosistema al BCE cayó un 0,38% en el mes de octubre, hasta situarse en 2,119 billones de euros. Esta cifra es un 4,02% inferior a la de un año antes.
Así, la apelación de los bancos residentes en España al instituto emisor representó en octubre el 13,66% del total del Eurosistema, en línea con lo registrado tanto en septiembre (13,61%) y por encima de la proporción de octubre de 2021 (13,10%).
PROGRAMA DE COMPRA DE ACTIVOS
Por otro lado, el volumen agregado de activos adquiridos en España en el marco de los distintos programas de compra de activos implementados desde 2009 por el BCE sumaba 627.946 millones de euros en octubre, un 0,03% menos que en septiembre, pero un 9,93% más que en el mismo mes del año pasado.
En el conjunto del Eurosistema, el importe agregado de las compras de activos alcanzó en el décimo mes de 2022 un total de 4,948 billones de euros, lo que implica un descenso del 0,06% en el mes y un aumento del 9,16% en el año.
Según los datos del Banco de España, el volumen agregado de compras de activos en España representa un 12,69% del total correspondiente al balance consolidado del Eurosistema, frente al 12,68% de septiembre y el 12,60% de un año antes.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha mostrado partidaria de que la bonificación de 20 céntimos de euro al combustible deje de ser generalizada en el caso de que se prorrogue más allá del 31 de diciembre y se concentre en los sectores y familias que más lo necesitan.
"La subvención de 20 céntimos por litro fue una decisión de emergencia de este verano, con precios muy elevados de los combustibles, en los que la reacción rápida requería que fuera una medida generalizada y de aplicación sencilla, pero cada vez es más importante concentrar el esfuerzo en quien más lo necesita, ya sea por razones profesionales, ya sea por nivel de rentas de las familias", ha señalado.
Ribera, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha recordado que el Gobierno está estudiando qué medidas de las que se adoptaron para paliar las consecuencias de la guerra deben prorrogarse "durante todo el año 2023, cuáles deben ser matizadas y cuáles deben ser reforzadas". Eso, ha precisado, obliga al Ejecutivo "a pensar hasta dónde y cómo" se seguirá utilizando la ayuda al combustible.
Ribera ha subrayado que el establecimiento de los abonos gratuitos al transporte es una medida "más inclusiva" que la bonificación a los carburantes, que se adoptó en un momento muy concreto. "Sabemos que antes del verano era imposible ser preciso y discriminar entre familias, pero en estos momentos hemos ido aprendiendo cómo concentrar el esfuerzo fiscal y presupuestario en aquellos ámbitos en los que es más eficaz y justo", ha defendido.
La vicepresidenta tercera ha insistido en que no se deben subvencionar los combustibles fósiles, ni establecer para ellos un tratamiento fiscal favorable, pues se trata de un principio fundamental para el impulso de la transformación del sistema energético.
No obstante, es consciente de que esto no puede producirse "de la noche a la mañana y con los precios disparados" y que debe ser asumible para las familias. "Se necesita una transición justa también con los consumidores", ha explicado.
"Para nosotros es muy importante el facilitar que toda la transformación del sistema energético sea asumible por las familias. La señal de precio es importante, pero no puede suponer una barrera infranqueable desde el punto de vista de la inclusión social", ha enfatizado.
NO PRORROGARÁ EL PLAZO PARA LOS PROYECTOS DE RENOVABLES
Por otro lado, la vicepresidenta tercera ha insistido en que no se prorrogará más allá del 25 de enero el plazo para que los proyectos de energías renovables consigan los permisos administrativos.
"Yo asumo que las administraciones públicas serán responsables y resolverán en plazo los procedimientos y los informes que desde la Administración General del Estado estamos pidiendo", ha dicho la vicepresidenta, que ha pedido que "no se alimente la expectativa de que habrá más plazo porque no lo habrá".
Ribera ha afirmado que ya ha hablado con todas las comunidades autónomas para que, después de que ya se adoptara una prórroga en noviembre del año pasado, resuelvan estos expedientes antes de que concluya el plazo actual el próximo 25 de enero.
Ribera ha destacado la importancia de dar salida a estos expedientes ya que, a día de hoy, lo que existe es un "colapso y una paralización" de la capacidad de utilización de las infraestructuras de transporte "que no beneficia a nadie".
Por eso, ha pedido a las administraciones públicas que diferencien lo proyectos que son serios de los que no y que agilicen la resolución de los expedientes, pues los promotores "tienen derecho a una solución motivada de por qué es viable un proyecto o no lo es".
El sector eléctrico ha advertido de que, en caso de no flexibilizarse los hitos temporales establecidos por el Gobierno para mantener los permisos de acceso y conexión, podrían caducar y ejecutarse garantías de hasta 100 gigavatios (GW), debido al potencial incumplimiento de los plazos.
La Comisión Europea calcula que la economía española crecerá un 4,5% en 2022, situándose medio punto porcentual por encima de lo previsto en verano, mientras que la previsión de crecimiento desciende al 1% para 2023 y repunta al 2% para 2024, por lo que España salvaría una recesión técnica que sí afectará al resto de la Unión Europea (UE).
Asimismo, aumenta la previsión de repunte de la inflación española hasta el 8,5% para el presente ejercicio, frente al 8,1% estimado en julio, pero prevé una reducción de hasta el 3,4% para 2023 y del 2,3% para 2024.
Esta cifra se sitúa, no obstante, por debajo del 9,3% del pronóstico comunitario de inflación, que se prevé que descienda a un 7% en toda la Unión Europea para 2023 y hasta el 3% en 2024.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha señalado que espera que la economía de la UE "se contraiga tanto en el actual como en el primer trimestre de 2023, una recesión técnica que será generalizada en todos los componentes de la demanda, pero también en todos los países, y la mayoría de los Estados miembros experimentará dos trimestres consecutivos de contracción".
La actualización de las previsiones económicas de Bruselas apunta a un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) de España del 4,5% en 2022, medio punto porcentual por encima del pronóstico presentado el pasado julio, pero 2,2 puntos porcentuales por debajo de las previsiones de primavera, cuando se situaba en un 6,3%.
España también se sitúa entre los países con mayor disminución de la tasa de desempleo, junto a Lituania, Suecia o Italia, pasando del 13,3% al 12,4%.
En lo que respecta al conjunto de la Unión Europea (UE), Bruselas eleva al 3% su previsión de crecimiento frente al 2,7% de las previsiones de verano, pero reduce del 1,5% al 0,5% el pronóstico para 2023.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves la incorporación de más de 600.000 efectivos a la Inspección de Trabajo en los próximos años para fortalecer las actuaciones del organismo.
"Soy consciente de que para mantener la eficacia de la labor encomendada es necesario reforzar con medios técnicos, materiales y personales para reforzar la Inspección de Trabajo", ha dicho Díaz durante su intervención en la entrega de diplomas a las nuevas promociones de inspectores y subinspectores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La ministra de Trabajo ha recalcado su compromiso con la Inspección de Trabajo, y se ha referido al aumento de la dotación presupuestaria para este fin y a las ofertas de empleo aprobadas en los últimos tres años.
"Queda mucho por hacer, pero creo es un dato más que relevante. Queremos una Inspección fuerte, capaz de afrontar con la misma solvencia que hasta ahora la complejidad que continúa adquiriendo el mundo del trabajo", ha añadido.
Díaz también ha reconocido en su discurso la labor de la Inspección de Trabajo y de sus inspectores durante la pandemia y en la vigilancia del cumplimiento de la nueva reforma laboral.
En concreto, Díaz ha destacado el trabajo de los inspectores los lugares de trabajo "donde la representación sindical no llega en su defensa" de los trabajadores.
"Vuestra labor va a tener consecuencias para las personas trabajadoras", ha trasladado Díaz a los nuevos inspectores durante su discurso.
La ministra se ha referido a la Inspección de Trabajo como un cuerpo "que vela por unas relaciones laborales dignas y con derecho, aval, también, de seguridad y salud en el trabajo".
También ha resaltado que la Inspección de Trabajo es "un referente en Europa y en el mundo", que ha sabido adaptarse a la modernidad "dando respuestas inteligentes y valientes".
Díaz ha recordado en su discurso que, por ese papel ejemplar de la Inspección de Trabajo, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) ha elegido a España como sede del primer encuentro mundial de inspectores de trabajo, que se celebrará este mes en Valencia.
El número de nuevas sociedades mercantiles aumentó un 3,3% en septiembre respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar un total de 6.838 empresas, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el repunte de septiembre, la creación de empresas pone fin a cinco meses consecutivos de retrocesos interanuales después de que en abril disminuyera un 8,2%, un 4,6% en mayo, un 6,8% en junio, un 14,4% en julio y un 6,4% en agosto.
Para la constitución de las 6.838 empresas creadas en septiembre se suscribieron casi 400 millones de euros, lo que supone un 77,3% más que en igual mes de 2021, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 58.457 euros, se incrementó un 71,7% interanual.
Al tiempo que aumentó la creación de sociedades, en septiembre también creció la disolución de empresas, un 11,8% respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 1.430.
En los nueve primeros meses del año se han constituido un 3% menos de empresas que igual periodo de 2021 y han desaparecido un 9,1% más de sociedades.
Meta, propietaria de Facebook, ha decidido ejecutar un recorte de 11.000 empleados, lo que supone el 13% de su plantilla, y congelar las contrataciones hasta el primer trimestre, según ha anunciado este miércoles el consejero delegado de la compañía, Mark Zuckerberg, en un comunicado remitido a la plantilla.
"Hoy estoy compartiendo algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta. He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y despedir a más de 11 000 de nuestros talentosos empleados. También estamos tomando una serie de pasos adicionales para convertirnos en una empresa más ágil y eficiente mediante la reducción de los gastos discrecionales y la extensión de nuestra congelación de contrataciones hasta el primer trimestre", ha señalado el primer ejecutivo de la compañía.
De esta forma, Meta se suma a otras compañías tecnológicas como Twitter que también han anunciado despidos recientemente.
El sector textil elevó sus ventas al 4,2% durante el pasado mes de octubre respecto al mismo mes de 2021, pese a que la facturación está disminuyendo "mes a mes", según ha señalado el presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, quien no prevé la aplicación, en general, de descuentos agresivos en el Black Friday por el alza de los costes.
"De cara al Black Friday no esperamos, en general, descuentos agresivos, ya que al comercio también se le han incrementado los costes de la luz, de las materias primas, de la logística o del alquiler y no tiene margen suficiente para aplicar descuentos agresivos. Sí habrá descuentos porque los están esperando los clientes, pero estos serán livianos", ha subrayado.
Asimismo, Zamácola ha solicitado la reducción de impuestos y cargas fiscales tanto a las empresas como a las familias para que dispongan de mayor renta disponible permitiendo un mayor gasto.
Con el alza registrado en el décimo mes del año, tras la subida del 7,9% en septiembre, las ventas del sector textil acumulan un crecimiento anual del 14,1%.
"En este mes hemos observado mucho menos afluencia de clientes a las tiendas. Entendemos a que se debe a que los clientes tienes menos dinero en el bolsillo por el incremento de la luz, el gas, la gasolina o la cesta de la compra y destinan la retan disponible principalmente a alimentos y pago de suministros e hipoteca quedando muy poco o nada para la ropa", ha subrayado el presidente de Acotex.
La Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) cerrará este martes, 8 de noviembre, el plazo para la inscripción de candidaturas para la Presidencia de la patronal, con el actual presidente, Antonio Garamendi, y la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, como aspirantes.
Garamendi comunicó su intención de optar a la reelección el pasado 21 de septiembre, cuando la Junta Directiva de la CEOE acordó el 23 de noviembre como fecha para la celebración de la Asamblea Electoral, mientras que Guinda anunció su candidatura la semana pasada.
Los estatutos de la CEOE establecen que los candidatos a la Presidencia deben contar con el apoyo de, al menos, 20 representantes vocales de la nueva Asamblea General, que, a su vez, sean representantes de, al menos, cuatro diferentes organizaciones miembro de pleno derecho.
Garamendi aseguró a finales de octubre que contaba con "el aplastante apoyo de las organizaciones", con el respaldo de "todos los territorios menos uno" y de "los grandes sectores".
Entonces, el único competidor que valoraba la posibilidad de disputar la presidencia de la CEOE a Garamendi era el presidente de Faconauto, la patronal del automóvil, Gerardo Pérez, aunque finalmente descartó la idea.
En esos días, también sonó el nombre del presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, y fue el propio Garamendi quien lo desmintió y disipó cualquier rumor de dudas entre ellos.
Sin Pérez ni Cuerva en la carrera electoral de la CEOE, el camino de Garamendi parecía despejado para revalidar su puesto otros cuatro años más, hasta que la semana pasada Virginia Guinda confirmó su candidatura.
UNA CEOE "MÁS PROPOSITIVA" Y "DE ABAJO ARRIBA"
Guinda eligió la sede de Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), en Madrid, para presentar su candidatura en un acto de "transparencia, honestidad y respeto" al sector del que procede, como ella misma señaló.
La candidata a la presidencia de la CEOE evitó las críticas al actual presidente y a su gestión y se centró en exponer su agenda para la patronal, "más propositiva" y más consultiva con sus bases, con capacidad de escucha "de abajo arriba para llegar a mejores soluciones".
La vicepresidenta de Foment del Treball insistió en varias ocasiones a lo largo de la rueda de prensa en la necesidad de consultar más a las organizaciones y asociaciones que integran la CEOE, y defendió que la patronal solo "tiene que ser complaciente con sus socios, que es a quienes representa".
Además de ser vicepresidenta de Foment del Treball, Guinda es miembro de la junta de la CEOE desde 2018. También se desempeña como directora técnica de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), sector al que representa en el Consejo Consultivo de Electricidad de la Concisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Asimismo, es vocal de las juntas directivas de Aspapel y de Gasindustrial.
VISIONES SIMILARES SOBRE EL SMI
La CEOE se enfrentará en las próximas semanas a la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en la mesa tripartita con el Gobierno y los sindicatos. La intención del Gobierno es elevar el SMI en 2023 al 60% del salario medio español y los sindicatos esperan que el Ejecutivo cumpla su promesa.
Garamendi y Guinda han manifestado una visión similar sobre el SMI, y los dos coinciden en que la cuantía debe variar en función del sector o de la comunidad autónoma.
El presidente de la CEOE ha expresado en varias ocasiones sus reticencias a una nueva subida del SMI y argumenta su decisión en que en algunas autonomías el SMI ya es superior al salario medio, a lo que añade que muchos empresarios no pueden hacer frente a esa revisión salarial.
Guinda se ha pronunciado en una línea similar y se ha mostrado partidaria de abordar el SMI desde "una visión más pragmática", ya que "no debería ser el mismo" según el sector y la situación del trabajador.
"No nos tiene que dar miedo regular las cosas desde la complejidad, porque lo que tenemos que perseguir es que la economía funcione", expresó Guinda.
En cuanto a las subidas salariales del sector privado, la candidata a la presidencia reafirmó que los sueldos "tienen que subir", aunque sin hablar de horquillas y siempre en función de la situación particular de cara área.
Respecto a esta cuestión, Garamendi se ha mostrado más cauto en sus intervenciones y apela a los convenios sectoriales y de empresas, con subidas salariales, que se han ido pactando de manera concreta.
Al margen de esos convenios, la patronal y los sindicatos dejaron en suspenso la mesa del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en mayo, por las discrepancias sobre la cláusula de revisión salarial que reclamaban los sindicatos.
DESACUERDO EN LA REFORMA LABORAL
Mientras que Garamendi alienta a respetar la reforma laboral, pactada a finales de 2021 entre el Gobierno, la CEOE y los sindicatos, tras unos nueve meses de negociación, Guinda mostró en la rueda de prensa sus dudas al respecto.
La rival del presidente de la patronal considera que la nueva normativa, que todavía no lleva un año en vigor, no se adecua a la situación actual del mercado de trabajo. A su juicio, esto da "una oportunidad de abordar una nueva reforma laboral para actualizar" la actual.
Al margen de esta diferencia, las posiciones de Garamendi y Guinda coinciden en otras cuestiones como los recelos contra el impuesto a la banca y a las energéticas, o en la necesidad de que el pacto de rentas vaya más allá de los salarios e incluya también aspecto como las pensiones o los funcionarios.
La Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional que convocó el paro del pasado mes de marzo, ha anunciado un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche de este domingo.
Manuel Hernández, presidente de la plataforma, ha dado a conocer el resultado de la votación que han llevado a cabo este fin de semana en sus delegaciones provinciales sobre la reanudación del paro.
El pasado sábado, sus delegados provinciales mantuvieron una reunión en la que analizaron la situación actual del sector, tras las medidas aprobadas por el Gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
Entre estas medidas, destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.
Sin embargo, la Plataforma ha seguido denunciando el "incumplimiento" por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento.
Por ello, los delegados decidieron el sábado pasado reanudar los paros, una decisión que este fin de semana se ha votado y que ha sido refrendada por los miembros de la Plataforma.
"La Administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir", ha señalado Hernández en rueda de prensa este lunes, quien ha puesto el acento en que los autónomos que integran el sector no tienen capacidad en estos momentos para afrontar el incremento de costes, que son un 30% superiores.
"Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores, haciendo seguros que cubran lo mínimo imprescindible por no poder costear los importes que nos exigen", ha denunciado.
Para Hernández, los "pequeños desajustes" en el cumplimiento de las medidas acordadas con el Gobierno "son muertes laborales", y a este respecto ha cifrado entre 200 y 250 la cifra de empresas que se ven obligadas a cerrar cada mes.
"No tenemos tiempo. Cada día que pasa se producen tragedias empresariales, pero también familiares, porque está llegando a haber casos de suicidios", ha advertido.
RAQUEL SÁNCHEZ HABLA DE "PEQUEÑOS DESAJUSTES"
Antes de conocerse la votación la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reconocido su "preocupación" ante otra posible huelga en el sector del transporte y ha apelado a la "responsabilidad" del colectivo para que no convoquen paros de nuevo.
"Estamos haciendo un seguimiento y pendientes del resultado de las votaciones", ha señalado la ministra, que ha asegurado que el Gobierno "ha cumplido todos los acuerdos alcanzados con el sector del transporte".
Sánchez, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha destacado que las condiciones y las circunstancias del sector han mejorado y que el Gobierno seguirá trabajando para el cumplimiento de lo acordado.
LLAMAMIENTO PARA EVITAR OTRO PARO
Por ello, y tras ofrecer diálogo para "reconducir" los "pequeños desajustes" que puedan existir, ha hecho un llamamiento a los transportistas para que no vayan de nuevo a la huelga, sobre todo ante el "momento complejo" actual.
La ministra ha recordado que el decreto del transporte que se pactó con el sector garantizaba que no se pudiera trabajar a pérdidas y ha insistido en que, si se producen situaciones en lo que esto no se cumple, existe un sistema de denuncia.
"Es absolutamente imprescindible que se denuncie para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros", ha subrayado la ministra, que ha avanzado además que su Departamento está ultimando un plan de Inspección, que presentará "en las próximas semanas", donde se refuerzan los mecanismos de inspección.
Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional que convocó el paro del pasado mes de marzo, anunciará este lunes si vuelve a paralizar el sector.
Así, darán a conocer el resultado de la votación que han llevado a cabo este fin de semana en sus delegaciones provinciales sobre la posible reanudación del paro.
El sábado pasado, sus delegados provinciales mantuvieron una reunión en la que analizaron la situación actual del sector, tras las medidas aprobadas por el Gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
Entre estas medidas, destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.
Sin embargo, Plataforma sigue denunciando el "incumplimiento" por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento.
Por ello, los delegados decidieron el sábado pasado reanudar los paros, una decisión que este fin de semana se ha votado para ver si es refrendada por los miembros de la Plataforma.
La industria cárnica, que atraviesa por una "difícil situación" por el encarecimiento de las materias primas y el incremento "sin precedentes" de los costes de energía y resto de insumos, ha reclamado al Gobierno el aplazamiento del impuesto al plástico, cuya entrada en vigor está prevista para enero, según ha informado Anice en un comunicado.
En concreto, la patronal de la industria cárnica se ha sumado a la petición de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) para que se retrase la entrada en vigor del Impuesto a los envases de plástico no reutilizables, así como que no adopte ninguna medida regulatoria o fiscal que añada más cargas y costes a las empresas en momentos tan difíciles.
El presidente de Anice, Alberto Jiménez, no ha dudado en mostrar su preocupación en estos complicados momentos. "En circunstancias como las actuales, las empresas no pueden asumir más costes y por tanto solicitamos a nuestro Gobierno que sea sensible a esta situación y retrase la entrada en vigor de este impuesto que, de implementarse ahora, agravará una situación de especial incertidumbre donde las empresas luchan por su supervivencia. Es momento de ayudar y de no poner más trabas", ha indicado.
La industria cárnica ha recordado que la entrada en vigor del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables tendrá un impacto para la industria alimentaria de 690 millones de
euros.
Además, el proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases elevará el coste de la industria en otros 5.000 millones de euros,
poniendo en peligro la supervivencia de alrededor de 2.400 empresas y más de 25.000 empleos.
La industria cárnica ha recordado que la mayoría de los Estados miembros no han optado por medidas fiscales en la legislación de economía circular, a excepción de Italia que lo reguló antes que España, pero que ha ido posponiendo la entrada en vigor de este impuesto en sucesivas ocasiones, consciente de la situación económica actual.
Además, han señalado que la normativa española "va más allá" de lo que exigen las directivas europeas, lo que coloca a las empresas españolas en inferioridad de condiciones ante sus homólogas del resto de la UE.
Por otra parte, han indicado que "no hay suficiente disponibilidad" de material plástico reciclado de calidad alimentaria para poder cumplir los requisitos que establece la Ley.
Anice ha incidido en que la industria cárnica está comprometida con la sostenibilidad. Así, el pasado año ahorró 48.952 toneladas de CO2 gracias al reciclado de sus envases, e implementó un total de 269 medidas de ecodiseño para mejorar la sostenibilidad de sus envases, lo
que supuso un ahorro de 727.444 kilogramos de materias primas, 1.284.654 metros cúbicos de agua y 17.809 megavatios MW de energía, según los datos facilitados por Ecoembes.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado este jueves que los datos de paro y afiliación del mes de octubre "son muy buenos datos para la ciudadanía y seguramente muy malos para los agoreros del Apocalipsis".
Díaz, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha asegurado que aunque queda mucho por hacer para rebajar las cifras de desempleo en España, los datos de octubre son "muy positivos", pues es un mes en el que tradicionalmente sube el paro.
La vicepresidenta ha subrayado que las cifras de octubre evidencian el "buen impacto" que está teniendo la reforma laboral, ya que el 46% de los contratos suscritos el mes pasado eran indefinidos.
Díaz ha destacado además que, "aunque parecía una maldición", la tasa de temporalidad se ha reducido en siete puntos en España y ya está "muy cerca" de la media europea del 15%.
Asimismo, ha defendido que la tasa de paro española, del 12,6%, es una de las más bajas en las cifras medias de España pese a la pandemia y la guerra en Ucrania.
"La media de nuestro país está en torno al 17% y estamos en el 12,6%. Estamos muy lejos de las medias europeas, pero las políticas públicas que estamos desplegando son el camino a seguir".
El 40% de los líderes empresariales en España ha redefinido sus políticas laborales, solicitando a sus empleados un aumento de la carga de teletrabajo, según un estudio elaborado por la red social profesional LinkedIn.
Este análisis muestra igualmente un cambio en las prioridades de los empresarios, que, también en un 40%, preponderan reducir el consumo energético en el lugar de trabajo. Además, un 38% valora invertir en equipos en remoto productivos.
A esto se añade inquietud por la incertidumbre económica y el encarecimiento de vida, que ha llevado a un 46% de estos líderes a prepararse financieramente. Asimismo, un 52% de ellos ha manifestado ser consciente del malestar de sus empleados debido al encarecimiento de los precios.
Todo esto se enlaza con el temor de los empresarios a que frenen los avances laborales logrados durante la pandemia como la flexibilidad (64%), el bienestar de los empleados (77%) y el desarrollo de sus habilidades (79%). De hecho, un 26% de los líderes ya tiene en mente reducir el presupuesto destinado a esta materia. También con el fin de ahorrar, un 30% ha pensado disminuir los esfuerzos de sostenibilidad.
El sector de la construcción ha triplicado su actividad en los nueve primeros meses del año en términos de presupuesto y ha impulsado en un 44% el número de obras realizadas, marcando un nuevo récord en ambos casos.
En concreto, según datos de la firma tecnológica de soluciones analíticas DoubleTrade, se han realizado 41.569 obras este año, un 44% más que en el mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar la mayor cifra de los últimos cinco años.
Por su parte, el presupuesto total destinado a estas obras fue de 64.691 millones de euros, un 183% más de la inversión de los nueve primeros meses del año pasado, al mismo tiempo que supone la mayor cifra de los últimos años, por encima de los 42.000 millones de 2019, antes de la pandemia.
Además, las estimaciones realizadas por DoubleTrade indican que, durante el último trimestre del año, se iniciarán más de 9.700 obras, por lo que la industria mantendrá la senda del crecimiento tras el otoño.
El ratio medio de inversión en el conjunto de obras fue de 1,56 millones de euros, un 54% más que el año pasado. Por tipo de edificación, los hoteles, tras el aumento de actividad en el periodo estival, destacan como la construcción más frecuente, al alcanzar una superficie media de obras realizadas de 1.661 metros cuadrados.
De enero a septiembre, los concursos públicos crecieron un 10% con respecto al año pasado, al alcanzar los 116.500 contratos, con un importe de 75.869 millones de euros, un 11% más que 2021, aunque aún lejos de los 91.421 millones de euros invertidos en 2019.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha asegurado este miércoles que está convencido de que los salarios de los trabajadores del sector privado subirán "de media" un 3,5%, igualando así la subida acordada para los funcionarios, si bien ha señalado que no en todos los sectores se dará ese aumento a tenor de la "incertidumbre", la subida de los costes y la caída del consumo.
"En marzo sabremos cuánto han subido los salarios este año. Les aseguro que de media, casi seguro, estaremos prácticamente en lo mismo que ha subido el sueldo de los empleados públicos", ha dicho Amor, también vicepresidente de la CEOE, en declaraciones a Canal Sur recogidas por Europa Press.
A este respecto, ha indicado que el sector privado va "a estar rondando ese 3,5% de media", al tiempo que ha subrayado que "no se puede exigir al sector privado que con carácter general suba igual" los salarios.
Así, ha apuntado que hay convenios en los que se está firmando una subida cercana al 5% y otros un 2% en función de la actividad que realicen. "No está tirando lo mismo un comercio que cualquier actividad ligada al sector del turismo", ha ejemplificado, a pesar de reconocer que la inflación impacta en todos los bolsillos. "El problema está en que la vaca no da más leche. Ojalá pudiéramos subir el salario todo lo que se pudiera", ha comentado.
Amor ha enfatizado que hay esfuerzo por llegar a acuerdos, con 4.500 mesas de negociación abiertas, y ha insistido en que se están firmando convenios entre sindicatos y patronal. Ha rechazado además la sensación de que las empresas estén presentando de forma generalizada resultados récord, apuntando a que esa situación se da en las cotizadas, pero que en Andalucía el 90% de las empresas tienen cinco trabajadores y de ellas en torno al 30%, ha asegurado, gastan más de lo que producen.
SOBRE LA SUBIDA DEL SMI: "NI SÍ, NI NO"
Con respecto a la subida que se prepara del salario mínimo interprofesional (SMI), Amor ha apuntado que desde ATA en principio no se pronunciarán hasta conocer "los argumentos del Gobierno" cuando presente la propuesta, si bien ha enfatizado que "está claro que está habiendo un frenazo importante en el empleo", como refleja, ha dicho, la última EPA, además de las pesimistas previsiones que sobre la economía tiene la AIReF.
"El Gobierno tendrá que analizar lo que le interese de temas electorales y también lo que le interese del ámbito económico", ha apuntado. El presidente de los autónomos también ha señalado a este respecto que ahora "se están cerrando negocios en mayor medida que durante la pandemia", y ha explicado que la "situación tan larga" de crisis desde entonces ha hecho que se note un fuerte impacto en pymes y autónomos que, a pesar de contar con ayudas, créditos ICO o moratorias concursales, se ha topado "de sopetón" con el aumento de costes y la caída del consumo.
A juicio de Amor, una de las medidas "fáciles" para el Gobierno para dar un cierto alivio a los asalariados es deflactar el IRPF, lo que supondría una "inyección en vena en la nómina de los trabajadores".
El Ibex 35 ha iniciado el mes de noviembre con una subida del 0,80%, lo que ha permitido al selectivo atacar y superar los 8.000 puntos en una jornada festiva en España, por el Día de Todos los Santos, y en la que los mercados estarán pendiente del arranque este martes de la reunión de la Fed.
De esta forma, tras cerrar el mes de octubre con un aumento del 8,00% con respecto a septiembre, lo que le permitió situarse por encima de los 7.900 enteros, el selectivo madrileño iniciaba la sesión de noviembre superando la cota psicológica de los 8.000 puntos.
En los primeros compases de la sesión de este martes, las mayores subidas se las anotaban Amadeus (+2,31), Fluidra (+2,02), ArcelorMittal (+1,79%) e Inditex (+1,13%), mientras que en el lado contrario se situaban Red Eléctrica España (-0,7%), Acciona (-0,44%) y Naturgy (-0,27%).
El resto de bolsas europeas abrían con crecimientos para Francfort y Londres y París.
Asimismo, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba este martes en un precio de 94 dólares, mientras que el Texas se encontraba en los 88 dólares.
Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 0,99 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 112 puntos básicos.
Un total de 136.146 ganaderos de leche y de carne y productores de cítricos han cobrado las ayudas extraordinarias y urgentes habilitadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania.
En el conjunto de las dos líneas de apoyos directos a los productores, se han abonado un total de 356,75 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que el Consejo de Ministros adoptó una serie de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la invasión rusa de Ucrania, introdujo, entre otras, dos líneas de ayudas directas para el sector agrario.
Una de las derivadas de la guerra ha sido el incremento de los costes de producción en las explotaciones agrícolas y ganaderas como consecuencia del encarecimiento de la energía, los fertilizantes y las materias primas, en especial el cereal utilizado para la fabricación de piensos para alimentación animal. Por ello, el sector ganadero ha sido el principal perceptor de las ayudas.
En concreto, una de las líneas es una ayuda de Estado para los productores de leche, que comenzó a abonarse el 30 de mayo, y de la que el ministerio ha pagado, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), un total de 166.700.877 euros a 19.705 ganaderos.
El montante principal corresponde al sector vacuno, 123,05 millones de euros (73,8% del total), con 806.924 animales. Los productores de leche de oveja han recibido 31,63 millones de euros, y los de cabra, 12,01 millones de euros.
CÁRNICOS Y CÍTRICOS
Asimismo, por acuerdo del ministerio con las comunidades autónomas y las organizaciones sectoriales, se decidió que la segunda línea de ayudas directas fuera para los sectores ganaderos cárnicos de vaca nodriza, vacuno de cebo, ovino-caprino, avícola y cunícola, así como para los productores de cítricos, al considerar que se trata de los que más dificultades atraviesan.
Esta línea ha sido financiada en un 33,33% con fondos europeos (Feaga) y en un 66,66% con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (salvo en el caso del País Vasco, que ha aportado 1,8 millones de euros de sus presupuestos) y ha sido abonada a sus beneficiarios a través de las comunidades autónomas.
En total (sumando fondos europeos y nacionales) se han abonado 190,05 millones de euros, que recaen entre 116.458 productores (81.662 ganaderos y 34.796 citricultores).
Más de la mitad de este importe, 96,65 millones, corresponde al sector de vaca nodriza y benefician a 46.910 ganaderos con una cabaña de casi 1,8 millones de cabezas, repartidas entre las 17 comunidades autónomas. Para el vacuno de cebo se reparten 12,19 millones de euros entre 6.976 ganaderos que suman en sus explotaciones más de 1,1 millones de animales.
En cuanto a ovino-caprino, los 23.923 ganaderos beneficiarios de las ayudas perciben 31,2 millones de euros. Al sector avícola le corresponden 9,4 millones entre 3.171 beneficiarios, en tanto que 682 productores de carne de conejo perciben 2,5 millones de euros.
Este paquete se completa con 37,98 millones de euros para 34.796 productores de cítricos que disponen de un total de 158.376 hectáreas de cultivo.
Las pernoctaciones en apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues españoles superaron los 12,8 millones en septiembre, frente a los 10,5 millones del mismo mes de 2021, lo que supone un aumento del 21,6%, según datos provisionales del Instituto Nacional Estadística (INE).
Este impulso fue consecuencia, sobre todo, del incremento en un 56,6% de las pernoctaciones realizadas por parte de los extranjeros en ese mes. Las de los españoles, por el contrario, descendieron un 5,2% en el noveno mes del año.
Durante los nueve primeros meses de 2022 las pernoctaciones aumentaron un 61,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En los campings, los establecimientos de turismo rural y los albergues las pernoctaciones acumuladas entre enero y septiembre están por encima de los niveles de 2019.
De las 12,8 millones de pernoctaciones registradas por el instituto estadístico en septiembre, 5,6 millones fueron de residentes en España, 4,2 millones de visitantes de países de la Unión Europea y otros 2,9 millones del resto del mundo.
Los datos del instituto estadístico muestran que la estancia media en alojamientos extrahoteleros españoles descendió en septiembre hasta situarse en 4,1 pernoctaciones por viajero.
El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año un total de 1.718 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía cuando cobre este miércoles, 2 de noviembre, 859 millones de euros por la última retribución del ejercicio que abonará la firma gallega a sus accionistas.
En concreto, el empresario recibirá este año más de 1.700 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía textil, por encima de los 1.294 millones que percibió por este concepto el año pasado.
En total, la compañía retribuirá este año a sus accionistas con 2.898 millones de euros, tras elevar un 33% el dividendo, hasta 0,93 euros por acción, compuesto por un dividendo ordinario de 0,63 euros y un dividendo extraordinario de 0,30 euros por acción.
De esta forma, el abono de este dividendo se realizará en dos pagos iguales, uno ya ejecutado de 0,465 euros por acción el pasado 2 de mayo, y otro del mismo importe que la compañía pagará este miércoles, 2 de noviembre.
Adicionalmente, el consejo acordó establecer un dividendo extraordinario de 0,40 euros por acción para el ejercicio 2022, que se sumará al dividendo ordinario para ser distribuido a lo largo del año 2023.
El fundador de Inditex, que recibirá este miércoles los casi 860 millones de euros en dividendo a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler, con las que controla un 59,294% del grupo textil, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.
Ortega posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.
Una de sus últimas operaciones ha sido la compra de un rascacielos de apartamentos de lujo en Nueva York por cerca de 500 millones de dólares (505 millones de euros).
En concreto, el edificio adquirido por Ortega, en el número 19 de Dutch Street, es una torre de 64 pisos de lujo en pleno distrito financiero de la ciudad neoyorkina, propiedad de Carmel Partners.
En lo que va de año, el fundador de Inditex ha comprado un edificio de oficinas en Glasgow (Escocia) por 200 millones de libras (unos 237 millones de euros), así como el icónico rascacielos Royal Bank Plaza de Toronto (Canadá) por cerca de 1.150 millones de dólares canadienses (más de 874 millones de euros).
A estos activos se suman otros logísticos en Estados Unidos: una plataforma ocupada por la empresa FedEx en Menomonee Falls en Wisconsin por un importe de 35 millones de dólares (unos 34 millones de euros) y un centro de distribución en Filadelfia (Pensilvania), por un importe de 148 millones de dólares (unos 147 millones de euros).
Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega, cobrará este año más de 146 millones de euros en dividendos de Inditex, la mitad también este miércoles.
La Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceopan) protestará este viernes con un apagón de quince minutos por el alza de los costes de producción, especialmente los energéticos, que están provocando el cierre progresivo de empresas y que muchos pueblos pequeños se estén quedando sin pan.
Con la iniciativa "Sin Luz No Hay Pan", un acto simbólico, consistente en un apagón entre las 12.00 y las 12.15 horas, los panaderos denunciarán la crisis actual del sector.
"No es una huelga, ya que nuestras empresas no pueden permitirse cerrar, y cada panadería decidirá qué equipos desconecta. Asimismo, no perjudica al consumidor, ya que el suministro de pan estará garantizado", han resaltado desde Ceopan, que defiende los intereses de las 12.000 empresas de panadería artesana y tradicional, con más de 190.000 trabajadores.
La patronal de panaderías ha explicado que el objetivo de este apagón es que el Gobierno y la sociedad recuerden que el sector "es esencial y es intensivo en consumo energético", por lo que pide el mismo respeto y apoyo para las empresas que el que se les proporciona a las grandes industrias.
Así, Ceopan demanda con esta iniciativa colocar al sector artesano y tradicional en valor, conseguir que se considere esencial a todos los efectos y su inclusión en la relación de los sectores intensivos en consumo energético, teniendo en cuenta que es un alimento básico en la dieta y saludable, así como un producto sostenible (economía circular), de proximidad (comercio de barrio) y ligado al territorio (España vaciada).
La economía española desaceleró su crecimiento trimestral más de un punto entre julio y septiembre, hasta situarlo en el 0,2%, frente al 1,5% del trimestre anterior, debido, sobre todo, a la moderación en el avance de la inversión y del consumo de los hogares, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, el organismo estima que el consumo de los hogares aumentó en el tercer trimestre un 1,1%, una décima menos que en el trimestre anterior, mientras que el consumo de las instituciones sin fines de lucro cayó un 0,2%, frente al crecimiento del 0,5% del trimestre anterior.
El gasto público, por su parte, aumentó un 0,6% entre julio y septiembre, volviendo a tasas positivas tras tres trimestres consecutivos de descensos.
La inversión, por su parte, desaceleró su crecimiento trimestral casi dos puntos, desde el 2,5% del segundo trimestre al 0,6% en el tercero.
Según el avance de datos del INE, el crecimiento interanual del PIB se moderó tres puntos en el tercer trimestre, desde el 6,8% al 3%, como consecuencia de una menor aportación tanto del sector exterior como de la demanda nacional.
En concreto, la demanda externa aportó tres puntos al PIB interanual del tercer trimestre, cifra 1,9 puntos inferior a la del trimestre anterior, mientras que la demanda nacional contribuyó con ocho décimas, 1,1 puntos menos que en el segundo trimestre.
Estadística ha explicado que el avance de datos de este tercer trimestre se ha realizado a partir de indicadores estadísticos que ofrecían resultados hasta agosto, aunque se han incorporado algunas estimaciones de indicadores referidos al mes de septiembre, basados en datos administrativos y otras fuentes adicionales.
No obstante, avisa de que las futuras revisiones de los datos del tercer trimestre podrían ser mayores a las habituales por el contexto económico y de cambios "bruscos" que se vive actualmente.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó cuatro décimas en octubre en relación al mes anterior y recortó de golpe su tasa interanual 1,6 puntos, hasta el 7,3%, su cifra más baja desde febrero, cuando el IPC se situó en el 7,6%, según los datos avanzados publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El dato de octubre, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, es 3,5 puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando la inflación escaló hasta el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984.
Con la moderación registrada en octubre, la inflación suma tres dos meses consecutivos de descensos en su tasa interanual después de que en agosto bajara tres décimas, hasta el 10,5%, y en septiembre disminuyera 1,6 puntos, hasta el 8,9%.
Según el INE, la moderación del IPC interanual hasta el 7,3% en octubre se debe, principalmente, a la bajada de los precios de la electricidad y, en menor medida, al abaratamiento del gas.
En términos mensuales (octubre sobre septiembre), el IPC registró un repunte de cuatro décimas.
El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que se mantuvo en octubre en el 6,2%, situándose 1,1 puntos por debajo del IPC general.
Los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 12.900 en el tercer trimestre del año, un 1,3% respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 977.400, su menor cifra desde finales de 2008, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el último año, los hogares con todos sus integrantes en el desempleo se han reducido en 144.700, lo que supone en valores relativos un descenso del 12,9%.
Entre julio y septiembre, los hogares con todos sus miembros ocupados subieron en 47.100 (+0,4%), hasta un total de 11.294.200 hogares, nuevo máximo histórico. En el último año, las familias con todos sus miembros ocupados se han incrementado en 495.300 (+4,6%).
Los hogares con al menos un activo subieron en 63.100 en el tercer trimestre (+0,4%), hasta los 13,82 millones, mientras que en el último año aumentaron en 158.200 (+1,1%).
Por último, los hogares en los que no hay ningún activo bajaron en 13.000 entre julio y septiembre (-0,2%), hasta los 5,3 millones. Sin embargo, en el último año, estos hogares han aumentado en 48.700 (+0,9%).
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha abogado por que los avances en materia de subida salarial no se aborden de manera global y se deje trabajar a las mesas de negociación por la vía de los convenios.
A preguntas de los medios antes de participar en la gala de premios empresariales de la patronal castellanomanchega (Cecam), Garamendi ha abundado en que el 98% de las empresas de España son pequeñas y medianas "y de menos de 10 trabajadores", y están "sufriendo" como cualquier negocio afectado por las circunstancias actuales.
"Los convenios se están firmando", ha señalado, apuntando como ejemplos los acuerdos en el sector del metal en áreas como Barcelona, Álava o Navarra.
Esta forma de afrontar las subidas salariales es para Garamendi más oportuna que reclamar una subida "homogénea" por parte de los sindicatos.
"Hay que intentar que las empresas no cierren y sean solventes para que puedan seguir adelante, y en eso vamos a seguir trabajando", ha zanjado.
Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 3.104 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que representa un incremento del 29% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, a pesar de la bajada del 14% en los resultados de España, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con estas ganancias a septiembre, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán reafirmó sus objetivos para 2022 de alcanzar un beneficio neto récord de entre 4.000 y 4.200 millones en el conjunto del año.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la energética hasta septiembre creció un 16,7%, hasta los 9.529 millones de euros, con una evolución positiva en todas las geografías exceptuando de nuevo España que, debido a un entorno adverso, pierde un 9,8%.
Las inversiones brutas orgánicas en el periodo del grupo se situaron en los 7.568 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con un incremento del 14,2%, siendo el 40% en Redes y el 49% en generación Renovable.
En lo que se refiere a la deuda financiera neta ajustada, se situaba en los 44.293 millones de euros a cierre de septiembre, con un aumento del 19%, 7.075 millones de euros más respecto a septiembre 2021, debido a ese esfuerzo inversor de la compañía en el periodo, la apreciación de las divisas y el incremento del capital circulante.
La delegada de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, Amparo Bremard, han mantenido un encuentro con responsables de la cooperativa ‘Hercoliva’ de Herencia para conocer de primera mano el proyecto de ampliación y modernización que pretenden llevar a cabo en la almazara y para el que solicitarán el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Asimismo, la delegada de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real ha recordado que antes de que finalice este mes el Gobierno de Castilla-La Mancha va a resolver, la última convocatoria de ayudas FOCAL destinadas a la modernización de la industria agroalimentaria regional llegando hasta los 83,7 millones de euros, con el fin de poder atender “a la totalidad de las solicitudes que se han presentado”.
Bremard también ha recorrido las instalaciones de la cooperativa ‘Hercoliva’, fundada en 2005 y certificada para producción ecológica de oliva virgen extra. En la actualidad, tiene una capacidad de almacenamiento de más de 434.000 kilos de aceite llegando a molturar en la campaña 2021/2022 más de 1´3 millones de kilos de aceite convencional y un millón de kilos de ecológica.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que, a día de hoy, con una inflación como la actual, establecer una recomendación "homogénea" para todos los sectores económicos sobre cuánto deberían subir los salarios "hundiría la economía".
"A los sindicatos les puede interesar esto, pero es hundir la economía y a las propias empresas", ha advertido el dirigente empresarial en declaraciones a la cadena SER.
Así, el líder de la CEOE ha abogado por negociar los salarios sector por sector y empresa por empresa, porque no es lo mismo, ha subrayado, una compañía energética que una peluquería o un bar, por ejemplo.
"La inflación nos afecta a todos. También a los pequeños negocios que tienen que pagar sus facturas de la luz y la realidad es que no les da. El 98% del tejido empresarial español son pymes y tienen menos de 10 trabajadores y esa es la realidad".
Garamendi ha insistido en que el acuerdo de negociación colectiva "no es más que una recomendación y no siempre se ha firmado" y ha indicado que lo que están pidiendo los sindicatos para poder cerrar este acuerdo es una cláusula de revisión salarial indexada a la inflación.
"Lo que hay es lo que hay y nosotros no estamos diciendo que no haya una compensacion a final de año", ha asegurado el dirigente empresarial, que ha negado que la CEOE se haya levantado de la mesa de negociación con CCOO y UGT, frente al "mantra" repetido por algunos de que sí lo ha hecho, entre ellas la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.
"Está repitiendo una y otra vez que nos hemos levantado de la mesa cuando ella no se sienta y no tiene que estar, porque es bipartita. Cuando entra a valorar o a decir lo que hay que hacer en esa mesa se está inmiscuyendo en algo que no le toca", ha criticado Garamendi, que, en todo caso, ha asegurado tener una "buena sintonía personal" tanto con Díaz como con los dirigentes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.
El líder de la patronal ha asegurado que, aunque no hay un pacto de convenios en vigor, se siguen firmando convenios colectivos "poco a poco", a un ritmo al que suele darse en cualquier crisis como la actual.
Además, ha negado que la falta de un acuerdo de negociación colectiva con los sindicatos tenga algo que ver con las próximas elecciones en CEOE, donde Garamendi se presenta a la reelección. "Esto no tiene que ver (...) Si pudiéramos llegar a un acuerdo lo firmaríamos. Si es bueno para España, lo haríamos".
Garamendi ha criticado también que desde el Gobierno se esté reduciendo lo que llama un pacto de rentas al acuerdo de negociación colectiva entre sindicatos y empresarios cuando en realidad debería ser mucho más que eso.
"Nos encantaría que fuera como los Pactos de la Moncloa. Habría que hablar con más gente, toda la clase política, y de más cosas, como pensiones, funcionarios, de los márgenes empresariales, de todo. Pero llamar pacto de rentas sólo a la parte privada es engañarse un poco. Es cambiar el nombre al acuerdo nacional de negociación colectiva".
Por otro lado, el líder de la CEOE ha defendido sus palabras sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha alabado su gestión en Galicia. "Esa reflexión la hago porque la descalificación política no es buena. Me merece tanto respeto la gente que está en el Gobierno como el líder del principal partido de la oposición. Es fundamental poner en valor la lealtad institucional. Hay que poner en valor la clase política porque en la calle descalificar es lo fácil y eso no es bueno. Feijóo es una persona seria en lo que yo le conozco".
La cifra de negocios de las empresas aumentó un 31,1% en agosto respecto al mismo mes de 2021, ampliando en 7,3 puntos la subida registrada el mes anterior, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con este repunte, el mayor desde el pasado mes de mayo, las ventas de las empresas encadenan 18 meses consecutivos de alzas interanuales después de haber pasado un año en negativo por el impacto del Covid.
Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas se incrementó un 30,1% en agosto, tasa 2,8 puntos superior a la de julio.
En valores mensuales y dentro de la serie corregida, la facturación empresarial registró en agosto un avance del 3,2%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de abril, cuando repuntó más de un 5%.
Los precios industriales moderaron su crecimiento interanual en septiembre hasta el 35,6% por los menores costes energéticos y se estancaron en relación al mes anterior, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el repunte interanual de septiembre, casi 7,5 puntos inferior al experimentado en agosto, los precios industriales encadenan 21 meses consecutivos de tasas positivas.
La moderación de la tasa interanual de los precios industriales registrada en septiembre se debe fundamentalmente a la energía, que recortó su variación anual casi 27,5 puntos, hasta el 84,2%, por el abaratamiento de la producción de energía eléctrica y del refino de petróleo, así como a los bienes intermedios, cuya tasa anual bajó 1,5 puntos, hasta el 18,6%, por la menor subida de los precios de fabricación de productos químicos y productos básicos de hierro respecto a la experimentada en septiembre de 2021.
Por contra, los precios de los bienes de consumo no duradero elevaron en septiembre su tasa interanual medio punto, hasta el 13,1%, por el encarecimiento del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.
Según el INE, sin contar la energía, los precios industriales mostraron el pasado mes de septiembre un repunte interanual del 14%, tasa cuatro décimas inferior a la de agosto y más de 21,5 puntos por debajo de la tasa general.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, junto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el vicepresidente de electrolizadores de Cummins, Alexev Ustinov, asistirá el viernes, día 28, a la colocación de la primera piedra de la nueva gigafactoría de electrolizadores de Cummins en Guadalajara.
Las instalaciones, que contarán con una superficie de 20.000 metros cuadrados, desarrollarán actividades de ensamblaje y prueba de sistemas de electrolizadores, y tendrán capacidad para producir 500 megavatios (MW) de electrolizadores al año, con la posibilidad de ampliarla a más de 1 gigavatio (GW).
El acto tendrá lugar a las 9.00 horas, en el Polígono 'El Ruiseñor' de Guadalajara, ha informado la empresa en nota de prensa.
El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista caerá este domingo un 30,56% con respecto a este sábado, hasta los 72,84 euros por megavatio hora (MWh), el nivel más bajo desde el 7 de agosto de 2021, cuando se sitúo en 65 euros.
Este será el cuarto día consecutivo en que se queda sin aplicación la denominada excepción ibérica, en vigor desde mediados de junio, ya que el precio de referencia para las centrales de gas se sitúa en los 36,43 euros/MWh, por debajo del tope de 40 euros/MWh.
En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista --el denominado 'pool'-- se sitúa para este domingo en 72,84 euros/MWh, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press. El precio máximo se registrará entre las 21.00 y las 22.00 horas, con 138,22 euros/MWh, mientras que el mínimo para la jornada, de 4,11 euros/MWh, se dará entre las 15.00 y las 17.00 horas.
A este precio del 'pool' se suma la compensación a las gasistas que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada, que en esta ocasión para este domingo volverá a ser, al igual que en los cuatro días anteriores, negativa.
El 'mecanismo ibérico', que entró en vigor el pasado 15 de junio, limita el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48,8 euros por MWh durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros.
En concreto, la 'excepción ibérica' fija una senda para el gas natural para generación de electricidad desde un precio de 40 euros/MWh en los seis meses iniciales -hasta el 15 de diciembre-, y posteriormente, un incremento mensual de cinco euros/MWh hasta la finalización de la medida.
El sector servicios elevó su facturación un 23,2% en agosto respecto al mismo mes de 2021, ampliando en cinco puntos el ascenso registrado el mes anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el avance de agosto, los servicios encadenan 18 meses consecutivos de subidas interanuales después de un año de caídas como consecuencia de la pandemia.
Dentro de los servicios, los mayores avances de las ventas los registraron las actividades administrativas y servicios auxiliares (+36,1%), el comercio mayorista (+29,1%), y la hostelería (servicios de alojamiento y servicios de comida y bebida), que elevó su facturación un 24,4% interanual.
En concreto, los servicios de alojamiento incrementaron sus ventas un 34,4%, mientras que los servicios de comida y bebida facturaron un 17,7% más que en agosto de 2021.
Por actividades, los mayores repuntes de las ventas se los anotaron las agencias de viaje y operadores turísticos, que las duplicaron (+103,3%), y el transporte aéreo, que las incrementó un 89,1%.
En términos mensuales y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, el sector servicios registró en agosto un avance mensual de sus ventas del 2% tras dos meses de retrocesos.
Por decimoséptimo mes consecutivo y tras más de un año de caídas, la ocupación en el sector servicios creció en agosto, y lo hizo a un ritmo interanual del 3,6%, tasa cinco décimas inferior a la de julio.
Baleares fue la comunidad que más incrementó la creación de empleo en el sector servicios el pasado mes de agosto, con una subida interanual del 10,1%, y también la región que más elevó las ventas, un 41,2% en tasa interanual.
La cifra de negocios de la industria subió un 28,1% en agosto respecto al mismo mes de 2021, debido, principalmente, al impulso de las ventas procedentes del sector energético, que se incrementaron un 84,9%, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el avance interanual de agosto, casi ocho puntos superior al registrado en julio, la facturación de la industria suma 18 meses consecutivos de ascensos tras haber encadenado anteriormente un año de tasas interanuales negativas por la crisis del Covid.
En términos mensuales (agosto sobre julio) y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, la industria elevó sus ventas un 4,1%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de abril.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves un acuerdo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el portugués, Antonio Costa, para dejar de lado el proyecto de gasoducto MidCat y desarrollar un "nuevo corredor de energía" para interconectar la Península Ibérica con el resto de la Unión Europea a través de un ducto que una Barcelona con Marsella.
Se trata de un acuerdo de los tres gobiernos para "sustituir" el proyecto de MidCat por un nuevo proyecto de un "corredor de energía verde" que unirá España con el resto de la Unión Europea y que permitirá transportar hidrógeno verde pero también gas durante un periodo de transición.
El acuerdo ha llegado en Bruselas tras una reunión de poco más de una hora entre los mandatarios en la sede de la Representación Permanente de Francia ante la UE, poco antes de que dé comienzo el Consejo Europeo en el que los Veintisiete tratarán de superar las diferencias sobre nuevas medidas para intervenir el mercado energético y poner techo a los altos precios del gas.
Autónomos y micropymes de dos empleados podrán solicitar el Kit Digital desde este jueves
El último tramo del Kit Digital, dirigido a empresas de menos de tres empleados, abrirá este jueves el plazo para solicitar esta ayuda de 2.000 euros para la adquisición de servicios digitales durante un año.
La convocatoria cuenta con 500 millones de euros de presupuestos y llega tras los tramos de entre 10 y 49 empleados y 3 a 9 empleados, donde se han recibido 77.500 y más de 53.000 solicitudes, respectivamente.
En el tramo de entre 10 y 49 empleados, todas las solicitudes que no han necesitado subsanación han sido resueltas, mientras que en el de 3 y 9 empleados ya ha se han comenzado a conceder las primeras 5.600 ayudas. En total, se ha otorgado a las empresas más de 400 millones de euros, según datos de Red.es a los que ha tenido acceso Europa Press.
La nueva convocatoria está destinada al colectivo más numeroso de empresas, con 2,8 millones de empresas en este tramo, según los cálculos de Yotramito.
La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha destacado, durante su intervención esta semana de la Comisión de Presupuestos, que se trata de que el programa se trata de un "éxito histórico", ante las críticas de Ciudadanos y PP.
La secretaria de Estado ha subrayado que el resto de países de la Unión Europea ha contactado con su departamento para interesarse por el modelo planteado por el Gobierno, que pone en contacto a agentes digitalizadores y pymes para la entrega de los servicios.
Asimismo, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para que las ayudas lleguen a la pyme y estas se animen a solicitarlas.
El programa permite a las empresas contratar servicios de creación de páginas web, ciberseguridad, gestión de procesos, factura electrónica, 'marketplace' y posicionamiento avanzado en Internet, entre otros con los más de 9.300 agentes digitalizadores acreditados.
Asimismo, desde la última convocatoria, se ha incluido la posibilidad de financiar 'hardware' para aquellos proyectos que requieran por ejemplo la instalación de sensores, como podría ser el caso de una pyme agrícola.
El Kit digital cuenta con una dotación de 3.067 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. El Gobierno se fijó como objetivo llegar a digitalizar un millón de pymes.
En los últimos meses, el Ejecutivo ha abierto la puerta a una segunda convocatoria para prorrogar el Kit Digital o el lanzamiento de nuevos programas para empresas medianas de entre 50 y 250 empleados o para la contratación de servicios más avanzados como inteligencia artificial.
La exportación de vino de la Castilla-La Mancha ha crecido en más de un tres por ciento de enero a agosto, alcanzando con esta cifra su segundo mejor registro de los últimos cinco años. Así, las ventas de vino fuera de las fronteras nacionales han supuesto, a lo largo de los ocho primeros meses de este año, un volumen de negocio de 470 millones de euros.
“Son unas magníficas cifras” que ha ofrecido el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, durante la clausura del acto de entrega de premios del concurso ‘Vino y Cultura’, organizados por el Consejo Regulador Denominación de Origen La Mancha, y que se ha celebrado hoy en San Clemente (Cuenca).
Acompañado de la alcaldesa de la localidad, Rosario Sevillano; el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; la subdelegada del Gobierno en Cuenca, María Luz Fernández; y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, Carlos David Bonilla, Martínez Guijarro ha destacado el compromiso del Ejecutivo regional con el sector vitivinícola de la región por su trascendencia económica y social.
Por ello, ha dicho, “estamos trabajando en el consumo interior para impulsar el consumo de vino de las diferentes denominaciones de origen en los establecimientos de Castilla-La Mancha”. Para conseguirlo, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural está realizando jornadas de formación con hosteleros para impulsar la presencia de los vinos de la región en los restaurantes y ofrecerlos en primer lugar, “algo que vemos con total normalidad en otros territorios y que queremos que sea habitual también aquí”, ha sentenciado el vicepresidente.
UN AÑO DE CAMPO Y ALMA Y 200 OPERADORES AUTORIZADOS PARA EL USO DE LA MARCA
Este compromiso se extiende al sector agroalimentario para que los productos elaborados en el territorio regional sean referentes. Para ello, el vicepresidente regional ha avanzado que este año se van a destinar dos millones de euros en promoción de ‘Campo y Alma’.
“Mañana, 20 de octubre, se cumple un año de la presentación de esta marca de garantía, la marca de nuestros productos, con la que buscábamos, y lo hemos conseguido, aunar las denominaciones de origen e indicaciones geográfica protegidas de Castilla-La Mancha”, ha señalado Martínez Guijarro. De hecho, a lo largo de estos doce primeros meses de vida de ‘Campo y Alma’, son ya 200 los operadores autorizados para el uso de esta marca.
Asimismo, el vicepresidente ha recordado que hasta el 15 de diciembre está abierta la convocatoria del concurso Gran Selección Campo y Alma para 2023, los más antiguos de la región y que cumplirán 34 ediciones, para los que los interesados ya pueden presentar su candidatura.
Finalmente, el vicepresidente se ha detenido en las cifras de la actual campaña de vendimia. “Una campaña corta, de poco más de 20 millones de hectólitros”, según ha dicho, “pero con una excelente calidad”.
PREMIOS "VINO Y CULTURA" DE LA D.O. LA MANCHA
San Clemente ha acogido la gala de los premios del Consejo Regulador de la D.O La Mancha del concurso ‘Vino y Cultura’ de relato corto, pintura, fotografía y restauración.
Además, se han entregado los reconocimientos a personas, entidades y empresas que trabajan en defensa de la cultura del vino y sus valores. Así, el Consejo Regulador ha concedido el galardón ‘Amigo del Vino’ al presidente de la Asociación de Enología de Castilla-La Mancha, Alfonso García; el premio ‘Al Gusto’ a la chef gastroinfluencer Sue Moya; el de ‘Restaurador del Año’ a Casa Lorenzo, de Villarrobledo; y se ha distinguido con el premio ‘Catadora del Año’ a la decana del Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha, Milagros Romero.
El premio ‘Divulgación de la cultura del vino’ ha recaído en el locutor de Onda Cero Marcos Galván; el galardón ‘Investigación del vino’ se ha entregado a la Interprofesional del Vino de España; y el premio ‘Fidelidad al vino’ a la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan.
Finalmente, estos reconocimientos se ha completado con los premios ‘Maestro del vino’ para el director técnico de Vinícola de Tomelloso, Carlos Pérez; ‘Iniciativa Enoturística’ al Ayuntamiento de Campo de Criptana por el evento ‘Airén Fest’; y el de ‘Una vida dedicada al vino’ concedido a Manuel García de la Cruz.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este martes ante la Cámara Alta que las comunidades autónomas han recibido más de 18.900 millones de euros en transferencias para que puedan invertir dentro del ámbito de sus competencias los fondos europeos 'Next Generation EU', un monto que se elevaría a casi 29.000 millones si se incluyen los 10.000 millones de fondos React-EU para hacer frente al impacto de la pandemia.
"El reto de las comunidades autónomas es ejecutar estos fondos cumpliendo con los compromisos firmados con la Comisión Europea", ha reiterado el presidente este martes en el Senado, asumiendo que "se puede mejorar" en todos los ámbitos la ejecución de estos recursos europeos.
No obstante, ha destacado que España va a la cabeza en la Unión Europea en cuanto a la solicitud y desembolso de fondos y ha asegurado que desde el Ejecutivo se está preparando ya la solicitud del tercer desembolso de 6.000 millones de euros. "Vamos a volver a ser los primeros en justificar este tercer desembolso", ha subrayado el presidente.
MÁS DE 42.000 EMPRESAS BENEFICIARIAS, INCLUIDAS LAS PYMES
Hasta ahora, con las líneas de ayudas y subvenciones del Plan de Recuperación gestionadas directamente por los organismos de la Administración General del Estado se han resuelto ya más de 880 convocatorias por un importe de más de 11.000 millones de euros.
Según el presidente, hay más de 42.000 empresas beneficiarias de los fondos de este Plan y ha remarcado que también las pequeñas y medianas empresas (pymes) también están recibiendo estos recursos.
En conjunto, el jefe del Ejecutivo ha recordado que el Plan de Recuperación durante los primeros diez años de su puesta en marcha --en el período 2021-2031-- va a tener un impacto sobre el crecimiento económico de España de 2,6 puntos del PIB al año.
Según el último informe elaborado por esta Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT a este Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones de la región en enero y agosto de 2022 alcanzaron la cifra de 6.586 millones de euros, lo que supone un aumento del 14,7% respecto a 2021. En España las exportaciones aumentaron un 25,0% situándose en 252.052 millones de euros.
Por provincias, en 2022 TOLEDO ocupó la primera posición, con 1.763 millones € de exportación (+23,4%). CIUDAD REAL con 1.684 millones se sitúa en segundo lugar (+5,6%). GUADALAJARA es la tercera provincia exportadora, con 1.654 millones € (+13,2%), y le siguen las provincias de ALBACETE con 941 millones € (+22,7%), y CUENCA, con 544 millones €, que registra un aumento en la exportación del 10,2%.
Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 8.900 millones de euros, y mantiene un fuerte aumento del 33,4%, mientras que en España subieron un 40,5% hasta los 298.513 millones. Por provincias importadoras, GUADALAJARA se sitúa en primer lugar, con un aumento del 28,4%, seguida de TOLEDO (+42,8%), ALBACETE (+40,8%), CIUDAD REAL (+27,4%), y CUENCA (+46,9%).
El saldo comercial de la región de enero a agosto de 2022 se situó, por tanto, en -2.314 millones de euros, manteniendo la línea de fuerte crecimiento de los últimos meses; mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 74,0%, aún claramente inferior a la media nacional (84,4%).
SECTORES exportadores. De enero a agosto de 2022, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 2.104 millones €, representando el 31,9% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un aumento del 11,5% respecto al mismo periodo de 2021. El sector lo encabezan las Bebidas con 630 millones €, cuyas ventas aumentaron apenas un 4,6%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 442 millones, registrando un aumento del 10,7%. Frutas, hortalizas y legumbres subió un 16,3% (325 millones €). Las exportaciones de lácteos y huevos subieron un 11,8% (234 millones €), y las de aceite alcanzaron los 196 millones € con una subida del 5,6%. A continuación, destacan los Bienes de Equipo con 1.598 millones y un aumento del 12,5%, (aparatos eléctricos, equipos de telecomunicaciones y maquinaria, principalmente), mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan los Productos Químicos (+14,6%) y las Semimanufacturas no químicas (+39,0%), con 951 y 800 millones, respectivamente. En este periodo, las Manufacturas de consumo subieron un 21,8% alcanzando los 702 millones de euros.
Sectores importadores. Los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (2.706 millones €), con un aumento del 26,3%, destacando los equipos de oficina y telecomunicaciones con 1.221 millones € (+33,1%). El segundo sector importador es Alimentación y Bebidas con 1.577 millones € (+51,1%), mientras que el tercer puesto lo ocupan los Productos Químicos con un valor de 1.495 millones, que en este periodo han aumentado un 22,5%.
PAISES de destino. Entre enero y agosto de 2022 la UE acaparó el grueso de las exportaciones de CLM al representar el 72,3% del total. En la zona Euro, Portugal es nuestro principal cliente con 1.400 millones de euros (+28,3%), le siguen Francia con 1.124 millones (+24,6%), Alemania con 635 millones € (+30,4%) e Italia con 591 millones (+22,3%). Por su parte, fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 226 millones, con un aumento del 9,4%, a Turquía fueron de 151 millones (+3,6%) y a Rusia 18 millones (-60,9%).
Fuera de nuestro entorno más cercano, destacan las exportaciones a: Estados Unidos (222 millones €, +12,1%), Canadá (27 millones €, -19,7%), México (83 millones €, +40,9%), Chile (22 millones €, +10,7%), Brasil (17 millones €, -24,4%), y Argentina (12 millones €, +62,4%). Por otra parte, destacamos Marruecos (111 millones €, +12,9%), Argelia (13 millones €, -28,7%) y Oriente Medio (187 millones €, +21,8%). En Asia destacan China con 144 millones €, con un fuerte descenso del 37,0%, y Japón (77 millones €, +51,8%), mientras que Corea del Sur alcanza 45 millones € (+57,9%).
En cuanto a importaciones, el 67,3% tienen origen comunitario (Alemania y Francia, principalmente). Fuera de la UE, cabe destacar el 11,7% procedente de nuestro principal proveedor no comunitario que es China, con 1.038 millones, que subió un 42,7% respecto al mismo periodo del año anterior.
El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), bajó un 1,1 en Castilla-La Mancha en el cuarto trimestre del año en relación con el trimestre anterior.
Según el INE, en cuanto a las expectativas del trimestre que comienza, un 16,7% de las empresas castellanomanchegas consultadas mantiene unas expectativas favorables, el 51,6% normales y el 31% desfavorables, lo que arroja un saldo de -15.
En cuanto a su situación, un 23,5% de las empresas la ven favorable, el 47,4% normal y el 29,1% desfavorable, con un saldo de -5,6.
DATOS NACIONALES
A nivel nacional, el ICEA bajó un 2,9% en el cuarto trimestre del año en relación al trimestre anterior, en contraste con la subida del 7,5% experimentada en los meses de verano.
El retroceso de la confianza empresarial registrado en el cuarto trimestre se debe al empeoramiento tanto del indicador de expectativas como del indicador de situación actual, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, una elevada tasa de inflación, altos precios de las materias primas y subidas de los tipos de interés.
En concreto, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en -11,8 puntos, frente al descenso de 4,2 puntos registrado en el trimestre anterior.
Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre octubre y diciembre de este año se ha situado en el 15,5%, cifra inferior a la del trimestre anterior (19,6%), al tiempo que los empresarios que se muestran pesimistas sobre la evolución de su negocio han aumentado desde el 23,8% del trimestre anterior al 27,3%.
