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DCLM.ES · Albacete · Política

Encuentro Digital sobre las pensiones organizado por el PSOE

20.02.2021

Política en Albacete

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‘El Pacto de Toledo. El presente y futuro del sistema público de pensiones’ ha sido la temática abordada en la ‘Asamblea Virtual’ organizada este viernes, 19 de febrero, por el PSOE Provincial de Albacete con el objetivo de trasladar a la ciudadanía las últimas novedades en esta materia. Una cita en la que se ha reiterado el compromiso de los y las socialistas con el carácter público del Sistema de Seguridad Social, “que se asienta en los principios de solidaridad intergeneracional, así como en el de reparto y contribuidad”, como ha explicado el máximo representante de los y las socialistas albacetenses, Santi Cabañero, que ha sido el encargado de introducir este encuentro digital.

Una cita que ha tenido más de medio centenar de inscripciones (con notable presencia entre los y las participantes de integrantes de la Comisión Ejecutiva Provincial) y que, además, ha podido seguirse en directo a través de las Redes Sociales del PSOE albacetense, contando en ella con protagonistas de excepción con pleno dominio del tema a tratar: la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio (diputada por Guadalajara); el presidente de la Comisión del Senado ‘Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones’, Toni Ferrer (senador por Madrid) y el portavoz de ‘Seguridad Social’ de la misma Comisión, Alfonso Múñoz (senador por Córdoba). Todo, con la senadora socialista por Albacete (y portavoz de ‘Migraciones’ de la misma Comisión), Donelia Roldán, como moderadora.

Socialistas que, en todos los casos, trabajan a diario en la defensa de las pensiones y a quienes Cabañero ha agradecido profundamente su implicación y su participación en esta ‘Asamblea Abierta Digital’, incidiendo en la importancia que tiene el acuerdo alcanzado en lo relativo a las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo, por primera vez en los últimos diez años, ya que la reforma ejecutada por el PP (en 2013) no contó con ningún tipo de consenso (ni político, ni social); algo que, como ha explicado, supuso un gran perjuicio a los y las pensionistas que vieron desaparecer de forma fulminante la revalorización de las pensiones conforme al IPC, en detrimento del llamado ‘factor de sostenibilidad’ que, afortunadamente, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha aplicado, al hilo de lo que ha subrayado que, bien al contrario, “el actual Gobierno de España ha optado por subir las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumidor para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas” y que, “desde el PSOE, ya se ha presentado una Proposición no de Ley de derogación de esa reforma lesiva para quienes ponen fin a toda una vida de intenso trabajo”.

Santi Cabañero ha recordado que “defender un sistema público de pensiones es un acto de justicia social y vital (también económica) con quienes han levantado este país y han puesto en pie el Estado del Bienestar que hoy conocemos, porque nuestros mayores han dedicado su vida a forjar una España mejor (más igualitaria, más libre y con más oportunidades)... y lo mínimo que les debemos, es un Estado del Bienestar sólido (que, en momentos como los que estamos viviendo, se ha evidenciado que es imprescindible) y unas pensiones dignas”, añadiendo que “unas pensiones dignas son la mayor prueba del respeto y reconocimiento a una generación que ha dado lo mejor de sí misma en épocas muy difíciles, y que lo sigue haciendo”.

Igualmente, ha puesto en valor la actuación del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez al respecto, recordando que, para este 2021, la revalorización de las pensiones conforme al IPC previsto (en un 0,9% las contributivas y en un 1,8% las no contributivas) “va a beneficiar a más de 72.700 pensionistas en nuestra provincia, contribuyendo así a garantizar su poder adquisitivo y mejorando su día a día”. Una medida que viene a dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo y que es muy positiva para una provincia como la de Albacete (con un alto porcentaje de población mayor) porque, como ha explicado el responsable socialista, “favorece la cohesión territorial, mejora la calidad de vida de la ciudadanía y también el día a día de nuestros pueblos, contribuyendo a garantizar su futuro”.

