DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Bienestar Social, convoca para el año 2021 las subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales.
En esta ocasión serán 5,3 millones de euros los que destinará el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page a este fin en colaboración con las entidades de iniciativa social, es decir, incrementa la partida en 200.000 euros con respecto a la última convocatoria para financiar la realización de proyectos de integración y, con ello, paliar las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
Se pone así de manifiesto la importancia que tiene la colaboración con las entidades del Tercer Sector Social, que son los agentes más sensibles a los cambios sociales y con una capacidad de respuesta valorada por toda la sociedad, tal y como ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández.
Fernández ha asegurado que “para el Gobierno de Emiliano García-Page ahora más que nunca se deben desarrollar acciones para proteger a los colectivos que presentan mayor vulnerabilidad, que se encuentran en situación de pobreza y de exclusión social, puesto que tienen un mayor riesgo ante esta crisis sanitaria y económica tan dura que nos está azotando”.
En este sentido, la consejera portavoz ha valorado el papel que desempeñan las entidades sin ánimo de lucro, las organizaciones privadas de iniciativa social, las universidades y las instituciones científicas beneficiarias de este tipo de convocatorias, “de las que, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha quiero poner en valor su trabajo puesto que resultan fundamentales para la puesta en marcha de dispositivos y de proyectos que por su carácter, o territorial o multidimensional, trascienden el ámbito de intervención de los servicios sociales de la base”.
Es aquí donde cobra sentido la Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, que pretende ser un instrumento de impulso de la cooperación y colaboración del Gobierno regional con las entidades que trabajan en el ámbito de la intervención social, reconociendo su labor y su papel fundamental “como agentes transformadores de la realidad social” con la que intervienen, además de valorar su compromiso social, estimular la participación de la sociedad civil y reforzar el valor de la solidaridad.
Se concedieron 123 subvenciones a 61 entidades en 2020
Como ejemplo de ese papel, Blanca Fernández ha apuntado que en el año 2020 se concedieron un total de 123 subvenciones, siendo beneficiarias 61 entidades de iniciativa social, que beneficiaron directamente a 9.662 personas en situación de vulnerabilidad y que fueron atendidas por 818 profesionales de equipos multidisciplinares. Las características de los proyectos que se financiaron el año pasado son proyectos de inclusión social relacionados, por ejemplo, con la intervención familiar con infancia en situación de riesgo; alojamiento temporal par personal en riesgo de exclusión; centros de acogida temporal para inmigrantes; prevención e integración social de personas obligadas a ejercer la prostitución; programas de inclusión con la comunidad gitana; centros de atención residencial para personas sin hogar; o actuaciones para el desarrollo de la estrategia regional contra la pobreza y la desigualdad.
Pero el Gobierno regional considera que la intervención en materia de inclusión social no debe circunscribirse sólo al acompañamiento en la superación de las situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, sino que es necesario investigar sobre los factores y causas que inciden en las mismas, apoyar el diseño y la implementación de nuevos modelos de intervención, así como nuevos instrumentos que mejoren y optimicen la atención integral de las personas.
En este espacio de innovación y desarrollo resulta fundamental la colaboración con las universidades e instituciones vinculadas al ámbito académico.
Indicar que en las bases que rigen la convocatoria se determinan que los proyectos subvencionables serán los que tengan como finalidad la atención de situaciones de riesgo o exclusión social, considerándose las siguientes modalidades: procesos de Inclusión Social con comunidades marginadas; abordaje de situaciones de exclusión social que por la complejidad y singularidad que presentan requieren de un dispositivo específico de atención; y acciones dirigidas a la formación, innovación y desarrollo de nuevas herramientas de intervención en relación a la atención de las situaciones de exclusión social en el marco de los servicios sociales de atención primaria.
Fomentar nuevas actividades en zonas despobladas y en declive socieconómico
Para finalizar, Blanca Fernández ha manifestado que otro objetivo que persigue el Gobierno autonómico con esta convocatoria se centra en el fomento de nuevas actividades en zonas especialmente deprimidas por problemas de despoblamiento y declive socioeconómico, las llamadas zonas ITI.
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