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DCLM.ES · Cuenca · Política

CCOO insta "el cese inmediato y fulminante" del director general de Salud Pública

"Manuel Tordera, que abrió el expediente en ausencia de cualquier indicio o apariencia de infracción y apartó de sus puestos de trabajo a los dos funcionarios "actuando al dictado" de una empresa "con evidente interés en el asunto".

20.03.2018

Política en Cuenca

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El TSJ-CLM, mediante una sentencia durísima, ha anulado el expediente disciplinario y las sanciones ‘cautelares’ impuestas en 2016 por la JCCM a un veterinario para “complacer” a una empresa cárnica, tal y como textualmente afirma el TSJ. La sentencia certifica que la Administración vulneró los derechos fundamentales del funcionario, al que el Gobierno regional deberá resarcir de los daños y perjuicios que se le causaron.

CCOO valora esta sentencia e insta el cese del director general de Salud Pública, Manuel Tordera, cuya actuación, subraya el TSJ-CLM, “entra de lleno en el terreno de la manifiesta arbitrariedad y demuestra y una complacencia y claudicación frente a los deseos de un administrado (la empresa cárnica) que a esta Sala le resulta de muy difícil explicación y que es frontalmente incompatible con el interés general que la Administración debe defender”

“La sentencia repone la dignidad y los derechos del este trabajador público y de otro veterinario, delegado sindical de CCOO, que optó por recurrir por la vía contencioso-administrativa en vez de por el cauce especial de protección de derechos fundamentales, pero cuya situación, y así lo relata la sentencia, es exactamente la misma: a ambos se les abrió expediente sancionador ‘en ausencia de cualquier indicio o apariencia de infracción’ y ‘sin el más leve atisbo’ de motivación legal; y se les apartó de sus puestos de trabajo ‘sin ni siquiera concederles trámite de audiencia’,  simplemente porque así lo pidió la mencionada empresa cárnica.”

El TSJ es muy crítico con el juez de primera instancia que dio por buena la actuación de los altos cargos de la JCCM implicados en el asunto; y más aún con la propia Administración, que “parece haber actuado a dictado de la sociedad inspeccionada y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”

La Administración vulneró así derechos fundamentales de los funcionarios públicos sancionados, conculcando los artículos 24 y 25 de la Constitución (además del 103 y del 105) “en tanto en cuanto se adoptó una medida desproporcionada en ausencia de cualquier indicio o apariencia de infracción y anticipando una sanción por algo que de ningún modo es sancionable”

En concreto, los veterinarios fueron apartados de su trabajo en el matadero de Incarlopsa en Tarancón porque sus reiteradas denuncias de incumplimientos en materia de Bienestar Animal, por lo demás plenamente constatados como resalta la propia sentencia, provocaron las quejas de la empresa.

CCOO considera que la contundencia de la sentencia y la gravedad de los principios constitucionales vulnerados obliga al consejero de Sanidad y cesar de inmediato a Tordera y a los demás altos cargos implicados en el asunto.

“Más aún cuando Tordera fue advertido por el propio sindicato de la injusticia y transcendencia de sus actos en la reunión que mantuvimos con él 15 de julio de 2016”, señala Ramón González, responsable del Sector Autonómico de la FSC-CCOO CLM.

“Esa reunión sirvió para constatar que algo no cuadraba, porque llevando todos los informes, trasladando al director general lo que esto podía suponer para la Junta y pidiéndole que actuase para defender el buen nombre de los funcionarios, su respuesta fue dar vía libre al expediente sancionador y complacer a Incarlopsa apartando de sus puestos de trabajo a los veterinarios, uno de ellos delegado sindical de CCOO”

 Los hechos se remontan al año 2013, cuando estos Veterinarios Oficiales de Matadero, funcionarios de la escala superior de Sanitarios Locales, comenzaron a levantar actas de infracción contra Incarlopsa por el incompleto proceso de aturdimiento de los animales antes de ser sacrificados.

Estas primeras denuncias motivaron la realización de una auditoria, que efectivamente “puso de manifiesto graves deficiencias estructurales obligando a la adopción de medidas correctoras” en el matadero.

Sin embargo, los veterinarios expedientados siguieron levantando actas porque, de hecho, como recoge la sentencia citando tanto testimonios de otros veterinarios como el informe emitido al efecto por la jefa de servicio en 2016, “el cumplimiento de las medidas correctoras acordadas en 2014 había sido deficiente (…) se desprende que hay cierto problema de Bienestar Animal en el matadero de Incarlopsa, para ello se está pendiente de que acaben las obras del nuevo matadero que tendrá una noria que aumentará el tiempo de exposición al CO2”

Por ello, la jefa de servicio advertía en su informe que las actuaciones de los veterinarios “no son constitutivas de infracciones, ya que han actuado en base a lo que han detectado en las inspecciones que realizan según el procedimiento de trabajo de la dirección general de Salud Pública.”

También el jefe de sección de Supervisión y Auditoría advirtió que “es evidente que el sistema de aturdimiento no funciona bien en la operadora Incarlopsa (…) como lo demuestra el hecho de que se están construyendo nuevas instalaciones, y mientras tanto ello supone una situación de tensión entre el operador y los veterinarios oficiales del matadero (…) Pero esta tensión entre intereses contrapuestos no puede desembocar en una sanción disciplinaria a unos funcionarios que se han sujetado a una aplicación estricta de la legislación”

Sin embargo, “en vez de asumir las actas de funcionarios públicos que ejercen la potestad inspectora y sancionadora con presunción de veracidad, el director general asumió las tesis de la empresa sin más averiguaciones e indagaciones, abriendo un expediente informativo a ambos funcionarios e imponiendo medidas cautelares, apartando a ambos del servicio”, denuncia Ramón González.

“Después de meses de estar apartados de su puesto de trabajo como medida cautelar y de que los veterinarios sancionados acudieran a los tribunales para defenderse, la Junta comenzó a recular y a dar los pasos necesarios para ir cerrando el expediente. ¿Por qué? Porque la nueva planta del matadero ya está abierta, ya han cesado los problemas de Bienestar Animal y, por tanto, ya no hay inconveniente en que los molestos funcionarios vuelvan a sus puestos.”

“Mientras tanto, una línea de sacrificio de 3.800 animales diarios estuvo funcionando ‘tranquilamente’ durante meses y meses, una vez apartados los dos funcionarios que denunciaban problemas muy serios en el sistema de aturdido de los animales”

“La sentencia del TSJ-CLM es tan contundente que da respeto tenerla en las manos. Describe una actuación muy grave por parte de la Administración, actuación de la que pueden desprenderse actuaciones judiciales contra su responsable. Por nuestra parte, no entenderemos que esto pueda tener una solución distinta al cese inmediato y fulminante del Director General de Salud Pública Manuel Tordera”.

CCOO

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