Al mismo tiempo, el porcentaje de empresarios que opinan que su negocio marchará de manera normal ha aumentado hasta el 57,2%, frente al 56,6% del trimestre anterior.
EMPEORA LA PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL
Por su parte, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha mejorado más de tres puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 1,3 puntos en el tercer trimestre a -2,3 puntos en el cuarto.
Esta visión más negativa sobre la situación actual es resultado del aumento de establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera desfavorable en los tres últimos meses y del descenso de los que opinan que se comportó de manera positiva.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha acusado a las compañías eléctricas de tener ciertos comportamientos "no muy honestos ni deontológicamente muy correctos" en el marco de la crisis energética.
"No están jugando todo lo limpio que correspondería en una situación como esta. En nuestra factura falta claridad con respecto a las explicaciones de cómo calculan según qué cosas".
Ha lamentado que "los comerciales de determinadas compañías cuando alguien llama a preguntar digan directamente que cualquier incremento de la factura es culpa del Gobierno".
Ha asegurado que hay comportamientos de las eléctricas que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) porque cree que "deben ser denunciados". Entre ellos, ha lamentado que "los comerciales de determinadas compañías cuando alguien llama a preguntar digan directamente que cualquier incremento de la factura es culpa del Gobierno".
Ante estas "mentiras y falsedades" que generan "ruido" y "dudas" entre la población, espera que la CNMC compruebe "si hay alguna interpretación interesada sobre cómo aplicar las normas que ha venido aprobado el Gobierno".
Ribera ha recordado que el plan de contingencia del Ejecutivo tiene el objetivo de "encauzar el ahorro entre todos los actores españoles, desde la gran industria y las pymes a los ciudadanos y las administraciones". "No queremos que haya ningún riesgo de incremento de la pobreza energética de las familias y el tejido productivo", ha dicho.
Espera "soluciones europeas que permitan reducir drásticamente el precio del gas", con lo que la necesidad de apoyar a las familias "será menor porque las facturas estarán más contenidas y, por tanto, la necesidad de apoyo será inferior".
También, ha descartado que las recomendaciones del paquete de medidas pasen a ser obligaciones. "Nos permite canalizar ahorro, nos permite llamar a las familias y a los actores sociales a ser responsables en el consumo de su energía, pero de ninguna manera entrar en algo que sería muy complejo de articular, que es vigilar a cada ciudadano, a cada persona, con respecto a cuál es su consumo energético. Eso sería una locura", ha aseverado.
"Aunque la situación en Europa es complicada, en España no se tendrá que llegar a los niveles de racionamiento que muy probablemente puedan tener que abordar los países del centro de Europa".
Por último, Ribera ha confiado en que la crisis energética no se lleve por delante el Gobierno porque este está "haciendo más de lo que se ha hecho en la mayor parte de estados miembros y con mayor anticipación". Sin embargo, ha reconocido que "cuando se producen crisis y cuando la gente lo pasa mal, tiende a mirar con especial intensidad a quien está al frente del Gobierno en cada momento".
El Gobierno ha enviado este sábado a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2023 que, por primera vez, contempla dos posibles escenarios de ingresos y gastos debido al "contexto de elevada incertidumbre" como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia que tiene "un significativo impacto económico mediante una elevada inflación".
El segundo escenario contempla una recaudación mayor en unos 10.500 millones de la inicialmente estimada que "dará margen para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime conveniente, con el fin de proteger a los colectivos vulnerables, a la clase media y trabajadora, a los autónomos y a los sectores productivos más afectadas por la crisis energética".
Así, en concreto, el Plan Presupuestario de 2023 recoge en el escenario 1, el más conservador, que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrán un 42,3% del PIB, ascendiendo a 587.609 millones de euros en términos de contabilidad nacional. Los impuestos alcanzarán los 344.627 millones, lo que supone un 7,6% más respecto a 2022.
Esta mayor recaudación se debe al impacto de las nuevas medidas fiscales como la aplicación del tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, la entrada en vigor del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, y la introducción de medidas no tributarias como el nuevo gravamen temporal en los sectores energético y financiero.
Por su parte en el segundo escenario para 2023 se prevé que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supongan un 43% del PIB, ascendiendo a 597.265 millones de euros en términos de contabilidad nacional.
En este segundo escenario, los impuestos alcanzarán los 354.283 millones de euros, lo que supone un 7% más respecto a 2022, pero implicaría una ralentización de 5 puntos respecto a la estimación de crecimiento para el presente ejercicio.
Ese menor crecimiento de los ingresos tributarios se explicaría por la potencial prórroga para 2023 de las medidas de rebajas fiscales en materia energética que se contemplan en este escenario.
Hacienda indica que el documento deja claro a las autoridades europeas que la prioridad de los Presupuestos de 2023 son la justicia social, mediante el fortalecimiento del Estado del Bienestar, y la eficiencia económica a través del crecimiento y la creación de empleo de calidad impulsada por la transformación del modelo productivo.
"Todo ello sin olvidar el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria como demuestra la reducción de déficit público y de deuda pública previstas para el próximo año y que continúan una senda descendente iniciada en 2021".
El Plan Presupuestario se basa en un cuadro macroeconómico "prudente" contemplado en las cuentas públicas de 2023, que prevé un crecimiento de la economía española del 4,4% en 2022 y del 2,1% en 2023, en ambos casos un crecimiento por encima de la media de la zona euro y de las grandes economías comunitarias.
El documento remitido a Bruselas contempla que el déficit público se situará en el 3,9% en 2023, lo que supone una reducción del 60% respecto al alcanzado en 2020 con el estallido de la pandemia. También recoge una reducción de la deuda pública del 115,2% en 2022 al 112,4% en 2023.
El informe incluye el impacto positivo que el Plan de Recuperación tendrá en el crecimiento económico, que permitirá durante el periodo 2021-2031, un aumento medio en el nivel de PIB de unos 2,6 puntos.
Por último, el documento refleja el compromiso del Gobierno con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, cuya financiación alcanzará los niveles más altos registrados.
La secretaria de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha destacado este viernes la "importante mejora" registrada por la inflación, que en septiembre se moderó hasta el 8,9%, gracias, en su opinión, a las medidas adoptadas por el Gobierno para abaratar la electricidad, los carburantes y el transporte público.
No obstante, ha subrayado que la tasa de inflación sigue siendo "muy alta" y ha responsabilizado a las empresas de llevar a los precios de los alimentos a una subida récord por trasladar el coste de la electricidad y de las gasolinas al precio final de sus productos.
"Las empresas siguen repercutiendo los precios de los carburantes y la electricidad en los precios finales para que los ciudadanos paguemos el coste de esta crisis inflacionista", ha denunciado Vicente.
La responsable sindical ha instado a la patronal a dejar de bloquear la negociación colectiva y a sentarse a negociar un nuevo acuerdo de convenios, que contemple subidas salariales "en el entorno de la inflación" mediante cláusulas de revisión.
De lo contrario, ha advertido, CCOO y UGT seguirán con su "escalada de movilizaciones". En este punto, Vicente a animado a los ciudadanos a manifestarse con ellos el día 3 de noviembre en Madrid para pedir a las organizaciones empresariales que "repartan el coste de la crisis" y al Gobierno, que abra la mesa para la determinación del salario mínimo interprofesional (SMI).
Para Vicente, la próxima subida del SMI tiene que tener en cuenta la inflación para garantizar que los salarios más bajos tengan un poder de compra que les permita vivir "dignamente".
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha dado la "bienvenida" a la última propuesta de la banca para amortiguar el impacto de la subida de tipos de interés y del Euríbor para los consumidores más vulnerables, que pasa por congelar un año las cuotas hipotecarias, y ha asegurado que desde el Ejecutivo la analizarán.
"Damos la bienvenida a todas aquellas propuestas e iniciativas del sector financiero que nos permitan en este momento aliviar las rentas de las cuentas de las familias", ha destacado la vicepresidenta en declaraciones a los medios de comunicación en Washington antes de participar en la reunión del G20.
Así, ha asegurado que desde el Ejecutivo analizarán "con gran interés" todas las propuestas que se pongan sobre la mesa y espera que "cuanto antes" se pueda anunciar el refuerzo del código de conducta de la banca para la reestructuración de deuda.
La vicepresidenta ha recordado que el Gobierno está trabajando con la banca el refuerzo de todos los mecanismos de apoyo a las familias en un contexto de alza de los tipos de interés y, por tanto, de subida del Euríbor.
"Está claro que el alza del Euríbor tiene un impacto directo sobre las rentas disponibles de las familias y por eso creo que es muy importante que cuanto antes reforcemos esa red de seguridad", ha enfatizado la vicepresidenta.
En el plano macroeconómico nacional, Calviño ha defendido que España tiene un nivel de endeudamiento muy inferior al registrado en otros momentos de la historia y, por tanto, "no hay ningún signo de un riesgo sobre la estabilidad financiera" derivado de este alza de los tipos de interés.
12 DE OCTUBRE
El Gobierno ha completado este miércoles las convocatorias del programa de digitalización de empresas 'Kit Digital' tras publicar la tercera y última convocatoria de ayudas, con 500 millones de euros en ayudas para pymes de menos de tres trabajadores.
Según la convocatoria de ayudas publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogida por Europa Press, cada empresa podrá contar con un máximo de 2.000 euros.
Estas ayudas podrán solicitarse durante un año a partir del próximo 20 de octubre, aunque el plazo concluirá en caso de agotarse el crédito presupuestado.
Los fondos son financiados con cargo a los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, y se enmarcan dentro de la Agenda Española Digitalización 2025, el Plan de Digitalización Pymes 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
CONTRATACIÓN y EJECUCIÓN DE LA AYUDA
Tras la concesión de la subvención, y para ejercer su derecho a cobro, el beneficiario deberá seleccionar y contratar la solución de digitalización que desee adoptar entre las disponibles del Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa, a formalizar en un acuerdo en un plazo máximo de seis meses desde la notificación de que la ayuda ha sido concedida.
La ejecución de la actividad subvencionada se realizará en dos fases, una primera de plazo máximo de tres meses para la instalación y desarrollo de la solución, así como la emisión de la factura por parte del Agente Digitalizador adherido, y una segunda a partir de entonces.
En esta segunda fase, de un plazo de doce meses, deberá realizarse el mantenimiento de la solución de digitalización, la prestación del servicio de soporte, y la formación necesaria a la persona beneficiaria que le permita la adquisición de conocimientos básicos para su gestión.
'BONOS DIGITALES' DE HASTA 12.000 EUROS
El Kit Digital está financiado con los fondos 'Next Generation UE'. Las empresas de menos de 50 trabajadores y los autónomos podrán solicitar estos 'bonos digitales', que oscilan entre 2.000, 6.000 o 12.000 euros, según las características de la empresa para contratar la digitalización de sus negocios.
La primera convocatoria de ayudas, lanzada el pasado mes de marzo para pymes de entre 10 y 49 empleados (segmento I) --por un importe máximo de hasta 12.000 euros--, ha recibido hasta mediados de septiembre unas 70.000 solicitudes de empresas y ya hay más de 35.000 bonos asignados.
Para la segunda convocatoria, dirigida a empresas de entre tres y nueve empleados, se han registrado unas 33.400 solicitudes. Con una cuantía adjudicada de hasta 6.000 euros, estas empresas podrán contratar servicios para crear páginas web, servicios de ciberseguridad, gestión de procesos o redes sociales.
La Alianza de Comercio y Hostelería de España ha propuesto un acuerdo de sector en el que estén implicados los comerciantes y arrendatarios y los propietarios y arrendadores, junto con el Gobierno y el resto de las Administraciones Públicas, para repartir y equilibrar las consecuencias del incremento del IPC en la viabilidad del sector del comercio.
La Alianza, que aglutina a las asociaciones Acotex, ADFB, Amicca, Anceco, CEC, Comertia, Eurelia, FECE y Marcas de Restauración, explica en un comunicado que la viabilidad del comercio resulta "imposible", ya que el incremento de los gastos provoca que muchos comercios obtengan márgenes negativos.
"Si no se encuentra rápidamente una solución nos veríamos abocados a un cierre masivo de comercios, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo, disminución de recaudaciones fiscales y caída del PIB, además de dejar a los ciudadanos sin los servicios ofrecidos por el comercio en los pueblos y ciudades de nuestro país", añade.
Por todo ello, la Alianza ha propuesto una medida extraordinaria de reequilibrio de las condiciones, consistente para los arrendatarios en la aplicación inmediata, y durante el año 2023, de un incremento máximo del 2% en la actualización de la renta de los contratos vigentes, así como en las condiciones para 2023 de las prórrogas de contratos existentes o de nuevos contratos.
De la misma manera, solicita para los arrendadores el establecimiento de incentivos fiscales sobre la diferencia entre el porcentaje aplicado y el teórico que se hubiera imputado con el IPC que le correspondiera.
Además, insta de nuevo al Gobierno a elaborar una ley de arrendamientos urbanos, específica para regular el sector inmobiliario comercial, que incorpore la cláusula 'rebus sic stantibus' y que prevea un modelo de cálculo para la actualización de las rentas basado en un indicador distinto del IPC, como se está ya aplicando en otros países europeos.
Las ventas totales de las grandes empresas que operan en España, deflactadas y corregidas de variaciones estacionales y de calendario, crecieron en agosto de 2022 un 6,4% interanual, mientras que el empleo se incrementó un 5,2% y los salarios se alzaron un 4%, de acuerdo con la estadística 'Ventas, empleo y salarios en las grandes empresas' publicada este martes por la Agencia Tributaria.
El crecimiento del 6,4% registrado en las ventas supuso un repunte respecto a la tendencia de moderación que se venía observando en los últimos tres meses. La mejora vino respaldada por la positiva evolución de las ventas interiores, mientras que las exportaciones, en cambio, perdieron algo de intensidad, aunque todavía mantuvieron tasas de crecimiento superiores al 10%.
En concreto, las ventas interiores aumentaron en agosto un 5,1%, más de un punto y medio por encima de la tasa observada en julio. Las ventas de consumo manifestaron un buen desempeño (+9%), con un avance muy similar al del mes precedente y superior al registrado en el conjunto del segundo trimestre. Por su parte, las ventas de capital retornaron al terreno positivo (+6,6%) como consecuencia del repunte de las ventas de bienes de equipo y software (+14,5%), que compensaron el nuevo retroceso de la construcción (-10%).
De su lado, las exportaciones se moderaron ligeramente en agosto tras el buen dato de julio, aunque se mantienen las tasas superiores al 10% en el mes, en el trimestre y en el conjunto del año. En concreto, el crecimiento en agosto fue del 10,6%, porcentaje apenas un punto inferior a la media del año.
La ligera desaceleración procede del menor incremento que se produjo en las ventas dirigidas a terceros países (13,8%), que el mes
pasado aumentaron excepcionalmente un 18%. Por el contrario, las destinadas a la Unión Europea mejoraron su ritmo de crecimiento en un punto respecto al dato precedente, hasta el 7,4%.
ACTUALIZACIÓN DE SALARIOS POR EL INCREMENTO DE PRECIOS
En cuanto al aumento del número de perceptores de rendimientos del trabajo, indicador fiscal del empleo asalariado, mantuvo su intensidad en agosto y creció un 5,2%, idéntica cifra a la del mes precedente.
Aunque el ritmo es inferior al de la primera mitad del año, en términos intermensuales el incremento es incluso superior al observado en julio.
Por su parte, el rendimiento bruto medio subió en agosto un 4% y acumula un crecimiento en el año del 3,6%. Como explica la Agencia Tributaria, el incremento de este año es claramente superior al del 2021 (1%), pero también a los de los años anteriores, ya que hay que remontarse hasta 2008 para ver algo similar.
"La explicación se encuentra en la actualización de salarios que en mayor o menor medida se está produciendo como respuesta a la escalada de precios que viene experimentando la economía desde mediados de 2021", han señalado desde el organismo.
La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), que representa a las mayores empresas de transporte internacional de mercancías y pasajeros por carretera de España, ha rechazado la nueva prórroga que ha aplicado el Gobierno "sin consenso ni previo aviso" del límite máximo de facturación anual para que los autónomos se acojan al régimen de módulos.
En 2016 se estableció que los transportistas que facturaran al año menos de 125.000 euros podían acogerse al sistema de módulos, siempre que su facturación se realizase en más de un 50% a empresas o profesionales, fijando un periodo de transición de dos años antes de bajar este límite a 75.000 euros.
Sin embargo, los sucesivos gobiernos han ido ampliando ese periodo de transición y el actual Ejecutivo ha vuelto a prorrogarlo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, cuando el órgano de interlocución del sector con el Gobierno, el CNTC, ya acordó en 2020 que no se volvería a ampliar este periodo.
En un comunicado, Astic explica que unos 27.000 transportistas se han podido acoger al régimen de módulos estos últimos años, lo que provoca "una enorme discriminación fiscal", al permitir a los transportistas autónomos tributar menos que el resto de empresas con las que compiten en el mercado.
Entre estas empresas se encuentran compañías grandes, pero también medianas y pequeñas, que, según Astic, han hecho un sobreesfuerzo durante estos últimos años para mantener y ampliar inversiones y empleo, afrontando "grandes riesgos en tiempos muy convulsos".
"Esta medida favorece la fragmentación de un sector, como el transporte de mercancías por carretera, que ya de por sí está tremendamente atomizado al contar con más de 100.000 empresas, de las cuales solo el 4% son grandes compañías, como las que forman parte de nuestra asociación", defiende el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia.
El número de nuevas sociedades mercantiles disminuyó en Castilla-La Mancha un 6% en agosto respecto al mismo mes de 2021, hasta llegar a 172 empresas, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que indican, por contra que las disoluciones bajaron un 21,7% hasta las 18.
Las comunidades que crearon un mayor número de empresas en agosto fueron Madrid (1.309 sociedades), Cataluña (1.185) y Andalucía, donde se crearon 922 empresas. Las regiones que menos sociedades constituyeron en el octavo mes del año fueron La Rioja (24), Navarra (43) y Cantabria (54).
Doce regiones crearon en agosto menos empresas que en igual mes de 2021. Los mayores descensos anuales se dieron en La Rioja (-40%), Navarra (-33,8%), Extremadura (-17,5%) y Comunidad Valenciana (-14,5%), mientras que los únicos ascensos interanuales los protagonizaron Asturias (+33,8%), Baleares (+21,1%), Cantabria (+20%), Canarias (+14%) y Castilla y León (+5,6%).
Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las comunidades con mayor número de disoluciones en agosto fueron Madrid (578), Andalucía (215) y Comunidad Valenciana (144). Por el contrario, las comunidades autónomas con menos sociedades mercantiles disueltas fueron Navarra (4), La Rioja (8) y Extremadura (14).
Doce comunidades elevaron su número de disoluciones empresariales en agosto, principalmente Murcia (+277,8%), Navarra (+100%) y Cantabria (+72,7%), mientras que cinco lo recortaron: Extremadura (-50%), La Rioja (-46,7%), Castilla-La Mancha (-21,7%), Canarias (-4,1%) y Cataluña, donde la desaparición de empresas disminuyó un 2,6% interanual.
DATOS NACIONALES
Con la caída de agosto, la creación de empresas encadena cinco meses consecutivos de retrocesos interanuales después de que disminuyera un 8,2% en abril, un 4,6% en mayo, un 6,8% en junio y un 14,4% en julio.
Para la constitución de las 5.907 empresas creadas en agosto se suscribieron más de 276 millones de euros, lo que supone un 24,4% menos que en igual mes de 2021, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 46.761 euros, cayó un 19,3% interanual.
Al tiempo que disminuyó la creación de sociedades, en agosto aumentó la disolución de empresas, un 22,2% respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 1.558.
En los ocho primeros meses del año se han constituido un 3,6% menos de empresas que igual periodo de 2021 y han desaparecido un 8,9% más de sociedades.
De las 1.558 empresas que cerraron sus puertas en agosto, el 78,2% lo hicieron voluntariamente, el 13,4% por fusión con otras sociedades y el 8,4% restante por otras causas.
El 18,2% de las sociedades mercantiles que se crearon en el octavo mes del año se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y seguros y el 18,1% al comercio. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, los mayores porcentajes se dan en comercio (18,6%) y en construcción (15,5%).
Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 1,2% en agosto, hasta las 2.060 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.244 millones de euros, cifra un 35,2% inferior a la de agosto de 2021, mientras que el capital medio fue de 604.326 euros, un 36% menos.
LA CREACIÓN DE EMPRESAS CAE UN 17,7% EN TASA MENSUAL
En términos mensuales (agosto sobre julio), la constitución de nuevas empresas disminuyó un 17,7%, su caída más moderada en este mes en al menos cinco años.
Por su parte, las disoluciones empresariales bajaron un 4,1% en agosto respecto al mes de julio, registrando también su menor retroceso en este mes al menos desde 2018.
Talgo contratará a más de 200 profesionales técnicos para sus plantas de toda España, especializados en fabricación y mantenimiento, equipos mecánicos, eléctricos, de puesta en servicio, de pintura, soldadura y almacén, así como ingenieros especialistas en mecánica y eléctrica.
La empresa ferroviaria ofrecerá a todos los nuevos trabajadores contratación estable y unas condiciones de salario fijo, retribución flexible y con pluses y beneficios sociales, tanto para la persona seleccionada como para su familia, según ha informado en un comunicado.
También podrán beneficiarse de un plan de formación ajustado al perfil profesional, así de la formación en idiomas, al mismo tiempo que accederán a un plan de carrera con progresión económica.
En total, Talgo creará un total de 237 puestos distribuidos por todos sus centros de toda España, de los que 98 serán en Madrid, 10 en Barcelona, 2 en Málaga, 1 en Valladolid y 126 en Rivabellosa (Álava), donde tiene una planta de fabricación.
Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,61% hasta septiembre, cifra ligeramente superior al dato de agosto (2,60%), pero más de seis puntos inferior al último IPC adelantado, cuya tasa interanual se moderó en septiembre hasta el 9%, abandonando los dos dígitos tras tres meses por encima del 10%, según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Este incremento salarial está por debajo de la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional (SMI) y está algo más en línea con las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.
Este AENC no se ha podido renovar de cara a 2022 ante las diferencias existentes en torno a la cláusula de revisión salarial, irrenunciable para los sindicatos e inaceptable para los empresarios ante los elevados niveles de inflación.
El Gobierno ha vuelto a insistir a los agentes sociales para que se sienten a negociar un acuerdo salarial. Los sindicatos, que han iniciado una campaña de movilizaciones en defensa de la mejora de los salarios, piden una subida salarial del entorno del 4% ó 4,5% este año, pero consideran que la clave para el acuerdo está en alcanzar con la patronal compromisos de recuperación de la actual pérdida de poder adquisitivo a lo largo de 2023 y 2024. Por su parte, la propuesta que la CEOE puso sobre la mesa el pasado mes de mayo recogía una subida salarial del 3,5% para 2022, pero sin cláusula de revisión.
De momento, con los datos hasta septiembre, el alza salarial pactada en convenio se encuentra entre un 1,4 y 1,9 puntos por debajo de la que proponen ahora en esta negociación CCOO y UGT, y se sitúa a nueve décimas de la planteada por CEOE, pero en este último caso excluyendo la cláusula de garantía.
La mayor parte de los convenios registrados hasta septiembre en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tengan efectos en 2022.
En concreto, hasta septiembre había registrados un total de 2.674 convenios colectivos con efectos económicos para dicho periodo, de los que sólo 562 se han firmado este mismo año, con una subida salarial media del 2,88%. El resto, 2.112, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio algo inferior, del 2,55%.
Los 2.674 convenios registrados hasta septiembre daban amparo a algo más de 7,58 millones de trabajadores.
TRES DE CADA CUATRO TRABAJADORES, SIN CLÁUSULAS DE REVISIÓN
Según la estadística de Trabajo, la mayor parte los convenios registrados hasta septiembre no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, de los 2.674 convenios contabilizados, sólo el 14,3% (384) contaban con una cláusula de garantía salarial y de ellos, 288 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.
Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a algo más de 1,86 millones de trabajadores de los 7,58 millones amparados por los convenios registrados hasta septiembre, el equivalente al 24,6% del total.
Así, el grueso de los trabajadores (tres de cada cuatro) carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos. La cifra de trabajadores protegidos con este instrumento ha aumentado ligeramente respecto a la existente en agosto (24,4%), pero es inferior a la de meses como marzo, donde superaba el 29%, o mayo (25,7%).
En uno de sus últimos artículos, publicado hace apenas dos semanas, el Banco de España constataba que la incidencia de la cláusula de revisión salarial frente a las "sorpresas inflacionistas" ha aumentado este año en relación con la observada a lo largo de los últimos ejercicios.
En concreto, señala que el porcentaje actual de trabajadores con convenio ya firmado para 2022 afectado por dichas cláusulas (en torno al 25%) es superior al 16,6% observado en el promedio de 2014-2021, "aunque significativamente" inferior al registrado a principios de los años 2000.
No obstante, pese a que el porcentaje de trabajadores protegidos con este tipo de cláusulas es ahora algo inferior al observado a principios de 2022 (próximo al 30%), la institución apunta que, según la información parcial disponible para 2023, la introducción de cláusulas de revisión salarial ha sufrido un "aumento adicional", pues hasta algo más del 45% de los trabajadores con convenio ya firmado para dicho ejercicio cuentan con ellas.
TRES DE CADA DIEZ CONVENIOS RECOGEN SUBIDAS SALARIALES DE MÁS DE UN 3%
Del total de convenios registrados en los nueve primeros meses del año, 2.022 eran de empresa, con efectos sobre 493.100 trabajadores y una subida salarial media del 2,94%, mientras que 652 eran convenios sectoriales y daban cobertura a casi 7,1 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 2,59%.
La jornada media pactada en convenio se situó hasta septiembre en 1.731,4 horas anuales por trabajador (1.708 horas en los convenios de empresa y 1.733,1 en los convenios de ámbito superior).
De los 2.674 convenios registrados hasta septiembre, un total de 128, el equivalente al 4,8%, contemplaba congelación de sueldos, mientras que el 31,3% de los convenios recogía una subida salarial superior al 3%, siendo la media del 5,07%.
El 55,9% de los convenios se mueve en subidas salariales medias que van desde el 0,5% hasta el 2,5%. Los convenios registrados hasta septiembre con alzas salariales superiores al 2% llegan al 45,5% del total. La estadística no recoge ningún convenio con un recorte salarial, a diferencia de 2021, cuando tenía contemplados dos convenios de esta naturaleza.
LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR 'DESCUELGUES' CAEN UN 7,9%
La estadística de Trabajo revela además que en los nueve primeros meses del año se registraron 411 inaplicaciones de convenios, por debajo de las 430 del mismo periodo de 2021 (-4,4%).
Estos 'descuelgues' afectaron a un total de 16.352 trabajadores, frente a los 17.762 afectados hasta septiembre del año anterior, lo que supone un descenso del 7,9%. El 'descuelgue' de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.
Una cuarta parte de los españoles, el 25%, renunciará a su empleo en los próximos doce meses para buscar otro puesto de trabajo, principalmente con el objetivo ganar más dinero, según la tercera edición de la encuesta 'Global Workforce of the Future 2022' elaborada por Adecco.
La mitad de los españoles que cambiarán de empleo en el próximo año, el 51%, ya se está postulando activamente para otros cargos y manteniendo entrevistas con reclutadores y empresas.
Esta encuesta recoge datos sobre las percepciones laborales de los trabajadores en 25 países en los que opera, entre ellos España, para comprender cómo están cambiando las actitudes y mentalidad de los empleados y cuáles son los retos actuales y futuros en materia de empleo y gestión del talento.
En 2021, cerca de 50 millones de trabajadores en Estados Unidos renunciaron a sus empleos, una cifra inédita en el siglo XXI. Según Adecco, este fenómeno, conocido como la 'Gran Renuncia', podría tratarse de algo más que una situación coyuntural derivada de la pandemia y convertirse en el inicio de un nuevo enfoque del concepto de trabajo.
"Hoy, aquella tendencia surgida en Estados Unidos ha cruzado el charco y se ha extendido a otros países como Reino Unido o Italia, donde 1,3 millones de empleados dejaron su trabajo en los nueve primeros meses de 2021", ha apuntado Adecco, que para la realización de esta encuesta ha entrevistado a más de 34.000 personas con contratos de al menos 20 horas semanales.
Según este informe, más de una cuarta parte de los trabajadores de todo el mundo (27%) dejará sus puestos de trabajo en los próximos doce meses, casi la misma proporción que en España, mientras que el 45% de ellos ya está solicitando nuevas posiciones y/o tienen entrevistas para otros trabajos (seis puntos menos que los españoles).
EL SALARIO, RAZÓN PRINCIPAL PARA BUSCAR UN NUEVO TRABAJO
El salario es la principal razón para cambiar de trabajo para el 55% de los españoles encuestados (45% de media internacional) que dejarán su puesto en el próximo año.
La satisfacción con el salario percibido es media y solo la mitad de los trabajadores mundiales y el 44% de los españoles están satisfechos con cómo su retribución refleja su experiencia y sus competencias, las horas que trabajan y su rendimiento, según esta encuesta.
Además, ha añadido Adecco, los trabajadores están buscando fuentes de ingresos adicionales para combatir el aumento del coste de la vida y la incertidumbre geopolítica: el 61% de los encuestados a nivel mundial y el 64% en España afirma estar preocupado porque su salario no sea lo suficientemente alto para hacer frente a las tasas de inflación.
Es más, según este informe, el 45% de los trabajadores españoles consultados asegura que el impacto de la inflación los ha llevado a plantearse buscar un segundo empleo.
Aunque en general la satisfacción laboral de los trabajadores es alta (69% a nivel mundial y 72% en el caso español), hay preocupación por la inestabilidad económica y geopolítica actual. De hecho, la inestabilidad económica es la principal preocupación para el 65% de los españoles entrevistados (57% a nivel mundial), mientras que la situación geopolítica preocupa al 53% de los españoles (46% media mundial).
El director general del grupo Adecco en España, Iker Barricat, ha destacado que, ante el fenómeno de la 'Gran Renuncia', las empresas deben revisar sus estrategias de retención del talento y no limitarse a confiar únicamente en la herramienta de las subidas salariales como medio para retener plantillas.
"El salario es prioritario en estos momentos de incertidumbre o con trabajadores que no están comprometidos ya con el proyecto empresarial, pero es claramente insuficiente por sí solo para establecer un vínculo a largo plazo. Para hacer frente a este problema de la Gran Renuncia, que cada vez es más común en la empresa española, debemos trabajar las políticas de flexibilidad, así como invertir en la plantilla y centrarse en ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente", ha subrayado Barricat.
En Castilla-La Mancha se vendieron en septiembre 9.012 turismos de ocasión, un 11,41% más que en el mismo mes de 2021. Por contra, la media en el mercado nacional registró un descenso del 8,6%.
En los tres primeros trimestres del año se han transferido 67.433 unidades en la región, un 4,94% menos que en el mismo periodo de 2021, mientras en la media nacional se registra una bajada de las venta del 5%, según ha informado la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).
Toledo, con 5.221 turismos y una subida del 60,06% es la provincia con mejores registros en septiembre y Guadalajara los peores con un descenso del 26,9% y 791 coches transferidas.
En el resto de provincias también se han registrado descensos. El más pronunciado en Cuenca, donde se vendieron 578 y cayeron las ventas un 26,74%; seguida de Ciudad Real, con 1.345 unidades vendidas y una caída del 20,84%, y Albacete, con un retroceso del 14,32%
y 1.077 unidades vendidas.
MERCADO NACIONAL
En septiembre se vendieron en España 153.927 turismos de segunda mano con un descenso del 8,6% sobre el mismo mes de 2021. En los nueve primeros meses del año se han transferido 1.360.747 coches con una bajado del 5%.
Por canales, los concesionarios continúan dando muestra positivas con unas ventas de 24.993 unidades --un 16% más que el mismo mes del pasado año--, gracias al incremento de las ventas de turismos de uno a dos años, muy focalizados en este canal.
Por su parte, los compra venta rompen la tendencia de meses anteriores y registran un descenso en el mes del 9,2%, superior a la caída del 8,6% de la media del mercado.
MOTORIZACIONES
Respecto a motorizaciones, el diésel continúa sus descensos, aunque concentra el 56,6% de las ventas de los turismos de segunda mano de septiembre.
La gasolina supone el 38,6% de las ventas y los híbridos de gasolina, con 3.152 coches, son el 2%, Los eléctricos apenas suponen el 0,5% del mes, un 0,6% en los tres primeros meses del año.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Por comunidades autónomas, todas salvo dos han tenido caídas en las ventas de turismos de segunda mano en septiembre, destacando La Rioja que baja un 24,6% respecto al mismo mes del pasado año.
Entre las subidas, Castilla-La Mancha, con un 11,4% más de ventas que en septiembre del año pasado, se suma a la Comunidad Madrid, generalmente en positivo, cuyas transferencias crecen el 27% sobre el mismo mes del pasado año.
"Las ventas de turismos de segunda mano agudizan las bajadas hasta sumar un descenso del 5% en comparación con los tres primeros trimestres del pasado año. Desde mayo se viene produciendo un aumento en el porcentaje de caída en comparación con los mismos meses del pasado año, mostrando cada vez más una situación preocupante para un sector muy atomizado con unos comerciantes pequeños con poca capacidad financiera", ha declarado el director general de Ancove, Eric Iglesias.
El Índice General de Producción Industrial (IPI) en Castilla-La Mancha subió un 3,6% en agosto en relación al mismo mes de 2021, crecimiento que se ha avivado un 6,3% en lo que va de año, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A nivel nacional, el IPI subió un 5,8% en agosto en relación al mismo mes de 2021, tasa 4,4 puntos superior a la del mes anterior. Con el dato de agosto, la producción industrial encadena cuatro meses consecutivos de tasas positivas.
La producción de la industria de bienes de equipo fue la que más creció en agosto, al registrar un repunte interanual del 14,9%. Les siguen la energía (+9,8%) y los bienes de consumo no duradero, con un avance del 6,5%. Por contra, la producción de bienes intermedios bajó un 2,9% interanual en agosto y la de los bienes de consumo duradero se contrajo un 0,1%.
Por ramas de actividad, las que más incrementaron su producción en tasa interanual fueron la industria del cuero y del calzado (+31,4%) y la fabricación de vehículos de motor (+30,6%). Entre los descensos, los más acusados se registraron en metalurgia (-15,7%) y en la industria química (-7,2%).
Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 5,5% en comparación con agosto de 2021, tasa una décima superior a la de julio.
En los ocho primeros meses del año la producción industrial se ha incrementado una media del 3,5%, destacando el repunte en la confección de prendas de vestir (+18,9%) y el descenso en la metalurgia (-7,5%).
SÓLO CANTABRIA RECORTA LA PRODUCCIÓN DE SU INDUSTRIA
La producción industrial se incrementó en agosto en 15 comunidades autónomas en tasa interanual, se mantuvo sin variación en Extremadura y bajó en Cantabria (-4,9%).
Los mayores aumentos, con alzas de dos dígitos, se registraron en Baleares (+17,3%), Andalucía (+13,7%), Navarra (+13,6%), Asturias (+12,6%) y Madrid (+12%).
En el otro extremo, con los aumentos interanuales más moderados, se sitúan Castilla y León (+0,8%), Canarias (+1%) y Comunidad Valenciana (+1,7%).
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SUBE UN 0,4% EN EL MES
En términos mensuales (agosto sobre julio) y dentro de la serie corregida, la producción industrial aumentó un 0,4%, en contraste con el retroceso del 1% registrado en julio.
Por ramas de actividad, los mayores descensos mensuales en la serie desestacionalizada correspondieron a la fabricación de productos farmacéuticos (-16,6%), a las artes gráficas (-12,8%) y a la fabricación de muebles (-10,1%).
Por contra, los mayores incrementos mensuales de la producción los experimentaron la fabricación de vehículos de motor (+30,2%), la extracción de antracita, hulla y lignito (+18,9%) y otras industrias extractivas (+11,5%).
El 24% de los mayoristas hortofrutícolas en España se encuentra en un nivel máximo o elevado de impago, según los datos que ofrece el 'insight view' de Iberinform.
En concreto, la venta al por mayor de frutas y verduras constituye el eslabón intermedio entre los productores y la comercialización final en una cadena de valor cada vez más tensionada. En su caso, además del sensible incremento de los precios en origen, sus márgenes se ven impactados por el encarecimiento de los combustibles necesarios para el transporte y de los costes energéticos de la cadena de frío y conservación.
Según los datos analizados, los mayoristas de frutas y verduras se concentran en las provincias de Valencia (11%), Murcia (11%), Madrid (7%), Almería (7%), Alicante (7%) y Barcelona (6%). De las seis primeras provincias del sector, Almería presenta el mayor deterioro del riesgo de crédito: el 35% de los mayoristas hortofrutícolas se encuentra en un nivel máximo o elevado de impago, seguida por Madrid (29%), Barcelona (28%), Murcia (25%), Valencia (22%) y Alicante (17%).
El sector muestra un significativo tamaño empresarial, con un 19% del tejido compuesto por grandes y medianas empresas. El 44% de sus empresas cuenta con más de 15 años de antigüedad.
El plazo medio de aprovisionamiento, que muestra los días que permanecen las existencias en la empresa, alcanza los 23 días. A lo largo de la pandemia y la posterior recuperación, el sector ha afrontado una alteración de sus procesos sometidos a las fuertes oscilaciones de la demanda y a las carencias de oferta.
Por otro lado, el análisis de las cuentas agregadas muestran márgenes muy ajustados, ligeramente por encima del 2,2% lo que incrementa el impacto de las tensiones sufridas por la cadena de valor en el riesgo de crédito de sus empresas.
La industria cárnica española ha reclamado "medidas urgentes" para paliar la "situación dramática" que está sufriendo el sector por el encarecimiento de las materias primas y el incremento continuado de
los costes de energía y resto de insumos, que han disparado los costes de producción, encontrando enormes dificultades para repercutirlos al siguiente eslabón de la cadena.
En concreto, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España ha subrayado en un comunicado que esta "grave situación" está tensionando la cadena, golpeando los márgenes de las empresas y agotando las reservas, en un proceso acelerado que, de no contenerse, acabará con la descapitalización de muchas de ellas.
La asociación ha señalado que además se suma la "enorme evolución inflacionista", que ha roto todas las premisas sobre las que
se sustentó la negociación colectiva, un aspecto de "vital importancia" al que aseguran que "hay que dar una solución".
"Hoy más que nunca es urgente que nuestros gobernantes sean conscientes del difícil momento que atraviesa la industria, reaccionen en consecuencia y adopten medidas de emergencia para paliar una situación tan extraordinaria como insostenible para el sector. A ello se suma la multitud de propuestas legislativas, nacionales y comunitarias, que añadirán cargas administrativas y costes a las empresas, considerando que deberían modularse y posponerse hasta que salgamos de esta grave crisis", han subrayado.
Por otro lado, Anice también ha lamentado que el Perte Agroalimentario, en el que se habían depositado muchas expectativas, "tampoco parece que vaya a contribuir a oxigenar económicamente" a la industria.
La asociación ha precisado que sus requisitos y condiciones de difícil aplicación están impidiendo que las empresas puedan participar en las próximas convocatorias, con lo cual se teme que las ayudas no lleguen de forma eficaz a la industria cárnica.
"La viabilidad de muchas empresas está en peligro y por tanto exigimos soluciones inmediatas y eficaces para luchar contra la inflación, el aumento de los costes energéticos y facilitar el acceso a los fondos de la Unión Europea. Si nuestro Gobierno no pone en marcha medidas de carácter urgente para paliar esta situación, empezaremos a ver una paulatina destrucción de nuestro tejido industrial. Solo así, lograremos revertir esta grave situación que amenaza hoy el futuro de la industria cárnica española", ha explicado el secretario general de Anice, Miguel Huerta.
La Seguridad Social ganó una media de 29.286 cotizantes en septiembre (+0,15%), por debajo de los crecimientos registrados en este mes en 2021 (+57.387 afiliados) y 2020 (+84.013 ocupados), pero por encima de los avances experimentados en los septiembres del periodo prepandemia y de los años 2017-2019, en los que España creó muchos puestos de trabajo.
Con este repunte de afiliados, impulsado por las mujeres y la ganancia de ocupados en la Educación ante el inicio del curso escolar, el número total de cotizantes, en valores medios, se situó en 20.180.287 personas al finalizar septiembre, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social encadenó su decimoséptimo incremento consecutivo tras sumar el sistema 51.079 ocupados (+0,2%), hasta un total de 20.224.355 personas.
El Ministerio ha destacado además que se han creado 385.253 empleos entre enero y septiembre en valores desestacionalizados. Desde agosto de 2021, mes en el que se superó el nivel de afiliación anterior a la pandemia, la ocupación se ha incrementado en 729.014 personas.
El Departamento que dirige José Luis Escrivá ha hecho hincapié en que, a pesar de la incertidumbre actual, el promedio de afiliados de los nueve primeros meses del año "está en línea" con el del periodo 2017-2019, años de "gran dinamismo del empleo".
En el tercer trimestre del año, coincidiendo con los meses de verano, la afiliación creció en media mensual en 40.773 personas, por encima del promedio de 2017-2019, cuando la ganancia de afiliados fue de 34.629.
En el último año la Seguridad Social ha ganado 649.176 afiliados en valores medios (+3,3%), la mayor parte en el Régimen General (+637.645 cotizantes), seguido del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con 9.988 nuevos ocupados (+0,3%).
Con este comportamiento del empleo, la ratio entre cotizantes y pensionistas se sitúa en 2,37.
MÁS DE DOS MILLONES DE FIJOS MÁS QUE ANTES DE LA REFORMA LABORAL
El Ministerio ha resaltado además que el proceso de creación de empleo está siendo compatible con una mejora de su calidad gracias al impacto positivo que está teniendo la reforma laboral tras nueve meses en vigor (seis de vigencia plena).
Así, según el Departamento de José Luis Escrivá, en septiembre se aceleró el aumento de afiliados con contratos indefinidos, de forma que ahora hay más de dos millones más de fijos que a finales de 2021, antes de la reforma laboral.
Al mismo tiempo, los afiliados con contratos de menos de 30 días se han reducido en este periodo en 2,6 millones de personas y la duración media de los contratos ha aumentado en 51 días en comparación con el ejercicio 2019.
SUBE LA AFILIACIÓN FEMENINA, BAJA LA MASCULINA
La ganancia mensual de afiliados medios en septiembre se debió exclusivamente a las mujeres, que sumaron en el mes 61.352 cotizantes respecto a agosto (+0,6%), frente a un descenso de varones ocupados de 32.065 cotizantes (-0,3%).
De este modo, al finalizar septiembre, la cifra de mujeres con empleo alcanzó las 9.441.260 afiliadas, mientras que la de varones se situó en 10.739.028 cotizantes.
La afiliación media de extranjeros, por su parte, subió en 18.528 cotizantes en septiembre, un 0,7% respecto al mes anterior, hasta situarse en 2.456.019 ocupados.
LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO PIERDEN 70.000 AFILIADOS
Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 28.981 afiliados medios en septiembre (+0,17%), hasta un total de 16.784.048 ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 2.427 afiliados (+0,07%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.329.863.
Dentro del Régimen General, la Educación protagonizó el mayor crecimiento de la ocupación por el inicio del curso escolar al ganar 61.212 cotizantes respecto a agosto (+7,1%), seguido de las actividades administrativas, que sumaron 20.044 empleados (+1,4%).
Por contra, el final de la campaña de verano llevó al comercio y a la hostelería a perder 36.279 y 33.443 afiliados, respectivamente (-1,4% y -2,2%), liderando los descensos de la ocupación. Les siguió la Administración Pública, con 17.742 cotizantes menos (-1,5%), y las actividades sanitarias, que perdieron 11.550 ocupados (-0,6%).
Por su parte, el Sistema Especial Agrario ganó 23.001 empleos en el noveno mes del año (+3,5%) y el del Hogar registró 2.366 bajas (-0,6%).
El Ministerio subraya que el crecimiento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es casi generalizado por sectores. Además, este repunte de la afiliación ha sido "especialmente intenso" en sectores innovadores y de más valor añadido, entre ellos información y comunicaciones (+17,7%), Educación (+13,1%) y actividades científico-técnicas (+9,5%).
Asimismo, Seguridad Social señala que, geográficamente, también es generalizado el aumento del nivel de afiliación, con crecimientos notables, en el último año, en Baleares (+8,9%), Canarias (+6,9%), Madrid (+4,3%), Cataluña (+3,9%) y Comunidad Valenciana y La Rioja (+3,6% en ambos casos).
En términos mensuales, destacó el crecimiento de la afiliación mensual en Madrid, con un avance de los ocupados medios de 45.272 ocupados (+1,2%), seguido de Cataluña (+20.602 afiliados, +0,6%) y Canarias (+12.532 ocupados, +1,5%). Los mayores retrocesos, por contra, se los anotaron Baleares (-15.014 cotizantes, -2,5%) y Andalucía, con 9.310 afiliados menos que en agosto (-0,3%).
ALGO MÁS DE 21.000 TRABAJADORES EN ERTE
Por otra parte, el Ministerio ha informado de que los trabajadores en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) se situaron en el tercer trimestre en una media de 18.350, por debajo de los 25.519 del primero.
En total, al finalizar septiembre había 21.369 trabajadores en ERTE, de los que 18.666 estaban en un ERTE-ETOP; 1.352 en un ERTE por fuerza mayor, y 1.351 en el ERTE sectorial de agencias de viajes.
El Ministerio ha señalado además que uno de cada dos trabajadores en ERTE se encuentra en suspensión parcial.
Las pernoctaciones en apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues de Castilla-La Mancha han registrado en agosto 96.158 viajeros, que realizaron un total de 367.503 pernoctaciones. Destaca el incremento de los 37 campings con los que cuenta la región, que en este mes albergaron 29.279 viajeros y contabilizaron 118.364 pernoctaciones.
La estancia media en estas instalaciones fue de 4,04 días de estancia media. El grado de ocupación por parcela es del 39,47%, y del 43,97% en fin de semana.
En el caso de los 39 albergues que hay en la región, registraron 6.383 viajeros, que realizaron 27.609 pernoctaciones. La estancia media fue de 4,33 días, y el grado de ocupación del 26,11% entre semana, y del 37,06% en fin de semana.
Mientras, los 1.422 apartamentos turísticos que computan en el octavo mes del año en Castilla-La Mancha, que ofrecían 5.589 plazas, registraron un total de 18.178 viajeros y 51.515 pernoctaciones. La estancia media fue de 2,83, por plazas el grado de ocupación asciende al 29,58%, llegando al 36,99% en el caso de los fines de semana.
En cuanto a los 1.780 alojamientos rurales, registraron 42.318 viajeros y 142.406 pernoctaciones. El grado de ocupación entre semana fue del 27,09%, llegando al 44,23 en fin de semana.
Por último, a los 39 albergues que había en el octavo mes del año en la región llegaron 6.383 viajeros, que realizaron 27.609 pernoctaciones. Estas instalaciones registraron un 26,11% de ocupación entre semana, llegando al 37,06% en el fin de semana.
DATOS NACIONALES
Las pernoctaciones en apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues españoles acumuladas de los ocho primeros meses del año se sitúan por encima de los niveles de antes de la pandemia, superando las del mismo periodo de 2019, según datos provisionales del Instituto Nacional Estadística (INE), que cifra en más de 25,6 millones las registradas el pasado mes de agosto.
Esto supone, según los datos provisionales del instituto estadístico español, un crecimiento del 15,1% en agosto respecto a los 22,2 millones del mismo mes del pasado año.
Este impulso fue consecuencia, sobre todo, del incremento en un 81,5% de las pernoctaciones realizadas por parte de los extranjeros en ese mes. Las de los españoles, por el contrario, descendieron un 10,3% en el octavo mes del año.
De las 25,6 millones de pernoctaciones registradas por el instituto estadístico en agosto, 14,4 millones fueron de residentes en España, 7,8 millones de visitantes de países de la Unión Europea y otros 3,4 millones del resto del mundo.
Los datos del instituto estadístico muestran que la estancia media en alojamientos extrahoteleros españoles se elevó en agosto hasta situarse en 5 pernoctaciones por viajero.
Durante los ocho primeros meses de 2022 las pernoctaciones aumentan un 68,7% respecto al mismo periodo del año anterior y se sitúan en los niveles pre-pandemia, en 2019.
Tanto en el caso de los campings como en los establecimientos de turismo rural y en los albergues, las pernoctaciones acumuladas entre enero y agosto están por encima de los niveles de 2019, según el instituto estadístico.
El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) aumenta un 13% en agosto respecto al mismo mes de 2021, el Índice de Precios de Campings (IPAC) un 3,0% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) un 5,4%.
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 23,1% en agosto. Las de residentes bajaron un 16,9%, mientras que las de no residentes crecieron un 94,5%.
La estancia media subió un 3,3% respecto a agosto de 2021, situándose en 6 pernoctaciones por viajero. En agosto se ocuparon el 57,3% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 15,9% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 59,7%, con un incremento del 14%.
Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representan el 56,8% del total. Reino Unido es el principal mercado emisor, con más de 2 millones. El siguiente mercado es Francia, con más de 1,1 millones.
Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,5 millones de pernoctaciones y un aumento del 56,5% respecto a agosto de 2021. La comunidad autónoma con mayor ocupación fue Cantabria, con el 90,5% de los apartamentos ofertados.
Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 1,4 millones de pernoctaciones. Las Islas de Ibiza-Formentera presentan el mayor grado de ocupación, con un 89,2% de los apartamentos ofertados.
Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en agosto son Benidorm, San Bartolomé de Tirajana y Arona.
UN 9,8% MÁS EN CAMPINGS
Las pernoctaciones en campings registran en agosto un aumento del 9,8% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes bajan un 6,6%, mientras que las de no residentes suben un 62,2%.
Durante agosto se ocupan el 59,4% de las parcelas ofertadas, un 3,5% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanza el 62,3%, con un aumento anual del 2,5%.
El 35,3% de las pernoctaciones en campings las realizan viajeros no residentes. Francia es el principal mercado emisor, con el 32,4% del total de las de no residentes, un 71,1% más que en agosto de 2021.
Cataluña es el destino preferido en campings, con más de 5,3 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 16,2% en tasa anual. País Vasco alcanza el mayor grado de ocupación, con el 79,3% de las parcelas ofertadas.
Por zonas turísticas, la Costa Brava es el destino preferido, con más de 2,5 millones de pernoctaciones. La Costa Blanca (Alicante)presenta el mayor grado de ocupación, con un 81,3% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones son Torroella De Montgrí, Mont-Roig Del Camp y Calonge.
BAJAN LAS PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS RURALES
Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentan un descenso anual del 1,2% en agosto. Las de residentes bajan un 10,4%, mientras que las de no residentes suben un 50,5%.
En los alojamientos de turismo rural se ocupan el 44,3% de las plazas, un 3,7% menos que en agosto de 2021. El grado de ocupación en fin de semana se sitúa en el 55,2%, con un descenso anual del 1,2%.
Por comunidades, Castilla y León es el destino preferido, con 339.854 pernoctaciones, un 6,0% menos que en agosto de 2021. Illes Balears alcanza el mayor grado de ocupación, con el 71,8% de las plazas ofertadas.
En cuanto a los albergues, en agosto se registran 983.442 pernoctaciones en albergues, lo que supone un aumento anual del 49,6%. Las de residentes se incrementan un 7,5% y las de no residentes un 198,3%.
Se ocupan el 40,7% de las plazas, un 40,8% más que en agosto de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanza el 46,9%, con un aumento del 37,5%.
Los costes totales de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) se dispararon un 24,4% interanual en el segundo trimestre, diez puntos más de lo que crecieron sus ventas en este periodo (+14,5%), según el indicador Cepyme sobre la situación de la pyme en el periodo abril-junio de este año.
Estos datos suponen que el aumento de costes que soportan las pymes se ha acelerado más de un punto respecto al primer trimestre, mientras que la facturación ha moderado su ritmo de crecimiento más de cinco puntos, lo que se ha traducido en menores márgenes para las pymes. "Se está agravando el estrechamiento de los márgenes empresariales", avisa la organización empresarial.
El repunte de los costes de las pymes se debe a varios factores. Por un lado, su factura energética (luz, gas, derivados del petróleo y agua) se ha duplicado, con un crecimiento interanual del 114% en el segundo trimestre; el coste de los suministros para producir bienes y servicios se ha disparado un 51,7%, su mayor alza en 20 años, y los costes laborales de estas empresas se han elevado un 6,2%, por encima del 5,7% del primer trimestre.
"La presión salarial que genera la falta de trabajadores para ocupar determinados puestos, especialmente en las pymes, eleva considerablemente el salario de entrada. A esto se suma al alza del salario mínimo, un 3,6% en 2022, y explica por qué los costes salariales de las empresas más pequeñas suben con más fuerza, alejándose de los incrementos salariales pactados en convenio (2,6% hasta agosto)", argumenta.
Por este motivo, Cepyme reclama que en las negociaciones del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) se tenga en cuenta "el fuerte aumento de los costes" que están sufriendo las empresas de tamaño más reducido, "dejándoles en muchos casos en una situación de pérdida de competitividad".
Junto a todo ello, el precio de los servicios que contratan las pymes para desarrollar su actividad aumentó un 2,7% interanual en el segundo trimestre, su mayor alza desde 2007. Entre los servicios que más se han encarecido destacan el coste de los transportes (+20,5%), el de los envíos por mensajería (+5,2%) y el de la seguridad (+3%).
Así, aunque el indicador Cepyme sobre la situación de la pyme mejora levemente en el segundo trimestre por el repunte de la actividad, "los fuertes costes y la reducción de márgenes y de rentabilidad lo sitúa todavía en niveles de 2014".
En concreto, este indicador, que mide las fortalezas y vulnerabilidades del tejido empresarial español, "muestra que las altas tasas de inflación afectan de lleno a las empresas, en especial a las de menor tamaño", según Cepyme.
El indicador se situó en 5,7 puntos sobre un total de 10 en el segundo trimestre de 2022, frente a los 5,4 puntos registrados en el cuarto trimestre de 2021.
"Este leve repunte se debe al auge de actividad registrado en la primera mitad del año, pero no es suficiente para mejorar la situación general de la empresa, ya que el indicador aún se sitúa en niveles similares a los que tenía en 2014 y no ha recuperado el terreno perdido durante la pandemia", expone Cepyme.
Al mismo tiempo, el endeudamiento de las pymes se ha incrementado, con un pasivo que ya equivale a más del 100% del patrimonio neto, el nivel más elevado desde 2018.
EMPEORAMIENTO ESTE OTOÑO
La organización empresarial advierte de que esta situación "hace prever un empeoramiento de la situación de las pymes en otoño, cuando la actividad se ralentice y las empresas se vean obligadas a endeudarse más para hacer frente a los costes".
Para Cepyme, el endurecimiento de las condiciones de crédito por las subidas de los tipos de interés "harán todavía más vulnerable la situación de las pymes en los próximos meses".
Según la organización empresarial, la rentabilidad neta sobre el activo (ROA) se situó en el 2,8% en el segundo trimestre, cifra inferior a cualquier dato registrado entre 2016 y 2020.
En el cuarto trimestre de 2019, el último completo antes de la pandemia, la rentabilidad de las pymes alcanzó el 3,7%.
"De esta pérdida de la rentabilidad de las pymes, el 55% se explica por el menor nivel de actividad provocado por las medidas para contener la pandemia y la incompleta recuperación y el 45% restante se debe a la inflación, que al disparar los costes está carcomiendo los márgenes empresariales", denuncia Cepyme.
Ante esta situación de fragilidad del tejido empresarial español, la organización que preside Gerardo Cuerva reclama la puesta en marcha de un plan integral de apoyo a la empresa que ayude a aliviar los altos costes que afrontarán las pymes este otoño, que apoye a las empresas en su proceso de desapalancamiento y que apueste "de forma decidida" por el crecimiento empresarial.
NO LE CONVENCEN LAS NUEVAS MEDIDAS FISCALES
Además, Cepyme considera que las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno, aunque suponen una reacción respecto a los ciudadanos con rentas bajas afectados por la inflación, "no considera la difícil situación que atraviesan las pymes españolas".
"Al contrario, suponen en general un socavamiento de nuestra percepción de país estable para la inversión y las empresas", denuncia.
Según Cepyme, la rebaja de dos puntos en el Impuesto sobre Sociedades dirigida sólo a una parte de las pymes "no es acorde con la realidad por la que atraviesan muchas empresas, cuyo aumento de costes asfixia su liquidez y es origen en muchos casos de problemas de solvencia".
"Desde Cepyme instamos al Gobierno a tratar de impedir que los problemas de solvencia, incipientes en estos momentos, lastren una parte de nuestro tejido empresarial", concluye.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido su plan fiscal que incluye el nuevo 'impuesto de solidaridad' de las grandes fortunas que pretende que "no haya un efecto contagio en la eliminación del impuesto sobre el patrimonio".
Así lo ha manifestado Montero en una entrevista publicada este domingo por 'El Periódico' y 'El Periódico de España', en la que ha precisado que el Gobierno lleva trabajando "desde hace varios meses" en el mencionado impuesto pese a haberse anunciado la semana pasada, pocos días después de darse a conocer la eliminación del Impuesto de Patrimonio en Andalucía, una medida "desacertada", a su juicio.
Ha afeado al PP que practique "una política fiscal de protección de las élites" en un momento en el que "se necesita del apoyo del sector público en los colectivos más vulnerables".
"Populismo fiscal, vaciamiento fiscal, llámelo como quiera, pero esa carrera a la baja de comunidades autónomas no tiene sentido", ha avisado la ministra, para insistir en que "habrá que debatir" esta cuestión "cuando se discuta el modelo de financiación autonómica".
"Mientras tanto, lo que hemos hecho es poner en marcha un tributo que evita la doble imposición, pues permite descontar de él la cuota que se esté pagando en cada comunidad autónoma del impuesto sobre el patrimonio".
Ha puntualizado que "por regla general, en las comunidades donde el impuesto de patrimonio existe y está intacto, no va a haber ningún tipo de contribución añadida para sus contribuyentes" con el 'impuesto de solidaridad', mientras "en las comunidades autónomas donde se ha eliminado el impuesto, sí va a haber contribución añadida".
Al respecto, ha afirmado que el objetivo del plan fiscal del Gobierno "no es poner donde no hay": "El Gobierno no va contra nadie ni a favor de nadie. Es simple y llanamente por justicia fiscal".
Montero ha retado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a llevar al Constitucional el 'impuesto de solidaridad'.
"La señora Díaz Ayuso permanentemente traslada que lo va a llevar todo a los tribunales. Que lo haga, que lo haga. No se puede pretender que las competencias que tiene que ejercer el Gobierno de España se puedan hacer desde la Comunidad de Madrid. No es correcto", ha añadido, para criticar la política de los gobiernos de Madrid y Andalucía de "confrontar por confrontar".
UN IMPUESTO "MUY PENSADO" Y "COHERENTE"
Asimismo, ha asegurado que no hay riesgos de inconstitucionalidad en el nuevo impuesto, que, ha dicho, "está muy pensado" y es "coherente". "Nosotros consideramos que en este momento los patrimonios por encima de tres millones de euros, tienen que hacer un esfuerzo adicional. Hay en algunas comunidades donde ya lo están haciendo y por tanto no tienen que pagar más. Pero aquellos que no lo están haciendo, que lo hagan".
También, ha indicado que el mencionado impuesto podría incorporarse al proyecto de ley que regula los nuevos impuestos sobre la energía y la banca, y que el objetivo es que todas las medidas entren en vigor el 1 de enero.
Montero ha confiado en que se produzca un "recorte de la expectativa que los ciudadanos tuvieron del cambio en el PP, una vez que van conociendo al señor Feijóo". "A nosotros nos interesa que cuanto más se exprese, mejor. Es un presunto liderazgo que se ha demostrado bastante azucarillo y poco solvente en materias tan importantes como la económica, la fiscalidad o la lucha contra la corrupción".
La Confederación Española de Comercio (CEC) estima que tan solo un 10% de los comercios en España han podido adaptar sus establecimientos para cumplir con el decreto de ahorro energético del pasado mes de agosto y por el que se establece la obligatoriedad de contar con un sistema que las mantenga cerradas para conservar la temperatura interior, entre otras medidas, según informa en un comunicado.
En concreto, la patronal del comercio reclama una moratoria de tres meses porque el sector necesita un "plazo realista y razonable" para acometer estas modificaciones, ya que se estima entre 100.000 y 120.000 el número de comercios en España que necesitan esta adecuación.
"Hay negocios que fueron creados para no tener puertas y la nueva ley exige un completo replanteamiento del local que va más allá de instalar una puerta", señala el presidente de la CEC, Rafael Torres.
Asimismo, el decreto ley va a ser tramitado finalmente como proyecto de ley por lo que las enmiendas presentadas introducirán cambios en el mismo por lo que "lo lógico y sensato es esperar que se apruebe la ley definitiva para que el sector sepa con certidumbre qué obligaciones han de cumplir".
La patronal recuerda que el Ejecutivo comprometió una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean estas, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados.
Sin embarco, la CEC denuncia que la realidad a día de hoy es que no se ha concretado prácticamente ninguna, ni cantidades ni plazos de pago. Para acometer estas modificaciones, la patronal estima la necesidad de unos 200 millones de euros.
"Desde la Confederación Española de Comercio pedimos una moratoria razonable de al menos tres meses a la espera de conocer el texto definitivo de la ley que permita realizar los proyectos de adecuación con certidumbre y dar tiempo a las comunidades autónomas para publicar y pagar las ayudas prometidas".
El plazo fijado por la Agencia Tributaria y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que los transportistas soliciten las ayudas directas de 450 millones de euros por el alza de los precios de los carburantes concluye este viernes 30 de septiembre.
Se trata de un paquete de ayudas que replica el ya aprobado el pasado mes de marzo y que se traduce en un nuevo reparto de 1.250 euros por camión, 950 euros por autocar o autobús, 500 euros por furgoneta o ambulancia y 300 euros por taxi o VTC.
Serán beneficiarios los trabajadores autónomos y sociedades con personalidad jurídica propia legalmente constituidas en España que, a 15 de julio, se encuentren de alta en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte como titulares de una autorización de transporte.
También está dirigida a los que tengan a su disposición licencia expedida en Ceuta y Melilla para taxis. El requisito de ser titular de una licencia VT se considerará cumplido con la licencia expedida en estas ciudades autónomas para vehículos taxi siempre que se disponga de ella a 15 de julio.
Los beneficiarios también serán los titulares de autobuses urbanos conforme a la clasificación por criterios de utilización del Reglamento General de Vehículos y que, a fecha 15 de julio de 2022, se encuentren de alta en el registro de vehículos de la jefatura central de tráfico.
En ningún caso el importe resultante podrá superar la cantidad bruta de 500.000 euros, es decir, antes de impuestos y otras retenciones, teniendo en cuenta las ayudas concedidas a empresas asociadas.
En el caso de que las ayudas concedidas a empresas asociadas superen esta cantidad máxima, se repartirán de forma proporcional, en función de la contribución a esta cifra, atendiendo al número y tipo de vehículos, entendiéndose que cada una de las empresas asociadas presta su consentimiento para que la Administración competente informe al resto de que se dan las circunstancias descritas.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) disminuyó seis décimas en septiembre en relación al mes anterior y recortó de golpe su tasa interanual 1,5 puntos, hasta el 9%, bajando de los dos dígitos después de haber encadenado tres meses consecutivos por encima del 10%, según los datos avanzados publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El dato de septiembre, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, es 1,8 puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando el IPC se situó en el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984.
Con esta moderación de 1,5 puntos, la inflación suma dos meses consecutivos de descensos en su tasa interanual después de que en agosto bajara tres décimas, hasta el 10,5%.
Según el INE, la moderación del IPC interanual hasta el 9% se debe, principalmente, a la bajada de los precios de la electricidad y, en menor medida, al abaratamiento de los carburantes y del transporte.
En términos mensuales (septiembre sobre agosto), el IPC registró un descenso de seis décimas, su mayor retroceso mensual desde julio de 2021, cuando bajó ocho décimas.
LA INFLACIÓN SUBYACENTE SE MODERA HASTA EL 6,2%
El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que disminuyó en septiembre dos décimas, hasta el 6,2%, situándose casi tres puntos por debajo del IPC general.
Es el primer descenso que registra la inflación subyacente tras catorce meses consecutivos de ascensos, que llevaron a este indicador a alcanzar el mes pasado su nivel más alto desde enero de 1993 (6,4%).
En el noveno mes de 2022, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 9,3%, más de un punto por debajo de la registrada en el mes anterior. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA fue del 0,0%.
El INE publicará los datos definitivos del IPC de septiembre el próximo 14 de octubre.
Las 13.000 pequeñas y medianas empresas españolas que venden sus productos en Amazon exportaron 850 millones de euros en 2021, lo que supone un 30% más que el año anterior, según los datos del 'Informe sobre el impacto de Amazon en las pymes españolas 2022'.
En concreto, las pymes españolas se han convertido en un motor de empleo, ya que actualmente emplean a un total de 35.000 personas
para gestionar sus negocios de venta 'online', lo que supone un 16% más que el año anterior.
El 'marketplace' ofrece una oportunidad a estas empresas para vender
fuera de España. Así, el 50% de las pymes que no habían exportado anteriormente, empezaron a vender fuera del territorio nacional tras empezar a ofrecer sus productos en esta tienda.
De esta forma, las pymes españolas vendieron más de 90 millones
de productos en Amazon en 2021, lo que supone 175 productos por minuto, un incremento del 50% respecto a las unidades vendidas durante 2020.
Las exportaciones de estos productos no solo fueron a la Unión Europea, ya que más de 75 millones de euros proceden de otros mercados no europeos, lo que supone un 45% más respecto a los datos de 2020.
"Los 'marketplaces' tienen una gran importancia en el dinámico comercio electrónico y constituyen un canal de venta creciente para acceder a los mercados internacionales. Icex continuará como hasta ahora promoviendo el conocimiento y uso de estos canales para impulsar la competitividad e internacionalización de las empresas españolas", ha señalado la consejera delegada de Icex España Exportación e
Inversiones, María Peña.
Por su parte, el vicepresidente de servicios para colaboradores comerciales de la UE en Amazon, Xavier Flamand, ha subrayado que la plataforma es "un gran aliado" para las pymes. "Amazon continuará invirtiendo para impulsar el crecimiento de las pymes españolas,
poniendo a su disposición las herramientas y programas de formación, como Despega, que requieran para tener éxito", ha indicado.
REPARTIDAS POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Las pymes que venden en la plataforma están situadas en las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas españolas. Cuatro de ellas cuentan con más de 1.000 pequeñas y medianas empresas vendiendo en Amazon.
