¿Qué pasa entre la Universidad y el Gobierno de Castilla-La Mancha?

El gobierno de Castilla-La Mancha quiere saber en qué gasta la Universidad regional el dinero público que recibe. La UCLM asegura que siempre ha sido transparente con sus cuentas e insiste en que no puede ser fiscalizada por el gobierno ya que eso atentaría contra su autonomía.

El gobierno responde que al menos trece autonomías ejercen en España el control de las cuentas de sus universidades desde el ejecutivo y que no se trata de coartar la autonomía universitaria, garantizada en asuntos como la libertad de cátedra, sino de tener acceso a las cuentas para conocer en qué invierte la UCLM el dinero público que recibe de los presupuestos.

El rector de la Universidad considera suficiente el control de sus gastos que se realiza desde auditorías internas y desde el Tribunal Nacional de Cuentas. Incluso ahora propone que vuelva a crearse la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, eliminada por Cospedal, para que su informe se eleve luego a las Cortes y sea el legislativo y no el gobierno quien fiscalice sus cuentas.

Cuando la Universidad reclama al gobierno 160 millones de euros en vez de los 140 consignados en los presupuestos, el ejecutivo le pide detalle de las necesidades que requiere la UCLM para solicitar 20 millones más. Y si el aumento se considera razonable y justificado, se concederá esa cantidad en un contrato-programa. El gobierno insiste en fiscalizar las cuentas y la Universidad se niega, alegando que se vulnera su autonomía.

Sobre estas bases se mueven las diferencias entre la Universidad y el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el debate presupuestario a punto de entrar en la recta final.

Seguro que tanto el gobierno como el rector de la Universidad saben sobre qué están exactamente debatiendo.

elObservadorDCLM