DCLM.ES · OPINIONES · Antonio Robles
Las respuestas dadas por el PSOE y por Cs sobre la conveniencia o no de aplicar el artículo 155 de la Constitución para neutralizar el golpe institucional en ciernes son la última aportación a la hegemonía moral del nacionalismo. La de Pedro Sánchez porque busca en la sacralización del diálogo una forma de asegurarse los votos futuros del nacionalismo para llegar a la Moncloa; la de Albert Rivera, porque definitivamente ha asumido la hegemonía moral del catalanismo, o por decirlo de forma exacta, ha interiorizado el campo de juego de sus chantajes emocionales. El primero está entregado a la plurinacionalidad, es decir, al nacionalismo, el segundo a la deconstrucción de la rebeldía inicial de Cs tan esencial para lograr una sociedad posnacionalista. El cálculo electoral y la aspiración a convertirse en heredero de los despojos de Convergencia y Unión han pesado más que el coraje de un hombre de Estado.
¿Por qué no son solo dos errores, sino sobre todo dos dejaciones pusilánimes de sus funciones?
Miren, si hemos llegado hasta aquí es porque desde la Transición hasta hoy los diferentes gobiernos de España y buena parte de la intelectualidad política que han conformado la legitimidad democrática han sido vasallos de la cosmovisión victimista del nacionalismo y no sus detractores. El resultado de esa anomalía ha representado la pérdida constante de la hegemonía política del Estado de Derecho, de la Constitución y de España, en favor de los nacionalismos. Hoy, si asistimos acomplejados al desprecio de la ley, es porque hemos consentido que unos vulgares golpistas hayan logrado monopolizar la hegemonía moral, social y política de la sociedad catalana. Y es ante ella donde titubean Albert Rivera y Pedro Sánchez. La evidencia más flagrante es su negación pública a aplicar el artículo 155.
“Invocar el artículo 155 solo sirve para alimentar el independentismo”, nos ha espetado el Pedro Sánchez más intoxicado por la propaganda nacionalista. “¿Desde cuándo la ley alimenta el delito?”, clamaba F.J.Los Santos contra el incauto. El miedo guarda la viña. Aún no se ha dado cuenta. La Portavoz del PSOE, Margarita Robles ya había asegurado que el PSOE nunca apoyarían la aplicación del 155, incluso Núria Parlón, miembro de la Ejecutiva de Sánchez, desde las filas del PSC, amenazaba días antes con recurrir a instancias internacionales si al PP se le ocurriese aplicar dicho artículo. Por su parte, Cs, a través de Albert Rivera, dejaba aún más clara su sumisión interiorizada al chantaje emocional del nacionalismo. Aplicar el Artículo 155, “sería darle un titular <<fantástico>> a los nacionalistas: <<ni se lo vamos a dar, ni lo vamos a aplicar>>, afirmaba Rivera categórico.
Llevamos muchos años deslegitimando el Estado de Derecho, la Constitución y estigmatizando a España y sus símbolos. Todo ello camuflado por el lenguaje ambiguo, y siempre tóxico que la izquierda ha tomado de los nacionalistas, y que ha dejado indefensos intelectualmente a muchos demócratas. Al no denunciar el carácter antidemocrático de los nacionalismos, se ha ido permitiendo una deslegitimación del sujeto de la soberanía nacional: el pueblo español; o sea, el conjunto de los ciudadanos.
La derecha ha pactado y entregado de manera irresponsable un poder incontrolado a los nacionalistas. Ha sido incapaz de aplicar la ley y defender la Constitución en temas esenciales. De hecho, la aplicación del 155 ya llega demasiado tarde en términos procedimentales. Y la izquierda no ha sabido defender una idea democrática de la nación española. Ha permitido poner en duda su legalidad y su legitimidad. Y ahora Cs se suma a la dejación, al complejo revestido de disculpa táctica.
Con el rechazo a la posibilidad de aplicar del artículo 155 de la Constitución, Rivera y Sánchez no están haciendo otra cosa que poner en duda la legitimidad de tal artículo, están cuestionando la hegemonía moral y política de la Constitución, y, por ende, están reforzando la sospecha nacionalista de que vivimos en un país autoritario y escasamente democrático.
Recordar la letra de la Constitución, recurrir a los instrumentos legales que nos da el Estado de Derecho para neutralizar la prevaricación, la secesión o cualquier otra navajada a la soberanía nacional no puede ser motivo de escándalo o provocar mala conciencia. Por ese camino nos llevan a la derrota del Estado de Derecho, porque al menos en el terreno emocional y moral, nos habrían vencido. Y eso en la guerra, es la antesala de la derrota.
Las declaraciones de Pedro Sánchez y Albert Rivera abundan en esa derrota, porque al aceptar que no se puede aplicar el 155 están sugiriendo (¿inconscientemente?) que la legalidad española arrastra un pecado original del que hemos de liberarnos, es decir, parten de la mala conciencia que hace del uso del 155, un abuso. El error intelectual es mayúsculo, la sumisión al acoso nacionalista, total. Sin darse cuenta han interiorizado las sospechas del nacionalismo, han aceptado sus reglas y su campo de juego, se miden y cruzan a través de su lenguaje, y aceptan de entrada que el Estado es culpable. He aquí el triunfo más sofisticado del nacionalismo, el de todo acosador moral.