Cataluña es la región que cuenta con más pymes vendiendo en este 'marketplace' con más de 3.000 empresas, seguida por la Comunidad de Madrid (más de 2.750) y Comunidad Valenciana y Andalucía, ambas con más de 2.000 pymes.
Mientras que las regiones que más exportaron el pasado año fueron Cataluña, con más de 200 millones de euros, seguida por la Comunidad de Madrid (más de 150 millones de euros), Comunidad Valenciana (cerca de 150 millones de euros) y Andalucía, con más de 100 millones de euros.
De esta forma, las 13.000 pymes españolas que venden en la plataforma se encuentran repartidas por toda España. De hecho, más del 60% de estas empresas tienen su sede en provincias de España que no son ni Madrid ni Barcelona.
El Rey Felipe VI ha instado a los empresarios, directivos y gestores a mejorar el gobierno corporativo de sus compañías para impactar positivamente en términos de inversión, crecimiento y estabilidad en los mercados que "en tiempo como los actuales, es relevante y, en todo caso, muy conveniente".
Así se ha expresado el Rey durante su discurso en la entrega de la VIII edición del Premio Jaime Fernández de Araoz de Finanzas Corporativas, que ha tenido lugar este lunes en el Auditorio del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), en Madrid.
El monarca ha comenzado agradeciendo a la familia Fernández de Araoz por su "visión, esfuerzo y generosidad" por reconocer a aquellos trabajos, investigaciones y experiencias en el campo de las finanzas corporativas.
De la misma forma, ha mencionado a CUNEF por su apoyo a los premios y su labor en la formación de los jóvenes "decisiva en el desarrollo de las personas, de nuestra sociedad y de nuestro país".
Asimismo, ha dado su enhorabuena a los premiados, dos profesores de la Universidad de Harvard: Lucian Bedchuk y Scott Hirst, que se ha ausentado en el evento. También ha mencionado a sus familias cuyo "apoyo habrá sido muy importante en la compleja y exigente labor de la investigación".
Felipe VI ha incidido en que en los últimos 50 años el mundo empresarial ha vivido grandes transformaciones debido a cambios "externos y obligaciones y necesidades internas". "Una de esas transformaciones está relacionada precisamente con el trabajo que se ha llevado a cabo en la mejora del gobierno corporativo de las empresas; cuya importancia trasciende este ámbito concreto", ha precisado.
Así, ha insistido en que un buen gobierno no solo tiene impactos positivos en términos de inversión y crecimiento, "sino que su incidencia es mucho mayor porque afecta a la seguridad, la confianza y la estabilidad en el funcionamiento de los mercados, algo que, en tiempos como los actuales, es relevante y, en todo caso, muy conveniente".
Según ha expresado Felipe VI, cada paso que se dé hacia ese objetivo "hará que las empresas sean compañías más competitivas y facilitará que encuentren mayor apoyo y respaldo para financiar sus proyectos", así como, ha continuado-- "mayores niveles de reconocimento y consideración social".
Para finalizar, el Rey ha animado a los jóvenes universitarios a continuar esforzándose y preparándose para ampliar y potenciar sus posibilidades y capacidades personales "de cara a labrarse un buen futuro para ayudar a construir uno mejor aún, una sociedad más próspera, más potente económica y culturalmente y más equitativa".
Las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo alcanzaron el 57% de los niveles prepandemia en los siete primeros meses de 2022, según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT).
Según el último Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, las llegadas de turistas internacionales casi se triplicaron de enero a julio de 2022 (+172%) en comparación con el mismo periodo de 2021, lo que significa que el sector se situó casi al 60% de los niveles anteriores a la pandemia.
Esta recuperación constante es reflejo de la demanda reprimida de viajes internacionales, así como de la flexibilización o el levantamiento de las restricciones. El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha afirmado en un comunicado que el turismo sigue recuperándose de forma constante, "a pesar de los diversos retos de naturaleza tanto geopolítica como económica".
Se estima que durante el periodo examinado viajaron 474 millones de turistas internacionales, frente a los 175 millones de los mismos meses de 2021. Entre los meses de junio y julio de 2022 se registraron 207 millones de llegadas internacionales, más del doble de las registradas en los mismos dos meses del año pasado.
Estos meses representan el 44% del total de llegadas registradas en los siete primeros meses de 2022. De estas llegadas, Europa recibió 309, lo que representa el 65% del total.
El producto interior bruto (PIB) de España registrará un crecimiento del 1,5% en 2023, lo que supone el mayor alza entre las cuatro grandes economías que conforman la zona euro, según las previsiones que ha publicado este lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, España no solo liderará a las principales economías de la zona euro, sino que su recorte de previsiones ha sido el menor entre sus pares, con ajuste de siete décimas.
De esta forma, la OCDE ha revisado en 2,4 puntos a la baja el crecimiento de Alemania, que entrará en una recesión del 0,7% el año que viene. De su lado, Francia crecerá un 0,6%, ocho décimas menos; e Italia avanzará un 0,4%, también ocho décimas menos.
"La economía global ha perdido ímpetu ante la guerra ilegal, injustificable y sin provocación contra Ucrania. El crecimiento del PIB se ha estancando en muchos países y los indicadores económicos apuntan a una ralentización extensa", ha subrayado el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.
Con respecto a las estimaciones para 2022, España es el país que más crecerá entre las otras tres grandes economías del euro, con un 4,4 (tres décimas menos que las previsiones anteriores). El PIB de Alemania se expandirá un 1,2%, siete décimas menos, mientras que el Francia crecerá un 2,6, dos décimas más, y el de Italia se elevará un 3,4%, nueve décimas más.
El conjunto de los Diecinueve países que conforman el área del euro registrarán un crecimiento conjunto del 3,1% en 2022, lo que supone un ajuste al alza de cinco décimas respecto a las previsiones de hace tres meses. De cara a 2023, los datos se han revisado en 1,3 puntos a la baja, hasta el 0,3%.
Por otro lado, el conjunto del mundo crecerá un 3% este año, sin cambios respecto a las estimaciones de junio, pero un 2,2% el año que viene, seis décimas menos.
Las pymes españolas tienen previsto aumentar sus plantillas en la etapa de recuperación posterior a la pandemia y un 45 por ciento creen que contratarán a más personal, con un aumento medio de la plantilla del 12%, según el informe 'Small business, great opportunities', realizado por Sage, en el que se detalla que estas previsiones apuntan a la posible creación de 235.000 nuevos puestos de trabajo en 2023.
Pese a la complicada coyuntura económica y la incertidumbre, marcada por las secuelas de la pandemia y las consecuencias del conflicto militar en Ucrania, a la hora de ser preguntados por sus propias empresas las pymes se muestran más optimistas. De hecho, un 73% de las pequeñas y medianas empresas españolas cree que su negocio tendrá éxito y casi la mitad de los encuestados atribuyen ese mayor optimismo a la satisfacción con sus trabajadores.
Según el Informe Anual 2021 del Banco de España, la senda de recuperación se retomó en el segundo trimestre de 2021, aunque con cierta heterogeneidad entre sectores. En este contexto, el porcentaje de pymes con una posición deficitaria de capital tras la crisis se ha reducido gracias a la dotación de fondos de los distintos programas creados para apoyar la solvencia empresarial.
EL CONTEXTO INTERNACIONAL
El informe también recuerda que a raíz de la guerra de Ucrania se han ido sucediendo una serie de acontecimientos económicos que se unen a los últimos coletazos de la pandemia: crisis energética, inflación, encarecimiento y escasez de materias primas, frenazo de la economía china por la política de cero covid, subida de tipos y normalización de la política monetaria, endurecimiento de las condiciones financieras, paridad del euro con el dólar y planes para el racionamiento del gas en Europa ante un posible corte de suministro de Rusia.
En cualquier caso, a pesar de todo ello, las pymes españolas creen que podrán crear 235.000 puestos de trabajo en 2023 y la confianza de los responsables de estas empresas en su plantilla alcanza el 70%, según datos extraídos de la encuesta realizada por Sage, compañía especializada en soluciones de gestión empresarial y contabilidad en la nube.
LOS DESAFÍOS DE LAS PYMES ESPAÑOLAS
Por otro lado, el informe se centra en los desafíos que afrontan las pymes españolas porque, pese al optimismo, más de un tercio de las empresas encuestadas aún no ha recuperado los niveles de negocio previos a la pandemia y un 31% cita el aumento de costes y la inflación como "los principales retos" que deberá afrontar en los próximos meses.
Para hacer frente a estos desafíos, un 37% de las empresas españolas coincide al identificar el apoyo gubernamental como el recurso más importante para contribuir a su crecimiento. "La financiación, incluidos los préstamos bancarios y las subvenciones (26%), y un mayor apoyo administrativo (24%), también son factores clave para el éxito", concluye el documento.
Una delegación de la Sectorial Nacional del Ajo de Asaja, presidida por el cordobés Miguel del Pino, y también de la Mesa Nacional del Ajo, de la que Del Pino es vicepresidente, se reunirá en Bruselas (Bélgica), entre el martes y el miércoles de la próxima semana, con responsables de la Comisión Europea y también con varios eurodiputados, para plantearles en nombre del sector ajero español una demanda que, igualmente, comparten los ajeros de Francia, Italia y Portugal, la de que convenzan a las grandes superficies de que paguen los ajos a mayor precio a los productores.
A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Del Pino ha explicado que los ajeros españoles serán recibidos, en representación de la Comisión Europea, por responsables de "la Unidad 2, de Frutas y Hortalizas", mientras que, entre otros, también tienen "citas confirmadas" con varios europarlamentarios, como Clara Aguilera (PSOE) y Juan Ignacio Zoido (PP).
La cuestión es que el sector ajero español y europeo afrontan "los mismos problemas" y han forjado en su última reunión semestral, celebrada este mismo año en Lisboa (Portugal), una estrategia común, que pasa por lograr solución a un hecho objetivo, el de que sus costes de producción "no se ven reflejados en el precio" que perciben los ajeros, y ello a pesar que de ahora sus gastos se han incrementado "entre un 20 y un 30 por ciento", por las subidas de la luz, el gasoil, los fertilizantes y plaguicidas.
La cuestión según ha señalado Del Pino, es que "el 90 por ciento de la producción" ajera española y europea "acaba en las grandes superficies, pero éstas no aumentan el precio" para los ajeros, de ahí que esperan que "la Comisión Europea pueda hacer algo y hable con las grandes superficies", para que éstas "nos aumenten el precio de compra", teniendo en que cuenta que, aunque repercutan luego ese incremento en el precio de venta al consumidor, "en realidad no se notará mucho en la cesta de la compra".
Ello se debe, según ha argumentado el presidente de la Sectorial Nacional del Ajo de Asaja, a que el ajo no es un producto de gran consumo, pues "en España, que es el país donde más se consume, apenas llega a dos kilos por persona al año", de ahí que sea asumible incrementar el precio de compra a los ajeros, sabiendo que ello permitirá "salvar a un sector que da muchísimo trabajo y fija población" al territorio en el ámbito rural.
Por eso, explicarán a la Comisión Europea y a los europarlamentarios, como ya se lo han hecho también, en la citada reunión del sector ajero europeo de Lisboa, "a los números dos de los ministerios de Agricultura" de Francia, Italia, Portugal y España, los cuales, "si quieren que en Europa siga funcionando el sector del ajo, nos tienen que ayudar".
Junto a ello, la delegación española de ajeros también pedirá a Bruselas que, por parte de la Unión Europea (UE), se aplique "una moratoria" a la prohibición de uso de determinados plaguicidas que venía empleando el sector, mientras no lleguen al mercado otros productos alternativos, pues, de lo contrario, "tendremos que dejar de sembrar ajos", ya que, por ejemplo, "hay un herbicida que nos han prohibido usar", y en ese caso "las malas hierbas las tendríamos que quitar a mano, y eso es imposible".
Del Pino es "optimista", en cuanto a la respuesta que obtendrán los ajeros de la Comisión Europea y de los europarlamentarios, pues ya cuentan con el compromiso previo de los ministerios de Agricultura de los cuatro países europeos productores, en cuanto a que también plantearán estas demandas del sector ajero a Bruselas, y espera el presidente de la Sectorial Nacional del Ajo de Asaja que se acepten sus peticiones, pues "tampoco estamos pidiendo dinero, sino ayuda para poder seguir creando riqueza y fijando la población" en el medio rural.
PRODUCCIÓN ESPAÑOLA
Según los datos de la Mesa Nacional del Ajo, que representa a productores, comercializadores y transformadores de ajos de las comunidades autónomas de Castilla La-Mancha, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Madrid, el cultivo del ajo en España suma en total en torno a 29.630 hectáreas, con una producción de 309.100 toneladas (datos de 2021).
La mayor parte de la producción española de ajos se exporta a otros países, tanto de la UE, como de fuera de ésta (entre el 55 y el 70 por ciento de la producción se comercializa fuera de España). Cada año, solo el corte y recolección del ajo en el campo genera casi 1.000.000 jornales en España.
La principal zona de producción de ajo en España es Castilla-La Mancha, que según datos de 2021 cuenta con unas 20.860 hectáreas cultivadas, seguida de Andalucía con 5.120 hectáreas, Castilla y León con 1.820, Madrid con 890 y Extremadura con aproximadamente 530 hectáreas.
La economía española aceleró su crecimiento trimestral entre abril y junio hasta el 1,5%, lo que supone 1,7 puntos por encima de la tasa registrada en el primer trimestre y cuatro décimas superior a la avanzada el pasado mes de julio, según los datos de Contabilidad Nacional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De su lado, el avance interanual del Producto Interior Bruto (PIB) se sitúa en el 6,8%, frente al 6,7% del trimestre precedente. Además, esta tasa es cinco décimas superior a la avanzada por Estadística el pasado 29 de julio.
La aceleración del crecimiento interanual del PIB se debe a la mayor aportación del sector exterior y, en menor medida, de la demanda nacional. En concreto, la demanda externa aportó 4,9 puntos al PIB interanual del segundo trimestre, cifra 2,1 puntos superior a la del trimestre anterior. De su lado, la demanda nacional aportó 1,9 puntos, lo que supone 1,9 puntos menos respecto al primer trimestre.
El INE explica que en el avance de datos del segundo trimestre publicado a finales de julio la mayoría de los indicadores sobre la evolución económica del trimestre ofrecían resultados hasta mayo. Los resultados publicados este viernes por Estadística ya incorporan todos los indicadores estadísticos que marcan la evolución económica del segundo trimestre, un periodo afectado por la guerra en Ucrania.
A finales de julio, los datos avanzados por el INE para el segundo trimestre apuntaban a un crecimiento trimestral del PIB del 1,1% y a una tasa interanual del 6,3%.
Tras las cifras actualizadas por el INE este viernes, que mejoran las estimaciones de cara al segundo trimestre, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha destacado que los datos ponen de manifiesto "la fortaleza de la economía española en un entorno marcado por el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania".
En este sentido, desde el Departamento que dirige Nadia Calviño han señalado que medidas adoptadas para proteger a empresas, familias y colectivos vulnerables de la subida de los precios de la energía y otras materias primas y el avance en el despliegue del Plan de Recuperación explican este buen comportamiento.
El sector servicios elevó su facturación un 18,3% en julio respecto al mismo mes de 2021, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de Castilla-La Mancha, pese a registrar un incremento del 5,9%, es la región donde menos ha crecido la facturación.
En el caso del empleo, Castilla-La Mancha presenta un incremento anual del 3,3, cerca del incremento del 4% nacional. No obstante, en comparación con el mes anterior, la región se deja una décima.
A nivel nacional, el sector servicios elevó su facturación un 18,3% en julio respecto al mismo mes de 2021, moderando en 5,2 puntos el ascenso registrado el mes anterior.
Con el avance de julio, los servicios encadenan 17 meses consecutivos de subidas interanuales después de un año de caídas como consecuencia de la pandemia, según Estadística.
Dentro de los servicios, las actividades administrativas y servicios auxiliares fue el sector que más incrementó sus ventas en julio, un 40,6% en relación al mismo mes de 2021.
Por detrás se situaron la hostelería (+39,7%) y el transporte y almacenamiento (+24,2%).
En términos mensuales y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, el sector servicios registró en julio un retroceso mensual de sus ventas del 2%.
La cifra de negocios de la industria ha ascendido en Castilla-La Mancha un 20,2 por ciento en julio respecto al mismo mes de 2021, y en lo que va de año ha registrado una subida del 27,4%, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En términos nacionales, ha subido un 19,9% en julio respecto al mismo mes de 2021, debido, principalmente, al impulso de las ventas procedentes del sector energético.
Con el avance interanual de julio, 11,7 puntos inferior al registrado en junio, la facturación de la industria suma 17 meses consecutivos de ascensos tras haber encadenado anteriormente un año de tasas interanuales negativas por la crisis del Covid.
En términos mensuales (julio sobre junio) y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, la industria redujo sus ventas un 4,2%, tasa 6,4 puntos menos que en junio, lo que supone una nueva caída tras sumar tres meses de crecimiento mensual consecutivo.
La cifra de negocios de la industria subió un 19,9% en julio respecto al mismo mes de 2021, debido, principalmente, al impulso de las ventas procedentes del sector energético, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el avance interanual de julio, 11,7 puntos inferior al registrado en junio, la facturación de la industria suma 17 meses consecutivos de ascensos tras haber encadenado anteriormente un año de tasas interanuales negativas por la crisis del Covid.
En términos mensuales (julio sobre junio) y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, la industria redujo sus ventas un 4,2%, tasa 6,4 puntos menos que en junio, lo que supone una nueva caída tras sumar tres meses de crecimiento mensual consecutivo.
El temporal Filomena puso en jaque a España en enero del año pasado, cuando el país y el resto del mundo sufrían por la pandemia de Covid-19 y una gran parte de los ciudadanos se encontraba encerrada en sus viviendas. Pero muchas administraciones públicas, organizaciones, empresas y personas hicieron todo lo que estuvo en sus manos para mitigar los problemas. Entre ellas, Venancio Rubio, delegado de Iberdrola en Castilla-La Mancha, que ha recibido la medalla al Mérito de la Protección Civil por parte del Ministerio del Interior.
El papel de la compañía que preside Ignacio Galán durante el temporal fue crucial. La empresa de distribución eléctrica del grupo, i-DE, en Castilla-La Mancha, realizó numerosas actuaciones como consecuencia del temporal de nieve que sufrió España entre el 7 y el 12 de enero del año pasado. Como reconocimiento, Carlos Ángel Devia, el subdelegado del Gobierno en Toledo, que depende del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, le ha entregado la medalla al Mérito de la Protección Civil a Venancio Rubio.
También han sido distinguidos el jefe coordinador de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) La Iglesuela, con base en La Iglesuela del Tiétar (Toledo), Eduardo Yebra, y el jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Talavera de la Reina, Mariano Perea.
La subdelegación del Gobierno ha destacado que el delegado de Iberdrola en Castilla-La Mancha ha recibido el reconocimiento por su "implicación y eficiencia en la solución de las averías y problemas de suministro de luz eléctrica creados durante el temporal Filomena". Rubio fue quien efectuó gestiones cruciales en la crisis, como pedir permiso para que volaran los drones con el objetivo de que monitorizaran la situación o para que pudieran ir los oficiales de dos en dos en los coches durante la crisis, entre otras cuestiones.
La respuesta de la red y de los recursos humanos de Iberdrola estuvo a la altura de las circunstancias en ese momento en que se pusieron a prueba las instalaciones. i-DE consiguió que más del 70% de los clientes afectados recuperaran el suministro en menos de media hora.
En concreto, en Castilla-La Mancha se tomaron diferentes medidas de forma preventiva: se doblaron retenes y turnos, y se hizo acopió de grupos electrógenos en previsión de posibles averías. Y, tras la nevada, se realizaron esfuerzos adicionales. Por ejemplo, para apoyar las zonas más afectadas se desplazó personal a la provincia de Toledo desde Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valencia y la Región Murcia.
Durante todo el periodo de la alerta en la comunidad autónoma, Iberdrola mantuvo además comunicación directa con el centro de emergencias 112 para mantener la información lo más actualizada posible. Así, dio cuenta en todo momento del número de clientes y municipios afectados por las averías, y también coordinó la gestión de máquinas quitanieves y otros medios extraordinarios necesarios para acceder a las incidencias.
El compromiso de Iberdrola con la región es claro. Solo i-DE invertirá 229 millones de euros en Castilla-La Mancha entre 2022 y 2024 con el objetivo de reactivar la economía y el empleo y alcanzar los objetivos de descarbonización comprometidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Esta cifra supone un incremento del 29% respecto a las inversiones previstas en principio, con lo que la compañía acelera su plan de redes inteligentes en la región.
En los últimos años, i-DE ha llevado a cabo en la Castilla-La Mancha un ambicioso plan de digitalización de sus redes eléctricas con la conversión de más de 725.000 contadores y la infraestructura que lo soporta en inteligentes, incorporando capacidades de telegestión, supervisión y automatización.
Gracias a las inversiones que ha realizado i-DE en España en nuevas infraestructuras eléctricas, el mantenimiento y la renovación de las ya existentes, así como a su ambicioso plan de digitalización de sus redes eléctricas, la compañía ha sido capaz de mantener un nivel de calidad superior a la media. En los últimos años, i-DE ha ejecutado un plan de digitalización de sus redes, transformando en inteligentes en torno a 11 millones de contadores y su infraestructura.
Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo y compromiso de los más de 3.200 profesionales de i-DE, de los que en torno a un 30% trabaja directamente en campo, además del soporte ofrecido por las más de 4.000 personas a las que la compañía da empleo de forma indirecta en el territorio nacional.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado este miércoles que la Inspección de Trabajo ha impuesto una multa a Glovo de casi 79 millones de euros por incumplir la llamada 'Ley Rider'.
Díaz, en declaraciones a la prensa a su llegada a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, ha afirmado además que se ha procedido a regularizar la situación de 10.600 trabajadores de esta empresa.
La vicepresidenta segunda ha acusado a Glovo de "vulnerar" los derechos laborales de sus trabajadores y de "obstruir" la labor de la Inspección de Trabajo, algo que ha calificado de "gravísimo" en un Estado social y democrático de Derecho, en el que las empresas "tienen que cumplir la ley".
"Estamos ante una auténtica actuación de falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección", ha advertido la vicepresidenta.
La Seguridad Social perdió una media de 14.001 afiliados extranjeros en agosto (-0,57%), con lo que el octavo mes del año se cerró con 2.437.491 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Este descenso mensual de los ocupados extranjeros registrado en agosto es el segundo consecutivo tras la caída de 11.400 cotizantes experimentada en julio.
Del total de extranjeros afiliados, 834.461 procedían de países de la UE (34,2%) y 1.603.030, de terceros países (65,8%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Rumanía (330.155), Marruecos (277.937), Italia (163.819), Colombia (123.850) y Venezuela (119.235).
Además, el sistema cuenta con 60.469 afiliados procedentes de Ucrania, 12.891 más que en febrero, antes del inicio de la guerra emprendida por Rusia.
En el último año, la afiliación de extranjeros se ha incrementado en 217.394 personas, lo que supone un 9,8% más. Del total de cotizantes foráneos, el 55,8% son varones (1.358.729) y el 44,2%, mujeres (1.078.762).
En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social subió en agosto en 41.440 ocupados respecto al mes anterior, hasta un total de 2.419.877 cotizantes, 230.000 más que antes de la llegada de la pandemia, en febrero de 2020. En los ocho primeros meses del año, el sistema ha sumado un total de 113.000 ocupados foráneos.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado este martes que el sistema cerrará el mes de septiembre con unos 40.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en términos promedios, el doble de los incrementos que se venían registrando en los meses de septiembre antes de la pandemia del Covid (unos 17.000 más de media entre 2017-2019).
De hecho, exceptuando septiembre de 2021 y de 2020, cuando se ganaron 57.000 y 84.000 afiliados medios, respectivamente, el crecimiento estimado para este año (unos 40.000) está muy por encima de los registrados en todos los septiembres del periodo 2015-2019.
Pese a ello, Escrivá prefiere fijarse más en los datos desestacionalizados, que apuntan a que la afiliación aumentará este mes en unos 60.000 cotizantes, también por encima de los 43.000 de media del periodo 2017-2019.
Para el ministro, estos datos constatan que el mercado laboral "resiste de forma sorprendente" el actual contexto de incertidumbre. "Tener 60.000 afiliados más sería bueno en cualquier contexto, pero en el actual más", ha remarcado el ministro, que ha añadido que desde que la afiliación superó el nivel prepandemia en agosto de 2021, la economía española ha generado 750.000 empleos, de los que 400.000 se han creado este año.
En rueda de prensa para presentar el avance de afiliación de septiembre, Escrivá ha resaltado que la recuperación del empleo está llegando a casi todos los sectores económicos, siendo más intensa en las actividades de mayor valor añadido.
La variación de la afiliación es "especialmente favorable" respecto a los niveles preCovid en los sectores de informática y telecomunicaciones (+17,4%), actividades sanitarias (+9,6%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (+9,2%).
"No vemos ninguna afectación significativa sobre la creación de empleo a pesar de lo que está lloviendo. Me producen bastante perplejidad las reflexiones sobre que esto va a ir mal. Nuestras energías analíticas deberían ir dirigidas a analizar la resiliencia de la economía española en el complejo contexto internacional", ha afirmado.
Preguntado por si uno de los motivos que está propiciando el mantenimiento de la creación de empleo es que las empresas están trasladando el recorte de sus márgenes a los precios de venta, Escrivá considera que "tiende a pensar" que la razón fundamental de que las empresas no hayan modificado sus decisiones de contratación e inversión a medio plazo es porque consideran que las perturbaciones actuales son "de naturaleza pasajera".
CONTRATOS DE MEJOR CALIDAD Y DE MAYOR DURACIÓN
El ministro ha subrayado que no sólo se está creando empleo, sino que además éste es de mayor calidad gracias a la reforma laboral. Así, el 83% de los afiliados cuenta actualmente con un contrato indefinido, 14 puntos por encima de los años prepandemia.
Entre los menores de 30 años, ha resaltado Escrivá, este aumento alcanza los 32 puntos, pues del 37% de la media de septiembre del periodo 2017-2019 se ha pasado al 69% en septiembre de 2022.
En total, ha precisado el ministro, hay 1,7 millones de afiliados más con contratos indefinidos que en los años prepandemia, incluyendo tanto a quienes tienen contratos indefinidos clásicos como a los fijos-discontinuos. "La transformación de contratos temporales a fijos es mayoritariamente hacia indefinidos (clásicos) y una parte se transforma en fijos-discontinuos", ha apuntado el ministro.
Esta mejora de la calidad del empleo ha derivado también en un aumento de la duración media de los contratos: en lo que va de año se han firmado más de 600.000 contratos de más de 30 días que en el mismo periodo de 2019.
A su vez, el ministro ha destacado que el aumento en la cantidad y la calidad del empleo está produciendo un crecimiento "sostenido" de los ingresos por cotizaciones sociales, que en agosto mostraron un incremento anual acumulado del 9%, frente al 8,6% de julio y al 8% de junio.
El aumento de ingresos por cotizaciones supera en 2,6 puntos al incremento del gasto en pensiones, lo que, según el ministro, refuerza la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.
i-DE, empresa de distribución eléctrica del grupo Iberdrola, va a acelerar sus inversiones en Castilla-La Mancha donde generará 2.300 empleos hasta 2024, invertirá 229 millones de euros entre 2022 y 2024 con el objetivo de reactivar la economía y el empleo y alcanzar los objetivos de descarbonización comprometidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), una cifra que supone un incremento del 29%, con lo que la compañía acelera en su plan de inversiones en redes inteligentes en la región.
Mediante su mayor contrato en el negocio de redes en la Comunidad autónoma, I-DE ha adjudicado a Eiffage, FCC, Elecnor y Tecinsa los trabajos de mantenimiento y construcción de sus instalaciones de la distribuidora de Iberdrola en Castilla La-Mancha, por un importe total de 145 millones de euros.
Los trabajos, que se desarrollarán durante los próximos cinco años, supondrán la generación de una media anual de 270 empleos en la región: Eiffage en Albacete y Guadalajara, FCC en Toledo y Cuenca, Elecnor y Tecinsa, en instalaciones de Alta Tensión de toda la Comunidad.
Esta adjudicación confirma "la apuesta de Iberdrola por la industria y el empleo local especializado y refuerza una colaboración en los últimos años con estas compañías", ha informado la empresa en nota de prensa.
i-DE gestiona en Castilla-La Mancha es una red que atiende más de 736.000 puntos de suministro, con un despliegue de más de 26.000 kilómetros de líneas de baja y media tensión y más de 2.500 km de líneas de alta y muy alta tensión.
Asimismo, cuenta con 9.513 centros de transformación en servicio y 78 subestaciones primarias y secundarias.
La compañía mantiene en la región "un nivel de calidad de servicio por encima de la media nacional" con un Tiempo de Interrupción Equivalente a la Potencia Instalada (TIEPI) de 52,2 minutos al año.
En los últimos años, la compañía ha llevado a cabo en la Castilla-La Mancha un plan de digitalización de sus redes eléctricas con la conversión de más de 725.000 contadores y la infraestructura que lo soporta en inteligentes, incorporando capacidades de telegestión, supervisión y automatización.
Las inversiones en redes de distribución sustentan una cadena de valor industrial con un 90% de suministradores locales, muchos de ellos PYMEs (fabricantes bienes de equipo, ingenierías, 16 de septiembre de 2022 2 empresas de montaje, obra civil, logística, proveedores materias primas, aislantes, soldadura), distribuidos de forma capilar por el territorio.
La actividad productiva de las ramas manufactureras aumentó en España entre enero y julio de 2022 un 2,9% en comparación con el mismo período de 2021, cifra que contrasta con los incrementos más modestos registrados en Francia y en Italia (del 1,3% y del 1,2%, respectivamente) y con la caída del 1,2% observada en Alemania, según se desprende del estudio sobre 'La evolución reciente del sector manufacturero en España', publicado este viernes por el Banco de España.
No obstante, esta positiva evolución en España oculta una elevada heterogeneidad entre las diferentes ramas manufactureras. En particular, la producción de algunos sectores, como el de metalurgia y el de fabricación de vehículos, retrocedió en los siete primeros meses de este año, mientras que la producción de algunas industrias de bienes de consumo, como la fabricación de ropa, cuero y calzado, presentó aumentos significativos.
Tres factores podrían explicar esa heterogeneidad, según revela el Banco de España. En primer lugar, cabe destacar que el reciente repunte de los precios energéticos haya incidido con mayor intensidad sobre la producción de aquellos sectores que presentan una mayor dependencia energética en sus procesos productivos.
En este caso, la industria metalúrgica es la que presenta una mayor dependencia energética, con 0,33 euros de gasto en energía por cada euro producido.
En segundo lugar, otro de los factores que explican la heterogeneidad dentro de este sector es que en los últimos meses se ha acelerado el levantamiento de las medidas de contención asociadas a la pandemia, lo que habría conllevado una recuperación de la demanda en actividades con un elevado componente de interacción social y un impulso para la producción de las ramas manufactureras más vinculadas con dichas actividades, como la fabricación de ropa y de calzado.
En tercer lugar, otro factor que podría explicar la heterogeneidad entre las ramas manufactureras en cuanto a la evolución de su producción industrial en los últimos meses son los denominados 'cuellos de botella' en las cadenas globales de suministros.
DIFERENCIAS CON LA UE POR EL MAYOR PESO DEL TEXTIL
De acuerdo con el estudio, el hecho de que, en términos agregados, la industria española haya mostrado una mejor evolución relativa reciente en comparación con la de algunos de los principales países europeos vendría explicado, en gran medida, por la particular estructura productiva de las manufacturas en España.
En este sentido, el peso en la industria española de las ramas de fabricación textil, ropa, y calzado y cuero --que han evolucionado de forma más favorable recientemente, al albur de la reactivación de las actividades sociales-- se sitúa en el 6,8%, mientras que en Alemania, por ejemplo, este porcentaje se reduce hasta el 1,1%.
En cambio, el peso en España de las ramas de metalurgia, vehículos de motor y química --que se habrían visto más negativamente afectadas en los últimos trimestres por su elevada dependencia energética y por los cuellos de botella-- se sitúa en el 21% del conjunto de la actividad manufacturera, muy por debajo del 30,7% que supone en Alemania.
Como ejemplo, el Banco de España indica que si el peso de las distintas ramas manufactureras en la industria española replicara el que se observa en Alemania, su crecimiento entre enero y julio de 2022 respecto al mismo período el año anterior no sería de un 2,9%, sino de un 1,9%.
El superávit del sector servicios se disparó un 42,1% en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2021, hasta situarse en 7.568,9 millones de euros, tras elevar sus exportaciones más de un 30%, según la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En concreto, las exportaciones se incrementaron un 31,3% interanual en el segundo trimestre, hasta los 23.729,9 millones de euros, mientras que las importaciones crecieron un 26,7% interanual, hasta alcanzar los 16.161 millones.
Los servicios que más contribuyeron al repunte de las exportaciones en el segundo trimestre fueron transporte (+43,7%); telecomunicaciones, informática e información (+37,5%) y servicios empresariales (+23,7%).
Los costes laborales de la zona euro registraron un incremento del 4% en el segundo trimestre de 2022, lo que supone una ralentización de dos décimas respecto al primer trimestre del año, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) el incremento fue del 4,4%, una décima menos, según ha informado este jueves Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.
Entre abril y junio, los costes salariales por hora se elevaron un 4,1% en la eurozona, cuatro décimas más, mientras que los componentes ajenos al salario ralentizaron su crecimiento en 1,7 puntos, hasta el 3,8%.
Entre los Veintisiete se registró un alza del 4,5% de los costes de sueldo, cuatro décimas más, mientras que el resto de costes laborales avanzaron un 4,1%, 1,5 puntos menos.
Los mayores incrementos de costes laborales se dieron en Hungría (+14,9%) y Bulgaria (+14,6%), mientras que otros cuatro países registraron subidas por encima de los dos dígitos: Lituania (+12,4%), Rumanía (+11,7%), Polonia (+11,1%) y Estonia (+10,1%). El menor incremento se dio en Grecia (+0,8%).
En el caso de España, los costes laborales se elevaron un 2,1% entre abril y junio, tres décimas menos que el incremento del primer trimestre del año. Los componentes salariales ralentizaron su subida tres décimas, hasta el 2,6%, mientras que el resto de costes laborales avanzaron un 0,7%, medio punto menos.
Un total de 475 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los siete primeros meses de este año, 69 más que en igual periodo de 2021, lo que en términos relativos implica un aumento del 17%, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La mayor parte de los accidentes mortales se producen por infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y amputaciones, caídas y colisiones contra objetos en movimiento.
Entre enero y julio los accidentes con baja laboral aumentaron un 14,4% en relación al mismo periodo de 2021, hasta un total de 362.993 siniestros, de los que 319.502 se produjeron en el centro de trabajo (un 15,8% más) y 43.491 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un avance interanual del 5,2%.
De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo se incrementaron un 17,3%, al registrarse 386 fallecidos, 57 más que en los siete primeros meses de 2021, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte subieron un 15,6%, al pasar de 77 fallecidos entre enero y julio de 2021 a 89 en el mismo periodo de 2022.
Los accidentes graves en jornada de trabajo sumaron 2.284, un 5% más que en los siete primeros meses del año pasado, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave aumentaron un 7,6%, con un total de 507 accidentes.
La estadística de Trabajo revela además que de los 475 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta julio, 431 eran asalariados (+16,8%) y 44, trabajadores autónomos (+18,9%).
En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta julio 19.870 accidentes laborales con baja, un 3,1% más que en el mismo periodo de 2021, con un aumento del 3,2% en los siniestros en jornada de trabajo y del 1,8% en los 'in itínere'.
Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, hasta julio se notificaron 319.362 accidentes sin baja laboral, un 0,5% más que en igual periodo de 2021.
CCOO AVISA: HABRÁ MÁS DE 800 FALLECIDOS ESTE AÑO SI SIGUE LA TENDENCIA
A la luz de estos datos, CCOO ha denunciado en un comunicado que "uno de los peores indicadores sociolaborales actuales es el crecimiento sin control de los accidentes de trabajo".
"Llevamos todo 2022 avisando de que, de no corregir el rumbo, nos iremos por encima de las 800 muertes al acabar el año, y los datos de julio no sólo no revierten esta tendencia sino que desgraciadamente la consolidan y refuerzan. Estamos hablando de un volumen de muertes absolutamente inasumible", ha señalado Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO.
El responsable sindical ha instado al Gobierno a tomarse "en serio" la siniestralidad laboral y abra una negociación para modificar normas que se cambiaron al calor de la anterior crisis, "que han desequilibrado y deteriorado la prevención de riesgos en el afán de eliminar impedimentos, gestiones administrativas a las empresas e impulsar un mercado de la prevención", ha denunciado Sanz.
"Es evidente que estos datos reflejan el deterioro de la prevención de riesgos laborales en las empresas y del sistema preventivo español en su conjunto. No podemos obviar que se trata de una responsabilidad directa de las empresas, pero también las administraciones deben impulsar políticas públicas activas en materia de salud laboral para revertir esta situación y volver a la senda de reducción de los accidentes de trabajo", ha remarcado.
CCOO quiere que el Ministerio de Trabajo abra "de inmediato" una mesa específica de diálogo social sobre esta materia y no demore más la aprobación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027 negociada con los agentes sociales y las comunidades autónomas.
Además, ha emplazado al Ejecutivo a mejorar los sistemas de vigilancia e inspección de las empresas, dotando de más recursos humanos y técnicos a la Inspección de Trabajo.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) ha advertido de que aumentar la carga fiscal sobre las empresas, incluso con nuevos impuestos, lejos de resolver los problemas del contexto actual "va a agravarlos".
Para la patronal del metal, sería deseable que los ingresos tributarios, "estos sí extraordinarios", se dedicasen a favorecer la actividad productiva que, al fin y a la postre, es realmente ayudar a los ciudadanos y sostener la marcha de la economía y el empleo.
"Lo contrario será abocar a la economía española a una espiral crítica de reducción de la competitividad de las empresas, estrechamiento de sus márgenes, caídas de los niveles de inversión y consumo y retroceso de la actividad y el empleo en el medio plazo", ha alertado.
En su último Boletín Coyuntura Económica y Laboral, Confemetal ha instado a actuar "decididamente, sin complejos ni tacticismos
electorales" sobre los factores que están presionando al alza sobre la inflación para compensar sus efectos en los sectores en los que más se hacen notar como la industria.
"Se trata de buscar soluciones a la escalada de los precios energéticos que están ralentizando, cuando no paralizando plantas en los segmentos de actividad con mayor consumo energético, con graves consecuencias en las cadenas de suministro de materias primas y componentes a la propia industria, el comercio y los servicios", ha apuntado.
Por ello, ha abogado por aprovechar el mayor margen fiscal para reducir la presión impositiva a los contribuyentes como "factor antiinflacionista", lo que también beneficiaría especialmente a las rentas más bajas.
"Las empresas también se verían beneficiadas por una reducción de esa presión y por la de las cotizaciones sociales que actúan como un impuesto a la creación de empleo. Pero quizás, en un contexto de crisis como este en el que nos hallamos, sea más importante que nunca proclamar que las empresas no son el problema y que, muy al contrario, son parte
fundamental de la solución", ha defendido Confemetal.
Para la patronal, generar un entorno favorable al desarrollo de su actividad solo tendría efectos positivos en términos de productividad, competitividad, inversión, empleo, generación de riqueza y bienestar.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió tres décimas en agosto en relación al mes anterior, pero moderó su tasa interanual tres décimas, hasta el 10,5%, manteniéndose en niveles nunca vistos desde hace más de 30 años, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El organismo ha elevado así el dato que avanzó a finales del mes pasado, cuando estimó un IPC del 10,4%. También ha elevado dos décimas el aumento mensual adelantado, desde el 0,1% al 0,3%.
El dato de agosto es tres décimas inferior al pico de inflación alcanzado el pasado mes de julio, cuando el IPC se situó en el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984.
Con la moderación de tres décimas registrada por el IPC interanual en agosto, la inflación acaba con una racha de tres meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual: en mayo escaló hasta el 8,7%; en junio superó los temidos dos dígitos (10,2%) y en julio se disparó hasta el 10,8%. Agosto es, por tanto, el tercer mes consecutivo en el que la inflación supera las dos cifras.
Según el INE, la moderación del IPC interanual hasta el 10,5% se debe, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes. De hecho, el grupo de transporte moderó más de 4,5 puntos su tasa interanual, hasta el 11,5%, debido al abaratamiento de las gasolinas y lubricantes.
Por contra, en agosto subieron los precios de la electricidad y de los alimentos. Estos últimos registraron en agosto una subida interanual del 13,8%, tasa tres décimas superior a la de julio y la más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1994. Destaca, especialmente, el encarecimiento de la carne, el pan y los cereales y la leche, el queso y los huevos.
En el grupo de vivienda, la tasa interanual aumentó casi dos puntos en agosto respecto al mes anterior, hasta el 24,8%, por la subida de los precios de la electricidad, mayor que la registrada un año antes.
Sin tener en cuenta la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y las variaciones sobre otros impuestos, el IPC interanual alcanzó en agosto el 11,2%, siete décimas por encima de la tasa general del 10,2%. Así lo refleja el IPC a impuestos constantes que el INE también publica en el marco de esta estadística.
En el último año, la calefacción, el alumbrado y la distribución de agua se han encarecido un 47,2%; los aceites y grasas han elevado sus precios un 24%; los huevos son un 22,4% más caros; la leche cuesta un 25,6% más, y los cereales, un 21,7% más.
En términos mensuales (agosto sobre julio), el IPC registró un repunte de tres décimas (dos por encima de lo esperado), frente al retroceso de tres décimas experimentado en julio y el avance del 0,5% de un año antes.
LA SUBYACENTE SUBE HASTA EL 6,4%, NUEVO RÉCORD
La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó en agosto tres décimas, hasta el 6,4%, su valor más alto desde enero de 1993. De este modo, la subyacente se sitúa más de 4 puntos por debajo de la tasa del IPC general.
En el octavo mes de 2022, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 10,5%, dos décimas inferior a la registrada en el mes anterior. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA registra un incremento de tres décimas.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha apuntado a que el inminente otoño seguirá presentando un comportamiento positivo en el sector turístico, y después de recuperar niveles prepandemia en algunos casos, ahora la previsión a tenor de las reservas ya consolidadas de viajeros internacionales hacen augurar que en algunos destinos se logre una ocupación cercana al 95%.
Durante un foro turístico organizado por El Español - El Digital de Castilla-La Mancha en el parque temático que Puy du Fou tiene en Toledo, Maroto ha defendido que ante los "nubarrones" de las previsiones económicas hay que "generar confianza" y poner propuestas encima de la mesa, "desplegando una red de seguridad necesaria" en momentos de incertidumbre para que las familias "puedan seguir viajando", como a su juicio ha ocurrido este verano.
Según ha dicho, hay sectores que necesitarán "el acompañamiento de las administraciones" ante los problemas que han tenido que enfrentar, desde pandemia hasta incendios pasando por la guerra o la ola de calor.
Para ello, es necesaria "una red de seguridad" para acompañar a los más vulnerables, algo que a su juicio "ya está haciendo el Gobierno".
La temporada de verano "ha sido extraordinaria" pese a que fue en febrero cuando la guerra empezó a afectar a la economía, pero "a pesar de ello ha habido confianza en España" con más de 9 millones de turistas internacionales solo en el mes de julio, más de 200.000 yendo a parar a Castilla-La Mancha.
Con todo, se están recuperando niveles prepandemia, también en gasto turístico, que es el guarismo que ha de servir de referencia según la ministra.
"No se trata solo de contar turistas, sino también de la rentabilidad que trae cada turista", ha señalado Maroto. La política turística "ha de estar marcada por la calidad" y ahora toca "invertir en experiencias" más que en producto.
El turismo ahora tiene que "modernizarse" y ahondar en su proceso de digitalización, poniendo además la sostenibilidad turística "en el centro" y colocar algunas estrategias alineadas "con el cambio climático".
CRISIS ENERGÉTICA
En otro orden de cosas y en el contexto de crisis energética, para Maroto, las medidas que ha de presentar la Comisión Europea esta semana pasan por "avanzar en la línea de seguir con planes de ahorro, de contingencia e incorporar la eficiencia energética" para lograr la "independencia energética" del gasto ruso. "Ese es el desafío".
También se ha pronunciado ante los impuestos a los beneficios extraordinarios de energéticas o bancos, asegurando que "hay que distribuir los costes de la guerra", y estos sectores "tienen que contribuir".
Sobre el reparto de fondos europeos, ha señalado que en el caso de su cartera, de los 7.000 millones de euros que han tenido que distribuir de los fondos de recuperación, ya se han autorizado más de 4.800, cerca del 70%.
"Este dinero está llegando a las empresas y también a las administraciones", ha defendido la titular de Industria, quien ha aseverado además que los planes de sostenibilidad turística también están llegando a los ayuntamientos y las primeras inversiones podrán verse en el corto plazo.
Maroto ha defendido todas las medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar las últimas crisis, desde la sanitaria hasta la energética, y ha citado los ERTEs, la reforma laboral o los créditos ICO o la política de repartos de fondos europeos.
También ha querido defender las medidas para paliar la crisis energética, desde la bajada del IVA de la luz y el gas hasta la consecución de la excepción ibérica.
El número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 14,4% en julio respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar un total de 7.180 empresas, su cifra más baja desde septiembre del año pasado, cuando se crearon algo más de 6.600 sociedades, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con la caída de julio, la creación de empresas encadena cuatro meses consecutivos de retrocesos interanuales después de que en abril disminuyera un 8,2%, un 4,6% en mayo y un 6,8% en junio.
Para la constitución de las 7.180 empresas creadas en julio se suscribieron más de 318 millones de euros, lo que supone un 37,2% menos que en igual mes de 2021, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.340 euros, cayó un 26,7% interanual.
Al tiempo que disminuyó la creación de sociedades, en julio aumentó la disolución de empresas, un 8% respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 1.624.
En los siete primeros meses del año se han constituido un 3,3% menos de empresas que igual periodo de 2021 y han desaparecido un 7,7% más de sociedades.
De las 1.624 empresas que cerraron sus puertas en julio, el 74,3% lo hicieron voluntariamente, el 13,7% por fusión con otras sociedades y el 12% restante por otras causas.
El 20,6% de las sociedades mercantiles que se crearon en el séptimo mes del año se dedicaba al comercio y el 17,8% a actividades inmobiliarias, financieras y seguros. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, los mayores porcentajes se dan en comercio (18,6%) y en inmobiliarias, financieras y seguros (16,7%).
Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 5,3% en julio, hasta las 2.070 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.582 millones de euros, cifra un 63,9% inferior a la de julio de 2021, mientras que el capital medio fue de 764.261 euros, un 61,9% menos.
Las comunidades que crearon un mayor número de empresas en julio fueron Madrid (1.665 sociedades), Cataluña (1.391) y Andalucía, donde se crearon 1.200 empresas. Las regiones que menos sociedades constituyeron en el séptimo mes del año fueron La Rioja (22), Navarra (32) y Cantabria (49).
Todas las regiones crearon en julio menos empresas que en igual mes de 2021. Los mayores descensos anuales se dieron en La Rioja (-46,3%), Asturias (-28,8%), Castilla y León (-27,1%) y Galicia (-26,8%), mientras que los recortes más moderados se registraron en Cantabria (-2%) y Baleares y Comunidad Valenciana (-4,1% en ambos casos).
Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las comunidades con mayor número de disoluciones en julio fueron Madrid (555), Andalucía (247) y Comunidad Valenciana (173). Por el contrario, las comunidades autónomas con menos sociedades mercantiles disueltas fueron Navarra (5), La Rioja (6) y Cantabria (12).
Diez comunidades elevaron su número de disoluciones empresariales en julio, principalmente Murcia (+175%), Asturias (+65%) y Cantabria (+50%), mientras que siete lo recortaron, especialmente La Rioja (-50%), País Vasco (-32,7%) y Galicia (-30,1%).
LA CREACIÓN DE EMPRESAS CAE UN 19% EN TASA MENSUAL
En términos mensuales (julio sobre junio), la constitución de nuevas empresas disminuyó un 19,4%, mientras que las disoluciones bajaron un 4,4%.
En ambos casos, se trata de los mayores descensos mensuales en un mes de julio de los últimos cinco años.
Los salarios reales (esto es, descontando el efecto de la inflación) caerán en España al doble del ritmo que lo que lo harán en el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según ha informado la entidad multilateral este viernes en un informe.
En concreto, los salarios reales de los españoles caerán un 4,4% durante el presente año, mientras que en el conjunto de la OCDE el descenso será de algo más del 2%.
"Esto representa uno de los descensos más fuertes de los salarios reales observados entre los países de los que se dispone de datos, y un recorte sustancial del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que los precios al consumo en España siguen subiendo a niveles máximos históricos", recoge el informe de la OCDE.
El organismo ha destacado que la tasa de paro de España esté ya por debajo de sus niveles precrisis, aunque ha criticado que todavía está en un nivel "estructuralmente alto".
"La entrada al mercado laboral [permanece] difícil para los jóvenes", ha criticado la entidad, recordando que su tasa de paro es 1,5 superior a la registrada antes de la crisis. Esto se debe en gran parte a las pérdidas de empleo en segmentos de servicios de bajos ingresos, como la hostelería, el comercio minorista o el transporte.
MONOPSONIO EN EL CONJUNTO DE LA OCDE
Un aspecto relevante del informe presentado este viernes, aunque hace referencia a la OCDE en general, es el conocido como 'monopsonio', el término que describe la situación en la que las empresas tienen un poder "unilateral" a la hora de fijar sueldos y lo usan para deprimir los salarios y el empleo a niveles por debajo de los que existirían en un mercado competitivo.
"Los empleadores en mercados laborales monopsónicos probablemente deprimen el empleo y pagan salarios más bajos para lograr mayores beneficios", ha destacado la OCDE.
En este sentido, el organismo ha recomendado que los reguladores deberían prestar atención a las consecuencias para los trabajadores a la hora de examinar propuestas de fusiones y adquisiciones. La entidad con sede en París también ha recomendado promover la negociación colectiva.
"Los salarios mínimos también se pueden usar para atajar los efectos negativos del monopsonio y la concentración. Bajo el monopsonio, los salarios mínimos, si se sitúan en un nivel razonable, bajan el coste marginal de contratar al nivel más bajo de la distribución salarial", ha explicado. En este sentido, un salario mínimo podría elevar el empleo y los sueldos en mercados con esta característica, teniendo un impacto mínimo en el paro.
El coste por hora trabajada aumentó un 1,6% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2021, ampliando en tres décimas su crecimiento respecto al experimentado el trimestre anterior.
Con el repunte del periodo abril-junio, el coste laboral encadena cuatro trimestres de alzas interanuales, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por componentes, el coste salarial se incrementó en el segundo trimestre un 2,1% en relación al segundo trimestre de 2021, en tanto que los otros costes subieron un 0,1%. El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, creció un 1,5% interanual en el segundo trimestre.
Eliminando los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral por hora trabajada avanzó un 2,2% en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2021, tasa tres décimas superior a la del trimestre anterior y la más elevada desde el último trimestre de 2020.
Con este repunte, se encadenan también cuatro trimestres de tasas positivas en la serie corregida.
En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el coste laboral por hora trabajada aumentó un 0,3% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, cinco décimas menos que en el trimestre anterior.
Sin tener en cuenta ambos efectos, el coste laboral subió un 6,6% entre abril y junio debido, fundamentalmente, al mayor peso de los pagos extraordinarios en relación al trimestre previo. Por componentes, el coste salarial creció un 8,9% trimestral, mientras que los otros costes repuntaron un 0,3%. El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, avanzó un 3,2% en relación al primer trimestre.
LOS SALARIOS SUBEN UN 8% EN LA HOSTELERÍA
Las secciones que registraron los mayores incrementos anuales del coste laboral en el segundo trimestre fueron suministro de agua y actividades de saneamiento (+10,5%), hostelería (+9,4%) y actividades inmobiliarias (+7%). Por contra, los mayores recortes interanuales se dieron en industrias extractivas (-5,7%); actividades financieras y de seguros (-5,4%) y actividades artísticas y de entretenimiento (-4%).
Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, las actividades donde más aumentaron los costes laborales en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2021 fueron también el suministro de agua (+9,1%) y la hostelería y las actividades inmobiliarias (+7,9% en ambos casos).
Asimismo, los mayores descensos anuales del coste laboral en la serie corregida las experimentaron industrias extractivas (-6,5%), actividades artísticas (-3,3%) y actividades financieras (-1,9%).
En cuanto a los salarios, el suministro de agua también fue la actividad que registró el mayor repunte interanual, un 13,3%, seguida de la hostelería (+8%) y el suministro de energía eléctrica (+5,9%), mientras que los mayores retrocesos se dieron en actividades artísticas (-4,8%), actividades financieras (-4%) y actividades sanitarias y de servicios sociales (-0,7%).
La ministra de Turismo, Industria y Comercio, Reyes Maroto, ha resaltado este jueves las "bases sólidas" del turismo en Canarias para impulsar la recuperación económica y confía en un buen otoño pese a los "nubarrones pesimistas" y la "incertidumbre" que se cierne sobre el sector debido a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
En la inauguración del segundo 'Foro de Economía' organizado por 'Diario de Avisos' y 'El Español' ha dicho que la alta inflación y el aumento del precio de la energía y las materias primas "no están influyendo en el deseo de viajar" y en el caso concreto del archipiélago, ha destacado que hay buenos indicadores con las reservas hoteleras y plazas aéreas.
Ha apuntado que tanto España como Canarias "han resistido" a la pandemia y al actual contexto económico de incertidumbre tras una afección "dramática" al turismo por lo que se ha confesado "optimista" cara al futuro.
Maroto ha dicho también que el turismo "es clave" en la economía pues "cuando se para el turismo se para España" y al contrario, "se convierte en un país mejor" cuando se activa porque lo "abre al mundo" y le ayuda también al comercio exterior".
En ese sentido ha reivindicado la "hoja de ruta" consensuada con el sector público y privado con un plan de modernización y competitividad dotado con 3.400 millones a ejecutar en 10 años, de los que 1.400 millones se lanzarán este mismo año "para transformar y mejorar el sector".
El objetivo, ha comentado es aumentar la calidad y la digitalización de los destinos turísticos, al tiempo que ha valorado la seguridad sanitaria alcanzada en España a raíz de la campaña de vacunación contra la Covid-19.
En el caso concreto de Canarias ha detallado que ha recibido más de 144 millones en los últimos tres años.
La ministra, que ha lanzado un mensaje de "aliento y esperanza" a La Palma ante el próximo cumplimiento de un año tras el inicio de la erupción volcánica, ha hecho un "reconocimiento" a todo el sector turístico porque "ha sabido entender" que era bueno "parar" para "salir más reforzado".
El volumen de ingresos conjunto de las estaciones de servicio de España y Portugal aumentó un 29% en 2021 en relación con el ejercicio anterior, hasta alcanzar los 38.900 millones de euros, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa publicado este martes.
El análisis apunta que el incremento de los ingresos se explica debido a la subida de los precios y al ascenso del volumen de ventas en 2021, que en el mercado ibérico (España y Portugal) alcanzó los 38,3 millones de toneladas, un 10,6% más que el ejercicio anterior, año en el que, a consecuencia de la pandemia, se registró una caída del 15,3%.
En concreto, el volumen comercializado en España en 2021 alcanzó los 32,8 millones de toneladas, un 11,7% más que en 2020, mientras que en Portugal se experimentó un crecimiento del 4,8%, hasta los 5,50 millones de toneladas.
Por otro lado, las estaciones de servicio canalizaron casi el 98% de las ventas totales de gasolina, así como el 78% de las de gasóleo de automoción.
De este modo, el volumen de carburantes distribuido a través de estaciones de servicio alcanzó en 2021 en el conjunto del mercado ibérico los 26,72 millones de toneladas (6,06 millones de gasolina y 20,66 millones de gasóleo).
El informe indica que para el cierre de 2022 se prevé "una prolongación de la tendencia al alza del volumen de negocio sectorial, en un contexto de nuevo ascenso de la demanda de carburantes y subida adicional de los precios en un contexto de fuerte encarecimiento del petróleo. Se prevé, no obstante, una desaceleración del crecimiento del volumen de ventas en la segunda mitad del año debido al deterioro de la coyuntura económica".
A finales de 2021 había 14.231 estaciones de servicio operativas en el conjunto del mercado ibérico, un 1,1% más que en el año anterior, "manteniéndose la tendencia de moderado crecimiento observada en ejercicios precedentes".
En 2021 en España existían 11.236 estaciones, un 1,4% más que en 2020, excluyendo las gasolineras gestionadas por cooperativas, mientras que el número de gasolineras en Portugal se redujo un 0,2%, hasta las 2.995.
El volumen del comercio minorista de la zona euro registró el pasado mes de julio un incremento del 0,3% respecto del mes anterior, cuando cayó un 1%, según reflejan los datos publicados este lunes por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.
En el conjunto de la Unión Europea (UE), el volumen del comercio minorista experimentó en el séptimo mes del año una evolución similar: repuntando un 0,3% tras haber caído un 1% en junio.
En comparación con julio de 2021, el volumen del comercio minorista de la eurozona ralentizó su caída al 0,9%, frente al descenso del 3,2% del mes anterior. Entre los Veintisiete, el descenso fue del 0,5%, frente a la contracción del 2,4% del mes precedente.
En términos mensuales, las ventas minoristas de la zona euro se contrajeron un 0,4% en el caso de productos no alimentarios, mientras que las ventas de combustible se expandieron un 0,4% y las de alimentos, bebidas y tabaco se elevaron un 0,1%.
En el conjunto de la UE, las ventas de alimentos cayeron un 0,1% frente a junio, mientras que las de productos no alimentarios cayeron un 0,2% y las de combustible se expandieron un 0,3%.
Entre los países cuyos datos estaban disponibles, los mayores incrementos en los volúmenes vendidos de comercio minorista fueron en Alemania (+1,9%), Países Bajos (+1,7%), Luxemburgo y Polonia (+1,5% en ambos casos), al tiempo que los descensos más notables fueron en Austria (-1,8%), Finlandia (-1,7%) y España (-1%).
En relación a julio de 2021, el comercio minorista de la eurozona creció un 0,6% en el caso de los combustibles, aunque el del resto de productos no alimentarios se contrajo un 0,9% y el de alimentos, un 2,4%.
Entre los Veintisiete, las ventas de productos alimentarios cayeron un 2% frente al año pasado, mientras que las del resto de productos descendieron un 0,7% y las de combustible, crecieron un 1,3%.
Entre los países con datos disponibles, los mayores incrementos interanuales de volúmenes de comercio minorista se dieron en Eslovenia (+25%), Malta (+9%) y Polonia (+7,6%), al tiempo que los descensos más acusados fueron los de Dinamarca (-7,7%), Luxemburgo (-6,3%) e Irlanda (-5,6%).
La actividad comercial del sector servicios en España se expandió durante el mes de agosto, aunque el ritmo de crecimiento fue leve, según refleja el índice de gerentes de compras (PMI, por sus siglas en inglés), elaborado por S&P Global, que en el octavo mes del año se situó en los 50,6 puntos, frente a los 53,8 enteros del mes anterior.
"La economía de España se encaminó hacia el estancamiento en agosto, ya que el sector servicios siguió la tendencia del sector manufacturero al registrar solo un crecimiento marginal", ha alertado el director económico de S&P Global Market Intelligence, Paul Smith.
El experto ha alertado de que las empresas temen que la inestabilidad y la inflación afecten a los clientes, sumándose esto a la preocupación de que la economía se está dirigiendo a un "invierno de desafíos y una posible recesión".
Las empresas observaron que las ventas tanto en el país como en el extranjero fueron más bajas. Los nuevos pedidos de exportación cayeron por segundo mes consecutivo y a un ritmo más pronunciado que el registrado para los nuevos pedidos en general.
De su lado, los precios siguieron registrado señales de "inflación elevada". Sin embargo, la encuesta elaborada por S&P concluye que los precios pagados por los insumos como los precios finales cobrados "aumentaron a tasas más lentas".
"Los combustibles, la energía y los salarios siguieron siendo las principales fuentes de precios más altos, que en general aumentaron en agosto por vigésimo séptimo mes consecutivo. No obstante, la tasa de inflación mantuvo su reciente tendencia a la baja, cayendo a su nivel más bajo desde octubre".
Los precios de producción industrial de la zona euro se elevaron un 37,9% el pasado mes de julio con respecto al mismo mes de 2021, frente al incremento del 36% de junio, lo que supone el mayor incremento interanual de toda la serie histórica, según los datos publicados por Eurostat.
En el conjunto de la Unión Europea (UE), la subida interanual de los precios industriales en el séptimo mes del año fue del 37,8%, un punto y medio más que en el mes anterior y también el dato más elevado desde que hay registros.
En términos mensuales, los precios industriales registraron en la eurozona una escalada del 4% en julio, frente al 1,3% de junio. En la UE, el alza fue del 3,7%, en comparación con el 1,5% del mes anterior. En ambos casos, se trata de las mayores subidas desde marzo.
En comparación con julio de 2021, la inflación mayorista de los Diecinueve aumentaron un 97,2% en el sector energético, un 21,6% para bienes intermedios y un 13,8% para bienes no duraderos. De su lado, los bienes duraderos crecieron un 9,8% y los bienes de capital se apreciaron un 9,8%.
En la UE, los precios de producción industrial aumentaron un 96,2% en el caso de la energía, un 21,7% en el caso de los bienes intermedios y un 14,8% para los bienes no duraderos. Los bienes de capital elevaron sus pecios un 8,1%, mientras que los duraderos se apreciaron un 10,3%.
Al excluir el impacto de la energía, los precios de la industria de la zona euro subieron un 15,1%, mientras que entre los Veintisiete se apreciaron un 15,7%.
Entre los países comunitarios, los mayores incrementos respecto a junio se dieron en Irlanda (+26,1%), Hungría (+9,4%) y Bulgaria (+8%), mientras que los descensos más acusados fueron los de Portugal (-1,5%), Suecia (-1,2%), y Luxemburgo (-0,9%).
En relación a julio de 2021, los mayores incrementos fueron los de Rumanía (+67,4%), Bulgaria (+55,9%) y Dinamarca (+55,1%).
El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es "indiscutible" y ha apuntado que en este objetivo seguirán trabajando con los agentes sociales "para mejorar la vida de los trabajadores".
Así lo ha señalado Bolaños en el Consejo de Estado con motivo de la reunión de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este viernes reúne la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el objetivo de fijarlo en el 60% del salario medio para 2023, según el compromiso del Ejecutivo para el último año de legislatura.
"El compromiso del presidente del Gobierno para subir el SMI es indiscutible", ha subrayado Bolaños sobre una posible fricción entre los socios de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos sobre este asunto, recordando que el salario mínimo ha pasado de los 700 euros a los 1.000 actuales.
"Imagínese cómo sería la vida de los trabajadores con un salario de 700 euros", ha deslizado recordando que el incremento ha sido posible gracias al diálogo social y asegurando que el Ejecutivo seguirá trabajando "con los agentes sociales para mejorar la vida de los trabajadores".
Y ha aprovechado para criticar la "oposición de algunos", en referencia a los partidos de la oposición, que "estaban en contra y decían que iba a destruir empleo". "Ahora tenemos mejores condiciones de trabajo, mejor salario y además se ha creado empleo y mucho", ha reivindicado.
TENDENCIA BUENA EN EMPLEO
En este sentido, ha hecho un análisis de los últimos datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social y ha sostenido que se trata de un mes agosto "bueno", pese a que no se debe estar "satisfecho" cuando el desempleo aumenta. "Siempre aumenta en agosto y este año ha registrado un aumento muy ligero", ha sostenido.
Con ello, el ministro de la Presidencia ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando para "que se siga generando empleo" y ga argumentado que "la tendencia es buena" y la economía española cuenta con "fortaleza" para crear empleo.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) retroceda un 0,4% en el tercer trimestre del año en tasa intertrimestral, lo que se correspondería con una tasa interanual en el periodo del 3,2%.
Así se refleja en la última actualización del modelo de previsión de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) en tiempo real (MIPred) publicado por la AIReF este viernes, tras conocer los datos de los trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social (media mensual) para el mes de agosto de 2022.
Con esta nueva actualización, el nivel de actividad se situaría 2,9 puntos porcentuales por debajo del correspondiente al cuarto trimestre de 2019, antes de la pandemia.
En esta nueva actualización de previsión MIPred, la AIReF ha incorporado un nuevo indicador, los datos de los trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social para el mes de agosto de 2022, si bien precisa que en este momento solo dispone del 28,6% de los indicadores del tercer trimestre (57,1% julio, 28,6% agosto, 0% septiembre). El indicador se va actualizando según se vayan publicando nuevos datos.
En concreto, el modelo se irá actualizando en las próximas semanas con los indicadores que se publicarán los primeros días de septiembre referidos, como el Índice PMI de Servicios de agosto o las ventas totales de las grandes empresas, en este último caso con datos del mes de julio.
Para el conjunto de 2022, la AIReF prevé un crecimiento del 4,2% para la economía española, una décima menos que en sus anteriores estimaciones de abril (4,3%), y sitúa la tasa de inflación media del ejercicio en el 7,8%.
España recibió el pasado mes de julio la visita de cerca de 9,1 millones de turistas internacionales, lo que supone duplicar (106,2%) la cifra registrada en el mismo mes de 2021, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que asegura que estos visitantes gastaron en el país más de 11.870 millones de euros, más del doble que un año antes situándose prácticamente, en niveles precovid.
Con ello, en los siete primeros meses del año el número de visitantes internacionales se multiplicó por cuatro respecto al mismo periodo del año anterior. Así, hasta julio el número de turistas que visitaron España aumentó un 299,9% y rozó la cifra de los 39,3 millones. En el mismo periodo de 2021 llegaron al país un total de 9,8 millones de visitantes internacionales.
Con este nuevo repunte de julio, tanto la llegada de turistas internacionales como el gasto que realizan en España acumulan ya trece meses consecutivos de alzas interanuales tras el parón por el coronavirus.
Reino Unido fue el principal país emisor de visitantes a España en julio, con un total de 1,9 millones de turistas, lo que representa el 20,9% del total y un aumento del 241,6% respecto a julio de 2021. Francia y Alemania fueron los siguientes países en aportar visitantes. Francia con 1,4 millones (un 61% más en tasa anual) y Alemania cerca de 1,1 millones (un 55% más).
Entre el resto de países de residencia destacan los crecimientos anuales de los turistas procedentes de Irlanda (347,8%), Estados Unidos (198,2%) e Italia (113,4%).
En los siete primeros meses del año también Reino Unido se sigue situando a la cabeza con cerca de 8,4 millones de turistas que eligieron visitar España (aumento anual del 908,5%), le siguen Alemania (con casi 5,5 millones, y un incremento del 190,7%) y Francia (con más de 5,3 millones, un 159,7% más).
