ANGEL LUIS LÓPEZ VILLAVERDE
Quien siembra recortes, recoge sabotajes
15/08/2012
El alcalde de Marinaleda y diputado andaluz por IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha calificado como acto de desobediencia civil su asalto a supermercados y lo ha justificado recurriendo a los mismos argumentos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, usó en su comparecencia parlamentaria para explicar los recortes: no le gustan pero no le queda más remedio. Mienten ambos, el alcalde y el presidente. El primero porque posee un currículum político cargado de actos de sabotaje. El segundo porque su ADN ideológico le impone un adelgazamiento hasta límites extremos del sector público en beneficio del privado. Por mucho que se empeñe en decir Rajoy que lo hace sin querer, por imposición, no es verdad. Las hemerotecas son testigos incómodos. Por cierto, buceando en ellas, recordamos –otra coincidencia más— cómo, apenas hace unos años, eran los populares, entonces en la oposición, los que alentaban actos de desobediencia civil contra algunas de las medidas de la primera legislatura de Zapatero.
Lo que ha conseguido el político andaluz es una notoriedad excesiva aprovechando el descontento social creciente. Incluso puede resultar un hecho anecdótico si se siguen desmantelando las políticas sociales. Descontento social pero también político, pues la crisis económica está haciendo aflorar un modelo de democracia "secuestrada" (término utilizado a modo de denuncia por diferentes historiadores, politólogos y periodistas) tanto por los llamados "mercados" (o si se prefiere, por el BCE y el FMI, por Bruselas y Berlín) como por unas instituciones cada vez más desprestigiadas, a juzgar por los sucesivos barómetros del CIS. Se visualiza, evidentemente, cuando un gobierno, siguiendo exigencias externas, pone en práctica medidas que había negado hasta la víspera y contradicen de plano su programa electoral (que debería ser un contrato político con los ciudadanos). Pero conviene recordar al señor Gordillo que su responsabilidad como líder político es incompatible con actuaciones que desbordan o atentan contra la legalidad. Es indudable que el marco político, económico y social heredado del pasado ha quedado obsoleto y resquebrajado por el capitalismo globalizado. Pero ni puede ser asaltado por unos ni tampoco ninguneado por otros.
Ambos extremos marcan la quiebra de un modelo de consenso democrático, aceptado en la Europa occidental tras la segunda posguerra y trasladado tres décadas después a la España de la Transición, caracterizado por unas reglas aceptadas por todos. Es sabido que lo formal, en democracia, es tan importante como lo esencial, el continente como el contenido, pues el desprecio de las formas la desprestigia. De la misma manera, su aceptación casi unánime como sistema político en los últimos decenios tuvo que ver con la inclusión de las minorías y los agentes sociales en la toma de decisiones y, fundamentalmente, con el disfrute de la sociedad del bienestar. Con cauces institucionales para fomentar la participación ciudadana y la garantía de unas libertades y servicios sociales básicos y universales, cualquier desbordamiento de la legalidad resultaba innecesaria.
Ahora bien, si desde arriba y desde abajo se incumplen las normas y se permiten atajos (por un lado, "estados de excepción parlamentario", como tituló un artículo Javier Pérez Royo en El País el 6 de julio pasado, y, por otro, la incitación a revueltas del hambre), nos vienen a la memoria prácticas de un tiempo remoto que parecía superado. Si el engaño electoral y la corrupción institucionalizada se suman a la proletarización de la clase media y la pauperización de las capas más vulnerables, el resultado puede ser dramático para la convivencia social. Si ciertos medios de comunicación se centran en la espuma de la ola y no en la corriente que la empuja o el gobierno impone el rigor policial en la persecución de los sindicalistas saboteadores más que en los ladrones de guante blanco, se vislumbra un panorama a corto y medio plazo muy negro.
En definitiva, si el poder político prefiere salvar a los bancos antes que a los parados, si atiende a los mercados engañando a los electores, si recorta en sanidad y educación públicas antes que gravar las SICAVs, si sube la imposición a las transferencias comerciales (IVA) y deja intactas a las de capital, nos encontramos con un problema de legitimidad democrática. Y a partir de aquí, cualquier cosa puede pasar. Los estómagos vacíos no se detienen ante nada y pueden encontrar la complicidad de cualquier político oportunista ¿Tendrá razón Antonio Gala cuando califica como colección de tontos a nuestros gobernantes?
Ángel Luis López Villaverde
