DCLM.ES · OPINIONES · Feliciano Mayorga Tarriño
Identificar sin más democracia y derecho a decidir es una tremenda simplificación y una falacia que está impidiendo reconocer la raíz del problema. Pues si bien nadie puede negar que democracia significa derecho a decidir, el problema comienza a la hora de determinar quién es el titular de ese derecho. Y en caso de que no haya acuerdo el problema no puede ser resuelto por medio del voto, por la obvia razón de que habría que determinar primero quién tendría derecho a votar. La estrategia exitosa de los partidos soberanistas ha consistido en hacer creer a la gente que lo que está en juego es la democracia y no la independencia. Simplificación en la que ha caído buena parte de la izquierda.
Me explicaré. Existen en este histórico conflicto dos visiones opuestas de quién es el titular legítimo del derecho a decidir. Por un lado el nacionalismo español, para el que la nación coincide con los márgenes de lo que hoy llamamos España y que engloba de forma indisoluble a Cataluña. Por otra el nacionalismo catalán, para el que Cataluña debe ser considerada una nación, un sujeto soberano de pleno derecho con capacidad para conformar su propio Estado o decidir su integración en otro ya existente. Ambas opciones cuentan con su propio relato y podrían invocar argumentos históricos, políticos y jurídicos para defenderlo. Aunque más importante que la dudosa verdad del relato es la fuerza del sentimiento de pertenencia que despierta.
La Constitucion del 78, con todos sus defectos que soy el primero en reconocer, resolvió este conflicto propiciando un pacto de convivencia mediante el cual el nacionalismo español, de carácter más centralista, aceptaba su descentralización cediendo una parte más que significativa de autogobierno a las diferentes comunidades, satisfaciendo de ese modo parte de las aspiraciones del nacionalismo catalán y vasco. A cambio estos aceptarían la integridad territorial del Estado. El acuerdo se cerró con el apoyo masivo a la constitución tanto en España como Cataluña.
Lo más importante e irrenunciable del acuerdo con todo radica en establecer que es el marco jurídico compartido y no la procedencia étnica, cultural, nacional o lingüística de la persona el motivo para obtener la ciudadanía. Para ser ciudadano no hace falta más que pagar impuestos y cumplir las normas. Luego, cada cual en su fuero interno puede tener la identidad que desee: catalana, vasca, inglesa, cosmopolita, marciana o todas a la vez.
Pero por desgracia y por razones de sobra conocidas a las que no me referiré, y de las que cabe culpar a ambas partes, el acuerdo constitucional del 78 ha saltado por los aires y las cuestiones nacionales han vuelto a aparecer como una peligrosa locura colectiva que va camino de la catástrofe.
Soy pesimista en la posibilidad de llegar a un acuerdo, que tendría que pasar por una reforma de la actual Constitución en dirección a un Estado federal y solidario, que reconociera la singularidad de las comunidades históricas y redefiniera la espinosa cuestión de la financiación. Reforma y pacto de convivencia que debería ser votado en referéndum por todos los ciudadanos tanto de España como de Cataluña. Solo si este fuera rechazado en Cataluña o en el resto de España podrían plantearse otras opciones.
Pero pensar que puede resolverse mediante un referéndum pactado y con garantías -menos aun unilateral y sin ellas-, en el que solo votarían los ciudadanos de Cataluña y no la totalidad de ciudadanos del Estado español, como plantea tanto Unidos Podemos como los partidos nacionalistas, es desconocer la realidad de que el nacionalismo español jamás permitirá que se cuestione la integridad del territorio. Desconocimiento que para un partido de corte estatal como Podemos –a quienes por cierto voté en las pasadas elecciones por sus planteamientos sociales- puede suponer su suicidio político, corriendo el riesgo de convertirse en marginal por su apoyo incondicional al nacionalismo catalán, que será difícilmente perdonado por una parte importante de sus votantes que se sienten españoles, lo que dicho sea de paso es tan legítimo o como sentirse catalán.
No puede discutirse el derecho preferente de una comunidad a decidir sobre sus propios asuntos -de ahí que siempre sean legítimas las demandas de mayor autogobierno- pero afirmar que la mayoría de los habitantes de un territorio tengan derecho a decidir en exclusiva y de forma absolutamente independiente sobre él, es cuanto menos discutible y anacrónico, más propio del siglo XIX, impropio de un momento histórico en el que se impone una sociedad cosmopolita y globalizada, que exige más unión que fragmentación de los Estados. Es tan inconsistente ese planteamiento que, de ser correcto, todos los pueblos, ciudades y barrios de Cataluña que votaran en ese referéndum a favor de pertenecer a España, u optaran por tener su propia república o reino, deberían ser excluidos de la república catalana por el mismo principio de derecho a decidir invocado.
Por razones históricas, y no lógicas ni ideológicas, la izquierda simpatiza más con el nacionalismo catalán, de corte más urbano y progresista; y la derecha con el español, de corte más conservador y rural. A lo que se suma la identificación injustificada del estado constitucional y de España con el gobierno de Rajoy. Pero entender que posicionarse en este conflicto de una u otra forma es de izquierdas o de derechas es tan absurdo que despierta hilaridad, pues ser de derechas o izquierdas poco tiene que ver con la distribución del territorio sino con la distribución equitativa de los derechos, del poder y de la riqueza.
La prueba de la falsedad de este extendido prejuicio izquierdista es el encendido apoyo de la extrema derecha europea a las posiciones secesionistas defendidas por grupos de extrema izquierda como la CUP. Lo cual debería dar que pensar a quienes con ligereza descalifican de facha a quien no acepta el derecho de secesión. De hecho la izquierda debería estar contra toda forma de nacionalismo, lleva en su ADN el internacionalismo, privilegiando la identidad de clase sobre la identidad nacional, la solidaridad sobre el territorio. El modelo más afín a la izquierda no puede ser otro que el federalismo solidario, es decir el que propicia la cesión progresiva de soberanía en beneficio de unidades cada vez mayores y exige a los territorios más ricos colaboración con los más pobres. La independencia, y menos la de Cataluña, no es federal ni solidaria, es un muro y no un puente para la única república que merece constituirse: la república global cosmopolita.
Para acabar, una declaración unilateral de independencia por parte de la Generalitat, el órdago del todo o nada, no es solo una violación del estado constitucional que invalida las reglas mínimas desde las que es posible abordar la discrepancia, sino una declaración de guerra al nacionalismo español de consecuencias imprevisibles. La última se saldó con el aplastamiento de la rebelión separatista y el encarcelamiento de Companys por parte de la república en 1934. No puede descartarse que si sale victorioso el bando secesionista pueda lograr su soñada independencia, pero si no es así lo más probable es, tras la suspensión inmediata de la Generalitat por aplicación del 155, la limitación a largo plazo de su autogobierno actual en materias tan sensibles como educación o seguridad. Es decir la recentralización del Estado.
La historia dirá si recorrer este peligroso camino hacia la arcadia feliz de una Cataluña independiente, fuera del euro, de Europa e internamente herida y fracturada, ha merecido la pena.
Feliciano Mayorga,
filósofo y escritor
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