ISLAS BALEARES, PRINCIPAL DESTINO
Las Islas Baleares volvieron a ser un mes más el destino principal de los turistas internacionales en julio, con el 25,1% del total. Le
siguen Cataluña (21,8%) y Comunitat Valenciana (12,4%).
A las Baleares llegan casi 2,3 millones de turistas, un 72,2% más que en julio de 2021. Los principales países de residencia de los turistas de esta comunidad son Reino Unido (con el 27% del total) y Alemania (25%).
El número de turistas que visitaron Cataluña aumentó un 142,8% y se sitúa cerca de 2 millones. El 23,2% procede de Francia y el 10,2% del agregado Resto de Europa. La tercera comunidad de destino principal por número de turistas fue la Comunidad Valenciana, con 1,1 millones y un aumento anual del 85,4%. Reino Unido fue el principal país de origen (con el 22,4% del total), seguido de Francia (22,1%).
En el resto de comunidades el número de turistas se incrementó un 185,6% en Comunidad de Madrid, un 148,4% en Canarias y un 101,7% en Andalucía.
El INE asegura que en el acumulado de los siete primeros meses de 2021 las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (con casi 8 millones y un aumento del 346,8% respecto al mismo período de 2021), Islas Baleares(con casi 7,5 millones y un incremento del 190,1%) y Canarias (con casi 6,8 millones, un 480,1% más).
La vía aeroportuaria fue la preferida los turistas internacionales para llegar a España con un total de 7,1 millones, lo que supone un aumento anual del 111,1%. Por ferrocarril llegaron un 65,3% más de turistas, por carretera llegan un 79,1% más y por puerto un 776,6% más.
El número de turistas que utilizaron el alojamiento de mercado como modo de alojamiento principal en julio aumentó un 121,7% en tasa anual. Dentro de este tipo, el alojamiento hotelero creció un 119,5%, mientras que la vivienda en alquiler asciendió un 127,1%.
Por su parte, el alojamiento de no mercado aumentó un 47%. Los turistas alojados en vivienda de familiares o amigos subieron un 55,2% y los hospedados en vivienda en propiedad un 26,8%.
El ocio, recreo y vacaciones fue el motivo principal del viaje a España para 8,3 millones de turistas en julio, lo que supone un ascenso anual del 114%. Por negocios y motivos profesionales llegaron 298.604 (un 64,3% más) y por otros motivos 484.721 (un 40% más).
Los turistas internacionales pasan de media en nuestro país de cuatro a siete noches. El número de visitantes aumentó un 49,2% entre los que no pernoctan (excursionistas), mientras que creció un 44,9% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).
En julio 6,9 millones de turistas viajaron sin paquete turístico, lo que supone un aumento anual del 92,4%. Con paquete turístico llegaron casi 2,2 millones, un 167,2% más.
INCREMENTO DEL 10% DEL GASTO MEDIO POR TURISTA
El incremento de turistas, sigue derivando en un aumento significativo del gasto en nuestro país que se eleva hasta los 11.869 millones en julio, cifra que duplica la registrada en el mismo mes del año anterior cuando se situó en 5.229 millones.
El gasto medio por turista se sitúa en 1.309 euros, con un incremento anual del 10,1%. Por su parte, el gasto medio diario crece un 17,4%, hasta los 170 euros.
Los datos del INE indican que la duración media de los viajes de los turistas internacionales es de 7,7 días, lo que supone 0,5 días menos que en julio de 2021.
Durante los siete primeros meses de 2022 el gasto total de los turistas internacionales aumentó un 331,5% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 47.637 millones de euros.
Los principales países emisores respecto al nivel de gasto fueron Reino Unido (con el 20% del total), Alemania (11,3%) y Francia (10,2%). El gasto de los turistas residentes en Reino Unido aumentó un 258,8% en tasa anual, el de los de Alemania un 56,4% y el de los de Francia un 70,3%.
En los siete primeros meses de 2022 Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (19,9% del total). Le siguen Alemania (13,5%) y Francia (8,7%).
Las comunidades autónomas con mayor peso en el gasto de los turistas fueron Islas Baleares Illes Balears (con el 23,6% del total), Cataluña (21,8%) y Canarias (13,6%). El gasto de los turistas aumentó un 71,7% en tasa anual en Islas Baleares, un 195,4% en
Cataluña y un 155,8% en Canarias.
Los datos del INE muestran que en los siete primeros meses de 2022 las comunidades de destino principal con mayor gasto
acumulado fueron Canarias (con el 20,3% del total), Cataluña (18,5%) e Illes Balears (18,1%).
Por partidas, el principal gasto se registró en alojamiento con un 21,2% del total (+131,1 respecto a 2021). Le siguen gasto en actividades y transporte, con un 18,6% y un 18,1% del total, respectivamente (en ambos casos se duplica la cifra del año anterior)
El 65,2% del gasto total en julio lo realizaron turistas que pernoctaron en alojamientos hoteleros, con un aumento anual del 144,9%. Por su parte, el gasto en alojamientos de no mercado creció un 56,1%.
El gasto de los turistas que no viajan con paquete turístico (que representa el 75,5% del total) sube un 112,6% en tasa anual. El de los que contratan paquete turístico aumenta un 186,6%.
En cuanto al motivo del viaje, los turistas que visitan España por ocio generan el 91,1% del gasto total (con un desembolso un 136,1% mayor que en julio de 2021).
Las pernoctaciones en apartamentos turísticos, campings y alojamientos rurales de los siete primeros meses del año en Castilla-La Mancha ascienden a 217.943, en comparación con las 175.400 acumuladas en 2019, año antes de la pandemia, lo que supone un aumento del 19,5 por ciento.
Por tipo de alojamiento, se registran 75.564 en camping, 104.619 en alojamientos de turismo rural y 37.760 en apartamentos turísticos. El tipo de alojamiento que más aumento recoge son los alojamientos de turismo rural, que pasa de 72.418 a 104.619, lo que supone un aumento del 30,77 por ciento.
A nivel nacional, las pernoctaciones en apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues españoles acumuladas de los siete primeros meses del año se sitúan por encima de los niveles de antes de la pandemia, superando las del mismo periodo de 2019, según datos provisionales del Instituto Nacional Estadística (INE) que cifra en más de 21,8 millones las registradas el pasado mes de julio.
Esto supone, según los datos provisionales del instituto estadístico español, un crecimiento del 36,8% en julio respecto a los 15,9 millones del mismo mes del pasado año.
Este impulso fue consecuencia, sobre todo, del incremento en un 135,8% de las pernoctaciones realizadas por parte de los extranjeros en ese mes. Las de los españoles, por el contrario, descendieron un 1,1% en el séptimo mes del año.
De las 21,8 millones de pernoctaciones registradas por el instituto estadístico en julio, 11,4 millones fueron de residentes en España, 7 millones de visitantes de países de la Unión Europea y otros 3,3 millones del resto del mundo.
Los datos del instituto estadístico español muestran que la estancia media en alojamientos extrahoteleros españoles se elevó en julio hasta situarse en 4,7 pernoctaciones por viajero.
Con todo ello, durante los siete primeros meses de 2022 las pernoctaciones en este tipo de alojamientos se han visto duplicadas ya que aumentaron un 103,1% respecto al mismo periodo del año anterior.
BAJAN LAS PERNOCTACIONES DE ESPAÑOLES EN APARTAMENTOS
Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron el pasado mes de julio un 52% impulsadas sobre todo por el incremento de las realizadas por los no residentes que crecieron un 163,2%. Por su parte las de residentes bajaron un 8,7%.
La estancia media subió un 8,7% respecto a julio de 2021, situándose en 5,6 pernoctaciones por viajero y se ocuparon el 51,5% de las plazas ofertadas lo que supone un 36,5% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 53,1%, con un incremento del 33,6%.
Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representaron el 61,2% del total. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con más de 1,8 millones, siendo el siguiente mercado Francia, con 735.493.
Los datos del instituto estadístico muestran como Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,3 millones de pernoctaciones y la comunidad autónoma con mayor ocupación fue Islas Baleares, con el 77,3% de los apartamentos ofertados.
Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 1,1 millones de pernoctaciones. Las Islas de Ibiza-Formentera presentaron el mayor grado de ocupación, con un 86,7% de los apartamentos ofertados.
Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en julio fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.
SE DUPLICAN LOS CAMPINGS DE LOS NO RESIDENTES
Las pernoctaciones en campings registraron en julio un aumento del 26,9% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes crecieron un 1,9% y las de no residentes un 107,6%.
Según el INE, durante julio se ocuparon el 52,2% de las parcelas ofertadas, un 16,1% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 55,3%, con un aumento anual del 12%.
El 38,7% de las pernoctaciones en campings las realizaron viajeros no residentes. Países Bajos fue el principal mercado emisor, con el 30,2% del total de las de no residentes, un 110,4% más que en julio de 2021.
Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 4,3 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 44,1% en tasa anual. País Vasco alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 70,2% de las parcelas ofertadas.
Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido, con más de 2 millones de pernoctaciones. La Costa Blanca (Alicante) presentó el mayor grado de ocupación, con un 73,4% de las parcelas ofertadas.
Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Torroella de Montgrí, Mont-Roig del Camp y Tarragona.
CRECIMIENTO EN ALOJAMIENTOS RURALES
Los datos del INE señalan que las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un aumento anual del 5,1% en julio. Las de residentes bajaron un 7,3%, mientras que las de no residentes subieron un 61,8%.
En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 33,1% de las plazas, un 1,9% más que en julio de 2021. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 44,1%, con un aumento anual del 4,6%
Por comunidades, Islas Baleres fue el destino preferido, con 224.211 pernoctaciones, un 23% más que en julio de 2021. Esta comunidad también alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 69,1% de las plazas ofertadas.
Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con 178.911 pernoctaciones. La Isla de Menorca alcanzó la mayor ocupación, con el 75,2% de las plazas ofertadas.
Por lo que respecta a los albergues en julio se registraron más de 1,1 millones de pernoctaciones, lo que supone un aumento anual del 77,9%. Las de residentes se incrementaron un 48,5% y las de no residentes un 190,2%.
Se ocuparon el 45,1% de las plazas, un 49,7% más que en julio de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 45%, con un aumento del 54,6%.
Galicia fue el destino preferido, con 247.795 pernoctaciones. Comunidad Valenciana alcanzó la mayor ocupación, con el 70,6% de las plazas ofertadas.
El INE también dio a conocer este miércoles el índice de precios que muestra un incremento del 12,6% en apartamentos, del 5,5% en campings y del 7,1% en alojamientos de turismo rural.
AUMENTO DE PERNOCTACIONES SOBRE TODO ENTRE NO RESIDENTES
Con todo ello los datos del INE muestran como las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 51,7% en julio en tasa anual.
Las de residentes subieron un 2,6% y las de no residentes un 133,1%. La estancia media creció un 9,3%, hasta 3,8 pernoctaciones por viajero.
Del total de pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos colectivos, un 65,9% correspondió a hoteles y un 34,1% a alojamientos turísticos extrahoteleros.
Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados fueron el británico (con el 25,1% del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (15,4%) y el francés (11,3%).
Cataluña fue el destino preferido, con más de 13,9 millones de pernoctaciones (un 72,9% más que en julio de 2021). Le siguen las Islas Baleares, con más de 12,5 millones (y un aumento del 84,1%) y Andalucía, con más de 9,1 millones (y una subida anual del 23,7%).
Las pernoctaciones en apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues españoles acumuladas de los siete primeros meses del año se sitúan por encima de los niveles de antes de la pandemia, superando las del mismo periodo de 2019, según datos provisionales del Instituto Nacional Estadística (INE) que cifra en más de 21,8 millones las registradas el pasado mes de julio.
Esto supone, según los datos provisionales del instituto estadístico español, un crecimiento del 36,8% en julio respecto a los 15,9 millones del mismo mes del pasado año.
Este impulso fue consecuencia, sobre todo, del incremento en un 135,8% de las pernoctaciones realizadas por parte de los extranjeros en ese mes. Las de los españoles, por el contrario, descendieron un 1,1% en el séptimo mes del año.
De las 21,8 millones de pernoctaciones registradas por el instituto estadístico en julio, 11,4 millones fueron de residentes en España, 7 millones de visitantes de países de la Unión Europea y otros 3,3 millones del resto del mundo.
Los datos del instituto estadístico muestran que la estancia media en alojamientos extrahoteleros españoles se elevó en julio hasta situarse en 4,7 pernoctaciones por viajero.
Con todo ello, durante los siete primeros meses de 2022 las pernoctaciones en este tipo de alojamiento se han visto duplicadas ya que aumentaron un 103,1% respecto al mismo periodo del año anterior.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este martes que el recorte de la inflación hasta el 10,4% en agosto refleja que este indicador "ha empezado a moderarse" y ha vaticinado que seguirá "en esa senda de descensos" en los próximos meses.
No obstante, Calviño, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha señalado que todo dependerá de factores exógenos, como la guerra y el funcionamiento de las cadenas de suministro. Por eso, ha dicho, es importante que la política económica del Gobierno siga siendo "coherente y responsable para abordar de la mejor manera esta situación tan incierta".
La vicepresidenta ha recordado que los picos de inflación se alcanzaron coincidiendo con el inicio de la guerra y los cortes de gas y petróleo desde Rusia a Europa, y ve "normal" que la inflación subyacente haya escalado hasta el 6,4% en agosto, pues está reflejando los mayores costes de producción por los altos precios de la energía y de otros bienes y materias primas.
"Pero esta tendencia tiene que frenarse en los próximos meses para que se cumplan las previsiones del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España de que volvamos a niveles más normales el año próximo", ha apuntado la vicepresidenta.
Calviño ha resaltado que no sólo los carburantes han tenido un papel importante en la moderación de la inflación en agosto hasta el 10,4%, también las medidas del Gobierno, que están ayudando a contener la inflación y a "aliviar" los bolsillos de los ciudadanos.
PACTO DE RENTAS, SUBIDA DEL SMI Y DEL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS
En este sentido, ha insistido en que el objetivo "de todos" debe ser contener la inflación, por lo que ha abogado nuevamente por un pacto de rentas, de carácter plurianual, que contemple moderación de salarios y de beneficios empresariales para evitar una espiral inflacionista.
"Los agentes sociales se han comportado con una enorme responsabilidad y con ellos hemos tomado decisiones y reformas muy importantes, como la laboral, que están ayudando a nuestro país. Yo confío en que sigan actuando con esa responsabilidad (...) Desde el Gobierno vamos a ayudar a ese pacto de rentas, vamos a seguir arrimando el hombro y confío en que todos están a la altura de las circunstancias", ha subrayado Calviño, que ha añadido que algunas de las medidas que ha adoptado el Gobierno pueden contribuir a que se alcance dicho pacto.
Calviño ha evitado pronunciarse sobre el apoyo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a las movilizaciones sindicales contra la CEOE para que se avenga a subir los salarios, y ha reafirmado el objetivo del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio, una medida que "tiene todo el sentido" en un contexto de alza de precios como el actual.
En este sentido, ha afirmado que el Gobierno no tiene aún ninguna propuesta para elevar el SMI y que primero habrá que escuchar al Comité de Expertos, que se reúne el próximo 2 de septiembre.
"Vamos a escuchar a los expertos y vamos a trabajarlo con responsabilidad para tomar la mejor decisión en el mejor momento, pero está claro que conviene subir el SMI para proteger a los más vulnerables frente al alza de precios", ha dicho.
En lo que respecta al salario de los empleados públicos, la vicepresidenta primera ha señalado que se está negociando subirlo entre Hacienda y los sindicatos, pero que dicha subida debe evitar una espiral inflacionista.
"Vamos a tratar de encontrar un alza que nos permita proteger los salarios pero evitando una espiral inflacionista. El objetivo de todos debe ser contener la inflación. La moderación tanto de los salarios como de los márgenes empresariales es clave para evitar entrar en una espiral inflacionista y desde el Gobierno todas las medidas que estamos tomando van en esta dirección", ha argumentado.
La vicepresidenta ha saludado la reforma del mercado eléctrico europeo anunciada por Bruselas, pues España lleva ya tiempo proponiéndolo, con propuestas concretas de reforma "que poco a poco se van abriendo paso". "Más vale tarde que nunca", ha dicho la vicepresidenta, que ha recordado que, entre otras medidas, España ha propuesto a la Comisión Europea limitar el precio de los derechos de emisión de CO2, desacoplar el precio del gas del de la electricidad y compras conjuntas de gas.
Calviño ha recordado que el alza de los precios de la energía está siendo "exponencial" en los mercados internacionales, con el gas "disparado", pero ha señalado que en España, gracias a la excepción ibérica, el precio de la electricidad está en un tercio del que tienen otros países cercanos.
Además, ha comparado la situación española con la de otros países europeos, pues mientras en España se habla del precio de la electricidad, en otros países están hablando de cortes y de medidas restrictivas por su mayor dependencia energética.
"Por eso tenemos que reformar las normas europeas (...) Será importante para frenar la escalada del gas", ha defendido Calviño, que ha destacado el "liderazgo" mostrado por el Gobierno español en su propuesta para reformar el mercado eléctrico europeo.
EL PIB SIGUIÓ CRECIENDO EN EL TERCER TRIMESTRE
Por otro lado, preguntada por la publicación el próximo viernes de los datos de paro y afiliación de agosto, la vicepresidenta primera ha señalado que "todos los datos apuntan a una evolución normal en el mes de agosto" y que "nada apunta a una ralentización muy intensa".
Calviño ha señalado además que, con los datos disponibles hasta el momento, "que son pocos", los indicadores del tercer trimestre apuntan a que continuó el crecimiento de la economía española.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió una décima en agosto en relación al mes anterior, pero moderó su tasa interanual cuatro décimas, hasta el 10,4%, manteniéndose en niveles nunca vistos desde hace más de 30 años, según los datos avanzados publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El dato de agosto, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, es cuatro décimas inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando el IPC se situó en el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984.
Con esta moderación de cuatro décimas, la inflación acaba con una racha de tres meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual: en mayo escaló hasta el 8,7%; en junio superó los temidos dos dígitos (10,2%) y en julio se disparó hasta el 10,8%. Agosto es, por tanto, el tercer mes consecutivo en el que la inflación supera las dos cifras.
Según el INE, la moderación del IPC interanual hasta el 10,4% se debe, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y, en menor medida, de los combustibles líquidos.
Por contra, en agosto subieron los precios de la electricidad (que se encuentran en máximos desde la entrada en vigor de la 'excepción ibérica), de los alimentos, de la restauración y de los paquetes turísticos, entre otros.
En términos mensuales (agosto sobre julio), el IPC registró en agosto un repunte de una décima, frente al retroceso de tres décimas experimentado en julio y el avance del 0,5% de un año antes.
El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que aumentó en agosto tres décimas, hasta el 6,4%, su valor más alto desde enero de 1993. De este modo, la subyacente se sitúa 4 puntos por debajo de la tasa del IPC general.
En el octavo mes de 2022, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 10,3%, cuatro décimas inferior a la registrada en el mes anterior. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA registra un incremento de una décima.
El INE publicará los datos definitivos del IPC de agosto el próximo 13 de septiembre.
El tráfico total de los 46 puertos de interés general del Estado en los siete primeros meses del año ascendió a 333 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 6,9% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando el mejor segundo registro de su historia, solo superado por los datos de 2019.
En concreto, 21 de las 28 autoridades portuarias que gestionan los puertos de interés general experimentaron incrementos que van desde el 0,3% de Las Palmas hasta el 54,8% de Málaga, según los datos publicados por Puertos del Estado.
Los tres grandes grupos de mercancías según su forma de presentación, graneles líquidos, graneles sólidos y mercancía general, registraron incrementos, siendo de dos dígitos en el caso de ambos graneles.
Así, los líquidos, con 107 millones de toneladas (un 12,4% más), se vieron especialmente favorecidos por el aumento en el movimiento de gas natural (un 70% más), que superó los 13 millones de toneladas, y el petróleo crudo (un 20% más), que alcanzó los 38,4 millones de toneladas.
Los graneles sólidos, con 53 millones de toneladas (un 11,8% más), tuvieron en el movimiento de carbón y coque de petróleo su mejor soporte (un 55,6% más), al elevarse por encima de los 9,8 millones de toneladas; y los cereales y sus harinas, que ya superan los 7,5 millones de toneladas y crecieron un 39,7%.
La mercancía general, por su parte, acumuló 163 millones de toneladas y creció un 1,2%, siendo atribuible la totalidad de ese crecimiento a la mercancía general convencional, que se impulsó un 10,9%. En este grupo destacó el ascenso del movimiento de maderas y corcho (20,4%), y en menor medida los minerales y residuos metálicos (13,5%).
Las mercancías en tránsito, que son las que utilizan los puertos españoles como lanzadera para ser entregadas en otros países o continentes y suponen el 27% del total movido en los puertos españoles, se aproximaron a los 87 millones de toneladas.
El tráfico ro-ro, vehículos industriales cargados de mercancías que optan por embarcarse para realizar determinados recorridos, superaron los 42,3 millones de toneladas, creciendo un 12,4%. Asimismo, el movimiento de contenedores se situó próximo a los 10,3 millones de unidades, de las cuales 5,4 millones fueron en tránsito, 3,7 millones de import-export, y 1,2 millones de entradas-salidas nacionales.
PASAJEROS
El mayor salto se dio en el movimiento de pasajeros, que se vio fuertemente afectado por la pandemia. Tras más de dos años, la cifra ha vuelto a los 16,3 millones de viajeros en total en los siete primeros meses del año, lo que supone un incremento del 122%.
De esta forma, el tráfico de pasajeros está remontando los datos de los dos últimos años marcados por la pandemia y las restricciones impuestas en las rutas hacia el norte de África, situándose en los 12,8 millones de pasajeros, a los que habría que sumar 3,5 millones de cruceristas.
Finalmente, el tráfico de buques mercantes por los puertos españoles ascendió a 87.670 unidades en los siete primeros meses del año, un 15% más que en 2021.
El sector tecnológico se ha convertido en una fuente de creación de empleo de calidad y bien remunerado, con perfiles técnicos que cuesta atraer y, sobre todo, retener en la compañía. El incremento del teletrabajo a causa de la pandemia ha provocado que la situación se complique aún más para las empresas, que ahora también tienen que competir por el talento a nivel internacional, donde los sueldos pueden ser mayores.
En este contexto, los expertos apuntan a elementos como la formación del empleado o las políticas de sostenibilidad para lograr atraer y retener el talento. Según el informe internacional 'Small business, great opportunities', realizado por Sage, compañía líder mundial en soluciones de gestión empresarial y contabilidad en la nube, un 22 por ciento de las pymes españolas identifica la mejora de la formación de sus empleados como "el recurso más importante" para contribuir a su crecimiento.
De la misma forma, el estudio destaca que la sostenibilidad se ha convertido en un aspecto clave y, en concreto, un 21 por ciento de las pymes españolas considera que implementar acciones de sostenibilidad contribuirá a la atracción de nuevo talento. Este tipo de políticas empresariales se han visto potenciadas a raíz de la pandemia, que "ha ayudado a que las empresas estén más preparadas para gestionar el bienestar de sus empleados", según el 50 por ciento de los encuestados.
"Para lograr retener el talento interno, resulta esencial que las compañías incluyan en sus políticas un plan específico para el desarrollo del talento 'in house'. Este tipo de iniciativas internas generan un alto grado de satisfacción y motivación por parte de los empleados", señalan desde Sage, incidiendo en que las compañías deben utilizar herramientas concretas que permitan conocer las fortalezas, debilidades y el alcance de las capacidades de cada trabajador.
CONFIANZA EN LA PLANTILLA
Otro dato destacado en el informe apunta a que un 46 por ciento de los encuestados están satisfechos respecto a su personal, mientras que la confianza de los empresarios españoles en sus respectivas plantillas alcanza un 70 por ciento, un 6 por ciento por encima de la media mundial. Por ello, las empresas del sector deben adaptarse a las nuevas demandas y perfiles a través de distintas políticas que potencien las habilidades de los empleados.
La Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha expresado su satisfacción por la aprobación de la reforma de la Ley de la Ciencia y ha garantizado la financiación suficiente para que los centros de investigación y universidades puedan afrontar la contratación indefinida de su personal investigador.
"Es una falacia que el contrato indefinido en el sector de la ciencia vaya a producir que se cierre centros de investigación o que se produzcan ERES en los centros", ha explicado Morant en relación a la enmienda del PP que obligaba a limitar la contratación temporal de investigadores a aquellos contratos asociados de una forma estricta a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y "solo" por el tiempo necesario para la ejecución de esos proyectos.
Morant ha negado "rotundamente" los argumentos del PP y ha garantizado el apoyo del Gobierno a los centros de investigación para afrontar "las indemnizaciones que están previstas en la ley". La titular de Ciencia ha rechazado que "tenga que ser la ciencia la isla de la precariedad en este país" por lo que ha justificado la importancia de "tumbar la enmienda con la que el PP quería trasladar (a los científicos) al modelo de precaridad".
La ministra ha expresado su satisfacción por la decisión de ERC, que apoyó la enmienda en el Senado y que decidió cambiar su voto este jueves en el Congreso para sacar adelante la ley. "Ya dije que no íbamos a escatimar esfuerzos en volver a aunar las intenciones de los partidos para que la ciencia tenga garantías de estabilidad y dignidad, que es lo que merecen los científicos de este país"
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las bases reguladoras para la concesión de ayudas a través de los programas 'Activa Industria 4.0', 'Activa Crecimiento' y 'Activa Ciberseguridad', dotados en total con 57 millones de euros, con los que pretende financiar a más de 10.000 pymes a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que consigan las capacidades necesarias para ser más competitivas.
La Escuela de Organización Industrial (Fundación EOI), adscrita a la Secretaría General de Industria y Pyme, será la encargada de gestionar estas ayudas, que se espera lleguen a las empresas antes del fin de 2023.
Estos programa se aplicarán a través del asesoramiento individualizado en crecimiento empresarial, transformación digital a Industria 4.0 o ciberseguridad y contarán con un plan de acción personalizado para la pyme en cada uno de los programas.
El servicio de asesoramiento individualizado a las pymes beneficiarias se realizará por parte de entidades colaboradoras con experiencia acreditada que serán seleccionadas a través de un procedimiento de licitación en concurrencia competitiva. Tanto este procedimiento de licitación de entidades colaboradoras como las convocatorias de ayudas a pymes se publicarán a partir de septiembre de este año.
Los tres programas ya se vienen desarrollando por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en coordinación con todas las comunidades autónomos a través de la EOI desde el año , en el marco de la Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0. Ahora, el objetivo, con la aplicación del fondo del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es escalar el alcance de los tres programas dados los buenos resultados obtenidos.
El programa 'Activa Industria 4.0' ofreceun diagnóstico exhaustivo de la situación digital de partida de la empresa y la elaboración de un Plan de Transformación, con el objetivo de ayudar a 3.300 pymes en su transición a la industria 4.0.
El programa 'Activa Crecimiento' ofrece un análisis de la empresa con objeto de detectar sus áreas potenciales de crecimiento y la elaboración de un Plan de Crecimiento con acciones de mejora concretas en innovación, recursos humanos, operaciones, digitalización, marketing y comercialización y finanzas, entre otras. Se espera que dicho programa llegue a 2.600 pymes de todos los sectores.
Por su parte, el programa 'Activa Ciberseguridad' tiene como objetivo realizar una auditoría de la empresa en materia de ciberseguridad para conocer su nivel de seguridad y la elaboración de un Plan de Ciberseguridad. Se calcula que hasta 4.500 empresas pueden ser beneficiarias de este programa.
En todos los programas, el asesoramiento se complementa con la realización de talleres temáticos y demostrativos. La duración de los programas será de cuatro meses para cada empresa beneficiaria, con 50 horas de asesoramiento en los programas 'Activa Industria 4.0' y 'Activa Crecimiento' y 20 horas de asesoramiento en el programa 'Activa Ciberseguridad'.
La agricultura generó más de 1,2 millones de contratos durante el primer semestre del año, de los cuales el 74,2% corresponden a contratos de duración determinada (926.790) y el 25,8%, a indefinidos (321.848), según se desprende de los datos analizados por la empresa de recursos humanos Randstad.
En concreto, el informe muestra que el volumen de este año es un 14,5% inferior al de los seis primeros meses de 2021, aunque los indefinidos se dispararon en el actual, multiplicándose aproximadamente por cinco.
De hecho, en 2021, los contratos indefinidos apenas suponían el 4,3%, mientras que actualmente representan ya el 25,8%.
El director de Randstad Research, Valentín Bote, ha explicado estos registros. "Estas cifras señalan no solo la importancia del sector primario en nuestra economía, sino que también es una consecuencia de la entrada en vigor de la reforma laboral, ya que el número total de contratos se ha visto reducido por las nuevas fórmulas y por la dinámica de contratación indefinida que ha introducido la nueva normativa", ha señalado.
Tras revisar la serie histórica de los últimos diez años se comprueba que, a pesar del impacto de la reforma laboral, la reducción del volumen total de firmas con respecto al semestre de 2021 es una tendencia habitual en el sector.
Tras dos años, 2012 y 2013, en el que este indicador se mantuvo apenas por encima de las 840.000 rúbricas, el volumen superó los 1,2 millones en 2014, los 1,5 en 2017, y el 1,6 en 2019.
Con la irrupción de la pandemia, el número de contratos osciló entre los 1,4 millones de contratos en los dos últimos años, para caer esta las 1,2 millones de firmas actuales.
ANDALUCÍA REGISTRA MÁS DE LA MITAD DE LOS CONTRATOS
Por regiones, Andalucía es, con diferencia, la Comunidad con un mayor volumen de contratación en agricultura, con 666.309 firmas, lo que supone el 53,4% del total que se firmaron en todo el país durante el primer semestre.
La siguen, con distancia, la Región de Murcia (198.263), Extremadura (95.550), la Comunitat Valenciana (89.501) y Castilla-La Mancha (62.895), mientras que con cifras más moderadas se sitúan Cataluña (29.494), Aragón (28.256), Castilla y León (19.772), La Rioja (12.854) y Galicia (12.716).
Por debajo de las 10.000 firmas están Navarra (9.488), Canarias (7.766), Euskadi (5.961), la Comunidad de Madrid (4.752), Baleares (1.961), Asturias (1.625) y Cantabria (1.157).
A nivel provincial, las que se registraron mayores volúmenes fueron Huelva (158.723), Jaén (130.154), Córdoba (102.577), Sevilla (97.917), Badajoz (74.178), Granada (71.566) y Valencia (55.607).
En lo que se refiere a variaciones con respecto al primer semestre de 2021, el estudio destaca que Canarias (14,3%) y Euskadi (3%) fueron las únicas regiones en experimentar crecimientos en sus volúmenes de contratación en el sector agrario.
Ya registrando caídas, aunque moderadas, se sitúan Baleares (-3%), Asturias (-3,6%), Navarra (-3,9%), La Rioja (4%), Galicia (-6,2%) y Castila y León (-7,3%), mientras que los descensos más acusados, aunque aún por debajo de la media nacional (-14,5%), se dieron en la Comunidad de Madrid (10%), la Comunitat Valenciana (11,1%), Andalucía (-11,4%),
Castilla-La Mancha (-13,6%) y Catalunya (-14,2%).
Por su parte, los mayores descensos tuvieron lugar en Extremadura (-16,1%), Cantabria (-19,7%), Aragón (-25,4%) y la Región de Murcia (-26%).
CONTRATOS FIRMADOS POR TRABAJADORES DE ENTRE 25 Y 45 AÑOS.
Por otro lado, el informe muestra que la mitad de los contratos fueron firmados por trabajadores de entre 25 y 45 años, mientras que por sexo, el 73% de las firmas corresponden a hombres y solo el 27% a las mujeres.
En cuanto a la edad de los firmantes de contratos en este sector durante el verano, cerca de la mitad (49,1%) tienen entre 25 y 45 años, seguido por los mayores de 45 años (36,8%) y los menores de 25 (14,1%).
La mayor caída de la contratación se produjo en el segmento de los profesionales con edades situadas entre los 25 y lo 45 años, mientras que el descenso fue del 12% entre los mayores de 45 y los menores de 25.
El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves el decreto ley que reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para aplicar el nuevo sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia según sus ingresos reales, unas tablas que se estrenarán a partir de 2023.
Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio, este decreto ley es fruto de un acuerdo alcanzado por el Gobierno con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae).
A partir de su aprobación en Consejo de Ministros, cada decreto ley debe ser sometido a votación en el Congreso en el plazo de 30 días para ser convalidado o, en caso de no contar con apoyos suficientes, ser derogado.
En todo caso, los grupos pueden aprobar su tramitación como proyecto de ley para plantear mejoras a través de enmiendas, algo que el PP ya ha solicitado para tratar de evitar el aumento de la tarifa plana para nuevos autónomos, que pasará a ser de 80 euros.
El apoyo del PP a la reforma garantiza su convalidación, para la cual en todo caso el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos también esperan el respaldo de sus socios. No así de Vox y Ciudadanos, que ya han avanzado su voto en contra este jueves.
15 TRAMOS SEGÚN EL RENDIMIENTO NETO
El nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales, que contará con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032, comenzará a aplicarse a partir de enero de 2023 con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y variarán hasta 2025, en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia.
Los autónomos tendrán la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis cambios al año, para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del año y de su actividad profesional.
Las disposiciones adicionales del decreto especifican que, pasados los tres años para los cuales está prevista la aplicación de los tramos, los interlocutores sociales tendrán que pactar los tramos para los próximos años, hasta 2032.
DEDUCCIÓN DE GASTOS
El nuevo sistema también atiende a otra de las peticiones de los autónomos, la deducción de gastos de difícil justificación, entre los que la Seguridad Social pone como ejemplo los ordenadores, el alquiler de locales o la compra de suministro. Esta deducción será del 7% para los autónomos y del 3% para los autónomos societarios.
De esta forma, un autónomo que presente unos ingresos medios de 900 euros y unos gastos por el ejercicio de su actividad de 185 euros tendrá unos rendimientos netos de 715 euros, resultado de la resta de los ingresos y los gastos. De ese monto se podrá deducir un 7%, equivalente a 50,05 euros. Los rendimientos netos finales serían de 664,95 euros (715-50,05), por lo que el autónomo pagaría una cuota de 230 euros al mes, al encontrarse dentro del primer tramo, con rendimientos iguales o inferiores a 670 euros.
CUOTA REDUCIDA POR INICIO DE ACTIVIDAD
La tarifa plana del actual RETA se integra también en el nuevo modelo, aunque pasará a llamarse cuota reducida para los autónomos que inicien su actividad y será de 80 euros al mes durante doce meses para todos los nuevos autónomos.
Pasado ese periodo, esa cuota reducida solo se prorrogará para los autónomos que no hayan conseguido que sus rendimientos despeguen y sigan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para el resto, se aplicará la cuota correspondiente a su tramo de cotización según sus rendimientos netos.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este miércoles que el Gobierno está dispuesto a prorrogar los abonos gratuitos ferroviarios y la bonificación al combustible más allá del 31 de diciembre si, llegado el momento, lo considera útil y necesario.
Sánchez, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha recordado que el abono gratuito para usuarios de Renfe, que se puede adquirir desde hoy, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, pero, ha señalado que el Ejecutivo prorrogará esta medida u otra similar "si hace falta".
De momento, ha señalado que 330.000 personas se han registrado ya en la web de Renfe para adquirir estos abonos gratuitos a partir de este miércoles.
En el caso de la bonificación al combustible, la ministra ha destacado que ha beneficiado al conjunto de la ciudadanía y ha contribuido a contener la inflación. "Si llegados al 31 de diciembre consideramos que sigue siendo útil y necesaria esta medida, el Gobierno será sensible y prorrogará este descuento", ha asegurado.
"NO ES EL MOMENTO PROPICIO" PARA LOS PEAJES EN AUTOVÍAS
Preguntada por si el Gobierno ha retomado su intención de implantar peajes en las autovías, la ministra ha indicado que "no se ha retomado nada", sino que se sigue trabajando en lo establecido en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible: estudiar las diferentes alternativas para financiar la red de carreteras del Estado, entre ellas la implantación de un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024.
Para ello, ha explicado, el Ejecutivo encargó estudios sobre los diferentes modelos que se podrían aplicar, pero ha precisado que, en el actual contexto, "parece que no sea ahora el momento más propicio" para abordar este nuevo sistema de financiación.
En todo caso, la ministra ha insistido en que debe ser una fórmula que concite "el máximo consenso posible" entre las fuerzas políticas y entre los sectores afectados.
Según la documentación publicada en el portal de contrataciones, la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar este nuevo sistema de financiación de las carreteras.
PIDE PAZ SOCIAL A LOS SINDICATOS
En otro orden de cosas, ante las advertencias de los sindicatos de un "otoño caliente" si los empresarios no aceptan subir los salarios en el actual contexto de inflación, la ministra ha apelado a la unidad y a la paz social.
"Ante unos meses complicados, es asumible un esfuerzo por la paz social y también necesario", ha señalado Sánchez, que en lo que respecta al salario mínimo interprofesional (SMI) ha recordado que el objetivo del Gobierno sigue siendo el de situarlo en el 60% del salario medio a final de legislatura.
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superaron los 42,3 millones el pasado mes de julio, lo que supone un aumento del 60,7% respecto al mismo mes de 2021 cuando hubo 26,3 millones, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Respecto a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España superaron los 15,6 millones, lo que representa un 34,9% del total. Por su parte, las de los no residentes se situaron por encima de los 26,7 millones.
Por otro lado, la estancia media aumentó un 11,6% respecto a julio de 2021, situándose en 3,4 pernoctaciones por viajero.
La recuperación del turismo en España se confirma, así durante los siete primeros meses de 2022 las pernoctaciones se incrementaron un 187,7% respecto al mismo periodo del año anterior.
Respecto a los precios, la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó en el 16,4% en julio, lo que supone 7,9 puntos más que la registrada en el mismo mes de 2021, y 4,2 puntos menos que la registrada el mes pasado.
Por comunidades autónomas, las mayores subidas de precios hoteleros respecto a julio de 2021 se dieron en Comunidad Foral de Navarra (32,4%) y en la Comunidad de Madrid (30,7%)
Según los datos del INE, la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 121,4 euros en julio, lo que supone un aumento del 17,5% respecto al mismo mes de 2021.
Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 89,9 euros, con una subida del 56,6%.
Un total de 38 autónomos fallecieron en accidente laboral en el primer semestre del año, 12 más que en el mismo periodo de 2021, según datos del Ministerio de Trabajo difundidos este martes por la organización de autónomos Uatae, que ha pedido medidas de protección específicas para el colectivo.
Entre enero y junio los trabajadores por cuenta propia sufrieron 17.086 accidentes laborales con baja, un 7,6% más que en el primer semestre de 2021, con un aumento del 7,9 en los siniestros en jornada de trabajo y un incremento del 3% en los 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa).
"El aumento de los accidentes que se han dado en este semestre no puede convertirse en la foto fija de los trabajadores autónomos", advierte Uatae, que reclama redoblar esfuerzos para que la inseguridad y desprotección no se instauren en el colectivo.
Para María José Landaburu, secretaria general de Uatae, los datos de siniestralidad laboral "muestran únicamente una cara de la moneda" y suponen "la punta del iceberg de las carencias existentes en la protección del conjunto del colectivo".
"Hay accidentes laborales que no comportan baja médica y que por tanto quedan fuera de su contabilidad", ha denunciado Landaburu, que ha señalado que para frenar los accidentes laborales entre los autónomos se debe reducir la precariedad, lo que a su vez pasa por mejorar las condiciones y la protección social del colectivo.
La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha descartado la posibilidad de que se produzca una recesión en España en el "horizonte inmediato", si bien ha reconocido que algún trimestre podría no ser del todo positivo para la economía.
"Nosotros no vemos en el horizonte inmediato una recesión en España ni muchísimo menos. Vamos a crecer el 4% este año y para 2023 se esperan tasas en torno al 2%, punto arriba, punto abajo", ha señalado en una entrevista publicada en la revista 'Telva'.
En cualquier caso, Delgado ha reconocido que el riesgo cero no existe y que está presente la incertidumbre, por lo que no pueden descartar que algún trimestre "no sea del todo muy positivo" y que el potencial cierre del suministro del gas ruso hacia Europa, fundamentalmente hacia Alemania, pueda tener un impacto negativo en el crecimiento económico.
Aunque el punto de partida de España es mejor que el de otros países, dado que no se prevé que vaya a haber desabastecimiento energético, la subgobernadora ha explicado que la subida del precio de la energía está provocando que la inflación también suba en España.
En este escenario, el Banco de España considera que lo más eficaz es que exista "un pacto de rentas, tanto de salarios públicos como privados, cuanto más amplio mejor, de todos los agentes sociales". Según ha apuntado Delgado, los salarios deben subir "un poco por debajo de la inflación" y las empresas deben evitar repercutir totalmente sus aumentos de costes en los precios finales, lo que implica una reducción temporal de sus márgenes.
"Este pacto debería evitar que se desencadene una espiral inflacionista que se realimente en precios y en costes. En definitiva, todos tenemos que apretarnos el cinturón. Si no lo conseguimos entraríamos en una espiral inflacionista con perniciosas consecuencias para el crecimiento económico del futuro".
Además, de cara al inicio de las negociaciones sobre el Presupuesto de 2023, el Banco de España aboga por un plan de consolidación fiscal en el medio plazo que ofrezca "algún grado de certeza" de qué va a ocurrir con el porcentaje de deuda pública sobre el PIB, que alcanza el 115%. "Nuestros niveles están por encima de lo que se espera de la cuarta economía de la Unión Europea y me gustaría que volviéramos a una senda más moderada por la vía de los gastos y de los ingresos, de los dos", ha apostillado.
Por otro lado, ha valorado que los datos de paro del segundo trimestre han sido "buenos", con un buen comportamiento en industria y servicios, aunque cree que hay que esperar a analizar el impacto que pueda tener el recorte en el suministro de energía procedente de Rusia en algunos países europeos y cómo esto afecta a la economía española.
Preguntada por la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), la subgobernadora ha explicado que la normalización de la política monetaria, tras años con los tipos en negativo, no tendrá un impacto negativo en la economía siempre que se haga de una manera progresiva, moderada y acompasando los impactos para la economía y la necesidad de contener la inflación.
Respecto a la paridad entre el dólar y el euro, la subgobernadora ha destacado que España tiene "un potente sector exportador". "Las empresas españolas se han abierto muchísimo al exterior y, con el euro más barato, resultan más competitivas. Y por supuesto está el sector turístico, que también se beneficia de esta situación".
LA SOLVENCIA DE LA BANCA NO SE VERÁ COMPROMETIDA POR EL IMPUESTO
En otro orden de cosas, la subgobernadora del Banco de España ha descartado que el nuevo impuesto temporal a los beneficios de la banca, que gravará al 4,8% el margen de los intereses y comisiones que cobran las entidades, no debería comprometer la solvencia del sector bancario español.
En cualquier caso, ha resaltado que, aunque las cuentas de resultados de la banca se puedan ver favorecidas por una subida gradual de tipos de interés, también habrá que ser prudentes sobre el impacto en la economía española de todas las incertidumbres a las que está sometida actualmente.
"El negocio bancario es fundamental para la economía. Los supervisores queremos que los bancos ganen dinero porque, si no lo hacen, no podrán desarrollar adecuadamente su función de canalizador de la financiación hacia la economía, para que las inversiones fluyan donde sean más necesarias".
El PP respaldará este jueves en el Pleno del Congreso el decreto ley con el que el Gobierno ha reformado el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, acordado con las organizaciones más representativas del trabajo por cuenta propia.
Así lo ha confirmado su coordinador general del partido, Elías Bendodo, en la rueda de prensa convocada este lunes en la sede de Génova.
Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio, este decreto ley es fruto de un acuerdo alcanzado por el Gobierno con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae).
15 TRAMOS SEGÚN EL RENDIMIENTO NETO
El nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales, que contará con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032, y comenzará a aplicarse a partir de enero de 2023, con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y variarán hasta 2025, en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia.
Los autónomos tendrán la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis cambios al año, para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del año y de su actividad profesional.
Las disposiciones adicionales del decreto especifican que, pasados los tres años para los cuales está prevista la aplicación de los tramos, los interlocutores sociales tendrán que pactar los tramos para los próximos años, hasta 2032.
DEDUCCIÓN DE GASTOS
El nuevo sistema también atiende a otra de las peticiones de los autónomos, la deducción de gastos de difícil justificación, entre los que la Seguridad Social pone como ejemplo los ordenadores, el alquiler de locales o la compra de suministro. Esta deducción será del 7% para los autónomos y del 3% para los autónomos societarios.
De esta forma, un autónomo que presente unos ingresos medios de 900 euros y unos gastos por el ejercicio de su actividad de 185 euros tendrá unos rendimientos netos de 715 euros, resultado de la resta de los ingresos y los gastos. De ese monto se podrá deducir un 7%, equivalente a 50,05 euros. Los rendimientos netos finales serían de 664,95 euros (715-50,05), por lo que el autónomo pagaría una cuota de 230 euros al mes, al encontrarse dentro del primer tramo, con rendimientos iguales o inferiores a 670 euros.
CUOTA REDUCIDA POR INICIO DE ACTIVIDAD
La tarifa plana del actual RETA se integra también en el nuevo modelo, aunque pasará a llamarse cuota reducida para los autónomos que inicien su actividad y será de 80 euros al mes durante doce meses para todos los nuevos autónomos.
Pasado ese periodo, esa cuota reducida solo se prorrogará para los autónomos que no hayan conseguido que sus rendimientos despeguen y sigan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para el resto, se aplicará la cuota correspondiente a su tramo de cotización según sus rendimientos netos.
La cifra de negocios de las empresas aumentó un 29,9% en junio respecto al mismo mes de 2021, moderando en 3,8 puntos la subida registrada el mes anterior, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con este repunte, las ventas de las empresas encadenan 16 meses consecutivos de alzas interanuales después de haber pasado un año en negativo por el impacto del Covid.
Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas se incrementó un 30,5% en junio, tasa un punto inferior a la de mayo.
En valores mensuales y dentro de la serie corregida, la facturación empresarial registró en junio un aumento del 1,5%, cuatro décimas más que en mayo.
Los principales grupos bancarios españoles (Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell) elevaron un 2,5% sus colchones de activos líquidos de alta calidad a cierre del segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2021, hasta los 646.800 millones de euros, si bien los habían reducido un 0,8% en comparación con el pasado mes de marzo, según los datos recopilados por Europa Press de los informes remitidos por las entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Este colchón debe estar compuesto por activos que puedan transformarse en efectivo de manera rápida e inmediata y cuya pérdida de valor sea escasa o nula, según se recoge en la regulación bancaria del Comité de Basilea. Se trata de una medida impulsada tras la crisis financiera de 2008 y cuyo objetivo es que los bancos puedan responder rápidamente a una crisis de liquidez.
El Comité de Basilea estableció que estos activos deben estar libres de cargas, tener escaso riesgo y volatilidad, una facilidad y una certeza de su valoración, baja correlación con activos de riesgo, y cotizar en mercados reconocidos y desarrollados, entre otras características. Es decir, son aquellos que, incluso en periodos de graves tensiones financieras, mantienen su capacidad de generar liquidez. Así, se incluyen tanto el dinero en efectivo como las reservas en bancos centrales, los pagarés a empresas o los bonos garantizados.
Además, este fondo se utiliza para calcular el coeficiente de cobertura de liquidez (LCR, por sus siglas en inglés). En concreto, esta ratio mide la relación entre este colchón de liquidez y las salidas de efectivo que puede tener que afrontar durante un período de 30 días de tensiones de liquidez.
La normativa bancaria exige que, en periodos donde no se produzcan esas tensiones, esta ratio sea de al menos el 100% para las entidades con negocio internacional, lo que implica que los fondos de activos líquidos de alta calidad deberán ser al menos iguales que las salidas netas de efectivo esperadas en un periodo de crisis de liquidez.
La regulación del Comité de Basilea contempla que, en esas épocas de tensiones financieras, los bancos utilicen estos fondos de activos y puedan reducir la ratio de cobertura de liquidez por debajo del 100%, como ya sucedió durante la pandemia de Covid-19. En marzo de 2020, el Banco Central Europeo relajó el umbral de la ratio para permitir a los bancos de la eurozona que echasen mano al colchón de liquidez, si bien el coeficiente de cobertura para la zona euro no solo disminuyó, sino que se elevó por encima del 170%, frente al 140% registrado antes de la pandemia.
En diciembre de 2021, el banco central anunció que no prorrogaría la relajación de los requerimientos de liquidez, por lo que los bancos volvieron a estar obligados a mantener una ratio LCR por encima del 100%.
COLCHÓN DE LIQUIDEZ Y LCR POR ENTIDADES
De las cuatro entidades analizadas, Santander es la única que ha aumentado su fondo de activos líquidos de alta calidad tanto con respecto a marzo como en la comparación con el año pasado. A 30 de junio, tenía un colchón de 297.100 millones de euros, un 2,0% más frente al dato de marzo, cuando el fondo cerró en los 291.200 millones de euros, mientras que con respecto a junio de 2021, el colchón aumentó un 10,2%.
Con esta cifra, su ratio LCR se situó en el 165% a cierre del primer semestre, frente al 157% registrado a finales de marzo y al 164% de junio de 2021, manteniéndose siempre por encima del 100% requerido por la regulación.
CaixaBank es la segunda entidad con mayor colchón de liquidez tras Santander, con 161.451 millones de euros en activos líquidos de alta calidad, aunque esta cifra supone una caída del 5,1% frente a marzo y del 0,3% con respecto a junio de 2021.
En cuanto a la ratio LCR, duplicaba el mínimo exigido del 100%, al situarse en el 312% a cierre del sexto mes del año, si bien se redujo con respecto a periodos anteriores: a cierre del primer trimestre de este año, la ratio era del 315%, mientras en junio de 2021 se situaba en el 333%.
Por su parte, BBVA redujo un 0,7% su fondo de activos líquidos de alta calidad con respecto a marzo, hasta los 133.700 millones de euros, mientras que la caída frente a junio de 2021 fue del 9,7%. No obstante, su ratio LCR se elevó al 170% a 30 de junio de este año, frente al dato de marzo, cuando se situó en el 152%.
Por último, Sabadell tenía a cierre de junio un colchón de liquidez de alta calidad de 54.570 millones de euros, un 3,1% menos que en marzo, aunque si se compara con junio de 2021, aumentó un 5,6%. A cierre del periodo, su ratio LCR era del 225%, frente al 235% de marzo y al 220% de junio de 2021.
El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista se dispara este sábado un 30,9% con respecto a este viernes, hasta los 287,05 euros por megavatio hora (MWh), según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.
Este precio es el resultado de sumar el promedio de la subasta en el mercado mayorista a la compensación que pagará la demanda a las centrales de ciclo combinado por la aplicación de la 'excepción ibérica' para topar el precio del gas para la generación de electricidad.
En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista --el denominado 'pool'-- se situó para este sábado en 169,11 euros/MWh. El precio máximo se registrará entre las 22.00 y las 23.00 horas, con 230 euros/MWh, mientras que el mínimo para la jornada, de 120 euros/MWh, se dará entre las 17.00 horas y las 18.00 horas.
A este precio del 'pool' se suma la compensación de 117,94 euros/MWh a las gasistas que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada.
A pesar de que el sábado, con llegada del fin de semana, se produce una caída en la demanda, este encarecimiento de la luz se produce con unos niveles del precio del gas TTF en Holanda, de referencia en el mercado europeo, en niveles máximos, cotizando este viernes a más de 246 euros/MWh.
Por su parte, en el mercado ibérico (Mibgas) el precio de gas natural se intercambiaba este viernes a 162,95 euros/MWh, con un repunte de más del 3% con respecto a ayer.
España cerró el mes de julio con 2.702.645 afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas, lo que supone un crecimiento interanual del 5,6% y la creación de 143.524 nuevos empleos, según los datos difundidos este viernes por Turespaña.
Así, julio es el cuarto mes consecutivo en el que se supera la cifra de afiliados en comparación con idéntico mes de 2019 (2.617.860). Además, el sector turístico continúa liderando la creación de empleo en España, representando el 13,3% del total de afiliados en la economía nacional.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado que estos "buenos datos" reflejan que el turismo será uno de los sectores que "más va a contribuir a la generación de empleo y a la recuperación económica este año".
Para Maroto, la inflación no está afectando a la decisión de viajar y las medidas adoptadas por el Gobierno como la bonificación del carburante o las rebajas de impuestos como la bajada del IVA de la luz están suponiendo "un alivio para muchas familias".
Por ramas de actividad, la hostelería ganó 198.931 afiliados (122.530 en los servicios de comidas y bebidas y 76.401 en los servicios de alojamiento), mientras que en las agencias de viajes hubo un incremento de 5.203 trabajadores. El conjunto del resto de actividades turísticas registró un descenso de 60.610 trabajadores.
En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 70,3% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en tasa interanual un 12%. Este aumento fue debido tanto al incremento de los asalariados (15%) como al de los autónomos (0,3%).
Por comunidades autónomas, el número de ocupados en turismo creció en todas respecto al año pasado. En cifras absolutas, los mayores incrementos se dieron en Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.
En términos relativos, destaca el aumento interanual de Baleares (23,1%) y Canarias (19,3%).
La cifra de negocios de la industria subió un 31,7% en junio respecto al mismo mes de 2021, debido, principalmente, al impulso de las ventas procedentes del sector energético, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el avance interanual de junio, casi un punto inferior al registrado en mayo, la facturación de la industria suma 16 meses consecutivos de ascensos tras haber encadenado anteriormente un año de tasas interanuales negativas por la crisis del Covid.
En términos mensuales (junio sobre mayo) y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, la industria elevó sus ventas un 2,2%, casi dos puntos más que en mayo y su tercer crecimiento mensual consecutivo.
Fedepesca, la patronal de las pescaderías tradicionales, ha reclamado al Gobierno una política de apoyo a la alimentación saludable, con la rebaja del tipo impositivo que grava a los productos pesqueros para situarla en el 4%, según informa en un comunicado.
En concreto, la patronal vuelve a solicitar esta bajada impositiva tras conocerse los datos del consumo alimentario en hogares publicados por el Ministerio de Agricultura que reflejan una "alarmante caída" del 8,4% del consumo de productos pesqueros en hogares en 2021 respecto al 2020 y que supone un 20,4% menos que el 2008.
Según los datos del Ministerio sobre la Alimentación en España 2021 son las familias de clase socioeconómica baja quienes compran la categoría de productos pesqueros de forma menos intensiva, estando por debajo del consumo medio en España, 22,72 kilos por persona y año, las clases media, media baja y baja, con 22,36, 21,77 y 20,05 kilos por persona y año, respectivamente.
Los hogares conformados por parejas con niños pequeños solo consumen 9,71 kilos por persona y año, menos de la mitad de la media del consumo en España, y de este consumo solo 3,7 kilos año son de pescado fresco. Las parejas con hijos de edad media se quedan en 14,80 kilos al año de los que únicamente 5,7 kilos corresponden a pescado fresco.
El PSOE apoyará la subida del Salario Mínimo Interprofesional que ha propuesto el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, con el fin de alcanzar el 60 por ciento del salario medio, es decir, los 1049 euros en 2023. Así lo ha afirmado la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, en declaraciones a Europa Press.
"Nuestro compromiso, el compromiso de este Gobierno, es llegar al 60% del salario medio aproximadamente y es lo que vamos a hacer", ha explicado, dejando claro que les gustaría poder abordar ese compromiso con los agente sociales el próximo otoño. Precisamente explica que el diálogo social es "otra costumbre" que les "gusta mantener".
OPORTUNIDAD DE LA BANCA DE DEVOLVER PARTE DE LO RECIBIDO EN LA CRISIS
Pilar Alegría también se ha referido al impuesto a la banca que se comenzará a aplicar a partir de 2023. En este sentido y ante las declaraciones del sector financiero en contra del mismo y la posibilidad de que se traslade a los ciudadanos, ha querido precisar que "con este impuesto los principales beneficiarios son los clientes de esas entidades financieras".
En su opinión, con este impuesto las entidades financieras tienen una "magnífica oportunidad para recuperar su maltrecha imagen" que tiene. "Y aún les diré más, creo que este impuesto es una verdadera apuesta de ejercicio de responsabilidad social corporativa que podrían adoptar las entidades financieras y además, adaptándolo de buen gusto, de buen agrado y no a regañadientes, porque en su momento, con los impuestos de todos los ciudadanos, se les ayudó en un momento en la anterior crisis económica y financiera", ha argumentado.
Según la dirigente socialista, los bancos pueden devolver ahora una "mínima parte" a los ciudadanos de lo que ellos recibieron para "salvar a las entidades financieras en la última crisis económica".
Las empresas familiares cotizadas sortearon en mejores términos la pandemia, cayendo casi siete puntos porcentuales menos en bolsa que las demás compañías, y son capaces de desenvolverse mejor en crisis complejas como la del Covid-19, según se desprende de un análisis de los expertos del área de IPB International Private Bank de Deutsche Bank, Markus Eckey y Sebastian Memmel.
Los autores subrayaron que las empresas familiares tienen ventajas en comparación con las que no tienen una familia como inversor de referencia, lo que las hace más resilientes en las crisis.
Por ejemplo, mientras que los precios de las acciones de las empresas familiares alemanas se desplomaron un 23,7% durante la primera fase del Covid, las firmas sin un accionista familiar vieron caer sus precios aún más, un 30,7%.
"En el caso de las empresas familiares, el desplome es por término medio menor en una crisis y la recuperación suele ser mucho más rápida", destacó Eckey, en tanto que el informe resalta que estas compañías volvieron a los niveles anteriores a la crisis tres semanas antes.
Otra de las conclusiones que subrayaron es que las empresas familiares que cotizan en bolsa son más rentables. Según su estudio, su rentabilidad sobre los fondos propios (RoE) fue del 7% de media en 2020, frente a la rentabilidad negativa del 11% en el caso de las empresas sin un accionista familiar.
Para los autores del estudio, hay tres factores clave que explican por qué estas empresas resisten mejor las crisis: el anclaje emocional, la rápida toma de decisiones y la estabilidad financiera.
Como inversores ancla, las familias o los fundadores suelen estar más vinculados emocionalmente a la compañía que otros inversores y su atención se centra en el éxito empresarial a largo plazo, en tanto que su gestión centralizada les permite tomar decisiones de una forma más rápida.
Eckey añadió que las empresas familiares suelen tener una base de capital más conservadora, lo que les da más estabilidad en una crisis repentina. Eso se suele traducir en unas ratios de capital más elevados.
Francia volvió a situarse como el primer destino de las exportaciones españolas de vehículos en el año 2021, tras recibir 336.052 unidades, un 18,5% del total de modelos fabricados en las plantas españolas, según los datos del Informe Anual 2021 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).
En total, las factorías españolas exportaron 1,82 millones de unidades a otros países el año pasado, un 6,7% menos que el año anterior, debido principalmente a la crisis de microchips, que lastró la producción de nuevos modelos. Esto supone un 86,8% sobre el total de 2,1 millones de vehículos producidos en el territorio nacional.
Alemania se situó como el segundo mercado más importante de las exportaciones españolas de vehículos, con 318.536 unidades, un 17,5% de cuota, por delante de Reino Unido, con 222.696 unidades (12,2% del total). Les siguen Italia, con 221.066 vehículos (12,1%), y Turquía, con 84.499 unidades (4,6%).
El informe apunta que la menor producción, debido a la escasez de componentes, y la baja demanda de los mercados europeos, condicionó el volumen de exportaciones nacionales, y redujo los envíos a los destinos europeos que representan 9 de cada 10 de los vehículos enviados fuera de España, con 1,65 millones de unidades.
Tras Turquía, México (23.844 unidades, 1,3% del total), Marruecos (20.653 unidades; 1,1%) y Japón (18.679 unidades; 1%) se situaron como los países fuera de Europa que más vehículos españoles importaron en 2021, según el informe de Anfac recogido por Europa Press.
Por su parte, el continente americano recibió 67.414 vehículos hechos en España durante el año pasado, un 3,7% del total, mientras que fueron a parar a Asia 32.891 unidades, con una representatividad del 1,8%. Además, África se hizo con el 3,3% de las exportaciones españolas (59.991 vehículos) y Oceanía, con solo el 0,7%, hasta 12.326 unidades.
Por tipo de vehículo, las factorías españolas exportaron a todo el mundo durante el ejercicio 2021 un total de 1,46 millones de turismos, lo que supone un descenso del 8,4% en comparación con el año anterior; mientras que se enviaron a otros mercados 320.053 vehículos comerciales ligeros (-4,5%) y 45.040 vehículos industriales (+65,1%).
La ocupación en alojamientos rurales para el puente de agosto alcanza el 69%, lo que supone once puntos porcentuales más que las cifras del mismo periodo de 2019, según Escapadarural.
En concreto, el turismo rural se situará en el 72% de ocupación para mañana 13 de agosto, mientras que el domingo 14 bajará al 67%.
Por comunidades, Murcia (82%), Asturias (82%) y Navarra (81%) son las tres con el nivel de ocupación más elevado para el fin de semana del puente. Por el contrario, La Rioja (53%), Madrid (56%) y Castilla-La Mancha (59%) son las que registran el menor nivel de ocupación.
Por otro lado, Escapadarural ha destacado que el turismo rural sigue siendo una de las principales opciones de los españoles para disfrutar de escapadas, puentes o vacaciones.
Según el Observatorio del Turismo Rural, las principales motivaciones de 2022 para elegir un destino rural son la naturaleza (40%), la desconexión (23,8%) y el socializar con amigos y familia (14,1%).
El número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 6,8% en junio respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar un total de 8.909 empresas, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con la caída de junio, la creación de empresas encadena tres meses consecutivos de retrocesos interanuales después de que en abril disminuyera un 8,2% y en mayo, un 4,6%.
Para la constitución de las 8.909 empresas creadas en junio se suscribieron más de 362 millones de euros, lo que supone un 23,2% menos que en igual mes de 2021, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 40.739 euros, cayó un 17,6% interanual.
Al tiempo que disminuyó la creación de sociedades, en junio aumentó la disolución de empresas, un 8,1% respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 1.698.
En los seis primeros meses del año se han constituido un 1,7% menos de empresas que igual periodo de 2021 y han desaparecido un 7,7% más de sociedades.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha activado un programa para subvencionar cursos de formación en digitalización y sostenibilidad en el ámbito del transporte, la movilidad, la logística y las infraestructuras vinculadas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la orden ministerial que aprueba las bases reguladoras para la concesión de hasta 33 millones de euros en ayudas de los fondos europeos 'Next Generation EU' para la capacitación en digitalización, como paso previo a la publicación de la primera convocatoria en concurrencia competitiva, que está previsto que se abra el próximo mes de septiembre.
Los cursos deben constar de un mínimo de 15 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) con entre 25 y 30 horas por crédito, lo que equivale a 375 horas de trabajo del alumno como mínimo.
Al menos, un tercio de las horas del curso deben ser lectivas y los cursos podrán impartirse en tres modalidades: presencial, a distancia ('online' y Aula Virtual) o mixta.
Al ser una convocatoria en concurrencia competitiva, serán elegidas las propuestas que más puntuación obtengan según la calidad del contenido de la oferta formativa, la accesibilidad a los cursos presenciales y mixtos y alcance territorial de las acciones, el número de ediciones de los cursos, la madurez de estos y el perfil de los alumnos que puedan matricularse.
En este sentido, los contenidos de los cursos deben adaptarse a las indicaciones recogidas en las bases reguladoras o, en su caso, en cada convocatoria, o tener el aval de alguna autoridad, asociación empresarial, organismo público empresarial o compañía del sector del transporte y la movilidad.
Está previsto sacar futuras convocatorias que tengan como beneficiarios a otros centros, como centros de formación profesional. Asimismo, y en función del éxito de esta primera convocatoria, se publicarán nuevas convocatorias de esta orden de ayudas destinada a universidades.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lanzará en las próximas semanas la primera convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyecto empresariales con 5G dotada con 60 millones de euros bajo el nombre de Único Sectorial.
Las ayudas se otorgarán a proyectos que cuenten con entre 3 y 15 millones de euros de presupuesto y tendrán una intensidad máxima de entre el 25% y el 60%, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.
El nuevo programa cuenta en su totalidad con 90 millones de euros, ya que el Gobierno tiene previsto realizar otro llamamiento ya en 2023 con otros 30 millones de euros.
Estas ayudas servirán para que empresas, centros de investigación y otras entidades desarrollen prototipos, demostraciones, ensayos o pilotos utilizando esta tecnología en campos como el vehículo conectado, la salud, el turismo, la seguridad y la agricultura, entre otros.
La convocatoria permite concurrir en solitario o en agrupaciones, si bien premia la participación en consorcio y con el apoyo de centros de investigación y pymes.
El objetivo es que las firmas desarrollen soluciones tecnológicas propias, en vez de integrar tecnologías de terceros, de hecho será uno de los criterios primordiales junto al impacto socioeconómico a la hora de otorgar las subvenciones.
'HEREDERO' DE LOS PILOTOS 5G
El nuevo programa toma así el testigo de los pilotos 5G que el Gobierno puso en marcha en 2019 y 2020 para probar posibles usos de esta tecnología.
En estos programas, el Gobierno repartió 65 millones de euros para la realización de proyectos en diez comunidades autónomas y reservó espectro para ello, aspectos que difieren de la nueva convocatoria de ayudas que se planea en esta ocasión.
El despliegue del 5G es una de las prioridades del Gobierno en materia digital y, además de subastar el espectro necesario, está dedicando parte de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para ello.
De hecho, el Ejecutivo tiene en activo el acceso a las ayudas para Único 5G, que destinará 150 millones de euros a la construcción de torres de telecomunicaciones que presten servicios 5G en el ámbito rural y ha concedido también 95,2 millones de euros a centros de investigación para desarrollos de 5G avanzado y 6G.
La integración de las mujeres en los consejos de administración españoles se estanca, según el V Informe 'La Contribución de las empresas españolas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las tensiones en la transición hacia la sostenibilidad', elaborado por la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de Esade.
Así, este trabajo pone de manifiesto que el contexto socioeconómico pospandemia se caracteriza por ser un "entorno fragmentado, fraìgil, y crecientemente inestable" por la disrupción geopoliìtica de la Guerra en Ucrania, al tiempo que se da un paso atrás en la proporción de mujeres en la empresa, otra variable destacada por la literatura para mostrar una correlación positiva con la gobernanza de la sostenibilidad: "Las mujeres representan el 37% de los trabajadores de la plantilla en el global de empresas analizadas, un dato que se ha mantenido estable a lo largo de los últimos 5 años. Esta proporción desciende hasta el 27% en el caso de mujeres consejeras y al 22% para las mujeres con cargos directivos".
