MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ HALCONES
CRUELDADES INTOLERABLES DEL GOBIERNO
27/06/2012
Las urnas en cualquier sistema democrático arrojan un veredicto incuestionable desde el punto de
vista político. Sin embargo cualquier resultado puede verse "arropado" o deslegitimado socialmente
por el clamor popular. Esta situación la estamos viviendo en nuestro país y en nuestra Comunidad
Autónoma.
Los políticos olvidan con demasiada frecuencia para qué gobiernan y para quién gobiernan, y con
este olvido provocan brechas sociales entre el electorado y la clase política, tan grandes que son
difíciles de cubrir por mucho que se empeñen.
En Educación en nuestra Comunidad, el despropósito y el destrozo es tan grande que pasará mucho
tiempo para que curen las heridas que están provocando en todos los sectores de la Comunidad
educativa.
Cualquier medida política puede ser legal pero no legítima desde el punto de vista moral o social, y
eso quien gobierna lo ignora; si no, no se entendería la crueldad de sus acciones de gobierno.
Fruto de la política de recortes que como único recurso está exhibiendo el gobierno regional, nos
encontramos con un sistema educativo destrozado: cierran escuelas rurales, han recortado las
plantillas de los centros, no convocan oposiciones, eliminan unidades escolares en centros públicos,
desatienden peticiones de negociación, desprecian a los representantes del profesorado, insultan y
agravian a los docentes… la lista sería interminable. Sin embargo hay dos medidas anunciadas
recientemente que suponen un salto cualitativo y cuantitativo en la demostración del desprecio más
absoluto por parte de la Administración hacia los administrados. Una la eliminación de las becas de
comedor para los alumnos. Otra el despido masivo de cerca de 9.000 docentes en toda la Comunidad
Autónoma.
La extensión de las becas de comedor para determinados alumnos ha supuesto siempre una ayuda
inestimable para familias que, desgraciadamente, no disponían de recursos para cumplir una de las
funciones más importantes: asegurar la manutención de los hijos.
Uno de los mejores destinos del dinero público siempre ha sido la beca como instrumento de igualdad
de oportunidades, eso nadie lo discute. Cuando la beca se destina a asegurar uno de los derechos
inalienables del ser humano, es decir, el derecho a la subsistencia, a comer en definitiva, en este
caso ese concepto traspasa la frontera de lo meramente social y se convierte en una acción
humanitaria por la que se suele distinguir a los pueblos y a las sociedades.
Suprimir una beca de comedor supone en estos momentos para muchas familias que se ven
afectadas por la tragedia del paro, la imposibilidad de alimentar a los hijos.
Posiblemente detrás de muchas becas de comedor existan situaciones fraudulentas pero eso no
justifica el desprecio de una Administración hacia unos niños que quizá tenían en el comedor escolar
el único recurso para una alimentación apropiada para su edad y sus necesidades.
Si hurtamos ese derecho a los alumnos, a los más necesitados, estamos deslegitimados para
denominar a nuestro país como Estado de Derecho.
La segunda medida, el despido de miles de interinos, constituye el mayor ataque colectivo a los
trabajadores que se recuerda en la historia reciente de este país y por supuesto en esta Comunidad.
El profesor interino lleva tiempo prestando un servicio inestimable a la sociedad, trabajando en
condiciones precarias, aceptando destinos y contratos en muchas situaciones impresentables y,
sobre todo, dignificando al sistema educativo como un miembro más del engranaje social.
Desde hace tiempo, fruto de luchas sindicales que muchas veces se olvidan, los docentes interinos
disfrutaban de un tratamiento similar al de los funcionarios de carrera en cuanto a derechos. Hoy, por
las exigencias de una austeridad que se está cuestionando en todos los foros internacionales, el
docente interino se ha convertido en chivo expiatorio de errores de otros o simplemente de los éxitos
de especuladores y estómagos agradecidos que están llevando la economía al nivel que les resulta
más rentable.
Despedir a los docentes interinos al final de las actividades lectivas como va a hacer la Consejería de
Educación, es una deslealtad absoluta hacia quien está cumpliendo su trabajo de forma abnegada,
sin ninguna seguridad pero con dosis de ilusión que ya quisiéramos que demostraran algunos
políticos. Y supone un desprecio hacia la labor docente que desempeñan. Es el desprecio más
absoluto de una empresa (la JCCM) hacia sus trabajadores, a los que considera un gasto más que
una inversión; a los que considera un problema más que una solución; a los que considera objetos de
usar y tirar. Son considerados poco menos que "material fungible".
La Consejería de Educación con esta medida va a destrozar miles de ilusiones, miles de esperanzas,
miles de esfuerzos y de horas de trabajo, miles de familias y proyectos de vida; conculcando un
derecho que tenían y con el que accedieron al puesto de trabajo que ocupan. Todo por cuadrar
números, todo por cuadrar unas cuentas que preocupan menos en otros ámbitos o para otros
menesteres.
Para algunos políticos es más prioritario prescindir de la nómina de los más débiles que de los
privilegios de los fuertes.
Miguel Ángel González Halcones
Secretario General de FETE-UGT TOLEDO




