Pero… ¿culpable de qué? ¿De ser Estado, de ser poder, de poseer los medios para imponer orden? No pueden ser más pusilánimes. Cada vez que aceptamos esa sumisión, renunciamos a ser, y por lo mismo, aceptamos las razones de quienes están dispuestos a cuestionar la legitimidad del Estado y de la misma democracia. De hecho, cada vez que se descuelgan con eso de que no hay que judicializar la política, uno se queda pasmado, no por la gansada, sino porque haya tantos políticos e intelectuales que se la compren. Supongo que a los delincuentes les va estupendo que no se les procese, pero estarán conmigo, que la política se haría imposible si el poder judicial estuviera maniatado por políticas y políticos arbitrarios. Si existe el poder judicial y la separación de poderes es precisamente porque los Tribunales son imprescindibles para evitar el abuso arbitrario del poder, condición indispensable para hacer posible la democracia misma. En algunos casos sin mayor dramatismo, como son las irregularidades a nivel formal como consecuencia de la dialéctica política, pero otras, como es el caso, con la soberbia más deleznable de la delincuencia. Aunque lo revistan de casquería pseudodemocrática para adolescentes adoctrinados y mal criados. El colmo de la obscenidad es cuando se ponen estupendos e histriónicamente se escandalizan porque el Estado les quiere neutralizar. ¿Y qué esperaban? ¿Qué se quedase con los brazos cruzados? ¿Acaso no es normal que el Estado ponga todos sus instrumentos coercitivos al servicio de los ciudadanos a su cargo? ¿Debería el Estado renunciar a su defensa? ¿Acaso el Estado no tiene derecho a neutralizar a quienes lo quieran fraccionar o negar? Sería la primera vez en la historia que un Estado se inhiba y permita ser destruido. Ni cloacas, ni operación Cataluña, ni Tribunales de justicia amordazados por políticos del tres al cuarto, basta ya de mantras para neutralizar la respuesta de la ley. El Estado tiene derecho a garantizar su supervivencia, entre otras cosas porque es la garantía del bien común de todos los ciudadanos españoles, sobre todo de los más débiles, pues los débiles son los que más dependen de las leyes democráticas para sobrevivir en igualdad de derechos con los más fuertes.
Hay, sin embargo, una irresponsabilidad mayor: la de políticos como estos, que, a pesar de ser padres, aún no han aprendido que nunca se debe sacar ventaja electoral a costa de la debilidad del Estado. Cualquier especialista en padres divorciados e hijos déspotas recomienda no intentar comprar el cariño de los hijos a costa de la deslealtad con su pareja. Cuanto más rivalicen por él, más insoportable se torna el niño. La debilidad de los padres es la primera señal visible de todo niño consentido. No hay antídoto contra eso, sólo el retorno de los padres a la responsabilidad de ejercer de padres. Es evidente que cuantas más fisuras muestren los dos partidos mayoritarios frente a las demandas de los nacionalistas, más seguros de sí se muestran estos y más déspotas serán sus exigencias.
Ha llegado la hora de revertir tanto consentimiento y capricho nacionalista. Desde el egoísmo más burdo, han perdido todo respeto a la ley y a los derechos de los demás ciudadanos. Y esto ya no se puede arreglar con más debilidad ni nuevas cesiones. El niño consentido ya es un adolescente sin respeto alguno a nadie y fuerza suficiente para plantarle cara a sus propios padres. Cree que tiene derecho a todo y al instante. De entre todos los males, éste quizás sea el peor, pues le ha perdido el más mínimo respeto a la fuente de dónde proviene toda su legalidad y legitimidad, el Estado social y Democrático español.
Esto ya no tiene arreglo, al menos arreglo sosegado. Han ido demasiado lejos y nadie está preparado para metabolizar tanta frustración previsible. Catadisney no existe, la historia que les han contado de la nación imaginaria a los niños de la estelada es un cúmulo de falsedades, la deuda impide comprar a más mercenarios y la Cataluña del peix al cove ha sido suplantada por los antisistema de la CUP. Tiempos malos para la lírica… Y para el saqueo.
P.D. Texto del Artículo 155 de la Constitución española:
Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Por compararla con la Constitución alemana, de la cual es deudora, dice el jurista Jorge de Esteban. “En Alemania la Ley Fundamental de Bonn la incluye en su artículo 37 para obligar a que los Länders cumplan con las obligaciones que les impongan la Constitución u otra ley federal. Pero, en este sentido, es mucho más concluyente -al menos sobre el papel- lo que señala el artículo 126 de la Constitución italiana: “El Parlamento regional podrá ser disuelto cuando ejecute actos contrarios a la Constitución o cometa graves violaciones de la ley o no atienda al Gobierno cuando le invite a sustituir a la Junta o al Presidente que hubiese realizado análogos actos o violaciones”. Y nadie se rasga las vestiduras por ello.
En cualquier caso, el 155 no anula la autonomía, solo la puede intervenir. Bueno es no dramatizar, pues como nos recuerda Santiago González, “Uno echa de menos a Tony Blair que suspendió cuatro veces la autonomía del Ulster, la última, (14 de octubre de 2002) durante cuatro años, seis meses y 24 días. Y no pasó nada”.
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