Trasvase: ¿Dónde están los que posaron en la foto de la vergüenza?

Murcia, sus políticos y el sindicato de regantes presumen del “Memorándum del Entendimiento” firmado “por el acuerdo de 5 comunidades autónomas”, pero decir una verdad a medias, o silenciar datos importantes de la verdad, convierten a esta en una auténtica mentira “premeditada”.

¿QUIENES FIRMARON EL MEMORANDUM DE LA VERGÜENZA?

Ese memorándum del que tanto se habla y del que tanto presume el PP fue firmado en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy, único presidente del Gobierno que se ha visto obligado, en varias ocasiones, a testificar ante determinados casos de corrupción que llevaron a condenar al PP como partido político, aunque se empeñen en seguirlo negando. Para pruebas están las sentencias.

Dentro de su Gobierno, el máximo responsable de Agricultura, en ese momento era Miguel Arias Cañete con Federico Ramos como Secretario de Estado de Medio Ambiente.

EL GOBIERNO DE RAJOY

Federico Ramos fue imputado en 2016 por el caso “Acuamed”, cuando era el número dos de Soraya Sáez de Santamaria, motivo por el que se vio obligado a dimitir como subsecretario de Presidencia, pero de su etapa al frente de Medio Ambiente, los tribunales advirtieron que sus acuerdos con FCC para compartir los gastos por la desaladora del Bajo Almanzora (Almería), eran más bien turbios. Parte de la cúpula de Acuamed (empresa dependiente del Ministerio de Agricultura) ingresó en prisión y el juez explicó, como el director general de esta empresa debía correr con el 40% de los gastos de reparación, mientras que el contratista debía hacer lo propio con el 60% restante, pero ambas partes, según el juez, habían pactado que esta cantidad se repusiera a la constructora con “modificaciones ficticias e irreales” en otras obras, que según se recogió en el juicio fueron pactadas “a muy alto nivel del Ministerio”.

Ese alto nivel del ministerio quedó reflejado con nombres y apellidos días después como, Miguel Arias Cañete, cuando en declaraciones, ante el juez, el propio Ramos llegó a decir que “en los momentos de tensión Arcadio Mateos (director general de Acuamed) era respaldado por Cañete”, quien lo habría nombrado a dedo previamente, quedando todo ello acreditado tras la imputación al director general de Acuamed, Arcadio Mateo como cabecilla de la trama corrupta que cobraba dádivas a cambio de beneficiar a empresas constructoras.

C. VALENCIANA

Como representante de la Comunidad Valenciana estaba Alberto Fabra, que al igual que Esperanza Aguirre, cuando reventó la corrupción en la Comunidad “no sabía nada”. No fueron suficientes sus 33 años de militancia ni sus 24 ostentando cargos públicos, cuando tuvo que sustituir a Francisco Camps tras su dimisión por el asunto de los “trajes” de la trama “Gürtel”.

Alberto Fabra fue imputado por el juzgado número 1 de Castellón por prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental pública en 2003 cuando era concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Castellón. En aquella ocasión el PSOE llevó al juzgado a un empresario, Luis Batalla, a quien el Ayuntamiento había adjudicado unos terrenos de Renfe que se liberaron tras el soterramiento de la vía del tren.

Alberto Fabra llegó donde llegó, gracias a su “padrino” Carlos Fabra, que terminó cumpliendo condena en la cárcel.

REGIÓN DE MURCIA

En aquel momento el presidente de Murcia era Pedro Antonio Sánchez López que ha sido procesado por los casos “Auditorio” y “Púnica”, imputado por cohecho, fraude y revelación de secretos en el caso “Púnica” en 2017.

El caso “Pasarelas”, una escisión del caso “Auditorio”, en el que se acusaba al presidente de Murcia de prevaricación, fraude y falsedad documental por la contratación irregular para la construcción de una pasarela y un puente en el Puerto Lumbreras, durante su etapa como alcalde de la localidad.

Pero en su nombre también actuaba Antonio Cerdá cuya imagen se borró con su actuación como miembro del Consejo de Adminsitración del Ente Público del Agua en el caso de corrupción conocido como “la desaladora de Escombreras”.