En declaraciones a Europa Press, Anna María González, directora de proyectos de la Cátedra de Liderazgo y Sostenibilidad de Esade, y coautora del informe, recuerda que la Ley de Igualdad de 2007 impulsó el objetivo de equilibrar el número de hombres y de mujeres pero no lo hizo con carácter obligatorio, si bien reconoce que el mayor impulso se realizó a través de las recomendaciones específicas de la CNMV de alcanzar el 30% de consejeras en 2020, y la actualización presente para alcanzar el 40% de mujeres para finales de 2022.
"El resultado que expone el informe (27% consejeras) puede explicar un primer avance y voluntad de cumplir con el objetivo, pero también la dificultad de revertir esos patrones anclados en el interior de las organizaciones; en especial, cuando se trata de sustituir a miembros representantes del consejo y no de ampliar su composición", reconoce.
En su opinión, a esto se añade la complejidad en la conciliación de la vida familiar y profesional, una política por lo general mencionada pero no descrita en detalle por las empresas, u otros elementos de cultura de trabajo como la preferencia por la presencialidad ("que el teletrabajo podría cambiar"), y "las discusiones informales - pero influyentes- fuera de los espacios de trabajo", aclara.
"Existe el talento suficiente para alcanzar la paridad en los altos puestos, pero es necesario un cambio de mentalidad, de sensibilidad, y de priorización de esta perspectiva para ser implementada de forma efectiva. La introducción de medidas correctivas en los nombramientos de nuevos miembros, posiciones voluntarias de no participar en espacios en los que no haya mujeres, o la incorporación en los estatutos de las empresas podrían ser ejemplos de ello", reseña la experta.
UN COSTE DE OPORTUNIDAD
A su vez, este V Informe, elaborado por el Observatorio de los ODS con la colaboración de la Fundación 'La Caixa', pone de relieve el lema 'no dejar a nadie atrás' de la Agenda 2030 y menciona que este no solo se refiere a una obligación moral, sino a un coste de oportunidad en el caso de no integrar perfiles diversos en las organizaciones: "Para las empresas es esencial combatir cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, género y/o identidad sexual, para asegurar la igualdad de oportunidades y la existencia de órganos de gobierno equilibrados. Este balance permitirá a las empresas ejercer una gobernanza de la sostenibilidad efectiva en su contribución al desarrollo sostenible".
En este sentido, la experta de Esade recuerda que, con la Ley de 2018 de información no financiera y diversidad, las empresas deben cumplir por primera vez con la obligación de divulgar sus políticas de diversidad, es decir, de igualdad de oportunidades, no discriminación en la contratación, o no discriminación en la retribución salarial.
"Es un concepto que abarca cuestiones de género, y también de discapacidad, raciales o religiosas. La presencia de voces diversas en los órganos de decisión favorece la exposición de múltiples visiones para analizar los impactos de las decisiones que se adoptan, y las contrapartidas de hacerlo, o de no incorporar esta perspectiva. El valor añadido de la diversidad puede residir en incorporar personas con procedencias, perfiles y bagajes diferentes que amplíen el espectro de las discusiones y la contribución de las empresas a la sociedad", valora González.
A su juicio, el coste de no hacerlo puede manifestarse para las compañías en pérdida de talento y de capital humano, de reputación ante sus clientes y de la confianza que depositan los ciudadanos en el sector privado como motor de transformación, especialmente en materia de sostenibilidad.
POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
Por otro lado, el V Informe 'La Contribución de las empresas españolas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las tensiones en la transición hacia la sostenibilidad' pone de relieve que desciende moderadamente el porcentaje de empresas que comunica sobre políticas de igualdad de género.
"Respecto a 2020 ha habido algunas mejoras en cuanto a las empresas que reportan datos sobre igualdad de oportunidades y diversidad en la plantilla. Mientras que en 2020 lo hacía un 89%, y el 32% del total lo hacía de manera ambiciosa, en 2021 reportan el 90% de las empresas, y hasta 36% del total lo hace de modo ambicioso. Sin embargo, han empeorado ligeramente los datos de las empresas que reportan sobre discriminación en la contratación de personal. Vemos que en 2021 el 43% de las empresas reportan de modo general y solo el 4% lo hace de manera detallada (en ambos casos 2 puntos por debajo de 2020)", sostiene.
A su vez, mantiene que empeora ligeramente el reporte sobre la discriminación en la retribución salarial, y en 2021 el 39% de compañías hace referencia a este tipo de políticas de modo intencional, 10 puntos por debajo de 2020, mientras que el porcentaje que lo hace de modo ambicioso pasa del 6% al 5%.
"Es probable que la bajada en la cantidad y la calidad del reporte se deba a la suma de dos factores: un cambio de prioridades en el reporte, que ha llevado a las empresas a ofrecer menos información sobre estas políticas que el año pasado; y después, la incorporación de nuevas empresas a la muestra, de forma que al tratarse de compañías que reportan por primera vez este año es posible que lo hayan hecho con menor calidad", concluye.
Los menores de 25 años firmaron 1,96 millones de contratos durante el primer semestre de 2022, un 24,2% más que el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el informe publicado este lunes por la empresa de recursos humanos Randstad.
Este segmento de edad fue el que ha experimentado un mayor incremento en la contratación durante el pasado año, ya que, a distancia, se encuentra el de mayores de 45 años, con un crecimiento del 11,4%, y de los trabajadores situados entre 25 a 45, con un 6,4%.
Las mujeres menores de 25 años son las que vieron crecer en mayor medida su contratación, ya que aumentaron las firmas en un 29,6% con respecto a los primeros seis meses de 2021, con un total de 897.805 contratos. Por su parte, los hombres firmaron 1.071.851 de contratos, un 20,1% más.
LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA SE MULTIPLICA POR CINCO
En lo que se refiere al tipo de contrato firmado por los menores de 25 años, Randstad detecta un considerable incremento de la contratación indefinida, que se multiplicó por cinco en este segmento de edad, un incremento del 446,2% pasando de las 118.012 firmas del primer semestre de 2021 a las 644.562 actuales.
Se incrementó además su peso con respecto del total, ya que supone el 32,7% del total de contratos, mientras que el año pasado representaba el 7,4%. Esto significa que uno de cada tres contratos que firman los jóvenes menores de 25 años es indefinido.
Por su parte, la contratación temporal se redujo en un 9,7%, hasta los 1,3 millones de firmas, frente al cerca de 1,5 millones de 2021, lo que ha provocado que el peso se redujese del 92,2% del año pasado al 67,3% actual.
EL 80% DE LOS CONTRATOS, EN EL SECTOR SERVICIOS
El estudio también analiza la evolución de la contratación según el sector de actividad. Randstad destaca que el sector servicios es el que emplea, con diferencia, a más profesionales menores de 25 años, con más de 1,5 millones de contratos, el 78,4% del total de contratos en este segmento. La industria, por su parte, supone el 9,7%, con 190.965 firmas, seguida por agricultura, con el 8,9% (176.129 contratos), y la construcción, el 3% (58.925).
De hecho, el sector servicios fue el que incrementó en mayor medida su volumen de contratos con respecto al primer semestre de 2021, exactamente un 35,7%. La industria registró un 8,6% y ya, experimentando descensos, se encuentra la construcción (-0,9%) y la agricultura (-12,4%).
LAS ISLAS, ASTURIAS Y MADRID LIDERAN LOS INCREMENTOS EN CONTRATACIÓN
Por comunidades, Randstad destaca que los archipiélagos son las autonomías donde más ha crecido la contratación entre los jóvenes en este primer semestre. En concreto, en Baleares se multiplicó por dos, mientras que en Canarias el crecimiento fue del 90,1%.
Otros aumentos considerables se han producido en Asturias, la Comunidad de Madrid (ambas con el 39%), la Comunidad Valenciana (29,7%) y Cataluña (24,3%). Ya por debajo de la de la media nacional (24,2%), se encuentran Euskadi (22,8%), Galicia (22%), La Rioja (19,8%) y Andalucía (19,6%), Castilla y León (17%), Aragón (15,1%), Navarra (10,3%), Extremadura (5,4%) y Cantabria (4,8%). Por su parte, Castilla-La Mancha (-0,2%) y la Región de Murcia (-1,5%) registraron las únicas caídas
En cuanto a volúmenes, Cataluña (388.817) y Andalucía (377.967) registraron los mayores volúmenes de contratos a menores de 25 años, seguidas por la Comunidad de Madrid (277.342) y la Comunidad Valenciana (207.293). La suma de estas cuatro autonomías supone el 63,5% de todos los contratos que se firmaron en este segmento.
Con volúmenes más moderados se encuentran la Región de Murcia (88.548), Euskadi (87.221), Castilla-La Mancha (79.128), Castilla y León (76.352), Galicia (67.589), Canarias (65.188), Aragón (59.125), Baleares (58.157) y Extremadura (40.392). Cierran la lista Navarra (36.591), Asturias (21.888), Cantabria (19.051) y La Rioja (14.722).
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha precisado que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al "entorno de los 25 grados", teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 grados que contempla el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno.
En este sentido, ha aclarado que los 27 grados se aplicarán "con flexibilidad" y ha puesto como ejemplo que discotecas, cocinas y gimnasios necesitan una temperatura distinta a otros espacios como una librería.
"No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura", ha asegurado Ribera en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.
Por ello, los comercios y establecimientos deberán justificar cuándo no aplican el límite de temperatura en el termostato, una flexibilidad incorporada en el decreto ley para proteger los derechos de la salud laboral de sus trabajadores.
Ribera ha señalado que este primer paquete de medidas está pensado para edificios de uso público "con flexibilidades" según el tipo de actividad económica y el trabajo que se desempeñe.
Así, ha distinguido los trabajos sendentarios --trabajar en una oficina-- de los trabajos activos --la actividad en un restaurante--. "El propio decreto ley incorpora una llamada que allí donde haya espacios donde los trabajadores tengan que desplazarse y tengan un ejercicio físico, debe aplicarse con la flexibilidad que corresponda", ha aclarado la ministra sobre la variación del termostato inicial.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha insistido en que el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética "está para cumplirse" y representa un "esfuerzo razonable y con respeto a las condiciones laborales que, en todo caso, se deben tener presentes", al tiempo que ha afirmado que el Gobierno no realizará modificaciones al respecto.
Por otro lado, Ribera ha resaltado el "complejo" contexto de crisis a nivel mundial causado principalmente por la guerra en Ucrania, lo que ha generado, según ha señalado, una tensión en los mercados energéticos globales.
La titular de Transición Ecológica ha insistido en que lo importante es cumplir con el compromiso solidario con el resto de países europeos, algo que "está al alcance de lo que se puede hacer sin excesivo esfuerzo".
"Nos tenemos que concentrar en la manera de contribuir y ayudar a todos los vecinos europeos que tienen un otoño e invierno complicados", ha afirmado Ribera, quien ha definido a España como "un pueblo solidario".
UGT ha pedido regular la temperatura máxima a la que se permite trabajar al aire libre y la duración de la exposición, ya que no aparece recogido en Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización aprobado a comienzos de semana por el Gobierno.
Además, el sindicato ha reclamado a la Inspección de Trabajo que incremente su labor para velar por el cumplimiento de otras medidas existentes para los puestos de trabajo que se desarrollan al aire libre o en lugares cerrados con temperaturas extremas, como los cambios de turno, horarios y descansos periódicos.
UGT ha calificado como "acertado" el Plan del Gobierno y ha exigido a las empresas el cumplimiento de los parámetros de temperatura marcados por el real decreto-ley, de en función del tipo de trabajo que se desarrolle.
El sindicato ha recordado que esta norma establece la limitación de la temperatura del aire en los recintos calefactados a 19 grados y en los refrigerados no será inferior a 27 grados, con una humedad relativa de entre el 30% y el 70%.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que las nuevas medidas encaminadas a evitar que los transportistas trabajen a pérdidas cuentan con el apoyo de una mayoría de las empresas del sector.
En declaraciones al Canal 24 horas recogidas por Europa Press, Sánchez ha defendido que estas medidas "dan certidumbre y paz" y así habrían sido valoradas por una amplia mayoría del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que reúne a las principales patronales del sector.
La ministra ha señalado que las iniciativas que hacen obligatorio el firmar por escrito un contrato entre transportistas y cliente, en el que figure un precio por encima de los costes, responden a una reivindicación "histórica" del sector.
Respecto a la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia, Sánchez ha detallado que está orientada a los usuarios que usan el tren para desplazarse habitualmente a su lugar de trabajo y de estudios, si bien espera que incentive el uso del transporte público en detrimento del coche.
Por último, la ministra también se ha referido a la situación del nuevo tren de alta velocidad en Extremadura, señalando que la puntualidad del Alvia está ya en el 90% tras haberse solucionado todos los problemas iniciales. Sánchez espera que en un año entre en operación la línea electrificada, lo que redundará en mejores tiempos y servicio.
Red.es ha publicado la convocatoria para el segundo tramo de las ayudas del Kit Digital, que repartirán hasta 6.000 euros a empresas de entre tres y nueve trabajadores a partir del 2 de septiembre.
Las ayudas podrán solicitarse durante un plazo de 12 meses y contarán con un montante inicial de 500 millones de euros, tal y como ocurrió con las ayudas para empresas entre 10 y 49 empleados.
No obstante, la cuantía sería ampliable, ya que el programa en total cuenta con 3.067 millones de euros de dotación procedentes de los fondos Next Generation.
KIT DIGITAL
El Kit Digital es un programa que permite contratar durante un año servicios digitales repartidos en 12 categorías con fondos Next Generation. Tras modificar la orden de bases la semana pasada, se han añadido servicios de 'marketplace' y posicionamiento avanzado en Internet'
Como principal novedad, esta convocatoria permitirá a las empresas financiar 'hardware', tal y como reclamaban algunas asociaciones de autónomos como Uatae.
Para solicitar la ayuda, las compañías deben registrarse en el portal Acelera Pyme y completar un test de autodiagnóstico para optar a la ayuda. Esta puede ser tramitada a través de los más de 8.700 agentes digitalizadores adheridos al mismo.
Red.es ya ha concedido casi de 21.000 ayudas a las empresas de entre 10 y 49 empleados para un total de 252 millones de euros de fondos europeos.
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes tres líneas de financiación para apoyar a pymes y al emprendimiento innovador
que gestiona Enisa, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por valor de 98,5 millones de euros.
En concreto, estas ayudas se distribuirán en tres líneas: Línea Enisa Jóvenes Emprendedores, Línea Enisa Emprendedores y Línea Enisa Crecimiento.
De esta forma, esta partida permitirá la financiación de más de 600 proyectos empresariales con una inversión inducida estimada entorno a los 218 millones de euros.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que "emprendimiento e innovación van de la mano". "Enisa cuenta con una larga trayectoria que ha permitido su auge y expansión, a través de una decidida apuesta por la innovación, tan necesaria para estimular el desarrollo económico y los nuevos modelos de negocio, que posibiliten la transformación, no solo de la economía, sino de la propia sociedad", ha indicado.
Por su parte, el consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación, José Bayón, ha manifestado que "en este año en que Enisa ha cumplido 40 años de su creación" hace un "balance positivo" del papel que como entidad pública juega para hacer "avanzar y crecer el ecosistema emprendedor y del incremento de recursos financieros y humanos que servirán para dar un mayor y mejor servicio a las pymes y emprendedores" de España.
En 2021, las operaciones aprobadas a través de estas líneas fueron 560, un 10,6% más que en 2020, y una inversión de más de 93,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% con respecto a 2020.
La cartera histórica de la entidad pública asciende a más de 7.700 préstamos desembolsados, superando los 1.165 millones de euros invertidos y más de 6.700 empresas financiadas.
Este impulso financiero se materializa en préstamos participativos de entre 25.000 euros y 1,5 millones de euros.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha dado 'luz verde' este lunes a la norma que regulará el primer paquete de ayudas del Perte agroalimentario en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está dotado por 500 millones de euros, en lo que supone el paso previo para la publicación de la primera convocatoria del plan y para abrir el plazo de presentación de proyectos antes de finalizar el año.
En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy esta orden de bases que regirá el conjunto de medidas de apoyo específico a actuaciones de fortalecimiento industrial de la cadena agroalimentaria para el periodo 2022-2023.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha señalado que con la publicación de esta orden el Gobierno "ofrece una oportunidad histórica para fortalecer la industria agroalimentaria y mejorar su competitividad, un sector que es estratégico para España y está contribuyendo al desarrollo económico del conjunto de los territorios y más específicamente de las zonas rurales".
"Este Perte apuesta por la modernización, sostenibilidad y digitalización del sector a través de programas de apoyo que promuevan una industria agroalimentaria competitiva y sostenible.
Debido a la importancia que tiene el sector vamos a incrementar en 100 millones de euros la línea de ayudas poniendo a disposición del tejido industrial hasta 500 millones de euros para financiar proyectos enfocados a la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad alimentaria", ha explicado Maroto.
BENEFICIARIOS Y CONCESIÓN
El Ejecutivo ha precisado que podrán ser miembros de la agrupación las sociedades mercantiles privadas, sociedades cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT) con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con independencia de su forma jurídica y su tamaño.
De esta forma, las entidades interesadas en presentar una solicitud se deberán constituir como una agrupación de empresas, formadas por al menos seis empresas, al menos una será una gran empresa, y además deberá estar integrada por un mínimo de cuatro pymes.
También serán válidas aquellas agrupaciones constituidas únicamente por pymes siempre que dos de ellas sean medianas empresas. Además, deberán tener implantación en un ámbito geográfico que abarque al menos a dos comunidades autónomas.
Las ayudas, que se formalizarán como subvenciones, préstamos o una combinación de ambos, estarán destinadas a proyectos tractores y el presupuesto financiable mínimo será de 15 millones de euros por cada uno de los proyectos.
La concesión de ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, siendo necesario acreditar que los proyectos no causan un perjuicio significativo al medioambiente.
SE PREVÉ QUE GENERE UN IMPACTO DE 3.000 MILLONES
De esta forma, el Perte agroalimentario, que está previsto que genere un impacto en la economía de 3.000 millones y una creación neta de 16.000 empleos, está dotado con una línea de ayudas de 1.100 millones de euros y se estructura en tres ejes, para los que se establecerán tres convocatorias.
El primer eje, que corresponde a la norma aprobada hoy, es un paquete de apoyo específico para el sector agroalimentario, que está dotado con 500 millones de euros y es ejecutado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Por su parte, el segundo paquete de medidas concretas para apoyar el proceso de adaptación digital de toda la cadena de valor está dotado con 454,35 millones de euros y corresponde al Ministerio de Agricultura.
El tercero y último es un conjunto de actuaciones específicas de apoyo a la innovación y la investigación, cuya dotación es de 148,56 millones de euros y también corresponde al Ministerio de Agricultura su ejecución.
La Asociación Europea de Hoteles, Restaurantes, Cafeterías, Pubs y otros establecimientos (Hotrec) ha publicado un informe sobre alojamientos de alquiler turístico que destaca la "necesidad" de regular este mercado con una legislación específica y condiciones equitativas a todos los servicios de alojamiento turístico.
La Confederación Española de Alojamientos Turísticos (Cehat) ha emitido un comunicado en el que apoya la solicitud del sector europeo y ha subrayado el valor de este estudio que analiza cómo surgió y evolucionó el debate sobre la regulación y cómo abordar este fenómeno.
Hotrec abordó por primera vez el tema de las viviendas de uso turístico en 2014, en un análisis sobre la "economía colaborativa". La patronal europea recuerda que, en aquel entonces, se identificaron "varios riesgos" relacionados con el crecimiento exponencial de estos alojamientos, como son la competencia desleal, la exposición de los consumidores a los riesgos de seguridad, los ingresos fiscales no declarados y, sobre todo, la creciente presión sobre el acceso de los residentes locales a una vivienda asequible.
Ocho años después, Cehat ha señalado que el sector turístico está llegando a "un momento crítico" en el que es necesario desarrollar el marco regulador adecuado para las viviendas de corta duración, ya que "estos riesgos son más relevantes que nunca".
Por ello, la confederación española se une a la petición de Hotrec, señalando que establecer unas condiciones equitativas en todos los servicios de alojamiento turístico "debe ser una prioridad, como única forma de proteger y beneficiar a los consumidores, a los residentes, a las comunidades locales y al ecosistema turístico de la UE en general".
La economía española aceleró su crecimiento trimestral entre abril y junio, hasta situarlo en el 1,1%, frente al 0,2% del trimestre anterior, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el segundo trimestre, la demanda nacional pasa a liderar el crecimiento económico, principalmente por la fuerte recuperación del consumo de los hogares (que pasa de tener un crecimiento negativo a crecer el 3,2%) y el mantenimiento del dinamismo de las inversiones.
El crecimiento trimestral del PIB, el quinto consecutivo, se ha situado siete décimas por encima del previsto por el Banco de España, que había proyectado en sus últimas previsiones un avance del 0,4% para el segundo trimestre.
No obstante, Estadística ha explicado que el avance de datos de este segundo trimestre se ha realizado a partir de indicadores estadísticos que ofrecían resultados hasta mayo, justo cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania.
Ahora bien, como ya ocurriera en el avance de resultados de anteriores trimestres, el INE también ha podido añadir en esta ocasión, a la información de base habitualmente empleada, resultados adelantados de algunas fuentes referidos al mes de junio estimaciones de indicadores basados en datos administrativos y otras fuentes adicionales que complementan a las usuales, todo ello en línea con las recomendaciones de Eurostat y otros organismos estadísticos internacionales.
En términos interanuales, la variación del Producto Interior Bruto es del 6,3%, tasa similar a la del primer trimestre de 2022, según apunta el INE.
Los hogares con todos sus miembros en paro cayeron en 62.600 en el segundo trimestre, un 5,95% menos respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 990.300, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el último año, los hogares con todos sus miembros en paro han caído en 167.600, con un descenso en términos relativos del 14,47% respecto al segundo trimestre del año pasado.
Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados subieron en 197.400 en relación al trimestre anterior (+1,79%), hasta un total de 11.247.100 hogares. En términos interanuales, hay ahora 645.500 hogares más con todos sus miembros ocupados que un año antes (+6,09%).
Los hogares con al menos un activo subieron en 14.800 respecto al trimestre anterior (+0,11%), hasta los 13,8 millones, y en el último año se han incrementado en 166.900, un 1,23%.
Por último, los hogares en los que no hay ningún activo crecieron en 25.800 en el segundo trimestre, hasta los 5,3 millones, un 0,5% más que en el trimestre anterior. En el último año, estos hogares se han incrementado en 16.700 (+0,31%).
El paro bajó en 255.300 personas entre abril y junio de este año, el mayor descenso para un segundo trimestre desde 2018, y el número de parados cayó por debajo de tres millones por primera vez desde 2008.
Por su parte, la ocupación aumentó en 383.300 puestos de trabajo entre abril y junio, un 1,91% respecto al trimestre anterior, aunque supone una cifra más baja del incremento de 464.900 de trabajadores que se registró hace un año.
Al finalizar junio, el número total de parados se situó en 2.919.400 personas y el de ocupados, en 20.468.000 personas, según se desprende de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Cabe destacar la cifra de 20,47 millones de ocupados es la más alta desde 2008 y que se aproxima al máximo histórico de 2007, mientras que es la primera vez desde 2008 que el número de parados está por debajo de los tres millones.
En el segundo trimestre la tasa de paro disminuyó más de un punto, hasta el 12,48%, y la tasa de actividad subió en dos décimas, hasta el 58,71%, tras aumentarse el número de activos en 128.800 personas entre abril y junio (+0,5%).
En el último año el paro ha caído en 624.400 personas (-17,67) y se han creado más de 796.400 de empleos (+4,05%). Además, el volumen de activos ha aumentado en más de 171.9000 personas.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sostenido que la revisión prevista por parte de la institución de las perspectivas de crecimiento del PIB de 2022 podría ser ligera y "algo más pronunciada" para 2023.
Lo ha dicho este martes en la sesión de Foros de Vanguardia 'Inflación y crecimiento: retos para la política económica' en La Pedrera, horas después de que el Gobierno haya mantenido su previsión de crecimiento en el 4,3% para este año y haya recortado ocho décimas su estimación hasta el 2,7% para 2023.
El máximo responsable del banco central español ha sostenido que va a haber una revisión a la baja en el crecimiento económico en septiembre, y ha destacado que el tercero y cuarto trimestre del año son importantes para el "efecto arrastre" del año que viene.
En la actual situación económica, el gobernador ha insistido en que el comportamiento de los márgenes y los salarios es "fundamental" para evitar una espiral inflacionista, y lo ha situado como el objetivo principal y prioritario del pacto de rentas.
"Este pacto consistiría en un acuerdo entre empresas y trabajadores, en el marco del diálogo social, para compartir la inevitable merma de renta nacional que implica el aumento de los precios de las importaciones de materias primas", ha añadido.
DESINDEXACIÓN TEMPORAL
Sobre esta contención de rentas, desde su punto de vista hay que lanzar un "mensaje contundente" en contra de la indexación tanto para el sector privado como público, incluidos salarios públicos y pensiones.
"En el caso de pensiones, estamos haciendo esta propuesta excepcionalmente en el periodo inflacionista, esto sería compatible con indiciar pensiones con inflación", ha dicho, en referencia a evitar la indexación a nivel temporal mientras dure el periodo inflacionista.
En materia fiscal, ha llamado a evitar un impulso fiscal generalizado y el uso de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto, y centrar los esfuerzos en el apoyo a los hogares de rentas más bajas.
"Es muy importante que las medidas sean de carácter temporal para no generar un incremento adicional del déficit público estructural y evitar distorsiones significativas sobre las señales proporcionadas por los precios", ha añadido.
INFLACIÓN AL 2% A LARGO PLAZO
Ha augurado una estabilización de los precios energéticos en el largo plazo "si no hay nuevas disrupciones", lo que junto con la política monetaria debe derivar en el retorno de la inflación al objetivo del 2%.
Hernández de Cos cree que la inflación se mantendrá alta en el corto plazo, dada la actual situación de incertidumbre y la posibilidad de que se produzcan "disrupciones graves" en el suministro energético a Europa.
Sobre la guerra, el gobernador ha dicho que esta ha revelado las dependencias de la Unión Europea en sectores clave, como la energía, y que ha puesto de manifiesto la necesidad de responder de forma conjunta a los riesgos comunes: "La respuesta a la guerra de Ucrania debe ser, una vez más, más Europa".
Sin embargo, ha advertido de que, a pesar de todas las recientes mejoras, un marco que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas es imprescindible para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM), así como completar la unión bancaria.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha confirmado este martes que España podría aplicar una reducción de entre un 7% y un 8% el consumo de gas de forma voluntaria, como parte del plan de Bruselas para prepararse ante posibles cortes de suministro por parte de Rusia y asegurar el abastecimiento para el próximo invierno.
"El respaldo a todos los niveles va a ser fundamental para poder lograr un ahorro de energía en torno al 7% o al 8% de nuestro consumo de gas", ha indicado la vicepresidenta en rueda de prensa respecto al acuerdo alcanzado por los Veintisiete para reducir un 15% el consumo de gas hasta primavera y que abre la puerta a España a rebajar la ambición de ahorro de gas.
Esta excepción, bajo la que podrían ampararse los países que cumplan los criterios como España, Portugal e Italia, queda recogida en el texto del reglamento que precisa que los países de la UE que cuenten con "infraestructuras que permitan transferir gas pueden reducir de forma importante su objetivo de ahorro".
Esta reducción en la ambición de ahorro de consumo de gas no sería automática sino que los Estados miembro tendrían que demostrar que cumplen una serie de criterios estrictos, según han explicado fuentes comunitarias.
Para poder aplicar esta derogación de la norma y reducir la ambición de recorte de consumo de gas del 15% al 7%, los países deben tener una baja conexión con sus países vecinos en comparación con el tamaño de su mercado. Un elemento que muy pocos países cumplen en la UE.
Además, para acceder a esta excepción y rebajar la ambición de ahorro, deberán demostrar que pueden utilizar su capacidad exportadora en caso de que los países vecinos lo necesiten y que han hecho un buen uso de su capacidad para redirigir gas natural licuado al resto del mercado comunitario
"Es inteligente que así sea, no es reducir por recudir", ha valorado la vicepresidenta que ha añadido que se trata de encontrar mejores fórmulas para hacer accesible la energía a países vecinos que cuentan con limitaciones, "ya sea a través de gasoducto, a través de barco o de almacenamiento".
España es el "puerto de entrada más importante de gas natural licuado para el conjunto de la Unión Europea", ha explicado Ribera, que ha puesto a disposición del mercado comunitario las infraestructuras de almacenamiento y regasificación.
Además, la ministra ha destacado el rol de la capacidad de "almacenamiento y bombeo de gas a través de los dos gasoductos" transpirenaicos facilitando el gas natural licuado para que pueda ser remitido a plantas de gas natural licuado en barcos de menor tamaño.
"En la Administración General del Estado ya hemos adoptado un plan al respecto. Hemos invitado a las comunidades autónomas y a los entes locales a que hagan lo propio", ha explicado la vicepresidenta.
No obstante, Ribera se ha mostrado escéptica de que la UE pueda alcanzar ese objetivo de ahorro de 45.000 millones de metros cúbicos de gas con las excepciones incluidas en el acuerdo final de los Estados miembro, una estimación que la titular de Transición Ecológica ha cifrado en 30.000 millones de metros cúbicos de ahorro como figura ahora el acuerdo.
En este sentido, Ribera ha destacado que este volumen de ahorro "no limita de manera relevante ninguno de los aspectos en los que nos ponemos a pensar cuando hablamos de consumo energético".
"Creo que debemos activar todos los resortes para que de manera voluntaria podamos lograr ese objetivo y estar preparados para, en el supuesto de que se produzca una interrupción" se hayan puesto en marcha las medidas adecuadas para facilitar esa reducción en el plazo de tiempo marcado.
La titular de Transición Ecológica ha indicado que España deberá presentar un plan de contingencia con medidas de ahorro y eficiencia en línea con lo que ya ha presentado a los principales actores energéticos y a los principales consumidores de energía, a través de las asociaciones de consumidores y usuarios, a consumidores domésticos e industriales.
"Nadie se plantea una reducción de demanda por destrucción de la demanda sino medidas maximizando eficiencia", ha resuelto la ministra.
Los ministros de Energía de la UE han alcanzado este martes un acuerdo político para reducir de forma "voluntaria" el consumo de gas en el mercado comunitario un 15% hasta la próxima primavera aunque con excepciones como las interconexiones o la capacidad de exportación, tras la propuesta de la Comisión Europea de la pasada semana para hacer frente a posibles cortes de suministro de gas por parte de Rusia.
Además, el acuerdo de los Veintisiete establece que serán los países de la UE los que tendrán la responsabilidad de activar el estado de "alerta" en la Unión a través del Consejo para que se active la obligatoriedad de la reducción de consumo de gas, a diferencia de la propuesta inicial de Bruselas.
"La adopción de la propuesta de reducción de gas en un tiempo récord ha fortalecido nuestra seguridad energética", ha indicado el ministro de Industria y Comercio de la República Checa y presidencia de turno, Jozef Síkela, que ha añadido que el ahorro de gas ahora mejorará la preparación de la UE.
El acuerdo político, al que sólo Hungría se ha opuesto, plantea reducir la demanda de gas un 15% entre el 1 de agosto del presente ejercicio y el 31 de marzo del próximo año, respecto a la media de consumo de los últimos cinco años aunque cada país escogerá qué medidas que implementará.
Así, contempla excepciones específicas para algunos Estados miembro considerando factores como la interconexión de un país respecto a otras redes gasísticas en la UE, la sincronización con la red de distribución eléctrica europea, su capacidad de exportación o sus niveles de almacenamiento.
En base a ello, podrán solicitar una excepción aquellos países de la UE que cuenten con una baja interconexión con otros Estados miembro y puedan demostrar que su capacidad de exportación por interconexión o a través de terminales de gas natural licuado se puede utilizar para redirigir el consumo de gas a otros Estados miembro. El caso en el que presuntamente se inscribiría España.
Además, podrán acogerse a estas excepciones los Estados miembro que no estén interconectados a la red de gas de otros países de la UE, ya que su reducción del consumo no podría contribuir al suministro de los países que lo necesiten. Un escenario en el que se enmarcarían Malta o Irlanda.
La lista de exenciones los países de la UE incluye también a aquellos Estados miembro cuya red de distribución de electricidad no esté sincronizada con la europea, como es el caso de los países Bálticos, todavía conectados a Rusia, o aquellos que todavía sean muy dependientes de gas para la producción de electricidad,
Por último, los países que hayan superado sus objetivos de almacenamiento de gas, cuyas industrias críticas dependan del gas como materia prima y su consumo ha aumentado al menos un 8% en el último año en comparación con la media de los cinco años anteriores podrán solicitar excepciones.
Además, el acuerdo de los Veintisiete establece que serán los Estados miembro los responsables de activar el estado de "alerta" en la UE, lo que convertiría en obligatoria la reducción del consumo de gas.
La Comisión Europea presentará una propuesta para declarar el estado de "alerta" en caso de "riesgo sustancial" de escasez de gas y tendrá que contar con el apoyo de cinco Estados miembro que hayan declarado la alerta a nivel nacional.
Las medidas de reducción de la demanda que adopten los Estados miembro deberán priorizar que no afecten a los clientes protegidos, como los hogares y los servicios esenciales, a las entidades críticas, a la atención médica y la defensa.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha indicado este martes que cree que se alcanzará un acuerdo sobre el objetivo de reducción del consumo de gas en la Unión Europea pero que no será del 15%, respecto al plan de la UE ante posibles cortes de suministro de Rusia de cara al próximo invierno.
A su entrada al Consejo de Ministros de Energía de la UE, Ribera ha señalado que asume que "habrá un objetivo de reducción" del consumo de gas en los Estados miembro aunque "no del 15%", ha matizado, sino que se situará "significativamente por debajo" ya que, a su juicio, "no se trata sólo de ahorro neto sino de cómo se consigue que quien lo necesita pueda tener acceso a energía".
"Yo creo que es correcto que todos asumamos un compromiso de ahorro neto", ha añadido la vicepresidenta tercera, respecto a la propuesta del Ejecutivo comunitario de que cada país recorte el consumo de gas hasta primavera ante posibles cortes de abastecimiento por parte de Moscú, un plan que debaten los Veintisiete.
En todo caso, la vicepresidenta tercera se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de que los ministros de Energía de la UE alcancen un acuerdo, después de que el texto que negocian los Veintisiete contemple excepciones atendiendo a las circunstancias de algunos Estados miembro como la escasa interconexión de las islas, el problema de sincronización de la red eléctrica de los países Bálticos o la capacidad de almacenamiento de gas de cada Estado miembro.
Además, Ribera ha indicado que defenderá medidas de "flexibilidad voluntaria" para la industria a la hora de efectuar recortes en la demanda de gas en lugar de restricciones al consumo.
"Sus propuestas van más en la línea de la flexibilidad voluntaria que de imponer restricciones", ha señalado la titular de Transición Ecológica sobre los planteamientos de la industria a la hora de efectuar estos recortes en la demanda.
En un paso más, la titular de Transición Ecológica ha argumentado que el principal valor añadido de España es poner "a disposición" de la UE sus infraestructuras, lo que "incrementa el consumo de gas porque habrá más demanda si tenemos que cubrir el consumo de otros países".
Además, la ministra ha enfatizado que el ahorro doméstico es "particularmente importante" y "forma parte del capítulo uno de cualquier manual de transformación del sistema energético y de eficiencia económica".
La vicepresidenta tercera ha destacado el rol que puede jugar España para garantizar el abastecimiento de gas en otros países de la UE, ya que para ellos "es complicado porque no pueden recibir gas natural licuado, no pueden regasificar, ni trasladarlo a través de tuberías y distribuirlo a toda Europa".
La pasada semana, la titular de Transición Ecológica se mostró particularmente crítica con la propuesta de Bruselas de plantear recortes unificados a todos los Estados miembros, por lo que defenderá ante los Veintisiete que España "reexporta el 20% del gas que importa" y que "estamos en condiciones de fortalecer estas capacidades para poder reexportar a través de los dos gasoductos transpirenaicos" así como enviar gas natural licuado " a través de metaneros de menor tamaño a otros puertos europeos".
Ribera ha indicado que se trata de un paquete "extraordinariamente delicado" que "no satisface plenamente a nadie" y, "aunque echemos de menos algunas de las cosas que habíamos propuesto", ha mostrado su voluntad de impulsar medidas de ahorro y eficiencia y contribuir a la seguridad de suministro de "nuestros vecinos".
Al mismo tiempo, Ribera ha puesto sobre la mesa la excepcionalidad de la propuesta ya que "el mix energético ha sido siempre una cuestión de competencia nacional", igual que la seguridad de suministro, los proveedores.
"Por primera vez, damos un paso en el que todos los Gobiernos nos comprometemos a hacer más por los demás en suministro y seguridad de abastecimiento. Yo creo que es un paso adelante muy importante"
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha constatado que más del 90% de las empresas del sector no puede acogerse al real decreto aprobado por el Gobierno para aplicar una revisión de precios de los contratos, cuyo objetivo era limitar el impacto que ha supuesto el incremento del coste de los materiales.
La patronal ha realizado un estudio en el que detalla que solo el requisito de que las obras tengan que tener una duración superior a un año para poder solicitar una revisión de precios ya deja fuera al 80% de ellas, que tienen una duración inferior a 12 meses.
Que los precios hayan tenido que subir un mínimo del 5%, la tipología de las obras o el tipo de materiales que entran en el perímetro de la medida son otros de los inconvenientes que han hecho que hasta el 95% de las empresas del sector no haya podido revisar sus precios.
Según la CNC, el Ministerio de Hacienda, que es el último Departamento que tiene que permitir cualquier revisión, puesto que afecta a las cuentas públicas, está poniendo trabas y ampliando los requisitos para dificultar la aplicación de la medida.
Por el contrario, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del que depende de forma directa el ámbito de la construcción, "está haciendo todo lo posible" por solucionar este problema, según ha asegurado el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, en una rueda de prensa.
En cualquier caso, a falta de que ambos ministerios acaben consensuando nuevas medidas, la patronal ha afirmado que los retrasos en la ejecución de obras ya está provocado el abandono de proyectos y una "parálisis" en el conjunto del sector.
La CNC ha señalado que este decreto está orientado principalmente a grandes contratos ferroviarios y de carreteras con amplios plazos de ejecución, pero que las pequeñas y medianas empresas "siguen sufriendo" las consecuencias de la inflación.
PROPUESTAS
Por todo ello, ha propuesto una batería de medidas que pasan por que los ayuntamientos queden vinculados a las decisiones de su comunidad autónoma, que se incluyan las obras comenzadas a partir de enero de 2021, que se aporte una propuesta provisional ante un plazo de respuesta largo por parte de la Administración o que se rebaje al 2% el umbral del alza de precios necesario para aplicarse.
Asimismo, ha pedido que se introduzcan más materiales, que se compense también el precio de la energía --que puede representar hasta el 30% del coste total de la obra--, que se elimine el límite del 20% a compensar y que se incluyan los contratos de servicios, conservación y mantenimiento.
Según los datos del INE, en marzo la cerámica había subido un 40%, el aluminio un 55%, la madera un 16%, el cobre un 20%, los materiales siderúrgicos un 50%, la energía un 84% y el refino de petróleo otro 53%. Todo ello ha provocado un incremento del 30% en el precio de las obras.
El Consejo de Ministros aprobará este martes el nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales, que contará con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032, y comenzará a aplicarse a partir de enero de 2023, con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y variarán hasta 2025, en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia.
Tras meses de negociación entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las tres principales asociaciones, el ministro de esta cartera, José Luis Escrivá, llevará al Consejo de Ministros un texto de más de 100 folios, fruto del acuerdo alcanzado esta semana, que se aprobará mediante real decreto-ley.
El nuevo sistema de cotización por ingresos reales pondrá fin a la "gran anomalía" del régimen vigente, como la ha calificado Escrivá, y cumplirá con las recomendaciones 4 y 5 del Pacto de Toledo, así como con el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha insistido en que el futuro régimen va más allá de la implantación de un sistema de cotización por ingresos reales, ya que también pretende mejorar las pensiones de los trabajadores por cuenta propia, que hasta ahora eran un 43% inferiores a las de los asalariados, y garantizar sus prestaciones sociales.
Esa diferencia entre las pensiones de autónomos y asalariados, de unos 600 euros al mes, se debe a que el 84% de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cotizan por la base mínima, de unos 300 euros, y repercute en su jubilación, según los datos de la Seguridad Social.
Con el nuevo sistema de cotización, se espera que uno de cada dos autónomos tenga una cuota más baja que la actual, mientras que un 25% cotizará más y un 25% cotizará menos.
15 TRAMOS Y FLEXIBILIDAD DE CAMBIO
El Ministerio, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) han acordado un sistema de 15 tramos para 2023, 2024 y 2025.
Los autónomos tendrán la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis cambios al año, para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del año y de su actividad profesional.
En 2023, la cuota para un autónomo con rendimientos netos (ingresos menos gastos) iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional será de 230 euros. En 2024, se reducirá a 225 y en 2025, pagará 200 euros.
Para aquellos con rendimientos netos superiores 1.300 euros e inferiores o iguales a 1.500 euros, y por encima de 1.500 euros e inferiores o iguales a 1.700 euros, la cuota se mantendrá en 294 euros durante los tres años.
Mientras que en los tramos de rendimientos más bajos la cuota también decrece entre 2023 y 2025, a partir de los rendimientos netos superiores a 1.700 euros la cuota se va incrementando a lo largo de esos tres años.
Así, un autónomo que presente rendimientos netos por encima de los 3.620 euros y hasta 4.050 euros, o igual a ese monto, (tramo 13)pagará 100 euros más de cuota entre 2023 y 2025. En 2023, comenzará a pagar 390 euros, subirá a 400 euros en 2024 y a 490 en 2025.
En el último tramo, el decimoquinto, se encuentran todos los autónomos con rendimientos netos superiores a los 6.000 euros. Su cuota para 2023 será de 500 euros, se elevará a 530 euros al año siguiente y llegará a 590 euros en 2025.
Las disposiciones adicionales del real decreto-ley que se apruebe el martes especifican que, pasados esos tres años, los interlocutores tendrán que pactar los tramos para los próximos años, hasta 2032.
El nuevo sistema también atiende a otra de las peticiones de los autónomos, la deducción de gastos de difícil justificación, entre los que la Seguridad Social pone como ejemplo los ordenadores, el alquiler de locales o la compra de suministro. Esta deducción será del 7% para los autónomos y del 3% para los autónomos societarios.
De esta forma, un autónomo que presente unos ingresos medios de 900 euros y unos gastos por el ejercicio de su actividad de 185 euros tendrá unos rendimientos netos de 715 euros, resultado de la resta de los ingresos y los gastos. De ese monto se podrá deducir un 7%, equivalente a 50,05 euros. Los rendimientos netos finales serían de 664,95 euros (715-50,05), por lo que el autónomo pagaría una cuota de 230 euros al mes, al encontrarse dentro del primer tramo, con rendimientos iguales o inferiores a 670 euros.
CUOTA REDUCIDA POR INICIO DE ACTIVIDAD
La tarifa plana del actual RETA se integra también en el nuevo modelo, aunque pasará a llamarse cuota reducida para los autónomos que inicien su actividad y será de 80 euros al mes durante doce meses para todos los nuevos autónomos.
Pasado ese periodo, esa cuota reducida solo se prorrogará para los autónomos que no hayan conseguido que sus rendimientos despeguen y sigan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para el resto, se aplicará la cuota correspondiente a su tramo de cotización según sus rendimientos netos.
Escrivá explicó este jueves en el Congreso de los Diputados que la tarifa plana, tal como está, presenta "claroscuros" y se refirió a un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), elaborado cuando él era su presidente, en el que se advertía de que esta cuota especial no garantizaba la supervivencia de los negocios de los autónomos que habían arrancado sus proyectos con esta tarifa.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han indicado que la cuota reducida por inicio de actividad es universal y generalista, y su existencia se mantendrá como parte del nuevo sistema y no será exclusiva del periodo transitorio de nueve años.
MAYOR PROTECCIÓN SOCIAL
La Seguridad Social ha apuntado que el actual sistema de prestaciones no cumplía con sus objetivos cualitativos ni cuantitativos. En 2019, menos de 1.500 trabajadores tuvieron acceso a la prestación por cese de actividad para el colectivo de trabajadores por cuenta propia.
Dentro del cese parcial, se establece esta figura para autónomos con trabajadores, para autónomos sin trabajadores y por fuerza mayor. Ninguno de ellos exigirá darse de baja del RETA ni el cierre de establecimiento. La prestación será el equivalente al 50% de la base reguladora y será compatible con otra actividad, por un periodo de entre cuatro meses y dos años.
En cuanto al Mecanismo RED, en el caso del cíclico deberá aprobarse en el Consejo de Ministros ante una coyuntura macroeconómica general desfavorable. Para acogerse a esta prestación, el autónomo deberá presentar una caída de los ingresos del 75%, ingresos no superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que afecte al 75% de la plantilla. El Mecanismo Red cíclico ofrece prestación del 50% de la base reguladora hasta un año, no consume cese de actividad y un pago del 50% de la cotización.
El Mecanismo RED sectorial también tendrá que aprobarse por Consejo de Ministros cuando en un sector se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de transición profesional. Los requisitos serán una caída de los ingresos del 50% o del 75% si no hay trabajadores, los ingresos no podrán superar el SMI, el 75% de la plantilla estará afectada y se debe contar con un proyecto de inversión y plan de recualificación. La protección que ofrece este mecanismo es el pago único del 70% de la base reguladora y el pago del 50% de la cotización.
El Tribunal Supremo ha sentenciado que la retribución abonada por una sociedad a un socio mayoritario no administrador puede ser un gasto deducible, siempre que dicho gasto acredite la correspondiente inscripción contable, se impute con arreglo a devengo y revista justificación documental.
La doctrina permitirá a miles de pequeñas y medianas empresas deducir las retribuciones a pagadas a sus socios trabajadores en su Impuesto sobre Sociedades (IS).
En sus sentencias de 6 de julio y de 11 de julio de 2022, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de la tesis de la Administración, que entendía que esas cantidades no eran deducibles por no ser obligatorias. La posición de la Administración apuntaba que el socio era el dueño o propietario de la empresa, obviando que existen dos personalidades jurídicas diferenciadas (la de la sociedad y la de sus socios), explica el Alto Tribunal.
Además, el Supremo avisa de que lo que está en juego es el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios, a cuyo efecto, "la Administración carece de facultades para calificar un determinado acto o negocio de forma libérrima, sino que, como presupuesto de su actuación tributaria posterior, habrá de ser cuidadosa a la hora de elegir y de aplicar los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición".
En este sentido, en los argumentos esgrimidos por la Administración en contra del eventual derecho a la deducción de la entidad contribuyente permiten evocar que, en el fondo, subyace la preocupación de evitar o amparar situaciones fraudulentas, sostienen las sentencias.
Por el contrario el Tribunal Supremo considera que la retribución del socio trabajador sí es deducible como gasto cuando se acredite la inscripción contable, se impute con arreglo a devengo y revista justificación documental. Las sentencias destacan que lo importante es la realidad de la prestación del servicio, su efectiva retribución y su correlación con la actividad empresarial.
"En casos como el que nos ocupa, evidentemente, nadie puede pretender que, quien realice la actividad o preste el servicio se desprenda o abstraiga de su condición de socio, accionista o partícipe, razón por la que el acento deberá ubicarse en la realidad y efectividad de la actividad desarrollada, más que en la condición de socio, accionista o participe de quien la realiza", concluye el Tribunal Supremo.
Las empresas de alta y media alta tecnología facturaron en 2020 en España 262.699,1 millones de euros, un 8,8% menos debido a la llegada de la pandemia del coronavirus, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Las empresas manufactureras del sector fueron las más afectadas, con una caída de ingresos de 10,3%, hasta los 176.905 millones de euros, mientras que los ingresos de las compañías de servicios cayeron un 5,5%, hasta los 85.793,9 millones de euros.
Pese a la caída de ingresos, la ocupación en este sector aumentó en un 0,1% debido al crecimiento de los servicios (-2,2%), que compensaron la caída en el sector manufacturero. En total, el sector supuso el 7,3% de los ocupados de la economía española con 1,4 millones de personas, de las que el 30% son mujeres.
Por su parte, el valor de la producción cayó un 0,8% en 2020, hasta los 10.338,8 millones de euros, con las armas y municiones y la construcción aeronáutica como sectores más perjudicados, con caídas del 26,9% y 28,5%, respectivamente.
En contraparte, los productos de maquinaria de oficina y equipo informático dispararon su producción un 48,8% ante el auge del teletrabajo. También crecieron a doble dígito los productos farmacéuticos con un aumento del 11,1%.
Asimismo, la pandemia también contribuyó a agravar el déficit comercial español en este ámbit, ya que mientras que las exportaciones de productos de alta tecnología se redujeron en un 8,2% hasta los 16.016,2 millones de euros, las importaciones cayeron un 3,4% hasta los 30.079,8 millones de euros.
El sector de la construcción aeronáutica y espacial presentó el saldo comercial positivo más abultado con 1.167 millones de euros, mientras que el material electrónico fue su contraparte con un saldo negativo de 6.866 millones de euros.
GASTO EN I+D
El gasto en innovación y desarrollo creció un 2,3% pese a la caída de facturación y ascendió a 5.987,1 millones de euros, lo que supuso el 68,2% del gasto total del sector empresarial en actividades de I+D.
Las empresas manufactureras invirtieron 3.032,7 millones de euros, mientras que los servicios de alta tecnología destinaron 2.945,4 millones de euros.
En el apartado de puestos de trabajo, el personal en Equivalencia a Jornada Completa dedicado a este campo se mantuvo estable con 67.363 empleados.
El número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superó los 35,1 millones en junio, lo que supone un aumento del 146,7% respecto al mismo mes de 2021, cuando hubo 14,2 millones, ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Las pernoctaciones de los viajeros residentes en España superaron los 12,1 millones, el 34,6% del total, mientras que las de los no residentes se situaron por encima de los 23 millones.
Por otro lado, la estancia media aumentó un 27,3% respecto a junio de 2021, situándose en 3,2 pernoctaciones por viajero.
Con todo ello, los datos del INE muestran que durante los seis primeros meses de 2022 las pernoctaciones en España se incrementaron un 285,5% respecto al mismo periodo del año anterior.
Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en junio, con el 21,9%, 16,9% y 13,1% del total de pernoctaciones, respectivamente.
Por su parte, el principal destino elegido por los no residentes fue Islas Baleares, con un 35,6% del total de pernoctaciones. Los siguientes destinos elegidos por los no residentes fueron Canarias y Cataluña, con el 18,9% y el 17,5% del total, respectivamente.
Respecto a la ocupación hotelera, en junio se cubrieron el 62,9% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 68%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana subió un 45,6% y se situó en el 70,4%.
Según los datos del INE, Islas Baleares presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante junio (80%). Le siguió Canarias, con el 67,4%.
Por zonas turísticas, la Isla de Menorca alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas (80,3%) y Palma-Calvìa el mayor grado de ocupación en fin de semana (85,5%). Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones en junio, con 6.706.689.
Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Calvià. Santanyí presentó el grado de ocupación por plazas más alto (91,8%) y también la mayor ocupación en fin de semana (96,4%).
Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 29,9% y el 20,6%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en junio. Además, las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Estados Unidos y Países Bajos suponen el 7,1%, 4,4% y 4,3% del total, respectivamente.
LOS PRECIOS SUBEN UN 20,6%.
Respecto a los precios, la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó en el 20,6% en junio, lo que supone 11,8 puntos más que la registrada en el mismo mes de 2021, y 1,5 puntos menos que la registrada el mes pasado.
Por comunidades autónomas, las mayores subidas de precios hoteleros respecto a junio de 2021 se dieron en Comunidad de Madrid (50,2%) y País Vasco (38,8%). Por otro lado, el menor aumento se registró en la ciudad autónoma de Ceuta, con una tasa de variación anual del 7,4%.
Por categorías, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de una estrella de plata (31,8%).
Según los datos del INE, la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 105,7 euros en junio, lo que supone un aumento del 23,3% respecto al mismo mes de 2021.
Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 74,2 euros, con una subida del 102,6%.
Por categorías, la facturación media fue de 247,4 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 111,2 euros para los de cuatro y de 84,5 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías fueron de 175,6, 85,1 y 61,0 euros, respectivamente.
El punto turístico con mayor ADR fue Marbella, con una facturación media diaria por habitación ocupada de 217,7 euros. También presenta el mayor RevPar, con unos ingresos por habitación disponible de 160,3 euros.
El sector de la construcción ejecutó obras por valor récord de 52.591 millones de euros en los seis primeros meses de año en España, lo que representa un crecimiento del 215% respecto al mismo periodo de 2021.
El número de obras en este primer semestre fue de 31.288 actuaciones, es decir, un 54% más que hace un año, alcanzado así el mejor registro para esta industria en los últimos cinco años, según los datos de DoubleTrade.
Asimismo, los más de 50.000 millones de euros invertidos en las obras son un presupuesto récord que se puede comparar con el dinero invertido en la totalidad de años anteriores ya que, en 2021, la cifra se quedó en 58.000 millones en ambos semestres, en 2020 fue de 32.000 millones, y en 2019 solo alcanzó los 42.000 millones de euros.
Es decir, de mantenerse durante todo el año el volumen de importe destinado a la construcción como en los últimos seis meses, a final de 2022 la industria habría duplicado sus beneficios respecto a la tónica habitual.
Además, las estimaciones realizadas por DoubleTrade indican que, durante el próximo trimestre de período estival, se iniciarán más de 8.900 obras, por lo que la industria mantendrá la senda del crecimiento todo el verano.
Analizando el transcurso del período, mayo fue el mes con más actividad para la construcción al alcanzar las 6.729 obras, con una inversión disparada de 17.565 millones de euros, cerca de un tercio del total.
Además, cabe destacar que un 66,3% de las obras registradas han consistido en reformas, reduciendo a cerca del 30% las nuevas construcciones, siendo las obras públicas --con un 65%-- las mayoritarias.
El ratio medio de inversión en el conjunto de obras ha sido de 1,7 millones de euros, un 76% más que el año pasado y, dentro del total de proyectos llevados a cabo, destacan iniciativas públicas para modernizar su infraestructura como las vías férreas, que son las obras que más ratio de inversión han acaparado.
El salario bruto anual alcanzó los 24.248,78 euros en 2021, lo que supone un aumento del 6,2% respecto al año anterior y un 73,7% del coste total, según los resultados de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL), publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El INE ha explicado en su comunicado que los datos de 2021 "están distorsionados" por las medidas de apoyo a los trabajadores y las empresas que siguieron vigentes a lo largo del año pasado, tras la pandemia, aunque con menos incidencia que en 2020.
Así, los trabajadores acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) siguieron perteneciendo a la plantilla de sus empresas, pero no fueron remunerados con salarios, sino con prestaciones aportadas directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, en algunos casos, complementadas por las propias empresas.
Por tanto, si se comparan los datos del salario bruto anual de 2021 con los de 2019, antes de la pandemia, el incremento es del 3,4% en dos años.
Respecto a los costes no salariales, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social fueron la partida más importante, con 7.711,98 euros por trabajador, un 23,4% del coste laboral.
Los sueldos y salarios más las cotizaciones a la Seguridad Social constituyeron conjuntamente, por tanto, el 97,1% del coste bruto.
Además de los salarios y cotizaciones, 478,84 euros anuales se destinaron a beneficios sociales por trabajador (cotizaciones voluntarias a seguros y planes de pensiones, prestaciones complementarias a la Seguridad Social y gastos de carácter social), 205,65 euros correspondieron a indemnizaciones por despido, 199,87 euros fueron para otros gastos derivados del trabajo (indemnizaciones por fin de contrato, pequeño utillaje y ropa de trabajo, transporte hasta el lugar de trabajo o selección de personal), 153,45 euros correspondieron a indemnizaciones por despido y 60,51 euros a formación profesional.
El INE resalta en su comunicado la disminución de las prestaciones sociales directas, que pasaron de 374,02
euros por trabajador en 2020 a 300,64 euros en 2021, debido al menor coste por incapacidad temporal y desempleo parcial (complementos de las prestaciones del SEPE) de los trabajadores y el crecimiento de las indemnizaciones por despido (de 153,45 euros en 2020 a 205,65 en 2021).
Asimismo, el coste laboral por trabajador en términos brutos fue de 32.906,63 euros en 2021, un 5,6% más que el año anterior. Si se restan las subvenciones y deducciones que se recibieron de las administraciones públicas, se obtiene un coste neto de 32.710,70 euros, también con un repunte del 5,6%.
Según la encuesta, la industria tuvo en 2021 el mayor coste total neto por trabajador, con 38.369,euros, con un incremento del 4,3% frente al año anterior, con un aumento del 4,5% los costes salariales y del 4,0% en el coste no salarial.
El sector de la construcción fue el que registró un menor incremento del coste neto, un 3,1% respecto a 2020, por el incremento del 2,6% de los costes salariales. No obstante, tuvo el crecimiento más alto del coste no salarial (4,4%).
El sector servicios, por su parte, presentó los costes laborales más bajos en 2021, aunque con el mayor aumento del coste neto, del 6,1% respecto al año anterior, con incrementos del 6,8% en el coste salarial y del 4,1% en el no salarial.
Los costes laborales más elevados de 2021 se dieron en la Comunidad de Madrid (38.868,54 euros), el País Vasco (38.641,52) y la Comunidad Foral de Navarra (35.255,41). En el caso contrario, con los costes más bajos, se encuentran Canarias (25.921,74 euros), Extremadura (26.324,37) e Islas Baleares (28.922,45).
Por otro lado, la mayor parte de los centros (el 94,8%, que corresponden al 87,0% de los trabajadores),
estuvieron regulados por convenios colectivos en el año 2021. Del total de trabajadores con convenio, un 3,2% vieron modificadas sus condiciones de trabajo respecto a lo que se establecía en el convenio colectivo de referencia.
La cifra de negocios de las empresas aumentó un 34,1% en mayo respecto al mismo mes de 2021, ampliando en casi cuatro puntos la subida registrada el mes anterior, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con este repunte, las ventas de las empresas encadenan 15 meses consecutivos de alzas interanuales después de haber pasado un año en negativo por el impacto del Covid.
Todos los sectores presentaron tasas interanuales positivas en mayo, especialmente el suministro de energía y agua, que multiplicó por más de dos sus ventas (+111,8%), seguido de las industrias extractivas y manufacturera (+32,6%), los servicios no financieros de mercado (+30%) y el comercio (+26,6%).
Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas se disparó un 31,7% en mayo, tasa cuatro décimas inferior a la de abril.
Los mayores repuntes en la serie corregida fueron también para el suministro de energía y agua (+99,6%) y las industrias (+29,8%), seguidos de los servicios (+29,5%) y el comercio (+25%).
En valores mensuales y dentro de la serie corregida, la facturación empresarial registró en mayo una subida del 1,1%, tasa 4,2 puntos inferior a la del mes anterior.
De los cuatro sectores analizados, sólo suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos presentó tasas mensuales negativas (-4,8%), mientras que servicios no financieros de mercado registró el mayor aumento (+3,1%).
La Asociación de Ferias Españolas (AFE) ha hecho balance positivo del primer semestre en el sector y prevé acercarse a las cifras prepandemia de 2019 en todo el año, es decir, la celebración de unas 400 ferias.
Así lo ha manifestado tras la celebración de una reunión de la junta directiva previa al inicio de las vacaciones estivales, en la que ha afirmado que el número de ferias previstas para todo el ejercicio se aproxima al de los años prepandemia, que, para el conjunto de los miembros de la asociación, gira en torno a las 400 ferias anuales.
Respecto al año pasado, desde la organización han analizado las conclusiones derivadas de la auditoría de datos estadísticos de 2021, que pusieron de manifiesto que el mismo fue "un año de transición", en el que lo relativo al número de ferias celebradas, expositores, visitantes y superficie ocupada presentaron incrementos superiores al 100% en todos los casos.
En la reunión, además de revisar la situación presupuestaria de la asociación por cuanto se refiere a los ingresos y gastos a 30 de junio, los miembros de la junta han valorado la celebración del I congreso organizado juntamente con la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE) en la sede del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).
La Asociación de Ferias Españolas se constituyó en 1964 y actualmente cuenta con 33 miembros asociados y representa un 90% de la actividad ferial en España.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las asociaciones de autónomos han dado el visto bueno a los nuevos tramos de cotización para los trabajadores por cuenta propia, aunque el acuerdo sobre el nuevo Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) todavía no se ha cerrado, como han informado a Europa Press fuentes de la negociación.
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) han aprobado los nuevos 15 tramos propuestos por la cartera de José Luis Escrivá.
Hasta el momento, Uatae era la más reticente a dar por buenos los tramos de cotización, ya que pedía rebajas en los tramos más bajos, que ya se contemplan en las nuevas tablas de cotización a las que ha tenido acceso a Europa Press.
El nuevo documento establece para 2023 una cuota de 230 euros al mes --siete euros menos que en la última propuesta-- para los autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros netos, y van hasta los 500 euros mensuales para el tramo máximo, en el que se encuentran aquellos trabajadores por cuenta propia con ingresos netos mensuales superiores a 6.000 euros. Las cuotas se irán ajustando en 2024 y 2025.
La presidenta de Uatae, María José Landaburu, ha informado este martes de que se ha llegado a un acuerdo al haber "conseguido rebajar las cuotas para las personas que más dificultades" y "mejorar la prestación por cese de actividad para todo el mundo".
Además, la junta directiva de Uatae, reunida este lunes, consideró "aceptable" la última propuesta de la Seguridad Social, como ha apuntado en un comunicado.
Desde UPTA también están conformes con el último texto remitido por la Seguridad Social, por lo que el resto de interlocutores sociales esperan ahora la respuesta de ATA.
Esta asociación sostiene que hay acuerdo en cuanto a los tramos, pero apunta que quedan "flecos pendientes" que impiden, por el momento, concluir las negociaciones.
En la misma línea, la cartera que dirige José Luis Escrivá todavía no ha confirmado la existencia de un acuerdo definitivo sobre el nuevo RETA, ya que no tienen "constancia de que todas las asociaciones estén de acuerdo".
El Gobierno y los autónomos comenzaron las negociaciones sobre esta cuestión en enero, para cumplir con el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la recomendación 5 del Pacto de Toledo.
España cerró el mes de junio con 2.619.681 afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas, lo que supone un crecimiento interanual del 14,5% y la creación de 331.555 nuevos empleos, según los datos difundidos este martes por Turespaña.
Así, el sector turístico continúa liderando la creación de empleo en España aportando cuatro de cada diez puestos de trabajo nuevos y ya representan el 13% del total de afiliados en la economía nacional.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado que el ritmo de creación de empleo en actividades turísticas en el primer semestre del año ha sido "histórico", con una media de 53.000 empleos nuevos mensuales.
En este sentido, ha señalado que el proceso de vacunación, el mecanismo de ERTE y el escudo social aprobado por el Gobierno para proteger el empleo y a las empresas se está mostrando como "una herramienta eficaz para la recuperación del sector turístico".
Para la titular de Turismo, el sector está resistiendo bien el efecto de la inflación y será uno de los sectores que "más va a contribuir a la recuperación económica y a la generación de empleo este año".
"Esta situación está teniendo su reflejo también en la mejora de la calidad del empleo, gracias a la reforma laboral aprobada por el Gobierno", ha añadido Maroto.
El empleo aumentó en todas las ramas de actividad. La hostelería ganó 238.422 afiliados (149.995 en los servicios de comidas y bebidas y 88.427 en los servicios de alojamiento), mientras que en las otras actividades turísticas aumentaron en 87.649 afiliados y en las agencias de viajes hubo un incremento de 5.484 trabajadores.
En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 69,7% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en tasa interanual un 15,4%. Este incremento fue debido tanto al mayor número de asalariados (19,4%), que representan el 81% del total en el sector, como al de los autónomos (0,8%).
Por comunidades autónomas, el número de ocupados en turismo creció en todas respecto al año pasado. En cifras absolutas, los mayores incrementos se dieron en Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Comunidad de Madrid.
En términos relativos, destaca el aumento interanual de Baleares (31,7%) y Canarias (20,3%).
Los locales de ocio nocturno prevén facturar este verano un 81,9% de lo que ingresaron en 2019, manteniendo la tendencia al alza desde la eliminación definitiva de las restricciones para el sector el pasado mes de abril, según los datos del 'Estudio sobre el Impacto del Covid en los Locales de Ocio y sus Perspectivas de Recuperación', realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) y Coca-Cola.
En concreto, el informe, que se ha llevado a cabo a través de una encuesta en todas las comunidades autónomas, recoge que un 15,5% de los locales de ocio no abrirán durante los meses de verano, que el 30,5% espera mantener el mismo nivel de facturación que en el mismo período de 2019 y que 29,53% señala que estima una facturación menor.
A la hora de valorar el ejercicio 2022 en su conjunto, y de acuerdo con el creciente escenario de vulnerabilidad económica, los locales encuestados señalan que esperan facturar un 75,4% sobre los resultados económicos alcanzados en 2019.
Del estudio, se desprende que la recuperación del sector tras superar la fase más aguda de la crisis del coronavirus, avanza de forma muy desigual, teniendo en cuenta los distintos territorios y comunidades autónomas y los diferentes tipos de establecimientos.
De esta forma, los locales de ocio ubicados en capitales como Madrid, Barcelona o Valencia esperan prácticamente alcanzar el volumen de negocio del verano de 2019 con un 94,6% de la facturación, frente a los territorios y comunidades autónomas del interior, en los que la facturación apenas alcanzará el 69,6% de lo conseguido hace dos años.
Por tipo de actividad y locales de ocio, las discotecas son las que mantienen un mejor funcionamiento, ya que esperan alcanzar un 90,9% de los facturado en el verano de 2019, seguido de las salas de concierto (77%), y los bares de copas y pubs, que facturarán un 67,2% de lo conseguido en el verano de 2019.
El presidente de España de Noche, Ramón Mas, ha señalado la "incertidumbre" que encara el sector. "Una vez superado el efecto champagne que provocó el final del toque de queda en el sector, los locales de ocio afrontan su recuperación con la incertidumbre sobre la evolución de la economía el próximo otoño", ha subrayado.
"Desde la convicción de la capacidad de resistencia del sector y del reconocimiento social sobre la importancia que tienen los locales de ocio en España, tanto para nuestro estilo de vida como por ser un pilar fundamental del atractivo turístico del país", ha indicado.
