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DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política

Estudio sobre Política del Agua, elaborado por el PSOE

Una revisión profunda sobre política del AGUA

El agua debe recogerse en nuestra Constitución como un derecho humano que debe gestionarse desde la solidaridad como un capital común de todos los ciudadanos. Los caudales ecológicos serán requisito previo a cualquier demanda que debe conciliar la economía con la ecología.

30.11.2017

Política en Castilla-La Mancha

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Desigualdades económicas crecientes y cada vez más desequilibrio ambiental. Son dos consecuencias que, a juicio del Partido Socialista, está generando el actual modelo basado en el neoliberalismo económico. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha elaborado un trabajo sobre Política del Agua. Opinan que el agua debe considerarse un bien común público, básico para la vida cuyo uso debe garantizar el equilibrio social y la igualdad.

En su estudio sobre el futuro del agua en España, el PSOE mantiene que el Calentamiento Global y por tanto el cambio climático derivado crea nuevos escenarios donde estos desequilibrios y desigualdades se ven agudizados. Por ello, es preciso conciliar la economía con la ecología como condición para mantener un modelo económico y social realmente sostenible.

ECONOMÍA VERDE Y EL CARÁCTER FINITO DEL AGUA

El PSOE añade en su estudio que deben generarse en ese nuevo escenario unos principios basados en la economía verde donde el uso de los recursos naturales tenga en cuenta su carácter finito y los ciclos naturales como el del agua, un recurso esencial para la vida y un factor de cohesión social y de vertebración territorial como bien económico, integrador social y soporte ecológico.

LOS RECURSOS NATURALES COMO SEGURIDAD VITAL

El informe considera también que un Estado Social cuenta con seguridades vitales como la sanidad, la educación o las pensiones pero que estos servicios deben ampliarse a otros factores de seguridad ligados a garantizar la disponibilidad de los recursos naturales para todos y su sostenibilidad en el tiempo, especialmente el agua.

EL AGUA, UN DERECHO HUMANO

Se considera también en el estudio el agua como un Derecho Humano que debe recogerse en nuestra Constitución, desde la responsabilidad para gestionar este capital natural común de todos los ciudadanos y desde la solidaridad, como seña de identidad de equidad social.

DIVERSOS SENTIMIENTOS DE IDENTIDAD

Al observar los antecedentes históricos, el PSOE detecta que el uso del agua en España ha generado determinados sentimientos particulares de identidad patrimonial que se apoyan en la reivindicación de derechos históricos. La idea partió del regeneracionismo, basado en el desarrollo económico de una sociedad agraria dominante, una inercia que ha llegado hasta nuestros días.

El problema es que se desconocían los límites de la naturaleza y de sus ciclos y solo se contemplaba la construcción de infraestructuras, embalses, canalizaciones, pozos, etc., en un enfoque exclusivo de política de oferta: la política hídrica se basaba únicamente en obras civiles que no consideraban el agua como un bien natural.

DOS REALIDADES

“En base a esta concepción, en España han convivido dos realidades. Unos territorios donde se ha optimizado el uso del agua, con sus déficits estructurales climatológicos, de tal forma que se ha desarrollado una potente agroindustria con grandes demandas hídricas que en gran medida se detraen de otros territorios. Por otra parte, en otras áreas donde los déficits hídricos son apenas inexistentes se implantaron regadíos a mediados de siglo y que tras los procesos de regularización hídrica de los años 80 han pretendido seguir operando en el sistema desregulado en el que se implantaron”.

LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA DE LA UNIÓN EUROPEA

Avanza el informe del PSOE recordando que a primeros de siglo XXI, dada nuestra pertenencia a la UE, la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA) obliga a reorientar la política del agua, con la integración de tres elementos esenciales interactuantes:

1.- Agua como soporte ecosistémico, que exige considerar los caudales ecológicos como requisito previo a cualquier demanda.

2.- Principio de recuperación de costes económicos de las infraestructuras, hasta ahora financiadas básicamente con cargo a los presupuestos generales del Estado.

3.- Transparencia y participación ciudadana en la planificación y gestión del agua, incorporando nuevos agentes a la tradicional participación de los regantes.

Recuerdan los socialistas la derogación en 2004 del Plan Hidrológico Nacional del Partido Popular “con su propuesta estrella de trasvase del Ebro”, y la puesta en marcha de un Programa Agua con distintas actuaciones de depuración, modernización de regadíos y fuentes alternativas, especialmente la Desalación de Aguas Marinas, destinada a satisfacer las demandas de las regiones del Levante.

