Las facturas por la atención en Urgencias son ya "habituales en hospitales públicos como el de Toledo"

A pesar de estos datos, el Hospital de Toledo cataloga de “errores puntuales” estos hechos que se suceden de manera reiterada con un objetivo disuasorio sobre la población inmigrante cada día más palpable.

Desde la aprobación de la disposición que niega el derecho a contar con tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular, en abril de 2012, miles de personas encuentran cerradas las puertas de acceso a una atención sanitaria normalizada a pesar de que la norma reconoce varias excepciones (seguimiento al embarazo, parto y postparto; atención sanitaria a menores de edad; atención de urgencias y acceso a los servicios de salud para víctimas de trata durante el periodo de reflexión).

Sin embargo, a día de hoy siguen produciéndose, en prácticamente todas las comunidades autónomas, casos de menores de edad y de mujeres embarazadas a quienes se les niega la atención médica por encontrarse en situación administrativa irregular, y de pacientes de urgencias a quienes se factura la atención recibida o a los que se les obliga a firmar un compromiso de pago, previo a su ingreso.

LA SITUACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA

Desde enero de 2013, Médicos del Mundo entrega un informe mensual al Servicio de Salud de Castilla La-Mancha (Sescam) y a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales en el que se les informa detalladamente de todas las dificultades que las personas inmigrantes deben afrontar en esta región para poder acceder a la atención sanitaria.

Hasta la fecha, se ha informado de 17 casos de mujeres embarazadas y 56 menores de edad a quienes se les negó la atención médica –o la tramitación de la tarjeta sanitaria-. Además, se registraron más de 20 casos de personas con enfermedades graves o crónicas que no tienen acceso a la atención sanitaria.

Si a la práctica recurrente de algunos hospitales, como el Hospital de Toledo, de emitir aviso de factura por la atención de urgencia se suman los otros casos de desatención, la consecuencia clara es la percepción extendida entre la población inmigrante –regularizada o no- de que con la reforma sanitaria no tiene derecho a la atención médica y sanitaria pública.

La Plataforma en Defensa de la Salud Pública en Toledo insta a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales a poner en marcha todas las medidas oportunas para poner fin de manera inmediata a las prácticas de facturación por la atención de urgencias a las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria.

Asimismo, anima a las autoridades sanitarias autonómicas a poner en marcha medidas de acceso a los servicios de salud para todas las personas inmigrantes que excluidas del Sistema Nacional de Salud (SNS), tal como ya lo han hecho otras diez comunidades autónomas.

A raíz de la reforma sanitaria iniciada en 2012, las personas sin derecho a tarjeta sanitaria tienen la obligación de suscribir “convenios especiales” como única vía de acceso al Sistema Nacional de Salud – no de urgencias-. De momento, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha no ha dado a conocer los requisitos y procedimientos para acceder a tales convenios en esta región que, por otra parte, están sujetos al pago de una cuota mensual que oscila entre los 60 y los 157 por persona.