El déficit comercial se situó entre enero y mayo en 26.569,7 millones de euros, superior a los 4.419,6 millones registrados en el mismo periodo de 2021 (+501%), según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El informe sobre comercio exterior de mayo refleja que el déficit energético alcanzó los 20.988,8 millones de euros en los cinco primeros meses del año, más del doble que en el mismo periodo de 2021 (déficit de 8.375,6 millones), mientras que el no energético se situó en 5.580,9 millones de euros, frente al superávit de 3.956 millones de un año antes.
Las exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 24,4% hasta mayo sobre el mismo periodo de 2021, hasta alcanzar los 155.969,6 millones de euros, máximo histórico para el periodo. Las importaciones, de su lado, ascendieron más, un 40,7%, hasta los 182.539,3 millones de euros, también máximo histórico.
Así, la tasa de cobertura --cociente entre exportaciones e importaciones-- se situó en el 85,4%, es decir, 11,1 puntos porcentuales menos que la registrada en enero-mayo de 2021.
"El comercio de bienes sigue mostrando gran dinamismo en los cinco primeros meses de 2022. Siguen creciendo las exportaciones e importaciones a buen ritmo a pesar del complejo contexto internacional", ha destacado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, a través de un comunicado.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, acompañado del primer ministro de Portugal, António Costa, inaugura este lunes la gigabatería hidroeléctrica de Tamega (Portugal), el principal proyecto de estas características en Europa y cuya inversión asciende a más de 1.500 millones de euros.
Con un plazo de ejecución de ocho años, este macrocomplejo hidroeléctrico se encuentra a escasos kilómetros de la frontera con Galicia y ha generado una contratación próxima a los 20.000 empleos, siendo además un ejemplo de eficiencia energética y economía circular.
El complejo hidroeléctrico de Alto Tamega está conformado por tres
embalses y, gracias a su capacidad de bombeo reversible, es capaz de
almacenar energía para poder utilizarla cuando más se necesite.
A las 12.45 horas (hora española), Galán y Costa inaugurarán el que pasa por ser el mayor proyecto de creación de energía limpia de la historia de Portugal.
CASI 1.160 MW.
La gigabatería supone la construcción de tres presas y tres centrales (Gouvaes, Daivoes y Alto Tamega) con una capacidad conjunta de 1.158 megavatios (MW), lo que supondrá un aumento del 6% de la potencia eléctrica total instalada en el país.
El complejo será capaz de producir 1.766 gigavatios hora (GWh) al año, suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de los municipios vecinos y de las ciudades de Braga y Guimaraes (440.000 hogares). Además, esta gran infraestructura renovable tendrá capacidad de almacenamiento suficiente para dar servicio a dos millones de hogares portugueses durante un día entero.
El proyecto cuenta con la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI). En julio de 2018, la entidad entregó a Iberdrola 500 millones de euros, los primeros de los 650 millones aprobados en total para financiar este desarrollo.
El proyecto tiene además recogidas, en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), diversas medidas de compensación de sistemas ecológicos, como la reforestación de más de 1.000 hectáreas, la plantación de 17.000 alcornoques o acciones para mejorar las poblaciones de fauna protegida existente en el entorno.
Además, al proyecto se le sumará la futura construcción de dos parques eólicos ligados a la gigabatería, que convertirán al complejo en una planta de generación híbrida y cuya potencia final se estima que alcanzará 300 MW, por lo que será uno de mayores proyectos eólicos de Portugal.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López; el presidente de MicroBank, Juan Carlos Gallego, y el director de AgroBank, Sergio Gutiérrez, han firmado un convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales de emprendimiento rural a través de microcréditos.
El acuerdo establece una línea de financiación de un millón de euros para potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora, según un comunicado de CaixaBank este viernes.
En concreto, se financiará la creación o ampliación de microempresas, negocios de autónomos y proyectos de autoempleo con el objetivo de contribuir al desarrollo del tejido productivo y al progreso social.
Los beneficiarios serán profesionales autónomos y microempresas con menos de diez trabajadores y una facturación anual inferior a dos millones de euros, y los solicitantes podrán optar a microcréditos por un importe máximo de 25.000 euros.
Los proyectos deben tener un plan de empresa y el informe favorable de viabilidad elaborado por Fademur, y el criterio de concesión de microcréditos por parte de MicroBank atiende fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que solicita el préstamo y la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder personas carentes de garantías y avales.
El Gobierno se ha comprometido ante el departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) a aprobar un nuevo paquete de medidas similar al adoptado el pasado mes de marzo y que supuso la entrega de hasta 1.250 euros por camión o 500 euros por furgoneta.
En una nuevo reunión celebrada el miércoles por la tarde, la secretaria general de transporte, María José Rallo, y el director general de Transporte Terrestre, Jaime Moreno, dieron esta solución a lo transportistas para luchar contra la inflación y el alza de los carburantes.
El objetivo es aprobar estas ayudas por medio de un real decreto antes de que acabe julio, por lo que podría incluirse en el mismo texto en el que se presentará la nueva Ley de la Cadena del Transporte, en la que se prohibirá el trabajo a pérdidas en el sector, para que entre en vigor lo antes posible.
En concreto, el CNTC espera que todas las medidas y normas en las que se está trabajando sean tramitadas por el procedimiento de urgencia anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate del Estado de la Nación.
La nueva ley hará obligatorio recoger de forma escrita el precio que percibirá el transportista por realizar el servicio, haciendo referencia a si realizará la carga y descarga, actividad que ya no pueden hacer los camioneros salvo en determinadas excepciones.
Estos precios pactados deberán cubrir todos sus costes de explotación, para lo que se tomará como referencia el Observatorio de Costes que publica el Ministerio de Transportes. En caso de no cumplirse, las sanciones se dirigirán a la empresa cargadora.
La hostelería generó 1.625.227 contratos en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 69,1% respecto al mismo periodo del año anterior, y se espera que la campaña de verano cree cerca de 500.000 contratos en los sectores de comercio, transporte, turismo, hostelería y entretenimiento, según un análisis elaborado por Randstad, publicado este jueves.
La evolución de la contratación en la hostelería en los primeros seis meses de 2022 ha sido "verdaderamente notable", sobre todo en comparación con las cifras del año pasado. Entre enero y junio de 2021, se firmaron 960.984 contratos en este sector, un 4,2% más que en 2020, durante la pandemia, cuando la hostelería registró un desplome del 58,7% en las contrataciones.
El director de Randstad Research, Valentín Bote, señala que el incremento observado este 2022 confirma "de nuevo que el sector de la hostelería es un auténtico motor para el empleo" en España.
"Este volumen de contratación es especialmente significativo tras la aprobación de la reforma laboral, ya que el número total de contratos se ha visto reducido por las nuevas fórmulas y por la dinámica de contratación indefinida que ha introducido la nueva normativa", añade Bote.
AUMENTA LA CONTRATACIÓN EN BALEARES Y CANARIAS
Durante los primeros seis meses del año, la contratación en la hostelería se ha disparado un 238,9% en Canarias y un 174,9% en Baleares, según el estudio de Randstad, basado en datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El tercer puesto lo ocupa Cataluña, con un crecimiento del 105,7%.
La contratación también ha superado la media nacional en Aragón, con un repunte del 96,5%; en el País Vasco, del 83,5%; en la Comunidad de Madrid, del 83,1%, en Castilla y León, del 80,4%; y en La Rioja, del 78,2%.
Por el contrario, zonas como Extremadura (17,4%), Región de Murcia (18,8%), Castilla-La Mancha (30,1%) o Cantabria (33,4%) han tenido incrementos más moderados que el resto de comunidades autónomas.
Randstad también recoge un desglose por provincias en el que sobresale Las Palmas, con una subida del 248,6% en la contratación entre enero y junio. En Tenerife, el incremento fue del 228,7%, mientras que en Barcelona ascendió un 146,2%.
Muy por debajo de la media nacional se situaron Albacete, que solo mostró un crecimiento del 10,2%; Badajoz, del 11,3%; Ciudad Real, del 16,5%; y Cádiz, del 18,4%.
En estos seis primeros meses del año, la firma de contratos en la hostelería se ha concentrado en Andalucía, con 354.760 contratos, Cataluña, con 213.708, y la Comunidad Valenciana, con 176.440, que representan un 45,8% de todos los firmados en el país.
Por edades, el 48,9% de los contratados tenía entre 25 y 45 años, mientras que un 28,9% era menor de 25 años y un 22,3% superaba los 45 años. Con respecto a 2021, el mayor incremento en la contratación se ha dado en la franja de edad de menores de 25 años.
Por sexos, las mujeres firmaron el 54,4% de los contratos, un total de 883.513, mientras que los hombres firmaron el 45,6% restante, 741.714 contratos.
Randstad también alerta en este informe de "ciertos problemas por parte de las empresas de hostelería para encontrar profesionales", en concreto en la campaña estival y en las zonas de alta demanda.
Para solucionarlo, Randstad recomienda a las empresas que "sean conscientes y den respuesta a lo que demandan los profesionales". Además de un salario acorde, los trabajadores buscan conciliación, calidad de vida, buen ambiente de trabajo, seguridad laboral y el desarrollo profesional.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha enviado este miércoles a los presidentes autonómicos solicitudes para pedir una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante a todos los autónomos con rentas inferiores a 20.000 euros anuales, según ha informado en un comunicado.
UPTA considera "inaceptable" que las comunidades autónomas "se pongan de perfil ante la dramática situación que viven miles de autónomos" y acusa a las autonomías de estar beneficiándose con el incremento de los precios de los combustibles.
"Tienen que arrimar el hombro para que nuestro colectivo pueda obtener una bonificación adicional a la del Estado", ha demandado el presidente de UPTA, Eduardo Abad. Para UPTA, es "absolutamente justo", ya que los autónomos son "los principales consumidores y afectados".
"Es absolutamente fundamental que con los más de 7.000 millones de euros que se recaudan por este concepto, las comunidades autónomas hagan un pequeño esfuerzo para salvar la situación de millas de autónomos de nuestro país".
Los precios del grupo hoteles, café y restaurantes crecieron un 7,2% en junio en comparación con el mismo mes del año anterior, nueve décimas más que mayo, lo que supone la tasa más alta de este grupo en 28 años, desde enero de 1994.
La subida de los precios en la restauración y de los servicios de alojamiento ha provocado este crecimiento del grupo de hoteles, café y restaurantes, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Además, el alza de los precios de los carburantes llevó a la tasa interanual del grupo de transporte hasta el 19,2%, más de cuatro puntos por encima de la registrada en mayo.
Por otro lado, en tasa mensual (junio sobre mayo), lo que más subió de precio en el mes de junio respecto al mes anterior fueron los paquetes turísticos nacionales (+17%), mientras la segunda rúbrica que más bajó fue el transporte marítimo de pasajeros (-3,8%).
El IPC subió un 1,9% en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual 1,5 puntos, hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según el INE, la escalada del IPC interanual hasta el 10,2% en junio se debe, principalmente, a las subidas de los precios de los carburantes, de los combustibles para calefacción, de la electricidad, de la restauración y los hoteles, y de los alimentos.
Los españoles necesitan trabajar, de media, 193 días para cumplir con sus obligaciones con Hacienda, por lo que a partir de mañana, 13 de julio, comenzarían a ingresar dinero para ellos mismos, según un informe elaborado por la Fundación Civismo.
El 13 de julio representa para esta organización el "Día de la Liberación Fiscal", aunque varía según las comunidades autónomas. Así, en siete autonomías no han celebrado todavía esa fecha, entre ellas Cataluña, que no llegará esta "liberación fiscal" hasta el 21 de julio, o Cantabria, donde ocurrirá el 18 de este mes. Por el contrario, otras ya se han "liberado fiscalmente", como Ceuta, Melilla y Murcia donde se alcanzó esa fecha el 9 de julio, entre otros ejemplos.
Fundación Civismo denuncia en este informe que la presión fiscal directa sobre las familias españolas ha crecido desde 2018 y señala que este 2022 es el ejercicio en el que más está aumentando desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.
"Es incomprensible que, ante una inflación disparada, el Gobierno no haya deflactado las tarifas, lo que hubiera permitido que los contribuyentes mantuvieran su capacidad económica", agrega el comunicado.
Fundación Civismo apunta también que en los últimos años aumentó la renta de las familias españolas, aunque durante la pandemia "el consumo en los hogares fuera mínimo" y, por tanto, "la recaudación de impuestos fue menor". Con la vuelta a la normalidad, el consumo repuntó y con ello "la presión fiscal indirecta y su correspondiente subida de impuestos".
LA PRESIÓN FISCAL CRECE DESDE LOS 90
Fundación Civismo sostiene que la presión fiscal indirecta ha ido en aumento desde la década de los 90, aunque se observa una caída entre 2007 y 2013, durante la crisis, cuando "la recaudación se redujo ligeramente".
Además, la Fundación añade que la caída de ingresos fiscales de 2020 se explica por la influencia de la pandemia en el consumo, ya que "al caer este, también descendió la recaudación impositiva". No obstante, la presión fiscal sobre el consumo retomó en 2021 su tendencia alcista.
Este estudio de la Fundación Civismo, que se define como un "think tank proclive al liberalismo clásico", también analiza la cuña fiscal de los salarios, entendida como la proporción de rendimientos que el trabajador destina a financiar al Estado.
De esta forma, defiende que cuanto mayor sea la cuña fiscal, también lo será la cantidad de recursos que el contribuyente abonará al sector público y, por tanto, "hará menor será su renta disponible".
Fundación Civismo apunta que la cuña fiscal de salarios en España hace que un contribuyente español destine un mayor percentil de su renta a financiar al Estado que cualquier otro contribuyente promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Los viajeros que utilizaron el avión y los trenes de alta velocidad para desplazarse por España el pasado mes de mayo se duplicaron respecto al mismo mes del año anterior, en el que aún existían numerosas restricciones debido a la pandemia.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hechos públicos este martes, más de 3,5 millones de usuarios utilizaron el transporte aéreo en España en el quinto mes del año (un 121,6% más), mientras que otros 2,72 millones escogieron el tren de Larga Distancia para sus desplazamientos (+108,6%). Dentro de este segmento, los viajeros que utilizaron el AVE sumaron un total de 1,9 millones de usuarios (+124,6%).
El transporte ferroviario fue utilizado en España el pasado mes de mayo por 48,4 millones de viajeros, un 40% más que el año anterior, de los cuales 43 millones fueron usuarios de Cercanías (+35,6%); 2,6 millones de Media Distancia (+71,2%), y 2,72 millones de Larga Distancia (+108,6%).
Por su parte, el transporte interurbano por autobús fue utilizado por 58,7 millones de viajeros, cifra un 43,3% superior a la de mayo de 2021, mientras que el transporte marítimo se disparó un 66,5%, hasta alcanzar los 809.000 usuarios.
Según la estadística de transporte de viajeros del INE, el número de usuarios del transporte público aumentó en mayo un 37,7% en tasa anual, hasta superar los 399,4 millones de pasajeros. El transporte urbano se incrementó un 34,7%, mientras que el interurbano avanzó un 43,6%.
Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,45% hasta junio, cifra ligeramente superior al dato de mayo (2,42%), pero casi ocho puntos inferior al IPC adelantado del mes de junio, que se situó en el 10,2%, según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Este incremento salarial está por debajo de la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional (SMI) y está algo más en línea con las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.
Este AENC no se ha podido renovar de cara a 2022 ante las diferencias existentes en torno a la cláusula de revisión salarial, irrenunciable para los sindicatos e inaceptable para los empresarios ante los elevados niveles de inflación.
El Gobierno ha vuelto a insistir a los agentes sociales para que negocien un pacto de rentas con el que moderar salarios y beneficios empresariales, y volverán a verse tras el verano para seguir discutiéndolo.
Los sindicatos, que han iniciado una campaña de movilizaciones en defensa de la mejora de los salarios, exigían a los empresarios una subida del 3,5% para este año, con cláusulas de revisión para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo ante los elevados niveles de inflación. Por su parte, la propuesta que la CEOE puso sobre la mesa recogía una subida salarial del 3,5% para 2022, pero sin cláusula de revisión.
De momento, con los datos hasta junio, el alza salarial pactada en convenio se encuentra más de un punto por debajo de la que propusieron en esta negociación tanto CCOO y UGT (3,5%) como CEOE, pero en este último caso excluyendo la cláusula de garantía.
La mayor parte de los convenios registrados hasta junio en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tengan efectos en 2022.
En concreto, hasta junio había registrados un total de 2.314 convenios colectivos con efectos económicos para dicho periodo, de los que sólo 291 se han firmado este mismo año, con una subida salarial media del 2,58%. El resto, 2.023, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio algo inferior, del 2,44%.
Los 2.314 convenios registrados hasta junio daban amparo a algo más de 6,17 millones de trabajadores.
TRES DE CADA CUATRO TRABAJADORES, SIN CLÁUSULAS DE REVISIÓN
Según la estadística de Trabajo, la mayor parte los convenios registrados hasta junio no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, de los 2.314 convenios contabilizados, sólo el 14,6% (339) contaban con una cláusula de garantía salarial y de ellos, 255 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.
Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a algo más de 1,52 millones de trabajadores de los 6,17 millones amparados por los convenios registrados hasta junio, el equivalente al 24,7% del total. Así, el grueso de los trabajadores (tres de cada cuatro) carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos. La cifra de trabajadores protegidos con este instrumento se ha reducido respecto a meses anteriores, pues en marzo superaba el 29% y en mayo se situó en el 25,7%.
El Banco de España ha advertido del riesgo de introducir en estos momentos cláusulas de revisión salarial en los convenios de cara a experimentar efectos de segunda vuelta en la inflación. En los últimos años, el porcentaje de trabajadores protegidos con esta cláusula fue inferior al 20%. Ahora está en el 24,7%, pero ha llegado a rozar el 30%.
TRES DE CADA DIEZ CONVENIOS RECOGEN SUBIDAS SALARIALES DE MÁS DE UN 3%
Del total de convenios registrados en los seis primeros meses del año, 1.768 eran de empresa, con efectos sobre 400.786 trabajadores y una subida salarial media del 2,69%, mientras que 546 eran convenios sectoriales y daban cobertura a 5,7 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 2,44%.
La jornada media pactada en convenio se situó hasta junio en 1.726,6 horas anuales por trabajador (1.709 horas en los convenios de empresa y 1.727,8 en los convenios de ámbito superior).
De los 2.314 convenios registrados en la primera mitad del año, un total de 109, el equivalente al 4,7%, contemplaba congelación de sueldos, mientras que el 30,4% de los convenios recogía una subida salarial superior al 3%, siendo la media del 5,42%.
El 59,1% de los convenios se mueve en subidas salariales medias que van desde el 0,5% hasta el 2,5%. Los convenios registrados hasta junio con alzas salariales superiores al 2% llegan al 43,5% del total. La estadística no recoge ningún convenio con un recorte salarial, a diferencia de 2021, cuando tenía contemplados dos convenios de esta naturaleza.
LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR 'DESCUELGUES' SUBEN UN 27,8%
La estadística de Trabajo revela además que en los seis primeros meses del año se registraron 308 inaplicaciones de convenios, una más que en igual periodo de 2021.
No obstante, estos 'descuelgues' afectaron a más trabajadores, un total de 11.941, frente a los 9.341 afectados hasta junio del año anterior (+27,8%). El 'descuelgue' de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que después de la reunión que mantuvieron el martes los agentes sociales con el Gobierno para alcanzar un pacto de rentas ante el crecimiento de la inflación, todos expresaron la idea de que a la vuelta de agosto volverían las reuniones para alcanzar un acuerdo salarial, que "sería muy bueno para este país".
Durante su visita a la Zona Franca de Cádiz para la primera piedra de una incubadora de empresas, ha apuntado la disposición del Gobierno "a ayudar y a colaborar" a ese acuerdo, sobre el que ha asegurado que "daría estabilidad, confianza a los inversores, y, sobre todo, a la ciudadanía".
Montero ha abogado por una iniciativa que permita que el alza del beneficio de las empresas y de los salarios sea compatible con combatir la inflación para evitar efectos de segunda ronda.
"Ojalá en los próximos meses seamos capaces de un pacto de rentas que haga compatible el crecimiento de los salarios con los beneficios empresariales y también con la moderación de la inflación", ha argumentado Montero, mientras que ha considerado la subida de precios como un factor que "genera desigualdad", por lo que ha considerado como "fundamental que Putin salga de Ucrania, que es lo que está provocando "un mayor volumen de inflación".
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.
Las empresas y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones), según ha informado este jueves Competencia en un comunicado.
La CNMC ha explicado que desde 1992 estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.
Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras, según la CNMC.
"Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc", subraya Competencia.
Entre las administraciones públicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes.
CCOO y UGT se movilizarán este miércoles ante las sedes de las patronales de las principales ciudades españolas, en el marco de su campaña 'Salario o conflicto', para exigir a CEOE y Cepyme que los convenios colectivos garanticen el poder adquisitivo de los salarios y la inclusión de las cláusulas de garantía salarial.
En Madrid, la movilización tendrá lugar ante la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).
De esta forma, los sindicatos vuelven a salir a las calles para pedir a la patronal una subida salarial, después de que ambas partes dieran por cerradas sin acuerdo las negociaciones para el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), a comienzos de mayo.
CCOO y UGT acordaron trasladar a las mesas de negociación de los convenios colectivos las mismas demandas que exigieron en el frustrado AENC. Así, los sindicatos piden una revalorización salarial del 3,5% para este año, del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024, acompañadas de una cláusula de revisión salarial.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, estarán presentes en la movilización de Madrid como continuación de la campaña 'Salario o Conflicto', iniciada el pasado 9 de junio, cuando ambos sindicatos concentraron en la capital a unos 1.500 negociadores sindicales de convenios.
También acudirán a la concentración de Madrid las secretarias generales de CCOO y UGT en Madrid, Paloma López y Marina Prieto.
La convocatoria de movilización se repetirá en las principales ciudades de Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.
CCOO y UGT han reivindicado desde comienzos de año una subida salarial ante la escalada de la inflación, que en el dato adelantado de junio se disparó al 10,2%, con la subyacente en el 5,5%, su valor más alto desde 1993.
Los sindicatos y la patronal trataron de alcanzar un V AENC, pero a principios de mayo dieron por cerradas las conversaciones ante la "diferencia insalvable" con la cláusula de revisión salarial. Para CCOO y UGT, la cláusula era una condición imprescindible, pero la CEOE mantuvo su rechazo.
A pesar de no haber llegado a un acuerdo, los agentes sociales han manifestado después su intención de volver a sentarse a negociar, pero siguen insistiendo en la necesidad de incluir una cláusula de revisión salarial, algo a lo que, por ahora, la CEOE se sigue oponiendo.
"La patronal debería hacer un gesto de responsabilidad porque si no, el conflicto va a continuar. Nosotros no vamos a firmar los convenios a la baja porque no hay razones", denunció ayer el líder de UGT, Pepe Álvarez.
En este sentido, Álvarez advirtió de que los trabajadores tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes porque la inflación no ha tenido su traslado a los salarios y ha pedido que éstos suban de manera "generalizada" porque "se puede hacer" y porque ayudaría a que los problemas económicos fueran menos.
AVISO A LA CEOE
Álvarez explicó que el "escollo" para llegar a un acuerdo con CEOE en materia salarial sigue siendo el mismo: la inclusión de una cláusula de revisión que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores.
"En la negociación colectiva que viene de años anteriores la cobertura de la cláusula está por debajo del 20% de los trabajadores, pero la que hemos firmado desde el mes de enero está por encima del 80%. Esto o se aborda civilizadamente en una mesa de negociación o irá creciendo el conflicto en los convenios", alertó Álvarez, que añadió que los sindicatos no van a renunciar a que suban los salarios.
El dirigente sindical ha advertido además a la CEOE que, o desbloquea los convenios, sobre todo los que afectan a los trabajadores con salarios más bajos, o lo sindicatos pedirán al Gobierno que suba ahora el salario mínimo interprofesional (SMI) dado que la situación actual "es imposible de mantener para quienes ganan en torno a 1.000 euros".
"La Ley del SMI posibilita y casi llama a que cuando haya una inflación disparada como la que tenemos se revise a medio año y la CEOE tiene que ser consciente", precisó ayer Álvarez.
El precio del barril de petróleo se desplomaba este martes alrededor de un 9% y caía a mínimos desde el pasado mes de mayo en torno a los 100 dólares como consecuencia del temor a que el impacto de la inflación sobre la demanda desemboque en una recesión.
En el caso del petróleo Brent, de referencia para Europa, el precio del barril llegaba a caer este martes hasta los 102 dólares, en mínimos desde el pasado 11 de mayo, con una reducción del 8,6% desde el cierre de la sesión de ayer.
De su lado, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) llegaba a bajar hasta los 98,32 dólares desde los 108,43 dólares del cierre del lunes, una bajada del 9,3%, hasta mínimos desde el pasado 11 de mayo.
El PMI compuesto de la zona euro, uno de los principales indicadores adelantados de actividad, retrocedió en junio a mínimos de los últimos 16 meses como consecuencia del impacto de las subidas de precios y del deterioro de las expectativas económicas, alimentando el temor a que el "declive" de la economía del bloque desemboque en una recesión.
El temor a una contracción de la economía del euro puede así pesar en el ánimo del BCE a la hora de acometer una normalización más agresiva de su política monetaria, después de anunciar una subida de tipos de 25 puntos básicos en julio, la primera desde 2011, y otra más en septiembre, cuya intensidad dependerá de las previsiones de inflación.
La Secretaría de Estado de Comercio ha convocado este martes una línea de ayuda para apoyar la actividad comercial en zonas rurales y otra destinada a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, dotadas en conjunto con más 75 millones de euros.
En concreto, la línea de apoyo a la actividad comercial en zonas rurales cuenta con una dotación presupuestaria de 15.023.500 euros y su objetivo es mejorar la competitividad, sostenibilidad y diversificación de la economía rural.
Podrán acogerse a las ayudas establecidas en la convocatoria publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado los municipios con poblaciones de hasta 5.000 habitantes. Además, pueden acogerse las provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares siempre que la media simple de la población de los municipios en los que se plantee la actuación proyecto no supere los 5.000 habitantes.
También podrán beneficiarse las comarcas que agrupen varios municipios en los que la media simple de la población de los municipios en los que se plantee la actuación o proyecto no supere los 5.000 habitantes y otras entidades que agrupen varios municipios.
Se incluyen, además, las asociaciones de municipios, así como las mancomunidades de municipios, siempre que la media simple de la población de los municipios en los que se plantee la actuación o proyecto no supere los 5.000 habitantes.
Las candidaturas podrán ser presentadas en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La solicitud se realizará de manera electrónica a través de la sede electrónica del Ministerio.
OTRA LÍNEA CON 60 MILLONES
De su lado, la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuenta con una dotación presupuestaria de 60.494.350 euros.
Las ayudas tienen como finalidad financiar el desarrollo de planes y proyectos de contenido tecnológico, innovador o de sostenibilidad, así como de mejora de equipamientos, dirigidos al sector comercial que se encuentra ubicado en su demarcación.
Podrán acogerse a las ayudas los municipios, representados por sus respectivos ayuntamientos; las provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares; las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios y las mancomunidades de municipios, siempre y cuando los municipios de población superior a 100.000 habitantes no representen más del 60% del total de la población de la mancomunidad.
Según se recoge en el extracto de la resolución publicada este martes, los beneficiarios supramunicipales deberán presentar un proyecto que afecte a varios municipios como proyecto único, haciéndose responsables de su ejecución y justificación.
Las candidaturas podrán ser presentadas en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la fecha de publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La solicitud se realizará de manera electrónica a través de la sede electrónica del Ministerio.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se redujo en 42.409 desempleados en junio (-1,4%), lo que situó el total de parados por debajo de los 2,9 millones por primera vez desde el otoño de 2008.
En concreto, junio cerró con 2.880.582 desempleados, su menor cifra desde octubre de 2008, en los inicios de la crisis financiera, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Pese a ello, el descenso del paro en junio ha sido casi cuatro veces inferior al experimentado en igual mes de 2021, cuando se redujo en 166.911 desempleados, su mayor caída en cualquier mes de toda la serie histórica.
Con la excepción de junio de 2020, cuando el Covid provocó un repunte de desempleados de 5.107 personas, el dato de junio de este año es el peor desde 2008, año en el que subió en casi 37.000 desempleados.
Desde 1996, año en el que arranca la serie histórica comparable, se han registrado subidas del paro en dos meses de junio y bajadas en 25. Los únicos repuntes se produjeron en 2008 y en 2020.
En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en junio en 3.720 personas.
En el último año el desempleo acumula un descenso de 733.757 parados, lo que supone un 20,3% menos, con un retroceso del paro femenino de 334.962 mujeres (-22,4%) y una caída del desempleo masculino de 398.795 varones (-18,8%).
No obstante, el ritmo interanual de reducción del desempleo se ha moderado más de dos puntos, desde el 22,7% de mayo al 20,3% en junio.
BAJA ALGO MÁS ENTRE LOS HOMBRES Y SOBRE TODO EN SERVICIOS
El paro bajó en junio en tres sectores económicos, con los servicios liderando los descensos mensuales debido a la campaña de verano. En concreto, el desempleo se redujo en este sector en 41.017 personas en relación al mes de mayo (-2%). Le siguen la industria, que restó 7.148 parados en junio (-3,9%), y la construcción, con 4.981 desempleados menos (-2,1%).
Por contra, el colectivo sin empleo anterior sumó 1.874 parados en junio (+0,7%), y la agricultura añadió 8.863 personas a su lista de desempleados (+6,4%).
El paro retrocedió en junio en ambos sexos, aunque algo más entre los varones. En concreto, el desempleo masculino bajó en 25.242 personas (-2,1%) y el femenino, en 17.167 mujeres (-1%). De este modo, al finalizar el sexto mes del año, el número de mujeres en paro se situó en 1.723.815, su mejor dato en un mes de junio desde 2009, en tanto que el de hombres en desempleo bajó hasta 1.156.767 parados.
Por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años aumentó un 0,6% en junio, con 1.289 parados más que a cierre de mayo, mientras que el paro de las personas con 25 años y más bajó en 43.698 desempleados (-1,6%).
Trabajo ha resaltado que, en comparación con junio de 2021, los menores de 25 años son la franja de edad que más ha recortado el paro, con un descenso del 32,8%, lo que ha situado el total de jóvenes en desempleo en 201.209.
SÓLO ANDALUCÍA REGISTRA MÁS PARADOS
El paro registrado bajó en junio en todas las comunidades autónomas menos en Andalucía, donde se incrementó en 6.345 personas. Los mayores descensos, por contra, se dieron en Cataluña (-9.946), Madrid (-7.443) y Galicia (-5.188), mientras que los más moderados correspondieron a La Rioja (-70 parados) y Murcia (-319).
En cuanto a las provincias, el paro retrocedió en 46 de ellas, lideradas por Madrid (-7.443), Barcelona (-6.304 parados) y Málaga (-4.116), y aumentó en seis, principalmente en Huelva (+6.958 parados), Sevilla (+3.000 desempleados) y Almería (+2.606).
El paro registrado entre los extranjeros bajó en junio en 1.406 desempleados (-0,4%) respecto al mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 362.941, un 30,5% menos que en junio de 2021.
MENOS CONTRATOS QUE EN 2021, PERO NUEVO RÉCORD DE INDEFINIDOS
En junio se registraron 1.768.988 contratos, un 1,6% menos que en el mismo mes de 2021. De todos ellos, 783.595 fueron contratos indefinidos, la mayor cifra en cualquier mes de toda la serie histórica.
Este volumen de contratos fijos es un 353,3% superior al de junio de 2021 y representa el 44,3% del total de contratos efectuados en el sexto mes del año, porcentaje cinco veces superior a la media del mes de junio.
Del total de contratos fijos suscritos en junio, 312.824 han sido a tiempo completo, tres veces más que en igual mes del año pasado; 292.679 eran contratos fijos-discontinuos, multiplicando por más de 10 la cifra de junio de 2021, y 178.092 eran contratos indefinidos a tiempo parcial, con un incremento interanual del 316%.
Trabajo ha destacado que el cambio de tendencia en la contratación estable es "especialmente patente" en sectores como la agricultura y la construcción, donde el peso de los fijos supera ahora el 47% y el 73%, respectivamente, frente a los porcentajes del 3,3% y del 10,1% del promedio 2017-2019.
También ha favorecido a los más jóvenes, pues el 43,9% de los menores de 30 años cuenta actualmente con un contrato indefinido, en contraste con el 8,2% de la media del periodo 2017-2019.
De todos los contratos suscritos en junio, algo más de 922.000 fueron contratos temporales, de los que el 28,4% fueron por circunstancias de la producción a tiempo completo y el 4,4% fueron de sustitución, también a tiempo completo. Por su parte, los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 19,3% del total.
En los seis primeros meses de 2022 se han realizado casi 3,3 millones de contratos indefinidos, más del triple que en el mismo periodo de 2021, gracias al impulso de la reforma laboral, en vigor desde principios de este año.
GASTO EN PRESTACIONES
El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en mayo (último dato disponible) la cifra de 1.591,8 millones de euros.
El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó al finalizar mayo en 1.675.407 personas.
El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 973,5 euros en el quinto mes del año.
Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que Trabajo ha publicado este lunes las cifras de desempleo de junio y la estadística de prestaciones de mayo.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como 'la hucha de las pensiones', situó su rentabilidad media anual a 15 años en el 3,4% en 2021, por debajo del 3,57% de 2020, pero por encima de la que ofrecieron el año pasado, en promedio, los planes de pensiones privados individuales (2,33%).
Así lo revela el informe de gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2021 remitido a las Cortes hace unos días y en el que se refleja que el importe del mismo sigue siendo de 2.138 millones de euros (0,18% del PIB), ingresados en su totalidad en una cuenta corriente del Banco de España.
La rentabilidad acumulada del Fondo de Reserva desde su creación en el año 2000 hasta el 31 de diciembre de 2021 alcanzó el 103,35%, lo que supone, en términos anualizados, un 3,40%.
Si se compara la rentabilidad media anual a 15 años obtenida en 2021 por la 'hucha' de las pensiones (3,4%) con la de los planes de pensiones privados de renta fija a largo plazo (1,85%), la diferencia a favor del Fondo de Reserva es aún mayor que la ofrecida, de media, por el conjunto de planes de pensiones privados (2,33%).
No obstante, la 'hucha' sale perdiendo respecto a los planes de pensiones privados cuando las comparaciones se realizan con las rentabilidades medias anuales a 10, 5, 3 y 1 año. En esos casos, rentan más los planes de pensiones, especialmente a 5 y 3 años, en los que el Fondo de Reserva presenta una rentabilidad media anual negativa del 0,23%.
Desde la primera dotación al Fondo de Reserva en el ejercicio 2000 hasta 31 de diciembre de 2021, los rendimientos obtenidos por el mismo ascienden a casi 28.874 millones de euros, conseguidos mayoritariamente entre los años 2000 y 2017. A partir de ahí, con excepción de 2019, los rendimientos fueron negativos (-53 millones en 2018 y -15 millones en 2020) o nulos, como en 2021.
EL FONDO YA NO INVIERTE EN ACTIVOS FINANCIEROS
En 2020 vencieron los activos en los que estaba invertido el Fondo de Reserva y las decisiones de gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social estuvieron condicionadas principalmente por la situación de incertidumbre generada a raíz de la crisis sanitaria.
Adicionalmente, el escenario del mercado de la deuda pública española durante 2020 presentaba rentabilidades mínimas históricas en la mayor parte de los tramos temporales de la curva de tipos de interés.
De hecho, los activos con rentabilidades negativas que superaban el tipo de la Facilidad de depósito establecido por el Banco Central Europeo (-0,50%) tenían vencimientos a medio plazo (tramo 5 años), los activos con rentabilidades positivas se situaban en tramos a partir de 10 años y las rentabilidades de activos de plazos más largos eran "muy reducidas", según expone el Gobierno en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press.
En este contexto, el Comité de Gestión del Fondo de Reserva acordó en noviembre de 2020 por "máxima prudencia" mantener en cuenta corriente el saldo de casi 2.138 millones de euros al que asciende la 'hucha' de las pensiones, dejando así de realizar inversiones en activos financieros, principalmente en deuda pública española.
A lo largo de 2021 los activos con rentabilidades negativas que superaban el tipo de la Facilidad de depósito del BCE (-0,50%) tenían vencimientos a medio plazo (tramos entre 2 y 4 años), los activos con rentabilidades positivas se situaban en tramos a partir de 6 años y las rentabiliades de activos de plazos más largos "continuaban en niveles muy reducidos".
Así las cosas y tras la aprobación de la primera pata de la reforma de pensiones, el Comité que gestiona el Fondo decidió el pasado diciembre mantener en la cuenta abierta en Banco de España y hasta una nueva reunión el importe de 2.137,92 millones de euros del Fondo de Reserva.
La primera pata de la reforma regula el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), sustituto del Factor de Sostenibilidad de la reforma del sistema de pensiones de 2013, con el que se pretende 'engordar' el Fondo de Reserva para afrontar futuras desviaciones del gasto en pensiones.
LA REFORMA DE PENSIONES REACTIVA EL FONDO DE RESERVA
El MEI contempla dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una cotización adicional del 0,6% a partir de 2023 y hasta 2032, repartida entre empresas y trabajadores. Su función es la de actuar como "válvula de seguridad" del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050.
Si esto no ocurriera, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del Fondo de Reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones. Pero si a partir de 2033 se aprecia en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará la 'hucha', con un límite de disposición anual del 0,2% del PIB.
En caso de ser insuficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo. El objetivo será llegar a una propuesta equilibrada que se dirija a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB o a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos.
En este contexto, el Comité de Gestión del Fondo tenía que decidir los criterios de inversión del Fondo y los activos financieros en los que invertir el saldo del mismo en el marco de la negociación de la primera pata de la reforma de pensiones durante los meses anteriores a su aprobación, teniendo en cuenta, además, la situación de los mercados financieros, marcada aún por intereses negativos a medio plazo junto con una elevada volatilidad. Finalmente, y a la espera de una nueva reunión, el Comité decidió el pasado diciembre mantener la 'hucha' en la cuenta del Banco de España tal y como estaba.
Las pernoctaciones realizadas en apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues españoles se dispararon el pasado mes de mayo hasta alcanzar los 9,7 millones. Esto supone, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), multiplicar por más de dos (158,8%) la cifra registrada en el mismo mes de 2021, cuando se registraron un total de 3,7 millones de pernoctaciones.
Este impulso fue consecuencia, sobre todo, del incremento en un 443,3% (cinco veces más) de las pernoctaciones realizadas por parte de los extranjeros. Las de los españoles aumentaron en el quinto mes del año un 47,3% respecto a mayo del año anterior.
De los 9,7 millones de pernoctaciones registradas por el instituto estadístico en abril, 3,9 millones fueron de residentes en España, 3,1 millones de visitantes de países de la Unión Europea y otros 2,5 millones del resto del mundo.
Los datos del INE muestran que la estancia media en alojamientos extrahoteleros españoles se situó en mayo en 3,6 pernoctaciones por viajero.
Con todo ello, durante los cinco primeros meses de 2022 las pernoctaciones en este tipo de alojamientos no hoteleros aumentaron un 209,5% respecto al mismo periodo del año anterior.
LAS PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS SE TRIPLICAN.
Los datos del INE muestran como las pernoctaciones en apartamentos turísticos en España aumentaron un 254,5% el pasado mes de mayo. Las de residentes subieron un 52,7% mientras que las de no residentes, lo hicieron un 591,8%. La estancia media aumentó un 14% respecto a mayo de 2021, situándose en 4,7 pernoctaciones por viajero.
En mayo se ocuparon el 30,6% de las plazas ofertadas en apartamentos turísticos, un 139% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 35,8%, con un incremento del 104,5%.
Las pernoctaciones realizadas extranjeros en este tipo de alojamientos turísticos representaron el 73,1% del total sindo Reino Unido el principal mercado emisor, con más de 1,4 millones. El siguiente mercado fue Alemania, con 421.631.
Por destinos, Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 1,6 millones de pernoctaciones y un aumento del 367,5% respecto a mayo de 2021. La comunidad autónoma con mayor ocupación fue la Comunidad de Madrid, con el 76,9% de los apartamentos ofertados.
Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con 562.266 pernoctaciones. La Isla de Lanzarote presentó el mayor grado de ocupación, con un 71,6% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.
Por lo que se refiere a las pernoctaciones en campings éstas registraron en mayo un aumento del 75,6% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes aumentaron un 25,3 y las de no residentes, un 254,1%.
Durante mayo se ocuparon el 35,3% de las parcelas ofertadas, un 18,1% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 40,6%, con un aumento anual del 17,8%.
El 44,3% de las pernoctaciones en campings las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 22,7% del total de las de no residentes, un 640,5% más que en mayo de 2021.
Cataluña fue el destino preferido para alojarse campings, con más de 1,3 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 85,3% en tasa anual, mientras que La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 53,9% de las parcelas ofertadas. Por zonas turísticas, la Costa Dorada fue el destino preferido, con 522.070 pernoctaciones.
La Costa Blanca (Alicante) presentó el mayor grado de ocupación del país, con un 64,9% de los apartamentos ofertados, y los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mont-Roig del Camp y Tarragona.
El INE destaca que en los cinco primeros meses del año las pernoctaciones en campings superan los registros del mismo periodo de 2019, al igual que los alojamientos rurales que registraron también un positivo mes de mayo.
INCREMENTO EN LOS ALOJAMIENTOS RURALES.
Los alojamientos rurales también registraron un buen mes en mayo, con un aumento anual del 83,8% en mayo. Las de residentes subieron un 59,8% y las de no residentes, un 160,1%.
En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 16,5% de las plazas, un 56% más que en abril de 2021. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 35%, con un aumento anual del 61,8%.
Por comunidades, Islas Baleares fue el destino preferido, con 157.977 pernoctaciones, un 80,2% más que en mayo de 2021. Esta comunidad también alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 52,9% de las plazas ofertadas.
Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con 127.063 pernoctaciones. Por su parte la Isla de Menorca alcanzó la mayor ocupación, con el 56,3% de las plazas ofertadas.
GALICIA, DESTINO FAVORITO EN ALBERGUES.
Los datos del INE referidos a albergues muestran como en mayo se registraron un total de 677.496 pernoctaciones en estos alojamientos, lo que supone un aumento anual del 628,6%. Las de residentes se incrementaron un 339% y las de no residentes, un 1.589,4%.
Se ocuparon el 32,1% de las plazas, un 323,8% más que en mayo de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 39%, con un aumento del 302%.
Galicia fue el destino preferido, con 140.423 pernoctaciones mientras que la Comunidad de Madrid alcanzó la mayor ocupación, con el 69,9% de las plazas ofertadas. Al igual que sucede en los campings y los alojamientos de turismo rural, las pernoctaciones en albergues superaron en los cinco primeros meses del año las registradas en el mismo periodo de 2019.
AUMENTO DE PRECIOS.
El incremento de pernoctaciones viene aparejado a un incremento de precios. El índice de precios de apartamentos turísticos (IPAP) aumentó un 13,5% en mayo respecto al mismo mes de 2021, el de los campings (IPAC) un 2,2% y los precios en turismo rural crecieron un 8,1%.
Los datos del INE muestran que las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 256,5% en mayo en tasa anual. Las de residentes subieron un 88,6% y las de no residentes, un 591,4%.
La estancia media creció un 28,2%, hasta 3,2 pernoctaciones por viajero. Del total de pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos colectivos, un 75,5% correspondió a hoteles y un 24,5% a alojamientos turísticos extrahoteleros.
Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados fueron el británico (con el 29% del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (17,9%) y el francés (9,9%).
Islas Baleares fue el destino preferido, con más de 7,5 millones de pernoctaciones (un 581,7% más que en mayo de 2021). Le siguen Cataluña, con más de 6,8 millones (y un aumento del 221,5%) y Canarias, con más de 6,5 millones (y una subida anual del 429,9%).
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas anticipan un deterioro en el acceso a la financiación para el periodo que va de abril a septiembre de 2022, motivado por su percepción negativa ante la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania, según las conclusiones del artículo "Evolución económica reciente de las pymes españolas y de su acceso a la financiación externa de acuerdo con la encuesta semestral del Banco Central Europeo", publicada este jueves.
Esta tendencia va en línea con las respuestas de las empresas europeas y muestra un deterioro en comparación con la percepción que tenían las pymes sobre la disponibilidad de acceso a la financiación en los periodos anteriores.
Además, las pymes encuestadas reconocieron que entre octubre de 2021 y marzo de 2022 apreciaron un endurecimiento las condiciones aplicadas a los préstamos bancarios y una mayor exigencia en las garantías requeridas.
Pese a las dificultades para acceder a la financiación, las pymes españolas estiman que crecerán, en términos netos, entre el periodo comprendido de abril a septiembre de este año, tal y como respondieron el 27,2% de las pymes españolas participantes en la Encuesta de Acceso a la Financiación de las Empresas (SAFE, por sus siglas en inglés). De cara a los próximos seis meses, las grandes compañías tienen perspectivas más favorables que las pymes.
Por sectores, todos mantuvieron una evolución positiva de sus ventas entre octubre de 2021 y marzo de 2022, aunque los servicios mostraron un comportamiento menos dinámico pues solo un 2,9% pymes de este sector declararon un incremento de su cifra de negocios, como apunta el supervisor en su estudio.
AUMENTO DE LOS COSTES
El Banco de España también observa en su análisis que la mayoría de las empresas españolas, tanto pymes como grandes, habían elevado estos precios entre abril de 2021 y marzo de este año, según sus respuestas en la SAFE.
Los aumentos fueron moderados en el 37% de los casos y más intensos en casi un 27%, en línea con las empresas europeas. Sin embargo, descartan que se trate de una situación pasajera y prevén incrementos para el periodo comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023, como consecuencia de la inflación, según el 73% de las empresas españolas encuestadas; el aumento de los costes de los insumos, para el 71 %; o el incremento de los costes laborales, como apuntó el 61% de las empresas.
El encarecimiento de los costes de los insumos y laborales tuvo "un impacto significativo" sobre el comportamiento reciente de los resultados empresariales, con porcentajes netos negativos. En el caso de las empresas españolas, el 23% reportó un descenso de sus beneficios entre octubre de 2021 y marzo de 2022, siete puntos porcentuales más que un año antes.
Por sectores, la situación es adversa en todas las ramas de actividad, salvo en la construcción.
Las empresas también identifican este incremento de los costes como el principal problema que afecta a su actividad. El 22% de las pymes españolas citó el aumento de los costes de las materias primas y laborales como el problema más relevante, 7 puntos porcentuales más que en la edición anterior.
El Banco de España también recoge en este análisis la vulnerabilidad a la que se exponen las empresas en función de su situación económica y de su nivel de endeudamiento. Así, el porcentaje de las pymes españolas más vulnerables habría aumentado ligeramente entre octubre de 2021 y marzo de 2022, hasta el 7%. Por su parte, la proporción de compañías más rentables mostró un retroceso moderado, hasta el 3,7%.
Dan empleo a dos millones de personas. Se han reunido a escasos metros de la reunión de la OTAN, en la sede central de Iberdrola. Son los máximos responsables de 14 de las principales empresas del sector industrial de Europa, automóvil, tecnológico, electricidad…. Coinciden en que hay que invertir "en verde" para una mayor seguridad y empleo en Europa. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha presidido la reunión. El anfitrión, el presidente de Iberdrola.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha sido hoy anfitrión de la reunión de la CEO Alliance for Europe, la intersectorial formada por algunas de las mayores empresas del continente, donde ha apostado por acelerar la transformación de la industria hacia nuevos modelos más sostenibles que estimulen el crecimiento, creen empleo de calidad, aseguren el suministro de energía, protejan el medio ambiente y maximicen la contribución de las empresas a la sociedad.
La reunión que se ha celebrado en la sede central de Iberdrola ha sido inaugurada por la ministra, Reyes Maroto, quien ha destacado los planes de choque del Gobierno para atacar el momento “incierto” que vivimos como consecuencia de la guerra en Ucrania y que ha coincidido en que las medidas de urgencia deben ir también con planteamiento de “luz larga”
Se trata de un objetivo alineado con el de la Alianza de convertir la UE en la región líder del mundo en protección del clima, al mismo tiempo que desbloquear las inversiones, impulsar las innovaciones en nuevas tecnologías y crear puestos de trabajo preparados para el futuro.
Para Galán, la misión de la CEO Alliance “es seguir trabajando juntos y colaborar con las autoridades nacionales y europeas para lograr políticas públicas que nos ayuden a atraer más inversión al continente y acelerar nuestra transformación y la descarbonización de Europa, porque creemos que es la mejor manera de generar empleo y futuro”.
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CEO Alliance for Europe Creada en 2020 con el telón de fondo de la pandemia del COVID-19 y el histórico Green Deal, la Alianza está formada por 14 empresas europeas líderes que representan a los principales sectores industriales, desde el automóvil hasta las telecomunicaciones, la tecnología o la electricidad, con unos 2 millones de empleados y unos ingresos anuales de 560.000 millones de euros. El grupo cree que la visión de una Europa más próspera, sostenible y resistente, centrada en la descarbonización y la digitalización, requerirá un esfuerzo colectivo de todos los Estados miembros, pero también de la colaboración entre el sector público y la industria. En este sentido, la Alianza ya está realizando proyectos conjuntos que se centran en la futura competitividad de las tecnologías verdes. En octubre de 2021, E.ON, Enel e Iberdrola, junto con ABB y SAP, anunciaron su cooperación para construir una cadena de valor de hidrógeno verde - aprovechando su ventaja competitiva en la producción de energía renovable en el sur de Europa - para suministrar hidrógeno verde y amoníaco verde a los centros industriales del centro y norte de Europa. El grupo también fue responsable del acuerdo entre Iberdrola y H2 Green Steel para construir una planta de hidrógeno verde que se ubicará en la Península Ibérica, con una capacidad de 1.000 MW y una inversión estimada de 2.300 millones de euros. Servirá para alimentar un horno para producir alrededor de 2 millones de toneladas al año de acero verde puro, consiguiendo una reducción del 95% de las emisiones de CO2. Al plenario, moderado por la exconsejera europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, y presidido por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto - quien firmó en el libro de Honor de la compañía. Forman parte de la alianza el presidente de Volkswagen AG y de la European CEO Alliance, Herbert Diess, Morten Wierod (ABB Group); Henrik Henriksson (H2 Green Steel); Frans Van Houten (Royal Philips Electronics); Leonhard Birnbaum (E. ON); Christian Levin (Scania Group); Peter Weckesser (Schneider Electric); Börje Ekholm (Ericsson); Anders Danielsson (Skanska); Andrea Orcel (UniCredit) y, de forma telemática, Thierry Vanlancker (Akzo Nobel NV) y Francesco Starace (Enel Group). |
El IPC se dispara en junio hasta el 10,2% por gasolinas y alimentos, su nivel más alto desde 1985
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,8% en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual 1,5 puntos, hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985, según los datos avanzados publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De este modo, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual después de que en abril se moderara 1,5 puntos de golpe, hasta el 8,3%. Después, en mayo, escaló hasta el 8,7% y en junio ha superado los temidos dos dígitos: 10,2%.
El dato de junio, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, supera en cuatro décimas el pico que se había alcanzado en el mes de marzo, del 9,8%.
Según el INE, la escalada del IPC interanual hasta el 10,2% en junio se debe, principalmente, a las subidas de los precios de los carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas. También ha influido el repunte de los precios de los hoteles, cafés y restaurantes, superior al del pasado año.
LA INFLACIÓN SUBYACENTE, EN CIFRAS RÉCORD DESDE 1993
El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que aumentó en junio seis décimas, hasta el 5,5%, su valor más alto desde agosto de 1993. De este modo, la subyacente se sitúa 4,7 puntos por debajo de la tasa del IPC general.
En términos mensuales, el IPC registró en junio un repunte del 1,8% respecto a mayo, tasa un punto superior a la del mes anterior.
En el sexto mes de 2022, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 10%, lo que supone 1,5 puntos más que en mayo.
Por su parte, el indicador adelantado del IPCA aumentó un 1,8% en tasa mensual.
El INE publicará los datos definitivos del IPC de junio el próximo 13 de julio.
El Gobierno ha presentado este martes a los autónomos una nueva propuesta que ya contempla los tramos de cotización progresivos desde 2023 hasta 2025, según un documento difundido por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
El planteamiento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene los 15 tramos que ya introdujo el lunes y comenzaría en 2023 con una cuota de 245 euros para los autónomos con rendimientos netos inferiores a 670 euros hasta los 500 euros de cuota para aquellos trabajadores por cuenta propia con ingresos netos por encima de 6.000 euros mensuales.
En 2024, esa cuota de 245 euros se rebajaría a 237, mientras que en 2025 quedaría en 230 euros. En el caso de los autónomos con ingresos por encima de los 6.000 euros, la cuota en 2024 sería de 530 euros, para pasar un año después a los 590 euros.
Así, la propuesta del Ministerio de José Luis Escrivá contempla una rebaja de cotizaciones para las rentas más bajas, según avancen los años hasta el 2025, y un aumento progresivo de las cuotas de las rentas más elevadas.
El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha señalado que esta propuesta "se ajusta mucho" a lo que esta asociación pretendía "desde el primer momento en que se inicio la negociación".
Para Abad, sería "una auténtica responsabilidad no hacer el cambio definitivo de modelo de cotización" para los autónomos, ya que el sistema actual resulta "absolutamente injusto".
El presidente de UPTA cree que es urgente hacer el cambio para que exista equidad económica entre este colectivo, y ha pedido al resto de equipos negociadores "responsabilidad y altura de miras".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha dicho este martes, en el Curso de Verano de ATA, que espera que las negociaciones se cierren esta semana, ya que se encuentran "en momentos cruciales".
"Evidentemente, creo que va a ser esta semana. O hay acuerdo o no hay acuerdo. Con las negociaciones tan avanzadas, lo que estamos esperando es el texto final, que espero que podamos tenerlo hoy para poder valorarlo", ha dicho Amor a los medios.
No obstante, el presidente de ATA ha pedido "prudencia", ya que los equipos negociadores tienen que conocer el documento final para perfilarlo y dar el visto bueno.
CERCA DEL ACUERDO
De esta forma, y a falta de que se cierre por completo, el Gobierno y las organizaciones de autónomos acarician el acuerdo del nuevo sistema de cotización, que se lleva negociando año y medio, y para el que se intensificaron las reuniones a partir del mes de febrero.
De lograrse el acuerdo, España cumpliría el plazo comprometido con Bruselas de conseguir un nuevo sistema de cotización para autónomos antes del 30 de junio, si bien la norma debe ser aprobada por el Gobierno y ser tramitada posteriormente en el Parlamento, lo que demoraría su entrada en vigor hasta 2023.
Plataforma Nacional, la agrupación de empresarios y autónomos que inició en marzo un paro patronal de transportistas en toda España, ha decidido, a través de los votos de sus asociados, no reanudar los paros que se interrumpieron el pasado 2 de abril.
Así lo ha decidido el 45% de sus asociados, frente al 41% que apoyó volver a parar y el 14% que se abstuvo en pro de la mayoría, según ha informado la propia organización en un comunicado.
Sus representantes han asegurado que unas horas antes de comenzar la votación en todas las provincias del país, que tuvo lugar este domingo, recibieron una llamada de un portavoz vinculado al Gobierno que les tendió la mano para negociar.
En concreto, se les entregó el borrador de la nueva ley que el Ejecutivo está preparando para prohibir el trabajo a pérdidas, un documento que ya se le había entregado unos días antes al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que representa a las empresas del sector y que se reúne frecuentemente con el Gobierno.
De esta forma, Plataforma Nacional defiende que el Ejecutivo ya ha reconocido a esta asociación como otro interlocutor más, uno de los principales objetivos que buscaba cuando arrancó con los paros del pasado mes de marzo.
En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana consultadas por Europa Press insisten en que la negociación se canaliza a través del CNTC, que es la entidad elegida democráticamente para defender los intereses de las empresas y autónomos del sector, y lo que se ha hecho ahora es abrir un cauce de comunicación con Plataforma Nacional, para tenerles informados.
Según la junta directiva nacional de la plataforma, ahora también entrarán a formar parte del desarrollo de esta nueva ley, aportando su postura e intereses, que el Gobierno se ha comprometido a presentar antes del próximo 30 de julio y comenzar así los trámites para aprobarla posteriormente.
Toda esta información se les expuso a los asociados de todas las asambleas que tuvieron lugar el domingo, y votaron en consecuencia, lo que explica que finalmente el paro, que amenazaba con volver a paralizar el país este mes de julio, no vaya a tener lugar.
El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista bajará el domingo un 21,3% con respecto a este sábado, hasta los 168,86 euros por megavatio hora (MWh).
Este precio para los clientes del PVPC es el resultado de sumar el precio promedio de la subasta en el mercado mayorista a la compensación que pagará la demanda a las centrales de ciclo combinado por la aplicación de la 'excepción ibérica' para topar el precio del gas para la generación de electricidad.
En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista --el denominado 'pool'-- se situará este domingo en los 117,94 euros/MWh, lo que supone 10,76 euros menos que el precio para hoy (128,70 euros/MWh) y un descenso del 8,3%, según datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.
El precio máximo de la luz para este 26 de junio se registrará entre las 23.00 y las 24.00 horas, con 153,21 euros/MWh, mientras que el mínimo para la jornada, de 74,25 euros/MWh, se dará entre las 18.00 y las 19.00 horas.
A este precio del 'pool' se suma la compensación de 50,92 euros/MWh a las gasistas, frente a los 85,96 euros/MWh de este sábado. Esta compensación tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada.
UN 33% MENOS QUE SIN APLICARSE LA MEDIDA.
En ausencia del mecanismo de la 'excepción ibérica' para topar el precio del gas para la generación de electricidad, el precio de la electricidad en España habría sido de media unos 252,55 euros/MWh, lo que supone unos 83 euros/MWh más que con la compensación para los clientes de la tarifa regulada, que pagarán así en torno a un 33% menos de media.
Con respecto a hace un año, el precio de la luz para los clientes de la tarifa regulada para este viernes supone un 148% más que los 86,57 euros/MWh que marcó de media el 'pool' para el 25 de junio de 2022.
El mecanismo ibérico, que entró en vigor el pasado 15 de junio, limita el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48,8 euros por MWh durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros.
En concreto, la 'excepción ibérica' fija una senda para el gas natural para generación de electricidad de un precio de 40 euros/MWh en los seis meses iniciales, y posteriormente, un incremento mensual de cinco euros/MWh hasta la finalización de la medida.
UNA REBAJA PREVISTA DEL GOBIERNO DEL 15% EN EL RECIBO
El Gobierno limitaba en sus cálculos a un 15,3% la rebaja en el recibo al consumidor de electricidad medio acogido a la tarifa regulada PVPC durante los 12 meses de aplicación del tope aprobado a la generación de electricidad a partir de gas natural, según consta en la memoria de impacto que acompaña el decreto ley y a la que ha tenido acceso Europa Press.
Para el consumidor industrial, totalmente expuesto al precio 'spot', el Gobierno estimaba una rebaja de entre el 18% y el 20%, oscilando el primer mes del mecanismo entre el 15% y el 17%, y entre el 13% y el 15% en el último.
Los precios del 'pool' repercuten directamente en la tarifa regulada --el denominado PVPC--, a la que están acogidos casi 11 millones de hogares en el país, y sirven de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.
De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constatado que en 2021, en el marco de la espiral alcista de la energía, alrededor de 1,25 millones de personas pasaron del PVPC a una tarifa en el mercado libre a precio fijo.
El decreto ley para ampliar las medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania, aprobado este sábado por el Gobierno, incluye una rebaja del IVA de la luz del 10% al 5%. Hace un año ya se aprobó una rebaja de este impuesto del 21% al 10% y ahora se recortará hasta el 5%.
Plataforma Nacional, la agrupación de empresarios y autónomos que inició en marzo un paro patronal de transportistas en toda España, consultará este domingo en todas sus delegaciones provinciales a sus asociados si retoman las movilizaciones que se suspendieron el pasado 2 de abril.
En caso afirmativo, la reactivación del paro tendría lugar en julio, aunque el día todavía está por decidir, toda vez que la plataforma ha dado el 30 de junio como fecha límite para obtener una respuesta por parte del Gobierno a sus reivindicaciones.
No obstante, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del paro que tuvo lugar en marzo, se comprometió a aprobar una ley que prohíba trabajar a pérdidas, basándose en los principios de la ya existente Ley de cadena la alimentaria, antes del día 30 de julio, por lo que aún quedaría un mes.
En cualquier caso, desde el sector explican que la decisión de trabajar a pérdidas recae sobre cada una de las empresas transportistas que deciden hacer un servicio a un cliente por un precio ya pactado. Pero la competencia entre las empresas y los autónomos hace que se acepten pedidos que, con los actuales precios de los carburantes, no sean rentables.
En diciembre, el sector, representado en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano legítimo de interlocución con el Gobierno, ya consiguió una serie de medidas al anunciar la convocatoria de un paro que finalmente no tuvo lugar tras obtener respuesta a sus reivindicaciones.
Precisamente, una de estas medidas era una cláusula de revisión de precios para que, en el caso de que suban los costes de los carburantes, el precio adicional se lo puedan trasladar a sus clientes. También se prohibió que la carga y descarga la hagan los camioneros, se reforzó la inspección, se redujo a una hora los tiempos de espera y se asignaron 20 millones de euros a crear áreas de descanso seguras en las carreteras.
JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS
Por ello, el CNTC no participó en el paro convocado por Plataforma Nacional en marzo, que reivindicaba medidas como limitar la presencia de empresas extranjeras en territorio nacional o la jubilación a los 60 años y la anticipada a los 58 años, a pesar de que es una asociación de empresarios y no de trabajadores.
Por esta razón se le denomina paro patronal y no huelga, y por ello también los asalariados no pueden dejar de trabajar, sino que es su empresa la que decide si para o no, a no ser que los 'piquetes' (un derecho reconocido no obstante en caso de huelga pero no de paro) pinchen las ruedas de los camiones que conducen los asalariados, como ocurrió en marzo.
Otras de las reivindicaciones de la plataforma fueron atendidas en marzo, gracias a la interlocución del CNTC con el Ministerio y a la gran presión que produjo el paro, como la devolución del 'gasóleo profesional' de forma mensual y no trimestral como hasta ahora, los 1.000 millones de euros en ayudas o los 20 céntimos de descuento en la gasolina.
Más allá de las demandas del colectivo, Plataforma Nacional quiere canalizar las tensiones que existen actualmente en el sector, preocupado por el continuo alza del precio de los carburantes, que cada día bate nuevos récords históricos por el impacto de la guerra en Ucrania y la dependencia de Rusia en materia energética.
LLAMAMIENTO A LA UNIDAD DEL SECTOR
Ante la consulta que tendrá lugar el domingo, el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor organización empresarial con representación en el CNTC, Ovidio de la Roza, ha llamado a la unidad del sector en una carta difundida a sus asociados.
"Aquellos que no pertenecen al sector o no han sido conscientes de lo que hemos vivido con los últimos Gobiernos, no tendrán en cuenta que durante años el CNTC reclamó al entonces Ministerio de Fomento medidas clave para que nuestras empresas siguiesen adelante y, sin embargo, la respuesta siempre era la misma: nos ignoraban y nos ninguneaban", comienza su misiva.
Posteriormente, asegura que en sus encuentros con el ministro José Luis Ábalos se tuvo un "halo de esperanza" que luego se quebró por la amenaza de los peajes y "la falta de compromiso", por lo que se decidió lanzar el órdago de diciembre de 2021, con lo que se consiguió avanzar en un acuerdo "histórico" para el sector.
Ahora, cree que todas estas medidas han quedado eclipsadas por una etapa "más ardua", desencadenada por la inflación, pero no cree que parar los camiones sea la solución: "acabaríamos con más perdidas y perjudicando a la sociedad que tanto nos necesita".
Por todo ello, pide salir adelante poniendo en marcha las medidas logradas, haciendo uso de la cláusula de revisión de precios y decir "no" a los clientes que se niegue a pagar un precio justo. "Sé que no es fácil, que siempre nos acechan las dudas y los miedos, pero si lo hacemos empujando juntos, lo lograremos".
El número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superó los 29,8 millones en mayo, lo que supone multiplicar por cuatro (+306,4%) la cifra registrada en el mismo mes de 2021, cuando hubo 7,3 millones de pernoctaciones, ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pese a este fuerte repunte, las pernoctaciones registradas en mayo de este año por los hoteles españoles son aún inferiores a las que hubo en mayo de 2019, antes de la pandemia, cuando se registraron 31,9 millones de pernoctaciones.
Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España superaron la cifra de 9,9 millones en mayo, lo que representa el 33,4% del total. Por su parte, las de los extranjeros rebasaron los 19,8 millones.
En mayo de 2022 la estancia media aumentó un 40,1% respecto al mismo mes del año anterior, situándose en 3 pernoctaciones por viajero.
Durante los cinco primeros meses de 2022 las pernoctaciones en hoteles españoles se han incrementado un 384,6% respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, casi cinco veces más.
LOS ESPAÑOLES ELIGEN ANDALUCÍA, CATALUÑA Y VALENCIA
Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en mayo, con el 21,7%, 14,2% y 12,6% del total de pernoctaciones, respectivamente.
Por su parte, el principal destino elegido por los no residentes fue Baleares, con un 30% del total de pernoctaciones. Los siguientes destinos de los no residentes fueron Canarias y Cataluña, con el 20,6% y el 17,5% del total, respectivamente.
En mayo se cubrieron el 54,9% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 90,5%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana subió un 67,0% y se situó en el 64,1%.
ALTA OCUPACIÓN EN LAS ISLAS
Canarias presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante mayo (62,1%). Le sigue Baleares, con el 61,2%. Por zonas turísticas, Barcelona alcanz el mayor grado de ocupación por plazas (72,4%) y la ocupación más elevada en fin de semana (79,4%). Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones en mayo, con 5.009.423.
Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca. Torremolinos presentó el grado de ocupación por plazas más alto (73,4%) y Sóller la mayor ocupación en fin de semana (81%).
Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Países Bajos y Estados Unidos (los siguientes mercados emisores) suponen el 9,8%, 5,9% y 4,2% del total, respectivamente.
MENOR SUBIDA DE LOS PRECIOS
Respecto a los precios, la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) subió un 22,1% en mayo, lo que supone 7,4 puntos menos que la de abril de este año, cuando se alcanzó un aumento récord de los precios del 29,5%.
Por comunidades autónomas, las mayores subidas interanuales de los precios hoteleros se dieron en Madrid (+44%) y Andalucía (+34,8%).
Según los datos del INE, la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 95,3 euros en mayo, lo que supone un aumento del 24,5% respecto al mismo mes de 2021.
Por su parte, el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) se situó en 60,9 euros en mayo, un 131,1% más. Es la primera vez en un mes de mayo en que este indicador supera los 60 euros desde el inicio de la serie.
