Comienza el Consejo de Ministros extraordinario para declarar el estado de alarma

El Consejo de Ministros extraordinario que va a declarar de nuevo en España el estado de alarma para hacer frente a la pandemia de coronavirus ha arrancado este domingo pocos minutos después de las 10.00 horas, después de que hasta once gobiernos autonómicos (siete del PSOE y ninguno del PP) hayan pedido que se apruebe este instrumento, con el objetivo de tener cobertura jurídica suficiente para endurecer las restricciones de movilidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó el viernes, en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa, de la gravedad de la situación, y de la necesidad de adoptar medidas estrictas ya, con el fin de evitar tener que llegar a un confinamiento domiciliario como el de marzo.

TOQUE DE QUEDA

Una de las medidas que se prevé poner en marcha, que muchas regiones han solicitado y otras ya han puesto en marcha, como Castilla y León o Comunidad Valenciana, es el toque de queda para evitar la movilidad nocturna. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lleva defendiendo durante toda la semana que esta restricción encuentra en el estado de alarma la mejor cobertura jurídica para poder aplicarse en todo o gran parte del territorio español.

Illa también confirmó que, para garantizar la continuidad de ese estado de alarma ya estaban buscando apoyos, en un claro llamamiento al PP para que dé su respaldo. El Gobierno no necesita el visto bueno del Congreso para aprobar el estado de alarma, pero sí para prorrogarlo más allá de los 15 días de vigencia inicial. De momento, el Ejecutivo ya se ha asegurado el apoyo de Ciudadanos.

Sin embargo, aún contando con los apoyos de Ciudadanos y los del PNV --que gobierna en el País Vasco--, el Gobierno no tendría garantizada todavía la mayoría, por lo que tendría que asegurarse el voto de otros partidos.

La sexta y última prórroga del estado de alarma de marzo salió adelante el 3 de junio con 177 votos: los 120 del PSOE, los 35 de Unidas Podemos, los 10 de Ciudadanos, 6 del PNV, dos de Más País-Equo, y los de Coalición Canaria-Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe.

MÁS DE UN MILLÓN DE CONTAGIOS

El Consejo de Ministros extraordinario de este domingo se celebra después de que Sánchez manifestara el viernes en su declaración institucional que estaba "listo" para adoptar las medidas que hiciera falta para doblegar la curva de contagios, tras alertar de que ya se había superado la cifra oficial de un millón de contagios.

Por todo ello, Sánchez ha decidido finalmente celebrar este domingo, tras haber regresado ya de Roma de ser recibido por el Papa, este Consejo de Ministros extraordinario, y no esperar ni siquiera a que se celebre este lunes la Conferencia de Presidentes prevista desde hace semanas.

Este estado de alarma, que se espera que prevé implantar a nivel nacional, llega un día después de que decayera este sábado el que declaró el Gobierno de manera "territorializada" en la Comunidad de Madrid hace dos semanas, para poner en marcha las medidas ordenadas por le Ministerio de Sanidad que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se negó a aplicar.

También llega después de que el Gobierno y las comunidades aprobaran este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) un plan de respuesta coordinada que incluye cuatro niveles de riesgo, con sus correspondientes medidas. En el nivel de alerta máxima se contemplaba ya expresamente la posibilidad de recurrir al estado de alarma para dar cobertura a medidas "excepcionales", tal y como ha recordado Sánchez en su comparecencia.

Tras superarse la primera ola del coronavirus, y decaer el estado de alarma iniciado en marzo por la progresiva pérdida de apoyos, Sánchez adoptó en verano una estrategia de "cogobernanza" con las comunidades, para que fueran ellas las que, en coordinación con Sanidad, se encargaran de gestionar la pandemia.

En esta línea, a finales de agosto puso a su disposición la posibilidad de solicitar la aprobación de un estado de alarma "territorializado" que sirviera como cobertura jurídica para aplicar medidas de movilidad más estrictas, si así lo consideraban necesario. En ese momento, Sánchez, ofreció a los presidentes autonómicos la posibilidad de acudir al Congreso a defender ellos mismos su petición.