Todo listo para una Transición Justa de la central nuclear de Zorita

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, han asistido esta tarde en Madrid, en la sede del Ministerio, a la firma del Protocolo de Actuación que desembocará, tras la elaboración participada por los agentes del territorio, en la firma del Convenio de Transición Justa para Zorita.

El protocolo ha sido suscrito por el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aages, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, y el presidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, Juan Pedro Sánchez.

Su objetivo es permitir a los agentes económicos y sociales de la zona afectada por la transición energética que formen parte activa del proceso de transformación económica en su territorio, aportando iniciativas que serán la base sobre la que se elaborará el Convenio de Transición Justa para la zona. Dicho convenio desarrollará un plan de acción territorial para el mantenimiento y creación de actividad y empleo, a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, en el territorio afectado por el cierre de la central nuclear de Zorita.

El ámbito geográfico del Convenio de Transición Justa de Zorita está delimitado por dieciocho municipios: los de Albalate de Zorita, Albares, Almoguera, Almonacid de Zorita, Driebes, Escopete, Hueva, Illana, Mazuecos, Mondéjar, Pastrana, Pozo de Almoguera, Sayatón, Valdeconcha, Yebra y Zorita de los Canes, de la provincia de Guadalajara, y los municipios de Buendía y El Valle de Altomira, de la provincia de Cuenca.

Los Protocolos de Actuación son documentos suscritos entre representantes de la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma y los Entes Locales cuyo objetivo es reflejar el compromiso expreso adquirido por parte de las diferentes Administraciones para la elaboración de los Convenios. Actúan como garantía para los diferentes actores y para los ciudadanos de las zonas afectadas por la transición energética y, en ellos, las diferentes Administraciones se comprometen a un trabajo conjunto.

Proceso de participación pública

Con la firma de este Protocolo se inicia un proceso de diagnóstico y participación social para la elaboración de este Convenio de Transición Justa. Se trata en una iniciativa pionera pues nunca se había realizado una actuación similar en zonas afectadas por el cierre de centrales nucleares.

El proceso de participación pública para el Convenio de Transición Justa de Zorita se iniciará el 1 de diciembre y estará abierto a la participación de los agentes del territorio, que podrán enviar sus propuestas hasta el 31 de enero del 2021.

La firma de los Convenios se producirá al final del proceso de elaboración e incluirán las mejores propuestas para el desarrollo de empleo sostenible en las zonas.

Al acto asistió también el presidente de la Diputación provincial de Guadalajara, José Luis Vega Pérez. Una administración que, junto a AMAC, ha desarrollado un trabajo previo que servirá de punto de partida en el desarrollo del Convenio de Transición Justa.

Convenios de Transición Justa

Tal y como queda reflejado en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se encuentra en tramitación parlamentaria, los Convenios de Transición Justa constituyen una de las herramientas de implementación de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España. Estas herramientas contribuyen a crear un nuevo tejido productivo en las zonas en transición a partir de la participación de los agentes implicados.

Para ello, los Convenios de Transición Justa trabajan en procesos bien diseñados, transparentes e inclusivos y con amplia participación de los actores implicados. El objetivo es identificar proyectos integrados de desarrollo territorial que garanticen la generación y fijación de empleo en las zonas afectadas, sostenible en el medio y largo plazo, en bases a criterios ambientales, sociales y económicos y que dinamicen la transición ecológica. Se trata de unir participación social con profesionalización de los procesos.

Este es el octavo protocolo de actuación que se firma en el marco de desarrollo de los Convenios de Transición Justa.