Por categorías, la facturación media fue de 223,3 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 99,4 euros para los de cuatro y de 73,8 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías fueron de 151,6, 69,4 y 48,3 euros, respectivamente.
El punto turístico con mayor ADR fue Marbella, con una facturación media diaria por habitación ocupada de 187,9 euros. También presentó el mayor RevPar, con unos ingresos por habitación disponible de 141,6 euros.
La cifra de negocios de la industria subió un 23,1% en abril respecto al mismo mes de 2021, tasa 9,5 puntos superior a la de marzo y la más elevada desde mayo del año pasado, según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el avance interanual de abril, la facturación de la industria suma 14 meses consecutivos de ascensos tras haber encadenado anteriormente un año de tasas interanuales negativas por la crisis del Covid.
En términos mensuales (abril sobre marzo) y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, la industria disparó sus ventas un 15,8%, su mayor alza mensual desde junio de 2020, cuando España inició la desescalada tras el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria.
El sector servicios elevó su facturación un 24,5% en abril respecto al mismo mes de 2021, ampliando en 6,5 puntos el ascenso registrado el mes anterior, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el avance de abril, el más pronunciado desde mayo de 2021, los servicios encadenan 14 meses consecutivos de subidas interanuales después de un año de caídas como consecuencia de la pandemia.
Dentro de los servicios, la hostelería (servicios de alojamiento y servicios de comida y bebida) fue el sector que más incrementó sus ventas en abril, un 105,2% en relación al mismo mes de 2021.
En concreto, los servicios de alojamiento multiplicaron por más de cuatro sus ventas en abril en tasa interanual (+350,1%), mientras que los servicios de comida y bebida facturaron un 63,5% más. Estas tasas se han ampliado respecto a las registradas en meses anteriores.
Junto a estas actividades, pero ya fuera de la hostelería, destacan también el aumento de las ventas de las agencias de viaje y operadores turísticos, que se multiplicaron por más de cinco (+455%), y del transporte aéreo, que las multiplicó por más de tres (+222,2%).
En términos mensuales y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, el sector servicios registró en abril un avance mensual de sus ventas del 7%, su mayor alza mensual desde julio de 2020, cuando empezaron a finalizar las restricciones por el Covid.
Por decimotercer mes consecutivo y tras más de un año de caídas, la ocupación en el sector servicios creció en abril, y lo hizo a un ritmo interanual del 5,4%, seis décimas más que en marzo y su mayor repunte desde el inicio de la serie, en enero de 2002.
Baleares fue la comunidad que más incrementó la creación de empleo en el sector servicios el pasado mes de abril, con una subida interanual del 26,2%, y también la región que más elevó las ventas, un 61,5% en tasa interanual.
El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha solicitado al Gobierno la prórroga hasta final de año de la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible, así como ayudas directas a empresas de transporte en función del tipo de vehículo.
Así consta en la batería de ayudas que el Pleno del Departamento de Mercancías del CNTC ha acordado demandar al Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la finalidad de hacer frente a los "desbocados" precios de los combustibles.
La prórroga a la bonificación de 20 céntimos se aplicaría al gasóleo, gasolina, gas y 'adblue'. Adicionalmente, se añadiría otra ayuda directa de otros 20 céntimos al transporte profesional a través de un mecanismo equivalente al de la devolución del gasóleo profesional, que incluiría a los vehículos de 7,5 toneladas de MMA, bien mediante una ayuda directa o, en su caso, mediante la habilitación de una tarjeta profesional.
Asimismo, han solicitado una ayuda directa durante un trimestre para las empresas de transporte de mercancías en función del tipo de vehículo. La cuantía será de 1.250 euros por camión y 500 euros por furgoneta. Tal y como se acordó en el mes de marzo, incluyendo el CNAE de las mudanzas.
Por otra parte, la patronal solicita la corrección de la cláusula de actualización del precio del transporte en función del precio de los combustibles, incluida en las Condiciones Generales de Contratación, pasando de un 30% a un 40% incluyendo en esta medida al gas.
"Con estas medidas se confía en proporcionar músculo económico a profesionales y empresas en estos momentos de dificultad extrema para el sector", recalca el CNTC.
En última instancia, la patronal asegura trabajar en la revisión del borrador de la futura normativa para la aplicación de los principios de la Ley de cadena alimentaria al transporte de mercancías por carretera, proporcionado por el Ministerio. Hasta el momento, la propuesta "no resulta plenamente satisfactoria" para la patronal, aunque confía en poder contar con un texto que cumpla las aspiraciones del sector antes del 31 de julio.
ASTIC ALERTA DE QUE LA SITUACIÓN "NO ES COYUNTURAL"
El vicepresidente ejecutivo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), Ramón Valdivia, ha explicado que la reunión con el Gobierno de este lunes se ha convocado porque el 30 de junio expira el plan de respuesta económica a la guerra de Ucrania que el Gobierno estableció en abril.
En este escenario, Valdivia apunta que la situación "no es coyuntural ya que el precio del diésel sigue subiendo".
"Por tanto, es prioritario establecer cómo evitar, con instrumentos de aplicación, que estas subvenciones estatales sean absorbidas por el mercado para que se logre el objetivo de ayudar a los grandes usuarios del combustible que son los transportistas", ha añadido.
El representante de Astic ha recordado que el precio del diésel, que mueve al 96% de los camiones en España, está en máximos históricos. En mayo de este año su precio fue un 50% superior al registrado en el mismo mes de 2021.
"Si tenemos en cuenta que un camión pesado reposta en torno a 4.000-4.500 litros al mes, echemos las cuentas", alerta Valdivia, quien también advierte de la situación en los camiones propulsados a gas natural (comprimido y licuado), que actualmente utilizan unos 15.000 vehículos pesados en España. Según las estimaciones del vicepresidente de Astic, llenar el depósito de estos camiones ha pasado de costar 2.500 euros a 5.500 euros en solo un año.
El presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (Aefclm), Juan Ignacio de Mesa, se ha mostrado este lunes convencido de que el colectivo sabe adaptarse rápidamente "a cualquier adversidad, dando la respuesta adecuada" como ha evidenciado durante la pandemia y como hará ahora ante los cambios actuales que está provocando la inflación, los precios de la energía y el combustible.
"Si supimos superar la pandemia, podemos superar lo que se viene encima", ha destacado De Mesa en la clausura de la XX Asamblea General de la Aefclm celebrada en Toledo, donde ha puesto en valor la "actitud de las personas" como el factor que hace enfrentarse a las distintas adversidades.
A su juicio, todas las empresas de la asociación "han superado con nota la prueba a la que han estado sometidas", asegurando que las empresas familiares son, por ejemplo, "la mejor arma para luchar contra el despoblamiento en muchas zonas de nuestro territorio" y han aprendido a aceptar "cambios que han venido a quedarse" como la digitalización o el teletrabajo.
En este contexto, el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, tras recordar que toda crisis supone una oportunidad, ha valorado que el estar dentro de las estructuras europeas les "ha fortalecido en tiempos de respuesta", convencido de que "los fondos de la Unión Europea son una gran oportunidad para llevar adelante los cambios estructurales necesarios. Debemos confiar en que el uso de estos fondos sea el adecuado".
Juan Ignacio de Mesa ha insistido en la capacidad de la empresa familiar para adaptarse a los cambios, como el escenario de inflación --"un verdadero problema para nuestra economía que no puede ser un drama social"--, la falta de política energética que hace que se dispare el precio de la energía o la subida del combustible supondrá un incremento de los costes de producción. "Como nos seamos inteligentes en ver cómo lo resolvemos se desplazará a los precios".
"El otoño próximo vaticina situaciones complejas que debemos prever", ha finalizado De Mesa, tras referirse a las consecuencias de la guerra en Ucrania, pese a lo cual ha dicho ser optimista para superar "la nueva situación que se nos viene encima".
De su lado, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha iniciado su intervención en la clausura de la asamblea recordando que el buen dato de empleo de la región, empleo que se genera porque existen empresarios, y que sin empresas no habría empleo, consciente, como ellos, que "la incertidumbre genera inquietud" en circunstancias como las actuales y valorando, no obstante lo anterior, el optimismo que evidencia la Asociación de la Empresa Familiar.
En este sentido, ha querido enviar un mensaje de confianza porque, como ha citado, Castilla-La Mancha es una "de las comunidades autónomas donde el PIB cayó menos que en el conjunto de España" y donde existe una "buena relación" entre el Ejecutivo y los agentes económicos y sociales, que permitió dar subvenciones directas por más de 365 millones de euros que llegaron a las 50.000 pymes durante la pandemia.
"Vamos bien, como sociedad", ha comentado el titular de Hacienda, que ha indicado que sin empresas como estas de pequeño tamaño no habría Estado del Bienestar. "Cuanto más dinero ganéis, más estáis contribuyendo a paliar los efectos negativos de los que menos tienen y sois los causantes de que nos podamos dotar de un Estado del Bienestar como el que tenemos, fundamentalmente en los que se refiere a la sanidad, la educación y los servicios sociales".
De ahí que les haya recordado que, cada vez que paguen impuestos piensen en la parte positiva, de contribuir a financiar "lo más elemental", ha precisado Ruiz Molina, que ha aludido a la armonización fiscal en el conjunto de las comunidades autónomas como la "asignatura pendiente" que "seguirán peleando" como Gobierno y ante la que se darán "un plazo de tiempo" y, si no se produce, deberán "tomar decisiones", sobre el impuesto de patrimonio y sucesiones y donaciones.
"MOMENTO COMPLEJO"
El director territorial del Santander en Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Franco, quien ha destacado que con la Asociación de Empresa Familiar comparten valores iguales como el de mirar hacia adelante y el desarrollo de la empresa en general, ha señalado que este es un momento "complejo, de incertidumbre" ante el que hay que ver la parte optimista, la de las "oportunidades e ilusiones".
Se ha referido así a las crisis del COVID y la guerra en Ucrania para reseñar el apoyo de la entidad bancaria en esas situaciones, citando "otros retos" a los que se enfrenta el país como la inflación, la subida de los tipos de interés, la prima de riesgo, el incremento del coste de las materias primas, o la factura energética, que está "empezando a ahogar" el circulante.
"El momento es sin duda de incertidumbre" pero frente a ello, ha indicado, la parte positiva es que el PIB va a crecer, ha comentado Franco, que ha abogado por emplear los fondos Next Generation, usar el kit digital, la internacionalización y la excelencia, tanto en el servicio como en los productos, animando a todos los presentes a mirar al futuro "con confianza".
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunirá de nuevo este lunes con las organizaciones de autónomos y los agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo sobre el sistema de cotizaciones por ingresos reales que quiere implantar para el periodo 2023-2025 en el colectivo de trabajadores por cuenta propia.
La reunión, que en principio iba a celebrarse el pasado viernes pero que finalmente se aplazó hasta este lunes, arrancará a las 12.00 horas y se producirá apenas unos días después de la última propuesta presentada por el Gobierno a las partes, en la que planteaba que las cuotas a ingresar por los autónomos oscilaran entre los 245 y los 565 euros al mes, dependiendo de sus rendimientos netos.
Esta última propuesta del Ejecutivo, que ampliaba los tramos de 13 a 14, mejoraba la realizada anteriormente en lo que respecta al tramo más bajo de ingresos (menos de 670 euros al mes) y a los tramos intermedios, y encarecía a su vez la cuota propuesta para los autónomos con rendimientos netos superiores a los 4.050 euros mensuales.
En concreto, el departamento que dirige José Luis Escrivá planteó en su última propuesta que aquellos trabajadores que tengan ingresos por debajo de 670 euros mensuales paguen una cuota de 245 euros, lo que supone 5 euros menos que en la propuesta anterior, mientras que la cuota sugerida para los que superen los 4.050 euros mensuales alcanza los 565 euros, 15 euros más respecto al último documento.
En cuanto a los rendimientos netos que van desde los 1.700 euros a los 2.300 euros mensuales, el Ministerio ha presentado tres tramos. En concreto, propone que los autónomos con rendimientos netos de entre 1.700 y 1.850 euros mensuales paguen una cuota de 370 euros mensuales, 30 euros menos de los que planteó en su propuesta anterior para el tramo de ingresos de 1.700 a 1.900 euros.
En la última propuesta de tramos que realizó el Gobierno, el pasado 27 de mayo, propuso para el tramo comprendido entre los 1.900 y los 2.330 euros una cuota de 440 euros, pero ahora ha dividido este tramo en dos: con unos ingresos de 1.850 a 2.030 euros se propone una cuota de 400 euros, y con ingresos de 2.030 a 2.330 euros, la cuota sería de 440 euros.
Así, con los cambios recogidos en el último documento, la propuesta del Gobierno presenta 14 tramos. En aquellos con rendimientos netos de entre más de 670 y 1.700 euros mensuales, que constituyen los seis primeros tramos, los autónomos pagarían a la Seguridad Social entre 260 y 294 euros de cuota mensual.
En los ocho tramos restantes, que van desde los 1.701 a más de 4.050 euros mensuales de rendimientos netos, los autónomos tendrían que abonar a la Seguridad Social una cuota de entre 370 y 565 euros al mes, de acuerdo con la última propuesta del Gobierno.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, advirtió el pasado jueves de que si no se alcanza un acuerdo con las asociaciones de autónomos sobre el nuevo modelo de cotización, será el Gobierno el que decida con quién sigue adelante para aprobar la norma.
No obstante, Escrivá mantiene el optimismo en la evolución de las negociaciones y ha asegurado que "el consenso se ha ido materializando y convergiendo", por lo que todo apunta a "un cierre muy cercano, sin poner un plazo".
"No nos hemos puesto un plazo concreto, pero es verdad que llevamos mucho tiempo (negociando)", dijo esta semana Escrivá, que precisó que la mesa de negociación ya está tratando "pequeños ajustes", por lo que vería "sorprendente" que no hubiera un acuerdo.
LAS ORGANIZACIONES DE AUTÓNOMOS, DIVIDIDAS
Las opiniones de las organizaciones de autónomos en torno a las nuevas cuotas planteadas por la Seguridad Social están divididas, hasta el punto de que una de ellas, UPTA, ha pedido que el Gobierno tome ya una decisión aunque no sea compartida por todos los interlocutores.
En ATA, por su lado, mantienen su rechazo a la propuesta del Gobierno, al considerarla "inasumible". "Un autónomo que gana 1.700 euros al mes va a tener que pagar 900 euros más de cotización al año, un 26% más, esto es inasumible", dijo el pasado lunes el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Por su parte, Uatae señaló el jueves en un comunicado que, aunque acudirá al encuentro del lunes con "ánimo constructivo", no apoyará la última propuesta del Gobierno, pues supone para los autónomos con ingresos iguales o inferiores a 670 euros al mes "cotizar en muchos casos por más del 50% de los ingresos". "No es razonable ni sostenible socialmente", denunció.
Uatae indicó que propondrá una "reducción significativa" de las cotizaciones de los autónomos con menos ingresos, "que no necesitan ningún periodo de adaptación para pagar menos en función de sus ingresos".
Al mismo tiempo, advirtió de que la reforma del RETA no sólo debe procurar obligaciones a los autónomos, también derechos, por lo que reclamará "mayor ambición" en la reforma del cese de actividad.
Por su lado, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, espera que la reunión de mañana sirva para cerrar un texto definitivo. De momento, el fin de semana pasado el Gobierno remitió un borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se establece que la cotización al RETA se efectuará en función de los rendimientos anuales comunicados a Hacienda por los trabajadores por cuenta propia en el ejercicio de sus actividades económicas o profesionales.
Según el borrador, para establecer los importes económicos que fijarán las bases de cotización y las cuotas mensuales definitivas se tendrán en cuenta los rendimientos del trabajo, los del capital mobiliario y los de las actividades económicas obtenidos por cualquiera de los métodos y modalidades que determinan el rendimiento neto de las actividades.
A dichos rendimientos se les aplicará una deducción por gastos genéricos del 7%, salvo en dos supuestos, donde esta deducción será del 3%: en el caso de trabajadores por cuenta propia que ostenten el cargo de consejero o administrador o presten otros servicios para una sociedad de capital si poseen el control efectivo, directo o indirecto de la misma, y en el caso de socios trabajadores de sociedades laborales cuando su participación en el capital social junto con la de su cónyuge y parientes con los que convivan alcance, al menos, el 50%.
Con carácter general, el texto establece la obligación, en el momento de solicitar el alta en el Régimen de Autónomos, de efectuar una declaración de los rendimientos económicos que se prevén obtener por la actividad económica o profesional. En cada solicitud de cambio de base de cotización que hagan los autónomos deberán declarar dicha previsión de rendimientos económicos.
En este sentido, se ampliará de cuatro a seis el número de veces que, durante el año, los trabajadores autónomos podrán solicitar el cambio de su base de cotización. Así, los cambios de base se podrán solicitar cada dos meses y tendrán efectos desde el 1 de marzo (si la solicitud se hace entre enero y febrero); desde el 1 de mayo; desde el 1 de julio; desde el 1 de septiembre, desde el 1 de noviembre y desde el 1 de enero del año siguiente, siempre que se solicite entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.
El borrador incluye varias modalidades de prestación por cese de actividad temporal o definitivo: la ordinaria y varias extraordinarias. Entre estas últimas se crea una prestación para sostener a los autónomos que se vean afectados por un RED cíclico o sectorial (los nuevos ERTE de la reforma laboral).
En ambos casos se podrá acceder a la prestación si dicho mecanismo afecta al 75% de la plantilla. En el caso del RED cíclico se exigirán caídas de ingresos del 75% durante dos trimestres consecutivos, y en el sectorial, del 50%, entre otros requisitos.
Las transferencias de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas para el despliegue de convocatorias ligadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no llegan a un 25% en los cinco primeros meses de 2022, cuando deberían suponer ya la mitad del total comprometido.
Así se desprende del informe 'Next Generation EU: claves, éxitos y dudas sobre su implementación', elaborado por la consultora LLYC, en el que se advierte de que las transferencias para convocatorias autonómicas "llevan un ritmo más lento" frente a las del Estado.
Una de las razones de este retardo puede tener que ver en que hay algunos programas importantes de ejecución autonómica (como los de movilidad, autoconsumo o rehabilitación energética, entre otros) que han recibido unos fondos iniciales con posibilidad de ampliación a medida que se vayan agotando con la ejecución de las convocatorias autonómicas, cuyo lanzamiento y ejecución han acumulado ciertos retrasos en algunas comunidades, por lo que las ampliaciones de fondos se están produciendo también con retraso.
"Siguen existiendo retos importantes respecto de la coordinación con las Comunidades Autónomas, tanto en materia de avance y ejecución del Plan de Recuperación como en materia de reporte de datos", se advierte en el informe.
SOLO EL 50% DE CONVOCATORIAS PREVISTAS PARA EL PRIMER SEMESTRE
En cuanto a las convocatorias del Gobierno Central, el estudio señala que se han convocado casi el mismo importe en los 5 primeros meses de 2022 que en todo 2021, no obstante, estas solo suponen el 50% de las convocatorias que tenía previstas para el primer semestre del año 2022.
Además, desde la consultora avisan de que la recepción del importante volumen de recursos que se intenta dirigir hacia las pymes está siendo problemática, ya que estas cuentan con una capacidad de gestión de las solicitudes de ayudas y de coinversión muy limitadas.
De cara al resto del año, LLYC calcula que de las convocatorias y licitaciones previstas para el segundo semestre de 2022 ligadas al Plan de Recuperación, Trasnformación y Resiliencia, con una dotación de casi 11.000 millones de euros, las nuevas únicamente ascienden a más de 8.000 millones, mientras que el resto han sido traspasadas desde el primer semestre de 2022.
VE POSIBLE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE GASTO
Cabe recordar que en 2021 se comprometió el 30% sobre el total a recibir en forma de subvención por el Plan de Recuperación, algo más de 21.000 millones de euros sobre los 70.000 millones de euros previstos.
En los 5 primeros meses de 2022 se ha comprometido un 17% del total a recibir como subvención de los fondos europeos 'Next Generation EU', con casi 12.000 millones de euros, por lo que podría llegar a comprometer en este año más del 40% de los fondos. En total, entre los dos ejercicios se alcanzaría el 70% del gasto comprometido.
Extrapolando estos datos al periodo total de ejecución del Plan de Recuperación, se lograrían los compromisos a finales de 2023, sin contar con los fondos adicionales que acompañen la futura Adenda del Plan.
En su informe, LLYC ha criticado que el Ejecutivo haga referencia en todo momento en términos de "gasto comprometido" y no de "gasto ejecutado", ya que no existe información sobre el gasto del Plan de Recuperación que ha llegado a sus destinatarios finales. "Esto genera dudas acerca de los efectos en la economía real española, la comprensión por parte de la sociedad y la confiabilidad del Gobierno"
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes la puesta en marcha del Plan Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer frente a los riesgos a los que se exponen los trabajadores con la exposición a las altas temperaturas, que incluye el envío de 115.000 cartas a empresas de los sectores con actividades al aire libre.
Las acciones de la Inspección de Trabajo se intensificarán durante el verano en las comunidades autónomas en las que existe un aumento de la actividad agraria, para controlar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del campo. También se actuará en el sector de la construcción, para vigilar el cumplimiento de las jornadas previstas por convenio y los tiempos de exposición a las elevadas temperaturas.
Asimismo, la Inspección extenderá sus controles a otros sectores como la hostelería y la industria, y a los que realicen su actividad profesional al aire libre, como la jardinería, la recogida de residuos o la limpieza viaria.
Díaz ha señalado que la intención de este plan estival es proteger a las personas porque ese es "el primer paso para proteger el medio ambiente".
Junto con esta campaña, la Inspección de Trabajo enviará más de 115.000 cartas a empresas de hostelería, recogida de residuos o labores al aire libre con información y documentación técnica para evitar el golpe de calor, según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado.
Trabajo recuerda que los incumplimientos del deber de protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras puede suponer una infracción grave o muy grave, sancionable respectivamente, con multas que van desde 2.451 euros hasta 49.180 euros en las infracciones graves y desde 49.181 euros hasta 983.736 euros en las muy graves.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la segunda convocatoria de ayudas de ÚNICO-Banda Ancha, con 250 millones de euros para extender la fibra óptica en el medio rural.
Según el texto publicado en el BOE, los operadores que se adjudiquen estas ayudas deberán instalar conexiones de 300 Mbps simétricos ampliables a 1 Gbps en zonas sin cobertura ni previsión de que la tenga a tres años.
Los operadores tendrán 21 días hábiles para preparar las solicitudes y la intensidad de la ayuda será de un máximo del 80%.
Esta convocatoria del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (ÚNICO) se une a las ayudas para el despliegue del 5G convocadas la semana pasada y son parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Gobierno tiene como objetivo que la totalidad de España cuente con una conexión de al menos 100 Mbps simétricos para 2025. La nueva Ley General de Telecomunicaciones incluye una disposición en la que el Ejecutivo se compromete a trabajar por la universalización de los 100 Mbps descendentes en el próximo año.
La primera convocatoria de Único, resuelta el pasado octubre, supuso la financiación de planes para llevar la fibra óptica a 1,27 millones de hogares en más de 4.500 municipios.
Telefónica fue la compañía que se impuso en 39 de las 52 provincias y captó casi 200 millones de euros en ayudas, mientras que el resto de subvenciones se las repartieron Adamo y Avatel.
La reunión que tenían previsto celebrar a las 11.30 horas de este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con las organizaciones de autónomos y los agentes sociales para acercar posturas en el establecimiento del sistema de cotizaciones por ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia se ha pospuesto hasta el lunes por la mañana, según han informado a Europa Press en fuentes de la negociación.
Las fuentes consultadas atribuyen el aplazamiento de este encuentro a problemas de agenda del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, que es quien está dirigiendo las negociaciones por parte del Ministerio.
La reunión que celebrarán el lunes las partes se producirá apenas unos días después de la última propuesta presentada por el Gobierno, en la que planteaba que las cuotas a ingresar por los autónomos entre 2023 y 2025 oscilaran entre los 245 y los 565 euros al mes, dependiendo de sus rendimientos netos.
Esta última propuesta del Ejecutivo, que ampliaba los tramos de 13 a 14, mejoraba la realizada anteriormente en lo que respecta al tramo más bajo de ingresos (menos de 670 euros al mes) y a los tramos intermedios, y encarecía a su vez la cuota propuesta para los autónomos con rendimientos netos superiores a los 4.050 euros mensuales.
En concreto, el departamento que dirige José Luis Escrivá planteó en su última propuesta que aquellos trabajadores que tengan ingresos por debajo de 670 euros mensuales paguen una cuota de 245 euros, lo que supone 5 euros menos que en la propuesta anterior, mientras que la cuota sugerida para los que superen los 4.050 euros mensuales alcanza los 565 euros, 15 euros más respecto al último documento.
En cuanto a los rendimientos netos que van desde los 1.700 euros a los 2.300 euros mensuales, el Ministerio ha presentado tres tramos. En concreto, propone que los autónomos con rendimientos netos de entre 1.700 y 1.850 euros mensuales paguen una cuota de 370 euros mensuales, 30 euros menos de los que planteó en su propuesta anterior para el tramo de ingresos de 1.700 a 1.900 euros.
En la última propuesta de tramos que realizó el Gobierno, el pasado 27 de mayo, propuso para el tramo comprendido entre los 1.900 y los 2.330 euros una cuota de 440 euros, pero ahora ha dividido este tramo en dos: con unos ingresos de 1.850 a 2.030 euros se propone una cuota de 400 euros, y con ingresos de 2.030 a 2.330 euros, la cuota sería de 440 euros.
Así, con los cambios recogidos en el último documento, la propuesta del Gobierno presenta 14 tramos. En aquellos con rendimientos netos de entre más de 670 y 1.700 euros mensuales, que constituyen los seis primeros tramos, los autónomos pagarían a la Seguridad Social entre 260 y 294 euros de cuota mensual.
En los ocho tramos restantes, que van desde los 1.701 a más de 4.050 euros mensuales de rendimientos netos, los autónomos tendrían que abonar a la Seguridad Social una cuota de entre 370 y 565 euros al mes, de acuerdo con la última propuesta del Gobierno.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunirá de nuevo este viernes con las organizaciones de autónomos y los agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo sobre el sistema de cotizaciones por ingresos reales que quiere implantar para el periodo 2023-2025 en el colectivo de trabajadores por cuenta propia.
La reunión se celebrará a las 11.30 horas y se produce apenas unos días después de la última propuesta presentada por el Gobierno a las partes, en la que planteaba que las cuotas a ingresar por los autónomos oscilaran entre los 245 y los 565 euros al mes, dependiendo de sus rendimientos netos.
Esta última propuesta del Ejecutivo, que ampliaba los tramos de 13 a 14, mejoraba la realizada anteriormente en lo que respecta al tramo más bajo de ingresos (menos de 670 euros al mes) y a los tramos intermedios, y encarecía a su vez la cuota propuesta para los autónomos con rendimientos netos superiores a los 4.050 euros mensuales.
En concreto, el departamento que dirige José Luis Escrivá planteó en su última propuesta que aquellos trabajadores que tengan ingresos por debajo de 670 euros mensuales paguen una cuota de 245 euros, lo que supone 5 euros menos que en la propuesta anterior, mientras que la cuota sugerida para los que superen los 4.050 euros mensuales alcanza los 565 euros, 15 euros más respecto al último documento.
En cuanto a los rendimientos netos que van desde los 1.700 euros a los 2.300 euros mensuales, el Ministerio ha presentado tres tramos. En concreto, propone que los autónomos con rendimientos netos de entre 1.700 y 1.850 euros mensuales paguen una cuota de 370 euros mensuales, 30 euros menos de los que planteó en su propuesta anterior para el tramo de ingresos de 1.700 a 1.900 euros.
En la última propuesta de tramos que realizó el Gobierno, el pasado 27 de mayo, propuso para el tramo comprendido entre los 1.900 y los 2.330 euros una cuota de 440 euros, pero ahora ha dividido este tramo en dos: con unos ingresos de 1.850 a 2.030 euros se propone una cuota de 400 euros, y con ingresos de 2.030 a 2.330 euros, la cuota sería de 440 euros.
Así, con los cambios recogidos en el último documento, la propuesta del Gobierno presenta 14 tramos. En aquellos con rendimientos netos de entre más de 670 y 1.700 euros mensuales, que constituyen los seis primeros tramos, los autónomos pagarían a la Seguridad Social entre 260 y 294 euros de cuota mensual.
En los ocho tramos restantes, que van desde los 1.701 a más de 4.050 euros mensuales de rendimientos netos, los autónomos tendrían que abonar a la Seguridad Social una cuota de entre 370 y 565 euros al mes, de acuerdo con la última propuesta del Gobierno.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, advirtió ayer de que si no se alcanza un acuerdo con las asociaciones de autónomos sobre el nuevo modelo de cotización, será el Gobierno el que decida con quién sigue adelante para aprobar la norma.
No obstante, Escrivá mantiene el optimismo en la evolución de las negociaciones y ha asegurado que "el consenso se ha ido materializando y convergiendo", por lo que todo apunta a "un cierre muy cercano, sin poner un plazo".
"No nos hemos puesto un plazo concreto, pero es verdad que llevamos mucho tiempo (negociando)", dijo ayer Escrivá tras la presentación del avance de los datos de afiliación de junio. El ministro aseguró que la mesa de negociación ya está tratando "pequeños ajustes" y vería "sorprendente" que no hubiera un acuerdo.
LAS ORGANIZACIONES DE AUTÓNOMOS, DIVIDIDAS
Las opiniones de las organizaciones de autónomos en torno a las nuevas cuotas planteadas por la Seguridad Social están divididas, hasta el punto de que una de ellas, UPTA, ha pedido que el Gobierno tome ya una decisión aunque no sea compartida por todos los interlocutores.
En ATA, por su lado, mantienen su rechazo a la propuesta del Gobierno, al considerarla "inasumible". "Un autónomo que gana 1.700 euros al mes va a tener que pagar 900 euros más de cotización al año, un 26% más, esto es inasumible", dijo el pasado lunes el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Por su parte, Uatae señaló ayer en un comunicado que, aunque acudirá al encuentro de mañana con "ánimo constructivo", no apoyará la última propuesta del Gobierno, pues supone para los autónomos con ingresos iguales o inferiores a 670 euros al mes "cotizar en muchos casos por más del 50% de los ingresos". "No es razonable ni sostenible socialmente", denunció.
Uatae indicó que propondrá una "reducción significativa" de las cotizaciones de los autónomos con menos ingresos, "que no necesitan ningún periodo de adaptación para pagar menos en función de sus ingresos".
Al mismo tiempo, advirtió de que la reforma del RETA no sólo debe procurar obligaciones a los autónomos, también derechos, por lo que reclamará "mayor ambición" en la reforma del cese de actividad.
Por su lado, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, espera que la reunión de este viernes sirva para cerrar un texto definitivo. De momento, el fin de semana pasado el Gobierno remitió un borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se establece que la cotización al RETA se efectuará en función de los rendimientos anuales comunicados a Hacienda por los trabajadores por cuenta propia en el ejercicio de sus actividades económicas o profesionales.
Según el borrador, para establecer los importes económicos que fijarán las bases de cotización y las cuotas mensuales definitivas se tendrán en cuenta los rendimientos del trabajo, los del capital mobiliario y los de las actividades económicas obtenidos por cualquiera de los métodos y modalidades que determinan el rendimiento neto de las actividades.
A dichos rendimientos se les aplicará una deducción por gastos genéricos del 7%, salvo en dos supuestos, donde esta deducción será del 3%: en el caso de trabajadores por cuenta propia que ostenten el cargo de consejero o administrador o presten otros servicios para una sociedad de capital si poseen el control efectivo, directo o indirecto de la misma, y en el caso de socios trabajadores de sociedades laborales cuando su participación en el capital social junto con la de su cónyuge y parientes con los que convivan alcance, al menos, el 50%.
Con carácter general, el texto establece la obligación, en el momento de solicitar el alta en el Régimen de Autónomos, de efectuar una declaración de los rendimientos económicos que se prevén obtener por la actividad económica o profesional. En cada solicitud de cambio de base de cotización que hagan los autónomos deberán declarar dicha previsión de rendimientos económicos.
En este sentido, se ampliará de cuatro a seis el número de veces que, durante el año, los trabajadores autónomos podrán solicitar el cambio de su base de cotización. Así, los cambios de base se podrán solicitar cada dos meses y tendrán efectos desde el 1 de marzo (si la solicitud se hace entre enero y febrero); desde el 1 de mayo; desde el 1 de julio; desde el 1 de septiembre, desde el 1 de noviembre y desde el 1 de enero del año siguiente, siempre que se solicite entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.
El borrador incluye varias modalidades de prestación por cese de actividad temporal o definitivo: la ordinaria y varias extraordinarias. Entre estas últimas se crea una prestación para sostener a los autónomos que se vean afectados por un RED cíclico o sectorial (los nuevos ERTE de la reforma laboral).
En ambos casos se podrá acceder a la prestación si dicho mecanismo afecta al 75% de la plantilla. En el caso del RED cíclico se exigirán caídas de ingresos del 75% durante dos trimestres consecutivos, y en el sectorial, del 50%, entre otros requisitos.
El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 4,7% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2021, hasta situarse en 2.729,01 euros, ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este incremento del coste laboral, con el que se encadenan cinco trimestres consecutivos de alzas, es consecuencia del mayor número de horas trabajadas, ya que la reducción del tiempo no trabajado por razones técnicas, económicas, organizativas y de producción y/o fuerza mayor compensó el aumento de horas no trabajadas por vacaciones y bajas por incapacidad.
El repunte del coste laboral de las empresas se aceleró tres décimas en el primer trimestre respecto al registrado en el último cuarto de 2021, cuando aumentó un 4,4%.
El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 5,2% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.006,61 euros por trabajador y mes, superándose por primera vez los 2.000 euros en un primer trimestre desde el inicio de la serie, en el año 2000.
El salario medio en la hostelería se disparó un 67,8% interanual en el primer trimestre, hasta alcanzar los 1.150,73 euros mensuales por trabajador. Son 50 euros más al mes que en el primer trimestre de 2019, antes de que se declarara la pandemia del Covid.
NÚMERO DE VACANTES RÉCORD DESDE 2013
El INE ha informado además de que en el primer trimestre del año se registraron 133.988 vacantes de empleo, la cifra más alta desde 2013, entendiendo por vacante aquel puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.
El 94,4% de las empresas preguntadas por Estadística respondieron que no tenían vacantes que cubrir entre enero y marzo porque no necesitaban trabajadores adicionales.
España tiene la tercera relación más alta de la Unión Europea entre el salario medio, de 1.751 euros mensuales en 2021, y el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante de la Unión Europea (UE), según el VIII Monitor Adecco sobre Salarios publicado este miércoles.
El salario medio español supone un 82,6% del PIB per cápita, una relación que para Adecco supone "un nivel acorde a lo que puede sostener la economía". Solo Alemania, con un 84%, e Italia, con un 82,9%, superan la proporción española.
Otros países del entorno español como Francia y Portugal reflejan una relación de salario con relación al PIB per cápita del 80,4% y del 64,6%, respectivamente. Dentro de la UE, la relación más baja está en Luxemburgo, donde el salario medio supone un 36,7% del PIB per cápita, y en Irlanda, del 41,7%.
Aunque España ocupa el tercer lugar en la relación entre salario medio y PIB per cápita, cae al sexto puesto si se evalúa su correspondencia con la productividad media. En España, el salario medio equivale al 34,9% de la productividad, entendida como PIB por persona ocupada.
En esta clasificación, el primer puesto es para Alemania, con una correlación del 45,3%, seguida de Holanda, con un 39,1%, Dinamarca y Austria, con un 37,8% en ambos casos, e Italia, del 35,2%.
Adecco recuerda que los salarios deben guardar una cierta correspondencia con el valor de la producción que ese trabajo contribuye a realizar y alerta de ciertas dudas en la sostenibilidad de los niveles salariales de España, ya que entre 2016 y 2021 mostró la peor dinámica en esta variable.
No obstante, España no es el único país que se encuentra en esa situación, ya que en los últimos diez años se ha abierto una brecha entre el crecimiento de los salarios y el crecimiento de la productividad en la Unión Europea, como apunta el informe. Entre 2009 y 2019, la productividad laboral creció a un ritmo del 12,3%, mientras que los salarios reales aumentaron un 8,4%.
España presenta "el dato más desfavorable" en productividad, con una caída acumulada del 4,8% en los últimos cinco años. Esto significa que "para alcanzar un mismo nivel de producción, hacen falta más ocupados" o que "una misma plantilla produce menos que antes", sostiene el Monitor de Adecco.
El director de Adecco Group Institute, Javier Blasco, recuerda que "el salario sigue siendo la única palanca útil en lo que algunos llaman el ascensor social" y advierte de que aunque la renta bruta disponible de los hogares creció un 2,2% en 2021, "no fue suficiente para recuperar al 100% todo lo perdido en el año de la pandemia".
"Dicen que más de la mitad de los empleados se sienten actualmente desmotivados en su puesto de trabajo, y el 62% considera que su sueldo no se ajusta al desempeño que realiza. A veces pensamos que la llamada 'gran renuncia' sólo golpea a las grandes organizaciones, pero en nuestro país seguimos teniendo miles de puestos de trabajo vacantes por su escaso atractivo salarial", añade Blasco.
ESPAÑA, SEGUNDO PAÍS CON EL SMI MÁS ALTO EN PROPORCIÓN AL SALARIO MEDIO
El salario mínimo interprofesional (SMI) en España, fijado en la actualidad en 1.000 euros, sitúa a España como el segundo país con el SMI más alto en relación con el salario medio. El SMI español equivale al 57,1% del salario medio, solo superado por el 58,8% de Eslovenia.
Adecco advierte de que "es difícil justificar ulteriores subidas de las remuneraciones si previamente no se recuperan los niveles de productividad perdidos" e insiste en que en ningún país de la UE el SMI es igual o mayor al 60% del salario medio y solo en cinco países supera el 50%.
En España, la equivalencia del SMI con el salario medio depende de la comunidad autónoma. Así, en Madrid y País Vasco el SMI es un 50% de las remuneraciones medias. Sin embargo, en Canarias y Extremadura supera el 70%, y en Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha oscila en torno al 65%.
Las líneas de crédito con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) puestas en marcha para garantizar la financiación a empresas y autónomos españoles afectados por los efectos económicos del coronavirus han desplegado avales por importe de 107.102 millones de euros que han permitido movilizar 140.627 millones de euros hacia el tejido productivo español.
Según datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital correspondientes al 31 de mayo, las líneas de avales liquidez e inversión han financiado a más de 750.000 empresas, autónomos y pymes a través de 1,19 millones de operaciones, de las que el 98% ha sido suscrito por pymes y autónomos.
El Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo aprobó una línea de avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria.
Posteriormente, el Real Decreto-ley 25/2020 de 3 de julio aprobó otra línea de avales de 40.000 millones de euros, enfocada a cubrir la financiación para gastos corrientes y de capital relacionados con las nuevas inversiones o con el proceso productivo y de servicio, la ampliación, adaptación o renovación de los equipos, instalaciones y capacidades y los gastos asociados al reinicio de la actividad.
Según datos de cierre de mayo de 2022, la línea ICO liquidez ha avalado 1,02 millones de operaciones de 619.206 empresas, con un importe avalado de 92.878,7 millones de euros, lo que ha permitido que estas empresas hayan recibido 122.375,4 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante.
El 90% de las empresas con operaciones formalizadas está directamente gestionada por autónomos y micropymes. Esta tipología de empresas, de menos de diez empleados, ha solicitado el 74% del total de las operaciones.
Asimismo, el 75% de las operaciones avaladas se ha destinado a garantizar nuevos préstamos, que en su mayor parte (73%) son a largo plazo, de más de cuatro años.
En cuanto a la línea de avales para la inversión, al cierre de mayo se han avalado 171.681 operaciones de 130.828 empresas. El importe total avalado ha ascendido a 14.223 millones de euros y la financiación canalizada se ha situado en 18.251 millones de euros.
El 81% de las empresas con operaciones formalizadas están directamente gestionadas por autónomos y micropymes y las empresas de menos de 10 empleados han solicitado el 72% del total de las operaciones.
CCOO ha pedido este martes al Gobiernos que "tome cartas en el asunto" ante "el aumento espectacular" de los accidentes de trabajo y las muertes laborales, con 258 fallecidos en lo que va de año.
El secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, Mariano Sanz, ha señalado que España enfrenta "un estado de alarma debido a los accidentes de trabajo" y ha agregado que "la siniestralidad laboral se ha convertido en el peor indicador socioeconómico".
CCOO ha indicado que muchos de los accidentes laborales son "fácilmente prevenibles" y alerta de "la falta de seguridad en las empresas".
Los datos de siniestralidad laboral publicados el lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social registran entre enero y abril 258 trabajadores fallecidos en accidente laboral, 47 más que en el mismo periodo de 2021, y un total de 194.207 accidentes con baja laboral.
Para el sindicato, estas cifras son "preocupantes" ya que mantienen la tendencia de aumento de los accidentes sostenida en los últimos meses.
"Hay dos vectores que tiran de la siniestralidad en sentidos opuestos. Uno de ellos es la reducción de la temporalidad producto de la reforma laboral que contribuiría a reducir el número de accidentes. Y el otro es el incremento de la población ocupada, gracias a la recuperación económica y a la puesta en marcha de los proyectos del Fondo de Recuperación", ha apuntado Sanz.
El secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO ha insistido en que no hay que resignarse a las altas tasas de siniestralidad y pide "un plan decidido de políticas públicas activas en materia de prevención".
"Necesitamos que el Gobierno sitúe la salud y la seguridad de la clase trabajadora entre sus prioridades aprobando urgentemente la Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo 2022-2027, abriendo un espacio de diálogo social en la materia, aumentando los medios técnicos y humanos de la Inspección de Trabajo y articulando más campañas de control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en las empresas"
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha mejorado su propuesta de cotización para aquellos autónomos con rendimientos netos medios, que ingresen entre 1.700 y 2.300 euros mensuales, aproximadamente, según ha informado este lunes el presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, tras una nueva reunión del diálogo social para negociar el nuevo sistema de cotización por ingresos reales que estará vigente entre 2023 y 2025.
UPTA también ha adelantado que el Ministerio ha variado las cuotas mínimas y máximas, de manera que aquellos trabajadores que tengan ingresos por debajo de 670 euros pagarían una cuota de 245 euros, 15 euros menos que en la propuesta anterior, mientras que los que superen los 4.050 euros mensuales tendrán una cuota de 565 euros, lo que supone un incremento de 15 euros más respecto al último documento.
En cuanto a los rendimientos netos que van desde los 1.700 euros a los 2.300 euros mensuales, el Ministerio ha presentado tres tramos. En concreto, el Ejecutivo propone que los autónomos con rendimientos netos de entre 1.700 y 1.850 euros mensuales paguen una cuota de 370 euros mensuales, 30 euros menos de los que planteó en su propuesta anterior para el tramo de ingresos de 1.700 a 1.900 euros.
En la última propuesta de tramos que realizó el Gobierno, el pasado 27 de mayo, propuso para el tramo comprendido entre los 1.900 y los 2.330 euros una cuota de 440 euros. Ahora divide este tramo en dos: con unos ingresos de 1.850 a 2.030 euros se propone una cuota de 400 euros, y con ingresos de 2.030 a 2.330 euros, la cuota sería de 440 euros.
Con los cambios recogidos en el último documento, la propuesta del Gobierno presenta 14 tramos. En aquellos con rendimientos netos de entre más de 670 y 1.700 euros mensuales, los autónomos pagarían a la Seguridad Social entre 260 y 294 euros de cuota mensual.
En los tramos restantes, que van desde los 2.330 a 4.050 euros mensuales de rendimientos netos, los autónomos tendrían que abonar a la Seguridad Social una cuota de entre 460 a 520 euros al mes.
"Creo que ya es momento de tomar decisiones y si este sistema tiene que nacer con el acuerdo del 100% de las partes implicadas, sería lo ideal. Si no, el Gobierno tiene que tomar ya decisiones que puedan cambiar la vida de 3,4 millones de personas trabajadoras por cuenta propia", ha expresado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.
Abad también ha informado de que habrá otra reunión a finales de semana para "poder ser capaces de cerrar el texto que el Ministerio dará como definitivo". De momento, les ha hecho llegar un borrador este pasado fin de semana.
DEDUCCIÓN POR GASTOS GENÉRICOS
En dicho documento, al que ha tenido acceso, se establece que la cotización al RETA se efectuará en función de los rendimientos anuales obtenidos por los trabajadores por cuenta propia en el ejercicio de sus actividades económicas o profesionales. La regularización de la cotización, a efectos de determinar las bases por las que se cotiza y las cuotas mensuales definitivas, se efectuará en función de los rendimientos anuales comunicados por la correspondiente Administración Tributaria a partir del ejercicio siguiente.
Para establecer los importes económicos que fijarán las bases de cotización y las cuotas mensuales definitivas se tendrán en cuenta los rendimientos del trabajo, los del capital mobiliario y los de las actividades económicas obtenidos por cualquiera de los métodos y modalidades que determinan el rendimiento neto de las actividades.
A dichos rendimientos, según el borrador, se les aplicará una deducción por gastos genéricos del 7%, salvo en dos supuestos, donde esta deducción será del 3%: en el caso de trabajadores por cuenta propia que ostenten el cargo de consejero o administrador o presten otros servicios para una sociedad de capital si poseen el control efectivo, directo o indirecto de la misma, y en el caso de socios trabajadores de sociedades laborales cuando su participación en el capital social junto con la de su cónyuge y parientes con los que convivan alcance, al menos, el 50%.
Con carácter general, el texto establece la obligación, en el momento de solicitar el alta en el Régimen de Autónomos, de efectuar una declaración de los rendimientos económicos que se prevén obtener por la actividad económica o profesional. En cada solicitud de cambio de base de cotización que hagan los autónomos deberán declarar dicha previsión de rendimientos económicos.
En este sentido, se ampliará de cuatro a seis el número de veces que, durante el año, los trabajadores autónomos podrán solicitar el cambio de su base de cotización. Así, los cambios de base se podrán solicitar cada dos meses y tendrán efectos desde el 1 de marzo (si la solicitud se hace entre enero y febrero); desde el 1 de mayo; desde el 1 de julio; desde el 1 de septiembre, desde el 1 de noviembre y desde el 1 de enero del año siguiente, siempre que se solicite entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.
El borrador incluye varias modalidades para el cobro del llamado paro de los autónomos por el cese, temporal o definitivo, del negocio. Así, se podrá acceder a esta prestación si existen causas organizativas, económicas, técnicas o de producción o por fuerza mayor. Al mismo tiempo, se crea una prestación para sostener a los autónomos que se vean afectados por un RED cíclico o sectorial (los nuevos ERTE de la reforma laboral).
En ambos casos se podrá acceder a la prestación si dicho mecanismo afecta al 75% de la plantilla. En el caso del RED cíclico se exigirán caídas de ingresos del 75% durante dos trimestres consecutivos, y en el sectorial, del 50%, entre otros requisitos.
UATAE PIDE "MÁS AMBICIÓN" Y ATA LO VE "INASUMIBLE"
Por su parte, para la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), el Ministerio debe ser todavía "más ambicioso en la disminución de cuotas para los colectivos con menos ingresos", como han señalado fuentes de esta organización a Europa Press.
Uatae también valora las propuestas para mejorar la prestación por cese de actividad, desveladas en la anterior reunión, y cree que las propuestas de la Seguridad Social "tienen buena intención pero hay que mejorarlas".
En ATA, por su lado, mantienen su rechazo a la propuesta del Gobierno, al considerar que es "inasumible".
"Un autónomo que gana 1.700 euros al mes va a tener que pagar 900 euros más de cotización al año, un 26% más, esto es inasumible", ha cuestionado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien ha recordado que a eso hay que sumar el precio de la luz, la energía o los costes laborales.
Amor ha señalado que, ante esta situación, los autónomos están "para que los gobiernos les quiten costes, no para que se los añadan", y ha añadido que este colectivo no está "para que les pongan zancadillas" con estos nuevos tramos.
"No vamos a validar que a un autónomo que gane 1.700 euros le quiten 900 euros el año que viene del dinero que va a su casa", ha advertido.
El presidente de ATA ha adelantado que el viernes trasladarán al Ministerio sus propuestas y alegaciones, ya que todavía no habían tenido tiempo de estudiar el documento que la cartera de Escrivá les remitió el sábado a media mañana.
Precisamente los detalles de ese documento son los que ha explicado este lunes el Ministerio a los agentes sociales y a las asociaciones de autónomos, según han indicado fuentes de la cartera dirigida por José Luis Escrivá.
En concreto, los técnicos y los interlocutores sociales han abordado la nueva propuesta de tramos presentada por el Ministerio, con modificaciones en tres de ellos. Seguridad Social tiene previsto convocar al resto de la mesa "en los próximos días", aunque todavía no tienen una fecha cerrada.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido este lunes que la futura reforma del Régimen Especial Trabajadores Autónomos (RETA), en la que trabaja su cartera junto con los agentes sociales y las asociaciones de autónomos, "va a reforzar la protección de los autónomos".
Escrivá ha reconocido que está siendo una "negociación particularmente compleja", con un proceso largo, que se pretende cerrar con "el mayor consenso posible" entre el Gobierno, sindicatos, empresarios y los trabajadores por cuenta propia, que son "un colectivo heterogéneo".
El ministro también ha recordado que la reforma del RETA responde al acuerdo firmado por todas las partes en julio de 2021, para cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo.
"Para muchísimos autónomos, para la mayoría, va a suponer que cuando terminemos la reforma, en sus primeras etapas arranque con unas cotizaciones más bajas de las que tienen que hacer en este momento en la Seguridad Social y según vayan avanzando, irán cotizando más y tendrán mejores prestaciones", ha explicado Escrivá.
El objetivo de la reforma es hacer que el RETA "sea mucho más justo y tenga más elementos de solidaridad", además de avanzar para que se parezca más al sistema de cotizaciones sociales del régimen general, como ha apuntado el ministro.
La mesa de negociación de autónomos ha vuelto a reunirse este lunes, tras el último encuentro de la semana pasada, en el que el Gobierno mantuvo su propuesta de 13 tramos y cotizaciones, con cuotas de entre 250 y 550 euros al mes para el periodo 2023-2025. La intención inicial del Gobierno era presentar esta reforma a Bruselas antes de que terminara el primer semestre del año.
La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) ha solicitado a la Administración la adopción de una serie de medidas
urgentes para hacer frente al alza del precio de los combustibles, que ha ocasionado ya un agujero en el sector de 504 millones de euros.
En concreto, el precio del gasóleo ha alcanzado la cifra histórica de 1,916 euros el litro, lo que supone un incremento, solo en lo que va de año, de un 37,3%, a lo que habría que sumar un 16,1% de aumento en 2021, según los datos analizados por la patronal.
Por ello, Confebús ha insistido en trasladar a la Administración que esta subida "desproporcionada y continuada" evidencia la necesidad de llevar a cabo una revisión extraordinaria de las tarifas o un reequilibrio de los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte, así como la revisión de los precios de todos los contratos dependientes de las Administraciones.
Esta situación se suma, además, a la que arrastra el sector desde el inicio de la pandemia, que perdió más de 1.018 millones de viajeros en 2021, situando la demanda hasta un 20% por debajo de la que se registraba antes de la crisis sanitaria.
"El autobús es un sector estratégico para la sociedad que garantiza la movilidad de millones de personas cada día, asegura el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, como la sanidad, la educación o el trabajo, y es un actor clave de la cadena y oferta turística. Y precisamente por esta razón, la Administración debe tomar las medidas pertinentes para garantizar la supervivencia del sector del transporte en autobús"
El Gobierno está estudiando la creación de un fondo de inversiones para las Comunidades Autónomas que pueda financiarse con los créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
"Para asegurar que los recursos adicionales se destinan a aquellas áreas de mayor interés desde el punto de vista estratégico, el Gobierno está estudiando la creación de un fondo de inversiones para las Comunidades Autónomas que pueda financiarse con los créditos del Plan de Recuperación", ha anunciado la vicepresidenta primera durante su intervención en la Comisión Mixta de la Unión Europea celebrada este jueves en el Congreso de los Diputados.
El 30 de junio se producirá la asignación definitiva de transferencias a España y sobre esta base, se presentará dicha adenda al Plan de Recuperación en la segunda mitad del año con el fin de movilizar las transferencias adicionales, así como los créditos, lo que permitirá reforzar y dar continuidad a los proyectos de mayor impacto más allá de 2023.
"A nadie se le escapa que los préstamos implican un aumento de la deuda pública", ha reconocido la vicepresidenta primera. Por eso, los créditos del Plan de Recuperación deberían destinarse de forma prioritaria a instrumentos financieros para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo y la coherencia con los fondos estructurales.
Así, ha asegurado que las nuevas reformas e inversiones van a concentrarse en el refuerzo de la autonomía estratégica. "Esa es la orientación que están dando las instituciones europeas y, en particular, centrándonos en los proyectos estratégicos, los PERTE que suponen ese proceso de transformación estructural de nuestra economía", ha señalado.
Para identificar los programas que se tienen que reforzar y desarrollarse en esta adenda del Plan, el Gobierno va a poner en marcha un proceso estrecho de diálogo con los grupos parlamentarios, agentes sociales, comunidades autónomas, que la vicepresidenta primera espera empezar a mediados de este mes.
AUTORIZADO EL 42% DEL CRÉDITO PRESUPUESTADO
Durante su intervención, Calviño ha informado también del desarrollo del Plan y ha asegurado que el porcentaje de ejecución del presupuesto autorizado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se acerca al 42% del crédito total presupuestado, mientras que el crédito comprometido roza el 30% y las obligaciones reconocidas se sitúan en torno al 11%.
"El despliegue del Plan ha está alcanzando velocidad de crucero y esto explica la rápida recuperación del empleo y la inversión que estamos viendo en nuestro país", ha destacado.
Calviño ha recordado que España ha sido el primer país en solicitar el segundo pago vinculado a los fondos europeos de 12.000 millones de euros por el cumplimiento de 40 hitos y objetivos que el Gobierno espera que llegue "en los próximos meses".
La ejecución se está haciendo a través de tres instrumentos: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación de la Economía (Perte), a los que se prevé asignar, más de 30.000 millones de euros de inversión pública; la cogobernanza con las Comunidades Autónomas y las licitaciones de programas que se ejecutan a través de la administración general del Estado.
CONVOCATORIAS POR 11.000 MILLONES EN EL SEGUNDO SEMESTRE
Así, Calviño ha apuntado que la Administración General del Estado ha resuelto 840 convocatorias vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe de más de 10.100 millones de euros que están financiando más de 28.800 proyectos.
Según ha explicado la vicepresidenta, estos más de 28.800 proyectos están liderados por más de 19.000 empresas, más de 5.500 entidades locales y más de 2.000 universidades y centros tecnológicos.
Para seguir facilitando el acceso a los fondos europeos a empresas y entidades se ha puesto a su disposición en la página web del Plan de Recuperación una presentación con las convocatorias previstas para el segundo semestre del año por un importe de 11.000 millones de euros.
La vicepresidenta también ha informado de que el Estado ya ha transferido a las comunidades autónomas más de 15.500 millones de euros para que desplieguen inversiones y proyectos en sus ámbitos de competencias. Además, ha asegurado que todas las Comunidades cuentan con alguna empresa o con algún centro de investigación implicado en el desarrollo de los PERTE ya aprobados y las convocatorias ya resueltas.
Las autonomías que más fondos del Plan de Recuperación han recibido, para la realización de inversiones en el marco de sus competencias, son Andalucía (2.547 millones de euros), Cataluña (2.181 millones de euros), Madrid (1.652 millones de euros), Valencia (1.426 millones de euros), Canarias (1.082 millones de euros) Castilla y León (983 millones de euros) y Galicia (907 millones de euros).
El avance en el despliegue del Plan también se refleja en la celebración de 86 conferencias sectoriales -principal instrumento para consensuar los criterios y aprobar el reparto- en las que participan los representantes de los gobiernos autonómicos, así como en el lanzamiento de 31 manifestaciones de interés, para identificar proyectos maduros y posibles empresas que puedan llevarlos a cabo.
CCOO y UGT trasladarán este jueves a sus negociadores la estrategia sindical para las mesas negociadoras bloqueadas o en conflicto, en las que los sindicatos buscan conseguir una subida salarial de, al menos, el 3,5% para 2022 y la introducción de la cláusula de revisión salarial.
Los sindicatos prometieron "tensionar" las mesas de negociación en las empresas, después de que las conversaciones con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) terminaran sin alcanzar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
El motivo de la ruptura de esas negociaciones fue "la diferencia insalvable" sobre la cláusula de revisión salarial, como informaron los sindicatos tras dar por concluidas las negociaciones a comienzos de mayo. Mientras que los empresarios se oponían, los representantes de los trabajadores consideraban imprescindible esta condición en el AENC.
Ahora los sindicatos quieren volver a las mesas de negociación con esa cláusula de revisión salarial entre sus exigencias, a las que se sumarán una subida salarial del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024, además de ese 3,5% reivindicado para este año.
Ese será el mensaje que trasladarán a los 1.500 sindicalistas integrantes de las mesas negociadoras bloqueadas o en conflicto a los que CCOO y UGT han convocado este jueves en Madrid, bajo el lema "Salarios o conflictos", en un encuentro fijado para las 11.00 en la Plaza del Museo Reina Sofía.
El acto contará con la asistencia del secretario general de CCOO, Unai Sordo, y con el de UGT, Pepe Álvarez. Ambos líderes sindicales han expresado en los últimos meses la necesidad de subir los salarios para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, sobre todo ante la escalada de la inflación. En mayo, el dato adelantado del IPC se situó en el 8,7%, con la inflación subyacente próxima al 5%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Mientras tanto, los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,01% en enero, por encima de lo registrado en 2021 (+1,47%), pero lejos del IPC, según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento salarial está por debajo de la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional de 2022 (SMI) y está algo más en línea con las directrices marcadas en el último AENC.
El nivel de existencias de mercancías en el sector del comercio registró un aumento interanual del 5,6% en el primer trimestre, su mayor alza desde el segundo trimestre de 2018, según la encuesta coyuntural sobre stocks y existencias (ECSE) publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el repunte del primer trimestre, este indicador encadena ya tres trimestres de tasas positivas después de haber acumulado un año en negativo coincidiendo con los peores trimestres de la crisis originada por el Covid.
Todos los sectores analizados en esta encuesta experimentaron tasas anuales positivas entre enero y marzo a excepción de la venta y reparación de vehículos de motor, que redujo su stock un 18,3% en comparación con el primer trimestre de 2021.
Por contra, el mayor repunte interanual se lo anotó el comercio mayorista, con un alza del 14,4%, seguido del comercio minorista, que elevó su stock de mercancías un 4,6% en relación al primer trimestre del año pasado.
El INE proporciona además información sobre cómo evolucionó en el comercio el nivel de existencias en cada uno de los meses del primer trimestre (enero, febrero y marzo) en tasas interanuales.
En enero de 2022, el stock de mercancías del sector repuntó un 4,5% respecto al mismo mes de 2021, mientras que en febrero avanzó un 6,3% interanual y en marzo, un 6%.
Todos los sectores presentaron subidas interanuales en los meses correspondientes al primer trimestre, salvo la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, que registró retrocesos anuales de dos dígitos en los tres meses, especialmente en febrero (-19,2%).
Entre los aumentos interanuales de cada mes del primer trimestre, los más acusados se los anotó el comercio mayorista, con alzas interanuales de su stock del 12,3% en enero, del 15,6% en febrero y del 15,2% en marzo.
El 73% de los autónomos no conoce los Planes de Pensiones de Empleo (PPE), de acuerdo con el estudio 'Planes de empleo, ¿cómo son percibidos por las pymes, microempresas y autónomos en España?', elaborado por el Observatorio Caser.
La falta de información (20%) o tener otras prioridades (20%) son los motivos principales por los que empresas o autónomos que sí que se han planteado contratar productos para ayudar a ahorrar a sus empleados finalmente no lo han hecho.
La directora del Observatorio Caser, Eva Valero, ha destacado "la enorme falta de información" sobre esta materia, que "dificulta el desarrollo de estos productos dentro de las empresas". "Aunque sí haya un cierto interés por parte de las compañías por contratar productos de ahorro para sus empleados, el interés de estos sobre los PPE es casi inexistente", ha añadido.
Entre el conjunto de los empresarios, el porcentaje que no ha oído hablar sobre este producto se sitúa en el 67%, lo que refleja que solo un tercio del tejido empresarial conoce estos planes. De entre los que sí que conocen su funcionamiento, un 35% los considera un complemento de la pensión de la Seguridad Social. Además, tres de cada diez no conocen bien las características de estos productos, cifra que se eleva al 37% en el caso de los autónomos.
Pese al bajo conocimiento sobre los PPE, el 57% de los consultados considera interesante que se contraten este tipo de productos de ahorro para los trabajadores, e incluso tres de cada diez se muestran muy o bastante interesados en ellos, subiendo hasta el 40% en el caso de microempresas y al 48% entre las medianas empresas.
Con respecto a los empleados, apenas un 2% ha mostrado interés por estos productos. En las empresas con mayor número de empleados (50 ó más) este porcentaje se eleva por encima del 6%.
LAS VENTAJAS FISCALES, EL ASPECTO MÁS LLAMATIVO
Casi tres de cada cuatro encuestados (72%) aluden a las ventajas fiscales, como factor determinante para contratar un plan de empleo. Le siguen dos tercios que destacan la necesidad de que exista asesoramiento y el 65% que se produzca un buen binomio rentabilidad y riesgo. En el caso de los autónomos, priorizan el asesoramiento por delante de las ventajas fiscales y abogan también por la flexibilidad de estos productos de ahorro.
En el actual escenario, solo un 22% ve opciones de contratar en un futuro algún producto específico para fomentar el ahorro para la jubilación entre sus empleados, elevándose hasta el 47% en las medianas empresas y al 27% entre los autónomos y pequeñas empresas, mientras que más de la mitad de las compañías (52%) lo descarta, siendo casi el 60% en el caso de los autónomos.
Por otro lado, pese a la poca permeabilidad con la que cuenta todavía el producto Plan de Pensiones de Empleo en el mercado, el nivel de satisfacción se sitúa en el 3,9 sobre 5. En líneas generales, los empleados se muestran muy satisfechos con los PPE porque los ven como una gratificación de la empresa que les ayuda a ahorrar en la jubilación.
"Las cifras confirman que existe un estancamiento informativo entre los usuarios finales, por lo que es fundamental hacer un esfuerzo para continuar la labor explicativa de los cambios con claridad y haciéndolos de forma comprensibles", ha señalado Valero.
Ocho de cada diez responsables de comercios en España (81,7%) considera "muy importante" mantener el pago en efectivo en sus establecimientos, ya que les permite "incluir al conjunto de consumidores" y "seguir contando con aquellos que no utilizan otros medios de pago" por propia elección, motivos de edad u otras circunstancias, según un estudio realizado por Prosegur Cash.
Además, el 80,3% de los comercios españoles manifiesta que disponer de la opción del pago en efectivo tiene una repercusión positiva para su negocio. Este es un argumento esencial para el 100% de los comercios de Islas Baleares, el 96,8% de Castilla y León y el 93,8% de Extremadura.
Por sectores, los puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado (88,7%) y farmacias (85,9%) son los que valoran en mayor grado las ventajas que aporta a su negocio ofrecer la posibilidad del pago en metálico.
De entre los 500 establecimientos consultados, los de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana (con un 100% en sus respuestas en ambos casos), seguidos por los de Andalucía (96,7%), son los que han expresado de forma prácticamente mayoritaria la importancia del efectivo para poder dar un servicio más inclusivo, que englobe a todos los clientes.
En cuanto a los sectores, los que se han manifestado más favorables son los establecimientos de venta de Loterías y Apuestas del Estado (87,3%), de alimentación (87,1%) y farmacias (83,1%).
LOS COMERCIANTES CREEN QUE LOS CONSUMIDORES PREFIEREN EL EFECTIVO
El 56% de los responsables de establecimientos comerciales en España sostiene que los consumidores prefieren el efectivo a otras formas de pago alternativas y solo uno de cada tres establecimientos (29,2%) dice desconfiar del uso de medios de pago digitales. Extremadura (84,4%), Castilla y León (83,9%) y Andalucía (80%) son las comunidades autónomas en las que más establecimientos han constatado la predilección del pago en metálico por parte de sus clientes.
Por sectores, los establecimientos de venta de Loterías y Apuestas del Estado (70,4%) y los comercios de alimentación (64,3%) son los que confirman esta inclinación por parte del consumidor.
Además, el 46,9% de los comercios considera que el pago en efectivo evita el sobrecoste de las comisiones que conllevan los medios de pagos alternativos. Castilla y León y Andalucía son las comunidades autónomas en las que un mayor porcentaje de comercios mantiene esta afirmación (un 87,1% y un 80%, respectivamente).
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha informado de que tras haber compartido contactos con el Partido Popular de cara a la prórroga del decreto anticrisis para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania no han llegado a acuerdos con los 'populares', a quienes ha demandado "coherencia".
"La verdad es que se compartieron contactos, pero al final no hemos conseguido alcanzar ningún gran acuerdo", ha apuntado la ministra en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que tienen "siempre" la mano tendida y que van a intentar llegar a un acuerdo con el PP.
En este sentido, ha retado a Feijóo a apoyar el decreto si "efectivamente quiere ser algo distinto a Casado". "Estamos esperando a que dejen de predicar para dar trigo y que ese cambio se vea en acciones concretas que signifiquen un cambio de rumbo en el principal partido de la oposición".
Sobre el reajuste de algunas medidas del decreto --en vigor hasta el próximo 30 de junio--, Rodríguez ha asegurado que el espíritu es "idéntico" y pasa por "amortiguar el coste y los daños que la guerra de Putin". "Se trata de actualizarlos por si fueran precisos algunos ajustes, por si hubiera que ampliar alguna cuestión y, en definitiva, dar la respuesta oportuna".
La ministra ha hecho hincapié en que todavía quedan 25 días y están viendo cómo están yendo cada una de las medidas, así como la evolución de la guerra y las decisiones de la Unión Europea. Así, ha aseverado que en el momento que se tenga que reactualizar ofrecerán soluciones que lleguen a una mayoría. "Eso será lo que continuemos haciendo en esta situación de dificultad que no ocultamos a nadie".
El volumen del comercio minorista de la eurozona y de la Unión Europea registró el pasado mes de abril una contracción del 1,3% respecto del mes anterior, cuando había aumentado un 0,3% y un 0,6%, respectivamente, según los datos publicados por Eurostat, que señalan a España como el país con un mayor incremento mensual de las ventas al por menor entre los Veintisiete, con un repunte del 5,3%, después de la caída del 4,5% observada en marzo.