En su intervención, Cabañero ha planteado otra “cuestión clave”: la brecha de género en materia de pensiones (que, en conjunto, se sitúa en torno al 30%) y que, inevitablemente, está ligada a la brecha de género en el ámbito laboral. “Una diferencia generada, lógicamente, por la desigualdad estructural que se ha venido dando y que lamentablemente, pese a los esfuerzos por corregirla, persiste” ha apuntado, subrayando que en la Igualdad también está el presente y el futuro de nuestros pueblos, porque las mujeres han contribuido decisivamente a la economía local, al desarrollo de nuestros municipios y combatir, con políticas públicas efectivas, la brecha en materia salarial, laboral y de pensiones es una obligación de los poderes públicos y debe ser un aspiración irrenunciable del PSOE.

Brecha de género en las pensiones que, como ha subrayado Magdalena Valerio, protagoniza la recomendación n.º 17 de las 22 creadas por parte de la Comisión del Pacto de Toledo que, ha incidido, “no podía dejar de hacer una mención muy especial a más de la mitad de la población: las mujeres”. En ese sentido, ha explicado cómo la devaluación sufrida por el mercado de trabajo español (especialmente, a raíz de la Reforma Laboral que el PP ejecutó en 2012) ha tenido a las mujeres como las grandes perjudicadas.

“Una mala vida laboral implica una mala pensión, y las mujeres lo vienen sufriendo con mayor incidencia – ha explicado-; el mercado de trabajo es vaso-comunicante con la TGSS y con las prestaciones que perciben esas personas (en este caso, pensionistas mujeres) en el presente. Aunque se han hecho esfuerzos y se han adoptado medidas, hay que buscar más y mejores políticas para erradicar la brecha de género salarial, porque sólo eso hará posible atajarla en el ámbito de las pensiones” ha añadido, concretando algunos RDL recientes que, de la mano del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, buscan ir atajando de forma efectiva esas brechas.

En este sentido, durante el encuentro, los y las protagonistas han remarcado el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que, entre lo más reciente, tiene la convalidación, este jueves, en el Congreso de un Real Decreto por el que se crea un nuevo complemento de las pensiones para reducir la brecha de género. Una medida impulsada por el Gobierno progresista de coalición que sumará una cuantía fija anual en la pensión por hijo (desde el primero y hasta cuatro) al progenitor que acredite un perjuicio en su carrera profesional tras el nacimiento (lo que, en la mayoría de ocasiones, corresponde a la mujer); cuantía que, en los casos de progenitores del mismo sexo, será para el que tenga una pensión menor.

Cabañero ha puesto de relieve que “los y las socialistas se pueden sentir orgullosos porque cuando se aprobaron las recomendaciones del Pacto de Toledo, el PSOE y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya venían trabajando en algunas de ellas”. Es el caso, por ejemplo, del mantenimiento del poder adquisitivo y la mejora de las pensiones, del avance en la separación de fuentes (ya que, en los Presupuestos, el Estado aportará 14.000 millones de € para financiar gastos no contributivos que actualmente soporta la Seguridad Social), o de la aprobación de un suplemento de crédito extraordinario de 6.000 millones de € para equilibrar el impacto que el Covid-19 ha tenido en las cuentas de la Seguridad Social.

Cuestiones que confrontan, de lleno, con ese grave e importante deterioro que el sistema público de pensiones sufrió con el último Gobierno del Partido Popular y que, además de al ya aludido de la brecha de género, ocasionaba perjuicios a nivel general. En este sentido, Toni Ferrer ha reiterado que el elemento clave para garantizar el sistema público de pensiones español es el empleo y se articula mediante una fórmula de reparto en la que las personas pensionistas y jubiladas reciben su pensión a través de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras en activo: “si el empleo no existe (o no es de calidad), el sistema pierde; y la Reforma Laboral que el PP llevó a cabo en 2012 provocó una devaluación general y profunda de la economía española rebajando salarios y originando nuevos empleos precarios, dañando severamente el sistema”.

