La separación del poder del opusino Pérez de los Cobos

Llama la atención que el diario El Mundo, uno de los principales medios de comunicación que con más ímpetu ha favorecido a la derecha durante toda la pandemia, lance una entrevista con el destituido Pérez de los Cobos donde asegura que más que su cese le preocupa que se ponga en cuestión la “separación de poderes”. 

O bien se refiere a su propia separación del poder como coronel jefe de la guardia civil de Madrid, o puede interpretarse que el medio y el guardia civil del Opus entiendan a su manera la cautela de Montesquieu para que “el poder detenga al poder” de tal forma que la izquierda nunca esté legitimada para ejercerlo y, por ello, haciendo gala de la libertad y el equilibrio, puedan utilizar su poder y su influencia para intentar desestabilizar al gobierno y, si es posible, derrocarlo.

El diario Público ha revelado que el anterior Ministro del Interior con Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, supernumerario del Opus Dei (en la foto con Cospedal en la festividad del Corpus de 2015), dejó atada y bien atada la Secretaría de Estado de Seguridad, el verdadero núcleo de poder del Ministerio, bajo la dirección de Pérez de los Cobos “quien lo sigue dominando desde fuera. No se mueve nada sin que él lo sepa porque ha dejado allí a todos sus peones…”. Fernández Díaz construyó “un círculo de poder en la cúpula de la Guardia Civil formado por afiliados y simpatizantes del Opus Dei…”. “Pérez de los Cobos seguía siendo hasta ahora el filtrador, a través de sus hombres de confianza en Interior, de informaciones perjudiciales para el Gobierno y el que maniobraba en favor del PP y de Vox”.

Estas cosas son importantes cuando se intenta responder a la pregunta: ¿en cual de los tres poderes se incluye Pérez de los Cobos? ¿Es el instituto armado parte del poder ejecutivo, del legislativo o del judicial?

En cierta forma, los dos primeros poderes se regulan por las urnas. No así el judicial cuya cúpula sigue en manos de la derecha que ha perdido las elecciones. Se supone que un juez siempre va a actuar con neutralidad a pesar de que un partido político le sitúe en puestos clave como el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato de cinco años caducó el diciembre de 2018. PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del ‘popular’ Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal “desde detrás”. Ahora se da la curiosa circunstancia de que la sala segunda del Supremo se encargará de la querella presentada por familiares de muertos por la crisis del coronavirus en residencias de personas mayores contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión de la pandemia. ¿Quién preside esa sala segunda?: Manuel Marchena.

También, el pasado noviembre concluyó el mandato de los 12 miembros que componen el Tribunal Constitucional. La renovación de los órganos, que también deciden sobre las cúpulas judiciales de las comunidades autónomas, precisa del apoyo del PP. Pablo Casado se ha negado y sus razones debe tener. Su condición a Pedro Sánchez fue que, a cambio, el gobierno “abortase” la mesa de diálogo con el gobierno catalán.

Ya nos conocemos: tiene mucho que ver una cosa con la otra.

elObservadorDCLM