Cospedal y Marsegur, el cuento que nunca termina sino que se amplía

Cuando las fuerzas políticas se juntan entre sí, es porque suelen tener intereses comunes y lo mismo puede decirse de los políticos que se juntan con empresarios. Tal es el caso de Cospedal con la empresa Marsegur, Novo Segur, o Sinergias de vigilancia y seguridad, que al fin y al cabo es la misma raíz empresarial.

La mujer que más amaba los recortes en la crisis, Dolores de Cospedal, es la que financia desde su ministerio, casi en su totalidad esta empresa de seguridad, que tiene casi 200 actas de infracción de la inspección de trabajo y de la Seguridad Social y que aplica a sus trabajadores un convenio low-cost  que ha sido anulado por dos veces en la Audiencia Nacional, a instancias de la propia ministra de Trabajo Fátima Báñez. La Audiencia Nacional suspendió en convenio a Marsegur en 2014 por “nulidad de representación sindical en la empresa” y fue ratificada la nulidad del convenio posteriormente por el Tribunal Supremo. Lo mismo ocurrió con el convenio de 2015 del que aún falta la sentencia firme del Supremo y por ello sigue vigente.

Marsegur puede licitar a la “más baja”, por vulnerar los derechos de sus trabajadores, pagándoles una nómina de 789 euros en lugar de los 1091 que marca el convenio estatal y que además cobran sus salarios con dos semanas de retraso. Las guardias se las pagan con un suplemento de 10 céntimos, lo mismo que el trabajo que se realiza en domingos y/o festivos. Las horas extraordinarias se cobran al mismo precio que las horas ordinarias. Todo ello gracias a la reforma laboral del Partido Popular en 2012 que ampara este tipo de prácticas al permitir que los convenios de las empresas prevalezcan sobre el convenio estatal.  

Entre 2014-2019 se ha contratado con esta empresa privada desde la Administración General del Estado por el Ministerio de Defensa (con un importe de 19 millones de euros), Ministerio de Empleo y Seguridad Social (3 millones de euros), Ministerio del Interior (1 millón de euros), y por debajo de 1 millón de euros Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de Economía y competitividad, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.

Hace unos meses el Congreso de los Diputados requirió al Ministerio de Defensa para que anulara los contratos que tenía con esta empresa por “el incumplimiento de los derechos de los trabajadores”, algo que votaron a favor todos los partidos políticos excepto el Partido Popular. Con posterioridad la empresa cambió de nombre, por lo que ahora se identifica como Novo Segur, debido a la publicidad negativa tras este requerimiento –según las argumentaciones de la propia empresa- y aunque el Ministerio de Defensa anunció ya en el mes de septiembre,  la cancelación de los contratos vigentes con esta empresa, ningún movimiento relacionado con ello ha trascendido desde entonces, sino más bien lo contrario. La resolución del contrato con el Ministerio de Defensa, el mayor de todos ellos al superar los 12 millones de euros, debe ser autorizada por el Consejo de Ministros. Sin embargo el Ministerio de Trabajo, quien ha adjudicado en este caso, no tiene tan complicado rescindirlos ya que no llega al millón de euros.  Lejos de penalizar estas situaciones anómalas a Marsegur, esta semana hemos sabido que  “la Seguridad Social ha adjudicado a la empresa 'Marsegur' la vigilancia y seguridad durante el año 2018 de los centros y locales dependientes de las direcciones provinciales de la Tesorería General y del INSS de Ciudad Real”.

Mientras tanto trabajadores a los que les fueron requisadas las armas, por la guardia civil, al carecer de la documentación en regla, seguirán realizando su trabajo aunque no lo hagan por los servicios que los Ministerios les están pagando. En esta situación y dependiendo del Ministerio de Defensa solo en Castilla-La Mancha, así lo están haciendo en el Museo del Ejercito de Toledo y en el Acuartelamiento del Capitán Arenas de Guadalajara, aunque este país se encuentre en alerta 4 por amenaza terrorista y en algunos casos se preste este servicio sin armas, cuando la ley obliga a prestarlo con ellas. A partir del 1 de enero también prestará sus servicios esta empresa en las direcciones provinciales de la Tesorería general de la Seguridad Social y en el INSS de Ciudad Real.

Sería tan simple como que se dictara sentencia firme sobre el convenio de la empresa, ratificando una vez más con su sentencia las ya dictadas con anterioridad y de esa manera se podría aplicar el artículo 60 de la Ley de Contratos del Estado prohibiendo a esta empresa mantener las condiciones actuales de sus trabajadores, porque es evidente que cuando la Justicia es lenta… deja de ser Justicia. 

Dclm.es