LA DESALACIÓN

Según el informe, el programa de desalación “cambiaba completamente la forma de entender la gestión hídrica acercándonos a la realidad del Cambio Climático no solo futuro sino ya muy presente. Ya no se trata de mover el agua solamente, de cambiar sus ciclos intercuencas, de entender el agua como fluido inerte que se puede canalizar de manera mecánica. Los movimientos de tierra dan paso a la tecnología que asegura y garantiza suministro más allá de veleidades climáticas. Ese es el principio fundamental de las Estaciones Desaladoras, creando marcos estables de abastecimiento en lugares con déficits hídricos, con más posibilidades de seguimiento y control del uso del agua y en una lógica tecnológica de mejora paulatina en cuanto a eficiencia energética en un entorno creciente de utilización de energías renovables en su operación”.

LA DESCABALADA POLÍTICA DE RECORTES DEL PP TAMBIÉN AFECTÓ AL FUTURO DEL AGUA

“En la legislatura 2004-2008 se pusieron las bases de una nueva política de agua que deberían conducir a la necesaria modificación de la Ley de Aguas de 1985. La posterior irrupción de la crisis, y una descabalada política de recortes emprendida por el PP que ahora se demuestra radicalmente equivocada, trajeron como consecuencia la drástica reducción de inversiones en modernización de regadíos, de optimización de las infraestructuras existentes, de mejora de la eficiencia en el consumo de agua en las ciudades, de control y gestión de las aguas subterráneas, de depuración y de reutilización, así como de construcción de plantas desaladoras con las correspondientes conexiones”.

LA NUEVA POLÍTICA DEL AGUA

Con estas premisas, el PSOE considera que Cambio Climático crea un nuevo escenario de adaptación y mitigación en distintas áreas pero muy especialmente en el agua, que hace necesario incentivar la gestión desde usos sostenibles:

1.- Ahorro y Eficiencia en la distribución y uso, optimizando las infraestructuras existentes y analizando la huella hídrica de las diferentes actividades.

2.-Regeneración, depuración y reutilización.

3.- Generación de fuentes alternativas (desalación y desalobración)

4.- Mantenimiento de ecosistemas fluviales, que favorecen la adaptación al cambio climático.

UNA NUEVA VISIÓN DEL RECURSO DEL AGUA

En la nueva visión del recurso del agua, el PSOE considera esencial “entender que la planificación hídrica debe tener muy en cuenta el ciclo natural del agua, la cuenca por donde discurre y, por tanto, una gestión armónica con esos ciclos y la capacidad de que el agua se regenere tras su uso manteniendo así los sistemas hídricos.

EL AGUA NO DEBE SER FACTOR DE DISCORDIA SINO DE UNIÓN

El informe considera que el agua no debe ser un factor de discordia sino de unión si tenemos en cuenta su enorme valor para la vida y la economía: “Esta nueva orientación en materia de política del agua debe estar basada en la transparencia y participación de cada uno de los agentes ligados a la gestión del agua y del ejercicio de corresponsabilidad, especialmente de los Gestores Públicos en sus distintos niveles de responsabilidad".

La participación de los ciudadanos en la gestión del agua debe basarse en:

1.- Huir de su mero utilitarismo comprendiendo en sí el recurso en cuanto a su funcionalidad integral social, económica y ecológica. En ese sentido, la gestión del agua debe plantearse como integradora y no segregadora a nivel territorial.

2.- La gestión sostenible del agua implica la garantía y el aseguramiento en el tiempo del suministro en cantidad y calidad en una situación de gestión global ante los riesgos derivados del cambio climático, dando así cumplimiento al Derecho Humano al Agua.

Por ello consideran que esta Gestión Participativa debe estar avalada mediante un gran Acuerdo Social de todos los agentes administradores, gestores o consumidores del agua.

LA NUEVA POLÍTICA DEL AGUA: BLINDAJE PÚBLICO

En base a todo lo expuesto, el PSOE considera que la nueva política del agua debe asegurar el “Blindaje público del recurso, que no es solamente la salvaguarda de la titularidad pública sino las bases de una regulación que establezca estrictos principios y normas y control de su cumplimiento, en la gestión del agua para asegurar el uso adecuado del recurso como bien común y público configurando unas reglas claras, sin duda menos laxas que las actuales.

Además, un nuevo proceso regulatorio que deberá partir de diagnósticos reales de usos y demandas (urbanas y agrarias) y de la adecuación de las ofertas existentes de forma que no se afecte al buen estado de las masas de agua.