Un procedimiento que había sido iniciado en el año 2016 con actuaciones “secretas” para no interferir en la instrucción del mismo y que se hizo público en 2018, cuando se analizaron tres contratos (construcción, arrendamiento y mantenimiento) que supuso, según la Administración de Justicia, un “quebranto económico para la Región de Murcia”, cuando se detectó que el presupuesto inicial de esta operación era de 175 millones de euros que finalmente alcanzó los 600 millones.

No obstante cuando esto se hizo público, Antonio Cerdá ya había dimitido tras 16 años en el cargo, por estar imputado en el caso “Nova Cartago”, donde se estudiaban las irregularidades cometidas por la Administración Regional, en la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Mar Menor, para descatalogar unos terrenos protegidos y permitir la construcción de una urbanización de lujo que incluía 6.000 viviendas, campos de golf y hoteles.

En este caso se le acusó de prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.

C. DE MADRID

El presidente de la C. Madrid en aquel momento era Ignacio González, que fue condenado por fraude años más tarde e ingresado en prisión.

Acusado de fraude en el pago a jueces y fiscales por parte de la Comunidad de Madrid a través de la empresa Indra además de su implicación en la trama “Púnica” donde se le acusó de realizar algún pago, en representación de la Comunidad, a sociedades implicadas en la trama, alguna de las cuales tenía como cometido “mejorar su imagen pública en internet”.

A todo ello se sumó su ático de Marbella y las conversaciones con Villarejo, lo que le llevaron a ser imputado en 2016 por los delitos de cohecho y blanqueo de capital.

Fue detenido en 2018 por la operación Lezo y acusado de organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental.

EXTREMADURA

El presidente firmante por parte de Extremadura era José Antonio Monago, ese político que se hizo famoso a nivel nacional por realizar 32 viajes con cargo al Senado, para visitar a su “amante” en Santa Cruz de Tenerife, entre los años 2009 y 2010.

Primero negó los hechos, luego quiso justificarlos como “viajes de trabajo” y finalmente reconoció los hechos al tiempo que pidió perdón.

CASTILLA-LA MANCHA

La presidenta de Castilla-La Mancha en el momento de firmar el Memorándum, era María Dolores de Cospedal, poniendo la guinda a la más cruel gestión política sufrida por esta tierra en tiempos de democracia, que no se conformó con los recortes sanitarios, sociales, educativos, ni con la imposición de tasas a la discapacidad o el copago farmacéutico, sino que además vendió el caudal del Tajo durante cinco años al Levante de forma cruel e indiscriminada que nos han llevado a ver el río en las lamentables condiciones en las que se encuentra actualmente.

“Gürtel”, “la Caja B del PP” o los “Papeles de Bárcenas”,  no se resisten a la alargada sombra de la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha.

CONCLUSIÓN

El PP presume de un documento en el que constan las firmas de todos ellos.

Vale que los intereses políticos, del PP, pasen por mentir una y otra vez con afirmaciones descabelladas, como que “a partir de ahora se recortará el agua para el riego y también el de boca”. Palabras que solamente ha pronunciado el presidente regional de Murcia. Pero lo que resulta realmente incomprensible es que sigan defendiendo un Memorándum a todas luces injusto, ineficiente y asesino para el río Tajo, que implica no solo el desprecio al medio ambiente, sino también al turismo y la agricultura de Castilla-La Mancha en favor de las macro extensiones agrícolas del levante español.

En Castilla-La Mancha también hay empresas agroalimentarias que quieren desarrollar sin que nadie las prive de materia prima, pero sobre todo lo que tiene Castilla-La Mancha es una población que sufre cada día el estado de un río que ha sido motor, razón e incluso motivo del origen de muchas de sus poblaciones.

Los Castellano-manchegos luchan por mantener su espacio en condiciones al menos “aceptables” cuando han llegado a ser “insoportables”, por las plagas, los olores y el destrozo medioambiental ocasionado por una infraestructura franquista que hace tiempo debió ser cerrada.

 Murcia sigue gozando, disfrutando y presumiendo de su “Memorándum del Entendimiento entre los políticos del PP”, porque para el resto de la ciudadanía es un auténtico “Memorándum de vergüenza y corrupción”.

Una vez más queda demostrado que una mentira, repetida muchas veces, jamás se convierte en realidad, y sí atrae otras muchas verdades.

P. Moratilla