“Cuando el PP dice que él gestiona bien lo público, hay que decirle que es absolutamente falso: al acabar el Gobierno de Rajoy - además de esquilmar el Fondo de Reserva de las Pensiones-, habían dejado un déficit público de casi 40.000 millones de € (un incremento de más de 30.000 millones con respecto a lo que encontró a su llegada); desde junio de 2018 han aflorado unos 40.000 falsos autónomos... y, de nuevo, es el PSOE en el Gobierno quien está trabajando con plena vocación para reconducir esa complicada situación (con el compromiso, además, de reducir ese déficit desorbitado de aquí al año 2023)… Porque está claro que si no atajamos la precariedad laboral, si no vuelve con garantías el diálogo social, no se podrá garantizar un sistema público de pensiones fuerte (que, incluso, debe plantearse nuevas vías de financiación complementaria)”, ha relatado.

En este sentido, han compartido que “hay que seguir avanzando, como apuntan estas recomendaciones, en otros aspectos que desde el PSOE siempre hemos defendido”; por ejemplo, que las cotizaciones sociales se destinen a financiar las prestaciones contributivas exclusivamente (mientras que las prestaciones no contributivas y otras prestaciones universales, se financien con aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social).

Un capítulo en el que Alfonso Muñoz ha tenido ocasión de hablar con más detenimiento en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), plenamente integrado en este debate en cuanto a no contributivas y que se puso en marcha por parte del Gobierno de nuestro país (entrando en vigor el pasado 1 de junio de 2020) con el objetivo ayudar a erradicar la pobreza extrema en nuestro país. “Está naciendo y, como ocurre en estos casos, cuesta su articulación (especialmente, en coyunturas complicadas como la que la sociedad atraviesa); no obstante, el compromiso es claro con su desarrollo e implementación por parte del Gobierno progresista de España” ha señalado Muñoz, que ha detallado que a finales de 2020 el IMV había llegado a unas 160.000 familias (unas 460.000 personas), “lejos, aún de la cifra a alcanzar, pero caminando con paso firme a pesar de las dificultades que su implantación está acarreando y que ha hecho preciso acometer diversas modificaciones para mejorarlo (por ejemplo, la que viene a suprimir el límite de personas beneficiarias que puede haber en una misma vivienda)” ha resaltado, entre otros cambios acometidos en este sentido.

Valerio, Ferrer y Muñoz han abordado algunas de las principales recomendaciones consensuadas en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo y aprobadas, posteriormente, en el Parlamento “por amplia mayoría”. Un documento que, entre otras cuestiones clave, defiende el carácter público de las pensiones y su revalorización conforme al IPC real, así como la necesidad de garantizar el equilibrio entre sostenibilidad social y financiera, despejando la incertidumbre sobre los medios económicos con los que contará el colectivo de los pensionistas.

Del mismo modo, han resaltado que se contempla la necesidad de avanzar en el proceso de ordenación de los regímenes, hasta llegar únicamente a dos encuadramientos: uno para las personas que trabajan por cuenta ajena y otro para las que lo hacen por cuenta propia.

Igualmente, han explicado que, en cuanto a los requisitos exigibles para obtener pensión y para su cálculo, no se establecen modificaciones: por tanto, se mantiene en 15 años el período mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva de la Seguridad Social; también la ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora; y la edad de jubilación en 67 años (o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización, con su correspondiente periodo transitorio).

Recomendaciones que plantean, además de las ya mencionadas medidas encaminadas específicamente a reducir la brecha de género en las pensiones, la puesta en marcha de iniciativas concretas que afectan a otros colectivos (como los de personas jóvenes, personas que padecen alguna discapacidad, y personas migrantes), así como la reformulación de las prestaciones de viudedad y orfandad (manteniendo el carácter contributivo de ambas), y la necesidad de afrontar el reto de la digitalización y la mejora de la gestión del sistema,apostando por la creación de una Agencia de Seguridad Social.

El líder de los y las socialistas de la provincia de Albacete, Santi Cabañero, ha concluido reivindicado que “el compromiso del PSOE es con las personas y pasa por avanzar en igualdad de género y de oportunidades, y en protección social para los y las más vulnerables; garantizar empleo digno a nuestros y nuestras jóvenes, para que no tengan que elegir entre sacarse el pasaporte para marchase de su tierra o la precariedad laboral; y también (y por su supuesto), por garantizar unas pensiones públicas dignas, revalorizadas conforme al IPC real”. 

 

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