LA ERRÓNEA PLANFICACIÓN DEL AGUA DEL ACTUAL GOBIERNO

A juicio del PSOE, la planificación hidrológica remitida por el Gobierno de España a la Comisión Europea no cumple adecuadamente las Directivas europeas, y además plantea incrementos de consumo de agua en los próximos años que no resultan en absoluto consistentes con la evolución del calentamiento global. El PSOE ha impulsado la creación de una subcomisión de Agua y Cambio Climático en el Congreso de los Diputados, como punto de partida de un Acuerdo Social que parta de un diagnóstico y de una planificación conforme a los desafíos actuales y a las normas europeas.

UNA PLANIFICACIÓN INTEGRAL: AGUA, AGRICULTURA, INDUSTRIA, ORDENACIÓN TERRITORIAL

Se considera necesario crear una planificación basada en la gestión integrada de la política del agua con el resto de políticas sectoriales (agrícola, industrial, ordenación territorial) así como la integración de planes instrumentales de gestión del ciclo integral del agua: Programas de Fomento de depuración/regeneración, Plan Integral de Ahorro y Eficiencia Hídrica, Plan de Usos de aguas subterráneas (gestión integrada), Programa de revisión de caudales ecológicos y restauración de riberas. Actualización de Planes de Emergencia de sequía y de riesgos de inundabilidad.

REVISIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACTUALES

En esta nueva planificación se propone también revisar la operatividad a medio y largo plazo de infraestructuras existentes (embalses vacíos, trasvases sin agua...), la viabilidad real de las previstas en planes o aprobadas en proceso, la puesta en marcha de criterios efectivos para la recuperación de costes, gestión y homogeneización de sistemas de financiación de modelos de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y regeneración y el fomento de las tecnologías en la optimización del ciclo del agua (urbano y regadíos): optimización de redes y fomento de binomio energía renovables/aguas.

LA REGULACIÓN DEL CICLO AGRARIO

En relación con el uso del agua para la agricultura, el PSOE propone:

1.- Definición de indicadores de gestión agraria (viabilidad integral de cultivos planificados) en un marco integral de desarrollo rural sostenible.

2.- Facilitar el acceso en su caso al agua desalada donde sea económicamente viable y para sustituir recursos convencionales sobreexplotados.

3.- Profundizar en los procesos de regularización y control efectivo de las extracciones de aguas subterráneas.

4.- Facilitar la autoproducción de energías renovables en las comunidades de regantes.

5.- Nuevo marco para la gestión de derechos concesionales mediante el fomento de bancos públicos en cada una de las cuencas para optimización de aprovechamiento agrícola del recurso.

EL CICLO URBANO DEL AGUA

Dentro de ese blindaje público del agua, “se apoyarán los mecanismos de gestión que presenten mejores garantías al ciudadano y siempre en la idea de gestión de un bien público (más allá de criterios meramente mercantilistas). Por tanto, sin "patentes de corso" de ningún gestor, primando los mecanismos de regulación y control. Pretendemos terminar con la desregulación y opacidad existente en el ciclo urbano del agua donde la falta de homogeneidad de criterios está generando inseguridad en la ciudadanía”.

El PSOE asegura que apoyará siempre la municipalización de sistemas ineficientes que no aseguran los servicios a la ciudadanía, en función de las características específicas:

Pretendemos hacer política del agua y no política con el agua y así establecer unas claras "reglas de juego", unos principios uniformes de gestión adecuada para todos los gestores acordes con nuestro posicionamiento ideológico de apoyo a la gestión pública y todo ello en base a la identificación clara de indicadores de calidad en la gestión en los sistemas de gestión del ciclo urbano”.

UNA NORMATIVA BÁSICA DEL USO URBANO DEL AGUA

Entre los aspectos a considerar sobre la nueva regulación y control público del ciclo urbano del agua a desarrollar se apunta la prohibición de cortes en el servicio debido a impagos no fraudulentos, que se asegure un mínimo acceso de agua y la normalización de tarifas sociales y otros aspectos concretos sobre la explotación, las tarifas, el control y seguimiento de las concesiones;  la transparencia en la contratación de obras y servicios; la prohibición generalizada de la aplicación del canon del agua en las posibles concesiones de gestión y especificaciones de su excepcional aplicación siempre de carácter finalista, dirigido por tanto a la gestión del ciclo integral del agua; la prohibición expresa de un incremento de las tarifas no regulado en los contratos/convenios; el establecimiento de una duración máxima de cinco años de la concesión, prorrogable tras una auditoría de gestión y la prohibición de la privatización o coparticipación pública-privada de las empresas y organizaciones públicas así como de las infraestructuras de captación y distribución primarias de aguas.

Se trata en definitiva de una propuesta que puede y debe ser debatida desde la sensatez y la máxima transparencia, con datos en la mano y estableciendo prioridades que, como el informe apunta en un principio, hagan posible una buena relación entre la economía y la ecología.

 

 

 

 

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