En comparación con abril de 2021, el volumen del comercio minorista de la zona euro experimento un incremento del 3,9%, mientras que en el conjunto de la UE aumentó un 5%.
En la zona euro, el volumen del comercio minorista disminuyó un 2,6% en comparación con el mes de marzo para alimentos, bebidas y tabaco y un 0,7% para productos no alimentarios, mientras que aumentó un 1,9% para combustibles para automóviles.
Entre los Veintisiete, el volumen del comercio minorista disminuyó un 2,3% mensual para alimentos, bebidas y tabaco y un 0,9% para productos no alimentarios, mientras que aumentó un 1,4% para combustibles para automóviles.
Entre los Estados miembros para los que se disponía de datos, las mayores disminuciones mensuales en el volumen total del comercio minorista se registraron en Eslovenia (-7,7%), Alemania (-5,4%) y Letonia (-3,9%). Por contra, los mayores incrementos se observaron en España (+5,3%), Luxemburgo (+3,7%) e Irlanda (+1,9%).
Respecto del mismo mes de 2021, el volumen del comercio minorista en la eurozona aumentó un 14,6% para los carburantes de automoción y un 8,9% para los productos no alimentarios, mientras que disminuyó un 4% para los alimentos, bebidas y tabaco.
En la UE, aumentó un 14,6% para los combustibles de automoción y un 9,6% para los productos no alimentarios, mientras que cayó un 2,8% para los alimentos, bebidas y tabaco.
Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos, los mayores aumentos anuales en el volumen total del comercio minorista se registraron en Eslovenia (+29,6%), Polonia (+21,1%) y Malta (+17,5%). Los mayores descensos, por su parte, se observaron en Finlandia (-3,4%), Luxemburgo (-2,9%) y Bélgica (-1,9%).
El 45,6% de las pymes de entre 10 y 49 trabajadores (Segmento I) en Castilla La Mancha han solicitado las ayudas de la primera convocatoria programa Kit Digital, dirigidas a mejorar su nivel de digitalización. Kit Digital es un programa del Plan de Recuperación, gestionado por Red.es, con el que el Gobierno quiere impulsar la digitalización de las pequeñas empresas, microempresas y autónomos y contribuir a modernizar el tejido productivo.
Las pymes del tamaño especificado que lo soliciten pueden acceder a bonos de ayudas de 12.000€, con los que adquirir una o varias soluciones de digitalización como el diseño de su página web, la gestión de redes sociales y comercio electrónico; gestión de clientes o ciberseguridad, entre otras. El catálogo de soluciones de digitalización se puede consultar en la web www.acelerapyme.es
Más de 4 millones de euros en bonos digitales en Castilla La Mancha en solo dos meses
En la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha hay 4.726 empresas de entre 10 y 49 empleados hacia las que va dirigida la primera convocatoria de ayudas de Kit Digital. De ese universo de empresas, 2.156 han solicitado su bono digital y solo dos meses después de la apertura de la convocatoria 306 empresas ya lo han recibido y pueden emplearlo en una o varias soluciones digitales que más necesiten para su negocio.
Las 306 ayudas concedidas a las pymes de Castilla La Mancha suponen más de 4 millones de euros procedentes de los fondos europeos NextGenerationEU. A nivel nacional, más de 61.000 empresas han solicitado la ayuda de las que 10.000 ya han sido concedidas. Más del 50% de las pequeñas empresas de Ciudad Real solicitan la ayuda de Kit Digital Por provincias en Ciudad Real, con un total de 1.098 empresas del segmento anteriormente mencionado, 557 han tramitado la petición de la ayuda, un 50,7%.
Por su parte, Cuenca, con 501 empresas de dicha modalidad, 244 han solicitado la ayuda, un 49%. Albacete muestra una penetración de solicitudes de este segmento del 46%, 476 pymes solicitan el bono digital de un total de 1.030 empresas.
En Toledo, con 1.707 empresas de esta tipología, 712 han tramitado la solicitud, un 41,7% y en la provincia de Guadalajara que tiene 390 empresas de este tipo, 167 han presentado su solicitud, un 43%.
La convocatoria continúa abierta. Solicitud con “cero papeles”
Las empresas interesadas pueden solicitar las ayudas en la sede electrónica de Red.es (https://sede.red.gob.es). El plazo de la primera convocatoria dirigida al segmento de empresas de entre 10 y 49 empleados se mantendrá abierto hasta el 15 de septiembre. Bajo el lema “cero papeles”, Red.es ha diseñado un sistema de tramitación muy innovador que agiliza el proceso usando herramientas de robotización e inteligencia artificial, por el que se podrá solicitar la ayuda sin aportar ninguna documentación, ya que será suficiente con que el empresario autorice a Red.es a consultar de oficio los requisitos y obligaciones requeridos para obtener la condición de beneficiario.
El programa Kit Digital El programa Kit Digital está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y tiene el objetivo de digitalizar a pymes y autónomos de todos los sectores productivos en todo el territorio nacional durante los próximos tres años. La primera convocatoria dirigida a las pymes de entre 10 y 49 empleados cuentan con un presupuesto inicial de 500 millones de euros.
A lo largo de este ejercicio se lanzarán otras convocatorias para empresas de entre 3 y 9 empleados, y una tercera para microempresas de menos de 3 empleados y autónomos. Las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas directas del Kit Digital pueden consultarse aquí https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pd
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se redujo en 99.512 desempleados en mayo (-3,3%), lo que situó el total de parados por debajo de los 3 millones por primera vez desde finales de 2008, cuando se inició la crisis financiera.
En concreto, mayo cerró con 2.922.991 desempleados, su menor cifra desde noviembre de 2008, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El descenso del paro registrado en mayo es inferior al experimentado en igual mes de 2021, cuando se redujo en 129.378 desempleados, pero supera los retrocesos de mayo de 2018 y de 2019, en los que bajó en algo más de 80.000 personas. En mayo de 2020, en plena pandemia, el desempleo subió en 26.573 personas.
Desde 1996, año en el que arranca la serie histórica comparable, se han registrado subidas del paro en dos meses de mayo y bajadas en 25. Los únicos repuntes se produjeron en 2008 (+15.058 desempleados) y en 2020 (+26.573).
En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en mayo en 41.069 personas.
En el último año el desempleo acumula un descenso de 858.259 parados, lo que supone un 22,7% menos, con un retroceso del paro femenino de 460.489 mujeres (-20,9%) y una caída del desempleo masculino de 397.770 varones (-25,2%).
BAJA ALGO MÁS ENTRE LOS HOMBRES Y SOBRE TODO EN SERVICIOS
El paro bajó en mayo en todos los sectores económicos, con los servicios liderando los descensos ante el inicio de la campaña de verano. En concreto, el desempleo se redujo en este sector en 64.230 personas en relación al mes de abril (-3%).
Le siguen la construcción, que restó 10.008 parados en mayo (-4,1%); la agricultura, con 8.693 desempleados menos (-5,9%); el colectivo sin empleo anterior, donde el paro descendió en 8.613 personas (-3,3%), y la industria, con 7.968 parados menos (-3,2%).
El paro retrocedió en mayo en ambos sexos, aunque algo más entre los varones. En concreto, el desempleo masculino bajó en 52.109 personas (-4,2%) y el femenino, en 47.403 mujeres (-2,6%). De este modo, al finalizar el quinto mes del año, el número de mujeres en paro se situó en 1.740.982 y el de hombres, en 1.182.009.
Por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años disminuyó un 9,9% en mayo, con 21.973 parados menos que a cierre de abril, mientras que el paro de las personas con 25 años y más bajó en 77.539 desempleados (-2,8%).
Trabajo ha resaltado que, en comparación con mayo de 2021, los menores de 25 años son la franja de edad que más ha recortado el paro, con un descenso del 38,1%, lo que ha situado el total de jóvenes en desempleo en 199.920, la menor cifra de la serie histórica.
EL DESEMPLEO BAJA EN TODAS LAS COMUNIDADES
El paro registrado bajó en mayo en todas las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (-20.341 desempleados), Cataluña (-16.671) y Madrid (-13.249). En valores relativos, los mayores descensos se dan en Baleares (-52%), Canarias (-30%) y Cataluña (-28%).
En cuanto a las provincias, el paro retrocedió en 49 de ellas, lideradas por Madrid (-13.249), Barcelona (-10.414 parados) y Baleares (-5.712), y aumentó en tres: Almería (+904 parados), Huelva (+189 desempleados) y Castellón (+155).
El paro registrado entre los extranjeros bajó en mayo en 15.504 desempleados (-4,1%) respecto al mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 364.347, un 34,5% menos que en mayo de 2021.
NUEVO RÉCORD DE CONTRATOS INDEFINIDOS
En mayo se registraron 1.640.595 contratos, un 6,2% más que en el mismo mes de 2021. De todos ellos, 730.427 fueron contratos indefinidos, la mayor cifra en cualquier mes de toda la serie histórica.
Este volumen de contratos fijos es un 367,8% superior al de mayo de 2021 y representa el 44,5% del total de contratos efectuados en el quinto mes del año, porcentaje cinco veces superior a la media del mes de mayo.
En abril el peso de los contratos fijos fue ligeramente superior al que se ha registrado en mayo (48% frente a 44,5%), pero Trabajo pone el acento en la importancia que tiene haber alcanzado un porcentaje de casi el 45% en un mes en el que habitualmente se hacían contratos temporales para afrontar la campaña de verano.
Del total de contratos fijos suscritos en mayo, 291.308 han sido a tiempo completo, tres veces más que en igual mes del año pasado; 264.524 eran contratos fijos-discontinuos, multiplicando por 13 la cifra de mayo de 2021, y 174.595 eran contratos indefinidos a tiempo parcial, con un incremento interanual del 331,4%.
Del resto de contratos suscritos en mayo, algo más de 903.000 fueron contratos temporales, de los que el 28,8% fueron por circunstancias de la producción a tiempo completo y el 5,17% fueron de sustitución, también a tiempo completo. Por su parte, los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 18,08% del total.
En los cinco primeros meses del año se han realizado casi 2,5 millones de contratos indefinidos, tres veces más que en el mismo periodo de 2021. De ellos, 1.156.558 han sido a tiempo completo, cifra que supera en un 133,3% la del periodo enero-mayo del año pasado.
BAJA EL GASTO EN PRESTACIONES ERTE
El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones derivadas de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) alcanzó en abril (último dato disponible) la cifra de 47 millones de euros, por debajo de los 72 millones de marzo; los 82 millones de febrero y los 80 millones de enero.
El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó al finalizar abril en 1.698.299 personas, con un gasto total de 1.638,5 millones de euros, un 34,5% menos que en el mismo mes de 2021.
El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 988,1 euros en el cuarto mes del año.
Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que Trabajo ha publicado este jueves las cifras de desempleo de mayo y la estadística de prestaciones de abril.
SEGURIDAD SOCIAL
La Seguridad Social ganó una media de 213.643 cotizantes en el que ha sido el mejor mes de mayo desde el año 2018, gracias al impulso de todos los sectores económicos, especialmente de la hostelería, que sumó 83.400 ocupados en el mes, un 6,2% más que en abril, por el inicio de la campaña de verano.
Con este repunte de afiliados, el número total de ocupados medios consolidó los 20 millones de ocupados, cifra que ya se superó por primera vez en abril, cerrándose el mes de mayo con 20.232.723 cotizantes, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Departamento que dirige José Luis Escrivá ha subrayado que este buen comportamiento del mercado laboral se ha producido a pesar del "contexto de incertidumbre".
El incremento de mayo de este año, que en valores relativos fue del 1,07%, es el más elevado en este mes desde 2018, cuando el sistema ganó más de 237.000 cotizantes, y supera ligeramente los registrados en los meses de mayo de 2021 y 2019 (éste último antes del Covid), en los que la Seguridad Social sumó algo más de 211.000 ocupados. En mayo de 2020, en plena pandemia, el repunte de afiliados no llegó a los 98.000 cotizantes.
En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social siguió la línea de meses anteriores y subió en 33.366 trabajadores (+0,17%) en relación al mes de abril, lo que situó el total de ocupados en 20.025.089 personas, superándose por primera vez los 20 millones de cotizantes en la serie desestacionalizada.
El Ministerio ha destacado además que se han creado 185.987 empleos entre enero y mayo y casi 540.000 desde febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia, "gracias al impulso del empleo privado".
Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en el impacto positivo que está teniendo la reforma laboral tras cinco meses en vigor (dos de vigencia plena), con un incremento del peso de los contratos indefinidos hasta el 79%, ocho puntos por encima del promedio del mes de mayo.
En el último año la Seguridad Social ha ganado 965.502 afiliados en valores medios (+5,01%), la mayor parte en el Régimen General (+928.232 cotizantes), seguido del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con 35.424 nuevos ocupados.
RÉCORD DE AFILIADOS EN AMBOS SEXOS Y DE EXTRANJEROS
La ganancia mensual de afiliados medios en mayo se debió a ambos sexos, aunque algo más a los varones, que sumaron en el mes 115.057 cotizantes respecto a abril (+1,08%), frente a un repunte de mujeres ocupadas de 98.586 cotizantes (+1,04%).
De este modo, la cifra de mujeres con empleo no sólo se mantuvo por encima de la barrera de los 9 millones por duodécimo mes consecutivo sino que alcanzó un nuevo máximo histórico, con un total de 9.509.308 afiliadas. También la ocupación masculina marcó cifra récord al alcanzar los 10.723.415 cotizantes.
La afiliación media de extranjeros, por su parte, subió en 72.111 cotizantes en mayo, un 3% respecto al mes anterior, hasta situarse también en máximos históricos, con un total de 2.426.625 ocupados. De este modo, uno de cada tres nuevos afiliados de mayo era extranjero.
LA HOSTELERÍA GANA 83.400 AFILIADOS
Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 201.364 afiliados medios en mayo (+1,2%), hasta un total de 16.824.482 ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 10.726 afiliados (+0,3%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.343.362.
Dentro del Régimen General, el repunte de la afiliación fue generalizado. La hostelería lideró el avance de la ocupación, con 83.427 cotizantes más respecto a abril (+6,2%), seguido de actividades administrativas (+20.746 afiliados, +1,5%); de la construcción (+13.552 cotizantes, +1,5%), y del comercio (+11.993 cotizantes, +0,5%).
Por su parte, el Sistema Especial Agrario ganó 19.660 empleos en el quinto mes del año (+2,7%) y el del Hogar registró 172 bajas (-0,05%).
Por comunidades autónomas, destacó el crecimiento de la afiliación mensual en Baleares, con un avance de los ocupados medios de 48.565 ocupados (+9,4%).
En suma, el Ministerio subraya que el crecimiento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es generalizado por sectores y la mayoría de ellos se sitúan en niveles de empleo superiores a los que se registraban en febrero de 2020, debido al aumento de la ocupación en el sector privado.
Además, este repunte de la afiliación ha sido "especialmente intenso" en sectores innovadores y de más valor añadido, entre ellos información y comunicaciones (+14,5%), actividades sanitarias (+8,4%), y actividades científico-técnicas (+7,6%).
Asimismo, Seguridad Social señala que, geográficamente, también es generalizada la recuperación del nivel de afiliación previo a la pandemia, pues todas las comunidades autónomas cuentan actualmente con más afiliados que en febrero de 2020.
LA REFORMA LABORAL IMPULSA EL EMPLEO INDEFINIDO
En cuanto al impacto de la reforma laboral en la ocupación, en mayo se aceleró el aumento de afiliados con contrato indefinido, con un ritmo de crecimiento interanual del 16% (en abril estaba algo por encima del 10%).
En comparación con la tendencia habitual de un mes de mayo previo a la pandemia, este año se registran un millón más de afiliados indefinidos.
De esta forma, el 79% de los afiliados del mes de mayo contaban con contratos indefinidos, ocho puntos más de lo habitual antes de la pandemia. De este porcentaje, el 5% eran afiliados con contratos fijos-discontinuos.
El Ministerio destaca que incluso en los sectores con más temporalidad se ha registrado un aumento "notable" de contratos fijos, como en el caso de la construcción, la hostelería y las actividades administrativas.
Al mismo tiempo, el Departamento que dirige José Luis Escrivá ha resaltado que los efectos de la reforma laboral están siendo "especialmente positivos" entre los jóvenes, colectivo que habitualmente suele tener tasas elevadas de temporalidad.
Así, el porcentaje de menores de 30 años con contrato indefinido se situó en mayo en el 60%, más de 20 puntos por encima del promedio de los meses de mayo del periodo 2015-2021 (39%). De ese 60% de indefinidos, el 9% cuenta con contratos fijos-discontinuos.
ALGO MÁS DE 27.000 TRABAJADORES EN ERTE
Por otra parte, el Ministerio ha informado de que los trabajadores en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) se han estabilizado en torno a los 22.454.
En total, al finalizar mayo había 27.380 trabajadores en ERTE, de los que 22.454 estaban en un ERTE-ETOP; 1.215 en un ERTE por fuerza mayor, y 3.711 en el ERTE sectorial de agencias de viajes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Gobierno prorrogará tres meses el plan de respuesta económica a la crisis provocada por la guerra de Ucrania, ante la inminente caducidad del decreto en vigor.
Así lo ha manifestado en su intervención ante el Grupo Socialista, que se ha reunido este miércoles en el Congreso para conmemorar el cuarto aniversario de la llegada de Sánchez a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy.
El decreto ley que convalidó el Congreso contiene medidas como el descuento de 20 céntimos a los carburantes, una ampliación de la cobertura y el descuento del bono social eléctrico o el ingreso mínimo vital o la prórroga de las rebajas fiscales aplicadas a la factura de la luz, pero su vigencia temporal caduca el 30 de junio.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha avalado este miércoles la disolución de Banco Popular tras desestimar en su totalidad los recursos presentados por parte de los accionistas contra la resolución de la entidad bancaria en 2017, y traspasada a banco Santander por un euro, por lo que rechaza la devolución del dinero de las acciones una compensación a los demandantes.
La sentencia del alto tribunal europeo, sobre la que cabe recurso, argumenta que la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea "no incurrieron en un error manifiesto de apreciación" al considerar que Banco Popular "se hallaba en grandes dificultades o probablemente fuera a estarlo".
Así, apunta que la liquidación de Banco Popular se adoptó "válidamente" y "con independencia" de los motivos que llevaron a la entidad bancaria a encontrarse en dificultades.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha avanzado este miércoles que el Gobierno "está estudiando y negociando" introducir una mayor progresividad en la bonificación del combustible para que esta medida sea más eficaz y llegue a quienes "verdaderamente" lo necesitan y no al conjunto de la población.
"Cuando son subvenciones a toda la población son medidas regresivas. No necesita la misma cantidad de subvención una gran fortuna que cobra 200.000 euros al año que una pequeña fortuna, por decirlo irónicamente, que no llega ni a 10.000", ha defendido.
Garzón, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha subrayado que el Gobierno no sólo está abierto a prorrogar más allá del 30 de junio el decreto anticrisis que contiene esta subvención al combustible, también a modificarlo. "Hay que estar abierto a las dos posibilidades", ha dicho.
En el caso de la bonificación de 20 céntimos al combustible, Garzón ha indicado que, en su momento, lo más eficaz era que esta medida tuviera una implantación directa, de forma que el conjunto de la población pudiera beneficiarse de la misma.
"Ahora de lo que tenemos que hablar es de si posible precisarla mucho mejor, dirigiéndola a las rentas que verdaderamente lo necesiten o que estén mucho más expuestas porque son más vulnerables", ha apuntado el ministro.
Garzón ha explicado que el Gobierno "está debatiendo desde hace tiempo" cómo precisar mejor esta medida "para que sea mucho más eficaz y más progresiva" y ha apuntado que, si esto no se incluye en la prórroga del decreto anticrisis por falta de tiempo o razones técnicas, "tendrá que entrar mediante otra fórmula".
"Aquí la política tiene que estar por encima de lo jurídico. Y si no se hace en este decreto por razones técnicas, habrá que encontrar la fórmula jurídica que mejor se adapte", ha subrayado.
Garzón ha afirmado que "la experiencia" apunta a que las ayudas deben estructurarse en función de la renta. "Lo que hay que hacer es ayudar a los más vulnerables, que son decenas de miles de familias españolas, que utilizan el coche para trabajar", ha dicho el ministro, que ha señalado además que "el principal objetivo de un Gobierno progresista es proteger a las familias trabajadoras y a los más vulnerables".
PREOCUPACIÓN POR LA ESCASEZ DE TRIGO
Respecto a la inflación, Garzón ha señalado que su repunte obedece, principalmente, a los precios energéticos, pero ha indicado que la subyacente también está al alza, lo que significa, a su juicio, que "las empresas están repercutiendo los costes de producción, sobre todo energéticos, en los productos finales", como los alimentos.
A ello hay que sumar, ha dicho, la preocupación por el problema de "escasez" de suministros básicos como el trigo o de algunos minerales necesarios para la fabricación de fertilizantes como consecuencia de la guerra en Ucrania, pero también por "los efectos del cambio climático en India". "Empieza a tensionarse mucho este problema y necesitamos estar muy preparados para afrontarlo".
Las pernoctaciones realizadas en apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues españoles se dispararon el pasado mes abril hasta alcanzar los 9,3 millones. Esto supone, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi cuadruplicar (238,7%) la cifra registrada en el mismo mes de 2021, cuando se anotaron un total de 2,7 millones de pernoctaciones.
Este impulso fue consecuencia, sobre todo, del incremento en un 526% (seis veces más) de las pernoctaciones realizadas parte de los extranjeros. Las de los españoles aumentaron en el cuarto mes del año un 132,7% respecto a marzo del año anterior.
De los 9,3 millones de pernoctaciones registradas por el instituto estadístico en abril, 4,7 millones fueron de residentes en España, 2,6 millones de visitantes de países de la Unión Europea y otros 2 millones del resto del mundo.
Los datos del instituto estadístico muestran que la estancia media en alojamientos extrahoteleros españoles se situó en abril en 3,6 pernoctaciones por viajero.
Con todo ello, durante los cuatro primeros meses de 2022 las pernoctaciones en este tipo de alojamientos no hoteleros aumentaron un 234,4% respecto al mismo periodo del año anterior.
LOS TURISTAS ELIGEN LOS APARTAMENTOS
Las pernoctaciones en apartamentos turísticos en España el pasado mes de abril aumentaron en un 349,1%. Las realizadas por residentes aumentaron un 134,1%, mientras que las de no residentes, se dispararon un 736,9%.
La estancia media en apartamentos españoles bajó un 4,9% respecto a abril de 2021, situándose en un total de 4,6 pernoctaciones por viajero.
En abril se ocuparon el 32,4% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 208,4% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 35,4%, con un incremento del 160,8%
Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representaron el 66,5% del total siendo Reino Unido el principal mercado emisor con más de 1 millón de pernoctaciones, seguido de lejos por Alemania con 392.889.
Por destinos, Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 1,9 millones de pernoctaciones y un aumento del 473,6% respecto a abril de 2021. La comunidad autónoma con mayor ocupación fue la Comunidad de Madrid, con el 59,2% de los apartamentos ofertados.
Por zonas turísticas, la Isla de Tenerife fue el destino preferido, con 613.973 pernoctaciones. Costa de Barcelona presentó el mayor grado de ocupación, con un 86,6% de los apartamentos ofertados.
Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en abril fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.
Por lo que se refiere a los campings estos registraron en abril un aumento del 130,4% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes aumentaron un 95,7 y las de no residentes, un 242,3%.
Durante abril se ocuparon el 37,6% de las parcelas ofertadas, un 25,5% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 39,4%, con un aumento anual del 19,3%.
El 35,2% de las pernoctaciones en campings las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 25,8% del total de las de no residentes, un 242,8% más que en abril de 2021.
Según los datos el INE, Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 1,3 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 162,9% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 59,3% de las parcelas ofertadas.
Por zonas turísticas, la Costa Daurada fue el destino preferido, con 594.924 pernoctaciones. La Costa Blanca (Alicante) presentó el mayor grado de ocupación, con un 70,1% de los apartamentos ofertados.
Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mont-Roig del Camp y Tarragona
LOS ALOJAMIENTOS RURALES GANAN FUERZA
El pasado mes de abril las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un aumento anual del 225,2%. Las de residentes subieron un 197,3% y las de no residentes, un 392,8%
En este tipo de alojamiento extrahotelero se ocuparon el 21,9% de las plazas, un 155,4% más que en abril de 2021. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 34,9%, con un aumento anual del 126,4%.
Por comunidades, Castilla y León fue el destino preferido, con 185.357 pernoctaciones, un 316,6% más que en abril de 2021. Illes Balears alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 50,8% de las plazas ofertadas.
Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con 98.093 pernoctaciones. Por su parte, la Isla de Menorca alcanzó la mayor ocupación, con el 53,3% de las plazas ofertadas
Por lo que se refiere a los albergues en abril se registraron un total de 592.617 pernoctaciones, lo que supone un aumento anual
del 972,5%. Las de residentes se incrementaron un 587% y las de no residentes, se dispararon un 2.293,1%.
En abril se ocuparon el 30,1% de las plazas en albergues, un 474,2% más que en abril de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 34%, con un aumento del 424,8%.
La Comunidad de Madrid fue el destino preferido para alojarse en albergues en nuestro país, con 89.152 pernoctaciones. Esta comunidad autónoma también alcanzó la mayor ocupación, con el 71,4% de las plazas ofertadas.
AUMENTO DE PRECIOS
El INE también dio a conocer este martes el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) que aumentó un 13,8% en abril respecto
al mismo mes de 2021 y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) un 8,8%. Por el contrario, el Índice de Precios de Campings (IPAC) baja un 0,5%.
Con todo ello las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 399,5% en
abril en tasa anual. Las de residentes suben un 207% y las de no residentes, un 856,8%.
Los datos del INE muestran que la estancia media creció un 17,2%, hasta 3,1 pernoctaciones por viajero.
Del total de pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos colectivos, un 72,8% correspondió a hoteles y un 27,2% a alojamientos turísticos extrahoteleros.
Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados fueron el británico (con el 24,7% del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (18,5%) y el
francés (9,6%).
Canarias fue el destino preferido, con más de 7,3 millones de pernoctaciones (un 648,1% más que en abril de 2021). Le siguen Cataluña, con más de 5,9 millones (y un aumento del 344,6%)
y Andalucía, con más de 5,6 millones (y una subida anual del 562,0%).
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha elevado una nueva propuesta a las organizaciones de autónomos y los agentes sociales para la cotización por ingresos reales de los autónomos en la que plantea cuotas de entre 250 y 550 euros al mes para el periodo 2023-2025.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha desvelado en su cuenta de Twitter la nueva tabla de cuotas que propone el Gobierno y que, en función de los rendimientos netos de los autónomos, determina lo que deberían ingresar a la Seguridad Social de aprobarse esta propuesta.
En concreto, el Ejecutivo propone que en los seis primeros tramos, correspondientes a rendimientos netos de entre 670 y 1.700 euros mensuales, los autónomos paguen a la Seguridad Social entre 250 y 294 euros de cuota mensual, lo que supondría rebajas de entre 52 y 65 euros respecto a lo que pagan ahora en promedio mensual.
Por contra, en los siete tramos restantes, que van desde los 1.701 a 4.050 euros mensuales de rendimientos netos, los autónomos tendrían que abonar a la Seguridad Social una cuota de entre 400 y 550 euros al mes, lo que supone entre 35 y 107 euros más al mes en comparación con la media actual.
De este modo, en función de esta propuesta, los autónomos con rendimientos netos mensuales de 670 euros o menos tendrían que abonar una cuota de 250 euros al mes, frente a la 307 euros actuales de media mensual. En este tramo de ingresos estarían algo más de 1,3 millones de autónomos.
Para quienes ganen entre 671 y 900 euros al mes (unos 220.000 autónomos) se propone una cuota de 260 euros, en contraste con la media mensual de 315 euros, y para los que ganen entre 901 y 1.125,9 euros (cerca de 352.000 autónomos) la cuota sería de 270 euros, 52 euros menos de los que pagan de media actualmente.
Para los que tengan rendimientos netos de entre 1.125,9 y 1.300 euros (unos 312.000 autónomos), la cotización propuesta alcanza los 290 euros mensuales (52 euros menos que la media), y para ingresos de entre 1.301 y 1.700 euros mensuales, donde se encuentran unos 230.000 trabajadores por cuenta propia, la cuota mensual sería de 294 euros mensuales, unos 60 euros menos de lo que se paga ahora de media.
PROPUESTA PARA LOS TRAMOS SUPERIORES: CUOTA DE 400 A 550 EUROS AL MES
A partir del séptimo tramo, las cuotas a ingresar se sitúan por encima del promedio mensual, es decir, que pagarían más de lo que pagan actualmente de media. Así, para los 87.000 autónomos cuyos rendimientos netos estén en la franja de entre 1.701 y 1.900 euros mensuales, se propone una cuota de 400 euros al mes.
Para los 146.500 autónomos que ganan entre 1.901 y 2.330 euros al mes, la cuota propuesta es de 440 euros; para los 104.000 que tienen rendimientos netos de entre 2.331 y 2.760 se plantean 460 euros de cuota; para los 77.000 autónomos con rendimientos de entre 2.761 y 3.190 se proponen 480 euros de cuota, y para los que ingresan entre 3.191 y 3.620 euros (57.000 autónomos) se piden 500 euros de cuota.
Por último, para rendimientos netos de entre 3.621 y 4.050, donde se encuentran unos 44.500 autónomos, la propuesta del Gobierno apunta a una cuota de 520 euros, y para los que ganan más de 4.050 euros mensuales (unos 236.000 autónomos), la cuota a ingresar sería de 550 euros.
"No cejaremos en el empeño de cambiar el actual sistema de cotización de los autónomos. Es de justicia que los que menos pueden, tengan que hacer un esfuerzo menor. Los que tienen la suerte de tener más, tienen que contribuir más. Nadie puede estar en contra", ha defendido Abad en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha expresado el rechazo de su organización a esta nueva propuesta de tramos del Gobierno porque, según denuncia, implica "subir entre un 33% y un 90% las cotizaciones a los autónomos que ganen más de 1.700 euros al mes y bajar sólo en un 15% a los que menos ganan (670 euros al mes)". "¡Con la que está cayendo en este país y la que está por caer!",
El Índice General de Precios de Exportación de los productos industriales registró un aumento interanual del 21,1% el pasado mes de abril, cuatro décimas por encima de la tasa de marzo y su mayor repunte interanual desde el inicio de la serie, en enero de 2006, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los precios de exportación de los productos industriales llevan diez meses consecutivos batiendo cifras récord.
La tasa de abril se ha visto impulsada especialmente por los bienes intermedios, los bienes de equipo y los bienes de consumo no duradero, que incrementaron su tasa interanual respecto a marzo. Por contra, la energía la recortó más de 40 puntos, hasta el 146,6%, por el abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.
Por su parte, los precios de importación de los productos industriales se incrementaron un 31,7% en comparación con abril de 2021, tasa un punto superior a la del mes anterior y también la más alta desde enero de 2006. En esta evolución también influyeron principalmente los bienes intermedios, los de equipo y los de consumo no duradero, en tanto que la energía moderó su tasa interanual hasta el 132,3%.
Con las cifras de abril de 2022, los precios de las exportaciones encadenan 16 meses consecutivos de avances interanuales, mientras que los de las importaciones suman 14 meses de tasas positivas.
PRECIOS DE EXPORTACIONES
Entre los sectores industriales que en abril tuvieron una influencia positiva en los precios de las exportaciones destacan los bienes intermedios, que elevaron su tasa interanual un punto y medio, hasta el 23,1%, por el encarecimiento de la fabricación de productos básicos de hierro y de productos químicos, así como los bienes de consumo no duradero, que incrementaron su tasa anual más de 1,5 puntos, hasta el 10,2%, por el aumento de costes en la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales y en la elaboración de productos cárnicos.
Asimismo, los bienes de equipo registraron en abril un aumento de su tasa interanual de 1,5 puntos, hasta el 4,3%, por el encarecimiento de la fabricación de vehículos de motor.
El único sector con influencia negativa en los precios de las exportaciones fue la energía, que recortó su tasa interanual 40,5 puntos, hasta el 146,6%, por el abaratamiento de la producción de energía eléctrica. En sentido contrario, subieron los precios del refino de petróleo.
Sin contar con la energía, la tasa anual del índice general de exportaciones aumentó el pasado mes de abril más de 1,5 puntos, hasta el 12,9%, la cifra más elevada desde el inicio de la serie, en 2006.
LOS PRECIOS DE IMPORTACIONES SE DISPARAN UN 31,7%
Según el INE, los precios de las importaciones de productos industriales registraron en el cuarto mes de este año un crecimiento récord del 31,7% en tasa interanual.
Por destino económico de los bienes, contribuyeron a este repunte los bienes de consumo no duradero, que elevaron su tasa interanual más de un punto, hasta el 10,1%, por el mayor coste de la industria de la alimentación y la confección de prendas de vestir; los bienes intermedios, que registraron una tasa anual del 22,8%, más de 1,5 puntos superior a la de marzo, por el encarecimiento de la industria química; y los bienes de equipo, que incrementaron su tasa interanual casi 1,5 puntos, hasta el 7,4%, por la subida de los precios en la fabricación de vehículos de motor y de maquinaria.
La energía, por su parte, influyó de manera negativa en la evolución interanual de los precios de importaciones, al presentar una tasa interanual en abril del 132,3%, seis décimas inferior a la de marzo, debido a que los precios de la extracción de crudo de petróleo y gas natural subieron menos en abril de este año que en igual mes de 2021 y también al abaratamiento del suministro energético.
Descontando la energía, los precios de importaciones de productos industriales registraron en abril un repunte interanual del 13,2%, casi 1,5 puntos más que en marzo y su tasa más alta también desde el arranque de la serie.
SUMAN 18 MESES SEGUIDOS DE SUBIDAS MENSUALES
En términos mensuales (abril sobre marzo), los precios de las exportaciones de productos industriales subieron un 1,4%, frente al incremento del 3,1% del mes anterior. Con este repunte, se encadenan ya 18 meses de ascensos mensuales.
Por su parte, los precios de las importaciones se incrementaron un 2,6% en abril respecto al mes anterior, tres puntos menos que en marzo. Con el dato de abril, este indicador también acumula 18 meses consecutivos de alzas mensuales.
Patronal y sindicatos del sector de la paquetería han suscrito un nuevo convenio colectivo para los próximos cuatro años que prevé una subida salarial del 2,5% en todas las categorías, aplicable desde el 1 de abril.
Así lo ha anunciado la Asociación Española de Empresas de Mensajería (AEM), que ha pactado este nuevo texto con el sindicato representativo del sector de la mensajería, la Federación Estatal de Servicios de la Unión Sindical Obrera (FS-USO).
Entre el resto de condiciones, destaca el ya fijado horario semanal a 38 horas, la inclusión de un día más de asuntos propios o la regulación de la jornada diaria efectiva, permitiendo al trabajador ver compensados los excesos de trabajo y fijándola en un máximo de 8,5 horas diarias con los descansos preceptivos.
"Es un convenio que hemos ampliado de tres a cuatro años, beneficioso para todos, en un sector estable y al alza como el de la mensajería, ya que nos permite trabajar con seguridad jurídica, y se ha adaptado a las necesidades y modalidades de los nuevos repartos, mejorando las condiciones de los trabajadores", ha señalado el presidente de AEM, Francisco Martínez.
El convenio también incluye la posibilidad de que los envíos que se realicen con vehículos eléctricos permitan al mensajero cobrar un porcentaje superior por entrega, con el fin de apoyar el reparto sostenible y motivar a los profesionales a que adquieran este tipo de vehículos, que les permitirá acceder sin limitaciones a todas las zonas de bajas emisiones de las ciudades.
Sobre cómo ha impactado en el sector de la mensajería los paros que han tenido lugar en el sector del transporte, desde AEM afirman que el aumento de los carburantes también está afectando a los repartos y se ha dejado fuera de las ayudas directas a las empresas de mensajería, que aún trabajan con vehículos de gasolina y gasóleo, y han sido destinadas solo a los transportistas.
"Es injusto que a un sector que se encuentra en crecimiento y con un amplio número de vehículos, no se les tenga en cuenta. Más aún cuando el precio del combustible ha subido una media del 32% respecto al año anterior, sin poder repercutir nada en la cadena de suministro, provocando que muchas mensajerías cierren"
El comercio minorista registró en abril un incremento de sus ventas del 3,3% en relación al mismo mes de 2021, tasa 8,8 puntos superior a la del mes anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, las ventas del comercio minorista regresaron en abril a tasas interanuales positivas después de que en marzo se desplomaran un 5,5%, registrando entonces su mayor caída en algo más de un año.
Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista subió un 1,5% interanual en abril, recuperando también tasas de crecimiento tras el descenso del 4,1% experimentado en febrero.
En cuanto al empleo, el sector registró en abril un incremento interanual de la ocupación del 2,3%, dos décimas menos que en marzo. Con este repunte, el empleo en el comercio minorista acumula ya 12 meses consecutivos de alzas interanuales.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social enviará ese jueves cartas a más de 83.600 empresas sospechosas de estar haciendo un uso irregular de contratos fijos-discontinuos y de contratos temporales, según fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por Europa Press.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, avanzó hace unos días que la Inspección iba a proceder este jueves al envío de estas cartas para asegurar el cumplimiento de las condiciones de trabajo por parte de empresas de sectores vinculados a la estacionalidad.
En concreto, según las fuentes consultadas, se va a proceder al envío de tres remesas de cartas, dirigidas a más de 83.600 empresas y que afectan a 199.800 trabajadores.
La reforma laboral, que entró plenamente en vigor el pasado 30 de marzo, establece que el contrato de trabajo ordinario es el indefinido y que sólo pueden hacerse contratos temporales con causas muy tasadas: por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo.
El primero sólo puede concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a doce si así lo establece el convenio colectivo sectorial de turno.
Esta causa podrá emplearse en situaciones previsibles, como las campañas de Navidad o agrícolas, por un periodo máximo de 90 días al año no consecutivos. En este tiempo, las empresas pueden realizar contratos temporales con causas que, aun siendo previsibles, tengan una duración reducida y limitada.
De esta forma, se expulsa de la legislación laboral el contrato por obra o servicio, que permitía temporalidades que en algunas ocasiones llegaban a los cuatro años.
El contrato temporal por sustitución puede celebrarse para sustituir a personas durante una suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo, para cubrir la jornada reducida por causa legal o convencional, así como para cubrir vacantes durante un proceso de selección. En este último supuesto la duración del contrato no puede exceder de tres meses.
MULTAS DE HASTA 10.000 EUROS POR CONTRATACIÓN TEMPORAL IRREGULAR
Con esta reforma, el contrato de obra en la construcción pasa a ser indefinido y cuando finalicen las tareas de la obra para la que ha sido contratado un trabajador, la empresa está obligada a recolocarle en otra obra o formarle.
Los sectores que estacionalmente recurren a contratos temporales tienen que utilizar a partir del pasado 30 de marzo el contrato fijo-discontinuo, que tienen los mismos derechos que el resto de indefinidos.
Asimismo, la norma reduce a 18 meses en un periodo de 24 meses el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido, frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses vigente anteriormente.
El incumplimiento de las normas que regulan la contratación temporal llevará a que el trabajador sea considerado indefinido. Con la reforma, las sanciones por el uso fraudulento de la contratación temporal se han elevado desde un máximo de 8.000 euros a un máximo de 10.000 euros y se aplican por cada situación fraudulenta y no por empresa, como ocurría anteriormente.
LA REFORMA LABORAL IMPULSA LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
Según datos de Trabajo, en abril se registraron 1.450.093 contratos, un 6,9% más que en el mismo mes de 2021. De todos ellos, 698.646 fueron contratos indefinidos, la mayor cifra de toda la serie en cualquier mes.
Este volumen de contratos fijos es un 325,8% superior al de abril de 2021 y representa el 48,2% del total de contratos efectuados en el cuarto mes del año, frente al 10% de diciembre de 2021, antes de la reforma laboral.
De los casi 700.000 contratos indefinidos firmados en abril, los contratos a tiempo completo sumaron 284.732, un 177,4% más que en igual mes de 2021, en tanto que los contratos indefinidos a tiempo parcial totalizaron 174.154 (+19,3%) y los fijos-discontinuos sumaron 238.760 (+125,4%).
Desde diciembre de 2021 hasta abril de 2022 los contratos indefinidos han multiplicado por casi cinco su peso sobre el total de la contratación y suponen ya casi uno de cada dos contratos firmados.
En abril se suscribieron 534.566 contratos fijos más que en igual mes de 2021 y 441.318 temporales menos. El 44% de los contratos firmados en abril por jóvenes menores de 25 años fueron indefinidos.
En los cuatro primeros meses del año se han realizado 6.162.323 contratos, un 16,8% más que en el primer cuatrimestre de 2021. De esta cantidad, 1.767.836 fueron contratos fijos, casi el triple que entre enero y abril del año pasado (+181,5%), y de ellos 865.250 eran a tiempo completo, un 116% más.
Los contratos indefinidos han crecido en todos los sectores económicos, especialmente en agricultura y construcción. En concreto, los contratos fijos en el sector agrícola han pasado de representar el 3% en diciembre de 2021 a suponer el 50% en abril de este año. En el caso de la construcción, el porcentaje ha subido en este periodo desde el 23% al 74%. En la industria, por su parte, representan ya uno de cada tres (34%) y en los servicios escalan desde el 12% de diciembre de 2021 al 48% en abril de 2022.
Entre los contratos suscritos en abril, algo más de 745.000 fueron contratos temporales, de los que el 25,5% fueron por circunstancias de la producción a tiempo completo y el 4,75% fueron de sustitución, también a tiempo completo. Por su parte, los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 17,1% del total.
La invasión rusa de Ucrania y su impacto sobre la inflación y las perspectivas de crecimiento ha amplificado vulnerabilidades existentes, aumentando los riesgos para la estabilidad del sector financiero, según ha señalado el Banco Central Europeo (BCE).
"Ha aumentado los riesgos para la estabilidad financiera a través de su impacto en prácticamente todos los aspectos de la actividad económica y las condiciones financieras", ha advertido el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en la presentación del informe 'Revisión de Estabilidad Financiera'.
El análisis del BCE constata que las condiciones de estabilidad financiera en la zona del euro han empeorado a medida que la invasión rusa de Ucrania ha impulsado al alza los precios de la energía y las materias primas, agravando los riesgos para la inflación y el crecimiento de la región.
En este sentido, advierte de que, si bien la reacción del mercado a la invasión ha sido en gran medida ordenada, los precios de las materias primas y la energía se han mantenido elevados y volátiles, provocando cierta tensión en los mercados de derivados y, a pesar de los ajustes recientes, algunos activos siguen expuestos al riesgo de nuevas correcciones en caso de que las perspectivas de crecimiento se debiliten aún más y/o la inflación resulte significativamente superior a la esperada.
"Las vulnerabilidades pueden aumentar debido al camino incierto de la guerra entre Rusia y Ucrania y las expectativas cambiantes de normalización de políticas en las economías avanzadas", señala el BCE, sin olvidar que otros factores globales potenciales, como un resurgimiento de la pandemia de Covid-19, debilidad en economías emergentes clave o una desaceleración más pronunciada en China, "también podrían afectar los riesgos para el crecimiento y la inflación".
De otro lado, tras la recuperación observada en 2021, las perspectivas de rentabilidad de los bancos europeos se han debilitado nuevamente.
Además, el impacto potencial del aumento de los precios de la energía, una mayor inflación y un crecimiento más débil podrían hacer que se materialicen los riesgos de calidad de los activos.
No obstante, el BCE reitera que solo unos pocos bancos tienen una exposición directa significativa a Rusia y Ucrania, por lo que el sistema bancario de la zona euro debería seguir siendo resistente incluso en escenarios económicos muy adversos.
"La resiliencia del sistema financiero se beneficiaría de un marco de reserva de capital más eficaz", defiende la institución, para la que también es necesario fortalecer la regulación para abordar los riesgos en el sector financiero no bancario.
DIFICULTADES PARA LAS EMPRESAS
Según el BCE, las empresas de la zona del euro se enfrentan a dificultades derivadas del aumento de los precios de los insumos y de unas perspectivas económicas más sombrías, lo que puede aumentar los incumplimientos corporativos, especialmente en caso de firmas y sectores que aún no se han recuperado por completo de la pandemia.
Además, el BCE advierte de que las empresas muy endeudadas y aquellas que tienen calificaciones crediticias más bajas pueden tener dificultades ante condiciones de financiación más estrictas.
Asimismo, los precios de la vivienda en la zona del euro han seguido subiendo y el crecimiento de los préstamos hipotecarios se ha acelerado, aunque el BCE confía en que la mayor presencia de hipotecas a tipo fijo debería proteger a muchos prestatarios de la subida de los tipos de interés.
El sector de la perfumería y cosmética se recupera, después de un 2020 en el que se vio fuertemente impactado por la pandemia, tras crecer un 7,38% en 2021, hasta alcanzar los 8.211 millones de euros de ingreso, según los datos ofrecidos por la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa).
En concreto, el consumo ha rozado cifras de 2018, pero aún se mantiene un 3% por debajo del pico histórico que el sector registró en 2019, ejercicio en el que se alcanzaron los 8.460 millones de euros de facturación.
"Estamos convencidos de que estamos ya en la recuperación, porque vemos ya una recuperación muy clara. El inicio de este año ha sido espectacular, con crecimiento de más del 11% en el primer trimestre", ha asegurado la directora general de Stanpa, Val Díez, durante la presentación de los datos del sector.
Una recuperación que ha sido desigual en las diferentes categorías. Así, los perfumes han experimentado un fuerte crecimiento del 24,48%, sobre todo los de alta gama, mientras que la cosmética de color, que se vio muy afectada por la pandemia, se ha recuperado tras subir un 22,1%, pero aún está 20% por debajo de los datos de 2019.
También crecieron en 2021 las categorías de cuidado de cabello, que se elevaron un 3,57%, y las de cuidado de la piel (11,7%), mientras que cayeron un 8,15% la de aseo e higiene, debido al efecto de los geles hidroalcólicos.
Por otro lado, Díez ha subrayado que el 'ecommerce' representa un "canal que ha venido para quedarse", tras crecer un 10,6% en España durante el año pasado, hasta alcanzar un volumen estimado de 866,13 millones de euros.
Tras los resultados de 2021, el sector se ha mostrado "optimista" de cara a consolidar esta recuperación en 2022. "Es muy difícil dar una previsión, pero esperamos que ese crecimiento del 11% del primer trimestre se consolide y se mantenga. Hay mucha incertidumbre, pero esperamos acabar con un crecimiento a doble dígito y las exportaciones con expectativas de seguir creciendo a un ritmo del 20%", ha avanzado Díez.
Una opinión que comparten los directivos de L'Oreal, Cantabria Labs y Natura Bissé, que han confirmado que sus compañías están registrando buenos resultados en este inicio de año y que esperan que se mantengan con la llegada de turistas y la campaña de verano.
LAS EXPORTACIONES SE DISPARAN
Por otro lado, las exportaciones de perfumes y cosméticos se dispararon un 22,7% en 2021, tras alcanzar un volumen de 5.384 millones de euros, y un 3,14% respecto a los registros de 2019, volviendo a niveles de prepandemia.
Las exportaciones comenzaron a despuntar en marzo, alcanzando niveles superiores a los de 2020 y 2019 a lo largo de la gran parte del ejercicio y especialmente durante la campaña de verano. Sin embargo, el efecto de Ómicron se dejó notar en la campaña de Navidad, cuando se registró una ligera caída.
"Sorprende y nos cuesta creer que España sea una potencia mundial de cosmética, pero es así y estamos por encima de sectores como el calzado, el vino y el aceite de oliva", ha indicado Val Díez, que ha subrayado que España cuenta con alrededor de 130 empresas exportadoras que lo "están haciendo fenomenal" a más de 150 países.
La directora general de Stanpa ha apuntado que las grandes multinacionales apuestan por fabricar en España, porque es un "país fiable, sin ser 'low-cost'". "Estamos muy orgullosos de que esas multinacionales estén arraigadas en el país y es algo que atrae también inversiones extranjeras", ha señalado.
"El aumento de exportaciones también se debe a que contamos con empresas que nacieron nacionales y ya son mundiales, al igual que muchas medianas que lo están haciendo realmente muy bien y no tienen complejo de salir al exterior", ha indicado.
Por categorías, todas las exportaciones crecieron en 2021 lideradas por los perfumes, que se elevaron un 41%, la cosmética de color (35%), el cuidado del cabello (18%), el cuidado de la piel (17%), y el aseo e higiene personal.
Respecto a los mercados, Francia fue el principal destino de las exportaciones españolas, con un crecimiento del 18%, seguido por Portugal (+10%), Alemania (+21%), Estados Unidos (+50%) y Reino Unido (+0,6%), mientras que Rusia, que registró un crecimiento del 58%, también figura entre los principales mercados.
Representantes de L'Oreal, Natura Bissé y Cantabria Labs han recalcado también la importancia de las exportaciones que seguirán siendo un motor para el sector.
De esta forma, el consejero delegado de L'Oreal en España y Portugal, Juan Alonso de Lomas, ha destacado que la exportación sigue siendo un "motor de crecimiento" y ha recordado que cuentan con la fábrica de Burgos, que exporta el 95% de su fabricación a más de 70 países, ya que allí se producen productos que van a todo el mundo.
De la misma opinión es el presidente de Cantabria Labs, Juan Matji, que ha avanzado que su compañía exporta ya el 65% a los más de 80 países en los que están presentes. "Digo muy orgulloso que todos nuestros productos son 'made in Spain'. Hace 20 años la Marca España no viajaba tan bien como ahora, porque es un país que atrae y exporta calidad", ha recalcado.
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superaron los 25,1 millones en abril, lo que supone multiplicar por seis (+507%) la cifra registrada en el mismo mes de 2021, cuando hubo 4,1 millones de pernoctaciones, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pese a este fuerte repunte, las pernoctaciones registradas en abril de este año por los hoteles españoles son menos de las que hubo en abril de 2019, antes de la pandemia, cuando se registraron 26,8 millones de pernoctaciones.
Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España superaron los 10,2 millones en abril, lo que representa el 40,7% del total. Por su parte, las de los extranjeros rebasaron los 14,9 millones.
En abril de 2022 la estancia media aumentó un 37,1% respecto al mismo mes del año anterior, situándose en 2,9 pernoctaciones por viajero.
Durante los cuatro primeros meses de 2022 las pernoctaciones en hoteles españoles se han incrementado un 430,1% respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, cinco veces más.
Debido a que la Semana Santa se ha celebrado este año en el mes de abril y en 2021 tuvo lugar entre marzo y abril, el INE analiza los datos del periodo agregado de ambos meses, observando un crecimiento de las pernoctaciones del 453,4% en marzo-abril de este año respecto al mismo periodo de 2021.
Este incremento bimestral se debe al repunte de las pernoctaciones de los españoles en un 218,9% y, sobre todo, al aumento de las realizadas por los extranjeros, con un volumen de pernoctaciones 11 veces superior al de marzo-abril de 2021.
Respecto a los precios, la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se disparó un 29,5% en abril, lo que supone 49,4 puntos por encima de la registrada en el mismo mes de 2021 y su mayor repunte desde el inicio de la serie, en 2002.
Por comunidades autónomas, las mayores subidas interanuales de los precios hoteleros se dieron en Andalucía (+43%) y Madrid (+42,9%).
Según los datos del INE, la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 96,3 euros en abril, lo que supone un aumento del 36,3% respecto al mismo mes de 2021.
Randstad inicia la búsqueda de 1.000 trabajadores para el sector hostelero, en una de las mayores ofertas de trabajo que sirve de antecedente para la próxima campaña estival, según ha informado la empresa de recursos humanos.
De entre los puestos, los más demandados son camareros, camareros de pisos y cocineros, siendo Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla, Castellón, Málaga, Valencia, Canarias y Baleares las provincias que más profesionales están buscando, aunque la necesidad es a escala nacional.
La hostelería, pese a ser uno de los sectores más golpeados por la actual crisis del coronavirus, está demostrando resiliencia y se sitúa como uno de los sectores con más rápida recuperación, alcanzando niveles similares, e incluso superiores, a los del 2019, antes de la pandemia.
En concreto, Randstad Research, en su valoración mensual del paro, expuso los datos de la afiliación a la Seguridad Social en el mes de abril, siendo el de la Hostelería el sector que experimentó un mayor aumento, más de 113.000 afiliados, seguido a gran distancia por el de Transporte y Almacenamiento.
El fin de restricciones y el buen tiempo están dinamizando el sector de la hostelería y, para hacer frente a la demanda, surgen oportunidades de empleo, según la empresa de recursos humanos.
Debido a que se trata de un sector en continuo crecimiento, los requisitos que se exigen a los trabajadores interesados en estos puestos ofertados se resumen en compromiso con el puesto, disponibilidad inmediata para incorporarse lo antes posible, porque la campaña estival está cerca y cierta experiencia en el sector.
Concretamente, el puesto de cocinero requiere de, por lo menos, un año de experiencia en los fogones y el de camarero también, como mínimo, doce meses en dar banquetes o dar servicios a la carta.
Para poder optar a estas más de 1.000 posiciones y encontrar una oportunidad laboral de cara a la campaña de verano que, este año, "gracias al dinamismo y la eficacia mostrada por el sector", será "el mejor en términos económicos", Randstad ha publicado las ofertas en su página web en el enlace https://www.randstad.es/flexibilidad-horeco/.
La nueva convocatoria de la línea de ayudas a la iniciativa Industria Conectada 4.0, 'Activa Financiación', ha recibido para este año 129 solicitudes por parte de 116 empresas por un importe global de 64 millones de euros, según ha informado este lunes el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Los 129 proyectos presentados abarcan el tratamiento avanzado de datos, la inteligencia artificial, la simulación industrial, y la realidad aumentada y la robótica, entre otros.
Este programa cuenta con dos líneas de actuación, Activa-Pymes, dedicada a proyectos realizados por pequeñas y medianas empresas, y Activa-Grandes implementaciones, de apoyo a proyectos realizados por cualquier tipo de sociedades.
Del total de solicitudes recibidas, 85 corresponden a la línea Activa Pyme y 44 a la línea Activa Grandes implementaciones. Esta convocatoria se enmarca y cofinancia dentro del Plan de Recuperación.
Desde el año 2021, esta línea de ayudas puede percibirse en forma de préstamo reembolsable o ser una combinación de préstamo y subvención.
Según el departamento que dirige Reyes Maroto, Cataluña ha sido la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes, un total de 60, seguida por Andalucía, con 15.
Industria resolverá en las próximas semanas la convocatoria y dará a conocer los proyectos que han resultado beneficiarios de la misma.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá este lunes con los agentes sociales a las 12.30 horas para abordar el fenómeno de la 'gran dimisión' en España, cuyo impacto no es muy significativo, pues la proporción de vacantes sin cubrir sólo es del 0,7%, frente al 2,5% de la media europea o el 3,8% de Alemania.
La reunión estará presidida por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey y a ella están convocados representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Por parte de CCOO asistirán Mari Cruz Vicente y Carlos Gutiérrez y, en nombre de UGT, participarán en este encuentro Mariano Hoya y Fernando Luján.
El concepto de la 'gran renuncia' hace referencia a una tendencia que se inició en Estados Unidos en la segunda mitad de 2021, por la que los trabajadores abandonan sus puestos de trabajo de forma voluntaria por diversos motivos.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido en las últimas semanas que en España "no existe un problema de gran renuncia o dimisión" como en Estados Unidos, pues apenas existen unas 109.000 vacantes laborales que no se cubren y que están muy concentradas en sectores como la hostelería, el comercio y en puestos altamente cualificados relacionados mayoritariamente con la digitalización.
"España no tiene un problema sobre esta realidad, como existe en Estados Unidos", subrayó el pasado viernes la vicepresidenta, que explicó que el objetivo de este encuentro con los agentes sociales es trabajar "pormenorizadamente" sobre las vacantes de cada uno de los sectores afectados.
La idea es analizar las razones por las que no se cubren esos puestos de trabajo en un país que aún cuenta con más de tres millones de desempleados.
En lo que respecta a las vacantes de puestos altamente cualificados, el Gobierno está trabajando en sinergias colectivas entre la Universidad y las empresas para diagnosticar las necesidades laborales y las formativas y poder cubrir los puestos que se requieren.
La directora general de Google para España y Portugal, Fuencisla Clemares, denunció el pasado viernes que faltan expertos en áreas tecnológicas como el Big Data o la ciberseguridad y advirtió de que esto se está convirtiendo, "de facto", en un "cuello de botella para hacer de la transformación de España una realidad".
MÁS DE 95.000 VACANTES EN EL SECTOR SERVICIOS
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), al finalizar el cuarto trimestre de 2021 había en España 109.085 vacantes sin cubrir, de las que 95.556 pertenecen al sector servicios; 7.223, a la industria; y 6.307, a la construcción.
Por ramas de actividad, el INE detectaba a finales de 2021 algo más de 31.500 vacantes sin cubrir en la Administración Pública; 13.480 en el comercio; 12.903 en actividades sanitarias y de servicios sociales; 8.477 en actividades profesionales, científicas y técnicas; 7.303 en actividades administrativas, y 6.285 en información y comunicaciones, entre otras.
Estadística entiende el concepto de vacante como el puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.
Casi el 95% de las empresas preguntadas por el INE respondieron que no tenían vacantes que cubrir en los últimos tres meses del año pasado porque no necesitaban trabajadores adicionales.
Cataluña y Madrid concentraban el mayor número de vacantes del cuarto trimestre del año pasado, con 24.551 y 22.253, respectivamente, mientras que Cantabria y La Rioja presentaron las menores cifras, con 374 y 553 vacantes, respectivamente.
Las 109.000 vacantes detectadas por el INE en la última parte de 2021 son menos de las contabilizadas en el tercer trimestre (118.888), pero más de las 76.007 que había en el cuarto trimestre de 2020, año en el que se inició la crisis sanitaria, y de las 101.009 del mismo periodo de 2019, en ausencia de pandemia.
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista caerá este sábado un 12,29% con respecto a este viernes y volverá a situarse por debajo de la cota de los 200 euros por megavatio hora (MWh).
En concreto, el precio medio del 'pool' para este sábado será de 178,71 euros/MWh, por lo que se abaratará en 25,03 euros frente a los 203,74 euros/MWh de este viernes, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) y recogidos por Europa Press.
De esta manera, el precio de la luz para mañana volverá a estar por debajo de la cota de los 200 euros/MWh tras el repunte de este viernes y será el precio más bajo desde el pasado 15 de mayo. En ese sentido, cabe destacar que el precio del 'pool' suele bajar los fines de semana debido a la caída de la demanda.
El precio máximo de la luz para este sábado se dará entre las 21.00 y las 22.00 horas, con 228,11 euros/MWh, mientras que el mínimo para la jornada, de 159,33 euros/MWh, se registrará entre las 16.00 y 17.00 horas.
Respecto a hace un año, el precio medio de la electricidad para este sábado será un 156,99% más caro que los 69,54 euros/MWh del 21 de mayo de 2021.
Los precios del 'pool' repercuten directamente en la tarifa regulada --el denominado PVPC--, a la que están acogidos casi 11 millones de hogares en el país, y sirven de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.
De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constatado que en 2021, en el marco de la espiral alcista de la energía, alrededor de 1,25 millones de personas pasaron del PVPC a una tarifa en el mercado libre a precio fijo.
TOPE AL GAS
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado el Real Decreto-Ley por el que se establece el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48,8 euros por megavatio/hora (MWh) durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros.
No obstante, el mecanismo, a pesar de su publicación como Real Decreto-Ley, está pendiente de contar con la decisión formal de Bruselas y de ser rubricado por una orden de la ministra para su aplicación.
El precio del 'pool' caerá en torno a un 38% en su precio promedio, desde los 210 euros por megavatio hora (MWh) marcados a lo largo del primer trimestre de este año hasta unos 130 euros/MWh. De este modo, la única electricidad que los consumidores pagarán a coste de gas será la producida con centrales de gas.
La medida ayudará así a contener la escalada de precios y la inflación y, sobre todo, ejercerá de cortafuegos ante la volatilidad de los precios del gas derivada de la guerra en Ucrania, facilitará también la reforma de la tarifa regulada --el denominado PVPC--, incorporando referencias de precios de los mercados de futuros.
El sector servicios elevó su facturación un 18,2% en marzo respecto al mismo mes de 2021, moderando en más de cinco puntos el ascenso registrado el mes anterior (+23,5%), según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el avance de marzo, los servicios encadenan 13 meses consecutivos de subidas interanuales después de un año de caídas como consecuencia de la pandemia.
Dentro de los servicios, la hostelería (servicios de alojamiento y servicios de comida y bebida) fue el sector que más incrementó sus ventas en marzo, un 85,4% en relación al mismo mes de 2021.
En concreto, los servicios de alojamiento multiplicaron por más de cuatro sus ventas en marzo en tasa interanual (+326,8%), mientras que los servicios de comida y bebida facturaron un 50,9% más. Estas tasas se han moderado respecto a las registradas en meses anteriores.
Junto a estas actividades, pero ya fuera de la hostelería, destacan también el aumento de las ventas de las agencias de viaje y operadores turísticos, que se multiplicaron por más de cinco (+422,4%), y del transporte aéreo, que las multiplicó por más de dos (+161,4%).
Por su parte, el comercio elevó un 16,2% su facturación anual, mientras que los otros servicios, donde se incluye la hostelería junto con otros subsectores, registraron un ascenso de sus ventas del 22,5% respecto a marzo de 2021.
Dentro del comercio, el mayor avance interanual de las ventas lo experimentó el comercio mayorista (+23%), seguido del comercio minorista (+8,8%). Por contra, la venta y reparación de vehículos recortó su facturación un 6,4% interanual en marzo.
En el caso de los otros servicios, el mayor incremento anual de las ventas se lo anotó la hostelería (+85,4%), seguido de actividades administrativas y servicios auxiliares (+36,4%); transporte y almacenamiento (+18,7%); actividades profesionales, científicas y técnicas (+10,7%), e información y comunicaciones (+10%).
Por comunidades autónomas, todas ellas elevaron el pasado mes de marzo su facturación en tasa interanual. Los mayores avances de las ventas en el sector servicios se dieron en Canarias (+49,7%), Baleares (+39,6%), Madrid (+21,6%) y Cataluña (+19,8%), mientras que los menores se registraron en Castilla y León (+6,1%) y Cantabria (+8%).
Corregida de efecto calendario y estacionalidad, la facturación del sector servicios se incrementó un 17,5% en marzo en relación al mismo mes de 2021, tasa 6,1 puntos inferior a la de febrero.
En los tres primeros meses del año, las ventas del sector servicios crecieron una media del 21,7% (+21,1% en la serie desestacionalizada), destacando los repuntes de las agencias de viajes (+382,1%), los servicios de alojamiento (+332,5%) y el transporte aéreo (+146,8%).
CAÍDA MENSUAL DE LAS VENTAS DEL 3,3%
En términos mensuales y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, el sector servicios registró en marzo un retroceso mensual de sus ventas del 3,3%, en contraste con al avance del 5,9% que experimentó en febrero.
Dentro de los otros servicios, que incrementaron un 0,6% sus ventas en el mes, sólo bajó la facturación en transporte y almacenamiento (-2,3%) y se registraron ascensos en el resto, especialmente en actividades administrativas (+3,1%) e información y comunicaciones (+1,4%), seguido de la hostelería y las actividades profesionales, ambas con subidas del 0,7%.
El comercio, por su lado, recortó sus ventas un 3,9% en marzo en relación al mes anterior, con descensos del 2,5% en el comercio minorista, del 12,7% en la venta y reparación de vehículos y del 4,5% en el comercio mayorista.
Por subsectores, los mayores repuntes mensuales de las ventas se dieron en los servicios de alojamiento (+17,6%), otras actividades profesionales (+13,4%) y transporte aéreo (+10,8%). Entre los descensos destacaron la venta y reparación de vehículos y motocicletas (-12,7%), los servicios de comida y bebida (-5,4%) y almacenamiento y actividades anexas al transporte, también con una caída del 5,4%.
EL EMPLEO REGISTRA SU MAYOR ALZA EN 20 AÑOS
Por duodécimo mes consecutivo y tras más de un año de caídas, la ocupación en el sector servicios creció en marzo, y lo hizo a un ritmo interanual del 4,8%, cuatro décimas más que en febrero y su tasa más elevada desde el comienzo de la serie, en enero de 2002.
En marzo subió un 6,7% interanual la ocupación en los otros servicios y un 1,9% en el comercio. Dentro de los otros servicios, la hostelería fue la que más incremento la ocupación, un 14,8% respecto a un año antes, su mayor alza en 20 años.
Todas las comunidades presentan en marzo aumentos interanuales de la ocupación en el sector servicios. Baleares se situó a la cabeza al disparar su número de ocupados en el sector un 16,3% interanual, siendo la única región con un aumento del empleo de dos dígitos.
Tras ella destacan los avances interanuales de la ocupación en Canarias (+7,1%), Cataluña (+6,1%) y Cantabria (+5,1%), en tanto que los incrementos más moderados se los anotaron País Vasco y Aragón (+2% en ambos casos), Castilla y León (+2,5%) y Asturias (+2,6%).
El empleo en el sector turístico superó en el mes de abril el nivel prepandemia por primera vez, con 2,555 millones de afiliados a la Seguridad Social, según los datos publicados este jueves por Turespaña.
En el último año se han generado 465.978 nuevas altas de trabajadores vinculados a actividades turísticas, lo que supone un crecimiento del 22,3%, continuando la tendencia que se inició en junio de 2021.
Así, en abril los trabajadores en alta laboral en el sector representaron el 12,7% del total de afiliados en la economía nacional.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado que, dos años después de "la peor crisis que ha enfrentado el turismo en toda su historia", España recupera los niveles de empleo que antes de la pandemia.
También, ha reivindicado que en la crisis anterior de 2009, con un impacto mucho menor, el empleo en turismo tardó seis años en recuperarse, lo que "demuestra que las recetas aplicadas en esta ocasión, con medidas para sostener a empresas y trabajadores como los ERTE, los avales del ICO o las ayudas directas, han sido más eficaces a la hora de favorecer una recuperación rápida del turismo en nuestro país".
El crecimiento del empleo se dio en todas las ramas turísticas: la hostelería sumó en el último año 357.342 nuevas altas (226.406 en los servicios de comidas y bebidas y 130.936 en los servicios de alojamiento), las agencias de viaje dieron de alta a 4.567 trabajadores, mientras que las otras actividades turísticas aumentaron en 104.069 afiliados.
En un 80,7%, los afiliados del sector turístico corresponde a asalariados (con un crecimiento del 28,2% con respecto al mismo mes de hace un año) y los autónomos representan un 19,3%, han aumentado en el último año un 2,7%.
El empleo en el conjunto de hosteler
